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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03316-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03316-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 1° de agosto de 2024, por la Sección Primera del Consejo de Estado, dadas las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03316-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

28 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03316-01
Demandante: Inversiones López Piñeros Ltda.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-03316-01
Demandante INVERSIONES LÓPEZ PIÑEROS LTDA.
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas Acción de tutela contra providencias judiciales de altas
Corporaciones. Causales generales y especiales de procedibilidad.
La relevancia constitucional: tercera instancia. La subsidiariedad.
Recurso extraordinario de revisión. Medio de control de reparación
directa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el apoderado de la sociedad
Inversiones López Piñeros Ltda., contra el fallo de tutela del 1° de agosto de 2024,
proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, que dispuso:
«PRIMERO. – DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.» 1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 27 de junio de 20242, la Sociedad Inversiones López Piñeros Ltda., por conducto
de apoderado especial, interpuso acción de tutela contra la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado por considerar que esa autoridad judicial
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, al emitir la sentencia del 13 de diciembre de 2022 y el
auto del 19 de febrero de 2024 que negó las solicitudes de adición y de nulidad del
fallo. Lo anterior, en el curso del proceso de reparación directa nro. 25000-23-36-
000-2014-00955-01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Comedidamente pido al H. Consejo de Estado que, al dictar la sentencia que decida la
presente acción de tutela, deje sin efectos las providencias antes identificadas.
Como consecuencia de lo anterior solicito de manera atenta que se ordene a la subsección
“C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado proferir una nueva sentencia, en la cual, al
resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 18 de enero de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resuelva la controversia planteada
ciñéndose a la realidad fática que obra en el proceso, es decir, resolviendo de fondo las
pretensiones, examinando y fijando el valor que corresponde a las pruebas practicadas de
acuerdo con las reglas de la sana crítica.» 3

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Página 40 del fallo de tutela de primera instancia. Samai, índice 18.
2 Samai, índice 1.
3 Páginas 2 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03316-01
Demandante: Inversiones López Piñeros Ltda.

2.1. Inversiones López Piñeros Ltda. promovió medio de control de reparación
directa contra la Superintendencia de Notariado y Registro y contra la
Superintendencia de Sociedades para que se declarara su responsabilidad
administrativa y patrimonial por la inscripción de una medida de extinción de
dominio y una medida cautelar de embargo sobre el inmueble denominado
Las Mercedes.

Esta anotación se ordenó en el trámite del proceso liquidatorio de DMG
Holding SA. La Superintendencia de Sociedades ordenó a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos inscribir a DMG como propietario del
inmueble Las Mercedes y registrar las medidas cautelares de embargo y
secuestro.

Inversiones López Piñeros Ltda. adujo que era la propietaria del 51.81% del
inmueble y alegó error jurisdiccional atribuible a la Superintendencia de
Sociedades por solicitar la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de
una medida que no existió y la falla en el servicio de la Superintendencia de
Notariado y Registro por no exigir los soportes para hacer el registro.

2.2. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, bajo el
radicado Nro. 25000-23-36-000-2014-00955-00.

En sentencia del 18 de enero de 2017, esa autoridad negó las pretensiones
de la demanda por considerar que no se acreditó el daño debido a que la
causa de la pérdida de la disposición del inmueble Las Mercedes fue anterior
a la anotación de extinción de dominio. Se relaciona un aparte de la sentencia
a ese respecto:
«Es claro de lo anterior, que la no disposición sobre el inmueble denominado "Las Mercedes"
que alega el demandante, no deviene de la expedición del auto referido por la
Superintendencia de Sociedades y cuyo registro realizó la Oficina de Instrumentos Públicos
de Bogotá, bajo la denominación de extinción de dominio, pues es evidente que dicha
restricción surgió de actuaciones diferentes y previas, como lo son de la Fiscalía General de
la Nación dentro del proceso penal aludido y de la actuación de Ia Superintendencia de
Sociedades en el proceso de liquidatorio y aunque se hace referencia de ellas en la demanda,
no fueron objeto de cuestionamiento a través de los medios de control que dispone el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues resulta claro en
palabras propias del apoderado de la parte demandante, que el presente asunto sólo está
ceñido a la pérdida de la titularidad del inmueble por el registro de extinción de dominio, tal
como se expresó de la siguiente manera en la demanda, fijación del litigio y alegatos de
conclusión (…)
No desconoce la sala que en decisión del 9 de diciembre de 2014, la Fiscalía Primera
Delegada ante el Tribunal de Distrito Extinción de Dominio y Lavado de Activos, declaró la
nulidad de todo lo actuado a partir de la Resolución de fecha 21 de septiembre de 2010,
mediante la cual se dio inició a la acción de extinción de derecho de dominio y en
consecuencia ordenó levantar las medidas cautelares sobre los bienes, lo cual devendría que
el bien ya no fuese objeto de embargo; no obstante lo anterior, en la misma decisión se ordenó
de manera inmediata ponerlos a disposición de la liquidación judicial de DMG Grupo Holding
S.A. a cargo de la Superintendencia de Sociedades, para garantizar la indemnización de las
víctimas, lo cual huelga repetir, no es objeto de cuestionamiento del presente asunto, máxime
que la anotación No. 15 del 17 de noviembre de 2011, previa a la cuestionada No. 16
EXTINCION DE DOMINIO, tiene registro de embargo de liquidación obligatoria a favor de
DMG Grupo Holding S.A. luego es fácil concluir, que no existe un daño con en el registro de
la anotación 16 como lo afirma el demandante, que atribuye la pérdida de disposición del
inmueble a dicha actuación, pues tal como se evidenció, la disposición de éste ya había sido
restringido previamente.» (Subraya propia)

2.3. La parte demandante apeló la decisión de primera instancia. Dijo que el juez
a quo no valoró el dictamen pericial que probó el daño y argumentó que
incurrió en un error al transcribir la providencia proferida en el proceso 2014-
00217.

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Demandante: Inversiones López Piñeros Ltda.

2.4. El conocimiento del proceso en segunda instancia correspondió a la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. El 3 de mayo de
2019 se decretaron pruebas en segunda instancia y el 17 de junio de ese año
corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión.

