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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-01176-01

Fecha
23 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-01176-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, de 26 de febrero de 2015, que negó las pretensiones de la demanda, según las consideraciones expuestas. SEGUNDO: sin condena en costas. Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2012-01176-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

23 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2022

Radicado: 25000-23-26-000-2012-01176-01(54.567)
Demandantes: Bertha Isabel Suarez Giraldo y Jorge Hernán Gil Echeverry
Demandado: Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: reparación directa – fuente del daño - carga de la prueba - falta de prueba del daño

Síntesis del caso: los demandantes solicitaron la declaratoria de la responsabilidad
patrimonial del Estado por el daño que presuntamente habrían sufrido con ocasión de la
falta de pago de los honorarios pactados en un contrato de prestación de servicios
profesionales jurídicos. Dicho daño lo atribuyen a la no transferencia del aporte social por
parte de la Nación a la empresa de economía mixta Salinas Marítimas de Manaure L.T.D.A.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Subsección C, el 26 de febrero de 2015, que declaró la falta
de legitimación por activa de uno de los demandantes y negó las
pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia recurrida – 1.4. Recurso de apelación - 1.5. Trámite relevante en segunda
instancia.

1.1. Posición de la parte demandante

1. Luego de que Bertha Isabel Suarez Giraldo y Jorge Hernán Gil Echeverry
presentaron demanda ante la jurisdicción ordinaria, en su especialidad
laboral2, contra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante el
Ministerio) y que el juzgado adjunto 31 laboral del Circuito de Bogotá declaró

1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA).
2 El 24 de octubre de 2011 los demandantes (folios 2 a 19 del cuaderno 1) presentaron demanda laboral contra el

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la cual fue repartida al Juzgado 31 Laboral de Oralidad del Circuito de
Bogotá (folio 328 del cuaderno 1), con el fin de obtener el pago de los honorarios del contrato de por el presunto
incumplimiento por parte de las Salinas Marítimas de Manaure - SAMA LTDA en el pago de los honorarios derivados
del contrato de prestación de servicios profesionales jurídicos -sin número- del 7 de febrero de 2008. Mediante auto
del 22 de noviembre de 2011 el juzgado decidió devolver la demanda para ser subsanada por considerar que la
pretensión de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado no correspondía a esa jurisdicción (folio 329 del
cuaderno 1).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-26-000-2012-01176-01(54.567)
Demandante: Bertha Isabel Suarez Giraldo y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia

la nulidad de lo actuado por falta de jurisdicción 3, el proceso fue remitido a
esta jurisdicción y repartido como acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, el 13 de septiembre de 2012, al juzgado 26 administrativo de
oralidad del Circuito de Bogotá 4. Este juzgado, mediante Auto del 28 de
septiembre de 2012, decidió remitir el proceso al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera, por razones de cuantía y por considerar
que su despacho fue creado para aplicar el CPACA y no el CCA 5.

2. Mediante Auto de 30 de julio de 2013, el Tribunal ordenó requerir al
apoderado de la parte demandante para que aclarara la acción que
pretendía incoar y adecuara las pretensiones 6. La parte demandante
procedió de conformidad y, mediante escrito de 9 de agosto de 20137,
inadmitida el 26 de noviembre de 20138 y subsanada el 4 de diciembre de
20139, adecuó la demanda en ejercicio de la acción de reparación directa,
en contra del Ministerio, con el objeto de que se hicieran las siguientes
declaraciones y condenas (se trascribe):

“1. Declarar administrativamente responsable al ente demandado,
Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de los perjuicios
causados a mis poderdantes a causa de su omisión en efectuar y pagar
el aporte a que estaba obligada como socio a la sociedad SAMA LTDA,
lo que generó la iliquidez y falta absoluta de patrimonio de la aludida
sociedad y la consecuente incapacidad de la misma para pagar a mis
poderdantes los honorarios causados teniendo en cuenta que la
sociedad carece en absoluto de bienes. Esta omisión genera la
responsabilidad extracontractual del ente demandado en virtud de que,
al incumplir su obligación de realizar los aportes debidos, quedo incurso
en la consecuencia jurídica establecida en el artículo 355 del Código de
Comercio, conforme al cual cuando no se efectúan los aportes, los socios
de la sociedad limitada responderán por los pasivos sociales como un
socio de la sociedad colectiva, es decir, de manera solidaria e ilimitada.
2.- Condenar, en consecuencia, al ente demandado, Nación, Ministerio
de Comercio Industria y Turismo, a pagarles a mis representados los
perjuicios irrogados, que corresponden a los honorarios profesionales
causados en el contrato de prestación de servicios suscrito con SAMA,
según lo especificado en los hechos de esta demanda, que se estiman
en la suma de $ 8.683.362.000, más la indexación y los correspondientes
intereses corrientes y de mora hasta la fecha de ejecutoria de la
sentencia y los que se causen con posterioridad, hasta la fecha del pago
efectivo de las sumas de condena, de los cuales el 66% le corresponden
al Dr. GIL ECHEVERRY y el 34% a la doctora SUÁREZ GIRALDO, por haber
incurrido en responsabilidad extracontractual atribuible exclusivamente
a mora y culpa del parte demandada por no cumplir efectivamente con

