RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00031-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00031-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00031-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la Concesionaria Panamericana SAS frente a los cargos por defecto procedimental, sustantivo, orgánico y por violación directa a la Constitución propuestos, por no superar el requisito de la subsidiariedad, de acuerdo con la parte considerativa de esta providencia. 2. NEGAR las pretensiones de la Concesionaria Panamericana SAS, frente a los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial, por lo indicado en esta sentencia. 3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00031-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. causales generales y
especiales de procedibilidad. Medio de control de reparación directa.
Subsidiariedad. Recurso extraordinario de revisión. Principio de
congruencia. Llamamiento en Garantía. Defecto fáctico: requisito de
incidencia. Desconocimiento del precedente judicial: requisito de
identidad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por la sociedad Concesionaria
Panamericana SAS, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017
y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de diciembre de 2025 1 , la sociedad Concesionaria Panamericana SAS, a
través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección B de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 11 de diciembre de 2024,
proferida en la segunda instancia del medio de control de reparación directa 11001-
33-36-037-2013-00441-02.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
«1. Amparar el derecho fundamental de la CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S. al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
2. Amparar cualquier otro derecho fundamental de la CONCESIONARIA PANAMERICANA
S.A.S. que el Consejo de Estado encuentre vulnerado.
3. Dejar sin efectos la Sentencia.
4. Ordenar a la Parte Accionada proferir sentencia de reemplazo, en los términos que
determine el juez de tutela, con el fin de que se garanticen los derechos fundamentales
de la CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S.
5. Proferir cualquier otra declaración u orden para proteger los derechos fundamentales de
la CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S.»

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1
Samai, índices 1 y 2.
2
Página 5 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

2.1. El 24 mayo de 2013, los señores María Stella Echeverry Díaz y otros
promovieron demanda de reparación directa, pretendiendo la declaración de
responsabilidad de la Policía Nacional, el Ministerio de Transporte, Instituto
Nacional de Vías (Invías), el Departamento de Cundinamarca, el Municipio de
San Juan de Rioseco y la Sociedad Rápido Ochoa SA., por la muerte del señor
Álvaro Antonio Díaz Carmona en accidente de tránsito ocurrido el 25 de marzo
de 2011
2.2. El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá que, en auto del 24 de agosto de
2017, dispuso vincular al Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca (ICCU) como litisconsorte necesario del Departamento de
Cundinamarca.
El 30 de noviembre de 2017, el ICCU contestó la demanda, formuló
excepciones y llamó en garantía a la Concesionaria Panamericana SAS, en
virtud del contrato OJ-121 de 1997. El llamamiento en garantía fue aceptado
por el juez ordinario en auto del 30 de agosto de 2018.
2.3. Al contestar el llamamiento y la demanda principal, la Concesionaria precisó
que actuaba en calidad de llamada en garantía y no de entidad demandada,
por lo que solo podía ser condenada en determinadas circunstancias; que la
vinculación del ICCU se efectuó debido a la conformación del litisconsorcio
necesario que invocó el Departamento de Cundinamarca; y que la parte
demandante no relacionó como extremo pasivo el ICCU, por lo que su
vinculación no fue ajustada a derecho.
2.4. El 22 de marzo de 2024, el juzgado profirió sentencia de primera instancia en
la que negó las pretensiones de la demanda. Consideró que no se acreditó
acción u omisión atribuibles a las demandadas que se erigiera como la causa
determinante, principal y eficiente del hecho dañoso.
En los hechos del escrito de tutela, el actor advirtió que el juez ordinario no se
pronunció sobre los alegatos de defensa de la Concesionaria, por lo que
presentó solicitud de adición y aclaración de la sentencia.
2.5. En auto del 13 de junio de 2024, el juzgado negó la solicitud de adición y
aclaración aduciendo que, al no existir una decisión de condena, no era
necesario resolver los argumentos sobre el llamamiento en garantía.
2.6. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia y las entidades
demandadas y la llamada en garantía se pronunciaron frente al recurso.
2.7. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2024, adoptó las
siguientes decisiones:
(i) Confirmó la decisión de primera instancia de negar las pruebas documentales
solicitadas por varios sujetos procesales.

(ii) Revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo de Bogotá. En consecuencia, declaró la responsabilidad
administrativa y solidaria del Departamento de Cundinamarca, el ICCU, la
Concesionaria Panamericana y el Consorcio Concesionario Vial, en una
proporción del 50%, por el perjuicio moral y lucro cesante causados a los
demandantes por la muerte del señor Álvaro Antonio Díaz.

(iii) Declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de
la Policía Nacional, del Ministerio de Transporte, del INVIAS, del Municipio de
San Juan de Rioseco y de Rápido Ochoa SA.

(iv) Negó las demás pretensiones de la demanda.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

2.8. La Concesionaria presentó solicitud de aclaración y adición de la sentencia,
para que el tribunal estableciera con precisión la calidad en la que esa
sociedad intervino en el proceso, el grado de responsabilidad que se le atribuía
y para que se pronunciara frente a la vinculación al ICCU como litisconsorte
necesario y sobre la proporción específica de responsabilidad que le asignó a
cada uno de los condenados.
2.9. En auto del 26 de junio de 2025 (notificado el 8 de julio de 20253), el tribunal negó
la solicitud de adición y aclaración de la sentencia presentada por la
Concesionaria. La autoridad dijo que sí se pronunció sobre la responsabilidad
que le asiste a quienes conforman la parte pasiva del proceso, por lo que no
evidenció aspecto que fuera objeto de aclaración a ese respecto.
Por otra parte, desestimó la posibilidad de adicionar la sentencia, aduciendo
que la sentencia no omitió pronunciarse sobre la responsabilidad de la
Concesionaria, por el contrario, se indicó que era la encargada del
mantenimiento de la vía donde ocurrió el accidente.
Finalmente, manifestó que no correspondía adicionar el fallo para establecer
porcentajes de responsabilidad debido a que se estableció que la condena fue
solidaria, por lo que, a cada una de las entidades se puede exigir el pago de
la totalidad de la condena.

3. Fundamentos de la acción
La sociedad accionante adujo que la tutela cumplía con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Argumentó que se
acreditó la legitimación en causa por activa en tanto que participó en el proceso
judicial en calidad de llamada en garantía y desplegó las gestiones procesales
tendientes a procurar la defensa de sus derechos en las dos instancias del proceso.
En cuanto a la relevancia constitucional, manifestó que la tutela no se centra en
cuestiones de interpretación legal ni tiene una pretensión apenas económica, sino
que aduce la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de los que es titular, con ocasión a los defectos de la
sentencia que inciden en el sentido de la decisión.
Asimismo, precisó que no pretende retomar debates legales resueltos en el curso
del proceso, sino lograr la protección de sus derechos fundamentales derivados (i)
del desconocimiento del precedente sobre la condena respecto del litisconsorte
necesario; (ii) del error al condenar a la Concesionaria omitiendo que actuó en
calidad de llamada en garantía; (iii) de la omisión de determinar la proporción en la
que debían responder las partes y (iv) por motivar la sentencia en documentos que
no fueron decretados como pruebas, por lo que eran desconocidos por las partes.
Agregó que estaba satisfecho el requisito de subsidiariedad porque se acusa una
sentencia de segunda instancia en un proceso ordinario con fundamento en
argumentos que no se acompasan con los recursos extraordinarios y se agotaron
los mecanismos judiciales de adición y aclaración.
En cuanto a la inmediatez, indicó que la sentencia se notificó el 18 de diciembre de
2024, pero fue objeto de adición y aclaración promovida por la sociedad accionante.
Dijo que esta solicitud se resolvió en auto notificado el 8 de julio de 2025, por lo que
adquirió firmeza el 12 de julio de ese año. Así las cosas, considera que la acción de
tutela se radicó en un plazo razonable.
Finalmente, resaltó que se hizo una relación clara de los hechos y las pretensiones
de la acción de amparo y que no se cuestiona una sentencia de tutela.

