Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01023-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01023-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01023-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
26 de octubre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01023-01
Demandante: Jorge Hernán Gil Echeverry
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01023-01
Demandante: JORGE HERNÁN GIL ECHEVERRY
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra sentencias que denegaron pretensiones de reparación
directa. No cumple los requisitos de subsidiariedad ni relevancia
constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
del 29 de junio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que denegó la tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 24 de febrero de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado
judicial, Jorge Hernán Gil Echeverry pidió la protección del derecho fundamental al
debido proceso.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del
23 de noviembre de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que, en segunda instancia, confirmó la decisión de denegar las
pretensiones de la demanda de reparación directa interpuesta por Bertha Isabel Suarez
Giraldo y Jorge Hernán Gil Echeverry contra el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo (expediente 25000-23-26-000-2012-01176-01).
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Tutelar, de manera inmediata los derechos constitucionales fundamentales ya
enunciados de mi poderdante y los que como juez constitucional, encuentre vulnerados por el
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN B, POR HABER DICTADO LA SENTENCIA DEL 23 DE NOVIEMBRE
DE 2022, Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA, NOTIFICADA POR EDICTO
ELECTRÓNICO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, en el expediente con radicado número 25000-
23-26-000-2012-01176-01 (54.567).
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, dictar la sentencia de reemplazo revocando la
decisión impugnada mediante la presente acción constitucional y accediendo a las pretensiones
en la forma como fueron propuestas en la demanda inicial.
TERCERO: De manera opcional, si no considera procedente dictar la sentencia de reemplazo,
remitir el expediente a la Sala que profirió la sentencia atacada por vía de tutela para que esta
profiera sentencia de acuerdo con los lineamientos señalados por el Juez Constitucional
accediendo a las pretensiones de la demanda inicial.
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Demandante: Jorge Hernán Gil Echeverry
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Bertha Isabel Suárez Giraldo y Jorge Hernán Gil Echeverry interpusieron demanda
ordinaria laboral contra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y reclamaron el
pago de los honorarios causados por los servicios profesionales suministrados a SAMA
Ltda., con ocasión de un proceso arbitral que promovieron en nombre de dicha
sociedad. La demanda, en resumen, indicó que el Ministerio de Comercio era
responsable del pago de honorarios, toda vez que no pagó los aportes pactados con
SAMA y eso derivó en iliquidez y falta de pago de dichos honorarios.
El Juzgado 31 Adjunto Laboral de Bogotá declaró la falta de jurisdicción y envió el
expediente a los juzgados administrativos de Bogotá.
Por auto del 28 de septiembre de 2012, el Juzgado 26 Administrativo de Bogotá declaró
la falta de competencia por razón de la cuantía del asunto ($8.683.362.000) y envió el
expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Mediante auto del 30 de julio de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, ordenó a los demandantes que aclararan la acción que
pretendían presentar y que adecuaran las pretensiones.
Bertha Isabel Suarez Giraldo y Jorge Hernán Gil Echeverry adecuaron la demanda a la
acción de reparación directa y formularon las siguientes pretensiones:
1. Declarar administrativamente responsable al ente demandado, Nación, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de los perjuicios causados a mis poderdantes a causa de su omisión en
efectuar y pagar el aporte a que estaba obligada como socio a la sociedad SAMA LTDA, lo que
generó la iliquidez y falta absoluta de patrimonio de la aludida sociedad y la consecuente
incapacidad de la misma para pagar a mis poderdantes los honorarios causados teniendo en
cuenta que la sociedad carece en absoluto de bienes. Esta omisión genera la responsabilidad
extracontractual del ente demandado en virtud de que, al incumplir su obligación de realizar los
aportes debidos, quedó incurso en la consecuencia jurídica establecida en el artículo 355 del
Código de Comercio, conforme al cual cuando no se efectúan los aportes, los socios de la
sociedad limitada responderán por los pasivos sociales como un socio de la sociedad colectiva,
es decir, de manera solidaria e ilimitada.
2.- Condenar, en consecuencia, al ente demandado, Nación, Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, a pagarles a mis representados los perjuicios irrogados, que corresponden a los
honorarios profesionales causados en el contrato de prestación de servicios suscrito con SAMA,
según lo especificado en los hechos de esta demanda, que se estiman en la suma de
$8.683.362.000, más la indexación y los correspondientes intereses corrientes y de mora hasta la
fecha de ejecutoria de la sentencia y los que se causen con posterioridad, hasta la fecha del pago
efectivo de las sumas de condena, de los cuales el 66% le corresponden al Dr. GIL ECHEVERRY
y el 34% a la doctora SUÁREZ GIRALDO, por haber incurrido en responsabilidad extracontractual
atribuible exclusivamente a mora y culpa del parte demandada por no cumplir efectivamente con
su aporte a sociedad SAMA LTDA., de acuerdo con lo expuesto en el libelo, en la cantidad que
resulte probada en el proceso.