3 Luego de subsanada y admitida la demanda, mediante informe secretarial del 23 de abril de 2012, el juzgado 31
Laboral de Oralidad del Circuito de Bogotá remitió el proceso al juzgado adjunto 31 laboral del Circuito de Bogotá
(folio 337 del cuaderno 2), ante el cual, el 23 de abril de 2012, se llevó a cabo la audiencia de trámite en donde las
partes no conciliaron, se declaró la nulidad de lo actuado por falta de jurisdicción y se concedió recurso de
apelación en efecto suspensivo (folios 338 y 339 del cuaderno 2). El 31 de mayo de 2012, el Tribunal Superior del
Distrito de Bogotá – Sala Laboral decidió abstenerse de resolver la impugnación para garantizar la efectividad del
conflicto de competencias con la jurisdicción de lo contencioso administrativo (folios 344 y 345 del cuaderno 2). La
parte actora presentó recurso de súplica el 6 de junio de 2012 (folios 346 a 348 del cuaderno 2), el cual fue resuelto
de manera desfavorable mediante providencia del 5 de julio de 2012, por parte del Tribunal Superior de Bogotá –
Sala Laboral (folios 351 a 355 del cuaderno 2.)
4 Folios 360 del cuaderno 2.
5 Folios 363 a 368 del cuaderno 2.
6 Folio 372 del cuaderno 2.
7 Folios 388 a 420 del cuaderno 2.
8 Folios 422 a 423 del cuaderno 2.
9 Folios 424 a 432 del cuaderno 2.

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Radicado: 25000-23-26-000-2012-01176-01(54.567)
Demandante: Bertha Isabel Suarez Giraldo y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia

su aporte a sociedad SAMA LTDA., de acuerdo con lo expuesto en el
libelo, en la cantidad que resulte probada en el proceso.”

3. La parte actora fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones y hechos:

4. 1) La Nación, representada por el Ministerio, en su momento Ministerio de
Desarrollo Económico, es socio de la sociedad de economía mixta Salinas
Marítimas de Manaure - SAMA LTDA (en adelante SAMA), constituida
mediante Escritura Pública 135 de 21 de diciembre de 2004 de la Notaría
Única de Uribia, en la cual la Nación tiene una participación del 51%, según
el acto de creación. Sin embargo, a la fecha, la Nación no ha efectuado el
aporte al que se comprometió en el artículo 4 del acto de constitución y que
también se encuentra previsto en el artículo 2 de la Ley 773 de 2002,
mediante la cual se autoriza la creación de SAMA, consistente en “(…) la
totalidad de los activos vinculados al contrato de administración delegada
en lo relativo a las salinas marítimas de Manaure, Guajira (…)”

5. 2) Para los demandantes, el aporte de la Nación, además, constituía el
capital inicial de la sociedad y, ante la falta absoluta de su pago, SAMA
celebró un contrato de prestación de servicios profesionales jurídicos -sin
número-, del 7 de febrero de 2008 10, con Jorge Hernán Gil Echeverry con el
objeto de prestar (se transcribe):

“(…) asesoría jurídica que se requiera para la atención de los siguientes trámites
judiciales y administrativos:
Presentar las solicitudes y reclamaciones que sean pertinentes en relación al contrato
de sociedad y el contrato de concesión minera contenida en la Escritura Pública No.
135 del 21 de diciembre de 2004, de la notaría única de Uribia (Guajira).
Para tal efecto, el CONTRATISTA realizará las siguientes labores:
a) Reclamación extrajudicial a La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Ministerio de Minas y Energía, Instituto de Fomento Industrial IFI en liquidación e IFI
Concesión de Salinas.
b) Solicitud de conciliación extrajudicial ante el agente de ministerio público
acreditado ante el tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.
c) La tramitación del respectivo proceso arbitral, según los previstos en el artículo
trigésimo de los estatutos de Sama Ltda.
d) La tramitación de acciones por desacato de tutela y acción de cumplimiento, si
fuere el caso y agotada toda instancia de arreglo amistoso.
e) La solicitud de declaración de los presupuestos de la ineficacia, si fuere el caso y
la presentación de recursos ante la cámara de comercio.
Las reclamaciones, conciliaciones y el proceso arbitral tendrán como finalidad
primordial buscar la entrega real y materia a la sociedad Sama Ltda. de la totalidad
de los activos vinculados al contrato de administración delegada relativo a las Salinas
Marítimas de Manaure según relación que aparece en la constitución de Sama Ltda.,
así como la correspondiente indemnización de perjuicios por parte de La Nación,
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio Energía, Instituto de Fomento
Industrial IFI en Liquidación e IFI Concesión Salinas, por haber incumplido con la
entrega real y material. Igualmente tiene como fin obtener que se deje sin efectos la
Escritura Pública No. 1592 del 2007, de la notaría 70 de Bogotá mediante la cual se
declaró la ocurrencia de una condición resolutoria prevista en la constitución de
Sama Ltda.”

