Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05929-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 11001-03-15-000-2022-05929-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05929-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05929-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
2 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05929-00
Recurrente: Alexander Landazuri Sevillano
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 16
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05929-00 (9525)
Recurrente: ALEXANDER LANDAZURI SEVILLANO
Asunto: Causal de revisión de nulidad originada en la sentencia
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala Especial de Decisión No. 16 decide en única instancia el recurso extraordinario
de revisión formulado por el señor Alexander Landazuri Sevillano, contra la sentencia
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el
veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021), dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25000-23-42-000-2014-02248-01.
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 25000-23-42-000-2014-02248-01.
1.1. El veintiocho (28) de mayo de dos mil catorce (2014), a través de apoderado
judicial, el señor Alexander Landazuri Sevillano presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho solicitando la anulación de los Oficios Nos. 43560 de
catorce (14) de agosto de dos mil trece (2013) ꟷmediante el cual le fue negado el
reajuste de su asignación de retiro, así como la prima de antigüedad y el subsidio
familiarꟷ, y 45703 de veintitrés (23) de agosto de dos mil trece (2013), con el cual se
declararon improcedentes los recursos de reposición y en subsidio apelación
formulados contra esa decisión1.
1 Folios 99 a 114 del documento pdf “RECIBEPRUEBAS_25000234200020140224(.pdf) NroActua 30”,
visible a índice 30 de SAMAI.
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Como sustento fáctico de su demanda, manifestó que después de haber prestado sus
servicios a la Armada Nacional durante 20 años ꟷinicialmente como soldado voluntario
y luego como profesionalꟷ, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) le
reconoció asignación de retiro “a través de la Resolución 3415 del 27 de noviembre de
2009, con el 70% del salario mensual adicionado en un 38,5% de la prima de
antigüedad”.
El señor Landazuri solicitó el reajuste de la misma de conformidad con el inciso 2 del
artículo 1 del Decreto 1794 de 20002, por cuanto, a su juicio, la asignación mensual
debió incrementarse en el porcentaje fijado en esa norma, así como también debió
incluirse la prima de antigüedad y el subsidio familiar, solicitud que fue negada por
considerar que la prestación estaba ajustada a lo previsto en el artículo 16 del Decreto
4433 de 20043.
1.2. Mediante sentencia de diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018), el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de los actos acusados y
ordenó la reliquidación de la asignación de retiro del señor Landazuri Villamil a fin de
que se tuviera como ingreso base de liquidación un salario mínimo legal mensual
vigente incrementado en un 60%, más el subsidio familiar y la prima de antigüedad,
con efectos fiscales a partir del cinco (5) de diciembre de dos mil nueve (2009) por
haber operado el fenómeno de la prescripción4.
1.3. La CREMIL presentó recurso de apelación solicitando revocar la sentencia de
primera instancia para que “en su lugar se niegue la reliquidación de la asignación de
retiro”, al considerar que en sede administrativa se aplicó correctamente el artículo 16
del Decreto 4433 de 2004, empleando los factores que taxativamente allí se fijaron
2 “[P]or el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales
de las Fuerzas Militares”. El artículo 1 del Decreto en cuestión establece “Asignación salarial mensual.
Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual
equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo
salario. // Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre
del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario
mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%)”.
3 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública”, en cuyo artículo 16 se estableció “Asignación de retiro para soldados profesionales. Los
soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años de
servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta a que por la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al
setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un treinta y
ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de
retiro no será inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
4 Folios 1 a 12 del documento pdf “4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) Nr oActua 2”, visible en el índice
2 de SAMAI.
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para efectos de la liquidación y teniendo en cuenta el 70% del salario básico
incrementado en un 38,5% por la prima de antigüedad5.
1.4. El veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021), la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado decidió confirmar parcialmente la decisión
adoptada en primera instancia y revocó lo concerniente a la inclusión del subsidio
familiar en la reliquidación de la asignación de retiro6.
