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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05731-01

Fecha
15 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05731-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia de 25 de abril de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en consideración a las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05731-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

15 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05731-01
Demandante: Juan Bautista Cumbe Trujillo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05731-01
Demandante: JUAN BAUTISTA CUMBE TRUJILLO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SALA 18 ESPECIAL DE DECISIÓN
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia
excepcional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso porque la
solicitud de amparo carece de la carga argumentativa mínima y pretende provocar un
pronunciamiento sobre un asunto que ya fue resuelto por el juez natural.

La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte demandante contra el fallo
de 25 de abril de 2025, proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de amparo
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 23 de octubre de 2024, el señor Juan Bautista Cumbe Trujillo interpuso
acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sala 18 Especial de Decisión, por
considerar vulnerado su derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, con motivo del auto de 13 de septiembre de 2024, que rechazó la demanda,
el cual fue confirmado mediante proveído de 18 de junio de ese mismo año, en el
marco del recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-000-2021-
04227-00. Formuló la siguiente pretensión (se transcribe, incluso con posibles
errores):

Que agotado el trámite pertinente se profiera decisión en la cual se decrete el
amparo constitucional al derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia, ordenando en consecuencia a la Sala 18 Especial de Decisión de la

1
Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 12 de agosto de
2025, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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1

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05731-01
Demandante: Juan Bautista Cumbe Trujillo

Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, integrada por los
señores consejeros Gloría María Gómez Montoya (ponente), Milton Chávez
García, Juan Enrique Bedoya Escobar y Alberto Montaña Plata (este último que
presentó salvamento de voto), que en el término que le sea fijado, revoque el
proveído calendado el 13 de septiembre de 2024, mediante el cual negó el
recurso de súplica interpuesto por el suscrito contra la decisión del 18 de junio
de 2024, y en su lugar tenga como presentado en tiempo el escrito mediante el
cual se subsanaron los yerros o las omisiones, destacadas por la Sala 18
Especial de Decisión de la misma Sala de lo Contencioso Administrativo en
autos del 8 de septiembre de 2021 y 4 de diciembre de 2023 y que ésta, en
consecuencia, continúe con el trámite de la impugnación extraordinaria.

2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. El 2 de julio de 2021, el señor Juan Bautista Cumbe Trujillo, actuando en
causa propia, instauró recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 4 de
febrero de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, que confirmó la decisión de primera instancia, a través de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda en un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho2 que perseguía la reliquidación de una pensión de jubilación. El asunto
le correspondió por reparto a la Sala 18 Especial de Decisión de esta Corporación, y
se le asignó el radicado 11001-03-15-000-2021-04227-00.

4. El 7 de julio de 2021, el demandante adicionó la demanda.

5. Mediante auto de 8 de septiembre de 2021 se inadmitió la demanda, para que,
en el término de 5 días se subsanara en los siguientes aspectos: (i) informar la
dirección física y canal digital de la parte demandante para recibir notificaciones
personales; (ii) acreditar el envío de copia de la demanda y sus anexos a la entidad
demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, conforme establece el artículo 162 del CPACA; (iii) aportar copia de la
sentencia cuestionada, con constancia de notificación y ejecutoria, e (iv) integrar en
un solo escrito la demanda y la adición.

6. La decisión le fue notificada a la parte demandante, el 13 de septiembre de
2021.

7. Contra lo resuelto, el demandante presentó recurso de reposición, en el que
indicó que el escrito introductorio acató los requisitos del artículo 252 del CPACA y
que la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 (art. 35) al artículo 162 del
CPACA no le resultaba aplicable al recurso extraordinario de revisión.

8. En proveído de 4 de diciembre de 2023 se confirmó el auto recurrido. La
decisión se le notificó al demandante mediante mensaje enviado a su correo
electrónico el 12 de diciembre de 2023.

9. El magistrado ponente rechazó el recurso extraordinario de revisión, en
providencia de 18 de junio de 2024, por cuanto no se subsanó la demanda.

2
Radicado 41001-23-33-000-2014-00123-01 (5787-2018).

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05731-01
Demandante: Juan Bautista Cumbe Trujillo

10. El demandante radicó oportunamente recurso de súplica en el que manifestó
que subsanó la demanda el 12 de diciembre de 2023, a través de escrito enviado al
correo cegral02@notificacionesrj.gov.co; además, verificó que el mensaje no hubiera
sido devuelto o rechazado, ni hubiera rebotado.

