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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2025-00074-01

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2025-00074-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 23001-23-33-000-2025-00074-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 23001-23-33-000-2025-00074-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CHINÚ (CÓRDOBA)

TESIS: SE REVOCA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA QUE
DECLARÓ IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA LA CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCIÓN DE MATERIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD Y A
LA DEFENSA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 20 de mayo de 2025, mediante la cual la SALA

PRIMERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CÓRDOBA, declaró improcedente la solicitud de amparo.

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Número único de radicación: 23001-23-33-000-2025-00074-01
Actor: E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CHINÚ (CÓRDOBA)

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CHINÚ (CÓRDOBA),

actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de

tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

igualdad, a la defensa y al principio de contradicción, los cuales

estima vulnerados por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO

ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA1, al haber decretado como

pruebas el recaudo de unos testimonios en la audiencia inicial

celebrada el 3 de abril de 2025, dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2019-00317-00.

I.2.- Hechos

Indicó que el señor MILTON JAVIER VALENCIA QUINTANA

instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

1
En adelante Juzgado.

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Número único de radicación: 23001-23-33-000-2025-00074-01
Actor: E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CHINÚ (CÓRDOBA)

en su contra, con el objeto de que se declarara la nulidad del oficio

a través del cual se le negó el pago de sus prestaciones sociales

desde el 1o. de julio de 2014 al 31 de marzo de 2016; y a título de

restablecimiento del derecho solicitó que se le reconociera y pagara

la sanción moratoria establecida en el artículo 2 de la Ley 244 de

1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.

Manifestó que el conocimiento del proceso le correspondió al

Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Montería, bajo

el radicado número 2019-00317-00 que, en audiencia inicial de de

3 de abril de 2025, decretó la practica de los testimonios de los

señores NAUDY MARTÍNEZ LUNA y MANUEL DEL CRISTO

CANCHILA GARRIDO, solicitados como prueba por la parte allí

demandante.

Señaló que contra la anterior decisión interpuso recurso de

reposición, el cual fue resuelto de manera confirmatoria en la

referida audiencia.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió

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en un defecto procedimental y en violación directa de la

constitución al decretar las pruebas testimoniales de los señores

NAUDY MARTÍNEZ LUNA y MANUEL DEL CRISTO CANCHILA

GARRIDO, sin que cumpliera con los requisitos exigidos en el

artículo 212 del Código General del Proceso, en lo referente a

mencionar el objeto de la prueba, incurriendo así en el decreto de

una prueba que “[…] sería impertinente por no ir dirigida a los

hechos materia del proceso […]”.

Finalmente manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto sustantivo al darle una interpretación errada a la

normativa en mención.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERO: Sírvase TUTELAR los derechos al DEBIDO
PROCESO- DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, así
como el DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL de mi
apadrinado EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN
RAFAEL DE CHINÚ, persona jurídica de Derecho Público,
identificada con el Nit. 800193912-1, Representada Legalmente

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por su Gerente ESTELA MARIA MUÑOZ ROMERO, mujer,
mayor, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 32.891.673 de
Barranquilla- Atlántico, vulnerados por el JUZGADO SEPTIMO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA, en
cabeza de la Juez AURA MILENA SANCHEZ JARAMILLO, por la
violación al DEBIDO PROCESO- DERECHO DE DEFENSA Y
CONTRADICCIÓN, así como el DERECHO A LA IGUALDAD
PROCESAL, dentro de las actuaciones procesales surtidas en el
asunto MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO, con RADICADO: 23.001.33.33.007.2019.00317-
00, en el cual es DEMANDANTE: MILTON JAVIER VALENCIA
QUINTANA y DEMANDADO: E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE
CHINÚ, de acuerdo al trámite y decreto de pruebas que se realizó
en la audiencia de fecha 03 de Abril del año 2025, al decretar
unas pruebas testimoniales que no cumplen con el lleno de los
requisitos.