2.5. El 27 de abril de 2020, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia porque no estaban
acreditados los elementos de la responsabilidad del Estado.

2.6. En sentencia del 13 de diciembre de 2022, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia.
Como fundamento de su decisión dijo que, la sociedad demandante no
acreditó el daño antijurídico. Estimó que «la causa de la pérdida del derecho de
dominio del inmueble Las Mercedes obedeció al proceso de intervención que la
Superintendencia de Sociedades decretó con fundamento en los Decretos 4333, 4334,
de 2008 y 1910 de 2009. De conformidad con estas normas, la Superintendencia de
Sociedades tenía la facultad de liquidar judicialmente a la sociedad DMG Grupo Holding
SA y decretar medidas cautelares para proteger los bienes y ponerlos en cabeza de la
liquidación. (…) Conforme a las pruebas la pérdida de titularidad del bien «Las Mercedes»
no se debió a una omisión de la Superintendencia de Notariado y Registro, pues,
quedó acreditado que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos procedió conforme
a las decisiones que la Superintendencia de Sociedades profirió en uso de sus facultades
jurisdiccionales [núm. 8]. Por ello, la Sala confirmará la sentencia apelada».

2.7. La sociedad demandante radicó solicitud de adición de la sentencia y formuló
incidente de nulidad originada en esta. Dijo que la sentencia de segunda
instancia carece de motivación suficiente, desconoce el principio de
congruencia, realizó una inadecuada interpretación normativa y vulneró el
derecho fundamental al debido proceso de la demandante por la omisión e
indebida valoración de las pruebas y porque dejó sin resolver varios puntos
del litigio.

2.8. En auto del 19 de febrero de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado negó las solicitudes de adición y de nulidad de la sentencia
del 13 de diciembre de 2022.

Como fundamento de su decisión manifestó que, la sociedad demandante no
evidenció genuinos aspectos en los que la sentencia hubiera guardado
silencio, sino que su argumentación se dirigió a controvertir el sentido del fallo
de segunda instancia. Destacó que ese propósito es ajeno a la figura de la
adición de la sentencia, ya que no es un mecanismo de impugnación, por lo
que negó la solicitud de adición.

Relativo a la nulidad, mencionó que los argumentos en que se sustentó esa
petición (falta de motivación, contradicción e incongruencia) no se acompasan con
las causales relacionadas en el artículo 133 del Código General del Proceso
(CGP), situación que permitiría sin más rechazar la solicitud.

Sin embargo, reconoció que la falta de motivación de la sentencia podría
configurar una causal de nulidad procesal, pero ante una carencia absoluta de
motivación. Como la sentencia del 13 de diciembre de 2022 contiene un
análisis fáctico y normativo que fundamentó la decisión de confirmar la
decisión de primera instancia y la condena a la recurrente en costas, insistió
en que los reproches no respaldan la concreción de una causal de nulidad, por
lo que negó la petición.

Este auto se notificó en estado electrónico del 21 de marzo de 2024 4.

4 Samai, índice 188 proceso nro. 25000-23-36-000-2014-00955-01

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Demandante: Inversiones López Piñeros Ltda.

3. Fundamentos de la acción

En la acción de tutela, Inversiones López Piñeros Ltda. insistió en que la
Superintendencia de Sociedades incurrió en error jurisdiccional al imponer medidas
cautelares sobre el predio Las Mercedes, del cual es copropietaria esa sociedad
junto con la señora María Elvira López Piñeros y Colbank SA Banca de Inversiones.
Dijo que el inmueble fue injustificadamente vinculado al proceso de liquidación de
DMG Grupo Holding SA, aunque no existía una relación contractual que lo
permitiera. Además, reprochó que la medida cautelar fue registrada por la
Superintendencia de Notariado y Registro sin que existiera soporte jurídico para
ello, configurándose una falla en el servicio registral.

Explicó que en 2008 celebró una promesa de compraventa con dos compradores
que cedieron sus derechos a DMG Grupo Holding SA, incumpliendo una cláusula
de no cesión, lo que la llevó a demandar la resolución del contrato. Afirmó que, pese
a no tener vínculo contractual directo con DMG, su predio fue vinculado sin
justificación en el proceso liquidatorio de esta sociedad y denunció los hechos ante
la Fiscalía para que se le reconociera como víctima de concierto para delinquir.

Así las cosas, señaló que la sentencia del 13 de diciembre de 2022 valoró
indebidamente las pruebas del proceso, especialmente, el auto 400-001866 del 22
de febrero de 20125, emitido por la Superintendencia de Sociedades, que da cuenta
del error jurisdiccional. Explicó que no le fue posible apelar ese auto porque no se
le concedió la oportunidad para ello. Además, acusó la omisión de valoración del
concepto jurídico que emitió la registradora de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá y la documentación emitida por el Comité de
Conciliación de la Superintendencia de Notariado y Registro. Todo lo anterior, a su
juicio, da cuenta del defecto fáctico que se concretó en la sentencia acusada.

De otro lado, la sociedad accionante acusó la concreción de defecto sustantivo por
desconocimiento del principio de congruencia. Dijo que las sentencias ampliaron
indebidamente la fijación del litigio definida en la audiencia inicial y tomaron en
consideración actuaciones posteriores a la fecha de presentación de la demanda.

A ese respecto explicó que la sentencia de segunda instancia modificó la fijación
del litigio al fundamentar su decisión en una prueba obtenida con violación al debido
proceso como lo era el auto del 5 de febrero de 2016 y al señalar que el mismo es
un título de adquisición, aunque tal afirmación no se corresponde con la realidad,
dado que fue proferido con posterioridad al inicio del proceso.

Agregó que las decisiones judiciales violaron el principio de no reforma en peor
porque desmejoró en segunda instancia la situación de la sociedad, aunque era
apelante única.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 1° de agosto de 2024, el despacho sustanciador de la primera
instancia admitió la acción de tutela interpuesta por la sociedad Inversiones
López Piñeros Ltda. contra la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado y vinculó, en calidad de terceros, a la Nación, Superintendencias de
Sociedades y de Notariado y Registro, así como a la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada su
calidad de sujetos procesales en el medio de control de reparación directa nro.
25000-23-36-000-2014-00955-01.

