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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03026-00

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03026-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por Jorge Elías Carreño Carreño y otros, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03026-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

1 de agosto de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03026-00
Demandante: Jorge Elías Carreño Carreño y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-03026-00
Demandante JORGE ELÍAS CARREÑO CARREÑO Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA QUINTA DE
DECISIÓN Y JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE
DUITAMA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales de
procedibilidad. Subsidiariedad y relevancia constitucional.
Reparación directa por privación injusta de la libertad. Principio de
congruencia.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela promovida por Jorge Elías Carreño Carreño y otros, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de junio de 20241, por conducto de apoderado judicial, los señores Jorge Elías
Carreño Carreño, Alba Lucía Montañez Montañez, Jorge Elías Carreño Montañez,
Tatiana Rocío Carreño Montañez, Pedro Manuel Carreño Carreño, Armida Carreño
Carreño, Angela Emérita Carreño Carreño, Elsa Myriam Carreño Carreño, Luis de
Jesús Carreño Carreño y Nayibe Lucía Montañez Palacios, interpusieron acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Quinta de Decisión y el
Juzgado Tercero Administrativo de Duitama, por considerar vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso, con ocasión de las sentencias del 27 de junio y del
13 de diciembre de 2023, que negaron las pretensiones de la demanda en el
proceso de reparación directa nro. 15238-33-33-003-2018-00135-01.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Que se ordene el amparo de los derechos fundamentales y principios generales
de la prueba judicial, antes determinados, a favor de la parte solicitante y en contra de la
entidad que los vulnera y persiste en su vulneración de forma injustificada: entidad que negó
los derechos de mis poderdantes al haber vulnerado los principios de: 1. Principio a la verdad
jurídica y fáctica. 2. a la veracidad de la prueba. 3. legitimidad y formalidad de la prueba 3.
Unidad de la prueba. 4. Al precedente judicial en responsabilidad por privación injusta de la
libertad 5. A la igualdad de las partes en el proceso. 6, A la reparación integral.
SEGUNDA: Que como consecuencia del amparo se ordene el reconocimiento de los principios
y derechos fundamentales reclamados anulando las Sentencias del Tribunal Administrativo de
Boyacá de fecha 13 de diciembre de 2023, y Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
de Duitama y en subsidio se le reconozca a mis poderdantes la indemnización que por derecho
le corresponda tal y como lo ordena el precedente jurisprudencial para el caso de privación
injusta de la libertad, y de forma inmediata y prelativa a más tardar dentro de las cuarenta y
ocho 48 horas siguientes al proveimiento del fallo estimatorio del amparo.»2

1 Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai (índice 1).
2 Página 2 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
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2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 25 de mayo de 1999 fue asesinado el señor Germán Barón Niño, entonces
personero del municipio del Espino.
Por este hecho, la Fiscalía General de la Nación inició investigación contra el
señor Jorge Elías Carreño Carreño y otros; y mediante Resolución del 31 de
julio de 2008 dispuso la apertura de la instrucción y la vinculación al proceso
del señor Carreño Carreño, quien para esa época fungía como alcalde del
Espino.
Posteriormente, a través de la Resolución del 8 de agosto de 2008 la fiscalía
dictó medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de
libertad contra el procesado. La orden se hizo efectiva el 11 de agosto de 2008
con su captura. La medida fue recurrida por el afectado y confirmada en
Resolución del 13 de marzo de 2009.
En sentencia del 30 de julio de 2010, el Juzgado Único Penal del Circuito de
Santa Rosa de Viterbo absolvió a Jorge Elías Carreño y otros de los cargos
que se les imputaron como determinadores del delito de homicidio agravado y
ordenó conceder la libertad a los procesados, previa constitución de caución
prendaria y suscripción de compromiso.
En consecuencia, se tiene que la privación de la libertad del señor Carreño
Carreño se extendió del 11 de agosto de 2008 al 4 de agosto de 2010.
2.2. Consecuencia de lo anterior, el señor Jorge Elías Carreño Carreño y otros
promovieron demanda de reparación directa contra la Nación, Rama judicial y
la Fiscalía General de la Nación para que se declarara su responsabilidad
administrativa y patrimonial por la privación de la libertad descrita y se le
condenara al pago de perjuicios materiales e inmateriales.
2.3. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Duitama, bajo el radicado nro. 15238-33-
32-003-2018-00135-00.

