RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03299-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03299-00

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03299-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía frente a los cargos por defecto procedimental, fáctico y sustantivo, de acuerdo con la parte considerativa de este fallo. 2. NEGAR el cargo de desconocimiento de precedente judicial propuesto por la entidad accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 26 En similar sentido, véase (i) la sentencia de tutela del 30 de junio de 2022, proferida por esta Sección dentro del proceso número 11001-03-15-000-2022-02130-00, donde fue accionante la señora Elida Elizabeth Sarasti Mayorga. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. “(…) frente a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad con ocasión del desconocimiento de unas sentencias en las que el mismo tribunal accionado ha accedido a lo pretendido en casos con fundamentos fácticos similares al de la accionante, basta indicar que se trata de fallos proferidos por la Subsección “B” de esa Corporación, autoridad judicial que se encuentra en igualdad funcional con la Subsección “A”, por lo que sus decisiones no constituyen precedente obligatorio para la autoridad judicial accionada.” Y (ii) la sentencia del 13 de abril de 2023, Procero número 11001-03-15-000-2022-06648-01, de la misma ponente: “(…) Se debe precisar que, tratándose del precedente horizontal, su observancia no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, es apenas comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de igual nivel funcional existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos análogos. Es decir, en tanto el precedente judicial supuestamente desconocido no fue proferido por el superior funcional, ni por la propia autoridad judicial, esta podía decidir libremente el asunto, atendiendo a los límites de la razonabilidad. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “cuando el término de comparación no está́ dado por los propios precedentes del juez sino […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03299-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

16 de julio de 2026

|CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Presupuestos generales
de procedencia. La subsidiariedad. Recurso extraordinario de
revisión: congruencia. Relevancia constitucional: instancia adicional.
Defecto fáctico, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.
Medio de control de reparación directa.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por la Caja Promotora de Vivienda Militar y
de Policía en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 29 de abril de 20261, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (Caja
Honor), actuando por conducto del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar
vulnerados los derechos fundamentales de la entidad al debido proceso 2 y de
acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 13 de febrero
de 2026, proferida en segunda instancia en el medio de control de reparación directa
76001-33-33-003-2015-00456-01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones3:
«Primero: Tutelar los derechos fundamentales de debido proceso, defensa y contradicción,
acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica de la Caja Promotora de Vivienda
Militar y de Policía, vulnerados por la Sentencia de segunda instancia No. 023 del 13 de febrero
de 2026.
Segundo: Dejar sin efectos la Sentencia No. 023 del 13 de febrero de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y en su lugar se ordene a la autoridad jurisdiccional
que corresponda proferir un nuevo fallo en derecho en el que se efectúe un debido análisis de
la responsabilidad civil extracontractual de CAJA HONOR acorde con las omisiones y
perjuicios reclamados de forma literal en las pretensiones de la demanda, frente a los cuales,
se tenga en cuenta el recaudo probatorio del proceso y con ello se evite la materialización de
los defectos o causales invocadas en la presente acción de tutela que se relacionan en los
siguientes numerales.
Tercero. En todo caso, ruego a esa colegiatura adopte la decisión que permita asegurar el
disfrute de los derechos constitucionales violados. A fin de lograr dicho goce, el juez de tutela
está en la obligación de adoptar las medidas necesarias para “volver al estado anterior a la
violación”, como lo dispone el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991. Dicha facultad del juez
de tutela de modular los efectos de sus decisiones ha sido analizada en sentencia SU-554 de

1
SAMAI, índice 1.
2
Alegó la violación los derechos de defensa, contradicción y de seguridad jurídica.
3
Página 29 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

2001, en la cual se indicó que “…corresponde al juez determinar cuál es el mecanismo idóneo
para lograr la protección del derecho fundamental afectado…”.»