Por sentencia del 26 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, dispuso lo siguiente:
(i) Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de Bertha Isabel
Suarez Giraldo, toda vez que el contrato de prestación de servicios
profesionales con la sociedad SAMA Ltda. fue suscrito únicamente por el
señor Jorge Hernán Gil Echeverry.
(ii) Denegar las pretensiones de la demanda de reparación directa, porque no se
probó la falla en el servicio, en la medida en que no se cumplió la condición
para la entrega del aporte proveniente de la Nación, esto es, «la entrega física
de los bienes a la contratación del operador privado y al adelantamiento de las
gestiones administrativas para permitir el inicio de la concesión». Que el
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demandante no acreditó que la falta de entrega del aporte de la Nación
«hubiera sido la causa adecuada del no pago de los honorarios pactados entre aquel
y la sociedad Salinas Marítimas de Manaure SAMA Ltda para el adelantamiento del
proceso arbitral».
La parte actora apeló, pues, en su criterio, la falta de entrega del aporte constituye falla
en el servicio, por desconocimiento de lo previsto en el artículo 2 de la Ley 773 de 2002
y el acto de constitución de SAMA Ltda. Que, justamente, la ausencia de dicho aporte
derivó en la imposibilidad de pago de los honorarios causados por el trámite de proceso
arbitral promovido en nombre de SAMA Ltda. Que, además, debía tenerse en cuenta lo
previsto en los artículos 125 y 355 del Código de Comercio, en cuanto a la
responsabilidad derivada del incumplimiento en el pago de aportes. Que la señora
Bertha Isabel Suárez Giraldo tiene interés, por haber adquirido los derechos litigiosos,
pero sin que sea necesaria su intervención, de conformidad con el artículo 60 del
Código de Procedimiento Civil.
Por sentencia del 23 de noviembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, confirmó la decisión de primera instancia.
En cuanto a la señora Suárez Giraldo, estimó que no tiene legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que la cesión de derechos litigiosos no surtió efectos, por carecer
de reconocimiento judicial. Que, además, «si bien Bertha Isabel Suárez Giraldo aparecía
como parte demandante, por supuestamente pertenecer al equipo de trabajo de Jorge Hernán
Gil Echeverry, la Sala encuentra que no existe prueba que permita concluir que haya sido parte
del contrato de prestación de servicios profesionales jurídicos o que haya desplegado alguna
actividad en virtud de este».
En relación con las pretensiones del señor Gil Echeverry, la autoridad judicial
demandada consideró que, con independencia de la fuente del daño, lo cierto es que
la parte actora no acreditó la ocurrencia del daño, puesto que no se demostró el
surgimiento de la obligación de pago, esto es, el cumplimiento satisfactorio del objeto
pactado en el contrato de prestación de servicios profesionales.
Que la parte actora tampoco demostró el perjuicio causado por la supuesta falta de
pago de honorarios profesionales, pues ninguna de las pruebas documentales obrantes
en el expediente de reparación directa lo acreditó.
Uno de los magistrados de la Sala de Decisión aclaró el voto, en el sentido de explicar
que la parte actora no demostró el daño causado por la supuesta omisión endilgada a
la entidad demandada. Que «el pago de los honorarios adeudados al contratista demandante
no dependía de la supuesta obligación legal desatendida, sino del cumplimiento de las
condiciones pactadas en el contrato de prestación de servicios, además, el deudor de la
obligación de pago era SAMA por virtud del contrato de prestación de servicios, no el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo».
4. Fundamentos de la acción de tutela
Preliminarmente, la parte actora adujo que la tutela cumple los requisitos generales de
procedibilidad. Que el asunto reviste relevancia constitucional, por evidenciarse la
vulneración de los derechos al debido proceso y a la propiedad privada y el principio de
legalidad. Que fueron agotados los mecanismos de defensa disponibles en el trámite
del proceso de reparación directa. Que la tutela fue interpuesta en un término
razonable, por cuanto la sentencia cuestionada fue notificada por estado electrónico del
16 de diciembre de 2022. Que los errores identificados tuvieron un efecto determinante
en el sentido de la decisión.