SEGUNDO: En consecuencia, Sírvase REVOCAR el auto que
decretó las pruebas testimoniales solicitadas por el vocero judicial
del señor MILTON JAVIER VALENCIA QUINTANA, por no cumplir
con los requisitos requeridos por el artículo 212 del Código
General del Proceso, lo cual vulnera el debido proceso y el
derecho de defensa y contradicción de mi apadrinado […]”.
(Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO pese a ser notificado en debida forma, guardó

silencio en esta oportunidad procesal.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El señor MILTON JAVIER VALENCIA QUINTANA,

vinculado en calidad de tercero con interés, guardó silencio en esta

oportunidad procesal.

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SALA PRIMERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA2 mediante sentencia de 20 de

mayo de 2025, declaró improcedente el amparo al considerar que

no se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

Indicó que la discusión sobre los requisitos y procedencia para la

solicitud y decreto de una prueba testimonial fue resuelta por el

juez natural dentro del proceso ordinario cuestionado, el cual

concluyó que se cumplían los mismos y que se tenía como un error

de transcripción el nombre señalado en la solicitud de las pruebas.

Manifestó que tal decisión que fue recurrida y confirmada en su

totalidad, por lo que no se evidencia que la actuación judicial

hubiese sido arbitraria o desconocido los derechos fundamentales

de la parte accionante en el trámite del proceso judicial.

Sostuvo que la parte actora está utilizando la acción de tutela como

una instancia o recurso adicional frente al proceso ordinario

censurado para controvertir la interpretación de la normativa allí

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En adelante Tribunal.

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aplicada.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL y

reiteró en líneas generales los argumentos expuestos en el escrito

inicial de la tutela.

Precisó que en la decisión cuestionada por vía de tutela se incurrió

en defecto procedimental absoluto y en violación al derecho de

igualdad, por cuanto se ordenó la práctica de una prueba

testimonial, sin que la parte solicitante haya asumido la carga

procesal de explicar cuál era el objeto de esta.

Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar el fallo impugnado y,

en consecuencia, se conceda el amparo deprecado en la solicitud de

amparo.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

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de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de

2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales,

debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el

momento jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un

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deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de
la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no

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pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso
de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la
sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del

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contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a

la igualdad, a la defensa y al principio de contradicción y, en

consecuencia, se dejen sin efecto las decisiones adoptadas en la

audiencia inicial celebrada el 3 de abril de 2025, dentro del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado

con el número único de radicación 2019-00317-00, en las que el

Juzgado decretó los testimonios de los señores NAUDY MARTÍNEZ

LUNA y MANUEL DEL CRISTO CANCHILA GARRIDO, solicitados

como prueba por la parte allí demandante.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de

los derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su

juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto

procedimental y en violación directa de la constitución al

decretar las pruebas testimoniales de los señores NAUDY

MARTÍNEZ LUNA y MANUEL DEL CRISTO CANCHILA

GARRIDO, sin que cumpliera con los requisitos exigidos en el

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artículo 212 del Código General del Proceso, en lo referente a

mencionar el objeto de la prueba.

Asimismo, manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto sustantivo al darle una interpretación errada a la

normativa antes mencionada.

La acción de tutela de la referencia fue resuelta en primera

instancia por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 20 de

mayo de 2025, declaró improcedente el amparo al considerar que

no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia

constitucional, toda vez que lo pretendido por la parte actora es

reabrir un debate ya concluido que versa sobre un asunto

meramente legal.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión del

a quo, precisando que en la decisión cuestionada por vía de tutela

se incurrió en defecto procedimental absoluto y en violación al

derecho de igualdad, por cuanto se ordenó la práctica de una

prueba testimonial, sin que la parte solicitante haya asumido la

carga procesal de explicar cuál era el objeto su objeto.

