Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00980-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00980-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-00980-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00980-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCIÓN DE
MATERIA. DURANTE EL TRÁMITE DE LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL
SE PROFIRIÓ SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA, SE NOTIFICÓ Y SE ARCHIVÓ
EL PROCESO, POR LO QUE NO HAY LUGAR A PRONUNCIARSE SOBRE LA
PROVIDENCIA QUE DENEGÓ LA SOLICITUD DE ACALARACIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra
la sentencia de 2 de mayo de 2023, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
denegó el amparo solicitado.
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En adelante la Subsección “B” de la Sección Segunda
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00980-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA, actuando a través
de su apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista
en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de
su derecho al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue vulnerado
por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO2 por haber
proferido la providencia de 20 de febrero de 2023, dentro del proceso
de nulidad electoral identificado con el número único de radicación
11001-03-28-000-2022-00286-00.
I.2.- Hechos
Indicó que el día 5 de septiembre de 2022, RECAUDO BOGOTÁ
S.A.S. promovió demanda de nulidad electoral contra el acto
administrativo mediante el cual se designó a la mesa directiva de la
comisión séptima constitucional permanente de la cámara de
representantes para el período 2022-2023.
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En adelante la Sección Quinta
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00980-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
Expuso que a la demanda le correspondió el número único de
radicación 11001-03-28-000-2022-00286-00 y fue asignada en
única instancia a la SECCIÓN QUINTA que, a través de auto de 30
de septiembre de 2022, la admitió y, mediante providencia de 25 de
noviembre de 2022, resolvió las excepciones previas, planteadas por
las partes.
Refirió que la SECCIÓN QUINTA, a través de auto de 19 de
diciembre de 2022, resolvió: i) incorporar y decretar la práctica de
algunas pruebas y negó otras; ii) fijar el litigio, iii) correr traslado a
las partes e intervinientes para presentar alegatos de conclusión y,
iv) acudir a la figura de sentencia anticipada prevista en el artículo
182 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo CPACA.
Adujo que contra la anterior decisión, interpuso recurso de reposición
y, en subsidio, de súplica, controvirtiendo la estructuración de la
fijación del litigio y la negativa en la práctica de las pruebas
solicitadas.
Sostuvo que mediante providencia de 3 de febrero de 2023, se
resolvió de un lado, no reponer la providencia de 19 de diciembre de
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Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
2022 y, de otro lado, negó la solicitud probatoria solicitada y ordenó
a la Secretaría de la Sección que remitiera el expediente al
magistrado que sigue en turno para lo correspondiente, respecto del
recurso de súplica interpuesto.
Relató que presentó solicitud de aclaración del auto de 3 de febrero
de 2023, para que se explicara el alcance del recurso de súplica, en
el sentido de indicar si el mismo circunscribía los reparos contra la
fijación del litigio o únicamente se limitaba a la negativa del decreto
de pruebas.
Afirmó que mediante auto de 20 de febrero de 2023, se denegó la
solicitud de aclaración, argumentando que en la providencia
cuestionada se expuso que en sede de reposición se analizaría la
fijación del litigio y, respecto a las pruebas denegadas se concedería
el de súplica, toda vez que fue propuesto como subsidiario de la
reposición.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la providencia controvertida incurrió en vía de
hecho por defecto procedimental, porque denegó la solicitud de
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aclaración, sin tener en cuenta que era necesario precisar el alcance
del recurso de súplica concedido mediante la providencia de 3 de
febrero de 2023, toda vez que los argumentos referentes a la fijación
del litigio únicamente fueron objeto de análisis por parte del
Magistrado sustanciador, sin que dicho aspecto pudiera ser
examinado por el Consejero que sigue en turno.
Arguyó que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, habida cuenta que impidió que otro
funcionario de la misma naturaleza y jerarquía revisara la decisión
cuestionada, en aras de ampliar la deliberación del tema y de esa
manera, evitar errores judiciales.
Sostuvo que de conformidad con lo expuesto por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada
dentro del proceso promovido por Gustavo Petro Urrego en contra
del Estado Colombiano, era posible colegir que el derecho a recurrir
no se satisfacía cuando el ordenamiento jurídico únicamente permitía
su ejercicio ante quien profirió la decisión objeto de cuestionamiento,
por lo cual también habilitaba su desarrollo ante otro servidor de la
misma naturaleza o de mayor jerarquía.