En cuanto al fondo del asunto, la parte actora adujo que la sentencia del 23 de
noviembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
incurrió en los siguientes defectos:
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Violación directa de los artículos 29 y 31 de la Constitución Política, por
desconocimiento del principio de non reformatio in pejus. Que fue desmejorada la
situación del señor Gil Echeverri, pese a ser apelante único, en los siguientes aspectos:
(i) que la decisión de primera instancia del proceso ordinario tuvo por demostrado el
elemento daño y en segunda instancia fue desestimado; (ii) que la procedencia de la
acción de reparación directa no fue objeto de discusión en primera instancia y en
segunda instancia fue estudiada; (iii) que la causación de honorarios tampoco fue objeto
de cuestionamiento en primera instancia y en segunda instancia fue desestimada, y (iv)
que en primera instancia se tuvo por cumplido el objeto del contrato de prestación de
servicios y en segunda se desestimó la causación de honorarios, por no haber condena
monetaria en el proceso arbitral.
Fáctico, toda vez que «no obstante que la cuantía del perjuicio fue tenida por debidamente
probada y acreditada por el Tribunal de Cundinamarca, y el Consejo de Estado no podía
pronunciarse sobre ella por no ser objeto de apelación, al hacerlo, igualmente incurre en vía
judicial de hecho por defecto fáctico al manifestar que el dictamen pericial practicado en el
proceso arbitral y acompañado a la demanda de reparación directa no puede ser tomado como
prueba trasladada pues, supuestamente, dicho peritaje no se realizó con audiencia y facultad
de contradicción por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo».
Que dicho dictamen pericial sí fue practicado con contradicción del Ministerio de
Comercio, toda vez que dicha entidad fue parte en el proceso arbitral del que proviene
dicho peritaje. Que «los dictámenes periciales aportados con la demanda de reparación
directa fueron decretados y practicados dentro del proceso arbitral y de los mismos se corrió
traslado a las partes, incluido el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por lo que sí
corresponden a pruebas aportadas con audiencia de las partes contra las que se invocan, es
decir, contra el Ministerio».
Que los perjuicios sí pueden deducirse de la mora reconocida por la falta de pago de
los aportes de la Nación – Ministerio de Comercio a la sociedad SAMA Ltda.
($179,069,041,953). Que sobre dicha suma debía aplicarse la participación pactada
como cuota litis del 15 % en el contrato de prestación de servicios profesionales.
Que el laudo arbitral sí determinó un beneficio económico, toda vez que ordenó que la
participación del Ministerio de Comercio en la sociedad SAMA (51 %) fuera restituida a
las comunicades indígenas, que asciende a $91.325.211.396. Que « si el Ministerio
estaba adeudando $179.079.041.953 millones de pesos a SAMA Ltda., a la fecha en que se
reclamó el pago de los honorarios, (13 de septiembre de 2011), significa que esa deuda
incrementaba el patrimonio de SAMA Ltda., al momento del reclamo y la negativa del pago
de honorarios por parte del Ministerio; y si sobre esa deuda se toma el 51% correspondiente a
las cuotas sociales que en el laudo arbitral se ordenó retornar a las comunidades WAYÚU, nos
da una cifra de $91.325.211.396.oo, que es el valor de las participaciones sociales de las
comunidades WUAYÚU, y si sobre ese 51% se aplica el 15% del valor de los honorarios
reclamados en el proceso, la cuantía de lo adeudado al Dr. GIL, sería la suma de
$13.698.781.709.oo cifra muy superior a lo pedido en la demanda».
Orgánico, por cuanto la autoridad judicial demandada carecía de competencia frente a
situaciones que fueron favorables a la parte actora en la primera instancia del proceso
de reparación directa y que, por lo tanto, ni siquiera fueron objeto de la apelación.
5. Intervenciones
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, manifestó que la sentencia
cuestionada da cuenta de los argumentos necesarios para que el juez de tutela adopte
la decisión que corresponda.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dijo que carece de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que la vulneración se predica exclusivamente frente al
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sostuvo que, en todo caso, la
acción de tutela es improcedente, por cuanto es ejercida para reabrir el debate agotado
en el proceso de reparación directa y carece de debida sustentación. Agregó que la
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tutela no cumple el requisito de inmediatez, «siendo que la misma se presenta contra un
fallo del 16 de diciembre de 2022 y solo hasta el mes de mayo de 2023 se radica la misma».
6. Sentencia impugnada
Mediante sentencia del 29 de julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, denegó la tutela, previas las siguientes consideraciones:
Que la tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad. Que los hechos que
causaron la vulneración están debidamente identificados. Que la sentencia cuestionada
no es pasible de recursos, por ser de segunda instancia. Que la tutela fue interpuesta
en un término razonable, pues la sentencia cuestionada fue notificada el 23 de
noviembre de 2022 y la demanda fue radicada el 24 de febrero de 2023. Que el asunto
tiene relevancia constitucional, por cuanto «se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental como consecuencia de un defecto fáctico y orgánico en que presuntamente
incurrió la autoridad judicial demandada».