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Precisado lo anterior, la Sala estima oportuno precisar que,

revisado el expediente digital del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2019-00317-00 en la sede electrónica para la gestión

judicial SAMAI, se advierte que el 9 de mayo de 2025, el JUZGADO

en la audiencia de pruebas aceptó el desistimiento de los

testimonios de los señores NAUDY MARTÍNEZ LUNA y MANUEL

DEL CRISTO CANCHILA GARRIDO, solicitados por la parte allí

demandante y que habían sido decretados en la audiencia inicial

celebrada el 3 de abril de ese año.

En ese orden de ideas, dado que, en sede de impugnación, se

encontró que la situación fáctica que motivó la presentación de la

acción de tutela se modificó, la Sala entrará a determinar si en el

presente caso se presenta una carencia actual de objeto por

sustracción de materia.

De la carencia actual del objeto por sustracción de materia

Frente al particular, la Sala estima conveniente precisar que, la

jurisprudencia constitucional considera que la carencia de objeto se

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presenta: i) por hecho superado, cuando por alguna conducta del

obligado se supera la afectación a los derechos invocados de tal

manera que resulte innecesario el pronunciamiento del juez, ii) por

daño consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos

del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera decisión de

fondo sobre las pretensiones de la tutela y, iii) por un hecho

sobreviniente a la solicitud de tutela que aunque no esté relacionado

con el objeto de la misma, implica que el titular pierda el interés en

el pronunciamiento del juez, por sustracción de materia.

Lo anterior, por cuanto, cuando concurren circunstancias

posteriores a la solicitud de tutela que, aunque no estén

relacionadas con el objeto de la solicitud, implican que el titular

pierda interés en el pronunciamiento del juez por sustracción de

materia. “[…] Lo mismo puede ocurrir cuando, por vía de ejemplo,

una tercera parte asumió la carga solicitada, se perdió el objeto

jurídico respecto del cual el juez debía adoptar una decisión o

existe una situación, distinta al hecho superado o daño

consumado, que hace inocua la orden de satisfacer la pretensión

del amparo […]”.

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En cuanto a la configuración de la carencia de objeto por

sustracción de materia, la Sala Plena de esta Corporación ha

señalado, lo siguiente:

“[…] El Consejo de Estado, en su función de ‘tribunal supremo de
lo contencioso administrativo’, ha entendido por sustracción de
materia la desaparición de los supuestos, hechos o normas que
sustentan un medio de control, antes acción, lo cual ocasiona que
el juez no pueda pronunciarse porque se ha extinguido la causa
que originó́ el acudir a la jurisdicción…

“De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa de
esta Corporación, si las causas que originaron el ejercicio del
medio de control desaparecen, el juez debe declararse inhibido
para resolver el asunto ya que no hay objeto que se sujete a una
sentencia. Lo anterior, porque la sustracción de materia, admitida
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo como causal
para inhibirse, opera cuando la relación sustancial o material que
originó la litis ha variado de sentido, o incluso desaparecido […]”3.

La Corte Constitucional se ha referido a la carencia actual de objeto

por sustracción de materia en los siguientes términos:

“[…] 3. Carencia actual de objeto por sustracción de
materia

Conforme al artículo 86 de la Carta Política, toda persona tiene
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, y “(…)

3
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 19 de julio de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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la protección consistirá en una orden para que aquél respecto de
quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo”.
Así, cuando los supuestos de hecho que dan lugar a la amenaza o
violación de los derechos fundamentales desaparecen, dado que
sobre el asunto debatido ya hay una solución, se configura la
carencia actual de objeto por sustracción de materia.
Esta Corporación, al resolver una acción de tutela interpuesta por
un Concejal minusválido de la ciudad de Tunja, contra la Alcaldía
de esa misma municipalidad, porque las instalaciones del Consejo
no tenían las facilidades de acceso para personas como él;
expuso el criterio de la carencia actual de objeto por sustracción
de materia, dado que no había objeto jurídico tutelable al fallar el
asunto, pues se encontró que el accionante ya no ejercía como
concejal. Así, dijo en tal oportunidad[8]:

“Carencia actual de objeto por sustracción de materia
Durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir hechos que
cambien la situación del accionante frente a la entidad accionada.
(…) Se presenta, en consecuencia, una inexistencia del objeto
jurídico tutelable.
Esta Corporación ha considerado que cuando el hecho está
superado, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en
consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir
orden alguna de protección del derecho fundamental invocado
[…]”.

