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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00980-01

Fecha
7 de julio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00980-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCIÓN DE MATERIA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de septiembre de 2021, número único de radicación 110010315000202102263-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00980-01 Actor: Harold Eduardo Sua Montaña SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-00980-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00980-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCIÓN DE
MATERIA. DURANTE EL TRÁMITE DE LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL
SE PROFIRIÓ SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA, SE NOTIFICÓ Y SE ARCHIVÓ
EL PROCESO, POR LO QUE NO HAY LUGAR A PRONUNCIARSE SOBRE LA
PROVIDENCIA QUE DENEGÓ LA SOLICITUD DE ACALARACIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra

la sentencia de 2 de mayo de 2023, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

denegó el amparo solicitado.

1
En adelante la Subsección “B” de la Sección Segunda

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00980-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA, actuando a través

de su apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista

en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de

su derecho al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue vulnerado

por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO2 por haber

proferido la providencia de 20 de febrero de 2023, dentro del proceso

de nulidad electoral identificado con el número único de radicación

11001-03-28-000-2022-00286-00.

I.2.- Hechos

Indicó que el día 5 de septiembre de 2022, RECAUDO BOGOTÁ

S.A.S. promovió demanda de nulidad electoral contra el acto

administrativo mediante el cual se designó a la mesa directiva de la

comisión séptima constitucional permanente de la cámara de

representantes para el período 2022-2023.

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En adelante la Sección Quinta

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00980-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña

Expuso que a la demanda le correspondió el número único de

radicación 11001-03-28-000-2022-00286-00 y fue asignada en

única instancia a la SECCIÓN QUINTA que, a través de auto de 30

de septiembre de 2022, la admitió y, mediante providencia de 25 de

noviembre de 2022, resolvió las excepciones previas, planteadas por

las partes.

Refirió que la SECCIÓN QUINTA, a través de auto de 19 de

diciembre de 2022, resolvió: i) incorporar y decretar la práctica de

algunas pruebas y negó otras; ii) fijar el litigio, iii) correr traslado a

las partes e intervinientes para presentar alegatos de conclusión y,

iv) acudir a la figura de sentencia anticipada prevista en el artículo

182 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo CPACA.

Adujo que contra la anterior decisión, interpuso recurso de reposición

y, en subsidio, de súplica, controvirtiendo la estructuración de la

fijación del litigio y la negativa en la práctica de las pruebas

solicitadas.

Sostuvo que mediante providencia de 3 de febrero de 2023, se

resolvió de un lado, no reponer la providencia de 19 de diciembre de

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2022 y, de otro lado, negó la solicitud probatoria solicitada y ordenó

a la Secretaría de la Sección que remitiera el expediente al

magistrado que sigue en turno para lo correspondiente, respecto del

recurso de súplica interpuesto.

Relató que presentó solicitud de aclaración del auto de 3 de febrero

de 2023, para que se explicara el alcance del recurso de súplica, en

el sentido de indicar si el mismo circunscribía los reparos contra la

fijación del litigio o únicamente se limitaba a la negativa del decreto

de pruebas.

Afirmó que mediante auto de 20 de febrero de 2023, se denegó la

solicitud de aclaración, argumentando que en la providencia

cuestionada se expuso que en sede de reposición se analizaría la

fijación del litigio y, respecto a las pruebas denegadas se concedería

el de súplica, toda vez que fue propuesto como subsidiario de la

reposición.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la providencia controvertida incurrió en vía de

hecho por defecto procedimental, porque denegó la solicitud de

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aclaración, sin tener en cuenta que era necesario precisar el alcance

del recurso de súplica concedido mediante la providencia de 3 de

febrero de 2023, toda vez que los argumentos referentes a la fijación

del litigio únicamente fueron objeto de análisis por parte del

Magistrado sustanciador, sin que dicho aspecto pudiera ser

examinado por el Consejero que sigue en turno.

Arguyó que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho

fundamental al debido proceso, habida cuenta que impidió que otro

funcionario de la misma naturaleza y jerarquía revisara la decisión

cuestionada, en aras de ampliar la deliberación del tema y de esa

manera, evitar errores judiciales.

Sostuvo que de conformidad con lo expuesto por la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada

dentro del proceso promovido por Gustavo Petro Urrego en contra

del Estado Colombiano, era posible colegir que el derecho a recurrir

no se satisfacía cuando el ordenamiento jurídico únicamente permitía

su ejercicio ante quien profirió la decisión objeto de cuestionamiento,

por lo cual también habilitaba su desarrollo ante otro servidor de la

misma naturaleza o de mayor jerarquía.

