Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05128-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05128-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05128-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
31 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05128-00
Demandante: Gilma Uribe de Agudelo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-05128-00
Demandante GILMA URIBE DE AGUDELO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Sentencia emitida en
proceso ejecutivo. Desconocimiento del principio de congruencia.
Requisitos generales y especiales de procedencia. La
Subsidiariedad. Recurso extraordinario de revisión.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Gilma Uribe de Agudelo, de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de septiembre de 20241, Gilma Uribe de Agudelo, a través de abogada,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Segunda de Decisión, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Lo anterior,
con ocasión a la sentencia del 18 de abril de 2024, emitida en el proceso ejecutivo
nro. 66001-33-33-002-2005-00951-03, en la que se modificó el numeral segundo
del fallo de la primera instancia y, en su lugar, dispuso seguir adelante con la
ejecución por la suma de $13.700 por concepto de intereses moratorios.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
« Se declare la comisión de defectos censurables constitucionalmente en la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Risaralda (Sala Segunda de
Decisión) de fecha 18 de abril de 2024, entre ellos: DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO-
TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO PROCESAL DE CONGRUENCIA O CONSONANCIA- FALTA DE
COMPETENCIA PARA FALLAR ULTRA PETITA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA
ROGADA- VIOLACIÓN DIRECTA AL DEBIDO PROCESO ART 29 CP Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA- OMISIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN Y DERECHO DE
DEFENSA; VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN- ART 48 CP- PRINCIPIO DE
DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE LOS FONDOS PENSIONALES Y DEFECTO MATERIAL
SUSTANTIVO POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1653 DEL CÓDIGO CIVIL COMO
REGLA DE IMPUTACIÓN DE PAGO EN MATERIA DE OBLIGACIONES PENSIONALES EN
PROCESO EJECUTIVO- SENTENCIA DE CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA DE 30 DE
MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO 2024; DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO- INMUTABILIDAD
DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO E IMPROCEDENCIA DE MODIFICACIÓN DE LA LITIS PROCESAL
ASÍ COMO LAS REGLAS DE IMPUTACIÓN DE PAGO- DOBLE IMPUTACIÓN DE PAGO INDEBIDA-
VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO ART 29 CN; ARTÍCULO 13° APLICACIÓN DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN NACIONAL- A IGUAL SITUACION DE HECHO MISMA SOLUCIÓN DE DERECHO-
DERECHO A LA IGUALDAD- APARTAMIENTO INJUSTIFICADO DE PRECEDENTES
HORIZONTALES & DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO- EXCESIVA RITUALIDAD
MANIFIESTA y/o cualquier otro defecto que encuentre probado el juez constitucional.
1 Samai, índices 1 y 2.
1
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2. Que se declare la comisión de una transgresión directa a contenidos o derechos
fundamentales los cuales ameritan tutela constitucional, entre ellos DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL O PRIMACÍA DE LAS MESADAS PENSIONALES COMO ÚNICO.
3. Como consecuencia de lo anterior, se ordene Tribunal Administrativo de Risaralda a que en
el término legal se sirva proferir una nueva providencia en remplazo a la referenciada y
denunciada del 18 de abril de 2024, en tenor del desarrollo constitucional y normativo
procedente que omita la transgresión de derechos fundamentales como lo expuesto, esto es;
u ordenando seguir adelante con la ejecución por un monto calculado de intereses moratorios
de $23.776.062,00 teniendo en cuenta el principio de destinación específica constitucional y
legalmente ordenado, o en aplicación adecuada y constitucional del artículo 1653 del Código
Civil, esto es imputando el pago de $34.622.127 a intereses entiendo como saldo adeudado
a capital y los consecuentes intereses moratorios a la actualidad, pues nunca cesó su
causación, por lo cual deberá seguir con la ejecución por un monto de $110.859.707,85 (suma
que seguirá incrementándose hasta tanto no se pague tanto intereses como capital).» 2
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. En sentencia de segunda instancia del 7 de diciembre de 2007, el Tribunal
Administrativo de Risaralda condenó a la antigua Cajanal EICE liquidada al
pago de una pensión de jubilación a favor de la señora Gilma Uribe de
Agudelo.
El 2 de mayo de 2008, la demandante solicitó ante Cajanal el cumplimiento
integral de las sumas reconocidas en la sentencia del 7 de diciembre de 2007.