10 Folios 314 a 316 del cuaderno 1.

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Radicado: 25000-23-26-000-2012-01176-01(54.567)
Demandante: Bertha Isabel Suarez Giraldo y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia

6. 3) En desarrollo del contrato se tramitó proceso arbitral, que terminó con
laudo del 8 de septiembre de 2009, ejecutoriado el 15 de octubre de 2009,
en el cual el tribunal se declaró incompetente para resolver las pretensiones
relativas al incumplimiento en el pago efectivo del aporte y su
correspondiente indemnización, pero declaró la nulidad de la Escritura
Pública 1592 del 11 de octubre de 2007.

7. 4) En virtud de la nulidad de la Escritura Pública, la Nación debía restituir las
cuotas sociales equivalentes al 51% del total de cuotas. Además, para la
parte demandante, según el dictamen pericial practicado en el proceso
arbitral, el valor de los bienes objeto de aporte por parte de la Nación
ascendía a $113.508.004.670, para diciembre de 2004. Entonces, el valor de
los bienes objeto de restitución (51%) correspondía a 57.889.080.000. Y, en
virtud de lo anterior, la parte demandante consideró que se satisfizo el objeto
contractual y que se hacían acreedores de los honorarios pactados y, por
tanto, en aplicación de la cláusula tercera del contrato de prestación de
servicios profesionales jurídicos, estimó la suma adeudada por concepto de
honorarios en $8.683.362.000.

8. Dado que el representante legal de SAMA informó, en escrito de 12 de
enero de 2011, que la sociedad no contaba con recursos porque la Nación
no había efectuado el aporte a la sociedad y que el jefe de la oficina jurídica
del Ministerio, en comunicación de 13 de septiembre de 2011, se negó al
pago de los honorarios aduciendo que “(…) cualquier reclamación debe
dirigirse contra la Sociedad Salinas Marítimas de Manaure Ltda (…), la parte
demandante consideró que los honorarios profesionales por su gestión
debían ser asumidos por el Ministerio, en virtud de la consecuencia jurídica
prevista en el artículo 355 del Código de Comercio y de la presunta
responsabilidad civil extracontractual de la parte demandada.

1.2. Posición de la parte demandada

9. El Ministerio contestó la demanda11 y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones. Sostuvo que el contrato de prestación de servicios profesionales
lo suscribió solo Jorge Hernán Gil Echeverry, no Bertha Isabel Suarez Giraldo,
y que el contratante fue SAMA, no el Ministerio en representación de la
Nación, por lo que le correspondía a la sociedad “(…) honrar sus
compromisos con los abogados que representan dicha sociedad”.

10. En relación con la obligación de entrega de los activos que conformarían
el capital de SAMA, adujo que, en el artículo 55 del contrato social, se previó
una condición suspensiva, según la cual el Instituto de Fomento Industrial
Concesión de Salinas (IFI), en nombre de la Nación, debía efectuar la
entrega material de los activos una vez se hubiera celebrado el contrato de

11 Folios 443 a 478 del cuaderno 2.

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Radicado: 25000-23-26-000-2012-01176-01(54.567)
Demandante: Bertha Isabel Suarez Giraldo y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia

explotación con un operador privado. Por tanto, afirmó que la no
contratación de este último era la causa de que el IFI no hubiera efectuado
la entrega de los bienes a SAMA.

11. En relación con el estado de cumplimiento del contrato de prestación de
servicios profesionales y la validez del dictamen pericial como prueba de la
cuantía del perjuicio pretendido, como replica a los hechos 18 a 20 de la
demanda, afirmó que, además de que el Ministerio no fue parte en él, la
estimación del valor de los honorarios no podía basarse en un dictamen
pericial practicado en un proceso arbitral en el cual no se decretó ninguna
condena o indemnización a favor de SAMA. Además, resaltó que el laudo
arbitral negó todas las pretensiones indemnizatorias y de condena, incluida
la relativa a ordenar a la Nación – Ministerio a efectuar la entrega real y
material del aporte al que se obligó en el acto de creación de SAMA.