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I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERO: Dejar sin valor y efecto la decisión de rechazo
de la solicitud subsidiaria de súplica contra la decisión de fijación
del litigio del proceso 11001032800020220028600.

SEGUNDO: Provéase una nueva decisión sobre la solicitud
subsidiaria de súplica contra la decisión de fijación del litigio del
proceso 11001032800020220028600 teniendo en cuenta que de
las observaciones la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en sentencia Gustavo Petro vs Colombia sobre el
derecho a recurrir consagrado en la Convención Americana la
configuración del ordenamiento colombiano para el ejercicio de
tal derecho no puede darse permitiéndolo únicamente ante quien
profirió la decisión objeto del mismo […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA solicitó denegar la solicitud de amparo

de la referencia o, en su defecto, declarar su improcedencia.

Advirtió que contrario a lo manifestado por el actor, la providencia

de 20 de febrero de 2023 no vulneró el derecho fundamental

deprecado, habida cuenta que en el auto cuestionado no se adoptó

la decisión de rechazar la solicitud subsidiaria de súplica incoada y,

por el contrario, se dispuso ordenar a la Secretaría remitir el

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expediente al Magistrado que seguía en turno para lo de su cargo.

Destacó que los recursos interpuestos dentro del proceso de nulidad

electoral han sido tramitados y resueltos conforme con el

ordenamiento jurídico.

Resaltó que lo manifestado por el accionante en el escrito

introductorio, pone de manifiesto que aquel busca reabrir en sede de

tutela un debate que fue zanjado en el proceso de nulidad electoral,

proponiendo ante esta instancia una inconformidad con la decisión

cuestionada y reiterando los mismos argumentos expuestos en el

proceso de nulidad electoral, relacionados con la procedencia del

recurso de súplica contra la decisión que se refiere a la fijación del

litigio.

Sostuvo que en la providencia cuestionada se explicó ampliamente

lo relativo a la procedencia de los recursos de reposición y de súplica,

dado que se expuso con claridad cuáles fueron los puntos que se

analizaron en sede de reposición, esto es, la fijación del litigio y que

se concedería el recurso de súplica, respecto a la negativa de las

pruebas, teniendo en cuenta que fue propuesto como subsidiario de

la reposición y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente al

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Magistrado que seguía en turno para lo que correspondiera respecto

al recurso de súplica interpuesto.

Resaltó que tales aspectos fueron reiterados en el auto que resolvió

la solicitud de aclaración presentada por el actor, quien lejos de

presentar argumentos orientados a demostrar la existencia de una

vulneración del derecho al debido proceso, se limitó a tramitar su

descontento con la decisión adoptada por medio de la presente

acción, desconociendo con ello que esta tiene tal respaldo legal que

la aleja de ser arbitraria o vulneradora de derechos fundamentales.

Consideró que no se configura el supuesto defecto procedimental al

que alude el actor, pues la providencia cuestionada se encuentra

ajustada a derecho y, además, la solicitud de amparo es

improcedente por no superar el requisito general de la

subsidiariedad, por cuanto el accionante cuenta con los mecanismos

propios del proceso electoral, que se encuentra en curso y mediante

los cuales puede ventilar la inconformidad expuesta en sede

constitucional.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

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Mediante sentencia de 2 de mayo de 2023, la SECCIÓN SEGUNDA

-SUBSECCIÓN “B”- de esta Corporación denegó el amparo

solicitado al considerar que la posición asumida en la providencia

cuestionada resulta válida y razonable.

En efecto, explicó que al examinar el auto cuestionado no se

evidencia un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a

preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya

una vía de hecho por defecto procedimental, que amerite la

intervención del juez de tutela.

Recordó que la autoridad judicial accionada en ejercicio de los

principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica

efectuó una interpretación razonable y coherente de los recursos

propuestos por la parte actora y de las normas procesales aplicables

al caso concreto que, a pesar de no resultar satisfactoria al

demandante, no se puede colegir que su actuación fue contraria a

derecho.

Sumado a lo anterior, afirmó que los argumentos invocados por el

accionante en el escrito tuitivo, demuestran su inconformidad con la

decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, sin acreditar

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las irregularidades de orden constitucional en las que presuntamente

incurrió.

Precisó que la parte actora no podía pretender hacer uso de la acción

de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de

reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del proceso electoral,

con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a

sus intereses.

