RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-00997-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00997-00

Fecha
23 de marzo de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00997-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00997-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

23 de marzo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00997-00
Demandante: José Luis Pérez Otálvaro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TULELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00997-00
Demandante: JOSÉ LUIS PÉREZ OTÁLVARO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Temas: PROVIDENCIA JUDICIAL

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor José Luis Pérez Otálvaro
contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Doce Administrativo de Ibagué,
de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El actor, mediante apoderado, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Tolima y el Juzgado Doce Administrativo de Ibagué por considerar vulnerados los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“Primero: De manera muy respetuosa me permito solicitar revocar los autos que
niegan darle trámite al recurso de apelación de la sentencia proferida por el Juzgado
Doce Administrativo Oral de Ibagué, y en su lugar se continúe con el trámite del
recurso de apelación presentado dentro del término de ley.

Segundo: Dejar sin valor ni efectos todos los autos proferidos con posterioridad a la
sentencia de primera instancia de fecha 31 de marzo de 2022, teniendo en cuenta
que el recurso de apelación se presentó dentro del término al correo del juzgado.
Correo: adm12ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co”

2. Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

El señor Pérez Otálvaro presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares - CREMIL, en el que solicitó la nulidad de los actos administrativos
que negaron el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.

El conocimiento del asunto correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo
de Ibagué.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00997-00
Demandante: José Luis Pérez Otálvaro

El 31 de marzo de 2022, el juzgado profirió sentencia de primera instancia en la que
negó las pretensiones de la demanda. Esa decisión fue notificada por correo el 5 de
abril de 2022.

El 18 de abril de 2022, el apoderado del demandante envió escrito de apelación al correo
electrónico adm12ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co.

El 24 de mayo de 2022, la secretaría del juzgado profirió constancia en la que se precisó
que la decisión de primera instancia se encontraba ejecutoriada, pues no fue interpuesto
recurso contra esa decisión.

El 12 y 14 de julio de 2022 y el 2 de agosto de 2022, el apoderado del demandante,
mediante correo electrónico remitido a la dirección
correspondenciaj12admiba@cendoj.ramajudicial.gov.co, radicó memoriales en los que
solicitó que se diera tramite a la apelación presentada el 18 de abril de 2022.

El 5 de agosto de 2022, el juzgado profirió auto en el que resolvió no conceder el recurso
de apelación. Al respecto, afirmó que el escrito de apelación fue enviado al correo
electrónico adm12ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co., dirección utilizada para la
notificación de providencias, y no al canal digital dispuesto para recibir documentos, esto
es, correspondenciaj12admiba@cendoj.ramajudicial.gov.co.

El apoderado de la parte demandante presentó recurso de reposición y subsidio
apelación contra esa decisión.

El 24 de octubre de 2022, el juzgado dictó providencia en la que resolvió no reponer la
decisión cuestionada. Además, negó por improcedente el recurso de apelación
presentado por la parte actora y, en su lugar, adecuarlo al recurso de queja.

El 26 de octubre de 2022, el apoderado de la parte demandante presentó recurso de
queja contra los autos de 5 de agosto y 24 de octubre de 2022.

El 23 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima negó el recurso de queja,
con fundamento en que el escrito de apelación no fue enviado al correo electrónico
dispuesto para tal fin.

3. Argumentos de la tutela

La parte actora consideró que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

Al respecto, expresó que el escrito de apelación fue enviado a un correo perteneciente
Juzgado Doce Administrativo de Ibagué, esto es, el correo registrado en la página de la
Rama Judicial y mediante el cual le fue notificada la sentencia de primera instancia.

De modo que, estaba demostrado que la autoridad judicial demandada sí conoció el
recurso de apelación.

De igual forma, resaltó que este fue interpuesto dentro del término previsto en el artículo
247 del CPCA y, por ello, debió concederse.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00997-00
Demandante: José Luis Pérez Otálvaro

Citó la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia No. STC-4523-2021, M.P.
Álvaro Fernando García Restrepo.

De igual forma, transcribió los artículos 1, 4, 7, 9 de la Ley 270 de 1996 y 3 del CPACA
y 42 del CGP, para concluir que las autoridades judiciales demandadas desconocen los
principios rectores de la administración de justicia.

4. Trámite procesal

Mediante auto de 27 de febrero de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a las autoridades judiciales accionadas y a la Nación – Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional-, como tercero interesado en el resultado del proceso.

5. Oposiciones

El Juzgado Doce Administrativo de Ibagué solicitó que se niegue el amparo solicitado
por la parte actora, porque las providencias judiciales cuestionadas no vulneraron los
derechos fundamentales invocados.

Señaló que el apoderado de la parte accionante no remitió el recurso de apelación al
correo electrónico creado para tal fin, sino al canal digital
adm12ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co, correo que es utilizado por la secretaría de
ese despacho para la notificación de las providencias judiciales.

Además, expresó que, en el correo de notificación de la sentencia, se advirtió que la
remisión de memoriales a esa dirección no se tendría en cuenta y que serían eliminados
de manera inmediata.