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I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] PRIMERO: Dejar sin valor y efecto la decisión de rechazo
de la solicitud subsidiaria de súplica contra la decisión de fijación
del litigio del proceso 11001032800020220028600.
SEGUNDO: Provéase una nueva decisión sobre la solicitud
subsidiaria de súplica contra la decisión de fijación del litigio del
proceso 11001032800020220028600 teniendo en cuenta que de
las observaciones la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en sentencia Gustavo Petro vs Colombia sobre el
derecho a recurrir consagrado en la Convención Americana la
configuración del ordenamiento colombiano para el ejercicio de
tal derecho no puede darse permitiéndolo únicamente ante quien
profirió la decisión objeto del mismo […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA solicitó denegar la solicitud de amparo
de la referencia o, en su defecto, declarar su improcedencia.
Advirtió que contrario a lo manifestado por el actor, la providencia
de 20 de febrero de 2023 no vulneró el derecho fundamental
deprecado, habida cuenta que en el auto cuestionado no se adoptó
la decisión de rechazar la solicitud subsidiaria de súplica incoada y,
por el contrario, se dispuso ordenar a la Secretaría remitir el
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expediente al Magistrado que seguía en turno para lo de su cargo.
Destacó que los recursos interpuestos dentro del proceso de nulidad
electoral han sido tramitados y resueltos conforme con el
ordenamiento jurídico.
Resaltó que lo manifestado por el accionante en el escrito
introductorio, pone de manifiesto que aquel busca reabrir en sede de
tutela un debate que fue zanjado en el proceso de nulidad electoral,
proponiendo ante esta instancia una inconformidad con la decisión
cuestionada y reiterando los mismos argumentos expuestos en el
proceso de nulidad electoral, relacionados con la procedencia del
recurso de súplica contra la decisión que se refiere a la fijación del
litigio.
Sostuvo que en la providencia cuestionada se explicó ampliamente
lo relativo a la procedencia de los recursos de reposición y de súplica,
dado que se expuso con claridad cuáles fueron los puntos que se
analizaron en sede de reposición, esto es, la fijación del litigio y que
se concedería el recurso de súplica, respecto a la negativa de las
pruebas, teniendo en cuenta que fue propuesto como subsidiario de
la reposición y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente al
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Magistrado que seguía en turno para lo que correspondiera respecto
al recurso de súplica interpuesto.
Resaltó que tales aspectos fueron reiterados en el auto que resolvió
la solicitud de aclaración presentada por el actor, quien lejos de
presentar argumentos orientados a demostrar la existencia de una
vulneración del derecho al debido proceso, se limitó a tramitar su
descontento con la decisión adoptada por medio de la presente
acción, desconociendo con ello que esta tiene tal respaldo legal que
la aleja de ser arbitraria o vulneradora de derechos fundamentales.
Consideró que no se configura el supuesto defecto procedimental al
que alude el actor, pues la providencia cuestionada se encuentra
ajustada a derecho y, además, la solicitud de amparo es
improcedente por no superar el requisito general de la
subsidiariedad, por cuanto el accionante cuenta con los mecanismos
propios del proceso electoral, que se encuentra en curso y mediante
los cuales puede ventilar la inconformidad expuesta en sede
constitucional.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
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Mediante sentencia de 2 de mayo de 2023, la SECCIÓN SEGUNDA
-SUBSECCIÓN “B”- de esta Corporación denegó el amparo
solicitado al considerar que la posición asumida en la providencia
cuestionada resulta válida y razonable.
En efecto, explicó que al examinar el auto cuestionado no se
evidencia un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a
preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya
una vía de hecho por defecto procedimental, que amerite la
intervención del juez de tutela.
Recordó que la autoridad judicial accionada en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica
efectuó una interpretación razonable y coherente de los recursos
propuestos por la parte actora y de las normas procesales aplicables
al caso concreto que, a pesar de no resultar satisfactoria al
demandante, no se puede colegir que su actuación fue contraria a
derecho.
Sumado a lo anterior, afirmó que los argumentos invocados por el
accionante en el escrito tuitivo, demuestran su inconformidad con la
decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, sin acreditar
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las irregularidades de orden constitucional en las que presuntamente
incurrió.
Precisó que la parte actora no podía pretender hacer uso de la acción
de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del proceso electoral,
con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses.
Precisó que no le asistía razón a la parte actora, al acudir a la acción
de tutela para proponer una vulneración de derechos fundamentales
a partir de una interpretación sesgada del ordenamiento jurídico,
pretendiendo darle al recurso de súplica un alcance que no
corresponde, pues conforme a las normas que regulan el asunto, se
determina de forma palmaria que la fijación del litigio no es un
aspecto susceptible de súplica.