3 Samai para tribunales administrativos, proceso nro. 11001333603720130044102, índice 20.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

En cuanto al fondo del asunto, la parte actora argumentó que la sentencia del 11 de
diciembre de 2024 incurrió en desconocimiento del precedente judicial, en defecto
fáctico, en defecto procedimental absoluto, defecto orgánico, en violación directa a
la Constitución y en defecto sustantivo.
3.1. Desconocimiento del precedente judicial (horizontal y vertical). Alega la
sociedad actora la «grave contradicción» en que incurrió el tribunal, al citar el
proceso 11001-33-36-037-2013-00350-01 (caso Méndez Insuasty) como
fundamento de la sentencia, pero ignorar la regla procesal establecida en ese
expediente en el que se declaró la ilegalidad de la vinculación oficiosa del
ICCU.
Adujo que en el proceso previo se profirió auto del 8 de agosto de 2018, en el
que el ponente debió revocar la vinculación oficiosa del ICCU, acatando la
orden de tutela de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se transcribe el
aparte relevante del mencionado auto que se relacionó en el escrito de tutela:
«(...) se ordenará la desvinculación como demandado, del Instituto de Infraestructura y
concesiones de Cundinamarca ICCU... teniendo en cuenta que la demanda fue dirigida contra
el departamento de Cundinamarca y no contra esta entidad, por lo tanto, no es procedente la
vinculación de forma oficiosa del ICCU, porque esta sería irregular, en la medida en que las
partes de un proceso contencioso administrativo no las establece el juez, sino el demandante
(…)».

Así, destacó que, en procesos con identidad fáctica, el magistrado Pérez
Camargo adoptó decisiones diferentes frente a la vinculación del ICCU,
incluso, en el proceso que se analiza emitió condena en su contra, a pesar de
que el demandante no dirigió pretensiones en contra del ICCU.
En línea con lo anterior, agregó que se desconoció el precedente vertical en
tanto que se soslayó la regla de decisión de la sentencia de tutela de la Sección
Quinta del Consejo de Estado que dispuso que, en procesos de reparación
directa, la integración del contradictorio es carga exclusiva del demandante.
Indicó que su interés en que se declare este yerro recae en que, si el ICCU no
debe estar vinculado al proceso, carecería de legitimación para llamar en
garantía a esa Concesionaria.
3.2. Defecto sustantivo. La accionante fundamentó el defecto sustantivo en tres
argumentos principales: (i) por condenar a una entidad que no fue objeto de
ninguna pretensión (ICCU); (ii) por inaplicación del artículo 140 de la Ley 1437
de 2011; y (iii) por adoptar decisión sin motivación comoquiera que no se tomó
en consideración «la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del
daño».

Frente al primer cargo, en el escrito de tutela se indica que erró el tribunal
accionado al condenar al ICCU a pesar de que en su contra no se dirigieron
pretensiones. Expuso que, la jurisprudencia ha sido clara al indicar que la
sentencia debe ceñirse a las pretensiones de la demanda y a los sujetos
procesales legalmente vinculados y notificados.
Esta determinación, estima, vulnera el principio de congruencia y el derecho
fundamental al debido proceso en su faceta de defensa y contradicción.
Sustentó este argumento en la sentencia del 27 de enero de 2023, proferida
por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso ordinario 73001-
23-33-000-2014-00470-01 (57.612).

Agregó que la consagración de la condena la Concesionaria en la sentencia,
como si fuera una entidad demandada, genera confusión y quebranta el
principio de congruencia, dado que esa sociedad solo compareció como
llamada en garantía no como extremo pasivo de la demanda principal. Estima
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

que se trata de un error que vicia de nulidad el proceso por desconocimiento
flagrante del derecho de defensa.
En esa vía, recordó que, en el auto del 30 de agosto de 2018, el despacho
ponente admitió la intervención de la Concesionaria en virtud del llamamiento
en garantía que se realizó con fundamento en el contrato de Concesión OJ-
121-97, lo que implicaba una intervención con alcance jurídico limitado. En
particular, para reembolsar una eventual condena en contra del ICCU. En esa
medida, manifestó que «se defendió de la obligación de reembolso frente al ICCU, pero
no tuvo la carga ni la necesidad procesal de defenderse de una imputación directa de
responsabilidad extracontractual frente a las víctimas, pues dicha imputación jamás existió en
la demanda».

De otra parte, alegó la omisión en la aplicación del artículo 140 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que
exige que en los casos en que se condene a entidades públicas y privadas
debe indicar cuál es la proporción en la que debe responder cada entidad.
Finalmente, advirtió la falta de motivación debido a que, ni la sentencia ni el
auto que resolvió la adición y aclaración, expusieron motivación para
fundamentar la influencia causal del hecho u omisión en la ocurrencia del daño,
como lo exige el artículo 140 del CPACA ni la aplicación de la condena
solidaria. Asimismo, se alegó la carencia de motivación que explique la
«metamorfosis procesal de la Concesionaria Panamericana (…) para transformar a
un Llamado en Garantía en un Demandado Solidario.»

3.3. Defecto procedimental absoluto por ruptura de la congruencia y condena de
un sujeto no demandado. La sociedad accionante estima que se configura este
defecto porque el tribunal ignoró las reglas de juicio en procesos de reparación
directa y la naturaleza del llamamiento en garantía. Los argumentos que
sustentan esta acusación son en esencia los que ya se han expuesto: (i) que
se condene a la Concesionaria, desconociendo que solo intervino en el
proceso como llamada en garantía. En esa vía, acusó que el tribunal «saltó el
análisis de la relación contractual de garantía del contrato OJ-121-97»; (ii) los
demandantes no dirigieron ninguna pretensión contra la Concesionaria; (iii) la
vinculación de oficio al ICCU aunque no hizo parte de la relación procesal que
conformó la demandante, a su juicio, «el juez suplantó al demandante e integró a
la fuerza a un sujeto que no debía ser parte»; (iv) la figura del litisconsorte
necesario no procede en procesos de reparación directa por ser una
jurisdicción rogada, por lo que la vinculación del ICCU vició el proceso desde
su etapa inicial.
3.4. Defecto orgánico. El tribunal solo tenía competencia para juzgar a los sujetos
que fueron relacionados como parte pasiva en la demanda de reparación
directa, por lo que no era procedente condenar a la Concesionaria. Advirtió la
accionante que el tribunal carecía de competencia para ello, pues el CPACA
no lo faculta para extender condenas solidarias a terceros llamados al proceso
en garantía.
3.5. Defecto fáctico. En consideración de la Concesionaria Panamericana, la
sentencia fundamentó la decisión de responsabilidad del Estado en un enlace
de Caracol Radio y en imágenes de Google Earth (nota al pie 18 y 21) que no
fueron decretadas en el curso del proceso, por lo que se vedó a las partes la
oportunidad de controvertir su contenido. Así, alegó que se vulneró el principio
de necesidad de la prueba al usar documentos extraprocesales para condenar.
3.6. Violación directa a la Constitución por vulneración del derecho al debido
proceso. La concesionaria indicó que fue condenada sin observancia de las
reglas propias del procedimiento, particularmente, porque el tribunal
transformó sorpresivamente su calidad procesal en la sentencia de segunda
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

instancia. Resalta que se trató de una decisión inesperada, pues en el curso
del proceso no enfrentó una imputación directa sobre la causación del
accidente.

4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. El 16 de enero de 2026, el despacho sustanciador requirió a la parte
accionante para que acreditara la concesión del poder por parte de la sociedad
accionante al abogado Juan Camilo Moreno, y allegara el certificado de
existencia y representación legal de la Concesionaria Panamericana SAS.
4.2. En auto del 30 de enero 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela interpuesta por la Concesionaria Panamericana SAS, que actúa a través
de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B.
Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, a: (i) las autoridades
judiciales que conocieron el proceso en primera instancia, los Juzgados 5 y 37
Administrativo de Bogotá; (ii) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y al Ministerio Público, como vinculadas al proceso ordinario; y (iii) a
los demás sujetos procesales que hicieron parte del proceso sub examine:
María Stella Echeverry Díaz, Marta Stella Díaz Echeverri, Laura Arango Díaz,
Juan Camilo Arango Díaz, Edison Alberto Díaz Echeverri, Álvaro Daniel Díaz
Salas, Luz Mery Díaz de Atehortúa y Fanny Díaz de Santana; así como a la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Nación, Ministerio de
Transporte, al Invías, al Municipio de San Juan de Rioseco, a la Empresa de
Transporte Rápido Ochoa SA, al Departamento de Cundinamarca, al Instituto
de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), al señor José
Roberto Rivas Salazar (llamado en garantía), a la Previsora SA Compañía de
Seguros y al Consorcio Concesionario Vial.
Además, se ofició al Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá y al Juzgado
Treinta y Siete Administrativo de Bogotá para que notifiquen la existencia de
esta acción de tutela a los sujetos procesales y, al primero de esos despachos,
para que autorice el acceso al expediente digital 11001-33-36-037-2013-00441-
00/01/02, en la plataforma Samai.