Que no hubo defecto fáctico, toda vez que el tema del dictamen pericial aportado al
proceso de reparación directa y proveniente del proceso arbitral sí fue objeto de estudio
y encontró razonablemente que no podía tenerse como prueba trasladada, por no
cumplirse los requisitos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil. Que « el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B actuó con apego a lo dispuesto por la
normatividad aplicable al caso» y la parte actora pretende cuestionar la razonabilidad de
la valoración probatoria.
Que tampoco se evidencia defecto orgánico, puesto que « no encuentra esta Sala de
Subsección que en el presente asunto se haya hecho más gravosa la situación del apelante
único, de manera que se hubiese podido configurar la causal específica de procedibilidad
alegada». Que lo cierto es que las conclusiones adoptadas en la providencia
cuestionada no resultan caprichosas o contraevidentes.
Un magistrado de la Sala de Decisión aclaró el voto, pues, en su criterio, la tutela no
cumplió el requisito de subsidiariedad. Explicó que la sentencia cuestionada es pasible
de recurso extraordinario de revisión, por la causal de nulidad originada en la sentencia.
7. Impugnación
La parte demandante impugnó la sentencia del 29 de julio de 2023. En síntesis, dijo lo
siguiente:
Que sí ocurrió el defecto fáctico, por cuanto «los dictámenes periciales aportados con la
demanda de reparación directa fueron decretados y practicados dentro del proceso arbitral y
de los mismos se corrió traslado a las partes, incluido el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, por lo que sí corresponden a pruebas aportadas con audiencia de las partes contra
las que se invocan, es decir, contra el Ministerio».
Que, de hecho, el laudo arbitral del 8 de septiembre de 2009, aportado con la demanda
de reparación directa, señala que el dictamen pericial fue objeto de traslado a la parte
convocada, esto es, el Ministerio de Comercio. Que, siendo así, sí fueron cumplidos los
requisitos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil.
Que la responsabilidad económica del Ministerio de Comercio está debidamente
sustentada en lo previsto en los artículos 125 y 355 del Código de Comercio. Que, de
hecho, la propia sentencia cuestionada reconoce que sí hubo mora en el pago del
aporte.
Que lo cierto es que el incumplimiento acarrea intereses de mora y, en ese sentido,
reiteró la liquidación de honorarios propuesta en la demanda de tutela
($13.698.781.709).
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Que sí hubo defecto orgánico por desconocimiento del principio de non reformatio in
pejus, por cuanto fueron modificados aspectos que habían resultado favorables en la
decisión de primera instancia del proceso ordinario, relacionados con el reconocimiento
del daño, la vía procesal escogida, la causación de honorarios y la existencia de un
beneficio económico para calcular la cuota litis.
8. Trámite de segunda instancia
Por auto del 19 de septiembre de 2023, el Despacho Sustanciador dispuso el sorteo de
conjuez, toda vez que, en sesión del 28 de septiembre de 2023, el proyecto de
sentencia no obtuvo la mayoría necesaria.
El 4 de octubre de 2023, la Presidencia de la Sección Cuarta procedió al sorteo de
conjuez y resultó designado el doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. La designación
fue comunicada mediante correo electrónico del 10 de octubre de 2023.
Sin embargo, en la Sala del 26 de octubre de 2023, la sentencia obtuvo la mayoría
necesaria para su aprobación. Por lo tanto, se desplaza al conjuez que se había
designado.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por Jorge
Hernán Gil Echeverry para dejar sin efectos la sentencia del 23 de noviembre de 2022,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que confirmó la
decisión de denegar las pretensiones de la demanda de reparación directa interpuesta
contra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
La Sala anticipa que revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, declarará la
improcedencia de la acción de tutela, porque no se cumplen los requisitos generales de
subsidiariedad ni de relevancia constitucional. Sobre la violación directa de la
Constitución y el defecto orgánico por presunto desconocimiento del principio de non
reformatio in pejus, la Sala el demandante puede ejercer el recurso extraordinario de
revisión, bajo la causal de nulidad originada en la sentencia. Frente al defecto fáctico,
no se evidencia relevancia constitucional, por cuanto la discusión propuesta con
respecto a la validez probatoria del dictamen pericial aportado al proceso de reparación
directa no tiene incidencia en la razón fundamental que sustentó la decisión de denegar
las pretensiones.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la subsidiariedad, (iii) la relevancia constitucional, (iv) la
procedencia del recurso extraordinario de revisión para reclamar la protección de los
principios de congruencia y non reformatio in pejus y (v) el análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
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específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.