Señaló que, en efecto, como lo indicó la autoridad judicial accionada
en la providencia cuestionada, la actuación relacionada con la
negativa de pruebas era susceptible de los recursos de reposición y
de súplica, de conformidad con lo previsto en los artículos 242 y 246
numeral segundo y literal a) de la Ley 1437; mientras que la decisión
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que fijó el litigio solo podía ser objeto de reposición conforme el
artículo 242 del CPACA, por expresa disposición del legislador.
Afirmó que los autos de 3 y 20 de febrero de 2023 no incurrieron en
vía de hecho por defecto procedimental como lo plantea el actor,
pues los mismos fueron suficientemente claros y concretos en definir
el alcance de los asuntos a tratar vía reposición y súplica, por lo que
no se advertía una vulneración del derecho al debido proceso del
tutelante.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó
que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en
el escrito introductorio.
Insistió en que de conformidad con lo expuesto por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada
dentro del proceso promovido por Gustavo Petro Urrego en contra
del Estado Colombiano, era posible colegir que el derecho a recurrir
no se satisfacía cuando el ordenamiento jurídico únicamente permitía
su ejercicio ante quien profirió la decisión objeto de cuestionamiento,
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por lo cual, también habilitaba su desarrollo ante otro servidor de la
misma naturaleza o de mayor jerarquía.
Afirmó que conforme a la Convención Interamericana de Derechos
Humanos se debe garantizar el derecho a recurrir, no solo permitir a
quien tomó la decisión objeto de recurso cambiar de parecer sino
también dejar en manos de alguien distinto que disponga al respecto,
pues en su condición de accionante había dado un voto de confianza
a la autoridad judicial accionada para que profiriera una decisión en
derecho, máxime aun, cuando la proscripción de recusación y reglas
de reparto en el régimen procedimental de la acción de tutela
permiten que la misma Corporación conozca del proceso, estando
dirigido contra otros compañeros, sin haber cabida a invocar la causal
de recusación establecida en el numeral 4 de la Ley 906 de 31 de
agosto de 20043.
Sostuvo que la sentencia impugnada prescindió de un análisis de la
causal especifica de procedencia alegada y omitió seguir el
precedente convencional sustento de la misma, pese a que “los
jueces y órganos judiciales deben prevenir potenciales violaciones a
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“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
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derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, o bien
solucionarlas a nivel interno cuando ya hayan ocurrido, teniendo en
cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana”.
Señaló que si la decisión hubiese estado en manos de otra Alta Corte,
habría reconocido la vulneración alegada efectuando un control de
convencionalidad, basado en el precedente convencional con el cual
se arguye el defecto procedimental.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
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como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
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para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
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En el presente caso, el actor solicitó la protección de su derecho
fundamental al debido proceso y, en consecuencia, pretende que se
deje sin efecto la providencia de 20 de febrero de 2023, proferida
por la SECCIÓN QUINTA, mediante la cual denegó la solicitud de
aclaración que había promovido dentro del proceso de nulidad
electoral identificado con el número único de radicación 11001-03-
28-000-2022-00286-00.
La inconformidad de la parte actora radica en que, a su juicio, la
autoridad judicial accionada incurrió en vía de hecho por defecto
procedimental, porque denegó la solicitud de aclaración que
promovió, sin tener en cuenta que era necesario precisar el alcance
del recurso de súplica concedido en el auto de 3 de febrero de 2023,
respecto de los argumentos que resolvieron la fijación del litigio, toda
vez que tal aspecto fue decidido únicamente por el magistrado
sustanciador, “que profirió la decisión de fijación del litigio”, sin que
tal elemento pudiera ser analizado por el Consejero que sigue en
turno.
Igualmente, sostuvo que la providencia acusada desconoció el
principio del debido proceso, que rige las actuaciones judiciales, pues
impidió que otro funcionario de la misma naturaleza y jerarquía
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pueda revisar la decisión adoptada por la autoridad judicial, en aras
de ampliar la deliberación del tema y evitar errores judiciales.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- de esta Corporación
denegó el amparo solicitado al encontrar que la autoridad judicial
accionada, en ejercicio de los principios de autonomía funcional,
independencia y sana crítica efectuó una interpretación razonable y
coherente de los recursos propuestos por la parte actora y de las
normas procesales aplicables al caso concreto
El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó
que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en
el escrito introductorio, afirmando que conforme a la Convención
Interamericana de Derechos Humanos se debe garantizar el derecho
a recurrir, no solo permitir a quien tomó la decisión objeto de recurso
cambiar de parecer sino también dejar en manos de alguien distinto
que disponga al respecto.