11. La Sala 18 Especial de Decisión, en auto de 13 de septiembre de 2024,
confirmó el auto suplicado. Señaló que el demandante conocía el canal autorizado
para la recepción de memoriales, pues a través de este radicó el recurso de
reposición contra el auto que inadmitió la demanda. Agregó que cuando se efectuó
la notificación del auto que resolvió el recurso de reposición se le informó al
interesado el enlace al cual debía dirigir los memoriales, y se le precisó que el correo
electrónico cegral02@notificacionesrj.gov.co era de uso exclusivo para el envío de
notificaciones, de modo que los correos enviados a esa bandeja no serían
procesados, sino eliminados de los archivos temporales de los servidores a cargo de
la oficina de informática del Consejo Superior de la Judicatura.

12. Finalmente, hizo alusión a jurisprudencia de esta Corporación en la que se ha
puntualizado en el deber de los sujetos procesales de remitir las comunicaciones a
través de los correos electrónicos oficiales y, con base en lo expuesto, concluyó que
el memorial de subsanación se radicó en un correo electrónico no habilitado para el
efecto, por lo que se tenía por no presentado.

13. El accionante considera que el rechazo del recurso extraordinario de revisión
vulneró su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pues no
valoró que la actuación obedeció a una equivocación, por haber remitido «de manera
automática» la subsanación del recurso al canal digital del que provino la notificación
de la decisión; memorial que, sin embargo, se presentó de manera oportuna y con
las exigencias indicadas en el auto de inadmisión. Consideró que se dio prevalencia
a las formas, sobre el derecho sustancial, con lo cual se desconocieron los artículos
228 de la Constitución Política y 103 del CPACA. Mencionó que «las circunstancias
personales por las que atravesaba, de momento, y que no es del caso mencionar
aquí, no me permitieron tomar conciencia o reparar que la relación entre el Despacho
Público y usuario del servicio de justicia se venía materializando por dos canales
distintos y funciones contrarias. En mi mente solo estaba el decidido propósito de
cumplir».

B. Trámite impartido e intervenciones

14. Mediante auto de 25 de octubre de 2024, se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada y, en calidad de
terceros con interés, a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, al Tribunal Administrativo del Huila y a la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

15. La Sala 18 Especial de Decisión del Consejo de Estado señaló que la acción
de tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, ya que el demandante
se limitó a repetir los argumentos expuestos en el recurso de súplica que instauró en
el recurso extraordinario de revisión y no aportó fundamentos suficientes para

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Demandante: Juan Bautista Cumbe Trujillo

demostrar una real vulneración de sus derechos fundamentales. En su lugar, planteó
una discusión de carácter estrictamente legal. Recalcó, además, que el demandante
no cumplió con su deber procesal y que los escritos presentados por medios digitales
distintos a los habilitados para recibir memoriales en las actuaciones judiciales deben
considerarse como no radicados, siempre que dichos canales oficiales hayan sido
debidamente informados a las partes con anterioridad.

16. La UGPP solicitó que se rechazara la tutela, por cuanto la decisión judicial
impugnada está conforme a la ley. Indicó que el recurrente conocía el canal oficial
establecido por el Consejo de Estado para presentar memoriales, pero no lo utilizó,
y no se evidenció la existencia de los defectos señalados por el actor ni de un daño
irreparable.

17. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó su
desvinculación del proceso constitucional, porque no identificó ninguna objeción
relacionada con el trámite de nulidad y restablecimiento del derecho 41001-23-33-
000-2014-00123-00. Adujo que, en todo caso, no se cumplió con los requisitos de
inmediatez ni de relevancia constitucional, ya que la intención del demandante es
reabrir un debate culminado mediante decisión en firme, adoptada con más de seis
meses de antelación a la presentación de la acción de tutela.

18. El Tribunal Administrativo del Huila respondió que la solicitud de tutela es
improcedente por carecer de relevancia constitucional, dado que el demandante no
hizo referencia a los requisitos específicos para la procedencia de esta acción frente
a providencias judiciales y, además, intentó reabrir un debate que ya había sido
debidamente resuelto. Asimismo, indicó que no se configuró ninguna vulneración de
los derechos fundamentales invocados, puesto que correspondía al accionante
presentar sus memoriales a través de los correos electrónicos oficiales habilitados
para tal fin, y que el incumplimiento de esta obligación no constituye una violación al
debido proceso.