5 Este auto ordenó la inscripción de la titularidad de DMG Grupo Holding S.A. en el folio de matrícula del
inmueble Las Mercedes y dispuso el embargo y secuestro del bien.

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También ofició al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que
remitieran, en medio digital, las piezas procesales del proceso de reparación
directa analizado.
4.2. El magistrado William Barrera Muñoz, magistrado de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, manifestó que no fue el ponente
de la sentencia dado que la misma se emitió el 13 de diciembre de 2022 y él
se posesionó el 24 de noviembre de 2023. Por lo anterior, dijo que se
abstendría de emitir pronunciamiento frente a la acción de tutela.
4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto del magistrado
Henry Aldemar Mogollón, solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela porque lo que pretende la sociedad demandante es convertir este
mecanismo constitucional en una instancia adicional para prolongar el debate
fáctico y jurídico debidamente clausurado en instancia, donde no se acreditó
la responsabilidad del Estado.

Esta corporación enfatizó en los principios de autonomía e independencia
judicial y advirtió que no se puede obligar a un juez a dictar sus sentencias en
un determinado sentido.

De manera subsidiaria, manifestó que la sentencia de primera instancia
concluyó que el Estado no tuvo responsabilidad debido a que no se probó el
daño antijurídico que se reclamó como consecuencia del registro de la
anotación núm. 16 «EXTINCIÓN DE DOMINIO» en el certificado de tradición de
matrícula inmobiliaria número 50N- 20341326.

4.4. La Superintendencia de Notariado y Registro, por conducto de la jefe de la
Oficina Asesora Jurídica, dijo que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional ya que la controversia presentada es de carácter estrictamente
económico y discute aspectos legales que fueron analizados en cada una de
las instancias del proceso, por lo que no se evidencia afectación directa de los
derechos fundamentales que justifique el uso de la tutela.

Agregó que los jueces de instancia analizaron el marco jurídico pertinente y
valoraron las pruebas del proceso, pero la sociedad actora pretende prolongar
el debate probatorio mediante la acción de tutela, finalidad contraria a la
naturaleza de ese mecanismo constitucional de protección de derechos.

4.5. La Superintendencia de Sociedades, por conducto de la coordinadora del
Grupo de Defensa Judicial, solicitó declarar la improcedencia de la acción de
tutela. Dijo que los argumentos de la sociedad se fundamentan en aspectos
legales sin relevancia constitucional que no desvirtúan los fundamentos de la
sentencia acusada.

Advirtió que la sociedad accionante pretende controvertir la valoración de las
pruebas del proceso ordinario, finalidad que no se acompasa con la naturaleza
de la acción de tutela, más aún cuando se respetaron los derechos y garantías
de la sociedad en el curso del proceso.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 1° de agosto de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la acción de tutela. Dijo que las pretensiones
relacionadas con la presunta ocurrencia del error jurisdiccional carecían de
relevancia constitucional, dado que se tomó la acción de tutela como una tercera
instancia y frente a los reproches relacionados con la violación del principio de
congruencia declaró el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad porque
debió promoverse el recurso extraordinario de revisión.

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En el fallo se advirtió que los argumentos expuestos en la tutela ya fueron
suficientemente debatidos por los jueces de instancia. El a quo señaló que la
Sección Tercera expuso el análisis de las pruebas del expediente y del marco
jurídico aplicable y concluyó que no se acreditó el daño antijurídico, pues la causa
de la pérdida del derecho de dominio del inmueble Las Mercedes obedeció al
proceso de intervención que la Superintendencia de Sociedades declaró con
fundamento en los Decretos 4333, 4334 de 2008 y 1910 de 2009, conforme a las
cuales dicho ente tenía la facultad de liquidar judicialmente a la sociedad DMG
Grupo Holding SA y decretar medidas cautelares para proteger los bienes y
ponerlos a disposición de la liquidación.

Adicional a lo anterior, la accionada manifestó que la carga de la prueba recaía
sobre la demandante, a efectos de demostrar que la inscripción irregular de la
medida cautelar fue la causa de la pérdida del derecho de dominio, lo que no se
acreditó en el proceso ordinario.

Respecto de las inconformidades dirigidas a acreditar la falta de congruencia en la
sentencia, destacó que estaba a disposición el recurso extraordinario de revisión
consagrado en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).

6. Auto que resolvió la solicitud de aclaración del fallo de tutela

6.1. La sociedad accionante solicitó al a quo que aclarara si «es permitido en la
legislación colombiana que, en los procesos de liquidación judicial para proteger los bienes,
se puedan ordenar por 2 (sic) parte de la Superintendencia de Sociedades con facultades
jurisdiccionales, el traspaso de bienes inmuebles de una sociedad, en este caso
INVERLOPEZ, a favor de otra sociedad DMG, mediante la figura jurídica de EXTINCIÓN DE
DOMINIO».

Dijo que del fallo de tutela se entendía que el juez constitucional avalaba la
extinción de dominio a favor de particulares en procesos de liquidación bajo el
pretexto de proteger los bienes de la sociedad intervenida.

6.2. En auto del 19 de septiembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado negó la solicitud de aclaración presentada por la sociedad accionante.
Como fundamento de esta decisión, advirtió que el fallo de tutela declaró la
improcedencia de la acción, es decir que no entró al análisis de fondo de la
petición porque no superó los presupuestos de relevancia constitucional y de
subsidiariedad.

Así las cosas, gran parte de la argumentación se dirigió a evidenciar que los
cargos de la acción de tutela ya habían sido estudiados y decididos por los
jueces de instancia, de manera que lo expuesto corresponde a las
conclusiones que se extrajeron de manera objetiva de los fundamentos de la
sentencia objeto de cuestionamiento, más que a consideraciones,
apreciaciones subjetivas o tesis jurídicas de la Sala. Luego, destacó que no
se evidenciaban conceptos o frases que merecen ser aclarados con
fundamento en un verdadero motivo de duda.