Como consecuencia de lo anterior, Cajanal emitió la Resolución nro. 11838
del 24 de marzo de 2009 en la que dispuso el cumplimiento de la sentencia
del 7 de diciembre de 2007.
La hoy accionante informó que, en enero de 2011, Cajanal EICE reportó al
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Central (FOPEP) la novedad de su
inclusión en nómina, por la suma de $36.982.503, por concepto de la
diferencia de las mesadas atrasadas.
En los antecedentes se destacó que, aunque la sentencia quedó ejecutoriada
el 25 de marzo de 2008, la condenada incluyó en nómina la resolución de
cumplimiento hasta enero de 2011, por lo que se causaron intereses
moratorios de acuerdo con el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo (CCA). Es decir que no se pagaron los intereses moratorios,
aunque fueron ordenados en las sentencias judiciales y en el acto
administrativo de cumplimiento y, teniendo en cuenta el periodo en el que se
causaron, la deuda por ese concepto es de $29.200.244
2.2. Con fundamento en lo anterior, la señora Gilma Uribe de Agudelo promovió
demanda ejecutiva en la que pretendió el pago de los intereses moratorios
derivados de la sentencia del 7 de diciembre de 2007, causados entre el 26
de marzo de 2007 y el 25 de enero de 2011 por la suma de $29.200.244.
En sentencia dictada en el curso de la audiencia inicial del artículo 372 de la
Ley 1564 de 2012, celebrada el 5 de marzo de 2020, el Juzgado Segundo
Administrativo de Pereira declaró no probadas las excepciones de pago y de
prescripción y ordenó seguir adelante con la ejecución en los términos del
mandamiento de pago.
Esta decisión fue apelada por la apoderada de la UGPP en audiencia quien
insistió en que se concretó la caducidad de la acción y en que la mora por
2 Páginas 16 y 17 de la acción de tutela. Samai, índice 2.
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fuerza mayor o caso fortuito, como lo es la liquidación de una entidad, no da
lugar a indemnización de perjuicio.
El mandamiento de pago se había librado en auto del 9 de noviembre de 2017
contra la UGPP por la suma de $31.080.178, por concepto de los intereses de
mora a la máxima tasa legal, causados sobre la suma de $36.982.503
generados desde el 14 de enero de 2008 hasta el 24 de enero de 2011.
2.3. El Tribunal Administrativo de Risaralda emitió sentencia de segunda instancia
calendada del 18 de abril de 2024 en la que decidió modificar el numeral 2° de
la decisión del a quo, la cual quedó así: «Seguir adelante con la ejecución en favor
de la señora Gilma Uribe de Agudelo y en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL, por la suma de trece mil setecientos pesos ($13.700) por concepto de intereses
moratorios adeudados».
En la parte considerativa de la sentencia, el tribunal descartó los argumentos
de caducidad y de fuerza mayor alegados por la UGPP en el recurso, pero,
además, indicó que, aunque la ejecutada no apeló en lo relativo a la norma
aplicable para liquidar los intereses perseguidos, como se trata de un aspecto
estrechamente ligado al objeto del recurso, estimaba necesario estudiar esa
cuestión.
En esa vía manifestó que, de acuerdo con la jurisprudencia vigente sobre el
asunto, para este caso la norma aplicable era el artículo 177 del CCA. Bajo
ese contexto, agregó que en el caso particular la sentencia cobró ejecutoria el
14 de enero de 2008, pero en la demanda se pidieron los intereses desde el
28 de marzo de 2008 hasta el 25 de enero de 2011 y en aplicación del principio
de congruencia, no podía modificarse la decisión de primera instancia sobre
ese aspecto porque excede lo pedido en la demanda.
De otra parte, respecto del capital base de recaudo, precisó que en la
liquidación de la ejecutante se indicó la suma de $36.982.503, pero de ella no
se había descontado lo correspondiente a aportes de salud, por lo que el
capital base de recaudo en realidad era: $34.622.127.
Establecido lo anterior, advirtió que en el caso particular era necesario aplicar
la regla de imputación de pagos contenida en el artículo 1653 del Código Civil
según la cual, si se debe capital e intereses, el pago parcial se deberá imputar,
en primer lugar, a los intereses. Y en ese orden, consideró:
«Un aspecto resulta de trascendental relevancia en el presente asunto y se halla relacionado
con la regla de imputación de pagos contenida en el artículo 1653 del Código Civil y con el
principio de congruencia.