Finalmente, se ofició a la Secretaría General y a la Oficina de Sistemas del
Consejo de Estado para que publicaran aviso en el que informaran a los
interesados la existencia de esta tutela.
4.3. El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá informó que el proceso fue remitido
por descongestión al Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá por lo que el
expediente se encuentra bajo la custodia de ese despacho. En ese sentido,
dijo que los oficios de notificación y de remisión del expediente debían ser
acatados por esa autoridad judicial.
4.4. El Juzgado 5 Administrativo del Circuito de Bogotá, por conducto de la
titular del despacho, manifestó que la acción de tutela no cumple con los
requisitos generales de procedibilidad de subsidiariedad y relevancia
constitucional. Respecto del primero indicó que se pretende transformar la
acción de tutela en una instancia adicional perjudicando el derecho al debido
proceso de los sujetos procesales. En cuanto a la relevancia constitucional,
manifestó que el debate propuesto ya se surtió en las dos instancias del
proceso ordinario sin que se vea la necesidad de retomar los argumentos en
sede de tutela.
Agregó que la lectura de las providencias acusadas no da cuenta de
arbitrariedad judicial o vía de hecho que justifique la intervención del juez
constitucional. Dijo que valoró de manera conjunta y bajo el parámetro de la
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

sana crítica todo el acervo probatorio del proceso. De manera que, estima
evidente, que la pretensión de la sociedad actora es sustituir la jurisdicción de
lo contencioso administrativo en procura de una decisión alterna en sede de
tutela.
Finalmente, relacionó el enlace para la consulta del expediente electrónico con
radicación 11001-33-36-037-201300441-00 tramitado en primera instancia.
Además, informó que a efectos de surtir la notificación encomendada requirió
al apoderado de los demandantes y del señor José Roberto Rivas (llamado en
garantía) en el proceso ordinario para que aportaran los correos de contacto de
sus poderdantes. Cumplida esa gestión, informó que surtió la notificación en
las direcciones de correo informadas y en las que registraron los demás
sujetos procesales en el expediente ordinario de reparación directa. Aportó el
soporte de la notificación.
4.5. El Instituto Nacional de Vías, Invias, por conducto de apoderado judicial,
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela debido a que la
discusión que planteó la accionante ataca decisiones judiciales proferidas en
el curso de un proceso ordinario que hicieron tránsito a cosa juzgada.
Adicional a lo anterior, pidió declarar que la actuación del Invias y de los jueces
ordinarios de la causa estuvo ajustado al marco jurídico aplicable, por lo que
no se vulneró derecho fundamental alguno.
4.6. El Ministerio de Transporte, por conducto de funcionario de la Oficina
Asesora Jurídica, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela por incumplir con el presupuesto de la inmediatez y que se desvincule a
esa entidad del presente proceso por carecer de legitimación en la causa por
pasiva para satisfacer las pretensiones de la demanda.
4.7. El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), por
conducto de apoderado judicial, informó su intención de coadyuvar la acción
de tutela y solicitó que en amparo del derecho fundamental al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia se deje sin efectos la sentencia
cuestionada y emita la que en derecho corresponda.
Recordó que la Concesionaria Panamericana SAS solicitó la aclaración y
adición de la sentencia de primera instancia evidenciando la indebida
vinculación del ICCU al proceso, pero la petición fue desestimada.
Señaló que en el traslado del recurso de apelación la Concesionaria
Panamericana SAS también expuso los argumentos relativos a la indebida
incorporación al proceso como parte demandada del ICCU. A pesar de ello,
en sentencia del 11 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró administrativa y solidariamente responsable al
Departamento de Cundinamarca, al ICCU, a la Concesionaria y al Consorcio
Concesionario Vial en una proporción del 50%, de los perjuicios causados a
los demandantes. Acusa que se haya condenado al ICCU y a la Concesionaria
Panamericana SAS como demandados, cuando en verdad fueron vinculados
al proceso como llamados en garantía.
Expuso que corresponde a la parte demandante definir los extremos del litigio
en consideración de las personas llamadas a responder por el daño antijurídico
invocado, aspecto que le está vedado al juez de la causa.
También se acompañó el argumento de la tutela que acusó la omisión del
artículo 140 del CPACA que consagra el deber de determinar la proporción en
la que deben responder las entidades demandadas cuando concurren públicas
y privadas.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

Finalmente, reprochó que se hubiera invocado una providencia de la misma
corporación como precedente horizontal (Rad. 1100133360372013003500), pero
solo se hubiera aplicado parcialmente en lo que apoyaba la tesis condenatoria
y no así, en lo relativo a la desvinculación del ICCU del litigio.
4.8. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por conducto de
asesora del Área Jurídica de la Secretaría General, recordó que en la
sentencia acusada se declaró probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva de la Policía Nacional, por lo que, a su juicio, quedó
establecido que no ostenta la condición de sujeto pasivo en esta litis.
4.9. El Departamento de Cundinamarca, por conducto de apoderada judicial,
indicó que coadyuvaba de manera parcial la acción de tutela. En particular
mencionó su apoyo al argumento relativo a la concreción de defecto
procedimental absoluto y defecto fáctico en la sentencia del 11 de diciembre
de 2024, al fundamentarse la decisión en pruebas que no fueron decretadas
como tal ni sometidas a contradicción. A ese respecto, mencionó que en la cita
a pie de página 21 relacionó el enlace de una imagen de Google Street View,
al parecer, de un tramo de la carretera en la que ocurrió el accidente, la cual
fue tomada en mayo de 2022.
Además, alegó que la sentencia también se fundamentó en documentos
supuestamente expedidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (página
22 de la sentencia) de los que no se informó la denominación, título, autores o
fecha de publicación para acceder a su consulta. Agregó que la Agencia
Nacional de Seguridad Vial fue creada por la Ley 1702 de 2013 y se formalizó
con el Decreto 787 de 2015, por lo que tuvo en cuenta unos documentos
presuntamente emitidos por una autoridad que empezó a funcionar cuatro
años después de ocurrido el accidente.
De acuerdo con lo anterior, estima que la sentencia acusada se fundamentó
en prueba ilegal comoquiera que no fue decretada ni incorporada al trámite
judicial, pero sirvieron como sustento de la condena al Departamento de
Cundinamarca.
De otro lado, acusó que el tribunal incurrió en omisión de valoración del
material probatorio que de haber sido considerado hubiese conducido a negar
las pretensiones de la demanda, pero no identificó ni individualizó los medios
de prueba. Asimismo, expuso que el tribunal se separó de lo probado en el
proceso con las pruebas documentales frente a la concreción de la culpa
exclusiva de la víctima y las condiciones climáticas al momento del accidente.
En cambio, resolvió con fundamento en su arbitrio revocar la sentencia de
primera instancia con argumentos que claramente configuran defecto fáctico
por omisión e indebida valoración probatoria.
También alegó que el tribunal no ofreció una justificación clara ni sustentada
probatoriamente para revocar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. Según el Departamento de Cundinamarca, no se
acreditó que la instalación de una defensa metálica hubiera impedido el
accidente y el tribunal omitió pronunciarse sobre argumentos relevantes
presentados por las entidades demandadas y por el juez de la primera
instancia.
Finalmente, argumentó la concreción de un defecto sustantivo por
interpretación contra legem de la Ley 105 de 1993 que condujo a trasladar al
Departamento responsabilidades que no le corresponden.
4.10. El Municipio de San Juan de Rioseco, mediante apoderado judicial, solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela debido a que no cumple

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

con los presupuestos generales y especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
En esa vía, indicó que el proceso de reparación directa se tramitó con pleno
apego a las garantías del debido proceso y con la participación de los sujetos
procesales, quienes ejercieron los mecanismos judiciales correspondientes.
Por ello, consideró que las inconformidades planteadas en la tutela debieron
discutirse dentro del proceso, el cual ya concluyó, sin que se evidencia vía de
hecho ni vulneración de los derechos fundamentales.
4.11. La sociedad Servicios de Ingeniería y Construcción Ltda., hoy SERVINC
SAS (como integrante del Consorcio Concesionario Vial), por conducto de
apoderado judicial, indicó que no fue notificada de la sentencia ordinaria de
segunda instancia por lo que no ha podido ejercer su derecho de defensa
frente a la providencia. Agregó que no ha tenido acceso al expediente digital,
por lo que no le ha sido posible verificar de manera objetiva la regularidad de
la actuación judicial ni el cumplimiento de las garantías del debido proceso.
De acuerdo con lo anterior, informó que solicitó copia íntegra del expediente
ordinario para examinar la validez de la vinculación de ese Consorcio y de las
sociedades que la conforman.
4.12. La sociedad Transportes Rápido Ochoa SA, mediante apoderado judicial,
destacó que la vulneración de derechos alegada en la tutela no afecta su
situación jurídica, pero advirtió que cualquier decisión que se adopte en el
proceso constitucional no puede cambiar las consecuencias favorables
derivadas de la sentencia frente a esa sociedad ni reabrir un debate ya definido
a su favor.