3. La subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela «solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Eso quiere decir
que la subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza
excepcional de este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción
de tutela debe ser el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable3. Este requisito busca, en última instancia,
asegurar que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de
derechos fundamentales en circunstancias excepcionales.
4. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.
En cuanto al tercer criterio, la Sala entiende que la demanda de tutela debe dar cuenta
de cuestionamientos concretos frente a la providencia cuestionada, esto es, debe existir
una correlación entre los argumentos de la tutela y los principales fundamentos de la
providencia judicial cuestionada. La idea es evitar que la acción de tutela sea utilizada
para proponer argumentos que nada tienen que ver con la razón fundamental de la
decisión judicial atacada.
5. La procedencia del recurso extraordinario de revisión para reclamar la
protección de los principios de congruencia y non reformatio in pejus
El recurso extraordinario de revisión4 es un medio de impugnación excepcional de las
sentencias ejecutoriadas, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada para
restablecer tanto el imperio de la justicia como del ordenamiento jurídico que suelen
resultar desconocidos por hechos externos al proceso judicial5.
El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 establece que el recurso extraordinario de
revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales y jueces administrativos.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
3 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-543 de 1992.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de abril de 2004. M.P. María
Inés Ortiz Barbosa, expediente de N° 1999-0194.
5 En cuanto a la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión, ver, entre otras, providencia del 30 de
noviembre de 2011, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente N° 1999-0207,
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Por su parte, el artículo 250 de esa misma ley enlista las causales por las que procede
este recurso, así:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con
los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por
ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho
para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
Como se ve, en principio, la violación de los principios de congruencia y non reformatio
in pejus no está enlistada como una de las causales para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión.
Sin embargo, a partir de los casos estudiados por las Salas Especiales de Decisión, así
como de las Salas de Sección, cuando resuelven recursos extraordinarios de revisión,
se advierte que existe una línea jurisprudencial pacífica sobre la procedencia del
recurso extraordinario de revisión para la protección de los principios de congruencia y
non reformatio in pejus, por la vía de la causal de «nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
En efecto, la Sala 22 Especial de Decisión, en sentencia del 2 de febrero de 2016,
expediente 11001-03-15-000-2015-02342-00, sostuvo que «es procedente el recurso
extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o
única, si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica
una actuación sin competencia».
La Sala 14 Especial de Decisión, en sentencia del 5 de abril de 2016, expediente 11001-
03-15-000-2008-00320-00, indicó que «la jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la sentencia […] violar el
principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada)».
La Sala 10 Especial de Decisión, en sentencia del 1° de noviembre de 2016, expediente
11001-03-15-000-2012-00230- 00, advirtió que la nulidad originada en la sentencia
puede ocurrir por «violar el principio de la non reformatio in pejus [como cuando se condena
al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por
causa distinta a la invocada]».
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 20 de marzo
de 2018, expediente 11001-03-25-000-2013-01303-00, sostuvo que «dentro de las
situaciones procesales para que prospere el recurso extraordinario de revisión se encuentra
proferir la sentencia desconociendo los principios de congruencia y la non reformatio in pejus».
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01023-01
Demandante: Jorge Hernán Gil Echeverry
La Sala Octava6 Especial de Decisión, en sentencia del 6 de febrero de 2018,
expediente 11001-03-15-000-2016-01127-00, indicó que la nulidad originada en la
sentencia «se presenta en los casos en los que se dicta la sentencia en un proceso terminado
por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido y
antes de la oportunidad para reanudarlo y cuando la sentencia aparece firmada con menor o
mayor número de Magistrados o adoptada con un número de votos no previsto en la ley o
expedida completamente sin motivación, con violación al principio de la non reformatio in
pejus».
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 7 de
septiembre de 2018, expediente 11001-03-25-000-2014-00440-00, dijo que «la causal
quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de congruencia
cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento
que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra
petita)».
La Sala 27 Especial de Decisión, en sentencia del 3 de diciembre de 2019, expediente
11001-03-15-000-2018-03791-00, indicó que «hay violación al debido proceso que
constituye causal de nulidad según la jurisprudencia del Consejo de Estado, por […] la violación
al principio de la non reformatio in pejus».
La Sala 14 Especial de Decisión, en sentencia del 13 de octubre de 2020, expediente
11001-03-15-000-2019-00119-00, resalta que «el Consejo de Estado ha considerado como
causal de nulidad […] la violación al principio de la non reformatio in pejus […] la falta de
congruencia […]».