12. Propuso como excepciones de mérito la falta de agotamiento de
requisitos de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, la caducidad de
la acción, la falta de integración del contradictorio, la falta de legitimación
activa de Bertha Isabel Suarez Giraldo, la falta de legitimación pasiva en la
causa del Ministerio, la indebida interposición de la acción, “la tasación de
honorarios profesionales no vincula al Ministerio”, la inexistencia de las
obligaciones y cobro de lo no debido, el enriquecimiento sin causa del
demandante y la excepción genérica.

1.3. Sentencia recurrida

13. El 26 de febrero de 2015 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
profirió sentencia de primera instancia12, en la que declaró probada la
excepción de falta de legitimación activa en la causa en relación con Bertha
Isabel Suarez Giraldo y negó las pretensiones de la demanda.

14. Para el Tribunal, si bien aparecen como demandantes Bertha Isabel
Suarez Giraldo y Jorge Hernán Gil Echeverry, solo este último suscribió el
contrato de prestación de servicios profesionales jurídicos con SAMA y “(…)
no hay prueba de que dicha profesional hubiera intervenido como
apoderada sustituta dentro del proceso arbitral o de que hubiera tenido
injerencia en el mismo.” Además, consideró que si bien se aportó contrato
de cesión de derechos litigiosos “(…) no se solicitó la intervención como
litisconsorte ni la sucesión procesal a favor de la señora Bertha Isabel Suarez
Giraldo con base en este negocio jurídico realizado con posterioridad a la
fecha de presentación de la demanda, al tenor del artículo 60 del Código
de Procedimiento Civil, hoy 68 del Código General del Proceso, y por tal
razón deberá la Subsección declarar su falta de legitimación en la causa por
activa.”

12 Folios 734 a 750 del cuaderno del Consejo de Estado.

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y Turismo
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia

15. En relación con la falta de entrega material de los activos por parte de la
Nación - Ministerio a SAMA, el Tribunal consideró que el acto de constitución
“(…) condicionó la entrega física de los bienes a la contratación del
operador privado y al adelantamiento de las gestiones administrativas para
permitir el inicio de la concesión.” Por tanto, afirmó que Jorge Hernán Gil
Echeverry no probó el daño que pretendía fuera reparado pues “(…) no
acreditó la falla en la prestación del servicio encomendado a la Nación -
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ni que la misma hubiera sido la
causa adecuada del no pago de los honorarios pactados entre aquel u la
sociedad Salinas Marítimas de Manaure SAMA Ltda para el adelantamiento
del proceso arbitral (…)”

1.4. Recurso de apelación

16. El 24 de marzo de 2015 la parte demandante presentó recurso de
apelación13 en el que se opuso a la decisión de primera instancia por
considerar que el deber de efectuar los aportes tenía origen legal en el
artículo 2 de la Ley 773 de 2002, y no solo contractual, y que el aporte de la
Nación consistía en “(…) la transferencia a título de propiedad y la entrega
real y material de todos los activos vinculados a la explotación de las minas
de Manaure, pues no existe ni en la Ley 773 de 2002, ni en los estatutos,
ninguna reserva o manifestación en el sentido de que lo que se aporta es
simplemente la facultad de administrar o explotar los activos mencionados.”
Sostuvo, como consecuencia de lo anterior, que la omisión de realizar tal
aporte era atribuible a la Nación - Ministerio y, por tanto, también el pago de
sus honorarios profesionales, ante la falta de recursos de SAMA.

17. Indicó que el Tribunal desconoció los efectos internos y externos que
produce el no pago de los aportes en una sociedad de responsabilidad
limitada. Resaltó que “(…) en relación con los internos es cierto que solo la
sociedad tiene personería para demandar y requerir judicialmente al
incumplido (…)” con base en el artículo 125 del Código de Comercio. Sin
embargo, afirmó que en relación con terceros acreedores su régimen de
protección está en el artículo 355 del mismo Código, en virtud del cual, ante
el incumplimiento del pago de los aportes, además de las competencias de
la Superintendencia de Sociedades, la responsabilidad de los socios se
deduce como en la sociedad colectiva, es decir, de manera ilimitada y
solidaria.