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Los señores Hernán Benavides García, Néstor Heruyn Liz Chasqui, Velmer
Adrián Lizcano Ospina, Alexis Mora Valencia, Jhon Ferley Muñoz Zambrano,
Julio César Ortiz Martínez, Gloria Amparo Muñoz Rosero, Diego Mauricio
Pantoja Pazos, Edilberto Puentes Arango, José Luis Rincón Sandoval, Juan
Diego Torres Suárez, Óscar Eduardo Veloza Sánchez, Jaider Alonso Yepes,
Abel Antonio Betancour Ciro, Armando Carabalí Choco, José David Cardozo
Tapiero, Egidio Antonio Posada Torres, Pablo César Ramos Marulanda, María
Doris Sanpredro, Carlos Julio Silva Cevelino, Fredy Alberto Valderrama
Quilindo, Jarwin Arley Velásquez Buitrago y José Javier Valencia Idrobo
alegaron ser pensionados y/o retirados de las Fuerzas Militares de Colombia.

En tal condición, a través de la Caja Promotora de Vivienda Militar, las referidas
personas fueron beneficiadas con el subsidio otorgado para la adquisición de
vivienda propia, particularmente, en la Urbanización Bicentenario, ubicada en
barrio Villas de Caimito en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. Las
propiedades se entregaron entre diciembre de 2010 y mayo de 2011.

2.2. Cuando recibieron las viviendas, los ciudadanos se trasladaron allí con sus
familiares. Desde ese momento, adujeron haber sido víctimas de amenazas,
extorsiones y actos vandálicos. Todo, según dijeron, debido a que la
urbanización Bicentenario «se construyó en una zona de permanente conflicto, en
razón a que en los barrios aledaños están ubicadas personas reinsertadas,
exparamilitares, exguerrilleros y delincuentes comunes, por lo que al ser (…)
exintegrantes de la Fuerza Pública, [ellos] y sus familias se convirtieron en objetivos
y tildados como personas no gratas»4.

Los afectados adujeron que pusieron los hechos en conocimiento de las
autoridades municipales, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y de la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía. No obstante, el 5 de noviembre de 2013,
presuntamente se presentó una «masacre» en una de las viviendas de la
Urbanización Bicentenario, en la cual perdieron la vida tres personas. Estos
hechos, según se dijo, generaron que los mencionados ciudadanos y sus
familiares abandonaran las viviendas de su propiedad y se desplazaran hacia
otros municipios. Las propiedades habrían sido invadidas y luego
“desvalijadas”.

2.3. Como consecuencia de lo anterior, los pensionados y retirados señalados, así
como sus respectivos grupos familiares, interpusieron demanda de reparación
directa, en contra del municipio de Palmira, la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional y Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación,
la Defensoría del Pueblo y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía,
con el objeto de que se declarara la responsabilidad administrativa y
patrimonial del Estado por los perjuicios materiales e inmateriales derivados
del desplazamiento forzado del que fueron víctimas y de la destrucción de sus
viviendas.

Los demandantes aseguraron que, pese a que acudieron a las autoridades
demandadas para informarles de la situación con antelación, estas no

4
Demanda de reparación directa, página 33.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

adoptaron las medidas de protección requeridas para garantizar su seguridad,
es decir que, desconocieron su posición de garante.

2.4. El proceso de reparación directa se identificó con el radicado 76001-33-33-003-
2015-00456-00. Su conocimiento, en primera instancia, correspondió al
Juzgado Tercero Administrativo de Cali, el cual, mediante sentencia del 2 de
diciembre de 2022, declaró administrativamente responsable a la Caja
Promotora de Vivienda Militar y de Policía por los perjuicios ocasionados a los
demandantes. Adicionalmente, de oficio, el juez de primera instancia declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva frente al
municipio de Palmira, la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional y Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría
del Pueblo.