Como fundamento de su decisión, la Sala consideró que, si bien el accionante tenía
derecho a percibir el incremento previsto en el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794
de 2000, equivalente al 60% de un salario mínimo legal mensual vigente, y que, en
virtud de la sentencia de unificación de veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve
(2019), radicado No. 85001-33-33-002-2013-00327-01, también resultaba del caso
aplicar el 38,5% de la prima de antigüedad al salario incrementado, no ocurría lo mismo
frente a la reclamación por el subsidio familiar.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el recurrente se desvinculó del servicio cuando
aún no habían entrado en vigor los Decretos 1161 y 1162 de 2014, de manera que el
subsidio familiar que hubiese llegado a devengar, en proporción del 4% del salario
básico, no podía ser tenido en cuenta como partida computable para la liquidación de
la asignación de retiro, pues el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 no la contemplaba
dentro de la liquidación de esa prestación.
2. El recurso extraordinario de revisión
El nueve (9) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a través de apoderada judicial,
el señor Alexander Landazuri Sevillano formuló recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado el veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021), alegando la
materialización de la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”7.
5 Folios 14 a 17 del documento pdf “4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) Nr oActua 2”, visible en el índice
2 de SAMAI.
6 Folios 18 a 33 del documento pdf “4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) Nr oActua 2”, visible en el índice
2 de SAMAI.
7 Índice 2 de SAMAI, documento descrito como “2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) Nr oActua 2”.
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Como sustento de su recurso, la parte actora alega que la autoridad judicial
“desconoció el principio de congruencia de la sentencia y excedió los límites de
competencia al proferir la sentencia de segunda instancia”, en tanto el recurso de
apelación presentado por CREMIL fue parcial, encaminado solamente a controvertir la
inclusión de la prima de antigüedad en la asignación de retiro reconocida al entonces
demandante y no lo relativo al subsidio familiar.
En consecuencia, sostiene que el fallador no tenía competencia para pronunciarse
sobre ese asunto, pues el juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo
328 del Código General del Proceso, está limitado por los reparos planteados por el
apelante, de manera que “los aspectos que no fueron debidamente apelados y
sustentados cobran ejecutoria”.
3. Trámite del recurso y oposición
3.1. Por auto de veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022) el recurso
fue admitido y se ordenó su notificación personal a CREMIL, al Ministerio Público y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado8.
3.2. Durante el término de traslado, solamente intervino el Procurador Primero
Delegado ante el Consejo de Estado, quien mediante Concepto No. 002-363 de doce
(12) de enero de dos mil veintitrés (2023) solicitó que se declare infundado el recurso
pues, a su juicio, la sentencia impugnada fue respetuosa del principio de congruencia,
en tanto de la simple lectura del recurso de apelación se advierte que éste se interpuso
para que la fórmula aplicable a la liquidación de la asignación de retiro del accionante
fuera la contenida en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, fórmula que no incluye
el subsidio familiar9.
3.3. Por auto de veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023), el Despacho
decretó las pruebas del proceso y ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
allegar a este trámite el expediente contentivo de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25000-23-42-000-2014-02248-0110, requerimiento
que fue atendido11.
8 Índice 5 de SAMAI. La notificación personal a la CREMIL, al Ministerio Público y la ANDJE se surtió el
primero (1) de diciembre de dos mil veintidós (2022).
9 Índice 15 de SAMAI.
10 Índice 22 de SAMAI.
11 Índice 30 de SAMAI. Tal y como consta a índices 27 y 31 del aplicativo SAMAI, de estos documentos
se corrió traslado sin pronunciamiento de las partes.
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3.4. El siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023), el proceso entró al Despacho
para adoptar la decisión que en derecho corresponda12.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala Especial de Decisión No. 16 es competente para tramitar y decidir el presente
recurso extraordinario de revisión, en los términos del inciso primero del artículo 249
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)13, en concordancia con lo establecido en el numeral 1º del artículo 29 del
Acuerdo 080 de 2019 ꟷReglamento Interno de la Corporación14ꟷ, por tratarse de un
recurso contra una sentencia dictada por una subsección del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el veintiséis (26) de agosto de dos mil
veintiuno (2021), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
25000-23-42-000-2014-02248-01, se encuentra incursa en la causal 5ª de revisión
contemplada en el artículo 250 del CPACA, esta es, “[e]xistir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales relacionadas
con el recurso extraordinario de revisión y la causal señalada por la parte recurrente,
a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.