En sentencia del 27 de junio de 2023, la autoridad judicial declaró infundada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por las
dos entidades demandadas y, de otro lado, negó las pretensiones de la
demanda porque la medida de aseguramiento atendió a los requisitos legales,
es decir, no se concretó una falla en el servicio, y porque se acreditó la
eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.
Como fundamento de su decisión, manifestó (i) que la medida de
aseguramiento impuesta atendió en integridad a las exigencias legales
establecidas en el código procesal aplicable y, (ii) que las actuaciones del
demandante determinaron que se abriera una investigación penal en su contra
y la imposición de la medida de aseguramiento, ya que tuvo reuniones fortuitas
con el grupo insurgente a quien se le atribuía el homicidio.
Por lo anterior, concluyó que «no puede hoy el señor CARREÑO CARREÑO, también
demandante, pretender obtener provecho o ventaja de su propia culpa, como quiera que
a la luz de los artículos 2, 83 y 95 constitucionales, si la víctima incurre en una infracción
civil, esto es de las reglas de convivencia, no puede alegar a su favor su propia culpa».

2.4. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia. Manifestó que el a quo
omitió analizar la culpa exclusiva de la víctima en el contexto de las
circunstancias sociales, políticas y económicas en las que ocurrieron los
hechos, porque si las hubiera considerado, la decisión hubiera sido diferente.
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Insistió en que la asistencia del alcalde a las reuniones con grupos irregulares
no fue voluntaria, sino determinada por las amenazas contra su vida e
integridad.
Agregó que las diferencias que tenía con el entonces personero del municipio
y su asistencia a algunas reuniones con grupos subversivos no eran
suficientes para sustentar la imposición de la medida de aseguramiento.
2.5. En sentencia del 13 de diciembre de 2023, la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión de primera instancia de
negar las pretensiones de la demanda, pero solo porque no se acreditó la falla
en el servicio atribuible a las demandadas.
En la providencia se precisó que la decisión de primera instancia se
fundamentó en dos argumentos principales: que la medida de aseguramiento
fue razonable y legal, es decir que no hubo una falla en el servicio, y que, en
todo caso, se concretó la causal eximente de responsabilidad del hecho de la
víctima. Sin embargo, en la apelación solo se discutió el segundo argumento,
por lo que la decisión de negar las pretensiones debía mantenerse porque no
se encontró acreditada la falla.
En otras palabras, aceptó que no se concretó la eximente de responsabilidad
al amparo de la jurisprudencia que proscribe analizar su prosperidad a partir
del análisis de la conducta pre procesal de la víctima, pero consideró que la
decisión se mantenía por el argumento no recurrido, esto es: la no acreditación
de la falla en el servicio.
La sentencia se notificó a través de mensaje de datos remitido a los sujetos
procesales el 19 de diciembre de 20233.
3. Fundamentos de la acción
Los accionantes advirtieron que, contrario a lo que dijo el Tribunal Administrativo de
Boyacá en su sentencia, la configuración de la falla en el servicio atribuible a la
Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial sí fue discutida en la apelación.
En esa vía, relacionaron varios apartes en los que se hizo énfasis en las pruebas
del proceso que acreditaban la concreción de una falla en el servicio.
En consecuencia, alegaron que el tribunal incurrió en un error al desplazar del
problema jurídico la discusión sobre la configuración de una falla en el servicio, con
lo que vulneró el derecho al debido proceso de los demandantes y el principio de
congruencia.
Al respecto, en el escrito de tutela se lee:
«Como se puede ver señores Magistrados del Consejo de Estado, en el recurso de apelación,
SÍ se cuestionó la responsabilidad del Estado – Nación, Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación, tan así fue, que en el mismo recurso, se puso de presente la argumentación del
Juzgado para negar las pretensiones de la demanda, de tal suerte que el Tribunal OMITIÓ
estudiar a profundidad dicha premisa, lo cual advierte un defecto en tal sentido, vulnerando de
manera fragrante y protuberante el derecho fundamental al debido proceso y principios
generales del derecho como es el de Congruencia, recuérdese que el principio de congruencia
se erige como una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes
en el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir
pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo,
sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita), y
en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión tiene el deber de explicar de
forma clara las razones de tal omisión.»