4.13. El abogado Walter Raúl Mejía Cardona invocando la calidad de apoderado de
los demandantes del proceso ordinario analizado, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplirse los requisitos de
procedencia, en particular, el de subsidiariedad y por ausencia de vulneración
de los derechos fundamentales invocados.

De manera subsidiaria manifestó que, de acuerdo con el artículo 61 del Código
General del Proceso (CGP), no era obligatorio que la parte demandante
vinculara al ICCU y que dirigiera pretensiones concretas contra esa entidad,
pues el juez tenía la facultad de hacerlo de oficio antes de dictar sentencia.

En todo caso, indicó que el ICCU y la Concesionaria Panamericana tuvieron
la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción en el curso del proceso,
por lo que no es aceptable que se pretenda prolongar esta discusión en sede
de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,

4
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mayor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra una
providencia judicial, la Sala deberá determinar, en primer lugar, si la petición de
amparo supera el examen general de procedibilidad.
En caso de superar dicho análisis, el problema jurídico se concentrará en establecer
si la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en defecto procedimental, en desconocimiento del
precedente judicial, en defecto sustantivo, en defecto orgánico, en violación directa
a la Constitución y en defecto fáctico al proferir la sentencia del 11 de diciembre de
2024, en el proceso de reparación directa 11001-33-36-037-2013-00441-02.
En este punto conviene precisar que el Departamento de Cundinamarca, en calidad
de tercero vinculado al trámite de la acción de tutela, manifestó que acompañaba
los argumentos expuestos en la demanda. No obstante, adicionalmente, formuló
nuevos cuestionamientos relacionados con la configuración del defecto fáctico, en
particular, respecto de la valoración de pruebas no decretadas en el proceso y de
un alegado análisis contraevidente de las pruebas que, a su juicio, acreditaban la
culpa exclusiva de la víctima. Asimismo, acusó la configuración de un defecto
sustantivo alegando la indebida interpretación de la Ley 105 de 1993.
Estos cargos difieren de los expuestos en el escrito de tutela y, por esa razón, su
análisis debe descartarse en este punto de la providencia. Al respecto, conviene
recordar que la Corte Constitucional, en la sentencia T-373 de 2025, indicó que las
intervenciones de terceros vinculados que acompañan al accionante deben guardar
relación con «las posiciones y pretensiones presentadas por el accionante o el accionado en
el trámite de tutela, es decir, no puede formular pretensiones propias de amparo».

5
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
6
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
7
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

4. Análisis del requisito de subsidiariedad frente a la condena de la
Concesionaria Panamericana y la ausencia de pronunciamiento sobre la
relación sustancial del llamamiento en garantía

4.1. El principal argumento de disenso expuesto en el escrito de tutela contra la
sentencia del 11 de diciembre de 2024 se refiere al error en que habría
incurrido el tribunal accionado al condenar a la Concesionaria Panamericana
SAS como si hubiera sido demandada en el proceso. Según la sociedad
accionante, esa decisión desconoció las pretensiones de la demanda y la
calidad en la que intervino en el litigio, esto es, como llamada en garantía por
el ICCU. En su criterio, tal determinación vulneró el principio de congruencia y
su derecho al debido proceso, comoquiera que estructuró su defensa en torno
a una eventual obligación de reembolso y no frente a una imputación directa
del daño antijurídico alegado en la demanda.

En el escrito de tutela también se reprochó que la autoridad judicial accionada
omitió el análisis de la relación contractual que justificó el llamamiento en
garantía, de manera que dejó sin resolver una parte del litigio. Estos
argumentos de disenso fueron enmarcados en los cargos de defecto
procedimental, defecto sustantivo y defecto orgánico en la sentencia acusada.

4.2. Ahora bien, para efectos de adelantar el análisis de los argumentos expuestos,
se estima necesario reseñar las principales actuaciones procesales
relacionadas con la vinculación de la Concesionaria Panamericana al proceso
de reparación directa objeto de análisis, así como su intervención y gestión
procesal en aquel.

• El 24 de mayo de 2013, los señores María Stella Echeverry y otros promovieron
demanda de reparación directa contra Ministerio de Defensa, Policía Nacional,
Ministerio de Transporte- Instituto Nacional De Vías- Invías; el Departamento de
Cundinamarca; el Municipio de San Juan de Rioseco y la Sociedad Rápido
Ochoa SA, para que se declarara su responsabilidad por la muerte del señor
Álvaro Antonio Díaz Carmona, en accidente de tránsito ocurrido el 25 de marzo
de 2011.
• En auto del 24 de agosto de 2017 (proferido en audiencia inicial), el Juzgado
Quinto Administrativo de Bogotá dispuso vincular al ICCU como litisconsorte
necesario, por solicitud del Departamento de Cundinamarca8.
• El 30 de noviembre de 2017, el ICCU contestó la demanda y llamó en garantía
a la Concesionaria Panamericana SAS, en virtud del contrato OJ-121 de 1997.
• El llamamiento en garantía fue aceptado por el juez ordinario en auto del 30 de
agosto de 2018. En el proveído se indicó: «Por cumplir los requisitos de Ley, se
admite el llamamiento en garantía presentado (…) por la apoderada del [ICCU] a
Concesionario Panamericana S.A.S, según las obligaciones previstas en el contrato OJ-
121 de 1997, específicamente lo dispuesto en la cláusula V, literal I […]».
• En auto del 29 de noviembre de 2022, el juez resolvió las excepciones previas
y fijó fecha para la continuación de la audiencia inicial. En el numeral segundo
del auto, se declaró no probada la excepción previa de inepta demanda por falta
de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial,
propuesta por el ICCU y la Concesionaria Panamericana SAS. Además, precisó
que las excepciones previas de falta de legitimación en causa por pasiva y de
caducidad propuestas por estas mismas entidades, se resolverían en sentencia.

8
En el acta de la audiencia, se lee: «La Gobernación de Cundinamarca solicitó la integración del litisconsorcio necesario
respecto del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU, por cuanto es un establecimiento público
del sector descentralizado del orden departamental con personería jurídica y es la encargada legalmente para ejecutar
proyectos de infraestructura física y acciones de mantenimiento para que los habitantes de Cundinamarca se movilicen
de forma adecuada. (…) PRIMERO: VINCULAR, como litisconsorte necesario al Instituto de Infraestructura y Concesiones
de Cundinamarca ICCU de acuerdo a ¡a parte motiva de la providencia»
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

• En auto del 2 de febrero de 2023 (continuación de la audiencia inicial), el juez
reiteró que las excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por
pasiva se resolverían en audiencia.
• En sentencia de primera instancia, el juez ordinario negó las pretensiones de la
demanda. Frente a las excepciones de caducidad y legitimación en la causa por activa
indicó que la vinculación de la ICCU y de los llamados en garantía se realizó
por solicitud del Departamento de Cundinamarca en la contestación de la
demanda y la excepción previa de «falta de integración del litisconsorcio necesario
por pasiva respecto al ICCU». De manera, que frente a la caducidad estimó que:
«fue hasta la audiencia inicial, que se logró determinar, que dicho instituto debía ser
vinculado al proceso (…), pues es la entidad a través de la cual, el Departamento de
Cundinamarca, administra y ejecuta las obras de infraestructura del ente territorial,
incluyendo la vía que se concesionó a Panamericana lugar donde tuvo ocurrencia el
siniestro vial. Por lo tanto, al momento de presentarse la demanda el medio de control
estaba en términos.»
Relativo a la legitimación en la causa por pasiva del ICCU, expuso:
«En relación con la legitimación en la causa por pasiva del Instituto de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca ICCU, y que fue alegada por la Concesionaria
Panamericana y La previsora S.A., se tiene que conforme con el contrato de consulta
interventoría No. ICCU 021-2010, celebrado entre el Consorcio Concesionario Vial y el
ICCU, es una entidad con personería jurídica, adscrita a la Secretaría de Tránsito y
Movilidad con jurisdicción en todo el Departamento de Cundinamarca, con función
principal de ejecutar proyectos de infraestructura física y acciones de mantenimiento y
mejoramiento de las vías del departamento. 4.2.3.7.1. Al ser el ente encargado de
ejecutar la infraestructura vial del Departamento de Cundinamarca está legitimada por
pasiva. En consecuencia, la excepción propuesta no prospera.».
• La Concesionaria presentó solicitud de adición y aclaración de la sentencia de
primera instancia. En particular, pidió que en la parte resolutiva de la sentencia
se incluyera pronunciamiento expreso sobre las excepciones mixtas y de mérito
propuestas por el ICCU y los llamados en garantía. También requirió que se
analizaran los argumentos de la Concesionaria Panamericana sobre su falta de
legitimación en la causa por pasiva, debido a que no fue demandada por la parte
actora. Finalmente, solicitó que el juez se pronunciara sobre la relación
sustancial que sustentó el llamamiento en garantía formulado por el ICCU, para
evaluar su improcedencia y la declaración de que la Concesionaria no estaba
obligada a reembolsar.
• En auto del 13 de junio de 2024, el juzgado negó la solicitud de adición y
aclaración de la sentencia por considerar que, al no existir una decisión de
condena, no era pertinente resolver en sentencia los argumentos sobre el
llamamiento en garantía, dado que no hay indemnizaciones o restituciones a su
cargo.
• La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2024, adoptó las
siguientes decisiones:
«SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 5to Administrativo de
Bogotá el 22 de marzo de 2024, conforme a los argumentos expuestos en la parte
considerativa de la presente providencia, la cual quedará así: TERCERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva de Ministerio de Defensa – Policía Nacional - Ministerio de Transporte, INVIAS,
Municipio de San Juan de Rico Seco – Cundinamarca y Rápido Ochoa S.A. CUARTO:

