Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05701-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05701-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05701-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
7 de marzo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05701-01
Demandante: Compañía Minera de Colombia El Desquite
S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05701-01
Demandante: COMPAÑÍA MINERA EL DESQUITE DE COLOMBIA S.A.S.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procede estudio de fondo
porque se acreditó el requisito de relevancia constitucional / DEFECTO FÁCTICO – No se
configuró, dado que la autoridad judicial accionada sí valoró los elementos de convicción
supuestamente ignorados y no se advierte que se hubieran impuesto barreras de orden formal
que resultaran excesivas y/o desproporcionadas, que afectaran el derecho de acceso a la
administración de justicia de la demandante.
La Sala 1 decide la impugnación interpuesta por la sociedad Compañía Minera de
Colombia El Desquite S.A.S. contra el fallo proferido el 9 de diciembre de 2024 por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante el cual se declaró
improcedente la acción de tutela.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 22 de octubre de 2024, la sociedad Compañía Minera de Colombia El Desquite
S.A.S. interpuso acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
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Se advierte que el 4 de febrero de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Compañía Minera de Colombia El Desquite
S.A.S.
la administración de justicia, con ocasión del auto de segunda instancia proferido el 8
de agosto de 2024, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 19001-23-33-000-2023-00047-01. Formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, AL
DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, GARANTÍAS JUDICIALES Y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, toda vez que el Tribunal
accionado en la decisión cuestionada, incurrió en un defecto FÁCTICO, pues se
observa que de forma equivocada desconoció las pruebas, violando la
Constitución Política.
SEGUNDA: Que se deje sin efectos el Auto del 8 de agosto de 2024 Proferido
por la Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Honorable
Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Wilson Ramos Girón, dentro del Proceso
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con radicado No. 19001-23-33-000-
2023-00047-01 (28166).
TERCERA: Ordenar a la Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativo
del Honorable Consejo de Estado profiera una nueva decisión dentro del proceso
citado, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Ley y la
Jurisprudencia que versa sobre la presente Litis, para en su lugar ordenar la
admisión de la demanda con fecha enero 30 de 2023.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
sociedad Compañía Minera El Desquite de Colombia S.A.S. presentó demanda contra
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN, con el fin de que se ejerciera control de legalidad de la Liquidación de Revisión
Oficial 172622021000001 del 12 de octubre de 2021, por medio de la que se modificó
el impuesto de renta del año gravable 2018, y de la Resolución 008998 de 29 de
septiembre de 2022, que confirmó la decisión anterior.
4. Según se narró en el escrito de amparo, la demanda fue enviada el 30 de enero de
2023 a dos direcciones electrónicas del Tribunal Administrativo del Cauca, una de las
cuales emitió una respuesta automática de «acuse de recibo»; sin embargo,
transcurridos algunos días sin obtener pronunciamiento alguno, el apoderado de la
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Demandante: Compañía Minera de Colombia El Desquite
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demandante se comunicó con un funcionario de la Corporación, quien le indicó que
dicha dependencia no era la encargada de recibir y tramitar documentos, pues se
trataba de una oficina de soporte técnico.
5. En vista de lo anterior, el apoderado de la demandante le solicitó al funcionario que
reenviara el mensaje de datos contentivo de la demanda y sus anexos a la
dependencia correspondiente, con la advertencia de que el mismo fue enviado el 30
de enero de 2023.
6. Una vez remitido el mensaje de datos a la dirección electrónica de la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Cauca, esta le asignó el radicado 19001-23-00-000-2023-
00047-00 y le dio el trámite correspondiente. En consecuencia, en auto del 28 de
agosto de 2023, la referida Corporación rechazó la demanda, por considerar que el
término para interponerla de manera oportuna vencía el 30 de enero de 2023; no
obstante, el acta de reparto daba cuenta de que la misma se radicó el 13 de febrero
de 2023, es decir, extemporáneamente.