Sala 8 Especial de Decisión, en sentencia del 14 de diciembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2017-00512-00, reiteró que la causal de nulidad originada en la
sentencia «se predica, entre otras, cuando la sentencia: […] se aprecia incongruencia […] se
dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus».
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 17 de marzo
de 2021, expediente 68001-33-31-006-. 2010-00296-01, señaló que «la causal invocada
en esta oportunidad (nulidad originada en la sentencia) está prevista para que por su intermedio
se puedan alegar las nulidades generadas en la sentencia, acto jurídico sujeto al cumplimiento
de precisas ritualidades que, de no ser atendidas y ante la improcedencia de recursos ordinarios
contra ella, subsistirían groseramente, lo que ocurre, por ejemplo, cuando: […] viola el principio
de la non reformatio in pejus».
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 7 de
diciembre de 2021, expediente 11001-03-25-000-2014-00507-00, dijo lo siguiente:
[…] la causal 5ª se refiere a que, en el momento de dictar sentencia que no es susceptible de
recurso de apelación, el juzgador puede incurrir en irregularidades que pueden constituir nulidad.
En tal sentido, con el fin de que el fallador de revisión no se convierta en juez de instancia, la sala
plena de lo contencioso-administrativo, en providencia de 5 de abril de 2016, precisó las
circunstancias que pueden conformar la causal así:
[…]
9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación; (ii) violar el
principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii)
proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.
La Sala 9 Especial de Decisión, en sentencia del 14 de diciembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2017-00512-00, sostuvo que «la Corporación ha delimitado que la causal
examinada (nulidad originada en la sentencia) se predica, entre otras, cuando la sentencia […]
se aprecia incongruencia […] se dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus».
La Sala 9 Especial de Decisión, en sentencia del 7 de octubre de 2022, expediente
11001-03-15-000-2021-07530-00, reiteró que «para la configuración de esta causal de
6 Citada también por la Sala 2 Especial de Decisión, en sentencia del 6 de marzo de 2018, expediente 11001-03-15-
000-2009-01300-00.
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Demandante: Jorge Hernán Gil Echeverry
revisión (nulidad originada en la sentencia) resulta indispensable que se funde en la ocurrencia
de: i) un supuesto configurativo de las causales de nulidad procesal previstas taxativamente en
el artículo 133 de la Ley 1564 de 2012, siempre que estas se prediquen de la sentencia; ii) las
hipótesis creadas jurisprudencialmente que comportan la violación del derecho fundamental al
debido proceso, tales como: […] Faltar al principio de congruencia […] Vulnerar el principio de
la “non reformatio in pejus”».
La Sala 19 Especial de Decisión, en sentencia del 16 de marzo de 2022, expediente
11001-03-15-000-2021-00921-00, indicó que «por fuera de los supuestos que consagra el
artículo 133 ibidem no cualquier anomalía que se predique respecto de la sentencia podrá
desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. A modo enunciativo, la jurisprudencia ha precisado que
ello ocurre en los casos en que el fallo objeto de revisión […] (vi) desconoce el principio de
congruencia bien sea por una condena extra, ultra o infra petita».
Como se ve, el Consejo de Estado, cuando ha resuelto recursos extraordinarios de
revisión, acepta la procedencia del recurso para reclamar la protección de los principios
de congruencia y non reformatio in pejus, bajo la causal de nulidad originada en la
sentencia.
Esa circunstancia impide al juez de tutela invadir la competencia del juez del recurso
extraordinario de revisión, pues, de lo contrario, se estaría desconociendo la naturaleza
residual y subsidiaria de este mecanismo. Lo anterior, sin perjuicio de que se demuestre
la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez de tutela.
Ahora, la Sala no desconoce que la Corte Constitucional, en sentencia T-178 de 2023,
tuvo por superado el requisito de subsidiariedad en un asunto en el que también se
alegada el desconocimiento del principio de non reformatio in pejus y congruencia. Esa
conclusión tuvo como fundamento la disparidad de criterios sobre la procedencia del
recurso extraordinario de revisión en las Secciones del Consejo de Estado, cuando
actúa como juez de tutela. La Corte Constitucional hizo un análisis detallado respecto
de las sentencias de tutela que han abordado este asunto y citó seis casos en los que
se analizaron de fondo los cargos de violación del principio de non reformatio in pejus
y congruencia.