3. Del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar
del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones
12 Índice 32 de SAMAI.
13 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. (…)”.
14 “ARTÍCULO 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: // 1. Los recursos extraordinarios de revisión
interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
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judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten
sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte
Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo
para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren el
debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de revisión
se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437
de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar determinadas sentencias
a efectos de establecer si estas son contrarias al ordenamiento jurídico15, siempre que
se configure alguna de las causales taxativamente previstas en la ley16. De acuerdo
con lo consagrado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, este recurso procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por
los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.
Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia
cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia
adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las
partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir
términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario17.
Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el
análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que “[c]omo dicho recurso
afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones
que se producen, con ocasión de su interposición, son de carácter excepcional,
15 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio de
la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso
concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos
excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o
circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta
y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad
material, como fines esenciales del Estado”.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013,
radicación 11001-03-15-000-2012-00231-00.
17 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019, radicado
11001-03-15-000-2018-03791-00
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restrictivo y están sometidas a las causales taxativamente previstas en la ley,
con el fin de evitar que se convierta en una tercera instancia.”18 (Se resalta).
De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos en
la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su procedencia o
crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo desnaturalizaría la
excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente contra la seguridad
jurídica.
4. La causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
El numeral 5° del artículo 250 del CPACA contempla como causal de revisión la de
“[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”.
De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal necesita, de
un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia y, del otro, que
contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a que el legislador
no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha configurado
una “nulidad originada en la sentencia”, ha sido la jurisprudencia del Consejo de
Estado la que ha dotado de contenido esta disposición19.
Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones
“originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con
influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad
sustantiva propia de la actuación”20.
En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado esto implica
corroborar que: i) el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que se
materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) la anomalía es de tal
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,
radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).
19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicado
11001031500020170251900.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019, radicado
11001333103520080018001.
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magnitud que configura un defecto insanable de la actuación al punto que, de no
presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta21.
Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por regla
general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad
acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de nulidades
procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas
en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy, artículo 134 del Código
General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez
de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar
sentencia’”22. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposición de la
nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y cuando
esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que la parte actora
debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso
del proceso.
En cuanto a la segunda exigencia, este órgano de cierre ha señalado que son dos los
grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de la
sentencia23: el primero, relacionado con irregularidades que constituyen causal de
nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia y, el segundo,
relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar en la
vulneración del artículo 29 Superior24.
El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal previstas
en el CPACA, en el Código de Procedimiento Civil (CPC) o en el Código General del
Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la sentencia. El segundo,
a la inobservancia de aspectos procesales de tal transcendencia que tengan impacto
21 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado
11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18
de noviembre de 2018, radicado 11001032500020150099600; y Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N° 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado 11001031500020140309300.
22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 13, sentencia del 7 de junio de 2016, radicado
11001031500020150249300.
23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado
11001031500019980015701; Consejo de Estado, Sala Especial No. 26, sentencia del 3 de febrero de
2015, radicado 11001031500020110163900; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22,
sentencia del 2 de febrero de 2016, radicado 11001031500020150234200, y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N° 2, sentencia del 1° de octubre de 2019, radicado 11001031500020130221600.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, radicado
11001031500020070065300. Se toma el resumen de la causal contenido en el radicado No.
110010315000201300702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión N° 10, radicado 11001031500020120023000.
8
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en la garantía del debido proceso25, lo cual excluye la posibilidad de formular, por esta
vía, cuestionamientos que conciernan al contenido de la motivación, a la valoración
probatoria o a la forma de aplicación de una determinada norma.