El Tribunal Administrativo del Tolima solicitó que se rechace por improcedente la
acción de tutela, puesto que el actor pretende utilizar el mecanismo constitucional como
una tercera instancia. Así mismo, reiteró los argumentos expuestos en el auto proferido
por esa corporación el 23 de enero de 2023.

6. Tercero con interés

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL solicitó que se rechazara por
improcedente el amparo, puesto que las autoridades judiciales demandadas no
vulneraron los derechos fundamentales invocados por el señor Pérez Otálvaro.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este
decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00997-00
Demandante: José Luis Pérez Otálvaro

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de
31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia
1
judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual aplicó la
metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005
para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el
2 3
empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela.

El presente caso cumple los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial descritos, por lo que se procede a abordar el estudio del caso
concreto, para lo cual resolverá el siguiente problema jurídico.

Problema jurídico

Previo a plantear el problema jurídico, es necesario resaltar que la actuación
controvertida finalizó con la providencia de 23 de enero de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la que se negó el recurso de queja. Por ello, el
estudio del caso se centrará en la posible vulneración de los derechos fundamentales
invocados causados con esa decisión judicial.

Precisado esto, la Sala analizará si se configuró defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, en la providencia de 23 de
enero de 2023, mediante la cual se negó el recurso de queja y, en consecuencia, no se
dio trámite a la apelación presentada contra la sentencia de 31 de marzo de 2022
proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Ibagué.

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la
inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia
que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal
vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate
de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el
alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00997-00
Demandante: José Luis Pérez Otálvaro

Caso concreto 4

El actor sostiene que el escrito de apelación fue enviado, dentro del término legal, a la
dirección de correo electrónico adm12ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co que
pertenece al Juzgado Doce Administrativo de Ibagué y que se encuentra registrada en
el micrositio de la página web de la Rama Judicial.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que, visto el
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número: 2018-0007-
00, está probado que, en el correo electrónico de 5 de abril de 2022, mediante el cual
se notificó la sentencia del 31 de marzo de 2022 proferida por el Juzgado Doce
Administrativo de Ibagué demandada, se informó que ese correo electrónico era de uso
único y exclusivo de envíos de notificaciones y que, por lo tanto, los correos que se
enviaran a esa dirección no serían procesados, sino eliminados:

4
Al respecto, ver sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado número: 11001-03-15-000-2021-
06161-0.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00997-00
Demandante: José Luis Pérez Otálvaro

Igualmente, se pudo constatar que el 18 de abril de 2022, el apoderado del señor Pérez
Otálvaro, pese a la anterior advertencia, remitió escrito de impugnación al correo
adm12ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co.

De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que el apoderado de la parte demandante
remitió la impugnación a una dirección electrónica que no estaba habilitada para la
recepción de esta.

Al respecto, debe decirse que, si bien la apelación fue enviada a una dirección
perteneciente a la Rama Judicial, lo cierto es que, para garantizar la debida dirección
del proceso, de manera previa, se informan los corres electrónicos destinados a la
recepción de memoriales y, como en el caso concreto, para la radicación de recursos.

En este punto, es importante destacar que, revisado el micrositio del Juzgado Doce
Administrativo de Ibagué, se informa que los memoriales y comunicaciones debían ser
dirigidos al correo electrónico correspondenciaj12admiba@cendoj.ramajudicial.gov.co 5.

No obstante, el apoderado del actor envió la apelación al correo
adm12ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co a pesar de, se insiste, las advertencias
realizadas por el juzgado en el texto del mensaje mediante el cual se notificó la sentencia
de primera instancia. En este se resaltó que a ese correo electrónico no podían ser
enviados los mensajes de datos, so pena de que no fueran procesados.

Cabe resaltar que el inciso 3 del artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020, en vigor,
actualmente, por virtud de lo establecido en la Ley 2213 de 2022, estableció que las
autoridades judiciales deben dar a conocer en su página web los canales oficiales de
comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio y los mecanismos
tecnológicos que emplearán.

Esa obligación fue debidamente cumplida en el presente asunto, pues, como se expresó
en precedencia, en el mensaje de datos de 5 de abril de 2022 se señaló de manera
clara que las solicitudes y documentos debían ser remitidos al correo
correspondenciaj12admiba@cendoj.ramajudicial.gov.co y no al correo
adm12ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Luego, en el presente asunto existió un incumplimiento del deber mínimo que recae en
el usuario de la administración de justicia, máxime, si se tiene en cuenta que el actor
actuó mediante apoderado judicial, quien, de conformidad con los deberes en el ejercicio
de la abogacía consagrados en la Ley 1123 de 2007, debe mostrar la diligencia
necesaria para llevar a cabo los mandatos de sus poderdantes.

Siendo así, se encuentra resuelto el problema jurídico planteado en el caso objeto de
estudio, las autoridades judiciales demandadas no incurrieron en el defecto
procedimental por exceso ritual manifestó y, en ese sentido, se negarán las
pretensiones de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

5
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-12-administrativo-de-ibague/433
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00997-00
Demandante: José Luis Pérez Otálvaro

III. FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela.

2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase,

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
Salvo voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.