Del contenido de la solicitud de ejecución, su pretensión y la liquidación adosada con el escrito
ejecutivo se infiere que la parte ejecutante erradamente efectúa la imputación de pagos, pues
parte de la base de que los $34.622.126,96 pagados por la entidad ejecutada el 25 de enero
de 2011 se imputan en su totalidad al valor capital adeudado, quedando entonces como saldo
insoluto el valor de los intereses en su integridad (…)
Nótese cómo en la liquidación base de la pretensión ejecutiva, el vocero judicial de la parte
actora omite realizar imputaciones de pagos conforme la regla antes citada, razón por la cual,
para esta Sala de Decisión la base monetaria sobre la que se debe proveer en este estadio
procesal corresponde a la siguiente:
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En donde el valor de $23.762.362 corresponde al valor de capital insoluto luego de la
aplicación del pago a intereses y el valor de $13.700 equivale al valor de intereses de mora
adeudados para el 25 de enero de 2011, que es la fecha final a la que se delimitó la ejecución.
Debe reiterarse que, como se adujo con anterioridad, en asuntos como el que ahora es objeto
de escrutinio, debe darse estricto cumplimiento al principio de congruencia, por lo que en el
evento de que la ejecución pudiera –conforme al título ejecutivo- comprender otros periodos
o conceptos causados, la ejecución habrá de limitarse a lo expresamente pedido por el
ejecutante (…)
Conforme a los parámetros antes anotados y la liquidación del crédito efectuada por este
Tribunal, se observa que del total que se le adeuda al ejecutante para el periodo pretendido,
solo $13.700 corresponden a intereses moratorios, y, en esos términos será modificada la
decisión de primera instancia.»
2.4. La ejecutante promovió solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia con
fundamento en la violación del principio de congruencia y alegando que el
contador hizo una aplicación errada de la regla de imputación de pagos.
La solicitud de corrección fue denegada en auto del 23 de mayo de 2024,
porque los argumentos en que se fundamentó no se enmarcan en la figura de
corrección del artículo 286 del Código General del Proceso.
3. Fundamentos de la acción
3.1. En cuanto a las causales generales de procedibilidad, en el escrito de tutela
se indicó que la petición de amparo tiene relevancia constitucional porque la
providencia acusada vulneró el derecho de la actora al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia cuando rebasó el límite funcional en el
que podía fallar de fondo dentro del presente asunto (principio de congruencia).
Además, porque a pesar de esta incompetencia, entró a cambiar las reglas de
cobro de los intereses sin una justificación adecuada y sin considerar que se
trata de una reclamación que tiene origen en derechos pensionales.
Dijo que la sentencia acusada contiene una incongruencia entre la parte
motiva y resolutiva, pues la decisión final no se ajusta a los parámetros
previamente establecidos y discutidos en el proceso. Por ello considera que la
a accionada incurrió en un razonamiento ultra petita al abordar aspectos no
planteados en la apelación, específicamente, la aplicación del artículo 1653
del Código Civil y la posterior imputación de los pagos.
Agregó que la acción de tutela se radicó en un plazo razonable porque no han
pasado más de seis meses desde la notificación de la sentencia que estableció
de manera incorrecta las obligaciones pendientes; que se agotaron todos los
mecanismos judiciales ordinarios de protección de derechos como lo fueron la
petición de adición o corrección de la sentencia, por lo que la tutela se erige
como el único mecanismo capaz de evitar la vulneración de sus derechos; y
que no se ataca una sentencia de tutela.
3.2. Respecto del fondo del asunto, la señora Uribe de Agudelo argumentó que la
sentencia acusada adolece de defecto procedimental absoluto, de defecto
sustantivo y de violación directa a la constitución.
3.2.1. Considera que el defecto procedimental se concreta porque el tribunal
desbordó sus competencias al resolver el caso más allá de lo solicitado
en el recurso de apelación incoado por la UGPP, es decir, estima que se
trató de un fallo ultra petita que afectó sus derechos fundamentales al
debido proceso en la faceta de defensa y contradicción.