19. El magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó su impedimento para conocer
del asunto, con fundamento en la causal 1 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, por
cuanto él y su cónyuge tienen interés en el debate sobre la aplicación de las normas
que regulan aspectos salariales y prestacionales devengados por empleados y
funcionarios de la Rama Judicial.

20. Mediante auto de 21 de febrero de 2025 se declaró infundado el impedimento,
luego de constatarse que la controversia en la acción de tutela no implica un análisis
o estudio de fondo respecto a la aplicación de normas que regulan aspectos
salariales y prestaciones equivalentes a los devengados por funcionarios y
empleados de la Rama Judicial, o que la intervención del magistrado implique un
provecho propio o para su esposa.

C. Sentencia de primera instancia

21. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia, el 25 de abril de 2025, en la que declaró

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improcedente la acción de tutela, por falta de relevancia constitucional. Sostuvo que
la intención del tutelante es revivir el debate que en su momento planteó en el recurso
extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-000-2021-04227-00, a través
del recurso de súplica que instauró contra el auto que rechazó la demanda, como si
este mecanismo fuera una instancia adicional a ese proceso. Resaltó que la acción
de tutela en contra de decisiones judiciales es de carácter residual, y que no puede
usarse para desconocer la autonomía e independencia judicial ni los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica.

22. De otra parte, negó la solicitud de desvinculación presentada por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por estimar que le
asiste interés en tanto profirió la providencia objeto del recurso extraordinario de
revisión.

D. Impugnación

23. La parte accionante manifestó que el asunto reviste importancia
constitucional, no tiene una finalidad patrimonial y no busca promover una tercera
instancia. Para sustentar sus afirmaciones, expuso lo siguiente:

Es que bien se entendió y aún se entiende plenamente que el asunto había
trascendido la esfera legal, para ubicarse en el ámbito del Juez Constitucional,
por lo que lo único procedente ya como último recurso, para lograr la efectividad
de mi derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, lo era el
mecanismo que el ordenamiento superior tiene previsto en su artículo 86., el
que para su conocimiento tiene su juez natural.

Y ello por cuanto la autoridad accionada además de limitarse en forma objetiva
a destacar mi comportamiento equivocado, no verificó un verdadero análisis de
ese proceder frente a los breves razonamientos que se le invocaron
sustentando la impugnación y al contenido de los documentos que se le
aportaron (me refería a los autos del 8 de septiembre de 2021 y de 18 de junio
de 2024, mediante los cuales la Sala Especial 18 de la Sala de lo Contencioso
Administrativo se ocupó de inadmitir el Recurso Extraordinario al igual que al
escrito que subsanaba las exigencias impuestas por estas determinaciones),
de los cuales se infería mi decidida voluntad de cumplir con las exigencias
impuestas, que había obrado de buena fe demostrando obediencia, pese a no
estar obligado a ello dado que tales requerimientos no están en la ley procesal
que consagra y regula el trámite de la impugnación extraordinaria, y por lo tanto
que el error de haber utilizado un canal distinto pero perteneciente a la misma
entidad para el envío del mensaje, había sido provocado o tenía su origen en
decisiones proferidas con desconocimiento de la Ley y la Constitución, lo que
de consiguiente tornaban en ilegítimo el proceder, perdiendo así esa omisión
entonces perdía (sic) toda connotación, que no tenía aptitud jurídica como para
deducir tan trascendentales y graves consecuencias con total desmedro de un
derecho de naturaleza constitucional.

Y es por esa vía de la aplicación de la exégesis y desatención a los deberes
que tiene el operador jurídico de valorar la prueba, de interpretar y aplicar las
normas y de garantizar, como autoridad pública, la efectividad de los derechos
consagrados en la constitución nacional, que llegó a la negativa de lo invocado
otorgando así prevalencia a lo formal, con total desatención a lo previsto en el
artículo 228 superior, impidiendo de esta forma que la justicia se ocupe de mi
caso, por lo que ya el asunto imponía ser atendido por el Juez constitucional,
como así se ha hecho.

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24. Adicionalmente, reiteró sus reparos frente al auto que inadmitió la demanda y
adujo que las exigencias impuestas allí constituyeron «un exceso ritual manifiesto,
son ilegítimas en tanto no están consagradas por la ley y solo obedecen al criterio
personal del funcionario». Señaló que en otros procesos las demandas se
admitieron, únicamente, con el lleno de los requisitos dispuestos en el artículo 252
del CPACA.

