Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01023-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01023-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01023-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
29 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023).
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01023-00
Accionante: JORGE HERNÁN GIL ECHEVERRY
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencias judiciales / derecho
fundamental al debido proceso / principio
constitucional de non reformatio in pejus / medio de
control de reparación directa / prueba trasladada /
valoración del dictamen pericial
Sentencia de primera instancia
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
Jorge Hernán Gil Echeverry, por conducto de apoderado1, en contra del
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, por la presunta
vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la
expedición de la providencia del 23 de noviembre de 2022, proferida
en el curso del medio de control de reparación directa con radicado
núm. 25000-23-26-000-2012-01176-01.
1 El abogado Jesús María Lemos Bustamante.
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ACCIÓN DE TUTELA
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Ac c i o n a n t e : J o r g e H e r n á n G i l E c h e v e r r y
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección del derecho fundamental al debido proceso y
del principio constitucional de non reformatio in pejus se fundamenta
en los siguientes:
1. HECHOS
El señor Jorge Hernán Gil Echeverry y la señora Bertha Isabel Suárez
Giraldo presentaron medio de control de reparación directa en contra
de la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin
que se le declarara patrimonial y administrativamente responsable por
los perjuicios causados con ocasión de la omisión en efectuar y pagar
a la sociedad SAMA LTDA el aporte al que estaba obligada como socia,
lo que generó la iliquidez y falta absoluta de patrimonio de la aludida
sociedad y la incapacidad para pagar los honorarios causados a sus
poderdantes.
El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera que, por medio de sentencia del 26 de febrero de 2015,
declaró probada la excepción de falta de legitimación activa en la causa
en relación con la señora Bertha Isabel Suarez Giraldo y negó las
pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión la parte accionante
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección B que, a través de providencia
del 23 de noviembre de 2022, confirmó lo fallado en primera instancia.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante sostiene que el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección B incurrió en un defecto fáctico por la falta de
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valoración del dictamen pericial practicado en el proceso arbitral y que
fue presentado junto con la demanda. Expuso que es un error
considerar que este no podía ser tomado como prueba trasladada al no
haber sido realizado con audiencia y facultad de contradicción por parte
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, porque en este caso sí
se corrió traslado a las partes, tal como lo dispone el «artículo 185 del
CPC».
De igual modo, indica que se configura un defecto orgánico por la
vulneración del principio constitucional de non reformatio in pejus,
teniendo en cuenta que la apelación dentro del medio de control de
reparación directa fue interpuesta únicamente por la parte vencida, por
lo que la competencia del superior se delimita a las materias que fueron
objeto del recurso, debiendo abstenerse de agravar la situación definida
en la sentencia del 26 de febrero de 2015 y dejando indemnes las
situaciones ventajosas reconocidas por el juez de primera instancia.
3. PRETENSIONES
La parte accionante solicita lo siguiente:
«PRIMERO: Tutelar, de manera inmediata los derechos constitucionales
fundamentales ya enunciados de mi poderdante y los que como juez constitucional,
encuentre vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
POR HABER DICTADO LA SENTENCIA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022,
Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA, NOTIFICADA POR
EDICTO ELECTRÓNICO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, en el expediente con
radicado número 25000-23-26-000-2012-01176-01 (54.567).
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, dictar la sentencia de reemplazo
revocando la decisión impugnada mediante la presente acción constitucional y
accediendo a las pretensiones en la forma como fueron propuestas en la demanda
inicial.
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TERCERO: De manera opcional, si no considera procedente dictar la sentencia de
reemplazo, remitir el expediente a la Sala que profirió la sentencia atacada por vía
de tutela para que esta profiera sentencia de acuerdo con los lineamientos señalados
por el Juez Constitucional accediendo a las pretensiones de la demanda inicial». (sic
en toda la cita).
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante proveído del 1.º de marzo de 2023, el magistrado doctor
Rafael Francisco Suárez Vargas manifestó encontrarse incurso en la
causal de impedimento prevista en el numeral 5.º del artículo 56 del
CPP para conocer del presente asunto, toda vez que sostiene una
amistad entrañable con el apoderado de la parte accionante, el doctor
Jesús María Lemos Bustamente.
En atención a ello, la Sala de Subsección declaró fundado el
impedimento manifestado a través de providencia del 20 de abril de
2023.
Posteriormente, mediante auto del 24 de mayo de 2023, el despacho
sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B como
accionado y a la Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
como tercero interesado en las resultas del proceso.
5. INFORMES
4.1. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, por
medio del consejero Alberto Montaña Plata, rindió informe en el cual
señaló que la providencia y el expediente de la respectiva «acción de
reparación directa», contienen los argumentos y elementos necesarios
para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho
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corresponda, por lo que está puesto a atender lo que se disponga en la
presente acción constitucional.