Insistieron que los medios de prueba practicados en el proceso daban clara cuenta
de que la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación incurrieron en una falla

3 Samai para tribunales administrativos, índice 17. Proceso nro. 15238333300320180013501.
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en el servicio al solicitar e imponer medida de aseguramiento en contra del señor
Jorge Elías Carreño Carreño. Por ello, consideran que el tribunal accionado incurrió
en defecto fáctico al omitir la valoración de los medios de prueba que acreditaban
la responsabilidad del Estado en el caso estudiado.
Relativo al cumplimiento del presupuesto general de procedencia de subsidiariedad,
la parte actora indicó que el recurso extraordinario de revisión no resulta ser eficaz
en casos como el que se analiza debido a que su admisión depende de causales
taxativas de procedibilidad que en ocasiones no se adecuan a los defectos que
pueden ser invocados vía acción de tutela. Por lo que destacaron que es posible
que exista una sentencia que sea claramente injusta pero que no puede ser
discutida a través del recurso extraordinario de revisión. Recordaron que, en la
sentencia C-649 de 2011, la Corte Constitucional indicó que para superar la
idoneidad y eficacia del mecanismo judicial el actor debe estar en la posibilidad de
encuadrar el yerro invocado en alguna de las causales taxativas, de lo contrario,
sería procedente la acción de tutela.
Por otra parte, los demandantes indicaron que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Boyacá desconoció el precedente judicial en materia de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, pues la autoridad
judicial se evadió de analizar la concreción de una falla en el servicio con
fundamento en las pruebas del proceso, bajo el pretexto de que en la apelación solo
se discutió que no se concretó la eximente de responsabilidad del hecho de la
víctima y en ello concentró el estudio de la sentencia. Pero, insistieron que en la
apelación se discutió la inexistencia de la eximente de responsabilidad y la
acreditación de la falla en el servicio que exige la condena del Estado. En el escrito
de tutela se lee:
«El Tribunal Administrativo de Boyacá, transgrede de manera protuberante, el precedente
jurisprudencial en esta materia, dado que es de obligatorio cumplimento realizar un análisis
en lo referente a la responsabilidad del Estado con ocasión a la privación injusta de la libertad
y confrontarlo con los hechos de la demanda, y para el caso en concreto, el Tribunal, lo que
hizo fue omitir dicha disertación, señalando que en el recurso de apelación no se había
debatido la inexistencia de la responsabilidad del estado, lo cual no es cierto, como lo señale
en párrafos anteriores, en el recurso se enunció las razones por las cuáles el estado debía ser
condenado y se enuncio el título de imputación, como las pruebas que se deberían tener en
cuenta para revocar la sentencia de juez adquo».

Para la parte actora, en lo referente a la causal eximente de responsabilidad del
hecho de la víctima, destacó que el juez de primer grado la declaró probada sin
justificación suficiente, pues se abstuvo de analizar los presupuestos de esta causal
exonerativa de la responsabilidad del Estado, que no estaban probados en el caso
particular.
De otro lado, en el escrito de tutela se advirtió que para establecer si el daño fue
consecuencia de la conducta de la víctima debió considerarse el contexto de
violencia del municipio del Espino para la época en que ocurrieron los hechos, que
la decisión sobre la asistencia a las reuniones con grupos al margen de la ley no
estaba determinada por su voluntad sino por las amenazas de quienes las
convocaban y la escasa presencia del Estado en el territorio nacional.
En esa línea, también se recordó que «[l]os indicios que sustento la Fiscalía en contra del
señor Jorge Elías Carreño fueron derruidos por parte del Tribunal y la Corte Suprema de Justicia
y por tal razón no demuestran la culpa grave o dolo con que actuó el demandante. El Señor
Jorge Elías Carreño, no estaba obligado a soportar el hecho dañoso, porque su actuar se sujetó
al marco histórico que estaba viviendo el Municipio, y adicional a ello, fue absuelto de toda
responsabilidad por el homicidio del señor GERMAN BARON NIÑO (q.e.p.d), de tal suerte que,
la medida de aseguramiento no fue proporcional, razonable y mucho menos necesaria.»