7. Impugnación

La sociedad accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia. Dijo
que los argumentos de la acción de amparo no fueron analizados por el juez de
tutela quien declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional, aunque
en la demanda se dijo expresamente que no era la intención de la sociedad reabrir
el debate probatorio propio de las instancias del proceso de reparación directa
estudiado.

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Advirtió que en el escrito de tutela explicó «con diligencia» que la Sección Tercera
no valoró la prueba regular y oportunamente allegada al proceso, pero ese cargo
no fue analizado por el juez constitucional. Por lo que, como sustento de la
impugnación, aduce remitirse a ese cargo del argumento inicial del escrito de tutela.

Se destaca a ese respecto, el siguiente aparte de la impugnación:
«Con toda consideración manifiesto que en la acción de tutela no afirmé que debió accederse
a las pretensiones de la demanda, ni me quejé de la aludida valoración exhaustiva de las
pruebas. Aduje, y así obra en autos, que la Sección Tercera no examinó, por ende, no valoró
la prueba regular y oportunamente allegada al proceso.
En modo alguno señalé que debió accederse a las pretensiones de la demanda. Pedí que se
examinara y valorara la prueba regular y oportunamente allegada al proceso. Así mismo
afirmé que no se había hecho mención en absoluto a las pruebas que el mismo magistrado
decretó y practicó en la segunda instancia. Lo sustenté en debida forma. Este extremo no lo
resolvió la sentencia objeto de la presente impugnación.
Otro fundamento de la acción de tutela consistió en que la Sección Tercera basó su decisión
en una prueba (Auto No. 400-001732 – fecha: 05/02/2016) obtenida con violación del debido
proceso (nunca fue decretada ni de oficio ni a petición de parte, simplemente apareció en el
expediente), que además había sido modificada por otro (Auto No. 400-008098 fecha
23/04/2016) como lo expliqué y sustenté en debida forma. Este aspecto tampoco fue
resuelto».

Por otra parte, se opuso a la decisión de improcedencia del cargo de incongruencia
por no superar el presupuesto de subsidiariedad. Argumentó que el a quo desvió el
objeto de la acción de tutela, pues la censura se orientó a señalar que las sentencias
emitidas en el proceso de reparación directa desbordaron la fijación del litigio que
se definió en la oportunidad correspondiente, actuación que materializa una clara
violación del derecho fundamental al debido proceso. Y agregó: «el desconocimiento
del principio de la no reformatio in peius y principio de congruencia constituye violación de
derecho fundamental al debido proceso [Sentencia T-455 de 2016]».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7

6 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.

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y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas
de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los
principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es
así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para
admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe
contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con
la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a esta Sección determinar si le asistió razón al a quo al declarar la
improcedencia de la acción de tutela promovida por la sociedad Inversiones López
Piñeros Ltda. por no cumplir con los presupuestos de relevancia constitucional y de
subsidiariedad.
En caso de que se estimen acreditados estos y los demás requisitos generales de
procedibilidad, la Sala continuará con el análisis de los cargos de fondo y deberá
determinar si la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió
en defecto fáctico y en defecto sustantivo al emitir la sentencia del 13 de diciembre
de 2022 y el auto del 19 de septiembre de 2024 en el medio de control de reparación
directa nro. 25000-23-36-000-2014-00955-01 (58932).

4. Alcance del requisito de relevancia constitucional y su análisis en el caso
particular

4.1. La sociedad accionante discutió que no se analizaron de fondo los cargos en
los que discutió que la Sección Tercera del Consejo de Estado (i) omitió valorar
las pruebas que fueron regular y oportunamente aportadas al proceso y, por

8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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el contrario, (ii) sí valoró la que ingresó al acervo con violación al debido
proceso.

Recordó que en el escrito de tutela expuso, de manera específica, que no
pretendía reabrir el debate probatorio propio de las instancias ordinarias del
proceso, pero, a pesar de ello, el juez constitucional de la primera instancia
declaró la falta de relevancia constitucional de esos cargos porque estimó que
se tomaba la acción de tutela como una tercera instancia.

A ese respecto debe precisar esta Sala que, la sola manifestación de que no
se toma la acción de tutela como una instancia adicional no es suficiente para
declarar superado el presupuesto de relevancia constitucional. Es necesario
que la argumentación de la tutela y de la impugnación respalden esa
afirmación. Para analizar esta inconformidad, se explicará el alcance del
requisito de relevancia constitucional y las facetas que lo componen de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional para, posteriormente, analizarlas
de cara a los argumentos de la impugnación con el propósito de determinar si
le asistió razón al a quo al declarar la falta de relevancia constitucional de este
cargo.

4.2. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales
vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún
modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa
aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de
Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en
Sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410 y por la Corte Constitucional
en la Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»11. Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.

10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación del 5 de agosto de
2014. Proceso nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), con ponencia del magistrado Jorge Octavio
Ramírez R. Actor: Alpina Productos Alimenticios SA.
11 Ibidem.

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(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

En caso de que se trate de los mismos argumentos y de que estos hayan sido
estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela concluya
que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia
adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es
insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de
que el juez de tutela, a diferencia del juez de la causa, sí acceda a sus
pretensiones.

4.3. En la acción de tutela la sociedad Inversiones López Piñeros Ltda. acusó que
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no realizó el
examen crítico del auto nro. 400-001866 del 22 de febrero de 2022, contentivo
del error jurisdiccional alegado en la demanda de reparación directa.