DECLARAR administrativa y solidariamente responsable al Departamento de
Cundinamarca, ICCU, Concesionaria Panamericana y Consorcio Concesionario Vial, en
una proporción del 50%, por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión
por el daño antijuridico (sic) sufrido con la muerte del señor Álvaro Antonio Diaz falleció
(sic). QUINTO: CONDENAR solidariamente al Departamento de Cundinamarca, ICCU,
Concesionaria Panamericana y Consorcio Concesionario Vial, a pagar a los
demandantes la siguiente indemnización por perjuicios morales, en salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia (…)
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

SEXTO: CONDENAR solidariamente al Departamento de Cundinamarca, ICCU,
Concesionaria Panamericana y Consorcio Concesionario Vial, a pagar a la demandante
María Stella Echeverry Díaz la suma $ 205.524.322 de indemnización por lucro cesante,
por las razones expuestas en esta providencia.» (Subraya la Sala)

• La Concesionaria Panamericana presentó solicitud de aclaración y adición de
la sentencia con fundamento en los siguientes argumentos:
«PRIMERA: ACLARAR la sentencia de segunda instancia proferida el 11 de diciembre
de 2024 para establecer con precisión que: (i) Concesionaria Panamericana S.A.S. no
ostenta la calidad de parte demandada sino de llamada en garantía; (ii) su eventual
responsabilidad es accesoria y depende exclusivamente del resultado del llamamiento
en garantía efectuado por el ICCU; y (iii) determinar si procede o no la condena solidaria
o subsidiaria en su contra, con fundamento específico en las estipulaciones
contractuales que rigen la relación entre ICCU y Panamericana.
SEGUNDA: ADICIONAR la sentencia para resolver expresamente: (i) el llamamiento en
garantía formulado por el ICCU contra Concesionaria Panamericana y sus
consecuencias jurídicas; (ii) las excepciones de mérito y la improcedencia alegadas por
Panamericana frente al llamamiento; y (iii) la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva del ICCU, teniendo en cuenta su vinculación oficiosa al proceso y la
jurisprudencia aplicable sobre vinculación de oficio en procesos contencioso
administrativos.
TERCERA: ADICIONAR la sentencia para determinar, en cumplimiento del artículo 140
del CPACA: (i) la proporción específica de responsabilidad que corresponde a cada uno
de los intervinientes en la causación del daño; (ii) el porcentaje o cuota de participación
que corresponde tanto a las entidades públicas como a los particulares involucrados; y
(iii) la estructura de la obligación resultante, de manera que sea divisible entre los
condenados mientras preserva su carácter solidario frente a la víctima.»

• En auto del 26 de junio de 2025, el tribunal negó la solicitud de adición y
aclaración de la sentencia al considerar que ya se había pronunciado sobre la
responsabilidad de los integrantes del extremo pasivo de la demanda, por lo
que no había lugar a aclaración. Asimismo, descartó la adición al considerar
que no existió omisión dado que en la sentencia se reconoció que la
Concesionaria era la responsable del mantenimiento de la vía donde ocurrieron
los hechos. Finalmente, indicó que no procedía fijar porcentajes de
responsabilidad porque la condena fue solidaria.

4.3. De acuerdo con lo anterior, es claro que la calidad en la que la Concesionaria
Panamericana fue vinculada al proceso de reparación directa sub examine fue
la de llamada en garantía del Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca (ICCU). Y en esa calidad, cuestiona en la acción de tutela, que
la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en error que afecta su derecho al debido proceso y el
principio de congruencia al condenarla como si se tratara de una entidad
demandada y exponer un juicio de imputación en su contra; en lugar de,
resolver la relación sustancial que fundamentó el llamamiento en garantía de
cara al contrato OJ-121-97, como corresponde en atención a su calidad
procesal.
En similar sentido, en la tutela se reprochó que la autoridad judicial accionada
no se hubiese pronunciado sobre la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva del ICCU, debido a que no fue relacionada como extremo
pasivo en la demanda de reparación directa, sino que fue posteriormente
vinculado por el juez de la causa.
4.4. Observa la Sala que los argumentos que reprochan la violación al debido
proceso por desconocimiento del principio de congruencia deben ser
expuestos a través del recurso extraordinario de revisión ante el juez
competente. En consecuencia, se trata de cargos que no superan el requisito
general de subsidiariedad en tanto subsiste un mecanismo judicial idóneo a
disposición de la parte actora en ejercicio del cual puede procurar la garantía

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la sentencia
acusada.
Como se expuso, en la acción de tutela se discute, entre otros, el cambio del
estatus procesal de la Concesionaria Panamericana, de llamada en garantía a
entidad demandada; la omisión de pronunciamiento en la sentencia sobre la
relación sustancial entre el llamante y la llamada en garantía; y la omisión de
pronunciamiento sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva. Todos estos argumentos refieren a una alegada falta de congruencia
externa de la sentencia acusada, por lo que pueden ser expuestos mediante
el recurso extraordinario mencionado.
4.5. La jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado 9 ha establecido que la
vulneración del principio de congruencia se enmarca en la causal quinta del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, relativa a la nulidad originada en la
sentencia que pone fin al proceso y contra la cual no procede recurso de
apelación. De ahí que el recurso extraordinario de revisión (que de conformidad
con el artículo 248 del CPACA, procede contra las sentencias de los tribunales
administrativos), constituya el mecanismo judicial idóneo y eficaz para examinar
este tipo de reproches.
Sobre el concepto y alcance de la congruencia interna y externa, en la
sentencia del 2 de mayo de 2024, dentro del recurso extraordinario de revisión
nro. 11001-03-15-000-2022-05929-00 (9525), la Sala Especial de Decisión nro.
16 de la Sala Plena del Consejo de Estado indicó:
«(…) la congruencia, como principio, tiene dos manifestaciones concretas: la interna, que se
refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva de la
sentencia, y la externa, que propende porque la decisión contenida en su parte resolutiva se
encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda y en su contestación, es decir, que
haya identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones
oportunamente presentadas, salvo por las competencias oficiosas que la ley otorga al
juzgador. Lo anterior, con fundamento en el artículo 281 del Código General del Proceso ꟷque
reformó el artículo 305 del CPCꟷ, aplicable por remisión normativa del artículo 306 de la Ley
1437 de 2011.
Adicionalmente, y en aplicación del principio “Tantum devolutun quantum apellatum”, en las
sentencias de segunda instancia “la incongruencia no se presenta solo cuando existe una
disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que también
se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación del recurso
(pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a una invocación del derecho
sustancial controvertido.”» (énfasis de la Sala)

4.6. Con el propósito de reforzar el argumento de improcedencia, se estima
pertinente hacer una breve referencia a dos sentencias de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en las que se declaró fundado el recurso extraordinario
de revisión en casos donde se cuestionó la incongruencia en sentencias de
reparación directa. En dichas decisiones, se advirtió que el juez de la causa
realizó un juicio de imputación de responsabilidad frente al llamado en
garantía, cuando lo procedente era resolver la relación sustancial derivada del
vínculo contractual que dio origen al llamamiento, así como las eventuales
obligaciones de indemnización o restitución a su cargo.
Los dos casos tuvieron origen en demandas de reparación directa contra el
Departamento de Antioquia por los daños derivados de accidentes de tránsito
ocurridos en el municipio de Yalí los días 13 y 21 de febrero de 2013. En el

