Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-03642-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-03642-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-03642-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
26 de mayo de 2023
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-03642-00 (Acumulados)
Accionante: Deisy Paola Puentes Peluffo y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2021-03642-00 (acumuladas 2021-
02722-00 y 2021-02584-00)
Accionante: Deisy Paola Puentes Peluffo, Silva de Marceles Alejandrina y
Daniela Botero García
Accionados: Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, Ministerio
del Interior, Director General de la Policía Nacional,
Comandante de las Fuerzas Militares y Comandante del
Ejército Nacional
Tema: Carencia actual de objeto por sustracción de materia.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA – ACCIÓN DE TUTELA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Deisy Paola Puentes
Peluffo, así como los radicados 2021-02722-00 y 2021-02584-00.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Radicado 11001-03-15-000-2021-03642-00
Deisy Paola Puentes Peluffo presentó en nombre propio acción de tutela,
mediante la cual manifestó que, como consecuencia del coronavirus, se generó
una crisis y una emergencia sanitaria global. Respecto a Colombia, señaló que
los ciudadanos empezaron a vivir con incertidumbre y zozobra, debido a las
medidas que se tomaron para contrarrestar los niveles de contagio, como lo
fue el limitar el ejercicio de cualquier actividad productiva.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-03642-00 (Acumulados)
Accionante: Deisy Paola Puentes Peluffo y otros
Refirió que las personas salieron a reclamar justamente sus derechos, fueron
atacadas de una manera sistemática, violenta y arbitraria por parte de la
fuerza pública, en especial por parte de la policía y el ESMAD; aseguró que los
actos violentos son consecuencia de un adoctrinamiento institucional impartido
y dirigido en contra de quienes salen a manifestar.
Indicó que es de público conocimiento que las demandadas han implementado
y ejecutado prácticas policiales y militares sistemáticas con «complicidad» de
los órganos de vigilancia y control que han permitido acciones
desproporcionadas y abusivas en contra de todos los manifestantes.
Como pretensiones de la tutela formuló las siguientes:
«1. Ordenar al Presidente, al min interior, min defensa y comandantes de
Fuerzas Militares suspender el despliegue de las fuerzas Militares de todo
el territorio, en lo atinente a la represión sistemática de la protesta social.
2. Ordenar al Presidente de la República que a su vez ordene a la Policía
Nacional, cumplir con su función constitucional de protección a los
ciudadanos, cesando los ataques, masacres y asesinatos y otros actos
indiscriminados e inhumanos contra la ciudadanía en general.
3. Se le ordene al Presidente de la República y sus ministros restablezca la
paz y los canales pacíficos, democráticos de nuestro Estado Social De
Derecho. primero la vida, la integridad de todas las personas y la paz.
4. Solicite a la Corte Suprema de Justicia que investigue y sancione las
responsabilidades penales en que hayan incurrido los tutelados frente a los
crímenes cometidos durante las protestas además de las posibles
extralimitaciones e incumplimientos de los deberes y responsabilidades
constitucionales y legales. Así mismo a Procuraduría, Defensoría del Pueblo,
Contraloría, Fiscalía también el cumplimiento de sus responsabilidades de
protección, investigación y sanción a los responsables».
Radicado 11001-03-15-000-2021-02722-00
Silva de Marceles Alejandrina presentó en nombre propio acción de tutela,
refiriendo los mismos hechos, argumentos y pretensiones que los narrados en
la acción de tutela 2021-03642-00.
Radicado 11001-03-15-000-2021-02584-00
Daniela Botero García presentó en nombre propio acción de tutela, señalando
que la población de la ciudad de Cali, acudiendo a su derecho a la protesta,
realizó manifestaciones el 28 de abril de 2021 con miras a que se retiraran de
la agenda legislativa las reformas tributarias, a la salud y al trabajo y que, en
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Accionante: Deisy Paola Puentes Peluffo y otros
desarrollo de éstas, el Gobierno Nacional dispuso el uso de la fuerza pública
para detener las protestas de los manifestantes.
Adujo que el Presidente de la República, invocando el artículo 170 del Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, activó la figura de la
asistencia militar, desconociendo así el principio de proporcionalidad, en tanto
las personas que protestaban no portaban armas de fuego, «sino que
reaccionan, como defensa ante ataques de la fuerza pública, únicamente con
piedras». Adicionalmente, afirmó que se habían presentado prácticas de
estigmatización de las protestas, que generaban zozobra y miedo, al tiempo
que desincentivaban la participación ciudadana.
Refirió que los diferentes hechos de abuso del poder policivo del Estado han
sido visibilizados por la población caleña a través de los videos publicados en
las redes sociales, donde se pueden observar escenarios en los que jóvenes
que están manifestando de manera pacífica a través del bloqueo de las vías,
están siendo atacados con armas de fuego, gases lacrimógenos y fuertes
golpizas a mujeres y hombres. Hechos que desencadenaron en la muerte de
22 personas.