7. Inconforme con lo anterior, la sociedad demandante interpuso recurso de
apelación. Allí afirmó que el Tribunal a quo sólo tuvo en cuenta la fecha en la que un
servidor de la Corporación remitió la demanda a la Oficina de Apoyo Judicial para
reparto, sin considerar que la misma fue enviada el 30 de enero de 2023 a las
direcciones electrónicas stectadmincau@cendoj.ramajudicial.gov.co y
sgtadmincau@notificaciones.gov.co, una de las cuales —la primera— emitió
respuesta automática, que debe entenderse como un acuse de recibo.
8. En auto del 8 de agosto de 2024, notificado el 13 del mismo mes y año, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado2 acogió en su integridad los argumentos del Tribunal a
quo y confirmó la decisión de primera instancia. Argumentó que el apoderado de la
parte actora remitió la demanda y sus anexos el 30 de enero de 2023, a dos
direcciones electrónicas que no corresponden a las dispuestas para tal fin por el
2 Con salvamento de voto de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
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Demandante: Compañía Minera de Colombia El Desquite
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Tribunal Administrativo del Cauca. Además, sostuvo que la respuesta automática
obtenida por el apoderado de la demandante no constituía un acuse de recibo, como
equivocadamente se afirmó en el recurso de alzada, sino que, por el contrario, a partir
de tal réplica era posible concluir la naturaleza de la dependencia a la que remitió el
mensaje de datos.
9. Adicionalmente, indicó que, en la página de la Rama Judicial, concretamente, en el
enlace de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca, se encuentra que el
correo dispuesto para las partes es el siguiente:
stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co. De modo que constituye una carga para los
usuarios de la Administración de Justicia acudir a los canales digitales dispuestos
para remitir comunicaciones a las autoridades judiciales, en aras de garantizar los
principios de seguridad jurídica, eficiencia, celeridad y economía procesal.
10. En el escrito de tutela, la parte actora adujo que la providencia censurada adolece
de defecto fáctico, porque se desconocieron las pruebas aportadas al expediente,
que daban cuenta de que la demanda se radicó en realidad el 30 de enero de 2023,
y no el 13 de febrero, como «pregonan las providencias de primera y segunda
instancia».
11. Adicionalmente, afirmó que, desde una perspectiva constitucional, la prevalencia
del derecho sustancial impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr
la efectividad de los derechos subjetivos de las partes; no obstante, en este caso
particular, la autoridad judicial demandada negó el acceso a la administración de
justicia cuando, excediendo la aplicación de formalidades, declaró la caducidad del
medio de control.
Trámite impartido e intervenciones
12. Mediante auto del 28 de octubre de 20243, el despacho sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la acción de tutela contra los magistrados que integran
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SAMAI, índice 4 del expediente de tutela de primera instancia.
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la Sección Cuarta del Consejo de Estado y ordenó notificar al Tribunal Administrativo
del Cauca y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en calidad de
terceros con interés.
13. La Sección Cuarta del Consejo de Estado4, a través del magistrado ponente de
la providencia cuestionada, indicó que la acción de tutela no cumple con los requisitos
de procedibilidad, específicamente, el de relevancia constitucional. Señaló que la
parte actora pretende convertir el amparo en una instancia adicional del proceso
ordinario, en la medida en que los argumentos propuestos en esta sede ya fueron
discutidos y resueltos por el juez de la causa en dos instancias.
14. Adicionalmente, sostuvo que no se configuró el defecto fáctico alegado en el
escrito de amparo, pues en el estudio de los presupuestos procesales se encontró
que, pese a que en la página oficial de la Rama Judicial, específicamente en el enlace
de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca, aparece el correo dispuesto
para la radicación de demandas y memoriales, el apoderado de la sociedad
demandante remitió la demanda a dos correos electrónicos, uno de ellos inexistente
y el otro de una dependencia de soporte técnico, que carece de competencia para
recibir y tramitar demandas y/o memoriales.
15. Sostuvo que esta Corporación 5 ha insistido en que los usuarios de la
Administración de Justicia deben dirigir sus escritos y comunicaciones a las
autoridades judiciales a través de los canales digitales dispuestos para ello, y no a
cuentas de correo que, aunque pertenezcan al dominio de la Corporación, no sean
las indicadas y divulgadas para tal efecto.