Como argumento subsidiario, manifestaron que se planteara la posibilidad de
reducir la condena si se estiman relevantes las manifestaciones del juez sobre la
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conducta desplegada por la víctima, pero no una exoneración de la responsabilidad,
pues insisten en que la medida de aseguramiento desconoció de manera grosera el
principio de proporcionalidad y la presunción de inocencia.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 14 de junio de 2024, el despacho ponente requirió a los
accionantes para que acreditaran si la señora Nayibe Lucía Montañez Palacios
conformaba la parte activa de la acción de tutela, y para que precisaran
quienes fueron los sujetos procesales del medio de control de reparación
directa nro. 15238-33-33-003-2018 00135-00/01.
4.2. En auto del 3 de julio de 2024, el despacho ponente admitió la acción de tutela
interpuesta por los señores Jorge Elías Carreño Carreño, Alba Lucía Montañez
Montañez, Jorge Elías Carreño Montañez, Tatiana Rocío Carreño Montañez, Pedro
Manuel Carreño Carreño, Armida Carreño Carreño, Angela Emérita Carreño Carreño,
Elsa Myriam Carreño Carreño, Luis de Jesús Carreño Carreño y Nayibe Lucía
Montañez Palacios, quienes actúan a través de apoderado judicial, contra la
Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado
Tercero Administrativo de Duitama .
Además, vinculó en calidad de terceros, a la Fiscalía General de la Nación y
al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, autoridades que actuaron como demandadas dentro del proceso de
reparación directa Nro. 15238-33-33-003-2018-00135-00/01.
4.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, por
conducto de apoderada, solicitó ser desvinculada de la acción de tutela porque
no le asiste legitimación en la causa por activa para atender las pretensiones
de los demandantes. Considera que la vulneración ius fundamental se cimenta
en providencias judiciales proferidas por los falladores de la causa en ejercicio
de su independencia y autonomía.
En todo caso, argumentó la improcedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales cuando se pretende prolongar la discusión del proceso
ordinario para procurar una decisión favorable a los intereses de los
accionantes.
4.4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Duitama, por conducto
de la titular del despacho, hizo un recuento de las principales actuaciones del
proceso en el curso de la primera instancia con el propósito de evidenciar que
no incurrió en vulneración del derecho al debido proceso de los actores en el
trámite de la demanda de reparación directa.
Sobre los defectos endilgados, dijo que en la sentencia de ese despacho está
contenido el soporte normativo, jurisprudencial y probatorio que soportó la
decisión de negar las pretensiones de la demanda. Dijo que la premisa fáctica
y jurídica de la sentencia llevaba a concluir la razonabilidad y legalidad de la
medida de aseguramiento.
4.5. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por conducto del ponente de la
sentencia acusada, insistió en que la parte actora no recurrió en apelación el
argumento de la razonabilidad y legalidad de la medida de aseguramiento.
Aclaró que «el simple hecho de citar las normas sobre responsabilidad estatal, referirse
en general a la responsabilidad estatal con base en la falla del servicio y a citar
jurisprudencia sobre este título de imputación no implica que se haya planteado un
cuestionamiento claro, preciso y concreto contra la decisión del juez que habilite la
competencia de la Sala para estudiar tal supuesto». Asimismo, insistió en que el

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reparo expuesto en la apelación se circunscribió a la culpa de la víctima y por
eso el estudio de la sentencia se limitó a ese cargo.
Considera que no es razonable pretender que se analizara en la segunda
instancia la concreción de la falla en el servicio cuando en la apelación solo se
plantearon argumentos sobre la inexistencia de la culpa exclusiva de la víctima
debido a que debió analizarse su comportamiento atendiendo al contexto
social y político en el que se desplegó.
Recordó que la finalidad de la apelación es que el ad quem analice la decisión
de segunda instancia únicamente en relación con las razones que generan
desacuerdo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor
rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de