En razón de lo anterior, sostuvo que se evidenciaba que el Estado no estaba
cumpliendo los protocolos legales establecidos para el ejercicio de la protesta
en Colombia, por lo que consideró que, como ciudadanos, les estaban
vulnerando los derechos a la «protesta pacífica, a la vida, a la libertad
personal, a la libertad de pensamiento y expresión, al libre desarrollo de la
personalidad, a la libertad de conciencia, a la igualdad, a la no
estigmatización».
Como pretensiones en la tutela presentó las siguientes:
«1. Se garanticen los derechos fundamentales inicialmente citados
referentes DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA (Art. 37 de la C.P), el
DERECHO A LA VIDA (Art. 11 de la C.P), DERECHO A LA LIBERTAD
PERSONAL (Art.28 de la C.P.), EL DERECHO A LA LIBERTAD DE
PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN (Art. 20 de la C.P.), DERECHO AL LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (Art. 16) y DERECHO A LA LIBERTAD
DE CONCIENCIA (Art. 18.), DERECHO A LA IGUALDAD (Art. 13 de la C.P)
en conexidad con el DERECHO A LA NO ESTIGMATIZACIÓN.
2. Se ORDENE la INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA a través de un Fiscalía
Ad Hoc que designe la Corte Suprema de Justicia que garantice total
neutralidad e imparcialidad en las investigaciones que se adelante y que
haya lugar contra los accionados, por actuar arbitraria y violentamente con
el fin de impedir el curso de las manifestaciones pacíficas que se desarrollan
en la ciudad.
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3. Se ORDENE el CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 003 de fecha 05 de Enero
de 2021, respecto a la obligatoriedad de la Policía Nacional de la
observancia plena de los principios de necesidad, gradualidad,
proporcionalidad y racionalidad en el marco del mandato constitucional,
legal y reglamentario.
4. Se ORDENE el CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A LA LIBRE
MANIFESTACIÓN, establecida por vía jurisprudencial según Sentencia
C150/15 emitida por la honorable Corte Constitucional.
5. Se ORDENE CUMPLIMIENTO de los PROTOCOLOS que permita a la
ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar
verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las
protestas».
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
El 28 de abril de 2022 el Despacho sustanciador admitió la presente acción de
tutela y acumuló también las acciones de tutela presentadas por Silva de
Marceles Alejandrina, radicada bajo el nro. 2021-02722-00, y Daniela Botero
García, con radicación nro. 2021-02584-00; asimismo, ordenó notificar por el
medio más expedito y eficaz a las entidades accionadas.
En este mismo proveído se negaron las medidas provisionales solicitadas por
la parte actora, en razón a que, para el momento de adoptar la decisión, los
requisitos de necesidad y urgencia para proferir la medida provisional no se
encontraban acreditados en el plenario, toda vez que a la fecha no continuaban
presentándose los hechos que dieron origen a la solicitud.
Dentro del término concedido, las entidades accionadas se pronunciaron sobre
las solicitudes de amparo, así:
II.1. Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca
La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, a través del oficio
nro. 2215 de 10 de mayo de 20231, informó que la entidad ha actuado en el
marco de las competencias fijadas dentro de la circunscripción territorial,
definidas en el Decreto 262 de 2000; en ese sentido, precisó que, para el caso
del Municipio de Santiago de Cali, éstas correspondían a la Procuraduría
Provincial de Cali.
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Índice nro. 14 del expediente electrónico.
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Puntualizó que, en atención a las obligaciones fijadas en cabeza de la
Procuraduría General de la Nación en el artículo 277 de la Constitución Política,
y lo ordenado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia
STC7641 del 22 de septiembre de 2020), desarrollada en la Guía de
Acompañamiento a las Movilizaciones Ciudadanas, la Señora Procuradora
General de la Nación, previo a las movilizaciones convocadas por diferentes
sectores para el pasado 28 de abril de 2021, emitió el memorando 002 de
fecha 27 de abril de 2021, haciendo un llamado a través de medios oficiales,
a obrar de acuerdo al difícil momento atravesado por el país en virtud de la
emergencia sanitaria, manifestando que la entidad acompañaría las
movilizaciones ciudadanas con el fin de propender por la garantía del ejercicio
a la protesta social, así como por el respeto a los derechos fundamentales de
las personas.
Indicó que la entidad expidió la Circular 008 del 7 de mayo de 2021, dirigida
a los Acaldes, Gobernadores y líderes del Paro, respecto a la autorización de
corredores humanitarios para el paso de alimentos, medicinas y demás
insumos de primera necesidad, en el marco de las movilizaciones llevadas a
cabo desde el 28 de abril de 2021.