4.2. La Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
actuando por conducto de apoderado, solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 333 de 2021.
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si el Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección B, al proferir la sentencia del 23 de
noviembre de 2022, incurrió en un defecto fáctico y orgánico y, por
consiguiente, en la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso y del principio constitucional de non reformatio in pejus de la
parte accionante.
Previamente a lo anterior, se deberá determinar la procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.
3. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
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En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales.
Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales.
La doctrina constitucional ha señalado las causales especiales,
indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos
eventos en los cuales se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-
01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple
con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que
habilitan su interposición.
3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.
3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional; se observa igualmente que la interposición se dio en un
lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia
cuestionada se profirió el 23 de noviembre de 2022 y la acción de tutela
se presentó el 24 de febrero de 2023.
3.1.3. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en
la medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental como consecuencia de un defecto fáctico y orgánico en
que presuntamente incurrió la autoridad judicial demandada.
3.2. DEL DEFECTO FÁCTICO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
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el particular la Corte Constitucional4 ha identificado dos dimensiones en
las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados.
b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es,
y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más
convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»7.
3.3. DEFECTO ORGANICO
En lo que atañe al defecto orgánico ha dicho la Corte Constitucional en
sentencia T-643 de 2017 que se refiere a un vicio relacionado a la
4 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010,
T-311 de 2009, entre otras.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
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competencia, es decir que la autoridad que profirió la providencia
cuestionada, carece de competencia para conocer del asunto a resolver.
Al respecto, la misma Corte, en sentencia SU-072 de 2018, precisó que
se configura en dos situaciones: (i) cuando el peticionario se encuentra
supeditado a una situación en la que existe una actuación consolidada
y no tiene otro mecanismo de defensa como es el caso de una decisión
que está en firme y fue dada por un funcionario que carecía de manera
absoluta de competencia, y cuando (ii) en el transcurso del proceso, el
actor puso de presente las circunstancias de incompetencia absoluta y
dicha situación fue desechada por los jueces de instancia, incluso en el
trámite de recursos ordinarios y extraordinarios, validándose así una
actuación erigida sobre una competencia inexistente 8.
Según el tribunal constitucional9, este defecto tiene un (i) carácter
funcional cuando los jueces desconocen su esfera de competencias y
por el contrario interfieren en ámbitos funcionales que no les
corresponden de acuerdo a lo que dicta la Constitución Política y la ley,
y extralimitan su ejercicio quebrantando el derecho fundamental al
debido proceso; y un (ii) carácter temporal, cuando la autoridad a pesar
de contar con atribuciones para realizar determinada conducta, lo hace
por fuera del termino consagrado para ello.10
4. CASO CONCRETO
En el presente asunto se decide la solicitud de tutela instaurada por el
señor Jorge Hernán Gil Echeverry en contra del Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección B por la presunta vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso y del principio constitucional de
8 Corte Constitucional SU072-2018
9 Sentencia T-267-2013
10 Sentencia T-267-2013 Corte Constitucional.
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non reformatio in pejus, ocurrida con ocasión de la expedición de la
providencia del 23 de noviembre de 2022, proferida en el curso del
medio de control de reparación directa con radicado núm. 25000-23-
26-000-2012-01176-01.
Para resolver, esta Sala de Subsección considera:
4.1. La parte accionante sostiene que la sentencia acusada incurrió en
un defecto fáctico por la falta de valoración del dictamen pericial que
se practicó en el proceso arbitral y que posteriormente se aportó con el
escrito contentivo de la demanda de reparación directa. Esto, por
cuanto considera que sí debió tenerse en cuenta como prueba
trasladada en los términos que dispone la ley.
De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se tiene
que en la decisión bajo estudio se tuvo como material probatorio el
siguiente:
«29. En efecto, el actor aportó, como prueba del presunto daño causado, el contrato
de prestación de servicios profesionales jurídicos -sin número- del 7 de febrero de
2008, que en la cláusula tercera prevé:
“TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio del presente contrato es
de cuantía indeterminada y bajo la modalidad de cuota litis, que se pagará en la
siguiente forma:
a) Por el arreglo extrajudicial, conciliación o transacción, una tarifa equivalente al
20% del valor de la transacción.
b) En caso de no lograrse acuerdo extrajudicial se pagará el 30% aplicado al valor
de la condena efectuada a favor del CONTRATANTE.
PARAGRAFO: Para la tasación de los honorarios, (sic) se tendrá en cuenta el
valor razonable de los bienes objeto de restitución o entrega según el acuerdo
extrajudicial o sentencia judicial”.