Precisó que no le asistía razón a la parte actora, al acudir a la acción

de tutela para proponer una vulneración de derechos fundamentales

a partir de una interpretación sesgada del ordenamiento jurídico,

pretendiendo darle al recurso de súplica un alcance que no

corresponde, pues conforme a las normas que regulan el asunto, se

determina de forma palmaria que la fijación del litigio no es un

aspecto susceptible de súplica.

Señaló que, en efecto, como lo indicó la autoridad judicial accionada

en la providencia cuestionada, la actuación relacionada con la

negativa de pruebas era susceptible de los recursos de reposición y

de súplica, de conformidad con lo previsto en los artículos 242 y 246

numeral segundo y literal a) de la Ley 1437; mientras que la decisión

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que fijó el litigio solo podía ser objeto de reposición conforme el

artículo 242 del CPACA, por expresa disposición del legislador.

Afirmó que los autos de 3 y 20 de febrero de 2023 no incurrieron en

vía de hecho por defecto procedimental como lo plantea el actor,

pues los mismos fueron suficientemente claros y concretos en definir

el alcance de los asuntos a tratar vía reposición y súplica, por lo que

no se advertía una vulneración del derecho al debido proceso del

tutelante.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en

el escrito introductorio.

Insistió en que de conformidad con lo expuesto por la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada

dentro del proceso promovido por Gustavo Petro Urrego en contra

del Estado Colombiano, era posible colegir que el derecho a recurrir

no se satisfacía cuando el ordenamiento jurídico únicamente permitía

su ejercicio ante quien profirió la decisión objeto de cuestionamiento,

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por lo cual, también habilitaba su desarrollo ante otro servidor de la

misma naturaleza o de mayor jerarquía.

Afirmó que conforme a la Convención Interamericana de Derechos

Humanos se debe garantizar el derecho a recurrir, no solo permitir a

quien tomó la decisión objeto de recurso cambiar de parecer sino

también dejar en manos de alguien distinto que disponga al respecto,

pues en su condición de accionante había dado un voto de confianza

a la autoridad judicial accionada para que profiriera una decisión en

derecho, máxime aun, cuando la proscripción de recusación y reglas

de reparto en el régimen procedimental de la acción de tutela

permiten que la misma Corporación conozca del proceso, estando

dirigido contra otros compañeros, sin haber cabida a invocar la causal

de recusación establecida en el numeral 4 de la Ley 906 de 31 de

agosto de 20043.

Sostuvo que la sentencia impugnada prescindió de un análisis de la

causal especifica de procedencia alegada y omitió seguir el

precedente convencional sustento de la misma, pese a que “los

jueces y órganos judiciales deben prevenir potenciales violaciones a

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“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

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derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, o bien

solucionarlas a nivel interno cuando ya hayan ocurrido, teniendo en

cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana”.

Señaló que si la decisión hubiese estado en manos de otra Alta Corte,

habría reconocido la vulneración alegada efectuando un control de

convencionalidad, basado en el precedente convencional con el cual

se arguye el defecto procedimental.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría

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como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,

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para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

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En el presente caso, el actor solicitó la protección de su derecho

fundamental al debido proceso y, en consecuencia, pretende que se

deje sin efecto la providencia de 20 de febrero de 2023, proferida

por la SECCIÓN QUINTA, mediante la cual denegó la solicitud de

aclaración que había promovido dentro del proceso de nulidad

electoral identificado con el número único de radicación 11001-03-

28-000-2022-00286-00.

La inconformidad de la parte actora radica en que, a su juicio, la

autoridad judicial accionada incurrió en vía de hecho por defecto

procedimental, porque denegó la solicitud de aclaración que

promovió, sin tener en cuenta que era necesario precisar el alcance

del recurso de súplica concedido en el auto de 3 de febrero de 2023,

respecto de los argumentos que resolvieron la fijación del litigio, toda

vez que tal aspecto fue decidido únicamente por el magistrado

sustanciador, “que profirió la decisión de fijación del litigio”, sin que

tal elemento pudiera ser analizado por el Consejero que sigue en

turno.

Igualmente, sostuvo que la providencia acusada desconoció el

principio del debido proceso, que rige las actuaciones judiciales, pues

impidió que otro funcionario de la misma naturaleza y jerarquía

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pueda revisar la decisión adoptada por la autoridad judicial, en aras

de ampliar la deliberación del tema y evitar errores judiciales.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- de esta Corporación

denegó el amparo solicitado al encontrar que la autoridad judicial

accionada, en ejercicio de los principios de autonomía funcional,

independencia y sana crítica efectuó una interpretación razonable y

coherente de los recursos propuestos por la parte actora y de las

normas procesales aplicables al caso concreto

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en

el escrito introductorio, afirmando que conforme a la Convención

Interamericana de Derechos Humanos se debe garantizar el derecho

a recurrir, no solo permitir a quien tomó la decisión objeto de recurso

cambiar de parecer sino también dejar en manos de alguien distinto

que disponga al respecto.