Informó que en esa Procuraduría Regional ha ejercido fielmente sus funciones,
en tanto en ella cursó la acción preventiva ordinaria radicada con nro. E-2021-
222041, la cual se encuentra archivada, a través de la cual se atendieron
diferentes investigaciones por presunto uso excesivo de la fuerza, delitos
sexuales por parte de miembros de la Policía Nacional y demás hechos con
ocasión a la protesta social.
Finalmente, argumentó que, dado que los hechos que originaron la presente
acción ya fueron superados -dado que datan de los meses de abril – mayo de
2021, fecha para la cual se llevó a cabo la protesta social en este país-, y
frente a los cuales, esta Procuraduría General de la Nación- en especial las
Procuradurías, Regional del Valle y Provincial de Cali, intervinieron
activamente en las diferentes marchas, aunado a que se iniciaron las
investigaciones disciplinarias correspondientes por conductas posiblemente
irregulares cometidas por miembros de la Fuerza Pública, solicitó desvincular
a la entidad de la acción de tutela y, en consecuencia, proceder al estudio de
fondo frente a las pretensiones de la accionante respecto a las entidades
constitucional y legalmente obligadas.
II.2. Presidencia de la República
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La Presidencia de la República, a través de apoderada judicial, mediante oficio
nro. OFI23-00083887 / GFPU 14000001 de 11 de mayo de 20232, dio
respuesta en los siguientes términos:
Manifestó que la Presidencia de la República era consciente de los hechos que
exacerbaron a los ciudadanos en las calles del país durante las protestas
sociales; sin embargo, precisó que la entidad no tenía competencia directa
para intervenir en la mayoría de las solicitudes elevadas por las accionadas,
las cuales eran responsabilidad de las autoridades locales y organismos de
control, por lo que la acción debía ser declarada improcedente respecto de la
Presidencia de la República.
Por otra parte, indicó que los hechos alegados tuvieron ocurrencia en el año
2021, por lo que reiteraba que era un hecho pasado y que ya había sido
superado.
En ese sentido, afirmó que, para la fecha, resultaba inocuo cualquier
pronunciamiento frente a las pretensiones de las accionantes, pues carecía de
objeto por haberse superado el hecho principal.
II.3. Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa, a través de la Coordinadora del Grupo Contencioso,
mediante memorial de 10 de mayo de 20233, presentó informe en los
siguientes términos:
Señaló que en el presente asunto no se evidencia la puesta en peligro o la
posible ocurrencia de un perjuicio irremediable del derecho a la paz, en virtud
de que no se acreditaron, de forma alguna, los hechos narrados en el libelo
introductor, y su incidencia directa en el accionante.
Asimismo, que ninguna prueba allegada al expediente digital, ni tampoco
alguna afirmación del escrito tutelar, permitiera inferir, si quiera en el grado
de probabilidad, que el derecho a la vida o a la manifestación, se hubiese
vulnerado o puesto en peligro en forma objetiva por parte de las entidades
públicas accionadas, ya que ni siquiera probó que, por sus cualidades o
convicciones personales, políticas, religiosas o culturales, se encuentra en alto
grado de vulnerabilidad que requiera protección constitucional diferenciada o
especial.
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Índice nro. 15 del expediente electrónico.
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Índice nro. 16 del expediente electrónico.
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II.4. Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali
La entidad territorial, a través de la Directora del Departamento Administrativo
de Gestión Jurídica Pública, mediante memorial de 11 de mayo de 2023 4,
señaló que las pretensiones de la presente acción de tutela correspondían a
otras autoridades, y que las mismas carecían de objeto.
Explicó que la entidad territorial, conforme al Decreto nro.
4112.010.20.0204.31May-2021, realizó consejos extraordinarios de
seguridad, implementó una pedagogía social para garantizar el derecho a la
protesta pacífica y brindó un acompañamiento social a los actores de los
hechos; asimismo, habilitó un cordón humanitario para el abastecimiento de
alimentos, insumos médicos y combustible en la ciudad.
Refirió que la Mesa de Diálogo establecida permitió conformar una alianza
entre diversos sectores y actores con el fin de mejorar la articulación
intersectorial e intergubernamental con miras a orientar la inversión y
garantizar el desarrollo integral y la protección de las personas jóvenes.
Solicitó que se desvincule al ente territorial en tanto no está llamado a
responder, máxime si se tiene en cuenta que implementó medidas que
permitieron conjurar el paro.
II.5. Policía Nacional
El Jefe del Área Jurídica del Grupo de Asuntos Legales de la Policía Nacional,
mediante memorial de 11 de mayo de 20235, dio respuesta a la presente
acción de tutela, así:
Señaló que, en el caso bajo examen, los hechos que dieron lugar al accionar
de los tutelantes carecían de objeto actual por sustracción material, teniendo
en cuenta que, con el paso del tiempo, han sobrevenido hechos que han
generado cambios en la situación expuesta en los escritos; es decir, que dichas
circunstancias han dejado de existir, por lo que se debía declarar el fallador
inhibido.