Sin embargo, para la Sala, el análisis de procedencia del recurso extraordinario de
revisión para la protección del principio de non reformatio in pejus y congruencia no
debe verse desde las decisiones del juez de tutela, sino a partir de las decisiones de
las Salas Especiales de Decisión y de las Secciones del Consejo de Estado, cuando
resuelven estos recursos, por cuanto se trata del juez especializado, juez que, se
insiste, acepta la procedencia del recurso de revisión cuando se alega la violación de
ese principio.
En conclusión, el recurso extraordinario de revisión resulta un mecanismo idóneo
cuando se alega la vulneración de los principios de non reformatio in pejus y de
congruencia, toda vez que la jurisprudencia acepta la procedencia. También es un
medio eficaz, en la medida en que puede proteger de manera integral el derecho
fundamental vulnerado y se pueden tomar decisiones que restauren de forma suficiente
el derecho. En efecto, si se encuentra fundada la causal, se invalidará la sentencia
revisada, se dictará la que en derecho corresponda y “se resolverá sobre las restituciones,
cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha
invalidación (artículo 255 de la Ley 1437 de 2011).
6. Análisis del caso concreto
La parte actora adujo que la sentencia cuestionada incurrió en violación directa de la
Constitución y en defecto orgánico por violación de los principios de congruencia
y non reformatio in pejus, toda vez que se pronunció frente a aspectos que se habían
resultado favorablemente en la sentencia de primera instancia del proceso de
reparación directa. En síntesis, el demandante resaltó los siguientes aspectos: (i) que
la decisión de primera instancia del proceso ordinario tuvo por demostrado el elemento
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daño y en segunda instancia fue desestimado; (ii) que la procedencia de la acción de
reparación directa no fue objeto de discusión en primera instancia y en segunda
instancia fue estudiada; (iii) que la causación de honorarios tampoco fue objeto de
cuestionamiento en primera instancia y en segunda instancia fue desestimada, (iv) que
en primera instancia se tuvo por cumplido el objeto del contrato de prestación de
servicios y en segunda se desestimó la causación de honorarios, por no haber condena
monetaria en el proceso arbitral, y (v) que la autoridad judicial demandada no podía
pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto de apelación, como los antes
mencionados.
A partir de los argumentos expuestos por la parte actora y conforme con lo expuesto en
el capítulo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela de la referencia no cumple
el requisito de subsidiariedad, por cuanto el demandante cuenta con otro medio de
defensa para la protección de los derechos invocados, como lo es el recurso
extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011,
específicamente bajo la causal de «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación».
Ahora, en sentencia SU-026 de 20217, la Corte Constitucional resaltó que la acción de
tutela puede desplazar al recurso extraordinario de revisión, cuando se cumplen los
siguientes supuestos: (i) cuando «el derecho fundamental cuya protección se solicita no sea
susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso»; y (ii) cuando
«las causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el
accionante».
En este caso, el recurso extraordinario de revisión resulta idóneo y eficaz, por cuanto:
(i) los argumentos expuestos en la demanda de tutela pueden encuadrarse en la causal
de nulidad originada en la sentencia, por violación de los principios de non reformatio
in pejus y congruencia, y (ii) en caso de que se demuestre la violación del derecho al
debido proceso podría ser efectivamente protegido en el proceso de revisión, como se
expuso en el capítulo anterior. Tampoco se advierten circunstancias de urgencia o que
configuren un perjuicio con el carácter de irremediable que habilite la intervención del
juez de tutela.
Las anteriores razones son suficientes para concluir que, contrario a lo sostenido por el
a quo, no había lugar a pronunciarse sobre el fondo del asunto frente al supuesto
defecto orgánico y a la violación directa de la Constitución, por violación del principio
de non reformatio in pejus y congruencia. Ese será un asunto que lo definirá el juez de
la revisión.
Por otra parte, el demandante también adujo que la sentencia cuestionada incurrió en
defecto fáctico, toda vez que desestimó el valor probatorio del dictamen pericial
aportado al proceso de reparación directa, por no estar cumplidos los requisitos del
artículo 185 del Código de Procedimiento Civil. La parte actora insistió en que fueron
cumplidos los aludidos requisitos, toda vez que el Ministerio de Comerció fue parte en
el proceso arbitral en el que fue realizado el dictamen y se surtió el correspondiente
traslado por parte del tribunal arbitral, según lo acredita el laudo del 8 de septiembre de
2009.
Al respecto, la Sala considera que sobre este punto la acción de tutela no cumple el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto la discusión propuesta por la parte
actora no tiene incidencia frente a la decisión de denegar las pretensiones de la
demanda de reparación directa. Veamos.