Además, puso de presente que si la decisión hubiese estado en

manos de otra Alta Corte, habría reconocido la vulneración alegada

efectuando un control de convencionalidad, basado en el precedente

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convencional con el cual se arguye el defecto procedimental.

Precisado lo anterior, la Sala estima oportuno precisar que, según la

información relacionada en la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial, SAMAI, se advierte que el día 8 de junio de 2023 la

SECCIÓN QUINTA dictó sentencia denegando las pretensiones del

proceso de nulidad electoral, de única instancia, identificado con el

número único de radicación 11001-03-28-000-2022-00286-00,

dentro del cual se profirió la providencia acusada en la presente

solicitud de amparo constitucional.

En ese orden de ideas, dado que, en sede de impugnación, se

encontró que la situación fáctica que motivó la presentación de la

acción de tutela se modificó, la Sala entrará a determinar si en el

presente caso se presenta una carencia actual de objeto por

sustracción de materia.

.- De la carencia actual de objeto por sustracción de materia

Frente al particular, la Sala estima conveniente precisar que, la

jurisprudencia constitucional considera que la carencia de objeto se

presenta: i) por hecho superado, cuando por alguna conducta del

obligado se supera la afectación a los derechos invocados de tal

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manera que resulte innecesario el pronunciamiento del juez, ii) por

daño consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos

del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera decisión de

fondo sobre las pretensiones de la tutela y, iii) por un hecho

sobreviniente a la solicitud de tutela que aunque no esté relacionado

con el objeto de la misma, implica que el titular pierda el interés en

el pronunciamiento del juez, por sustracción de materia.

Lo anterior, por cuanto, cuando concurren circunstancias posteriores

a la solicitud de tutela que, aunque no estén relacionadas con el

objeto de la solicitud, implican que el titular pierda interés en el

pronunciamiento del juez por sustracción de materia. “[…] Lo mismo

puede ocurrir cuando, por vía de ejemplo, una tercera parte asumió

la carga solicitada, se perdió el objeto jurídico respecto del cual el

juez debía adoptar una decisión o existe una situación, distinta al

hecho superado o daño consumado, que hace inocua la orden de

satisfacer la pretensión del amparo […]”.

En cuanto a la configuración de la carencia de objeto por sustracción

de materia, la Sala Plena de esta Corporación ha señalado, lo

siguiente:

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“[…] El Consejo de Estado, en su función de ‘tribunal supremo
de lo contencioso administrativo’, ha entendido por sustracción
de materia la desaparición de los supuestos, hechos o normas
que sustentan un medio de control, antes acción, lo cual
ocasiona que el juez no pueda pronunciarse porque se ha
extinguido la causa que originó́ el acudir a la jurisdicción…

“De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa de
esta Corporación, si las causas que originaron el ejercicio del
medio de control desaparecen, el juez debe declararse inhibido
para resolver el asunto ya que no hay objeto que se sujete a una
sentencia. Lo anterior, porque la sustracción de materia,
admitida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo
como causal para inhibirse, opera cuando la relación sustancial
o material que originó la litis ha variado de sentido, o incluso
desaparecido […]”4.

La Corte Constitucional se ha referido a la carencia actual de objeto

por sustracción de materia en los siguientes términos:

“[…] 3. Carencia actual de objeto por sustracción de
materia

Conforme al artículo 86 de la Carta Política, toda persona tiene
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, y
“(…) la protección consistirá en una orden para que aquél
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de
hacerlo”.

Así, cuando los supuestos de hecho que dan lugar a la amenaza
o violación de los derechos fundamentales desaparecen, dado
que sobre el asunto debatido ya hay una solución, se configura
la carencia actual de objeto por sustracción de materia.