Asimismo, puntualizó las actuaciones desplegadas por el Director General de
la Policía durante la época de los hechos; afirmó que la Policía había cumplido
de manera estricta con el marco jurídico que la regía.
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Índice nro. 17 del expediente electrónico.
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Índice nro. 20 del expediente electrónico.
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II.6. Ministerio del Interior
El Ministerio del Interior, a través de la Jefe la Oficina Asesora Jurídica,
mediante memorial de 11 de mayo de 20236, dio respuesta a la presente
acción de tutela, señalando que las pretensiones objeto de amparo
constitucional no le son exigibles a la cartera ministerial por carencia de objeto
y falta de legitimación en la causa.
Por otra parte, que, por el paso del tiempo entre la interposición de la acción
de tutela (2021) y la definición judicial (2023), ha sucedido respecto a los
escenarios de movilización social a lo largo del país. Tiempo que, además, le
permitió al Estado colombiano realizar acciones tendientes a cumplir las
órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC7641-2020
del 22 de septiembre de 2020 y por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante sentencia de 5 de octubre de 2020 en el marco del
proceso con radicado 250002315000-2020-02700-00 y 250002315000-2020-
02694-00 (acumulado) respecto al mismo asunto, a saber, garantía de la
protesta social.
II.7. Comandante General de las Fuerzas Militares
El Comandante General de las Fuerzas Militares, mediante Oficio nro.
123004790702 de 8 de mayo de 20237, presentó intervención precisando que
el trámite de las tutelas al interior del Ministerio de Defensa Nacional se
encontraba regulado en la Circular 374 de 2009, que expresamente establecía
que el cumplimiento del fallo de una tutela era del resorte de la dependencia
donde radicaba el deber funcional de acatarla de acuerdo a las labores que se
desempeñaran.
En virtud de lo anterior, solicito que se le desvinculara del trámite de la
presente acción de tutela, toda vez que su génesis no se había dado por su
acción u omisión.
II.8. Comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali
El Comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, mediante oficio
nro. GS-2023/COMAN-ASJUR-1.5 de 10 de mayo de 20238, rindió informe
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Índice nro. 21 del expediente electrónico.
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Índice nro. 22 del expediente electrónico.
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Índice nro. 24 y 25 del expediente electrónico.
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señalando, en suma, que dicha unidad policial no ha vulnerado los derechos
fundamentales aducidos por los accionantes; asimismo, que actualmente en
la ciudad de Cali no se están desarrollando manifestaciones públicas y, en el
escenario que se presenten nuevamente, la institución está presta para
intervenir en todas las acciones violentas que se aparten de las
manifestaciones pacíficas en aras de garantizar los derechos de los
ciudadanos. Por lo anterior, solicitó que se niegue la acción constitucional
incoada.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Competencia.
De conformidad con lo previsto por el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 6 de abril de 2021 numeral 12 y en virtud del artículo 2º del
Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo
de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la
misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones
constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
3.2. Legitimación en la causa
3.2.1. Legitimación en la causa por activa
De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política9, toda persona que
considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se
encuentren amenazados, podrá interponer acción de tutela directamente o a
través de un representante que actúe en su nombre.
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Constitución Política, artículo 86 “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
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En línea de lo anterior la Corte Constitucional10 ha precisado que, según el
artículo 1011 del Decreto 2591 de 199112, la acción de tutela puede ser ejercida
por toda persona que considere vulnerados sus derechos constitucionales
fundamentales, en nombre propio o mediante las siguientes
figuras: i) representante legal para los casos de: menores de edad, personas
jurídicas e incapaces, ii) apoderado judicial, o iii) por agencia oficiosa, caso
este último en el que debe encontrarse acreditado que el titular de los derechos
fundamentales no esté en la capacidad de hacer su propia defensa, lo cual
debe manifestarse en el escrito de tutela o debe encontrarse probado en el
expediente13.
Descendiendo al caso bajo estudio, se observa que la accionante de la solicitud
de amparo, así como las solicitudes de amparo acumuladas a la presente
acción constitucional, acreditaron la legitimación en la causa por activa, en la
medida en que expusieron los argumentos por los cuales estimaron que sus
derechos fundamentales a la paz, la vida, la integridad física, la dignidad
humana, a la libertad de expresión, a la manifestación pública y pacífica,
fueron amenazados o vulnerados por parte de las entidades accionadas
durante las protestas sociales iniciadas el 28 de abril de 2021.
En ese orden de ideas, la parte actora por sí sola se encuentra legitimada para
presentar la solicitud de tutela en lo que se refiere a los citados derechos.