Conviene en este punto relacionar el aparte de la sentencia cuestionada donde
la autoridad judicial analizó el error judicial que la demandante imputó a la
Superintendencia de Sociedades. Veamos:
«7. El error jurisdiccional como escenario de responsabilidad está previsto en la Ley 270 de
1996, estatutaria de la administración de justicia, que en el artículo 65 establece que quien
haya sido víctima de un error de esta naturaleza podrá demandar al Estado reparación de
perjuicios. El artículo 66 de esa norma definió el error jurisdiccional como aquel cometido por
una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un
proceso, que se materializa a través de una providencia contraria a la ley. La Corte
Constitucional condicionó su constitucionalidad a que dicho error se materialice en una
providencia judicial y a que encuadre dentro de los mismos presupuestos que la
jurisprudencia ha definido como una «vía de hecho».
De acuerdo con dicha disposición, tal como quedó después de su condicionamiento de
constitucionalidad, el estudio de responsabilidad debe realizarse desde una perspectiva
funcional, que reconoce la autonomía del juez. Por ello, el error jurisdiccional no corresponde
a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica, sino que
debe enmarcarse en «una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente
violatoria del debido proceso». Por su parte, el artículo 67 de la misma ley dispone que para
la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado
hubiere interpuesto los recursos de ley y (ii) que la providencia contentiva de error esté en
firme. Los «recursos de ley» deben entenderse como los recursos ordinarios de impugnación
de providencias, que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para
los extraordinarios y que no requieren de la presentación de una demanda adicional.

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(..)
8. Según la demanda, la Superintendencia de Sociedades incurrió en error jurisdiccional
en el auto que ordenó la inscripción de la medida de extinción de dominio del inmueble con
matrícula inmobiliaria no. 50N20341326, pues la sociedad DMG Grupo Holding S.A. no
tenía derecho alguno sobre el inmueble y que de haber sido así, estaba obligada a
convocar al tercero afectado con la medida.
El artículo 6 de la Ley 1116 de 2006, en consonancia con el artículo 116 CN, atribuyó
funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades para conocer procesos de
insolvencia y obrar como «juez del concurso» para todas las sociedades, empresas
unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, respecto de
deudores personas naturales comerciantes.
El artículo 513 CPC, aplicable por remisión de los artículos 8, 75, 82 102 y 124 de la Ley
1116 de 2006, dispone que el auto que decrete o niegue las medidas cautelares y el que
las revoque por vía de reposición, son apelables en el efecto devolutivo. En consonancia,
el artículo 354 CPC prevé que la apelación de providencias se concede en el efecto
suspensivo, devolutivo o diferido. El efecto devolutivo, no suspende el cumplimiento de la
providencia apelada, ni el curso del proceso. Está acreditado que la Superintendencia de
Sociedades ordenó la inscripción de DMG Grupo Holding S.A. en el folio de matrícula del
inmueble «Las Mercedes» y dispuso el embargo y secuestro del bien [hecho probado 6.4].
Como la demandante no cumplió con uno de los requisitos para la procedencia del estudio
del error jurisdiccional, pues no interpuso recurso de apelación contra la providencia que
ordenó la inscripción de la medida cautelar, la acción de reparación directa por error judicial
es improcedente, según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996.» (Subraya la Sala)

El aparte relacionado de la sentencia acusada permite corroborar la
improcedencia del cargo por carecer de relevancia constitucional. En efecto,
se evidencia que el auto del 22 de febrero de 2022 fue considerado por la
accionada como el origen del error jurisdiccional alegado y por ello analizó
si cumplía con los requisitos del precedente judicial allí invocado para
proceder con el análisis de fondo en los términos alegados en la demanda.
Sin embargo, al evidenciar que el interesado no interpuso los recursos
procedentes contra la providencia presuntamente contentiva del error
jurisdiccional declaró la improcedencia del cargo.

Así las cosas, lo que se observa es un desacuerdo con que no se haya
analizado el medio de prueba en el sentido pretendido por la sociedad
actora con miras a identificar el error jurisdiccional por ella señalado. Quiere
pues la accionante imponer el sentido de la valoración del medio de prueba,
pero la autoridad cumplió con el deber de exponer las razones por las que
no procedería el estudio en ese sentido.

Entonces no es posible que a través de la acción de tutela se imponga una
valoración de los medios de prueba según los intereses litigiosos de la parte
a la que no le favoreció la decisión. En esa línea, se insiste que la acción de
amparo no es una instancia adicional para prolongar el debate probatorio
ya definido en instancia.

Ahora bien, en la acción de tutela se expuso que, la Superintendencia de
Sociedades no dio la oportunidad a la sociedad de recurrir, pues en el auto
del 22 de febrero de 2022 no se expusieron los recursos que procedían
contra esa providencia ni el término para promoverlos. Además, manifestó
que el «auto» nro. 400-008300 del 15 de agosto de 2012 daba cuenta de
por qué no se pudo interponer el recurso.

Estos argumentos no permiten superar el presupuesto de relevancia, pues
la cuestión relativa a la procedencia y oportunidad de los recursos contra el
mencionado auto ya fue objeto de análisis en la sentencia acusada y la
acción de tutela no es una instancia adicional.

En la providencia cuestionada se le recordó a la sociedad demandante que:

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«El artículo 513 CPC, aplicable por remisión de los artículos 8, 75, 82 102 y 124 de la Ley
1116 de 2006, dispone que el auto que decrete o niegue las medidas cautelares y el que
las revoque por vía de reposición, son apelables en el efecto devolutivo. En consonancia,
el artículo 354 CPC prevé que la apelación de providencias se concede en el efecto
suspensivo, devolutivo o diferido».

En relación con el oficio nro. 400-008300 del 15 de agosto de 2012, apenas
se mencionó que daba cuenta de la imposibilidad de interponer el recurso
contra el auto del 22 de febrero de 2012 y se relacionó uno de sus apartes,
pero la sociedad no explicó por qué este documento demuestra la
imposibilidad de recurrir el aludido auto. Luego, el alegato carece de carga
argumentativa suficiente para poder superar la improcedencia por falta de
relevancia constitucional.
En todo caso, la Sección analizó el contenido del oficio y observó que se
trata de la respuesta de la Superintendencia de Sociedades a un derecho
de petición incoado por Colbank SA, es decir, es un oficio dirigido a una
sociedad diferente a la que hoy obra como accionante.