Advierte que la sentencia acusada incurrió en desconocimiento del
principio de congruencia tanto en su faceta interna como en la externa.
Respecto de esta última, reiteró que los límites del pronunciamiento del
juez ad quem fueron establecidos en la sustentación del recurso de
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apelación y se circunscribieron en i) la alegada configuración de un
hecho de fuerza mayor ante la liquidación de Cajanal, situación que debió
suspender la causación de intereses de mora y ii) la presunta caducidad
de la acción.
Respecto de la congruencia interna dijo que en el curso del proceso se
modificó la litis que inicialmente había sido fijada de acuerdo con los
argumentos del recurso de apelación para, en su lugar, cuestionar las
reglas de imputación de pago aplicables al caso y desnaturalizar el pago
que hizo la ejecutada el 25 de enero de 2011, aunque esas cuestiones
no fueron debatidas en el recurso.
Establecido lo anterior, expuso la siguiente conclusión sobre este cargo:
«resulta claro el exceso en el que incurrió el Tribunal Administrativo de Risaralda al
desconocer los límites funcionales que le impone el principio de congruencia tanto
respecto a los argumentos del recurso de alzada interpuesto por las partes, como
de la propia litis fijada en seno de la decisión; ninguno de los cuales avaló el
cuestionamiento intempestivo de la regla de imputación de pagos que se entiende
inamovible en el caso concreto en tratándose, prevalentemente (antes incluso de
causar los intereses moratorios), de una sentencia judicial que ordenó LA
RELIQUIDACION DE UNA MESADA PENSIONAL Y EL PAGO CONSECUENTE DEL
RETROACTIVO DE LAS DIFERENCIAS DE MESADAS, retroactivo reconocido al
ejecutante el 25 de enero de 2011, sin que sea dable ahora, 12 años después de
dicho pago, cambiar su naturaleza y darle el concepto de pago abonado a intereses
moratorios sin que ello haya sido objeto de contradicción para las partes en ninguna
instancia administrativa o judicial (o alegado de alguna manera por UGPP en su
favor)» (Destaca la Sala)
3.2.2. Fundamentó la concreción del defecto sustantivo en que el tribunal
modificó indebidamente el contenido del mandamiento de pago a partir
de la errada comprensión de la regla de imputación de pagos contenida
en el artículo 1653 del Código Civil. Esta determinación condujo a la
disminución del saldo adeudado al monto de $13700, lo que distorsiona
la verdadera cantidad debida y transgrede la estabilidad jurídica de los
derechos previamente reconocidos en sentencia.
En esa vía, consideró que la accionada transgredió el principio de
contradicción al afectar la inmutabilidad del mandamiento de pago y los
hechos en los que se sustentó, con lo que modificó de manera
intempestiva y sin permitir contradicción la naturaleza del pago que se
efectuó el 25 de enero de 2011.
Agregó que en otros casos3, las autoridades judiciales aplicaron
correctamente las reglas de imputación de pagos de forma coherente con
la protección de derechos pensionales, lo que no ocurrió en la decisión
censurada. Este apartamiento injustificado de precedentes horizontales
se argumenta como una violación del derecho a la igualdad, ya que
decisiones similares deberían tratarse de manera uniforme. Insiste en
que la regla contenida en el artículo 1653 del Código Civil debe
interpretarse en armonía con el principio de destinación específica que
protegen los fondos pensionales.
3.2.3. En cuanto al cargo por violación directa a la Constitución se argumentó
el desconocimiento del artículo 48 de la Constitución sobre el principio
de destinación específica de los fondos privados.
3 Como fundamento de este cargo, la accionante citó la sentencia del 30 de mayo proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, sin número de radicación y la sentencia del 12 de octubre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso ejecutivo nro. 680013333010-2015-
00550-01.
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Reiteró que el fallo aplicó incorrectamente el artículo 1653 del Código
Civil como regla para la imputación de pagos, alterando la naturaleza de
los fondos que debían destinarse exclusivamente a obligaciones
pensionales.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 26 de septiembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela interpuesta por Gilma Uribe de Agudelo, quien actúa a través
de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.
Asimismo, vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
para la Protección Social (UGPP), autoridad que actuó como demandada
dentro del proceso ejecutivo y al Juzgado Segundo Administrativo de Pereira,
autoridad que dictó sentencia de primera instancia dentro del proceso Nro.