Así, según la jurisprudencia de esta Corporación y a modo enunciativo, una nulidad
originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de nulidad
procesal previstas en el CPACA o en el Código General del Proceso puede acaecer
en los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que terminó por
desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido
y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando el fallo aparece firmado por menor
o mayor número de magistrados o cuando es adoptado con un número de votos
diferente al previsto en la ley; iii) cuando el fallo viola el principio de non reformatio in
pejus; iv) cuando la sentencia condena a quien no es parte dentro del proceso; v)
cuando el fallo se profiere con falta de competencia o de jurisdicción; vi) cuando se
dicta sentencia con pretermisión de las instancias procesales previas; vii) cuando el
demandado es condenado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta; viii) cuando la sentencia
carece totalmente de motivación, o ix) cuando la sentencia carece de congruencia
interna o externa26.
Sobre este último asunto, y para lo que interesa a esta causa, debe indicarse que la
congruencia, como principio, tiene dos manifestaciones concretas: la interna, que se
refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva de la
sentencia, y la externa, que propende porque la decisión contenida en su parte
resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda y en su
contestación27, es decir, que haya identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones
y excepciones oportunamente presentadas, salvo por las competencias oficiosas que
25 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, radicado
11001031500020180141500.
26 Consejo de Estado, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado 11001031500020090049400;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de abril de 2015, radicado
20083531900; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22, sentencia del 2 de febrero de 2016,
radicado 110010315000201502342; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del
14 de agosto de 2018, radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N° 4, sentencia del 23 de julio de 2019, radicado 11001031500020180434500; Consejo de
Estado, Sala Especial de Decisión N° 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado
11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de
octubre de 2019, radicado 11001032500020130023300; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2019, radicado 11001032500020140032500; y Consejo
de Estado, Sala Especial de Decisión N° 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, radicado
11001031500020180141500.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de marzo de 2018, radicado
11001-032500020130083800.
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Recurrente: Alexander Landazuri Sevillano
la ley otorga al juzgador28. Lo anterior, con fundamento en el artículo 281 del Código
General del Proceso29 ꟷque reformó el artículo 305 del CPCꟷ, aplicable por remisión
normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
Adicionalmente, y en aplicación del principio “Tantum devolutun quantum apellatum”,
en las sentencias de segunda instancia “la incongruencia no se presenta solo cuando
existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado,
sino que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la
sustentación del recurso (pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde
a una invocación del derecho sustancial controvertido.”30.
Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que tienen
lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita cuando se
reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se concede por una causa
distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o infrapetita cuando no se
resuelve algún asunto debidamente planteado31. De fondo, la razón por la cual procede
la nulidad originada en la sentencia cuando se desconoce el principio de congruencia,
es porque en estos casos el fallador excede su competencia, la que, como se ha dicho,
está determinada por las pretensiones y los fundamentos de la demanda, la
contestación y las excepciones propuestas y, tratándose de sentencias de segunda
instancia, por lo indicado en el recurso de apelación, sin perjuicio de los asuntos
intrínsecos que deba resolver el fallador para resolver la litis planteada32.
En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia de
que trata el numeral 5° del artículo 250 del CPACA impone acreditar, de un lado, que
el recurso se interpone contra una sentencia respecto de la cual no procede el recurso
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2021, radicado
11001032600020190010000 (64246).
29 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o
que la ley permita considerarlo de oficio. (…)”.
30 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1° de marzo de 2016, radicado
11001020300020120212600 N° interno SC4415-2016.
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto
de 2002, radicado 76001232400019970434501.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A, sentencia
de 13 de agosto de 2021, radicado 11001032600020190010000 (64246).
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de apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a una nulidad procesal de las
que tratan las codificaciones procesales o a un defecto con implicaciones graves en
la garantía del debido proceso.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a analizar el asunto
sub examine.