4.4. De otra parte, Inversiones López Piñeros Ltda. acusó que la sentencia de
segunda instancia se fundamentó en una prueba obtenida con violación al
debido proceso, pues advierte que el auto nro. 400-001732 del 5 de febrero
de 2016, proferido por la Superintendencia de Sociedades, no fue decretado
ni si quiera de oficio dentro del proceso y que no se corroboró que el
contenido de este documento fuera conocido por la sociedad demandante.
Se relaciona el aparte de la acción de tutela pertinente:
«La sentencia aquí impugnada no indica cómo obtuvo esa prueba, tampoco cómo y cuándo
la decretó, mucho menos si permitió a la actora, sociedad Inversiones López Piñeros el
ejercicio del derecho de contradicción pues el magistrado conductor del proceso no solo
no la decretó ni practicó, mucho menos dio traslado para que ejerciera el derecho de
contradicción»

El anterior argumento no supera el requisito de relevancia constitucional
debido a que se trata de una inconformidad que debió ser expuesta en la
apelación para que el juez de la segunda instancia se pronunciara sobre
esa situación, pues el auto del 5 de febrero de 2016 se relacionó dentro del
acápite de hechos probados desde la sentencia de primera instancia donde
además se expusieron argumentos con fundamento en ese proveído. De
manera que, si la sociedad estimaba que era un medio de prueba que no
ingresó en debida forma al proceso debió acusarlo en la oportunidad
procesal para ello (Supra 4.2. iv).

A ese respecto, se citará el aparte pertinente de la sentencia ordinaria de
primera instancia emitida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca:
«3. DE LA RELACIÓN PROBATORIA
Obran en el expediente las siguientes pruebas (…)
● Copia simple del auto 400-001732 del 5 de febrero de 2016, proferido por la
Superintendencia de Sociedades, mediante el cual decreta la intervención en la
modalidad de liquidación judicial del 50% del inmueble objeto de la presente (ff. 382-
389 cuaderno de pruebas nro. 2) (…)»12

Adicional a lo anterior, al consultar el auto de la Superintendencia de
Sociedades del 5 de febrero de 2016 en el expediente del proceso
analizado, según el folio indicado en las sentencias de primera y segunda

12 Página 19 de la sentencia ordinaria de primera instancia. Expediente digitalizado del medio de control de
reparación directa nro. 25000-23-36-000-2014-00955-00. Archivo denominado «2014-00955-CUADERNO
3»

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instancia (folio 382 a 382 C2), se observa que la copia del auto está precedida
de memorial del apoderado de la sociedad actora del que se extracta el
siguiente aparte:

Lo anterior da cuenta de que lo pretendido por la accionante es que en este
proceso constitucional se retome el debate probatorio y se establezca el
poder de convicción de ciertos medios de prueba, pero el escenario donde
se debe surtir ese análisis es el proceso ordinario y las inconformidades
deben exponerse través de las herramientas y en las oportunidades
procesales dispuestas para ese propósito. Al juez de tutela no le
corresponde surtir en una tercera instancia la valoración de los medios de
prueba en los términos pretendidos por la parte actora, salvo que evidencie
un real escenario de vulneración de derechos fundamentales.

4.5. Respecto de la necesidad de fundamentar la sentencia en las pruebas
allegadas legal y oportunamente al proceso y al alegato de que no se
tuvieron en cuenta las pruebas decretadas en segunda instancia, conviene
relacionar los argumentos de la sentencia del 13 de diciembre de 2022 en
los que se fundamentó la decisión de negar las pretensiones de la demanda.

La primera parte de esos fundamentos, relativo al error jurisdiccional ya fue
relacionada en el numeral 4.2. Supra, por lo que a continuación se
relacionarán los apartes de la sentencia donde se estudió la falla en el
servicio atribuida a la Superintendencia de Notariado y Registro y se
emitieron las conclusiones del fallo:
«11. Según la demanda, la Superintendencia de Notariado y Registro es responsable por
haber registrado en el folio de matrícula no. 50N-20341326 la medida cautelar de embargo
y secuestro sin haber solicitado la sentencia ejecutoriada del proceso de extinción de
dominio.
Está acreditado que 29 de junio de 2006, Inversiones López Piñeros Ltda. Adquirió el
51.81% del inmueble «Las Mercedes» con matrícula inmobiliaria no. 50N- 20341326
[hecho probado 6.1]. El 15 de diciembre siguiente, la Superintendencia de Sociedades

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decretó el embargo de todos los bienes de DMG Grupo Holding S.A. [hecho probado 6.2]. El 21 de septiembre de 2010, la Fiscalía 26 de la Unidad Nacional para la Extinción del
Derecho de Dominio y el Lavado de Activos inició el trámite de extinción de dominio de
varios bienes de DMG en Liquidación [hecho probado 6.3]. El 12 de junio de 2012, la
Superintendencia de Notariado y Registro inscribió la medida cautelar decretada por la
Superintendencia de Sociedades [hecho probado 6.5]. El 5 de febrero de 2016, la
Superintendencia de Sociedades decretó la intervención de la operación relacionada con
el contrato de compraventa del inmueble con matrícula inmobiliaria no. 50N-20341326
vinculado al proceso de intervención de DMG Grupo Holding S.A. en liquidación judicial y
solicitó aclarar el folio de matrícula inmobiliaria porque el título de adquisición era el auto
no. 400-001732 y no la extinción de dominio inscrita en la anotación no. 16 [hecho probado
6.7].
(…)
12.1. Obra en el expediente el auto del 22 de febrero de 2012, proferido por
la Superintendencia de Sociedades, que ordenó la inscripción de DMG Grupo Holding S.A.
como propietario del inmueble las «Las Mercedes» y el registro de la medida cautelar de
embargo y secuestro sobre el bien (f. 201-221 c. 2). Según el documento, la Fiscalía 26 de
la Unidad Nacional de Extinción de Dominio estableció que DMG Grupo Holding S.A. era
la propietaria del inmueble las «<Las Mercedes>> -objeto de extinción de dominio-. Por
ello, la Superintendencia de Sociedades consideró que, con fundamentó en el artículo 5 de
la Ley 1116 de 2006, le correspondía -como juez del concurso- ordenar las medidas
pertinentes para recuperar los bienes que integran el activo patrimonial del deudor. 12.2. También obra en el expediente el auto del 5 de febrero de 2016, proferido por la
Superintendencia de Sociedades, que decretó la intervención de la operación relacionada
con el contrato de compraventa sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria no. 50N-
20341326 (f. 382-389 c. 1). Según el documento, la Superintendencia de Sociedades
solicitó a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos aclarar el folio de matrícula
inmobiliaria no. 50N-20341326. El título de adquisición era el auto de la Superintendencia
de Sociedades, proferido en cumplimiento de la orden del 9 de diciembre de 2014 de la
Fiscalía Primera Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y no la
extinción de dominio inscrita en la anotación no. 16 del folio de matrícula. Conforme al
documento, a pesar de que la Fiscalía anuló todo lo actuado en el proceso de extinción de
dominio, en sentencia del 9 de diciembre de 2014 ordenó al fiscal de primera instancia
realizar las gestiones para la entrega de todos los bienes de DMG Grupo Holding S.A. Estas providencias son documentos públicos, pues las suscribió un funcionario en ejercicio
de sus funciones y existe certeza sobre la persona que las elaboró, pues no se tacharon de
falso ni se desconocieron (art. 243 CGP). Estos documentos dan cuenta de que la
Superintendencia de Sociedades, como juez del concurso, solicitó a la Superintendencia
de Notariado y Registro la inscripción de la medida cautelar de embargo y secuestro sobre
el inmueble «Las Mercedes». En efecto, la Oficina de Notariado y Registro, de conformidad
con los presupuestos previstos en el ordenamiento legal, inscribió la medida cautelar en el
folio de matrícula inmobiliaria no. 50N-20341326 y, posteriormente, procedió con la
aclaración de la inscripción, pues, el título de adquisición era el auto de la Superintendencia
de Sociedades y no la extinción de dominio inscrita en la anotación no. 16. 13. Conforme a las pruebas, Inversiones López Piñeros Ltda. adquirió el 51.81% del
inmueble «Las Mercedes». El 15 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Sociedades
decretó el embargo de todos los bienes de DMG Grupo Holding S.A. y la Fiscalía inició el
trámite de extinción de dominio de varios bienes de DMG en Liquidación.