66001-33-33-002-2005-00951 00/01/02/03.
En la providencia también se requirió al Juzgado Segundo Administrativo de
Pereira para que remitiera en medio digital el expediente del proceso ejecutivo
sub examine.
4.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones parafiscales de la Protección Social, por conducto del
subdirector de Defensa Judicial Pensional (E), solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela porque existen mecanismos judiciales
que no fueron agotados, como el recurso extraordinario de revisión, y no se
ha demostrado un perjuicio irremediable que justifique la intervención
inmediata por parte del juez constitucional (subsidiariedad).
Agregó que la tutela, no debe ser empleada como una instancia adicional para
revocar decisiones judiciales en firme, porque ello atentaría contra la
autonomía del juez y el principio de cosa juzgada. También argumentó que la
acción de tutela carece de relevancia constitucional porque tiene un fin
netamente económico.
En cuanto al fondo del asunto, la UGPP considera que la decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda de modificar el monto de intereses moratorios se
basó en una correcta aplicación de las normas jurídicas aplicables, por lo que
explicó cómo se realizó la liquidación de intereses y argumentó que el proceso
de imputación de pagos fue adecuado y se ajustó a las leyes vigentes y
resoluciones administrativas pertinentes.
La entidad argumenta que no se concretó una vía de hecho porque el Tribunal
Administrativo de Risaralda actuó como juez de alzada en un proceso de
ejecución ya definido y es la accionante quien pretende, a través de la tutela,
sustituir una decisión judicial en firme, lo cual es improcedente. Indicó que la
tutela no puede ser utilizada para revocar una decisión judicial que ya transitó
a cosa juzgada.
4.3. El Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, por conducto de la
secretaria del despacho, remitió el enlace web para acceder al expediente del
proceso ejecutivo analizado.
4.4. El Tribunal Administrativo de Risaralda no contestó la acción de tutela,
aunque fue debidamente notificado de su existencia4.
4 La notificación se surtió en el siguiente buzón electrónico: stadmper@cendoj.ramajudicial.gov.co , Samai,
índice 10.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6
y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional8 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Problema jurídico
El análisis de una acción de tutela contra providencias judiciales exige que la Sala,
en primer lugar, verifique si la demanda cumple con los requisitos generales de
procedibilidad establecidos en la sentencia C-590 de 2005.
Si se superan dichos requisitos, se procederá a determinar si el Tribunal
Administrativo de Risaralda incurrió en defecto sustantivo, en defecto procedimental
y en violación directa a la Constitución al emitir la sentencia del 18 de abril de 2024
en el proceso ejecutivo nro. 66001-33-33-002-2005-00951-03, en la que se redujo
considerablemente el monto objeto de ejecución.
5 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
6
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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4. Presupuesto general de subsidiariedad: su alcance y análisis en el caso
particular
4.1. Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces.
Recuérdese que el presupuesto de subsidiariedad de la acción de tutela
encuentra fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991. Este requisito de procedibilidad ha sido
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, quien ha establecido que se
incumple, por lo menos, en tres eventos8: a) cuando el asunto está en trámite;
b) cuando no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios; y c) cuando se usa para revivir etapas procesales en donde
se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
En consecuencia, la tesis de la Sección, expuesta en diversas sentencias,
consiste en que, por regla general, cuando existe otro medio de defensa
judicial, idóneo y eficaz, no es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la
idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en función del caso
concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra el solicitante
y, además, dependen de la existencia o no de un perjuicio irremediable, en los
términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
4.2. En la acción de tutela se expone un argumento principal relativo a que la
sentencia del 18 de abril de 2024 desconoció el principio de congruencia en
sus facetas interna y externa. Esta última en relación con lo pedido en la
demanda y en los argumentos de la apelación. En consideración de la
accionante, el Tribunal Administrativo de Risaralda desbordó su competencia
en la decisión del recurso de apelación promovido por la UGPP, cuya
sustentación se limitó a la alegada concreción de una fuerza mayor que debía
suspender la causación de los intereses de mora y a la materialización del
fenómeno de la caducidad de la acción.