18. Expuso que la falla en el servicio consistió en la omisión por parte de la
parte demandada, en representación de la Nación, de efectuar el aporte al
que estaba obligada en virtud del artículo 2 de la Ley 773 de 2002 y al que
se comprometió en el acto de creación de SAMA y, como consecuencia,
afirmó que el nexo causal para el pago de los honorarios tenía también

13 Folios 752 a 776 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Demandado: Nación – Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia

origen legal en el artículo 355 del Código de Comercio, que instituye la
responsabilidad solidaria e ilimitada entre los socios ante el no pago de los
aportes.

19. En cuanto a la legitimación activa de Bertha Isabel Suarez Giraldo sostuvo
que “debido a que la cesión cumplió con lo previsto en el Código Civil, sin
oposición alguna del Ministerio, esta debe ser tenida en cuenta en el proceso
(…)” y, además, que para la validez de la cesión de derechos litigiosos “(…)
no es obligación que el cesionario participe en el procesos como litisconsorte
pues el artículo 60 del Código de procedimiento Civil utiliza la expresión
“podrá”, no “deberá”, por tanto su participación es opcional, no
obligatoria.”

1.5 Trámite relevante en segunda instancia

20. En la oportunidad para alegar de conclusión la parte demandante14
insistió en los argumentos expuestos durante el proceso y enfatizó en que la
fuente del daño alegado no era el contrato de prestación de servicios sino,
según el artículo 355 del Código de Comercio, la solidaridad que surge entre
los socios cuando en una sociedad de responsabilidad limitada, como en
SAMA, no se efectúa el pago de los aportes. A su turno, la parte
demandada15 también insistió en los argumentos que planteó durante el
desarrollo del proceso, e hizo énfasis en que la responsabilidad por el pago
de los honorarios que se hubieran generado era de SAMA, y no del Ministerio,
y que, en cualquier caso, el dictamen pericial practicado en el tribunal de
arbitraje no constituía prueba del perjuicio y de su cuantía, pues no fue
objeto de traslado en debida forma, según el artículo 185 del Código de
Procedimiento Civil.

21. El magistrado Martín Bermúdez Muñoz manifestó impedimento para
actuar en el proceso porque fue asesor del IFI – Concesión Salinas en 2004 y
participó en la elaboración de la Escritura Pública de constitución de SAMA16,
el cual fue aceptado por los magistrados Ramiro Pazos Guerrero y Alberto
Montaña Plata17.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Análisis sustantivo – 2.2. Sobre la condena en costas

2.2. Análisis sustantivo

22. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia porque, con
independencia de la fuente del daño, la parte demandante incumplió con

14 Folios 790 a 799 del cuaderno del Consejo de Estado.
15 Folios 806 a 867 del cuaderno del Consejo de Estado.
16 Folio 886 del cuaderno del Consejo de Estado.
17 Folios 888 y 889 del cuaderno del Consejo de Estado.

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y Turismo
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la carga probatoria que le incumbía, pues no demostró la ocurrencia del
daño.

23. En relación con la legitimación activa en la causa, la Sala considera que,
a pesar de que la parte demandante aportó, mediante escrito de 13 de abril
de 2012, copia del contrato de cesión de derechos litigiosos de Jorge Hernán
Gil Echeverry a favor de Jorge Hernán Gil E S.A.S., sociedad representada en
la cesión por Bertha Isabel Suarez Giraldo 18, el juzgado laboral no le dio
trámite alguno y, por tanto, ésta no surtió efectos. Por otro lado, si bien Bertha
Isabel Suarez Giraldo aparecía como parte demandante, por
supuestamente pertenecer al equipo de trabajo de Jorge Hernán Gil
Echeverry, la Sala encuentra que no existe prueba que permita concluir que
haya sido parte del contrato de prestación de servicios profesionales jurídicos
o que haya desplegado alguna actividad en virtud de este. Por tanto, la Sala
también encuentra probada la falta de legitimación activa en la causa de
la referida profesional.

24. Ahora bien, para solucionar el caso concreto y evaluar la configuración
de la responsabilidad patrimonial del Estado es necesario recordar que, para
esta Corporación, en términos generales, el medio de control a elegir por el
demandante depende de la fuente u origen del daño que el actor pretende
que le sea reparado y/o de la naturaleza del acto que pretenda controvertir.
En aplicación de dicha construcción, se evidencia que la parte demandante
afirmó que el daño se derivó de dos fuentes: por un lado, del no pago de los
honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios profesionales
jurídicos celebrado con SAMA, evento en el cual la acción debería ser la de
controversias contractuales y, por el otro, del no pago de los aportes por
parte de la Nación a SAMA, lo cual implicó iliquidez y falta absoluta de
patrimonio de la sociedad, evento en el cual la acción debería ser la de
reparación directa.