9
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Nro. 22, sentencia del 2 de febrero de 2016. Radicado
110010315000201502342; Sala Especial de Decisión Nro. 26; sentencia del 14 de agosto de 2018. Radicado
11001031500020140309300; Sala Especial de Decisión Nro. 14, sentencia del 13 de octubre de 2020. Radicado 11001-
03-15-000-2019-00119-00; Sala 8° Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021. Radicado 11001-03-15-
000-2017-00512-00; Sala 19 Especial de Decisión, sentencia del 2 de mayo de 2024. Radicado 11001-03-15-000-2022-
05929-00 (9525); Sala 15 Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2023. Radicado 11001-03-15-000-
2023-04579-00.
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

curso de cada proceso, el ente territorial llamó en garantía al Consorcio Malla
Vial de Antioquia y, en las respectivas sentencias de segunda instancia, el
Tribunal Administrativo de Antioquia dispuso que dicho Consorcio debía
reembolsar el 50% de la condena impuesta al departamento.
Frente a estas decisiones, el Consorcio Malla Vial de Antioquia interpuso
recurso extraordinario de revisión, al considerar que se le había impuesto una
obligación de pago sin que se analizara la relación contractual que sustentaba
el llamamiento en garantía.
En las sentencias del 24 de octubre de 2025 y del 25 de octubre de 2024,
proferidas en los procesos 11001-03-26-000-2025-00018-00 (72426) y 11001-03-
26-000-2023-00060-00 (69.745), la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado consideró que el Tribunal Administrativo de Antioquia
incurrió en vicio de incongruencia debido a que realizó un juicio de imputación
de responsabilidad extracontractual frente al Consorcio Malla Vial de
Antioquia, en lugar de examinar, dada su calidad de llamada en garantía, si
existía un incumplimiento contractual que justificara el reembolso.
En la sentencia del 24 de octubre de 2025 (RER. 2025-00018), la Sala de
Decisión indicó que era pertinente analizar en virtud de la causal quinta del
artículo 250 del CPACA, el cargo de incongruencia debido a que se condenó
a la Concesionaria al pago de una suma dineraria sin analizar la relación
contractual que sustentaba el llamamiento en garantía. Se relaciona el aparte
relevante de la sentencia:
«Pues bien, tal como afirmó la parte recurrente, la Sala constata que el estudio que llevó a
cabo el Tribunal Administrativo de Antioquia para endilgarle al Consorcio el deber de restituir
al Departamento de Antioquia el 50 % de la condena que le fue impuesta, aunque mencionó
la existencia del Contrato No. 2012-OO-20-8132 celebrado para el mantenimiento de la malla
vial, no profundizó en la observancia o no de las obligaciones contractuales adquiridas por el
contratista, como era exigible, tratándose de un llamamiento en garantía. En realidad, se
efectuó un juicio de imputación directo de responsabilidad frente al Consorcio Malla Vial
Antioquia por la falta de mantenimiento de la vía y se concluyó una especie de responsabilidad
conjunta con el ente territorial demandado, con base en la participación de cada uno en la
producción del daño.
(…)
40. La inconsistencia detectada da cuenta de la incongruencia en la que incurrió la providencia,
toda vez que le impuso al Consorcio Malla Vial Antioquia una carga dineraria, con base en un
análisis diferente al que mereció su vinculación al proceso ordinario. Esa falta al principio de
congruencia tiene la fuerza de vulnerar el derecho al debido proceso, lo que, a su paso, da
lugar a uno de los eventos reconocidos por la jurisprudencia para la configuración de la causal
quinta de revisión. (…) La demanda de reparación directa no elevó un juicio de responsabilidad
contra el Consorcio Malla Vial Antioquia, sino que su vinculación al litigio se dio por el
llamamiento en garantía que solicitó el Departamento de Antioquia. En esa medida, el análisis
del Tribunal respecto al llamado en garantía necesariamente debió considerar la relación
contractual que sirvió de base a su integración al proceso.» (énfasis de la Sala)

En similar sentido, en la sentencia del 25 de octubre de 2024 (RER 2023-00060-
00), la autoridad judicial concluyó que la sentencia ordinaria acusada contenía
un vicio de incongruencia, dado que no analizó las obligaciones del Consorcio
con fundamentó en la figura procesal en virtud de la cual fue incorporado al
proceso: llamado en garantía. Se relaciona el aparte pertinente de la
sentencia:
«36. (…) el Tribunal debió determinar si en efecto, entre el llamado y el llamante se configuró
un vínculo contractual y si hubo un incumplimiento de sus obligaciones, el cual implicara la
responsabilidad del llamado, esto es, debió analizar las cláusulas del Contrato 2012-00-20-
8132, con el fin de establecer si el Consorcio incumplió alguna obligación contractual que
condujera a declarar su responsabilidad.
37. Con estas precisiones, la Sala encuentra una ausencia de congruencia en el fallo
cuestionado, toda vez que el pronunciamiento emitido por el Tribunal Administrativo de

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

Antioquia frente a las obligaciones del Consorcio en el caso bajo estudio, no se acompasa con
la figura procesal por medio de la cual fue vinculado en el presente proceso -llamamiento en
garantía-, pues el análisis efectuado en torno a la efectividad de la garantía solicitada por el
demandado, no discurrió sobre la aludida relación jurídica entre el Departamento de Antioquia
y el Consorcio Malla Vial Antioquia. » (énfasis de la Sala)

4.7. Establecido lo anterior, esta Sala reitera que los cargos de la tutela que
discuten que se hubiere condenado a la Concesionaria Panamericana como
demandada cuando fue vinculada como llamada en garantía del ICCU y la
omisión en el análisis de la relación sustancial entre el llamante y el llamado
en garantía con ocasión al contrato J-121-97, deben exponerse en ejercicio
del mecanismo judicial idóneo, para este caso, el recurso extraordinario de
revisión, debido a que atacan la congruencia de la sentencia acusada. Por lo
que respecto de estos cargos no se encuentra satisfecho el presupuesto de
subsidiaridad.

De igual manera, los argumentos que discuten la omisión de pronunciamiento
en la sentencia acusada sobre la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva del ICCU, cuestionan la congruencia de la sentencia debido a la
falta de identidad jurídica «entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones
oportunamente presentadas» 10 y por lo tanto podrían exponerse mediante el
recurso extraordinario de revisión.

4.8. Se recuerda que esta Sección en otras acciones de tutela11, ha precisado que
no corresponde al juez constitucional sustituir al juez competente para conocer
del recurso extraordinario de revisión, ni anticipar el examen de legalidad y
validez de una sentencia ejecutoriada, cuando el ordenamiento jurídico ha
previsto un mecanismo específico para ello. Admitir lo contrario implicaría
desconocer la naturaleza residual de la acción de tutela y vaciar de contenido
la competencia asignada al juez natural de dicho recurso.

Adicionalmente, el recurso extraordinario no solo es idóneo, en tanto que la
jurisprudencia ha admitido su procedencia para la protección del principio de
congruencia, sino también eficaz porque, de prosperar la causal invocada,
permite invalidar la sentencia cuestionada y dictar la que en derecho
corresponda, así como adoptar las medidas necesarias para restablecer el
derecho al debido proceso, conforme a lo establecido en el artículo 255 de la
Ley 1437 de 2011. Tales efectos se ajustan integralmente a las pretensiones
formuladas en la acción de tutela.

Finalmente, la Sala advierte que no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que habilite, de manera excepcional, la intervención del juez de
tutela como mecanismo transitorio. En efecto, no se demostraron
circunstancias de urgencia, gravedad o inminencia que tornen en ineficaz el
recurso extraordinario de revisión ni que justifiquen el desplazamiento del
diseño procesal previsto por el Legislador.

4.9. Así las cosas, no hay lugar a pronunciarse sobre la alegada omisión de
aplicación del artículo 140 del CPACA, pues es una discusión que está
estrechamente vinculada al argumento de congruencia relativo a la calidad en
que se condenó a la Concesionaria Panamericana y la omisión de análisis de
la relación jurídica entre el llamante y el llamado en garantía por cuenta del

10
Sentencia del 2 de mayo de 2024, dentro del recurso extraordinario de revisión nro. 11001-03-15-000-2022-05929-00
(9525), la Sala Especial de Decisión nro. 16 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 16 de mayo de 2024 dentro del
proceso nro. 11001-03-15-000-2024-01369-00, con ponencia del magistrado Wilson Ramos Girón. Sentencia del 31 de
octubre de 2024, proferida en el proceso constitucional nro. 11001-03-15-000-2024-05128-00, con ponencia de la
magistrada Myriam Stella Gutiérrez Arguello. Esta decisión fue confirmada en impugnación por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, fallo del 7 de febrero de 2025.
16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

contrato de concesión y sobre la eventual indemnización o restitución a cargo
de ese último.