Respecto de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, su
responsabilidad se fundamentó, entre otros, en la Sentencia T-726 de 2017 y,
adicionalmente, argumentó lo siguiente:
«[a] esta entidad (…) resulta atribuible la falta de previsión a la hora de definir el lugar
apropiado en el cual puedan residir ex miembros de las fuerzas militares y de policía, respecto
de quienes era imperativo tener en cuenta no solo su estatus de retirados, sino también las
condiciones especiales de salud que presentaban, tales como dificultades en su movilidad por
haber sufrido amputaciones traumáticas, afectaciones en sus sentidos e incluso psiquiátricas
derivadas de la prestación de sus servicios en las fuerzas armadas. // Quedó demostrado que
la Urbanización Bicentenario fue ubicada en una zona de alta peligrosidad en el municipio de
Palmira, rodeada de sectores donde actuaban diferentes grupos delincuenciales que
frecuentaban el sector donde vivían los demandantes, afectando gravemente su seguridad y
poniendo en riesgo sus vidas, a tal punto que tuvieron que abandonar sus viviendas en contra
de su voluntad para salvaguardarlas»5.

2.5. La anterior decisión fue recurrida por la Caja Promotora de Vivienda Militar y
de Policía y por los ciudadanos demandantes. Estos últimos se opusieron a la
declaratoria de falta de legitimación respecto de varios de los demandantes y
pidieron que se incrementara el monto de la condena que se impuso.

Por su parte, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía alegó varias
inconsistencias de la sentencia apelada, bajo el supuesto de que el problema
jurídico se planteó en torno al desplazamiento forzado alegado. En general,
propuso argumentos que pueden ser divididos en tres grupos: por una parte,
dijo que no se valoró debidamente el daño, pues se pasó por alto que parte de
los demandantes no están inscritos como desplazados en el Registro Único de
Víctimas, además, que el daño moral no podía presumirse y que los
demandantes incumplieron con el deber de mitigación del daño.

Por otro lado, la entidad accionante adujo que la imputación tampoco fue
valorada en debida forma, dado que no se estudió (i) la competencia de la Caja
para adoptar medidas de seguridad, (ii) su obligación de realizar un estudio de
seguridad, (iii) la independencia de las decisiones adoptadas en sede de tutela
y en otro proceso similar, (iv) el nexo causal entre el desplazamiento forzado y
la calidad de exintegrantes de la fuerza pública que los demandantes alegaron,
(v) el conocimiento previo de la situación de inseguridad, (vi) la inseguridad del
«sector» y su real incidencia para vetar la zona para el desarrollo urbanístico,
y (vii) el consentimiento y aceptación de las viviendas por parte de los
demandantes.

Igualmente, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía echó de menos
el análisis de la existencia de los elementos constitutivos de la falla del servicio.

5
Sentencia de primera instancia, pág. 54.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

2.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 13 de
febrero de 2026, modificó parcialmente la sentencia apelada. Encontró que los
demandantes sí son víctimas de desplazamiento forzado por la violencia
urbana y, además, que estaba demostrada la responsabilidad administrativa y
patrimonial de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Sin embargo,
la imputación se hizo a título de riesgo y no de falla del servicio, como lo había
considerado el juez ordinario de primera instancia. Adicionalmente, incrementó
la condena por los perjuicios morales.

Como fundamento de su decisión, el tribunal accionado dijo que «[l]a entidad
conocía las condiciones especiales de los beneficiarios de la solución de vivienda
como población expuesta a sufrir actos de violencia por su vínculo con la fuerza
pública, pese a ello, adjudicó las viviendas sin un estudio de seguridad y se concretó
el riesgo de convertirse en víctimas de la violencia urbana.»

La sentencia se notificó a través de correo electrónico remitido a las partes del
proceso el 27 de febrero de 2026.

2.7. El 16 de abril de 2026, mediante dos providencias diferentes, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca aclaró y corrigió la decisión y emitió
sentencia de adición. Respecto de lo primero, precisó que la orden de otorgar
una nueva solución de vivienda a los accionantes no aplica a quienes
vendieron o vendan la vivienda de la que fueron desplazados. Frente a la
sentencia de adición, se observa que el juez ordinario de segunda instancia
adicionó el reconocimiento de perjuicios morales respecto de cinco de los
demandantes, pero negó el reconocimiento en relación con otro demandante.