Además, puso de presente que si la decisión hubiese estado en
manos de otra Alta Corte, habría reconocido la vulneración alegada
efectuando un control de convencionalidad, basado en el precedente
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convencional con el cual se arguye el defecto procedimental.
Precisado lo anterior, la Sala estima oportuno precisar que, según la
información relacionada en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial, SAMAI, se advierte que el día 8 de junio de 2023 la
SECCIÓN QUINTA dictó sentencia denegando las pretensiones del
proceso de nulidad electoral, de única instancia, identificado con el
número único de radicación 11001-03-28-000-2022-00286-00,
dentro del cual se profirió la providencia acusada en la presente
solicitud de amparo constitucional.
En ese orden de ideas, dado que, en sede de impugnación, se
encontró que la situación fáctica que motivó la presentación de la
acción de tutela se modificó, la Sala entrará a determinar si en el
presente caso se presenta una carencia actual de objeto por
sustracción de materia.
.- De la carencia actual de objeto por sustracción de materia
Frente al particular, la Sala estima conveniente precisar que, la
jurisprudencia constitucional considera que la carencia de objeto se
presenta: i) por hecho superado, cuando por alguna conducta del
obligado se supera la afectación a los derechos invocados de tal
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manera que resulte innecesario el pronunciamiento del juez, ii) por
daño consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos
del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera decisión de
fondo sobre las pretensiones de la tutela y, iii) por un hecho
sobreviniente a la solicitud de tutela que aunque no esté relacionado
con el objeto de la misma, implica que el titular pierda el interés en
el pronunciamiento del juez, por sustracción de materia.
Lo anterior, por cuanto, cuando concurren circunstancias posteriores
a la solicitud de tutela que, aunque no estén relacionadas con el
objeto de la solicitud, implican que el titular pierda interés en el
pronunciamiento del juez por sustracción de materia. “[…] Lo mismo
puede ocurrir cuando, por vía de ejemplo, una tercera parte asumió
la carga solicitada, se perdió el objeto jurídico respecto del cual el
juez debía adoptar una decisión o existe una situación, distinta al
hecho superado o daño consumado, que hace inocua la orden de
satisfacer la pretensión del amparo […]”.
En cuanto a la configuración de la carencia de objeto por sustracción
de materia, la Sala Plena de esta Corporación ha señalado, lo
siguiente:
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“[…] El Consejo de Estado, en su función de ‘tribunal supremo
de lo contencioso administrativo’, ha entendido por sustracción
de materia la desaparición de los supuestos, hechos o normas
que sustentan un medio de control, antes acción, lo cual
ocasiona que el juez no pueda pronunciarse porque se ha
extinguido la causa que originó́ el acudir a la jurisdicción…
“De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa de
esta Corporación, si las causas que originaron el ejercicio del
medio de control desaparecen, el juez debe declararse inhibido
para resolver el asunto ya que no hay objeto que se sujete a una
sentencia. Lo anterior, porque la sustracción de materia,
admitida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo
como causal para inhibirse, opera cuando la relación sustancial
o material que originó la litis ha variado de sentido, o incluso
desaparecido […]”4.
La Corte Constitucional se ha referido a la carencia actual de objeto
por sustracción de materia en los siguientes términos:
“[…] 3. Carencia actual de objeto por sustracción de
materia
Conforme al artículo 86 de la Carta Política, toda persona tiene
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, y
“(…) la protección consistirá en una orden para que aquél
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de
hacerlo”.
Así, cuando los supuestos de hecho que dan lugar a la amenaza
o violación de los derechos fundamentales desaparecen, dado
que sobre el asunto debatido ya hay una solución, se configura
la carencia actual de objeto por sustracción de materia.
Esta Corporación, al resolver una acción de tutela interpuesta
por un Concejal minusválido de la ciudad de Tunja, contra la
Alcaldía de esa misma municipalidad, porque las instalaciones
del Consejo no tenían las facilidades de acceso para personas
como él; expuso el criterio de la carencia actual de objeto por
4
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 19 de julio de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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sustracción de materia, dado que no había objeto jurídico
tutelable al fallar el asunto, pues se encontró que el accionante
ya no ejercía como concejal. Así, dijo en tal oportunidad[8]:
“Carencia actual de objeto por sustracción de materia
Durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir hechos que
cambien la situación del accionante frente a la entidad
accionada. (…) Se presenta, en consecuencia, una inexistencia
del objeto jurídico tutelable.