Advirtió que la prosperidad de esos cargos fue desvirtuada en la sentencia
acusada, pero el ad quem resolvió continuar su análisis por fuera de la litis
determinada en el recurso de apelación y en el acápite cuarto de la sentencia
sobre el «objeto de la decisión» (incongruencia externa e interna). Así, procedió
con el análisis y cuestionamiento sorpresivo de la regla de imputación de
pagos contenida en el artículo 1653 del Código Civil, estudio que llevó a
cambiar la naturaleza del pago retroactivo reconocido a la ejecutante el 25 de
enero de 2011 y darle el concepto de pago abonado a intereses moratorios sin
que ello haya sido objeto de discusión para las partes.
4.3. Así pues, se evidencia que los cargos de defecto procedimental y violación
directa a la Constitución por desconocimiento del principio de congruencia en
sus facetas interna y externa, se erige como argumento principal del que la
accionante deriva la alegada vulneración del derecho al debido proceso en su
dimensión de defensa y contradicción y la incompetencia del juez de la causa
para surtir el análisis frente a la regla de imputación de pagos aplicable al caso
particular.
El argumento de la incongruencia también se extiende a la fundamentación de
los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente judicial, pues,
aunque se apoyaron en la indebida comprensión y aplicación del artículo 1653
del Código Civil a los procesos ejecutivos en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, lo cierto es que la accionante pide que se parta del supuesto
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Demandante: Gilma Uribe de Agudelo
principal de que ese análisis no debió surtirse porque no hizo parte de los
pedimentos en el curso del proceso.
4.4. Lo anterior, permite concluir que la discusión que se propone en la acción de
tutela se concentra en la aplicación y alcance del principio de congruencia.
Tan es así que, no es posible adentrarse en el análisis sobre la legalidad y
razonabilidad de la aplicación que hizo el Tribunal Administrativo de Risaralda
de la regla de imputación de pagos al caso concreto (artículo 1653 del Código Civil),
sin adoptar previamente una determinación sobre si ese punto podía ser
abordado por el ad quem del proceso ejecutivo a la luz del principio de
congruencia.
4.5. Establecido lo anterior, esta Sala debe indicar que la acción de tutela no
supera el requisito general de procedencia de subsidiariedad porque discuten
la congruencia interna y externa9 de la sentencia del 18 de abril de 2024,
proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda. Y la jurisprudencia del Consejo de Estado10 ha establecido que la
vulneración al principio de congruencia se enmarca en la causal 5° del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011, que acepta la procedencia del recurso
extraordinario de revisión cuando se alega la nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede apelación11.
Conforme a lo expuesto, le está vedado al juez de tutela invadir la competencia
del juez natural de la causa para conocer las inconformidades suscitadas en
una sentencia ejecutoriada emitida por un tribunal administrativo que se
acompasen con las causales enumeradas en el artículo 250 del CPACA, en
específico, por la causal de nulidad originada en la sentencia con fundamento
en un argumento de incongruencia.
Además, se considera que el recurso extraordinario es el idóneo para lograr la
garantía del derecho al debido proceso invocado porque, en caso de que la
autoridad judicial competente encuentre fundada la causal, la consecuencia
de ello es que se declare la nulidad de la sentencia acusada y ordenar que se
dicte la que en derecho corresponda (artículo 255 Ley 1437 de 2011), lo cual se
acompasa con las pretensiones de la tutela.
9 Sobre el concepto y alcance de la congruencia interna y externa, en la sentencia del 2 de mayo de 2024,
dentro del recurso extraordinario de revisión nro. 11001-03-15-000-2022-05929-00 (9525), la Sala Especial
de Decisión nro. 16 indicó: «la congruencia, como principio, tiene dos manifestaciones concretas: la interna,
que se refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, y
la externa, que propende porque la decisión contenida en su parte resolutiva se encuentre en concordancia
con lo pedido en la demanda y en su contestación, es decir, que haya identidad jurídica entre lo resuelto y
las pretensiones y excepciones oportunamente presentadas, salvo por las competencias oficiosas que la
ley otorga al juzgador . Lo anterior, con fundamento en el artículo 281 del Código General del Proceso ꟷque
reformó el artículo 305 del CPCꟷ, aplicable por remisión normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
Adicionalmente, y en aplicación del principio “Tantum devolutun quantum apellatum”, en las sentencias de
segunda instancia “la incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en
las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza
con lo pedido en la sustentación del recurso (pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a
una invocación del derecho sustancial controvertido.”»