25. Al margen de la idoneidad de la acción de reparación directa para
tramitar la presente controversia, en procura de que prime el derecho
sustancial sobre el formal y de salvaguardar el derecho de acceso a la
administración de justicia, la Sala interpretará las pretensiones con el
propósito de que la sentencia refleje una verdad judicial que se acerque lo
más posible a la verdad real19.

26. En este orden de ideas, debe advertirse que, incluso si se verificara una
actuación irregular del Ministerio, bien sea por el no pago de los aportes de
la Nación a SAMA o por el no pago de los honorarios por los que debe
responder de manera solidaria e ilimitada, la parte demandante tenía la
carga de probar que ello tuvo un efecto adverso en su patrimonio, ya que,

18Folio 335 y 336 del cuaderno 2.
19Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 19 de
noviembre de 2021, Exp. 45.728S

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y Turismo
Referencia: reparación directa
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la reparación, con independencia de la fuente, sólo procede una vez
probado el daño y cuantificado el perjuicio. En otras palabras, la conducta
estatal desviada, pero sin daño probado, no genera responsabilidad
alguna20.

27. Entonces, si se entendiera que la fuente directa del daño21 fue el no pago
de los honorarios contractuales, en aplicación del CCA, la acción
procedente sería la de controversias contractuales. Sin embargo, luego del
requerimiento efectuado por el Tribunal, el actor adecuó, de forma
autónoma, su demanda y la presentó en ejerció de la acción de reparación
directa, acción procesal que no resulta idónea para reclamar el no pago de
honorarios pactados en un contrato.

28. Con todo, y en gracia de discusión, si a través de la acción de reparación
directa se pudiera tramitar la pretensión de pago de honorarios
contractuales, el actor no probó el surgimiento de la obligación de pago, es
decir, su cumplimiento satisfactorio del objeto contractual y, por el contrario,
se limitó a efectuar una negación indefinida que, en este caso, no produce
los efectos previstos en el artículo 177 del CPC porque debía probar que
surgió la obligación contractual de pago, esto es, que cumplió el objeto
contractual.

29. En efecto, el actor aportó, como prueba del presunto daño causado, el
contrato de prestación de servicios profesionales jurídicos -sin número- del 7
de febrero de 200822, que en la cláusula tercera prevé (se trascribe):

“TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio del presente contrato es de cuantía
indeterminada y bajo la modalidad de cuota litis, que se pagará en la siguiente forma:
a) Por el arreglo extrajudicial, conciliación o transacción, una tarifa equivalente al 20%
del valor de la transacción.
b) En caso de no lograrse acuerdo extrajudicial se pagará el 30% aplicado al valor de
la condena efectuada a favor del CONTRATANTE.
PARAGRAFO: Para la tasación de los honorarios, (sic) se tendrá en cuenta el valor
razonable de los bienes objeto de restitución o entrega según el acuerdo extrajudicial o
sentencia judicial.
PARAGRAFO SEGUNDO: Por cuanto el trabajo se realizará por un grupo de respaldo, el
75% de los honorarios pactados será cancelado a favor de los otros miembros del grupo
de trabajo, según documento adjunto.”

30. Además, también como prueba del no pago de los honorarios aportó
comunicación del 13 de septiembre de 2011, en la que el jefe de la oficina
jurídica del Ministerio negó el pago de los honorarios contractuales
aduciendo que “(…) cualquier reclamación debe dirigirse contra la
Sociedad Salinas Marítimas de Manaure Ltda (…)”23 y una comunicación del

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 03 de
septiembre de 2020, Exp. 42.003
21 Las condiciones de existencia del daño “(…) los elementos necesarios para que el daño exista. Se menciona

entonces que el daño debe ser personal, directo y cierto. El carácter directo del daño se explica con base en la
distinción entre daño y perjuicio: el daño es entendido como la alteración material exterior y el perjuicio como las
consecuencias de dicha alteración; el carácter directo es entendido como el hecho de que el perjuicio provenga
o sea consecuencia del daño.” Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004, exp. D-4695
22 Folios 314 a 316 del cuaderno 1.
23 Folios 219 y 220 del cuaderno 1.

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Radicado: 25000-23-26-000-2012-01176-01(54.567)
Demandante: Bertha Isabel Suarez Giraldo y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia

12 de enero de 2011, emitida por el representante legal de SAMA, señor Jorge
Ibarra24, en la que le informó a Jorge Hernán Gil Echeverry lo siguiente (se
transcribe):

“Con relación a la reclamación de sus honorarios y los que le corresponde a la Dra.
Bertha Isabel Suarez y según contrato suscrito por el anterior representante legal,
Armando Valbuena, originados en el proceso Arbitral instaurado por SMA Ltda y otros
contra el Ministerio de Comercio, Ministerio de Minas e IFI y que culminó con laudo
parcialmente favorable de fecha septiembre 8 de 2009, me permito manifestarle que
SAMA LTDA se encuentra en imposibilidad de pagarle los honorarios puesto que carece
de bienes por cuanto el Estado no ha cumplido con la entrega y transferencia de los
activos vinculados a la explotación de las salinas de Manaure, que corresponden al
único patrimonio de la sociedad.”