Esta Corporación ha considerado que cuando el hecho está
superado, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en
consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir
orden alguna de protección del derecho fundamental invocado
[…]”.
De lo anterior se colige que la carencia actual de objeto, por
sustracción de materia, se configura en aquellos casos en que
deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez
constitucional debe tomar una decisión, por lo cual la
protección a través de la tutela pierde sentido y, en
consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir
orden alguna de protección del derecho fundamental invocado, tal y
como ocurre en el presente caso.
En ese orden de ideas, la Sala resalta que la carencia actual de objeto
por sustracción de materia en la acción de tutela se configura en
aquellos eventos en los cuales, durante el trámite de la acción de
tutela, desaparece la causa que dio origen a la presunta vulneración
de los derechos fundamentales, razón por la cual deja de tener
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sentido o fundamento la solicitud de amparo y, en esa medida, no
resulta factible para el juez constitucional emitir alguna orden5, como
lo ha sostenido esta Sala en otros casos con supuestos fácticos y
jurídicos similares6
Aplicando dicho criterio al caso bajo examen, se advierte que no hay
lugar a emitir un pronunciamiento de fondo dentro del presente
asunto, toda vez que existe carencia actual de objeto por sustracción
de materia, pues, en efecto, las pretensiones incoadas por vía de
tutela están orientadas a que se deje sin efecto la providencia de 20
de febrero de 2023, proferida por la SECCIÓN QUINTA, mediante
la cual denegó la solicitud de aclaración que había promovido dentro
del proceso de nulidad electoral identificado con el número único de
radicación 11001-03-28-000-2022-00286-00.
Lo anterior, por cuanto, la autoridad judicial accionada denegó la
solicitud de aclaración que promovió el actor, referente a que se
precisara el alcance del recurso de súplica concedido mediante auto
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, núm. único de radicación 11001-03-15-000-2022-05446-00, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez.
6
Entre otros, ver: sentencia de 9 de marzo de 2023, núm. único de radicación 11001-03-15-000-2021-
08080-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; sentencia de 26 de mayo de 2023, núm. único de
radicación 11001-03-15-000-2021-03642-00 (acumuladas 2021-02722-00 y 2021-02584-00), C.P.
Oswaldo Giraldo López.
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de 3 de febrero de 2023, respecto de los argumentos que resolvieron
la fijación del litigio, toda vez que tal aspecto, fue decidido,
únicamente, por el magistrado sustanciador, sin que pudiera ser
analizado por el Consejero que sigue en turno.
Ahora bien, durante el trámite de la solicitud de amparo de la
referencia, mediante providencia de 8 de junio de 2023, la SECCIÓN
QUINTA dictó fallo dentro del proceso de nulidad electoral, de única
instancia, objeto de la presente solicitud. En virtud de lo anterior, en
la parte resolutiva de la citada providencia dispuso:
“[…] PRIMERO: NEGAR la declaratoria de nulidad del Acta 1 del
2 de agosto de 202254, mediante la cual se designó a Agmeth
José Escaf Tijerino y Hugo Alfonso Archila Suarez como
presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Mesa
Directiva de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de
la Cámara de Representantes, y al señor Ricardo Alfonso
Albornoz Barreto como secretario, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede ningún
recurso ordinario, conforme con el artículo 243A55 del CPACA
[…]”
La anterior providencia fue notificada a las partes el día 9 de junio de
2023 y el proceso fue archivado el día 23 del mismo mes y año.
Así las cosas, la Sala encuentra que, no hay lugar a emitir un
pronunciamiento de fondo dentro del presente asunto, toda vez que
existe carencia actual de objeto por sustracción de materia, pues, en
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efecto, se advierte que dejó de “[…] existir el objeto jurídico respecto
del cual el juez constitucional debe tomar una decisión, por lo cual,
la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia,
el juez constitucional queda imposibilitado para emitir orden alguna
de protección del derecho fundamental invocado […]”7.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo por carencia actual de objeto por sustracción de materia,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
SUSTRACCIÓN DE MATERIA, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, número único de radicación 110010315000202102263-00, C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de julio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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