4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídico

3.1. En relación con la solicitud de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja de ser apartada de este proceso por falta de
legitimación en la causa, debe aclararse que su vinculación no se hizo como
parte pasiva con potencialidad de satisfacer las pretensiones de la acción de
tutela, sino como tercero debido a que hizo parte del medio de control de
reparación directa que se analizará en este fallo. Por ello, es dable concluir
que le asiste interés en las resultas de este proceso constitucional y su
vinculación es necesaria según lo establecido en el artículo 13 del Decreto
2591 de 1991.
3.2. Aclarado lo anterior, corresponde a la Sala establecer de manera preliminar,
si la acción de tutela promovida por Jorge Elías Carreño Carreño y otros
supera los presupuestos generales de procedibilidad para discutir providencias
judiciales. En particular, dados los antecedentes expuestos, deberá
concentrarse el estudio en los presupuestos de subsidiariedad y de relevancia
constitucional.
En el evento de superar tales requisitos, la Sala decidirá si las sentencias
proferidas en el proceso de reparación directa nro. 15238-33-32-003-2018-
00135-00/01, incurrieron en los defectos alegados por la parte actora.

4. La subsidiariedad: su alcance y análisis en el caso particular

4.1. De los antecedentes de la acción de tutela se desprende que, el Juzgado
Tercero Administrativo de Duitama negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa por privación injusta de la libertad con fundamento en dos
argumentos principales: (i) la falta de acreditación de la falla en el servicio
atribuible a las entidades demandadas8 y, (ii) la concreción de la culpa
exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad del
Estado9.
En la sentencia de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá
manifestó que el recurso de apelación se había concentrado en discutir solo

8 En la sentencia de primera instancia, al respecto se indicó:
«109.En ese orden de ideas, y en criterio de esta judicatura, de la lectura de las decisiones del 8 de agosto de 2008
emitida por la Fiscalía Tercera Especializada UDH Y DIH38 , Resolución que fue confirmada el 31 de octubre de 2008,
por la Fiscalía 55 Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá39, es claro, que al momento de
imponerse la medida preventiva de privación de la libertad del señor JORGE ELÍAS CARREÑO CARREÑO se cumplieron
y no se desconocieron los parámetros establecidos en los artículos 28, 29 y 50 de la C.N., 355, 356 y 357 de la Ley 600
del 2000, toda vez que, (i) la imposición de la medida de aseguramiento pretendía garantizar la comparecencia del
sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad, impedir su fuga o la continuación de su actividad
delictual, las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la
instrucción, o entorpecer la actividad probatoria (ii) se sustentó en por lo menos dos indicios graves de responsabilidad
con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso (iii) los delitos imputados tenía prevista pena de prisión
superior a cuatro (4) años. (…) 111.En este orden, en criterio de esta instancia, la decisión de imponer la medida de
detención objeto de controversia resulta razonable en cuanto estuvo precedida de la verificación de los requisitos previstos
en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, pues del material probatorio que le sirvió de sustento le permitió establecer a la
Fiscalía Tercera Especializada UDH Y DIH, de manera prudente, que el señor JORGE ELÍAS CARREÑO CARREÑO,
podía ser coautor del homicidio agravado, del que fue víctima GERMÁN BARÓN NIÑO , con fundamento en que (…)»
9 En la sentencia de primera instancia al respecto, se indicó: «151. Sin embargo, los hechos probados en el
expediente, permiten comprender que, si bien, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa
Rosa de Viterbo, consideró que al señor JORGE ELIAS CARREÑO CARREÑO, no se le podía atribuir
responsabilidad de la conducta penal imputada, lo cierto es, que el hecho de haber tenido el hoy demandante
vínculos o reuniones fortuitas o casuales con el grupo ilegal ELN, esto sí está llamado a producir plenos
efectos jurídicos en materia de la responsabilidad extracontractual del Estado que aquí se demanda. 152.En
efecto, al margen de que esa irregularidad no tuvo implicaciones para el mencionado actor en el ámbito
penal, se considera que éste sí dio lugar a que se le iniciara una investigación y a que se le impusiera medida
de aseguramiento de detención preventiva, pues resulta cuestionable que el señor JORGE ELIAS
CARREÑO CARREÑO, en calidad de primera autoridad del Municipio del Espino, hubiese acudido en varias
oportunidades a reuniones con grupos ilegales para entregar informes sobre su gestión como Alcalde (…)»
7