31. Para la Sala, dicho material probatorio no permitiría demostrar de manera
clara y precisa la ocurrencia del daño, derivada del cumplimento del
contrato y del no pago de los honorarios. En efecto, tal como está
demostrado, por un lado, el Laudo Arbitral accedió sólo parcialmente a las
pretensiones instauradas, sin efectuar ningún tipo de condena monetaria, ni
ordenar la transferencia, restitución o entrega de bienes a favor de SAMA25
y, por el otro, según el parágrafo de la cláusula tercera del contrato de
prestación de servicios profesionales -transcrito-, la “tasación” de los
honorarios dependía de los bienes que se restituyeran o entregaran según “el
acuerdo extrajudicial o sentencia judicial”.

32. Por lo tanto, si tal como está probado por el reconocimiento expreso de
las partes procesales, la Nación no ha efectuado los aportes a los que se
obligó en la Escritura de constitución de SAMA entonces, en estricto sentido,
producto de la gestión profesional de la parte demandante no hubo entrega
o transferencia de bienes a favor de SAMA que permitan, por un lado,
concluir que la obligación de pago de los honorarios surgió y, por el otro,
cuantificar su monto, según el porcentaje que se pactó como cuota litis en
el contrato de prestación de servicios profesionales y que, según la
demanda, constituyen el perjuicio causado. En suma, en una controversia
contractual, para probar la ocurrencia del daño no basta con la afirmación
indefinida de no pago de los honorarios, pues a la parte demandante
también le corresponde demostrar, de manera clara y precisa, que la
obligación de pagarlos se configuró.

33. Además, la parte demandante tampoco logró demostrar el perjuicio,
derivado del presunto no pago de los honorarios profesionales, ni su cuantía.
En efecto, en la demanda indicó que aportaba “(…) todos los documentos
remitidos por el juez 31 laboral del circuito”26 de Bogotá y solicitó que se
oficiara a la Notaria 77 de Bogotá para que remitiera copia parcial de la
Escritura Pública 02125 de 201127, a través de la cual se protocolizó el Laudo

24 Folio 318 del cuaderno 1.
25 Folios 201 a 205 del cuaderno 1.
26 Folio 416 del cuaderno 2.
27 Acápite de pruebas de la demanda, folios 416 y 417 del cuaderno 2.

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Demandante: Bertha Isabel Suarez Giraldo y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia

Arbitral en el que se anuló Escritura Pública 1592 del 11 de octubre de 200728,
mediante la cual la Nación protocolizó la condición resolutoria de cesión de
sus derechos y retomó su participación en SAMA, correspondiente al 51% del
capital social29.

34. No obstante, dentro de los documentos que obran en el proceso laboral,
que fueron solicitados como pruebas documentales y que fueron remitidos a
esta jurisdicción reposa solamente una página correspondiente a la “Copia
del peritazgo (sic), página 211, del segundo peritaje INCORBANK parte 1”30
De hecho, la misma parte demandante aduce de manera expresa y
reiterada que dicho documento constituye prueba del perjuicio que
pretende sea reparado31.

35. En la contestación el Ministerio se opuso y, al referirse al hecho 18 de la
demanda, afirmó que “en el Laudo Arbitral (…) no se efectuó ninguna
condena contra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por perjuicios o
indemnizaciones, debido a la entrega real y material del aporte a la
Sociedad SAMA LTDA, por lo tanto, si bien es cierto que se efectuó el citado
peritazgo (sic), los resultados del mismo, conforme a lo decidido por el
Tribunal de Arbitramento, no fueron vinculantes al mismo”32 y propuso la
excepción de mérito denominada “la tasación de honorarios profesionales
no vincula al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”, en la que expuso
las razones por las que el dictamen pericial practicado en el Tribunal de
Arbitramento no era prueba para determinar los honorarios pretendidos 33.