La
Superintendencia de Sociedades ordenó la inscripción de DMG Grupo Holding S.A. en el
folio de matrícula del inmueble «Las Mercedes» y dispuso el embargo y secuestro del bien. La Superintendencia de Notariado y Registro inscribió la medida cautelar y, posteriormente,
la Superintendencia de Sociedades solicitó la aclaración del folio de matrícula inmobiliaria
no. 50N-20341326, sin afectar las medidas cautelares anotadas. La demandante no acreditó, entonces, un daño antijurídico, pues la causa de la pérdida del
derecho de dominio del inmueble «Las Mercedes» obedeció al proceso de intervención que
la Superintendencia de Sociedades decretó con fundamento en los Decretos 4333, 4334
de 2008 y 1910 de 2009. De conformidad con estas normas, la Superintendencia de
Sociedades tenía la facultad de liquidar judicialmente a la sociedad DMG Grupo Holding
S.A. y decretar medidas cautelares para proteger los bienes y ponerlos en cabeza de la
liquidación.
(…) . Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de
fundamento a las pretensiones. En concordancia, el artículo 167 CGP, aplicable por
remisión expresa de los artículos 211 y 306 CPACA, prevé que las partes deben probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Conforme a las pruebas la pérdida de titularidad del bien «Las Mercedes»> no se debió a

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una omisión de la Superintendencia de Notariado y Registro, pues, quedó acreditado que
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos procedió conforme a las decisiones que la
Superintendencia de Sociedades profirió en uso de sus facultades jurisdiccionales [núm.
8]. Por ello, la Sala confirmará la sentencia apelada.» (Subraya propia)
Como se observa, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado realizó el análisis de las pruebas del proceso que estimó relevantes
a efectos de resolver los argumentos que se expusieron desde la demanda
contra las Superintendencias de Sociedades y de Notariado y Registro y
concluyó con la debida indicación de las pruebas del proceso que no se
acreditó el daño antijurídico alegado.

Así las cosas, se insiste, la acción de tutela no es un escenario para
prolongar el debate probatorio o una tercera instancia para tratar de que
prospere la tesis fáctica defendida por una de las partes luego del análisis
del juez natural, esa no es su naturaleza ni su propósito.

4.6. Es por lo anterior que la acción de tutela no supera el requisito de relevancia
constitucional en tanto la argumentación expuesta no advierte la concreción
de un error en la sentencia que afecte los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, sino la intención de reabrir el debate
probatorio que fue clausurado en el curso del proceso para imponer una
tesis que favorece sus intereses litigiosos.

A ese respecto, conviene recordar que la jurisprudencia constitucional ha
dicho que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó
como un análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión
atacada y la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no
obedece a su naturaleza y propósito.

De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.

No debe olvidarse, que tratándose de providencias judiciales proferidas por
altas Cortes –quienes cumplen la función de unificar la jurisprudencia y actuar como
órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones–, se exige la configuración de
un error en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera
abierta con la Constitución Política y que sea incompatible con la
jurisprudencia constitucional. Lo cual no acontece en el sub examine.

5. Los cargos por desconocimiento del principio de congruencia y de no
reforma en peor no superan el requisito de subsidiariedad

5.1. La sociedad actora expresó su inconformidad con la decisión de
improcedencia por no superar el requisito de subsidiariedad de los cargos de
la tutela en los que se alegó la vulneración a los principios de congruencia y
de no reforma en peor. Como fundamento de su desacuerdo indicó:
«Con todo respeto pongo en su consideración que la providencia aquí impugnada en esas
condiciones está desviando el objeto de la acción de tutela interpuesta en razón a que la
censura se orienta a señalar que las providencias objeto de tutela desbordaron el objeto del
litigio que había sido fijado en la oportunidad correspondiente. El cambio o alteración de la
fijación del litigio se erige en una burda vulneración del derecho fundamental al debido
proceso. Insisto también, a través de esta impugnación, en que el desconocimiento del

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03316-01
Demandante: Inversiones López Piñeros Ltda.

principio de la no reformatio in peius y principio de congruencia constituye violación de derecho
fundamental al debido proceso. Así lo tiene definido la Corte Constitucional. A título de
ilustración invoco lo expuesto por dicha corporación en sentencia T-455 de 2016».