3.2.2. Legitimación en la causa por pasiva
10
Ver sentencias T-082 de 1997, T-531 de 2002, T-1220, T-017, T-242, T-301 y T-503 de 2003, T-629 de 2006, T-
878 de 2007, T-652 de 2008, T-312 de 2009, SU-447 de 2011, T-442 de 2012, T-889 de 2013, SU-377 de 2014, T-
430 de 2017, entre otras.
11
Artículo 10. Legitimidad e interés. “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. || También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. || También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
12
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
13
En relación con la agencia oficiosa, la Corte Constitucional en sentencia T-430 de 17 señaló que resulta procedente
“[…] cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condición de ejercer su propia defensa […]”, de
manera que, para que sea válida, se deben satisfacer los siguientes requisitos: “[…] (i) la manifestación del agente
oficioso en el sentido de actuar como tal; (ii) la circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela, ya por
figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental
no está en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa […]”.
A su vez, en la sentencia SU-055 de 2015, consideró que, para que se configure la agencia oficiosa en materia de
tutela, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: “[…] (i) que el titular de los derechos no esté en
condiciones de defenderlos y, (ii) que en la tutela se manifieste esa circunstancia. En cuanto a esta última exigencia,
su cumplimiento sólo se puede verificar en presencia de personas en estado de vulnerabilidad extrema, en
circunstancias de debilidad manifiesta o de especial sujeción constitucional. La agencia oficiosa en tutela se ha
admitido entonces en casos en los cuales los titulares de los derechos son menores de edad; personas de la tercera
edad; personas amenazadas ilegítimamente en su vida o integridad personal; individuos en condiciones relevantes
de discapacidad física, psíquica o sensorial; personas pertenecientes a determinadas minorías étnicas y culturales
[…]”.
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El artículo 86 inciso 1 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela procede por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Por
su parte, la Corte Constitucional ha sostenido que la legitimación por pasiva
debe entenderse, en primer término, como la aptitud legal que tiene una
entidad para asumir la responsabilidad que surja con ocasión de la vulneración
o amenaza de un derecho fundamental14 y, en segundo lugar, como la facultad
procesal que se le reconoce al demandado para que desconozca o controvierta
la reclamación que el actor dirige contra él mediante el recurso de amparo15.
En el presente caso se encuentra acreditada la legitimación en la causa por
pasiva de las autoridades públicas accionadas, Presidencia de la República,
Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Director General de la Policía
Nacional, Comandante de las Fuerzas Militares y Comandante del Ejército
Nacional.
Con relación a la solicitud de desvinculación de la Alcaldía de Santiago de Cali,
efectuada por la apoderada, la misma no es procedente, puesto que cabe
recordar que, de acuerdo con el numeral 2º del artículo 315 de la
Constitución16, le corresponde al Alcalde conservar el orden público en el
municipio, de conformidad con la ley. Asimismo, que el Alcalde es la primera
autoridad de policía del municipio.
3.4. Análisis de la Sala
La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta de un
derecho fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual justifica la
necesidad de una decisión por parte del juez constitucional. Sin embargo, si
luego de acudir a la autoridad judicial, la situación ha sido superada o resuelta
de alguna forma, no tendría sentido un pronunciamiento, por cuanto la
decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a
todas luces inocua y, por tanto, contraria al objetivo constitucionalmente
previsto para esta acción, como es la protección inmediata y actual de
derechos fundamentales17, situación que la jurisprudencia ha denominado
“carencia actual de objeto”.
14
Sentencia T- 739 de 2019.
15
Sentencias T- 009 de 2013 y T- 011 de 2019.
16
«Artículo 315. Son atribuciones del alcalde: […] 2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con
la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde
es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes
que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante».
17
Sentencia T- 308 de 2003.
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Accionante: Deisy Paola Puentes Peluffo y otros
El alto Tribunal Constitucional ha señalado que se se configura la carencia
actual de objeto en tres situaciones a saber: i) por hecho superado; ii) por
daño consumado; y iii) por hecho sobreviniente.
A los supuestos enunciados la Corte Constitucional ha adicionado la carencia
de objeto por sustracción de materia, y ha establecido que opera “en
aquellos casos en que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez
constitucional debe tomar una decisión”18. Igualmente, cuando “al ya haber
sido atendidas por un juez de tutela las peticiones de la accionante, debe
simplemente declararse la carencia de objeto por sustracción de materia, tal
y como lo ha venido haciendo la jurisprudencia de esta corporación”19
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende el amparo
de sus derechos fundamentales a la manifestación pública y pacífica, a la
libertad de expresión y a la paz, los cuales manifiestan han sido vulnerados por
las entidades accionadas, con ocasión de los múltiples hechos de uso excesivo
de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales iniciadas el 28
de abril de 2021.
Ahora bien, teniendo en cuenta los parámetros dispuestos por la Corte
Constitucional, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado, en cuanto a la
carencia de objeto por sustracción de materia, advierte la Sala que en el
caso concreto se dan los presupuestos para declararlo, como se pasa a explicar.