30. Además, también como prueba del no pago de los honorarios aportó
comunicación del 13 de septiembre de 2011, en la que el jefe de la oficina jurídica
del Ministerio negó el pago de los honorarios contractuales aduciendo que “(…)
cualquier reclamación debe dirigirse contra la Sociedad Salinas Marítimas de
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Manaure Ltda (…)” y una comunicación del 12 de enero de 2011, emitida por el
representante legal de SAMA, señor Jorge Ibarra:
“Con relación a la reclamación de sus honorarios y los que le corresponde a la
Dra. Bertha Isabel Suarez y según contrato suscrito por el anterior representante
legal, Armando Valbuena, originados en el proceso Arbitral instaurado por
SAMA Ltda y otros contra el Ministerio de Comercio, Ministerio de Minas e IFI
y que culminó con laudo parcialmente favorable de fecha septiembre 8 de 2009,
me permito manifestarle que SAMA LTDA se encuentra en imposibilidad de
pagarle los honorarios puesto que carece de bienes por cuanto el Estado no ha
cumplido con la entrega y transferencia de los activos vinculados a la explotación
de las salinas de Manaure, que corresponden al único patrimonio de la sociedad.”
31. Para la Sala, dicho material probatorio no permitiría demostrar de manera clara
y precisa la ocurrencia del daño, derivada del cumplimento del contrato y del no
pago de los honorarios. En efecto, tal como está demostrado, por un lado, el Laudo
Arbitral accedió sólo parcialmente a las pretensiones instauradas, sin efectuar
ningún tipo de condena monetaria, ni ordenar la transferencia, restitución o entrega
de bienes a favor de SAMA y, por el otro, según el parágrafo de la cláusula tercera
del contrato de prestación de servicios profesionales -transcrito-, la “tasación” de
los honorarios dependía de los bienes que se restituyeran o entregaran según “el
acuerdo extrajudicial o sentencia judicial”».
Asimismo, en cuanto al dictamen pericial en cuestión, se precisó:
«34. No obstante, dentro de los documentos que obran en el proceso laboral, que
fueron solicitados como pruebas documentales y que fueron remitidos a esta
jurisdicción reposa solamente una página correspondiente a la “Copia del
peritazgo (sic), página 211, del segundo peritaje INCORBANK parte 1” De hecho,
la misma parte demandante aduce de manera expresa y reiterada que dicho
documento constituye prueba del perjuicio que pretende sea reparado.
35. En la contestación el Ministerio se opuso y, al referirse al hecho 18 de la
demanda, afirmó que “en el Laudo Arbitral (…) no se efectuó ninguna condena
contra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por perjuicios o
indemnizaciones, debido a la entrega real y material del aporte a la Sociedad
SAMA LTDA, por lo tanto, si bien es cierto que se efectuó el citado peritazgo (sic),
los resultados del mismo, conforme a lo decidido por el Tribunal de Arbitramento,
no fueron vinculantes al mismo” y propuso la excepción de mérito denominada “la
tasación de honorarios profesionales no vincula al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo”, en la que expuso las razones por las que el dictamen pericial
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practicado en el Tribunal de Arbitramento no era prueba para determinar los
honorarios pretendidos».
Ahora bien, teniendo en cuenta los documentos citados, el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección B sostuvo que la valoración de
las pruebas trasladadas procede en el proceso contencioso
administrativo siempre que se cumpla lo exigido «en el artículo 185 del
Código de Procedimiento Civil», esto es, en la medida en que en el
proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la
parte contra quien se alega o en audiencia. Esto, por cuanto se protege
el derecho de contradicción y publicidad de la prueba, el cual solo se da
en la medida en que las partes tengan conocimiento de ellas y teniendo
en cuenta las excepciones en relación con la ratificación de testimonios.
En ese sentido, el a quo consideró que el dictamen pericial no cumple
con dichos requisitos porque no se practicó en el proceso primitivo, es
decir, en el tribunal arbitral, no siendo entonces producto de una
petición de parte «o con audiencia de ella», y tampoco constituye, por
sí sola, un elemento demostrativo del perjuicio alegado que pudiera
llevar al juzgador al convencimiento de su existencia y cuantificación.
Por tanto, indicó que «ante el incumplimiento de la carga probatoria de
la parte demandante, si se hubiera tramitado una controversia
contractual, no habría lugar a que la parte demandada sea condenada
a efectuar la reparación pretendida».
Lo anterior sirvió como fundamento probatorio para la conclusión a la
cual se arribó en la sentencia acusada relacionada con que la falta de
pago de los aportes por parte del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo –que se pretendía probar a partir del dictamen pericial– no
configura un daño directo a los acreedores contractuales de SAMA
LTDA, sino que, de existir un perjuicio, este tendría efectos directos
sobre los otros socios, no frente a quienes se le adeudan los honorarios
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contractuales, pues estos tendrían como fuente directa el
incumplimiento de los negocios jurídicos que los vincularon con la
sociedad. Por ello, en efecto, concluyó:
«39. Así las cosas, la Sala encuentra que la parte demandante incumplió la carga
probatoria que le incumbía, de conformidad con el artículo 177 del CPC, pues, con
independencia de la fuente del daño, no demostró su ocurrencia, dado que no
acreditó de manera clara y precisa, durante el proceso, ni el efecto adverso que se
radicó en su patrimonio, ni el monto al que ascendía el daño o los honorarios que
presuntamente no le fueron sufragados. Por tanto, si el perjuicio que se alega
requiere de prueba, la omisión de satisfacer dicha carga impide acceder al
reconocimiento de este».