De lo anterior se colige que la carencia actual de objeto, por

sustracción de materia, se configura en aquellos casos en

que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el

juez constitucional debe tomar una decisión, por lo cual la

protección a través de la tutela pierde sentido y, en

consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para

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emitir orden alguna de protección del derecho fundamental

invocado, tal y como ocurre en el presente caso.

En ese orden de ideas, la Sala resalta que la carencia actual de objeto

por sustracción de materia en la acción de tutela se configura en

aquellos eventos en los cuales, durante el trámite de la acción de

tutela, desaparece la causa que dio origen a la presunta vulneración

de los derechos fundamentales, razón por la cual deja de tener

sentido o fundamento la solicitud de amparo y, en esa medida, no

resulta factible para el juez constitucional emitir alguna orden4, como

lo ha sostenido esta Sala en otros casos con supuestos fácticos y

jurídicos similares5.

Aplicando dicho criterio al caso bajo examen, se advierte que no

hay lugar a emitir un pronunciamiento de fondo dentro del

presente asunto, toda vez que existe carencia actual de objeto por

sustracción de materia, pues, en efecto, las pretensiones incoadas

por vía de tutela están orientadas a que se dejen sin efecto las

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, núm. único de radicación 11001-03-15-000-2022-05446-00, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez.
5
Entre otros, ver: sentencia de 9 de marzo de 2023, núm. único de radicación 11001-03-15-000-
2021- 08080-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; sentencia de 26 de mayo de 2023, núm.
único de radicación 11001-03-15-000-2021-03642-00 (acumuladas 2021-02722-00 y 2021-
02584-00), C.P. Oswaldo Giraldo López.

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decisiones adoptadas por el JUZGADO en la audiencia inicial

celebrada el 3 de abril de 2025, mediante las cuales se decretó

como pruebas los testimonios de los señores NAUDY MARTÍNEZ

LUNA y MANUEL DEL CRISTO CANCHILA GARRIDO, solicitados

por la parte allí actora.

En este orden, se tiene que durante el trámite de la solicitud de

amparo de la referencia, el JUZGADO en la audiencia de pruebas

celebrada el 9 de mayo de 2025, dentro del proceso ordinario

cuestionado, aceptó el desistimiento de los testimonios antes

mencionados. En efecto, dispuso lo siguiente:

“[…] • Aceptar el desistimiento de los testimonios, solicitados por la parte
demandante.

ESTA DECISIÓN QUEDA NOTIFICADA A LAS PARTES EN ESTRADOS.

Parte demandante: Sin recursos.

Parte demandada: Conforme.

Ministerio público: Conforme […]” (Destacado pertenece al texto).

La anterior decisión fue notificada a las partes en estrados dentro de

la audiencia de 9 de mayo de 2025, sin que se interpusiera recurso

alguno.

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Así las cosas, la Sala encuentra que, no hay lugar a emitir un

pronunciamiento de fondo dentro del presente asunto, toda vez

que existe carencia actual de objeto por sustracción de materia,

pues, en efecto, se advierte que dejó de “[…] existir el objeto

jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar una

decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela pierde

sentido y, en consecuencia, el juez constitucional queda

imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho

fundamental invocado […]”6.

En consecuencia, la Sala revocará la decisión del a quo y, en su

lugar declarará la solicitud de amparo por carencia actual de

objeto por sustracción de materia, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, número único de radicación 110010315000202102263-00, C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón.

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F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia,

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de julio de

2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E2) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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