En el caso concreto, al revisar las pretensiones de las presentes acciones de
tutela, como se puede apreciar en el cuadro a continuación, si bien algunas
distan en su redacción, éstas van dirigidas a que se proteja y garantice los
derechos fundamentales a la manifestación pública y pacífica, a la libertad de
expresión y a la paz, como consecuencia de los hechos que ocurrieron en el
territorio nacional en el marco de las protestas que iniciaron el pasado 28 de
abril de 2021 ya abordados por esta sala en el radicado 2021-02227 de 29 de
julio de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López.
Pretensiones presentadas por los accionantes en Pretensiones 2021-03624-00 y
el proceso 2021-02227-00 2021-02722-00
“1. Ordenar al Presidente, al min interior, min 1. Ordenar al Presidente, al min interior,
defensa y comandantes de Fuerzas Militares min defensa y comandantes de Fuerzas
suspender el despliegue de las fuerzas Militares de Militares suspender el despliegue de las
todo el territorio, en lo atinente a la represión fuerzas Militares de todo el territorio, en lo
sistemática de la protesta social. atinente a la represión sistemática de la
protesta social.
18
Cfr. Sentencia T-607 de 2016; T-682-2001
19
Cfr. T-635-2001
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2. Ordenar al Presidente de la República que a su 2. Ordenar al Presidente de la República
vez ordene a la Policía Nacional, cumplir con su que a su vez ordene a la Policía Nacional,
función constitucional de protección a los cumplir con su función constitucional de
ciudadanos, cesando los ataques, masacres y protección a los ciudadanos, cesando los
asesinatos y otros actos indiscriminados e ataques, masacres y asesinatos y otros
inhumanos contra la ciudadanía en general. actos indiscriminados e inhumanos contra
la ciudadanía en general.
3. Se le ordene al Presidente de la República y sus
ministros restablezca la paz y los canales pacíficos, 3. Se le ordene al Presidente de la
democráticos de nuestro Estado Social De República y sus ministros restablezca la paz
Derecho. primero la vida, la integridad de todas y los canales pacíficos, democráticos de
las personas y la paz. nuestro Estado Social De Derecho. Primero
la vida, la integridad de todas las personas
4. Solicite a la Corte Suprema de Justicia que y la paz.
investigue y sancione las responsabilidades
penales en que hayan incurrido los tutelados 4. Solicite a la Corte Suprema de Justicia
frente a los crímenes cometidos durante las que investigue y sancione las
protestas además de las posibles extralimitaciones responsabilidades penales en que hayan
e incumplimientos de los deberes y incurrido los tutelados frente a los crímenes
responsabilidades constitucionales y legales. Así cometidos durante las protestas además de
mismo a Procuraduría, Defensoría del Pueblo, las posibles extralimitaciones e
Contraloría, Fiscalía también el cumplimiento de incumplimientos de los deberes y
sus responsabilidades de protección, investigación responsabilidades constitucionales y
y sanción a los responsables”20. legales. Así mismo a Procuraduría,
Defensoría del Pueblo, Contraloría, Fiscalía
Asimismo otros accionantes plantearon las también el cumplimiento de sus
siguientes pretensiones que también fueron responsabilidades de protección,
acumuladas al fallo antes mencionado: investigación y sanción a los
responsables21”.
“PRIMERO: Que el Gobierno Nacional suspenda la
figura de “asistencia militar” establecida en el
artículo 170 del Código de Policía y que fue Pretensiones 2021-02584-00
activada días atrás. «1. Se garanticen los derechos
(…) fundamentales inicialmente citados
referentes DERECHO A LA PROTESTA
PACIFICA (Art. 37 de la C.P), el DERECHO
A LA VIDA (Art. 11 de la C.P), DERECHO A
LA LIBERTAD PERSONAL (Art.28 de la
C.P.), EL DERECHO A LA LIBERTAD DE
PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN (Art. 20 de la
C.P.), DERECHO AL LIBRE DESARROLLO
DE LA PERSONALIDAD (Art. 16) y
DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA
(Art. 18.), DERECHO A LA IGUALDAD (Art.
13 de la C.P) en conexidad con el DERECHO
A LA NO ESTIGMATIZACIÓN.
20
Acciones de Tutela 2021-02635-00,2021-03289-00,2021-02539-00,2021-02541-00
21
En relación con los radicados Nros. 2021-02630-00, 2021-02635-00, 2021-02640-00,2021-02646-00,2021-02739-
00,2021-03327-00, 2021-03527-00, advierte la Sala que las pretensiones son iguales a las planteadas en el radicado
nro. 2021-02804-00.