16. Finalmente, adujo que la parte actora pretende excusar su propia negligencia,
bajo el argumento de que se configuró un defecto fáctico, «cuando en realidad se trata
4 SAMAI, índice 12 del expediente de tutela de primera instancia.
5 Citó las siguientes providencias: fallos del 24 de junio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-
02419-00, del 26 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15- 000-2021-04418-00, del 23 de marzo
de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00997-00, y del 25 de mayo del mismo año, expediente
11001-03-15-000-2023-00203-01.
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de un incumplimiento del deber de diligencia de la parte y de los deberes profesionales
del abogado, al enviar la demanda a un correo no habilitado para ese fin y del cual ni
siquiera obtuvo acuse de recibido. De modo que pretende inducir en error al juez de
tutela al afirmar que presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en tiempo».
17. El Tribunal Administrativo del Cauca6 allegó copia digital del expediente del
proceso ordinario, pero no se pronunció respecto de la solicitud de amparo.
18. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales7 solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, pues no tiene
legitimación en la causa por pasiva. Agregó que, en todo caso, no se vulneraron los
derechos fundamentales de la accionante.
Fallo impugnado
19. En sentencia del 9 de diciembre de 20248, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la petición de amparo.
20. En su criterio, la acción de tutela carece de relevancia constitucional, porque los
argumentos propuestos en esta sede judicial ya fueron objeto de pronunciamiento por
el juez de la causa. Concretamente, expresó que los reparos de la accionante fueron
expuestos en el recurso de alzada y constituyeron justamente los puntos sobre los
cuales se pronunció la Sección Cuarta de esta Corporación en el auto del 8 de agosto
de 2024.
21. Además, sostuvo que las simples diferencias interpretativas de la parte
demandante con la decisión censurada no justifican, en sí mismas, la intervención del
juez constitucional.
6 SAMAI, índice 9 del expediente de tutela de primera instancia.
7 SAMAI, índice 15 del expediente de tutela de primera instancia.
8 SAMAI, índice 18 del expediente de tutela de primera instancia.
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Impugnación
22. Inconforme con la decisión, la parte actora la impugnó9. Señaló que si bien los
argumentos expuestos en sede ordinaria son los mismos reproches que puso de
presente en la petición de amparo, no es menos cierto que la vulneración de sus
derechos fundamentales persiste, pues los jueces de la causa desconocieron que la
demanda fue enviada a direcciones electrónicas pertenecientes al Tribunal
Administrativo del Cauca, el 30 de enero de 2023, y omitieron flexibilizar aspectos de
orden formal para dar trámite a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
y permitir el goce efectivo de su derecho de acceso a la administración de justicia.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
23. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia proferida el 9 de diciembre de 2024 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.
24. Para ello, en primer lugar, se examinará si la petición de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional,
específicamente, el de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se
cumplan, se analizará si se encuentra configurado el defecto fáctico atribuido por la
parte demandante a la providencia del 8 de agosto de 2024, dictada por la Sección
Cuarta de esta Corporación.
Análisis de la Sala
De la relevancia constitucional
25. En sentencia del 5 de agosto de 201410, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que esta exigencia tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia
9 SAMAI, índice 23 del expediente de tutela de primera instancia.
10 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo
de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
26. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
27. El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.
28. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
29. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente11 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
11 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de
2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
Del análisis de la relevancia constitucional en el caso en concreto
30. Como se expuso, en primera instancia, la Subsección B de la Sección Tercera de
esta Corporación declaró improcedente la petición de amparo. Consideró que los
argumentos expuestos por la accionante en la tutela son una reiteración de los
reproches presentados en el recurso de alzada, por lo que el asunto carece de
relevancia constitucional, pues la sociedad actora pretende convertir este instrumento
en una instancia adicional del proceso ordinario.
31. No obstante, contrario a lo estimado por el a quo, la Sala advierte que, en este
caso concreto, se encuentra superado el requisito de relevancia constitucional, pues
los argumentos expuestos en la petición de amparo plantean un debate de orden
constitucional, específicamente, porque están estrictamente relacionados con una
posible vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia.