La razón fundamental de la sentencia cuestionada fue la falta de prueba del daño y
así fue explicado: «[…] si a través de la acción de reparación directa se pudiera tramitar la
pretensión de pago de honorarios contractuales, el actor no probó el surgimiento de la
7 En el mismo sentido, consultar sentencias T-649 de 2011, T-553 de 2012, T-553 de 2012, T-713 de 2013, SU-263
de 2015, SU-210 de 2017.
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obligación de pago, es decir, su cumplimiento satisfactorio del objeto contractual y, por el
contrario, se limitó a efectuar una negación indefinida que, en este caso, no produce los efectos
previstos en el artículo 177 del CPC porque debía probar que surgió la obligación contractual
de pago, esto es, que cumplió el objeto contractual».
La autoridad judicial demandada resaltó que, para acreditar el daño, el actor aportó: (a)
el contrato de prestación de servicios profesionales celebrado con SAMA, (b) una
comunicación del 13 de septiembre de 2011, proveniente del Ministerio de Comercio,
que niega el pago de honorarios, y (c) una comunicación del 12 de enero de 2011,
emitida por SAMA, que informa al actor lo siguiente: «SAMA LTDA se encuentra en
imposibilidad de pagarle los honorarios puesto que carece de bienes por cuanto el Estado no
ha cumplido con la entrega y transferencia de los activos vinculados a la explotación de las
salinas de Manaure, que corresponden al único patrimonio de la sociedad».
No obstante, desestimó que dichos documentos acreditaran el daño, pues «tal como
está demostrado, por un lado, el Laudo Arbitral accedió sólo parcialmente a las pretensiones
instauradas, sin efectuar ningún tipo de condena monetaria, ni ordenar la transferencia,
restitución o entrega de bienes a favor de SAMA […] en estricto sentido, producto de la gestión
profesional de la parte demandante no hubo entrega o transferencia de bienes a favor de SAMA
que permitan […] concluir que la obligación de pago de los honorarios surgió».
Ahora bien, en la impugnación, al igual que lo hizo en la demanda de tutela, la parte
actora sustenta el defecto fáctico en la falta de valoración del dictamen pericial realizado
por INCORBANK, practicado en el proceso arbitral y aportado al proceso de reparación
directa, allegado para acreditar el perjuicio económico.
Sin embargo, dicha argumentación no tiene relación con la razón fundamental de la
decisión (falta de prueba del daño), toda vez que el dictamen pericial en cuestión estaba
dirigido a acreditar el perjuicio, mas no el daño.
En efecto, de la revisión de la sentencia acusada se advierte que, luego de descartar el
daño, la autoridad judicial demandada hizo una consideración adicional sobre el
perjuicio y precisó que “la parte demandante tampoco logró demostrar el perjuicio, derivado
del presunto no pago de los honorarios profesionales, ni su cuantía”.
Siendo así, no hay lugar a abordar la discusión sobre la supuesta falta de valoración
probatoria de dicho dictamen pericia, pues la razón de la decisión atacada es que no
hay prueba del daño y la parte actora cuestionó la prueba del perjuicio.
En todo caso, conviene precisar que si bien la autoridad judicial demandada afirmó que
el dictamen pericial no cumplía “con los requisitos para ser valorada como prueba
trasladada”, por no acreditar los requisitos del artículo 185 del Código de Procedimiento
Civil, lo cierto es que, al margen de esa consideración, sí la tuvo en cuenta, pues la
sentencia objeto de tutela explicó que el peritaje «tampoco constituye, por sí solo, un
elemento demostrativo del perjuicio alegado, que lleve al juzgador al convencimiento de su
existencia y cuantificación y, por tanto, ante el incumplimiento de la carga probatoria de la parte
demandante, si se hubiera tramitado una controversia contractual, no habría lugar a que la parte
demandada sea condenada a efectuar la reparación pretendida».
De modo que los argumentos expuestos por el actor sobre el cumplimiento de los
requisitos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil para efecto de la validez
probatoria del dictamen pericial no resultan relevantes, habida cuenta de que, en
últimas, dicho dictamen sí fue valorado.
En conclusión, la discusión que sustenta el defecto fáctico no tiene relevancia
constitucional, por un lado, porque no incide en el sentido de la sentencia atacada y,
por otro, la autoridad judicial demandada sí valoró el dictamen pericial, al margen de la
afirmación que hizo sobre la falta de requisitos del artículo 185 CPC.
En esas condiciones, como se anunció, la Sala revocará la sentencia impugnada y, en
su lugar, declarará la improcedencia.
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Demandante: Jorge Hernán Gil Echeverry
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada. En su lugar, declarar improcedente la acción
de tutela de la referencia, por las razones expuestas.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta Con aclaración de voto
Con salvamento parcial de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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