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2. Se ORDENE la INVESTIGACIÓN
DISCIPLINARIA a través de un Fiscalía Ad
Hoc que designe la Corte Suprema de
Justicia que garantice total neutralidad e
imparcialidad en las investigaciones que se
adelante y que haya lugar contra los
accionados, por actuar arbitraria y
violentamente con el fin de impedir el curso
de las manifestaciones pacíficas que se
desarrollan en la ciudad.
3. Se ORDENE el CUMPLIMIENTO DEL
DECRETO 003 de fecha 05 de Enero de
2021, respecto a la obligatoriedad de la
Policía Nacional de la observancia plena de
los principios de necesidad, gradualidad,
proporcionalidad y racionalidad en el marco
del mandato constitucional, legal y
reglamentario.
4. Se ORDENE el CUMPLIMIENTO DEL
DERECHO A LA LIBRE MANIFESTACIÓN,
establecida por vía jurisprudencial según
Sentencia C150/15 emitida por la
honorable Corte Constitucional.
5. Se ORDENE CUMPLIMIENTO de los
PROTOCOLOS que permita a la ciudadanía
y las organizaciones de defensa de
derechos humanos realizar verificaciones
en casos de capturas y traslados de
personas durante las protestas».
En cuanto a los hechos:
Proceso Procesos 2021-03624-00 y
2021-02227-00 2021-02722-00
Indicaron que es de público conocimiento que Refirió que el gobierno nacional, debido a las
las demandadas han implementado y “nefastas” reformas presentadas, como lo
ejecutado prácticas policiales y militares fueron la tributaria y la de la salud, provocó
sistemáticas en contra de la protesta desde el paso 28 de abril un estallido social,
ciudadana en el marco del Paro Nacional que en donde todos aquellos que salieron a
inició el 28 de abril de 2021, en el cual han reclamar justamente sus derechos, fueron
ejercido su derecho constitucional a protestar. atacados de una manera sistemática,
violenta y arbitraria por parte de las fuerzas
Adujeron que la Policía Nacional (Escuadrón públicas, en especial por parte de la policía y
Móvil Antidisturbios – ESMAD), el GOES y el el ESMAD; aseguró que los actos violentos
Ejército Nacional, al momento de acompañar son consecuencia de un adoctrinamiento
e intervenir las protestas y movilizaciones institucional impartido y dirigido en contra de
pacíficas, han desarrollado las siguientes quienes salen a manifestar.
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acciones: (i) disolución sistemática, arbitraria
e injustificada de manifestaciones pacíficas; Indicó que es de público conocimiento que las
(ii) utilización ilegal (contrario a reglamentos demandadas han implementado y ejecutado
y protocolos) de armas potencialmente letales prácticas policiales y militares sistemáticas
y armas de fuego contra personas indefensas; con “complicidad” de los órganos de
(iii) uso arbitrario de mecanismos químicos de vigilancia y control que han permitido
dispersión de manifestaciones; (iv) uso acciones desproporcionadas y abusivas en
desproporcionado de mecanismos policiales contra de todos los manifestantes.
para detener a manifestantes; (v) violencia
sexual, y (vi) agresiones y disparos en contra Concluyó que, “frente a los acontecimientos
de la Misión de Derechos Humanos de la ONU de público conocimiento desencadenado por
en Colombia y en contra de organizaciones las actuaciones desproporcionadas e
defensoras de Derechos Humanos. irracionales, que rayan en lo criminal de
diferentes cuerpos de agentes de la policía, la
Manifestaron que se han presentado prácticas militarización de nuestros territorios con la
de estigmatización y militarización de la presencia del ejército, no para protegernos,
movilización que generan miedo y zozobra, al sino para coaccionar el justo reclamo; los
tiempo que desincentivan la participación de ciudadanos hemos perdido la tranquilidad,
la ciudadanía en las protestas. que hace parte del derecho que tiene toda
persona a vivir en condiciones de paz y
Relataron que el Presidente de la República, tranquilidad. Mi tranquilidad, mi vida e
invocando el artículo 170 del Código de integridad se ha visto afectada y no tengo
Policía, activó la figura de “Asistencia Militar”, sosiego, al igual que mi familia, mi
la cual, por el contexto en el que está siendo comunidad y el país entero y ante lo doloroso,
implementada, pone en riesgo el derecho a la penoso y aterrador número de muertos
vida de los ciudadanos, pues las Fuerzas civiles y un policía, me hace pensar que en
Militares y el GOES de la Policía no son cualquier momento el muerto puedo ser yo o
organizaciones capacitadas para operar en cualquier persona de mi hogar, pues ante el
medio de las protestas, sino que se han ciego actuar del gobierno nacional
desempeñado en operaciones relacionadas representado por los accionados, hoy todos
con el conflicto armado interno. los colombianos pobres somos sospechosos y
objetivo de represión.”