En este orden de ideas, no advierte esta Sala de Subsección que se
haya incurrido en una causal específica de procedibilidad por la falta de
valoración probatoria alegada, pues el tema relacionado con el
dictamen pericial sí fue objeto de estudio por el juez de lo contencioso
administrativo, que hizo un análisis de los requisitos fijados por la ley
procesal, para efectos de tener o no en cuenta la prueba trasladada, y
decidió que la misma no los cumple.
Dicho lo anterior, no es posible hablar de un defecto fáctico cuando la
inconformidad de la parte accionante cuestiona la valoración efectuada
por el juez de instancia y no un error, arbitrariedad o vía de hecho en
el que posiblemente se haya podido incurrir, pues en virtud del principio
de autonomía judicial y por mandato de la Constitución, el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección B actuó con apego a lo dispuesto
por la normatividad aplicable al caso.
4.2. Por otro lado, en el escrito de tutela se indica que se configura un
defecto orgánico por la vulneración del principio constitucional de non
reformatio in pejus, teniendo en cuenta que la apelación dentro del
medio de control de reparación directa fue interpuesta únicamente por
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la parte vencida, por lo que la competencia del superior se delimita a
las materias que fueron objeto del recurso, debiendo abstenerse de
agravar la situación definida en la sentencia del 26 de febrero de 2015
y dejando indemnes las situaciones ventajosas reconocidas por el juez
de primera instancia.
Frente a esto, la providencia acusada consideró lo siguiente:
«28. Con todo, y en gracia de discusión, si a través de la acción de reparación
directa se pudiera tramitar la pretensión de pago de honorarios contractuales, el
actor no probó el surgimiento de la obligación de pago, es decir, su cumplimiento
satisfactorio del objeto contractual y, por el contrario, se limitó a efectuar una
negación indefinida que, en este caso, no produce los efectos previstos en el
artículo 177 del CPC porque debía probar que surgió la obligación contractual de
pago, esto es, que cumplió el objeto contractual».
De esta manera, el marco del recurso se circunscribió a resolver si la
parte demandante había cumplido con la carga probatoria que le
incumbía, independientemente de la fuente del daño. Para ello, sostuvo
que incluso si se verificara una actuación irregular del Ministerio, bien
sea por el no pago de los aportes de la Nación a SAMA o por el no pago
de los honorarios por los que debe responder de manera solidaria e
ilimitada, la parte demandante tenía la carga de probar que ello tuvo
un efecto adverso en su patrimonio, ya que, la reparación, con
independencia de la fuente, sólo procede una vez probado el daño y
cuantificado el perjuicio.
De igual modo, en la parte resolutiva de la sentencia en cuestión se
dispuso:
«PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, de 26 de febrero de 2015, que negó las
pretensiones de la demanda, según las consideraciones expuestas.
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01023-00
Ac c i o n a n t e : J o r g e H e r n á n G i l E c h e v e r r y
SEGUNDO: sin condena en costas».
Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en el
presente asunto se haya hecho más gravosa la situación del apelante
único, de manera que se hubiese podido configurar la causal específica
de procedibilidad alegada. Al respecto, se tiene que las conclusiones a
las que llegaron los funcionarios judiciales para resolver el caso y negar
las solicitudes de la parte demandante no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino que por el
contrario, se basaron en el estudio de los argumentos que sustentaron
el recurso de apelación.
Dicho lo anterior, es menester recordar que las discusiones adelantadas
en el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través de
la acción de tutela, pues ello acarrea que se convierta la sede
constitucional en una instancia adicional no consagrada para estudiar
los argumentos ya analizados por el juez natural de la causa,
dictaminados en razón a lo probado dentro de ese proceso.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la intervención del juez de tutela
se activa únicamente en los casos específicos en que se evidencia una
argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente, o inexistente al
punto que se torna arbitraria, y por no advertirse vulneración alguna
de derechos fundamentales, esta Sala de Subsección negará el amparo
solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor Jorge
Hernán Gil Echeverry, por conducto de apoderado, en contra del
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B.
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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ACCIÓN DE TUTELA
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III. FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por el señor Jorge Hernán Gil Echeverry, por
conducto de apoderado, en contra del Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección B, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en SAMAI.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Con aclaración de voto Impedido
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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