10 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Nro. 22, sentencia del 2 de febrero de 2016. Radicado
110010315000201502342; Sala Especial de Decisión Nro. 26; sentencia del 14 de agosto de 2018.
Radicado 11001031500020140309300; Sala Especial de Decisión Nro. 14, sentencia del 13 de octubre de
2020. Radicado 11001-03-15-000-2019-00119-00; Sala 8° Especial de Decisión, sentencia del 14 de
diciembre de 2021. Radicado 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala 19 Especial de Decisión, sentencia
del 2 de mayo de 2024. Radicado 11001-03-15-000-2022-05929-00 (9525); Sala 15 Especial de Decisión,
sentencia del 22 de noviembre de 2023. Radicado 11001-03-15-000-2023-04579-00.
11 Así también lo indicó esta Sección en la sentencia de tutela del 16 de mayo de 2024. Proceso nro. 11001-
03-15-000-2024-01369-00. M.P. Wilson Ramos Girón. Sobre el tema estudiado en este fallo se indicó: «(...)a
partir de los casos estudiados por las Salas Especiales de Decisión, así como de las Salas de Sección,
cuando resuelven recursos extraordinarios de revisión, se advierte que existe una línea jurisprudencial
pacífica sobre la procedencia del recurso extraordinario de revisión para la protección del principio de
congruencia, por la vía de la causal de «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación»»
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Demandante: Gilma Uribe de Agudelo
El recurso extraordinario también se estima eficaz, pues, aunque su trámite
sea más prolongado que el de la acción de tutela no se alegaron ni se
advierten circunstancias de urgencia que justifiquen la intervención transitoria
del juez de tutela para evitar la concreción de un perjuicio irremediable.
Tampoco es razonable privilegiar la acción de tutela sobre los mecanismos
ordinarios o extraordinarios de protección de derechos solo en consideración
a los plazos en que se debe resolver el litigio, pues tal entendimiento
desnaturaliza la esencia subsidiaria de la acción de tutela y representa una
injustificada intromisión en las competencias que el Legislador dispuso en
determinados jueces de la República.
Finalmente, conviene recordar que los límites a la intervención del juez de
tutela en eventos que podrían alegarse a través del recurso extraordinario de
revisión fueron definidos en las sentencias SU263 de 2015 y SU026 de 2021,
en donde la Corte Constitucional precisó:
«la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de revisión siempre que (i) el derecho
fundamental cuya protección se solicita no sea susceptible de ser protegido de manera integral
dentro del trámite del recurso; y (ii) las causales de revisión no se encuadren dentro de los
hechos denunciados por el accionante. En síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se
torna improcedente cuando al interior de un proceso contencioso-administrativo se alega la
vulneración al debido proceso y este derecho fundamental es susceptible de ser protegido
mediante el trámite del recurso extraordinario de revisión”»
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que la acción de tutela interpuesta por
la señora Gilma Uribe de Agudelo es improcedente por incumplir el presupuesto de
subsidiariedad, pues el cargo principal en que se fundamenta (vulneración al principio
de congruencia) debe ser expuesto ante el juez competente y a través del mecanismo
judicial idóneo y eficaz, esto es: el recurso extraordinario de revisión bajo la causal
de nulidad originada en la sentencia12.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la señora
Gilma Uribe de Agudelo, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
12 En similar sentido se pronunció esta Sección en los siguientes casos: sentencia de tutela del 26 de octubre
de 2023. Proceso nro. 11001-03-15-000-2023-01023-01. M.P. Wilson Ramos Girón; sentencia de tutela del
22 de febrero de 2024. Proceso nro. 11001-03-15-000-2024-00322-00. M.P. Milton Chaves García;
sentencia del 21 de marzo de 2024. Proceso nro. 11001-03-15-000-2024-00418-00 M.P. Milton Chaves
García; sentencia del 2 de mayo de 2024. Proceso nro. 11001-03-15-000-2024-00580-00. M.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencia del 16 de mayo de 2024. Proceso nro. 11001-03-15-000-2024-01369-
00. M.P. Wilson Ramos Girón.
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Demandante: Gilma Uribe de Agudelo
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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