32. Ciertamente, los argumentos expuestos por la sociedad actora en el recurso de
apelación en contra del auto que rechazó la demanda son los mismos que ahora
presenta en sede de tutela, por lo que, a simple vista, podría concluirse que el asunto
no tiene trascendencia constitucional alguna. Sin embargo, en el caso particular, dada
la naturaleza de la controversia y la posible imposición de requisitos formales
excesivos y desproporcionados como barreras para el acceso a la administración de
justicia, esta Sala dará por superado el requisito de relevancia constitucional.
33. En conclusión, el asunto bajo estudio tiene relevancia constitucional en la medida
en que la declaratoria de caducidad del medio de control, por la imposición de
requisitos formales excesivos, sumado a la posible existencia de un defecto fáctico
por indebida apreciación de elementos de convicción, podría traducirse en una
verdadera afectación del derecho de acceso a la administración de justicia para la
sociedad demandante.
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Del defecto fáctico
34. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En efecto, la Corte
Constitucional ha dicho que el defecto fáctico es un error relacionado con asuntos
probatorios y, además, reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión negativa
y una positiva.
35. La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como por ejemplo, (i)
por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en
el desenlace del proceso4; (ii) por decidir sin el apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión5; o (iii) por no decretar
pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo6.
36. La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del juez
en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas
ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión 7; o (v) por decidir
con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho
en que se basa la providencia8.
Caso concreto y solución del problema jurídico
37. En el caso bajo estudio, la sociedad Compañía Minera de Colombia El Desquite
S.A.S. precisó que el auto del 8 de agosto de 2024 adolece de defecto fáctico, por
omisión e indebida valoración de algunos elementos de convicción que daban cuenta
de que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada el 30 de
enero de 2023, es decir, dentro de la oportunidad legal.
38. Adicionalmente, manifestó que los jueces de la causa omitieron flexibilizar el
requisito formal de utilizar los canales digitales dispuestos para la recepción de
memoriales y demandas, aspecto que, a su juicio, podía haberse superado en favor
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de privilegiar el derecho de acceso a la administración de justicia. Concretamente,
expuso que, si bien envió el mensaje de datos contentivo del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho a una dirección electrónica distinta a la
establecida para tal fin, lo cierto es que esta pertenece al dominio del Tribunal
Administrativo del Cauca. Por lo tanto, para contabilizar la caducidad, se debía
considerar la fecha en que se remitió el mensaje de datos por primera vez a la
dependencia de soporte técnico de la Corporación.
39. Revisado el expediente del proceso ordinario y específicamente la decisión
censurada, la Sala encuentra que, contrario a lo afirmado en la petición de amparo,
la Sección Cuarta de esta Corporación no desconoció que la demanda fue remitida
por el apoderado de la sociedad Compañía Minera de Colombia El Desquite S.A.S. al
correo stectadmincau@cendoj.ramajudicial.gov.co, el 30 de enero de 2023. Por el
contrario, tal situación fue plenamente advertida; sin embargo, dado que dicha
dirección electrónica no corresponde a la dispuesta por el Tribunal Administrativo del
Cauca para la presentación de demandas y memoriales, estimó que debía tenerse
como fecha de presentación de la demanda, la data en la que el mensaje de datos
fue reenviado a la oficina de apoyo judicial para reparto.
40. Adicionalmente, se observa que la autoridad judicial accionada sí valoró los
pantallazos y documentos supuestamente desconocidos, e incluso hizo mención
expresa de los mismos, para concluir que la dirección de correo electrónico a la que
se envió la demanda y sus anexos correspondía a una dependencia de soporte
técnico sin competencia para tramitar o recibir memoriales. Por lo que constituye una
carga para los usuarios de la administración de justicia y una obligación de los
apoderados acudir a los canales digitales dispuestos para tal fin, con el objeto de dar
cumplimiento a los principios de seguridad jurídica, eficiencia, celeridad y economía
procesal.