25. Por último, puso de presente que en otro recurso extraordinario de revisión se
otorgaron 10 días para la subsanación de la demanda, mientras que en su caso se
concedieron solo días 5 para ello.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
el fallo proferido el 28 de noviembre de 2024, por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente la acción
de tutela instaurada por el señor Juan Bautista Cumbe Trujillo contra la Sala 18
Especial de Decisión de esta Corporación.

28. Se aclara que el asunto se centrará en los reproches elevados contra la
providencia que se cuestiona en esta acción constitucional, por medio de la cual se
rechazó el recurso extraordinario de revisión. Los cuestionamientos que plantea el
demandante frente al auto que inadmitió la demanda en ese asunto no serán tenidos
en cuenta.

E. Análisis de la Sala

29. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

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30. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

31. Al revisar la controversia, al igual que el a quo, esta Sala estima que la
solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, por cuanto no ofrece una
carga argumentativa mínima y pretende convertirse en una instancia adicional del
recurso extraordinario de revisión, con la intención de que se estudien nuevamente
las explicaciones del accionante con las que pretende que se tenga por subsanada
la demanda en ese asunto.

32. En efecto, tanto la acción de tutela como el escrito de impugnación se
ocuparon de reiterar los argumentos que, en su momento, expuso el demandante en
el recurso de súplica que interpuso contra el auto que rechazó el recurso
extraordinario de revisión, sobre las razones por las cuales envió el memorial de
subsanación a un correo electrónico distinto al estipulado para la recepción de ese
tipo de comunicaciones. En concreto, el interesado adujo que no advirtió que en la
Secretaría General de la Corporación coexistían dos canales digitales con diferente
finalidad y que, por error involuntario, remitió el escrito de subsanación a la dirección
electrónica de la provenía la notificación del auto que confirmó la inadmisión de la
demanda.

33. Como se advierte, la justificación presentada por el accionante ya fue
analizada por el juez competente en el recurso extraordinario de revisión, y es la
inconformidad con lo resuelto la verdadera razón que subyace a la presentación de
esta acción de tutela.

34. Cabe advertir que aunque la acción de tutela enfatiza en la vulneración del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en realidad la
discusión que se plantea no tiene sustento en una verdadera vulneración de ese
derecho fundamental por el desconocimiento de alguna regla de derecho; la finalidad
que se persigue, más bien, es que se convalide la equivocación en la que incurrió el
demandante frente a su deber de subsanar la demanda, en debida forma, y se
aplique una especie de excepción en su caso para aceptar la remisión del escrito de
subsanación por una vía no autorizada.

35. Empero, la Sala no advierte alguna justificación razonable que avale la
aplicación de una excepción como la que se pretende, pues lo que se advierte es la
simple desatención del demandante con los deberes mínimos que le eran exigibles
en la actuación judicial, sin una causa real que permita, al menos, suponer que existía

3 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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duda en cuanto al correo electrónico dispuesto para la recepción de memoriales en
el recurso extraordinario de revisión, que la autoridad judicial le impuso una carga
excesiva o que el interesado estuvo en la imposibilidad de cumplir con su deber, de
manera acertada.

36. Ciertamente, el recurso extraordinario de revisión, la demanda, la adición a la
demanda y el recurso de reposición contra el auto que inadmitió la demanda se
presentaron de forma electrónica, a través del canal digital de la Secretaría General
del Consejo de Estado: secgeneral@consejodeestado.gov.co, lo que resulta
suficiente para entender que el demandante tenía pleno conocimiento de la dirección
electrónica dispuesta para la recepción de memoriales. Adicionalmente, en el oficio
de notificación 91802 de 13 de septiembre de 2021, mediante el cual se comunicó el
auto inadmisorio, de forma expresa, se precisó que:

Las solicitudes y demás documentos que se remitan por medios electrónicos
deberán allegarse al buzón judicial:secgeneral@consejodeestado.gov.co;
dado que la cuenta:cegral@notificacionesrj.gov.co, es de uso exclusivo para el
envío de notificaciones y/o comunicaciones, por tanto, los correos enviados a
esas bandejas no serán procesados y, por ende, serán eliminados de los
archivos temporales de los servidores que se encuentran a cargo de la Oficina
de Informática del Consejo Superior de la Judicatura.