4.10. La Sala se relevará del análisis del cargo por violación directa a la Constitución,
dado que se fundamentó en la vulneración de los derechos fundamentales de
la sociedad accionante por los cargos que se analizaron en este acápite.

5. Análisis del cargo por desconocimiento del precedente horizontal y
vertical en relación con la vinculación del ICCU al proceso
5.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii)
que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el
juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante.
A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical,
que proviene de la autoridad encargada de unificar jurisprudencia en cada
jurisdicción, como el precedente horizontal que es el emitido por el mismo
funcionario o autoridades del mismo nivel jerárquico y que está cimentado en
los principios de igualdad y seguridad jurídica.
5.2. El cargo por desconocimiento del precedente judicial tanto vertical como
horizontal no tiene vocación de prosperidad debido a que no existe identidad
fáctica entre caso particular y las providencias cuyo desconocimiento se alega.
5.3. Como contexto, se recuerda que el cargo se fundamenta en la existencia de
un proceso previo iniciado por otra víctima del mismo accidente de tránsito
(rad. 11001-33-36-037-2013-00350-00/01), cuyo conocimiento en segunda
instancia también correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En ese proceso, el juez de primera instancia, aunque descartó la existencia de
un litisconsorcio necesario entre el Departamento de Cundinamarca y el ICCU,
ordenó de oficio la vinculación del ICCU como entidad demandada durante la
audiencia inicial (auto del 30 de junio de 2015).
En auto del 16 de noviembre de 2016, la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la vinculación oficiosa del
ICCU por considerarla irregular y declaró de oficio la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda. En consecuencia, ordenó al juez de primera
instancia que dispusiera la corrección de la demanda para que se excluyeran
las pretensiones en contra del Departamento de Cundinamarca y se
formularan en contra del ICCU, como subrogatario.
El auto del 16 de noviembre de 2016 fue dejado sin efectos por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en fallo de tutela del 21 de junio de 2018, al
evidenciar la concreción de defecto procedimental absoluto, debido a que el
17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

tribunal se apartó de los fundamentos del recurso y adoptó una medida de
saneamiento que no estaba prevista en la normatividad procesal.
En cumplimiento de lo anterior, el tribunal, en auto del 8 de agosto de 2018,
revocó la vinculación oficiosa y ordenó la desvinculación del ICCU como
demandado.
5.4. Como se advierte, aunque ambos procesos tienen origen en el mismo
accidente de tránsito, el trámite procesal surtido en cada uno de ellos es
diferente. En efecto, en el proceso de reparación directa identificado con
radicación 2013-00350-01, el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá negó la
existencia de un litisconsorcio necesario y dispuso la vinculación oficiosa del
ICCU, decisión que fue posteriormente revocada en sede de apelación por el
tribunal, en cumplimiento de un fallo de tutela. Por su parte, en el caso objeto
de análisis (rad. 2013-00441), el Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá
aceptó la vinculación del ICCU como litisconsorte necesario, conforme a lo
solicitado por el Departamento de Cundinamarca, decisión que no fue objeto
de apelación ni de acción de tutela, según las piezas procesales allegadas a
este expediente.
En ese contexto, no se configura un desconocimiento del precedente
horizontal, en la medida en que se trata de procesos que siguieron cursos
procesales distintos en relación con la vinculación del ICCU, lo que impide
acreditar el requisito de identidad fáctica. De igual forma, se descarta el cargo
por desconocimiento del precedente vertical, toda vez que la sentencia de
tutela del 21 de junio de 2018 no constituye un precedente aplicable al
presente asunto, pues se circunscribió al análisis de una situación fáctica
específica, esto es, el defecto procedimental en que incurrió el tribunal al
ordenar la corrección de la demanda para vincular al ICCU al margen del
procedimiento legal; circunstancia que no se presenta en el proceso que ahora
se analiza.
5.5. Así las cosas, esta Sala descarta la prosperidad del defecto por
desconocimiento del precedente judicial invocado por la parte actora.

6. Análisis del cargo por defecto fáctico y defecto procedimental absoluto
en razón a la valoración de medios de prueba no decretados
6.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto, práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
efecto, la Corte Constitucional12 ha dicho que el defecto fáctico es un error
relacionado con asuntos probatorios y, además, reconoce que tiene dos
dimensiones: una dimensión negativa y una positiva.
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso 13 ; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión14; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo15.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión16;

12
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
13
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
14
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
16
Ibidem.
18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia17.
La jurisprudencia constitucional también ha indicado que, en razón a los
principios de autonomía e independencia judicial la intervención del juez de
tutela en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico debe ser de
carácter “extremadamente reducido”, dado que es en el juicio de valoración
probatoria donde adquieren mayor trascendencia estos principios18.
6.2. La sociedad accionante reprochó que la sentencia acusada fundamentó la
decisión de responsabilidad del Estado en un enlace de Caracol Radio y en
imágenes de Google Earth (nota al pie 18 y 21 de la sentencia), los cuales no
fueron decretados ni incorporados al proceso, lo que impidió a las partes
ejercer su derecho de contradicción. En su criterio, esta actuación vulneró el
principio de necesidad de la prueba, al haberse usado documentos
extraprocesales para sustentar la condena.
Frente a esta actuación del tribunal, se alegó la configuración de un defecto
fáctico y de un defecto procedimental absoluto, en la medida en que la decisión
se fundamentó en pruebas no sometidas a contradicción. No obstante, esta
Sala concentrará su análisis exclusivamente en el cargo de defecto fáctico,
dado que la imposibilidad de controvertir los elementos probatorios se
enmarca en la dimensión positiva de este defecto, ámbito desde el cual se
analizará la alegada vulneración del derecho al debido proceso.
Ahora bien, respecto de los reportes de noticias en medios de comunicación
sobre el accidente del 25 de marzo de 2011, esta Sala evidencia que, en la
audiencia inicial celebrada el 2 de febrero de 2023, el juez decidió aceptar con
el valor probatorio que correspondiera, los documentos aportados con la
demanda y su reforma19. Con el líbelo introductorio se aportaron varias notas
periodísticas20 sobre el accidente de las cadenas RCN Radio, el Colombiano,
Radio Sur y El Tiempo, pero ninguna de ellas coincide con el enlace
relacionado a pie de página 18 de la sentencia acusada que remite a una nota
periodística de Caracol Radio.
Entonces, en principio, se trataría de una nota periodística que no fue aportada
al proceso; sin embargo, esa sola situación no justifica la declaración del
defecto fáctico en la sentencia. Corresponde a la Sala establecer el peso de
ese medio de prueba en la decisión, dado que la fundamentación de este cargo
debe acreditar los requisitos de incidencia y trascendencia.
A ese respecto conviene recordar que la Corte Constitucional ha sido enfática
al indicar que la protección constitucional por defecto fáctico sólo es posible
cuando se identifique que el juez de la causa, en el ejercicio probatorio, incurrió
en un error ostensible y flagrante que tenga indiscutible repercusión en el
sentido de la decisión 21 . En consecuencia, el defecto fáctico, para ser
declarado debe tener incidencia directa, trascendencia fundamental o
repercusión sustancial en la decisión adoptada, al punto de que si el yerro no
se hubiera presentado la decisión hubiera sido distinta22.
6.3. Establecido lo anterior, en la sentencia se observa que el referido medio de
prueba fue considerado junto con otros medios de convicción para sustentar
las siguientes conclusiones probatorias:

17
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-226 de 2013. C.P. Alexei Julio Estrada.
18
Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
19
Expediente del proceso de reparación directa 11001-33-36-037-2013-00441-00, archivo denominado
«69ActaContinuacionAudienciaInicial», numeral 5.6.1. PRUEBAS PARTE DEMANDANTE.
20
Expediente del proceso de reparación directa 11001-33-36-037-2013-00441-00, archivo denominado
«03CuadernoPruebasDemandante1», páginas 33 a 43
21
Corte Constitucional. Sentencia SU 251 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
22
Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