Aseguraron que dichas prácticas se han
convertido en un conjunto de acciones y Proceso 2021-02584-00
omisiones que han violado y amenazan de Adujo que el Presidente de la República,
forma continua sus derechos fundamentales a invocando el artículo 170 del Código de
la protesta, a la vida e integridad personal, a Policía, activó la figura de la asistencia
la libertad personal, al debido proceso y a no militar, desconociendo así el principio de
ser sometidos a desaparición forzada proporcionalidad, en tanto las personas que
(artículos 11, 12, 13, 20, 23, 24, 28, 29 y 37 protestaban no portaban armas de fuego,
de la Constitución Política). «sino que reaccionan, como defensa ante
ataques de la fuerza pública, únicamente con
piedras». Adicionalmente, afirmó que se
habían presentado prácticas de
estigmatización de las protestas, que
generaban zozobra y miedo, al tiempo que
desincentivaban la participación ciudadana.
Refirió que, los diferentes hechos de abuso
del poder policivo del Estado han sido
visibilizados por la población caleña a través
de los videos publicados en las redes sociales,
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donde se pueden observar escenarios en los
que jóvenes que están manifestando de
manera pacífica a través del bloqueo de las
vías, están siendo atacados con armas de
fuego, gases lacrimógenos y fuertes golpizas
a mujeres y hombres. Hechos que
desencadenaron en la muerte de 22
personas.
En razón de lo anterior, sostuvo que se
evidenciaba que el Estado no estaba
cumpliendo los protocolos legales
establecidos para el ejercicio de la protesta
en Colombia, por lo que consideró que como
ciudadanos les estaban vulnerando los
derechos a la «protesta pacífica, a la vida, a
la libertad personal, a la libertad de
pensamiento y expresión, al libre desarrollo
de la personalidad, a la libertad de
conciencia, a la igualdad, a la no
estigmatización».
En cuanto a los derechos invocados:
Proceso 2021-02227-00 Proceso 2021-03624-00,
2021-02722-00 y 2021-02584-00
Los derechos fundamentales invocados en
todas las acciones de tutela son la libertad de Los derechos fundamentales invocados en
expresión, petición, asociación, todas las acciones de tutela son la paz, la
manifestación pública y pacífica, reunión, vida, la integridad física, la dignidad
libertad de locomoción, asociación, humana, la libertad de expresión, a la
participación, la paz, la vida, la salud, la manifestación pública y pacífica.
libertad personal, el debido proceso, la
integridad física, la dignidad humana, y a
no ser sometidos a desaparición forzada.
Como se observa en los cuadros comparativos, esta misma Sección, en fallo de
primera instancia, expediente 2021-02227-00 de 29 de julio de 2021, C.P.
Oswaldo Giraldo López, tuvo la oportunidad de analizar los mismos supuestos
fácticos y jurídicos, así como estudiar una serie de pretensiones similares a las
deprecadas por las accionantes del proceso que ahora estudia esta Sala y que
dieron lugar a declarar la vulneración de los derechos fundamentales a la
manifestación pública y pacífica, a la libertad de expresión y a la paz, y como
consecuencia de ello a impartió una serie de órdenes, es decir, estudió el fondo
del asunto.
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En consecuencia de lo anterior, en el caso concreto no hay lugar a emitir un
pronunciamiento de fondo, toda vez que existe carencia de objeto por
sustracción de materia, como quiera que las pretensiones deprecadas ya
fueron resueltas por esta misma Sala. En este mismo sentido, se ha
pronunciado esta sección en los casos que ha estudiado posterior a la
expedición del fallo del 29 de julio de 2021, exp. 2021-02227-00, como se
puede apreciar en la decisión adoptada el 9 de septiembre de 2021, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón, exp. 2021-0226322.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de
materia en la acción de tutela que ejerció la señora Deisy Paola Puentes
Peluffo y las acciones de tutela acumuladas instauradas por Silva de Marceles
Alejandrina y Daniela Botero García, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de
noviembre de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados
por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
22
Cfr. “De lo anterior se colige que la carencia actual de objeto, por sustracción de materia, se configura en
aquellos casos en que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar
una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez
constitucional queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado, tal y
como ocurre en el presente caso.
Aplicando dicho criterio al caso bajo examen, se advierte que no hay lugar a emitir un pronunciamiento de fondo
dentro del presente asunto, toda vez que existe carencia actual de objeto por sustracción de materia, pues, en efecto,
las pretensiones incoadas por vía de tutela ya fueron resueltas por esta Sala que, además, dispuso e impartió frente
a cada una de ellas las órdenes antes referenciadas, las cuales, como se dijo, se prohíjan en el presente caso por
tratarse de supuestos fácticos y jurídicos idénticos.
Así las cosas, se declarará la improcedencia del amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia”.
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Accionante: Deisy Paola Puentes Peluffo y otros
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO
Consejero de Estado VALDÉS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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