41. La Sección Cuarta de esta Corporación, en la providencia cuestionada, consideró
razonablemente que la respuesta automática obtenida por el apoderado de la
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demandante de la dirección electrónica stectadmincau@cendoj.ramajudicial.gov.co,
en la que se informó: «para soporte técnico del tribunal administrativo del cauca enviar
sus peticiones al siguiente correo: emartinezr@cendoj.ramajudicial.gov.co», en modo
alguno puede entenderse como un acuse de recibo de la demanda, por el contrario,
de dicha comunicación y de la nominación de la dirección electrónica, era posible
establecer la naturaleza de la dependencia a la que corresponde la administración de
la cuenta, lo que debió tener en cuenta el apoderado para advertir que ese no era el
correo de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca.
42. Valga mencionar que, por regla general, las demandadas, memoriales y
comunicaciones con destino a un proceso judicial deben ser radicadas en las
secretarías de los tribunales, salvo que la corporación divulgue o informe que tiene
direcciones de correo electrónico dispuestas para fines específicos, como es el caso
de las direcciones que se utilizan de manera exclusiva para realizar notificaciones
judiciales12.
43. Ahora bien, llama la atención de la Sala que al realizar una simple consulta en los
motores de búsqueda en internet se encuentran, por lo menos, tres páginas oficiales
de la Rama Judicial: (i) página oficial del Consejo de Estado directorio de juzgados y
tribunales13, (ii) micrositio de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca y (iii)
opción de atención al usuario de la página del Tribunal Administrativo del Cauca, en
las que se informa a la ciudadanía que la dirección electrónica de la Secretaría de la
Corporación es stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co.
44. Sin embargo, el apoderado de la sociedad actora remitió la demanda y sus anexos
a una dirección electrónica que no era la dispuesta para recibir memoriales
(stectadmincau@cendoj.ramajudicial.gov.co), sino de soporte técnico de la
Corporación, y a otra inexistente (sgtadmincau@notificaciones.gov.co), sin que se
observe una justificación válida para ello. De ahí que se tengan por no presentados.
12 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, providencia del 29 de marzo
de 2023, rad. 11001-03-15-000-2023-01252-00. M.P. Fredy Ibarra Martínez.
13 https://www.consejodeestado.gov.co/tribunales-y-juzgados-2/index.htm.
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Lo anterior, a pesar de que, como se evidenció, podía acceder de manera sencilla a
la dirección electrónica establecida para la radicación de demandas y/o memoriales
ante el Tribunal Administrativo del Cauca (stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co).
Sobre el particular, en providencia del 7 de febrero de 2022 (M.P. William Hernández
Gómez, radicado 11001031500020210406500 [5922]), la Sala Especial de Decisión
19 del Consejo de Estado sostuvo:
38. Así las cosas, entendiendo que la sede judicial electrónica hace referencia
al sitio en el que el despacho puede ser ubicado en el mundo digital y, por ende,
constituye la vía para que los sujetos procesales puedan establecer una
interacción con él, es plausible afirmar que los memoriales que se radiquen en
un buzón electrónico o canal digital diferente a aquel destinado para su
recepción, y que ha sido debida y previamente informado a las partes, deben
tenerse por no presentados.
39. Señalar lo contrario, entorpecería la prestación adecuada de este servicio
público y afectaría los principios de seguridad jurídica, eficiencia, celeridad y
economía procesal. En efecto, afirmar que cualquier correo electrónico, por el
hecho de ser institucional, es apto para la recepción y trámite de los
memoriales, generaría caos en la administración de justicia y una carga
desproporcionada.
45. Descartada la prosperidad de los argumentos expuestos en la impugnación, se
impone modificar la sentencia de primera instancia, para negar el amparo deprecado
por la sociedad Compañía Minera de Colombia El Desquite S.A.S., al no configurarse
el defecto fáctico alegado ni evidenciarse vulneración a sus derechos fundamentales,
con ocasión de la providencia del 8 de agosto de 2024, mediante la cual se confirmó
la decisión de declarar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Modificar la sentencia del 9 de diciembre de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar, negar el
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Demandante: Compañía Minera de Colombia El Desquite
S.A.S.
amparo solicitado por la sociedad Compañía Minera de Colombia El Desquite S.A.S.,
por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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