«Según informe ejecutivo de accidente vehicular PR 31+786 del 25 de marzo de 2011 y
reportes de medios de comunicación aportados por el actor, el bus TRE841 de la empresa
Rápido Ochoa cambió su ruta, por orden de policía de carretera que, ordenó desviar de su
ruta habitual (Villeta – Guaduas - Honda), debió (sic) a que el 24 de marzo de 2011 a las 22:31
se reportó derrumbe que produjo el cierre total de la vía Honda – Bogotá.
(…) en el caso concreto encontramos que la empresa transportadora Rápido Ochoa para la
época del accidente tenía autorizado, en los términos que regula la ley, la ruta de transporte
de pasajeros de Bogotá a Medellín. Pero esa ruta (Villeta – Guaduas – Honda), el día del
accidente presentó un derrumbe, por lo que tuvo que cerrarse y desviar al bus por otra vía,
que fue la vía Cambao, así lo acreditan los informes presentados y la información brindada
por la autoridad de transporte de la época, el director de la Policía de Tránsito y Transporte,
en medios de comunicación23» (énfasis propio)

Se observa que los reportes en medios de comunicación se tomaron en
consideración para acreditar el hecho de que el bus siniestrado cambió la ruta
por orden de agentes de la policía debido a que se reportó un derrumbe que
produjo el cierre de la vía principal. Pero el reporte periodístico de Caracol
Radio no fue el único medio de prueba que soportó la conclusión probatoria,
subsisten las demás noticias que se aportaron con la demanda y fueron
decretadas por el juez─ respecto de los cuales la accionante pudo ejercer su
derecho de defensa y contradicción─ y el informe ejecutivo de accidente
vehicular PR 31+786 del 25 de marzo de 2011, emitido por la concesionaria
Panamericana en donde también se consignó el cambio de ruta del vehículo
siniestrado y sus causas.
Así las cosas, el argumento no tiene la trascendencia ni incidencia en el
sentido de la sentencia que justifique declarar el defecto fáctico y dejarla sin
efectos, pues como se indicó la aseveración fáctica se soporta en los demás
medios de prueba mencionados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
6.4. De otra parte, se alegó que el tribunal accionado sustentó la decisión de
condena en imágenes satelitales de Google Earth, a partir de las cuales
concluyó que la vía donde ocurrió el accidente contaba desde el 2013 con una
barrera de contención metálica, lo que evidenciaba una omisión en el deber
de seguridad atribuible a las demandadas.
La Sección considera que este argumento no tiene suficiente incidencia en la
decisión que declaró la responsabilidad del Estado. Esto comoquiera que la
referencia a esas imágenes se utilizó como argumento de refuerzo para ilustrar
la supuesta existencia, para el año 2013, de un sistema de contención en la
curva donde ocurrió el accidente. Sin embargo, los hechos objeto de análisis
en el proceso ordinario corresponden a un accidente ocurrido en marzo de
2011, por lo que tales imágenes no constituyen prueba directa de las
circunstancias fácticas debatidas.
Además, se trata de un argumento accesorio, en la medida en que la
declaratoria de responsabilidad se sustentó en el análisis probatorio que
permitió concluir que no estaba acreditada la existencia de una barrera de
contención metálica en el lugar y momento del accidente. En consecuencia, la
tesis de condena (al margen de las consideraciones que esta Sala pueda tener
sobre la corrección del juicio probatorio) se mantiene aún sin la referencia a las
imágenes de Google Earth.
Veamos, el juicio fáctico que sustentó la declaración de responsabilidad del
Estado:
«Dentro del informe por accidente de tránsito se estableció como hipótesis “Falta de precaución por
niebla y lluvia”. No obstante, esto no es suficiente para determinar que no le asiste responsabilidad al
Estado sí se encuentra que las condiciones de la vía no contaban con la debida señalización o elementos

23
«https://caracol.com.co/radio/2011/03/25/regional/1301015580_444678.html»
20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

de seguridad. Como se mencionó antes, el encargado de la vía Cambao – Chuguacal donde ocurrió el
accidente es el Departamento de Cundinamarca, quien celebró contrato de concesión con Panamericana
No OJ-121-97.
(…) Entonces, como el departamento de Cundinamarca celebró contrato con la concesionaria
Panamericana, para el mantenimiento de la vía accidente (Cambao – Vianí – Bituima - Chuguacal) y esta
asumen la responsabilidad por los hechos que se causen durante la vigencia del contrato. Diríamos que
en principio la única responsable sería la Concesionaria Panamericana. Sin embargo, ese argumento no
es suficiente para excluirla de toda responsabilidad. Puesto que, es a la entidad territorial a quien le
corresponde efectuar la planeación de su respectiva infraestructura de transporte y la determinar (sic)
las prioridades para su conservación y construcción conservación sobre las vías que tiene a cargo. (…)
Precisado lo anterior, en el caso la demandante señaló que la vía no contaba para la fecha de los hechos
con defensa metálica, situación que no fue desvirtuada por el demandado departamento de
Cundinamarca. Así como tampoco en el informe policial por accidente de tránsito, ni por el ICCU, pues
únicamente se señaló que tenía demarcación vial y señalización horizontal y vertical sobre la curva.
(…) En ese orden, y para el caso que nos ocupa resulta importante preguntarse ¿si en caso de existir
un elemento de sistema de contención el resultado del volcamiento se habría evitado? Al respecto,
debemos tener en cuenta que dentro de las finalidades de la barra metálica se ha dicho que sirven
principalmente para modificar moderadamente la trayectoria del vehículo, detener el movimiento del
vehículo a través de las fuerzas desarrolladas en su contacto, mantener la trayectoria del vehículo
paralela a la barrera para evitar su incorporación descontrolada a la calzada y por tanto impedir el choque
con otros vehículos, entre otras.
Entonces, conforme con las ventajas que brinda el tener un sistema de contención, bien sea barra
metálica o cualquier otro, era probable que de haber existido alguno de estos sistemas de contención en
la curva donde se produjo el accidente se habría cambiado las consecuencias. No obstante, pese a la
importancia de estos elementos de seguridad y a las características de la curva para el día de los hechos
no se contaba con ningún sistema de contención.
Sin embargo, lo que sí está acreditado, según las imágenes satelitales tomadas desde Google Earth, de
la vía donde ocurrió el accidente, es que desde el 201324 cuenta con sistema de contención de defensa
metálica, en la curva donde ocurrió el accidente, para prevenir la caída de los vehículos al abismo. De lo
anterior se puede inferir que, al no contar con los mecanismos de protección adecuados para disminuir
el riesgo de accidentes para la fecha del accidente, la entidad territorial omitió el deber de seguridad que
tenía. Así las cosas, la Sala observa que, hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia, dado
que se estableció la responsabilidad del Estado, ante la falta de diligencia por parte de la entidad territorial
que tenía a cargo la vía, esto es el Departamento de Cundinamarca, al no tener sistema de contención
adecuado para reducir el riesgo de caída al abismo del bus»

6.5. Así las cosas, el argumento carece de trascendencia para desvirtuar la
decisión cuestionada y no configura un defecto fáctico que justifique dejar sin
efectos la sentencia, pues la conclusión sobre la responsabilidad del Estado
se soporta en los demás medios de prueba valorados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

7. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala: (i) declarará la improcedencia de la acción de
tutela de la referencia, por los cargos que sustentan los defectos procedimental,
sustantivo, orgánico y por violación directa a la Constitución propuestos por la
Concesionaria Panamericana SAS, porque no superan el presupuesto de
subsidiariedad, de acuerdo con la parte considerativa de esta providencia.

Y (ii) negará las pretensiones formuladas por la parte actora, respecto de los
defectos fáctico y de desconocimiento del precedente judicial, alegados en contra
de la sentencia del 11 de diciembre de 2024, proferida por Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida en la
segunda instancia del medio de control de reparación directa 11001-33-36-037-2013-
00441-02.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
24
«https://www.google.com/maps/@4.8559398,-
74.6284048,3a,75y,245.46h,62.26t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAKENLTd4qUAhH7UeUYQgKA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetvi
ewpixels-
pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D27
.740834472326924%26panoid%3DAKENLTd4qUAhH7UeUYQgKA%26yaw%3D245.461003798464!7i16384!8i8192?co
h=205410&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkxOC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D»
21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00031-00
Demandante: Concesionaria Panamericana SAS

FALLA

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la Concesionaria
Panamericana SAS frente a los cargos por defecto procedimental, sustantivo,
orgánico y por violación directa a la Constitución propuestos, por no superar el
requisito de la subsidiariedad, de acuerdo con la parte considerativa de esta
providencia.

2. NEGAR las pretensiones de la Concesionaria Panamericana SAS, frente a los
defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial, por lo indicado
en esta sentencia.

3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.