5. Caso concreto
De conformidad con lo atrás indicado, corresponde establecer si en la situación objeto
de estudio se materializan los supuestos para la procedencia de la causal de revisión
contenida en el numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
Al respecto, lo primero que se advierte es que la sentencia de veintiséis (26) de agosto
de dos mil veintiuno (2021) que aquí se acusa, no era pasible del recurso de apelación,
en tanto esa decisión se produjo por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado precisamente al resolver la alzada formulada por la entonces
demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-
23-42-000-2014-02248-01.
De acuerdo con el recurrente, la sentencia acusada vulneró el principio de
congruencia, pues se emitió un pronunciamiento por fuera del marco fijado en las
alegaciones del recurso de apelación, en donde se cuestionó “únicamente la
pretensión relativa a la incorrecta aplicación de la prima de antigüedad” y no lo
relacionado con la inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro. Por su
parte, el Ministerio Público adujo que los términos generales en los que se planteó la
alzada muestran que el reproche sí se dirigió contra toda la sentencia de primera
instancia, razón por la cual el ad quem podía y debía pronunciarse sobre la inclusión
del subsidio en cuestión.
Pues bien, en este escenario la Sala advierte relevante analizar, en primer lugar, los
términos en los que la CREMIL planteó la impugnación contra la sentencia proferida
por el Tribunal, a fin de verificar el alcance del recurso de alzada:
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“(…) me permito interponer y sustentar RECURSO DE APELACIÓN contra el fallo
proferido dentro del proceso de la referencia, dictado en fecha 17 de Mayo de
2018, en los siguientes términos:
DECLARACIONES
Que con base en las razones jurídicas que a continuación se exponen solicito se
REVOQUE la sentencia de primera instancia, proferida dentro del proceso de la
referencia, en la cual se resolvió condenar a CREMIL a reajustar y reliquidar la
asignación de retiro del Soldado Profesional.
RAZONES DE INCONFORMIDAD
CORRECTA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE LIQUIDACIÓN DE LA
ASIGNACIÓN DE RETIRO
(PRIMA DE ANTIGÜEDAD)
Indica el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004:
“(…) se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al setenta
por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1
adicionado con un treinta y ocho por ciento (38.5%) de la prima de
antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será inferior a
uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Frente a este aspecto, esta defensa, encuentra suficientemente clara la norma que
indica que el soldado profesional tiene derecho a que se le pague asignación
mensual de retiro, así:
Salario Básico = SMLMV (100%) + (incremento en un 40%) = 140%
Prima de Antigüedad = 38.5%
Asignación de retiro:
70% = (Sueldo Básico + 38.5% de Prima de Antigüedad)
Por consiguiente, siguiendo la uniformidad y secuencia de la norma, debe
reconocerse la asignación de retiro equivalente al setenta por ciento (70%) de:
salario básico incrementado en el 38.5% de la prima de antigüedad, tal como ha
estado aplicando esta entidad.
(…) PETICIÓN
Con fundamento en lo expuesto, solicito con todo respeto, se REVOQUE la
sentencia de primera instancia dictada en el proceso de la referencia, y en su lugar
se niegue la reliquidación de la asignación de retiro del señor Soldado Profesional
ALEXANDER LADAZURI SEVILLANO”33 (mayúsculas y negrillas propias del
texto).
33 Folios 301 a 304 del PDF denominado “RECIBEPRUEBAS_25000234200020140224” disponible en
el índice 30 de SAMAI.
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Recurrente: Alexander Landazuri Sevillano
Como se advierte de la simple lectura del escrito de impugnación, es claro que el
reproche formulado por la CREMIL sí se dirigió contra la totalidad de la sentencia
dictada en primera instancia, no solo porque así lo indicó expresamente la entidad al
plantear como solicitud que ésta fuera revocada íntegramente ꟷsin hacer salvedades
o exclusionesꟷ para que, en su lugar, fuera negada la reliquidación de la prestación
reconocida, sino porque el argumento central del recurso fue la consideración de que
la fórmula que debía aplicarse para el reconocimiento de esa prestación era la prevista
en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, de conformidad con la cual los factores
que debían ser incluidos eran, únicamente, el salario básico incrementado y la prima
de antigüedad en los porcentajes allí definidos, sin contemplar como factor computable
el subsidio familiar.