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Demandante: Jorge Elías Carreño Carreño y otros

uno de los dos argumentos, a saber: la acreditación de la eximente de
responsabilidad del hecho de la víctima. Y aclaró que, aún si se desestimaba
la prosperidad de la eximente de responsabilidad en segunda instancia,
subsistía el análisis acucioso que hizo el juez a quo sobre la razonabilidad y
legalidad de la medida de aseguramiento, debido a que esa argumentación no
fue recurrida en apelación; luego, la conclusión evidente era confirmar la
sentencia de primera instancia.
Del estudio de la sentencia de segunda instancia, proferida el 13 de diciembre
de 2023, se evidencia que el tribunal declaró que el juez se equivocó al
declarar probada la culpa exclusiva de la víctima con fundamento en el análisis
de su conducta pre procesal, debido a que esa línea argumentativa ha sido
expresamente proscrita en la jurisprudencia constitucional y contenciosa. En
todo caso precisó, que una vez establecido que la medida de aseguramiento
fue legal y razonable no había lugar a proceder con el análisis de la eximente
de responsabilidad.
Se relaciona el aparte relevante de la sentencia al respecto:
«29. Primero, que cuando se encuentra que no hay responsabilidad de la administración, por
razones obvias no procede el estudio de causales de exoneración. El estudio de la conducta
de la víctima en casos de privación ilícita de la libertad se impone únicamente en los casos en
que se halla que la administración es responsable, pues se dirige a verificar si por concurrir
conducta gravemente culposa o dolosa del detenido como factor de la privación, debe
exonerarse de esa responsabilidad al Estado.
30. Segundo, que –tal como lo expone el impugnante- la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado han dejado en claro que la única conducta de la víctima
que puede valorarse para determinar si fue factor de la medida de aseguramiento, es la
desplegada dentro del proceso penal, y que la conducta preprocesal del detenido no puede
ser evaluada por el juez administrativo, pues sobre ella hay fallo absolutorio que hizo tránsito
a cosa juzgada.
31. Siendo ello así, erró la a quo cuando se internó en el análisis y valoración de las visitas del
señor Carreño Carreño a la guerrilla, para concluir que con ellas se dio pie a la medida
detentiva. Ese era un campo vedado para el juez de la responsabilidad estatal.»

Al respecto, el tribunal precisó que el error de haber declarado probada la
eximente de responsabilidad «resulta intrascendente» porque la primera línea
argumentativa de la sentencia de primera instancia es suficiente para
mantener la decisión de negar las pretensiones de la demanda. Por ello,
confirmó la decisión objeto de apelación.
4.2. Ahora bien, los argumentos de la acción de tutela se concentran en el
desacuerdo con la manifestación contenida en la sentencia del 13 de
diciembre de 2023 según la cual, la apelación se limitó a discutir la declaración
de la eximente de responsabilidad del hecho de la víctima. Para los
accionantes es claro y evidente que en el recurso se discutió tanto la
acreditación de los presupuestos de responsabilidad del Estado, como la
eximente de responsabilidad. Por ello, cuestionan que la autoridad de segunda
instancia erró al soslayar el análisis jurídico y fáctico sobre la falla en el servicio
en que incurrieron las accionadas.
En la anterior inconformidad también se ubican los cargos por
desconocimiento del precedente judicial y defecto fáctico, pues los
accionantes estiman que el Tribunal Administrativo de Boyacá, en aplicación
de las reglas de decisión contenidas en la jurisprudencia sobre responsabilidad
del Estado por privación de la libertad, debió estudiar los medios de prueba
que acreditaban la falla en el servicio, en específico, aquellos que
demostraban que la medida de aseguramiento se adoptó sin que existieran los
dos indicios graves exigidos por el código procesal aplicable. No obstante, no
lo hizo por estimar que tal discusión no se expuso en la apelación.