5.2. La Sala no discute que el desconocimiento de los principios de congruencia y
de no reforma en peor afecte, si se encuentra acreditado, el derecho al debido
proceso de las partes del proceso. La cuestión es que estos alegatos, deben
ser analizados y decididos por el juez natural de la causa que para estos casos
es el juez del recurso extraordinario de revisión.

Los cargos antes mencionados de la acción de tutela y de la impugnación no
superan el requisito general de procedencia de subsidiariedad porque discuten
la congruencia externa13 de la sentencia del 13 de diciembre de 2022,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
En esa línea, conviene recordar que la jurisprudencia del Consejo de Estado14
ha establecido que la vulneración al principio de congruencia se enmarca en
la causal 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que acepta la procedencia
del recurso extraordinario de revisión cuando se alega la nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede apelación15.

Conforme a lo expuesto, le está vedado al juez de tutela invadir la competencia
del juez natural de la causa para conocer las inconformidades suscitadas en
una sentencia ejecutoriada emitida por una Subsección del Consejo de Estado
que se acompasen con las causales enumeradas en el artículo 250 del
CPACA, en específico, por la causal de nulidad originada en la sentencia con
fundamento en un argumento de incongruencia.

Además, se considera que el recurso extraordinario es el idóneo para lograr la
garantía del derecho al debido proceso invocado porque, en caso de que la
autoridad judicial competente encuentre fundada la causal, la consecuencia
de ello es que se declare la nulidad de la sentencia acusada y ordenar que se
dicte la que en derecho corresponda (artículo 255 Ley 1437 de 2011).

Finalmente, conviene recordar que los límites a la intervención del juez de
tutela en eventos que podrían alegarse a través del recurso extraordinario de
revisión fueron definidos en las sentencias SU263 de 2015 y SU026 de 2021,
en donde la Corte Constitucional precisó: «la acción de tutela desplazará el recurso
extraordinario de revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita
no sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las

13 Sobre el concepto y alcance de la congruencia interna y externa, en la sentencia del 2 de mayo de 2024,
dentro del recurso extraordinario de revisión nro. 11001-03-15-000-2022-05929-00 (9525), la Sala Especial
de Decisión nro. 16 indicó: «la congruencia, como principio, tiene dos manifestaciones concretas: la interna, que se
refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, y la externa, que
propende porque la decisión contenida en su parte resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda
y en su contestación, es decir, que haya identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones
oportunamente presentadas, salvo por las competencias oficiosas que la ley otorga al juzgador . Lo anterior, con
fundamento en el artículo 281 del Código General del Proceso ꟷque reformó el artículo 305 del CPCꟷ, aplicable por
remisión normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
Adicionalmente, y en aplicación del principio “Tantum devolutun quantum apellatum”, en las sentencias de segunda
instancia “la incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la
demanda y lo fallado, sino que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación
del recurso (pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a una invocación del derecho
sustancial controvertido.”»
14 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Nro. 22, sentencia del 2 de febrero de 2016. Radicado
110010315000201502342; Sala Especial de Decisión Nro. 26; sentencia del 14 de agosto de 2018.
Radicado 11001031500020140309300; Sala Especial de Decisión Nro. 14, sentencia del 13 de octubre de
2020. Radicado 11001-03-15-000-2019-00119-00; Sala 8° Especial de Decisión, sentencia del 14 de
diciembre de 2021. Radicado 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala 19 Especial de Decisión, sentencia
del 2 de mayo de 2024. Radicado 11001-03-15-000-2022-05929-00 (9525); Sala 15 Especial de Decisión,
sentencia del 22 de noviembre de 2023. Radicado 11001-03-15-000-2023-04579-00.
15 Así también lo indicó esta Sección en la sentencia de tutela del 16 de mayo de 2024. Proceso nro. 11001-
03-15-000-2024-01369-00. M.P. Wilson Ramos Girón. Sobre el tema estudiado en este fallo se indicó: «(...)a
partir de los casos estudiados por las Salas Especiales de Decisión, así como de las Salas de Sección, cuando resuelven
recursos extraordinarios de revisión, se advierte que existe una línea jurisprudencial pacífica sobre la procedencia del
recurso extraordinario de revisión para la protección del principio de congruencia, por la vía de la causal de «nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación»»

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causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el accionante. En
síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se torna improcedente cuando al interior de
un proceso contencioso-administrativo se alega la vulneración al debido proceso y este
derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el trámite del recurso
extraordinario de revisión”» (Subraya propia).

5.3. En conclusión, se insiste, la acción de tutela es improcedente por incumplir el
presupuesto de subsidiariedad por los cargos estudiados, pues se
fundamentan en argumentos que deben ser ventilados a través del
mecanismo judicial idóneo y eficaz, esto es: el recurso extraordinario de
revisión bajo la causal de nulidad originada en la sentencia16.

6. Conclusión

Por las razones expuestas en este fallo, la Sala confirmará la decisión de
improcedencia adoptada por la Sección Primera del Consejo de Estado el 1° de
agosto de 2024, comoquiera que la acción de tutela incoada por la sociedad
Inversiones López Piñeros Ltda. no supera los presupuestos de relevancia
constitucional y de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 1° de agosto de 2024, por la
Sección Primera del Consejo de Estado, dadas las razones expuestas en esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

16 En similar sentido se pronunció esta Sección en los siguientes casos: sentencia de tutela del 26 de octubre
de 2023. Proceso nro. 11001-03-15-000-2023-01023-01. M.P. Wilson Ramos Girón; sentencia de tutela del
22 de febrero de 2024. Proceso nro. 11001-03-15-000-2024-00322-00. M.P. Milton Chaves García;
sentencia del 21 de marzo de 2024. Proceso nro. 11001-03-15-000-2024-00418-00 M.P. Milton Chaves
García; sentencia del 2 de mayo de 2024. Proceso nro. 11001-03-15-000-2024-00580-00. M.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencia del 16 de mayo de 2024. Proceso nro. 11001-03-15-000-2024-01369-
00. M.P. Wilson Ramos Girón.

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