En ese sentido, si a juicio del apelante en este caso no había lugar a ordenar la
reliquidación de la asignación de retiro reconocida en favor del señor Landazuri
Sevillano porque la prestación había sido determinada por la entidad con fundamento
en los factores que el Decreto 4433 de 2004 establecía, es claro que su alegato
también se dirigía a cuestionar el reconocimiento de un factor computable que, según
lo dicho por la entidad, no se encontraba previsto en la norma en cuestión.
Bajo esta perspectiva, es evidente que para que el ad quem pudiera decidir sobre la
“correcta aplicación de la fórmula de liquidación de la asignación de retiro”, debía
analizar necesariamente todos los elementos que fueron determinados por el Tribunal
en su decisión, contrastados con aquellos que correspondían de conformidad con la
normatividad vigente y aplicable al caso, incluyendo el relativo al subsidio familiar que,
aunque fue reconocido por la autoridad de primera instancia, según el argumento del
apelante no se encontraba contenido en la fórmula prevista en “el artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004”.
Por tal razón, como lo afirmó el Delegado del Ministerio Público, en este caso la
autoridad judicial de segunda instancia no vulneró con su decisión, de manera alguna,
el principio de congruencia, ni tampoco decidió por fuera de sus competencias, pues
lo cierto es que el reproche que formuló el apelante contra la providencia del Tribunal
abarcó la integridad de la fórmula aplicada por ese fallador.
En este punto, debe resaltarse que la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado
que “la competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en
aquellos aspectos propuestos por el recurrente, aunque no hayan sido expresamente
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Recurrente: Alexander Landazuri Sevillano
mencionados en el recurso, que estén íntimamente ligados al aspecto materia de
impugnación”34, ya que cuando el juez adquiere competencia “para resolver un aspecto
global de la controversia, por haber sido objeto del recurso, tiene igualmente la
atribución para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general,
aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único”35.
Conforme con lo anteriormente expuesto, esta Sala Especial de Decisión debe concluir
que en la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado el veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021), no se materializó la
causal de revisión alegada, razón por la que se declarará infundado el recurso
presentado por el señor Alexander Landazuri Sevillano.
6. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión de la referencia se
formuló cuando ya se encontraba vigente y en aplicación la Ley 2081 de 2021, para
resolver sobre las costas debe darse acudirse al texto del inciso final del artículo 255
del CPACA con la modificación introducida por dicha ley, que sobre el punto dispone:
“ARTÍCULO 255. SENTENCIA. (…) Si se declara infundado el recurso, se
condenará en costas y perjuicios al recurrente.”
Según se desprende de la norma en cita, la imposición de costas en el recurso
extraordinario de revisión responde a un criterio objetivo y verificable, esto es, la
desestimación del recurso, con la advertencia de que, de conformidad con los artículos
365 y 366 del Código General del Proceso, la condena procederá cuando en el
expediente esté demostrado que se causaron “y en la medida de su comprobación”36.
Bajo este entendido, esta Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
recurrente, toda vez que no está demostrado que estas se causaron. En lo que
respecta a las agencias en derecho, como no se encuentra acreditada la labor
defensiva de la otrora autoridad demandada, tampoco se impondrá condena por este
concepto.
34 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 1, sentencia de 26 de octubre de 2022, radicado
11001-03-15-000-2016-02271-00.
35 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 9 de febrero de
2012, radicado 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104).
36 Numeral 8, artículo 365 del Código General del Proceso.
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Recurrente: Alexander Landazuri Sevillano
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena, a través de la Sala
Especial de Decisión No. 16, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado el veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021), dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-42-000-2014-
02248-01.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte recurrente.
TERCERO: Por Secretaría General, ARCHÍVESE el expediente previas las
anotaciones pertinentes.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Consejero Consejero
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Consejera Consejero
Con salvamento parcial de voto
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