Esta Corporación, al resolver una acción de tutela interpuesta
por un Concejal minusválido de la ciudad de Tunja, contra la
Alcaldía de esa misma municipalidad, porque las instalaciones
del Consejo no tenían las facilidades de acceso para personas
como él; expuso el criterio de la carencia actual de objeto por

4
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 19 de julio de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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sustracción de materia, dado que no había objeto jurídico
tutelable al fallar el asunto, pues se encontró que el accionante
ya no ejercía como concejal. Así, dijo en tal oportunidad[8]:

“Carencia actual de objeto por sustracción de materia

Durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir hechos que
cambien la situación del accionante frente a la entidad
accionada. (…) Se presenta, en consecuencia, una inexistencia
del objeto jurídico tutelable.

Esta Corporación ha considerado que cuando el hecho está
superado, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en
consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir
orden alguna de protección del derecho fundamental invocado
[…]”.

De lo anterior se colige que la carencia actual de objeto, por

sustracción de materia, se configura en aquellos casos en que

deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez

constitucional debe tomar una decisión, por lo cual la

protección a través de la tutela pierde sentido y, en

consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir

orden alguna de protección del derecho fundamental invocado, tal y

como ocurre en el presente caso.

En ese orden de ideas, la Sala resalta que la carencia actual de objeto

por sustracción de materia en la acción de tutela se configura en

aquellos eventos en los cuales, durante el trámite de la acción de

tutela, desaparece la causa que dio origen a la presunta vulneración

de los derechos fundamentales, razón por la cual deja de tener

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sentido o fundamento la solicitud de amparo y, en esa medida, no

resulta factible para el juez constitucional emitir alguna orden5, como

lo ha sostenido esta Sala en otros casos con supuestos fácticos y

jurídicos similares6

Aplicando dicho criterio al caso bajo examen, se advierte que no hay

lugar a emitir un pronunciamiento de fondo dentro del presente

asunto, toda vez que existe carencia actual de objeto por sustracción

de materia, pues, en efecto, las pretensiones incoadas por vía de

tutela están orientadas a que se deje sin efecto la providencia de 20

de febrero de 2023, proferida por la SECCIÓN QUINTA, mediante

la cual denegó la solicitud de aclaración que había promovido dentro

del proceso de nulidad electoral identificado con el número único de

radicación 11001-03-28-000-2022-00286-00.

Lo anterior, por cuanto, la autoridad judicial accionada denegó la

solicitud de aclaración que promovió el actor, referente a que se

precisara el alcance del recurso de súplica concedido mediante auto

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, núm. único de radicación 11001-03-15-000-2022-05446-00, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez.
6
Entre otros, ver: sentencia de 9 de marzo de 2023, núm. único de radicación 11001-03-15-000-2021-
08080-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; sentencia de 26 de mayo de 2023, núm. único de
radicación 11001-03-15-000-2021-03642-00 (acumuladas 2021-02722-00 y 2021-02584-00), C.P.
Oswaldo Giraldo López.

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de 3 de febrero de 2023, respecto de los argumentos que resolvieron

la fijación del litigio, toda vez que tal aspecto, fue decidido,

únicamente, por el magistrado sustanciador, sin que pudiera ser

analizado por el Consejero que sigue en turno.

Ahora bien, durante el trámite de la solicitud de amparo de la

referencia, mediante providencia de 8 de junio de 2023, la SECCIÓN

QUINTA dictó fallo dentro del proceso de nulidad electoral, de única

instancia, objeto de la presente solicitud. En virtud de lo anterior, en

la parte resolutiva de la citada providencia dispuso:

“[…] PRIMERO: NEGAR la declaratoria de nulidad del Acta 1 del
2 de agosto de 202254, mediante la cual se designó a Agmeth
José Escaf Tijerino y Hugo Alfonso Archila Suarez como
presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Mesa
Directiva de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de
la Cámara de Representantes, y al señor Ricardo Alfonso
Albornoz Barreto como secretario, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede ningún
recurso ordinario, conforme con el artículo 243A55 del CPACA
[…]”

La anterior providencia fue notificada a las partes el día 9 de junio de

2023 y el proceso fue archivado el día 23 del mismo mes y año.

Así las cosas, la Sala encuentra que, no hay lugar a emitir un

pronunciamiento de fondo dentro del presente asunto, toda vez que

existe carencia actual de objeto por sustracción de materia, pues, en

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efecto, se advierte que dejó de “[…] existir el objeto jurídico respecto

del cual el juez constitucional debe tomar una decisión, por lo cual,

la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia,

el juez constitucional queda imposibilitado para emitir orden alguna

de protección del derecho fundamental invocado […]”7.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de

amparo por carencia actual de objeto por sustracción de materia,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR

SUSTRACCIÓN DE MATERIA, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, número único de radicación 110010315000202102263-00, C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de julio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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