37. En este punto, conviene mencionar que, por regla general, las demandas,
memoriales y comunicaciones con destino a un proceso judicial deben ser radicadas
en las secretarías de los despachos judiciales, salvo que la autoridad informe la
existencia de canales con fines específicos, como ocurre con las direcciones que se
utilizan de manera exclusiva para realizar notificaciones judiciales4.

38. En el caso que se analiza, el demandante remitió el escrito de subsanación de
la demanda al correo electrónico cegral@notificacionesrj.gov.co, pese a la
advertencia que se le hizo sobre la finalidad exclusiva de esa dirección para uso de
la secretaría y a sabiendas del canal dispuesto para la recepción de memoriales,
por lo que era lógico que su escrito se tuviera por no presentado.

39. Sobre el particular, en providencia del 7 de febrero de 2022 5, la Sala 19
Especial de Decisión del Consejo de Estado sostuvo:

38. Así las cosas, entendiendo que la sede judicial electrónica hace referencia
al sitio en el que el despacho puede ser ubicado en el mundo digital y, por ende,
constituye la vía para que los sujetos procesales puedan establecer una
interacción con él, es plausible afirmar que los memoriales que se radiquen en
un buzón electrónico o canal digital diferente a aquel destinado para su
recepción, y que ha sido debida y previamente informado a las partes, deben
tenerse por no presentados.

4 Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, providencia del 29 de

marzo de 2023, rad. 11001-03-15-000-2023-01252-00, M.P. Fredy Ibarra Martínez, y Sección
Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de marzo de 2025, rad. 11001-03-15-000-2024-05701-01.
5 Rad. 11001-03-15-000-2021-04065-00(5922), M.P. William Hernández Gómez.

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39. Señalar lo contrario, entorpecería la prestación adecuada de este servicio
público y afectaría los principios de seguridad jurídica, eficiencia, celeridad y
economía procesal. En efecto, afirmar que cualquier correo electrónico, por el
hecho de ser institucional, es apto para la recepción y trámite de los
memoriales, generaría caos en la administración de justicia y una carga
desproporcionada.

40. De acuerdo con lo expuesto, como la controversia se encuentra desprovista
de razonamiento alguno acerca de una omisión o extralimitación o cualquier otro
vicio en la decisión cuestionada que permita, al menos inferir, la posible existencia
de un yerro capaz de vulnerar el derecho que se pide proteger, y lo que en realidad
se pretende es extender una discusión que ya fue zanjada en el proceso primigenio,
debe concluirse que el asunto carece de relevancia constitucional.

41. Como se mencionó anteriormente, el requisito de relevancia constitucional
exige una carga argumentativa mínima, lo cual supone que la tesis o premisas en
que se cimienta la solicitud de amparo sean suficientes, claras, coherentes y que
tengan una relación inescindible y de conexidad con los fundamentos de la decisión
del juez natural que se somete al escrutinio constitucional.

42. Aún más, no se puede perder de vista que, en virtud de las restricciones para
la procedencia de la tutela contra providencia judicial, en la cual entran en tensión
reglas y principios como los de seguridad jurídica, cosa juzgada, congruencia,
respeto e independencia por la autonomía judicial, el juez de tutela no puede
sustituir la labor del juez natural para decidir sobre temas deferidos a las diferentes
jurisdicciones. El ejercicio de este mecanismo constitucional no es una oportunidad
más para que otra autoridad judicial revise una decisión o se obtenga una
aprobación a la postura o visión que se tiene dentro de un litigio. Todo lo contrario,
este tipo de tutelas deben estar revestidas de seriedad en la argumentación y de un
estudio preliminar y detallado de las decisiones que se atacan en una perspectiva
eminentemente constitucional.

43. Se recalca, en este punto, que la tutela solo se justifica en aquellos eventos
en los que exista una discusión de marcada importancia constitucional,
circunstancia que no se satisface con el simple señalamiento de que se están
afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en efecto, afloran dudas
razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un derecho
fundamental.

44. Así pues, la acción de tutela se torna improcedente porque no ofrece una
carga argumentativa mínima y porque su finalidad es provocar un nuevo
pronunciamiento sobre asuntos que ya fueron resueltos por el juez competente.

45. Conforme a las razones anotadas, se confirmará la decisión impugnada.

46. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05731-01
Demandante: Juan Bautista Cumbe Trujillo

FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 25 de abril de 2025, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en consideración a las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría. General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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