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Lo anterior, deja ver que la discusión que se propone en la acción de tutela se
concentra en la aplicación y alcance del principio de congruencia. De un
lado los accionantes defienden que sí recurrieron el cargo y que el tribunal
accionado se equivocó al dejar el asunto fuera del litigio. De otro, el tribunal
insiste en que el cargo de la falla en el servicio no fue apelado y que acató el
principio de congruencia al sacar esa discusión del problema jurídico a resolver
en la segunda instancia.
4.3. Es claro entonces que los cargos antes mencionados de la acción de tutela no
superan el requisito general de procedencia de subsidiariedad porque discuten
la congruencia externa10 de la sentencia del 13 de diciembre de 2023, proferida
por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La jurisprudencia del Consejo de Estado11 ha establecido que la vulneración
al principio de congruencia se enmarca en la causal 5° del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, que acepta la procedencia del recurso extraordinario de
revisión cuando se alega la nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede apelación12.
Conforme a lo expuesto, le está vedado al juez de tutela invadir la competencia
del juez natural de la causa para conocer las inconformidades suscitadas en
una sentencia ejecutoriada emitida por un tribunal administrativo que se
acompasen con las causales enumeradas en el artículo 250 del CPACA, en
específico, por la causal de nulidad originada en la sentencia con fundamento
en un argumento de incongruencia.
Además, se considera que el recurso extraordinario es el idóneo para lograr la
garantía del derecho al debido proceso invocado porque, en caso de que la
autoridad judicial competente encuentre fundada la causal, la consecuencia de
ello es que se infirme la sentencia cuestionada y se ordene proferir la que en
derecho corresponda (artículo 255 Ley 1437 de 2011).
El recurso extraordinario también se estima eficaz, pues, aunque su trámite
sea más prolongado que el de la acción de tutela no se alegaron ni se advierten
circunstancias de urgencia que justifiquen la intervención transitoria del juez
de tutela para evitar la concreción de un perjuicio irremediable. Tampoco es
razonable privilegiar la acción de tutela sobre los mecanismos ordinarios o
extraordinarios de protección de derechos solo en consideración a los plazos
en que se debe resolver el litigio, pues tal entendimiento desnaturaliza la

10 Sobre el concepto y alcance de la congruencia interna y externa, en la sentencia del 2 de mayo de 2024,
dentro del recurso extraordinario de revisión nro. 11001-03-15-000-2022-05929-00 (9525), la Sala Especial
de Decisión nro. 16 indicó: «la congruencia, como principio, tiene dos manifestaciones concretas: la interna, que se
refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, y la externa, que
propende porque la decisión contenida en su parte resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda
y en su contestación, es decir, que haya identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones
oportunamente presentadas, salvo por las competencias oficiosas que la ley otorga al juzgador . Lo anterior, con
fundamento en el artículo 281 del Código General del Proceso ꟷque reformó el artículo 305 del CPCꟷ, aplicable por
remisión normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
Adicionalmente, y en aplicación del principio “Tantum devolutun quantum apellatum”, en las sentencias de segunda
instancia “la incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la
demanda y lo fallado, sino que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación
del recurso (pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a una invocación del derecho sustancial
controvertido.”»
11 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Nro. 22, sentencia del 2 de febrero de 2016. Radicado
110010315000201502342; Sala Especial de Decisión Nro. 26; sentencia del 14 de agosto de 2018.
Radicado 11001031500020140309300; Sala Especial de Decisión Nro. 14, sentencia del 13 de octubre de
2020. Radicado 11001-03-15-000-2019-00119-00; Sala 8° Especial de Decisión, sentencia del 14 de
diciembre de 2021. Radicado 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala 19 Especial de Decisión, sentencia del
2 de mayo de 2024. Radicado 11001-03-15-000-2022-05929-00 (9525); Sala 15 Especial de Decisión,
sentencia del 22 de noviembre de 2023. Radicado 11001-03-15-000-2023-04579-00.
12 Así también lo indicó esta Sección en la sentencia de tutela del 16 de mayo de 2024. Proceso nro. 11001-
03-15-000-2024-01369-00. M.P. Wilson Ramos Girón. Sobre el tema estudiado en este fallo se indicó: «(...)a
partir de los casos estudiados por las Salas Especiales de Decisión, así como de las Salas de Sección, cuando resuelven
recursos extraordinarios de revisión, se advierte que existe una línea jurisprudencial pacífica sobre la procedencia del
recurso extraordinario de revisión para la protección del principio de congruencia, por la vía de la causal de «nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación»»
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esencia subsidiaria de la acción de tutela y representa una injustificada
intromisión en las competencias que el Legislador dispuso en determinados
jueces de la República.
Finalmente, conviene recordar que los límites a la intervención del juez de
tutela en eventos que podrían alegarse a través del recurso extraordinario de
revisión fueron definidos en las sentencias SU263 de 2015 y SU026 de 2021,
en donde la Corte Constitucional precisó: «la acción de tutela desplazará el recurso
extraordinario de revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita
no sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las
causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el accionante. En
síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se torna improcedente cuando al interior de un
proceso contencioso-administrativo se alega la vulneración al debido proceso y este derecho
fundamental es susceptible de ser protegido mediante el trámite del recurso extraordinario de
revisión”»