36. Para la Sala es claro que esa prueba documental -folio 211 del dictamen
pericial practicado en el proceso arbitral-, además de no cumplir con los
requisitos para ser valorada como prueba trasladada34, por no haber sido
practicada en el proceso primitivo (tribunal arbitral) a petición de la parte
contra quien se aduce o con audiencia de ella 35, según el artículo 185 del
CPC, tampoco constituye, por sí sola, un elemento demostrativo del perjuicio
alegado, que lleve al juzgador al convencimiento de su existencia y
cuantificación y, por tanto, ante el incumplimiento de la carga probatoria de
la parte demandante, si se hubiera tramitado una controversia contractual,

28 Cuaderno 3.
29 Folios 479 a 489 del cuaderno 2.
30 Numeral 9 de la solicitud de pruebas documentales en la demanda laboral, folio 17 del cuaderno 1, y página 211

del peritaje de Incorbank, folios 107 y 218 (idénticos) del cuaderno 1.
31 Hechos 18 a 23 de la demanda. Folios 393 y 394 del cuaderno 2.
32 Folio 459 del cuaderno 2.
33 Folio 474 y 475 del cuaderno 2.
34 “En cuanto a la prueba trasladada, la Sala observará el precedente según el cual procede su valoración en el

proceso contencioso administrativo siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del C.P.C., esto es, en la
medida en que el proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce
o, con su audiencia, por cuanto se protege el derecho de contradicción y publicidad de la prueba, el cual solo se
dará en la medida en que las partes tengan conocimiento de ellas, y teniendo en cuenta las excepciones en
relación con la ratificación de testimonios.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, Sentencia del 19 de noviembre de 2021, Exp. 52.814.
35 En el trámite del Laudo de Arbitramento el dictamen pericial, del que hace parte la página 211, se practicó a

solicitud de quien funge, en este proceso, también como parte demandante, folios 567 y 568 del cuaderno 2, y la
parte convocada solicitó un dictamen técnico en finanzas para estimar los “(…) gastos en que tiene que incurrir el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como consecuencia de su calidad de socio de SAMA (…), folio 568 del
cuaderno 2.

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Radicado: 25000-23-26-000-2012-01176-01(54.567)
Demandante: Bertha Isabel Suarez Giraldo y otro
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y Turismo
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia

no habría lugar a que la parte demandada sea condenada a efectuar la
reparación pretendida.

37. Por otro lado, si se tomara como fuente del daño el no pago de los
aportes por parte de la Nación a SAMA, se estaría ante un evento de
responsabilidad patrimonial extracontractual, el cual, en aplicación del CCA,
sí debería tramitarse a través de la acción de reparación directa. Sin
embargo, en este evento, y aún si se aplica el artículo 355 del Código de
Comercio para reconfigurar la responsabilidad limitada de los socios de
SAMA, producto del no pago de los aportes sociales, y deducirla como en
las sociedades colectivas, es decir, responsabilidad solidaria e ilimitada, la
fuente directa del eventual daño que alega la parte demandante seguiría
siendo el no pago de los honorarios contractuales, y no la falta de pago de
los aportes sociales.

38. Está demostrado que la Nación no ha efectuado los aportes a los que se
comprometió en SAMA, sin embargo, si ello produjera un daño tendría
efectos dañinos directos respecto de los otros socios, no en los acreedores
contractuales de la sociedad. Éstos últimos, de verse dañados, tendrían
como fuente directa el incumplimiento de los negocios jurídicos que los
vincularon con la sociedad y, ante el no pago de los aportes, según el
referido artículo 355 del Código de Comercio, podrían reclamar de cualquier
socio el cumplimiento del contrato, lo cual incluye el pago de los honorarios
contractuales. Por lo tanto, queda claro que de la falta de pago de los
aportes por parte de la Nación a SAMA no se configura un daño directo36 a
los acreedores contractuales de esta última.

39. Así las cosas, la Sala encuentra que la parte demandante incumplió la
carga probatoria que le incumbía, de conformidad con el artículo 177 del
CPC, pues, con independencia de la fuente del daño, no demostró su
ocurrencia, dado que no acreditó de manera clara y precisa, durante el
proceso, ni el efecto adverso que se radicó en su patrimonio, ni el monto al
que ascendía el daño o los honorarios que presuntamente no le fueron
sufragados. Por tanto, si el perjuicio que se alega requiere de prueba, la
omisión de satisfacer dicha carga impide acceder al reconocimiento de
este37.

2.2. Sobre la condena en costas

40. La Sala se abstendrá de condenar en costas, pues no se configuran los
supuestos del artículo 171 del CCA.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 06 de
agosto de 2021, Exp. 49.133; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, , Sentencia
del 07 de abril de 2011, Exp. 17.612; entre otras.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 07 de

diciembre de 2021, Exp. 54.626; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, Sentencia del 19 de noviembre de 2021, Exp. 51.915.

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Demandado: Nación – Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia

3. DECISIÓN

41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, de 26 de febrero de 2015, que negó las
pretensiones de la demanda, según las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: sin condena en costas.

Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
(con impedimento) (con aclaración de voto)

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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