En conclusión, la acción de tutela es improcedente por incumplir el
presupuesto de subsidiariedad frente a los cargos mencionados en el numeral
4.2. supra, pues se fundamentan en argumentos que deben ser ventilados a
través del mecanismo judicial idóneo y eficaz, esto es: el recurso extraordinario
de revisión bajo la causal de nulidad originada en la sentencia13.
4.4. De otra parte, esta Sala observa que en la acción de tutela también se
expusieron varios argumentos tendientes a discutir la decisión de declarar
probado el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad del Estado.
Insisten los accionantes en que la actuación desplegada por la víctima debió
analizarse en el contexto social y político del municipio del Espino para la época
de los hechos y en que la autoridad judicial no analizó todos los presupuestos
de esa causal de exoneración de responsabilidad.
Al respecto, conviene recordar que en la sentencia de segunda instancia el
Tribunal Administrativo de Boyacá desestimó la prosperidad de la eximente de
responsabilidad porque el análisis de la culpa de la víctima, en casos de
privación injusta de la libertad, no puede fundamentarse en la conducta pre
procesal del investigado. Luego, el argumento de la acción de tutela carece de
relevancia porque la sentencia que se acusa es favorable a sus intereses en
ese específico cargo, por lo que es clara la inexistencia de un escenario de
vulneración de derechos fundamentales al respecto.
Es de resaltar que, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala
Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de
2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha fijado
algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito, dentro de los cuales se exige que el
asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales, esto es, que la cuestión que se presenta tenga una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Que la parte actora no comparta el análisis efectuado y el sentido de la
decisión adoptada por el juez de la causa, escapa a la órbita de competencia
del juez constitucional, la cual está dada en clave de derechos fundamentales
y no para dirimir diferencias de juicio o de opinión, pues no debe olvidarse que
la simple disparidad de criterio no constituye per se una vulneración a los

13
En similar sentido se pronunció esta Sección en los siguientes casos: sentencia de tutela del 26 de octubre
de 2023. Proceso nro. 11001-03-15-000-2023-01023-01. M.P. Wilson Ramos Girón; sentencia de tutela del
22 de febrero de 2024. Proceso nro. 11001-03-15-000-2024-00322-00. M.P. Milton Chaves García;
sentencia del 21 de marzo de 2024. Proceso nro. 11001-03-15-000-2024-00418-00 M.P. Milton Chaves
García; sentencia del 2 de mayo de 2024. Proceso nro. 11001-03-15-000-2024-00580-00. M.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencia del 16 de mayo de 2024. Proceso nro. 11001-03-15-000-2024-01369-
00. M.P. Wilson Ramos Girón.
10

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derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la
acción de tutela como mecanismo excepcional de protección de los derechos
fundamentales. Es por este motivo que la jurisprudencia constitucional
reiteradamente ha sostenido que, cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela frente
a este alegato porque no supera el requisito general de relevancia
constitucional.
5. Conclusión

La Sala concluye que la acción de tutela es improcedente porque no acredita los
requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional: el primero, porque los
cargos de la demanda constitucional relacionados con la violación del principio de
congruencia deben ser presentados en ejercicio del recurso extraordinario de
revisión, ante el juez competente y conforme al trámite reglado en la Ley 1437 de
2011. Y el segundo, porque los cargos que cuestionan la acreditación del hecho de
la víctima no tienen trascendencia porque en la sentencia de segunda instancia se
desestimó la prosperidad de esta eximente de responsabilidad.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por Jorge Elías
Carreño Carreño y otros, de conformidad con las consideraciones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

11

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