3. Fundamentos de la acción

3.1. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía argumentó que el caso
expuesto satisface los requisitos generales de procedibilidad. En primer lugar,
indicó que el presente caso tiene relevancia constitucional, pues el debate no
es de estricta legalidad y tampoco se busca convertir la acción de tutela en
una tercera instancia. Lo que se busca, aclaró, es que se declare la vulneración
de los derechos fundamentales vulnerados «por incongruencia manifiesta de la
sentencia objeto de tutela, entre otras, reconoció prestaciones no pretendidas, carece
de soporte probatorio en condenas patrimoniales, omitió valoración probatoria
decisiva, y desconoció el precedente horizontal»6.

Asimismo, manifestó que la tutela se radicó en un plazo razonable si se
considera que la providencia judicial accionada se profirió el 13 de febrero de
2026, notificada el 27 de febrero de 2026, y el fallo complementario se dictó el
16 de abril de 2026, notificado el 21 de abril pasado.

Agregó que la acción de tutela se promueve contra una sentencia ordinaria de
segunda instancia por lo que ya agotó los mecanismos judiciales de defensa
posibles, de manera que estima acreditada la subsidiariedad. Aclaró que los
defectos alegados no se enmarcan en ninguna de las causales del recurso
extraordinario de revisión, por lo que este no puede ser interpuesto.

Dijo que, de todos modos, la acción de tutela resulta necesaria para evitar la
materialización del perjuicio irremediable representando en «(i) la afectación
grave e inmediata de derechos fundamentales de CAJA HONOR, (ii) la reversibilidad
de recursos desembolsados en cumplimiento a sentencia por restitución posterior y
(iii) el impacto sobre intereses constitucionales en la medida que los recursos
administrados por CAJA HONOR están destinados para cumplir la misión de vivienda
mediante el otorgamiento de subsidios para sus afiliados»7.

6
Página 5 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
7
Página 6 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Agregó que no se alegan irregularidades procesales y que no se cuestionan
fallos de tutela, sino decisiones adoptadas en un proceso ordinario de
reparación directa.

3.2. Respecto de los requisitos específicos, la parte actora alegó que la sentencia
acusada adolece de los siguientes defectos: (i) procedimental, debido a que
«las pretensiones de la demanda difieren de forma sustancial con algunas de las
condenas de la sentencia y su complementación objeto de la presente acción de
tutela, por lo que se desconoció por parte del accionado lo previsto en el artículo 281
del C.G.P»8 y, además, por cuanto existe un «evidente distanciamiento entre los
argumentos del recurso de apelación interpuesto por los demandantes y las
consideraciones/condenas de la sentencia»9; (ii) fáctico por acción, debido a que
dio por probado hechos que no estaban demostrados y el daño moral respecto
de algunos demandantes que no lo probaron y por omisión por cuanto se
soslayó la valoración de las evidencias que imponían valorar el caso en otro
sentido; y (iii) sustantivo, porque se realizó una interpretación contraevidente
e irrazonable de las normas que regulan la Caja Promotora de Vivienda Militar
y de Policía y, además, debido a que se aplicó un precepto normativo
inaplicable y se desconoció el precedente horizontal del propio Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

3.3. Respecto del defecto procedimental absoluto, la parte actora desarrolló dos
líneas de argumentación: por una parte, dijo que los demandantes pidieron
que la reparación se tasara teniendo como base el valor comercial del
inmueble, pero el tribunal accionado les reconoció a algunos de ellos el pago
del canon de arrendamiento y la entrega de una «solución de vivienda». Estas
dos últimas condenas, aseguró, no estaban en las pretensiones de la
demanda. Por otra parte, dijo que en el recurso de apelación tampoco se hizo
ninguna mención al pago de los mencionados cánones ni a las soluciones de
vivienda.

3.4. Frente al defecto fáctico, la entidad también desarrolló dos líneas de
argumentación. De un lado, se reprochó que en el expediente no reposaba
ninguna prueba que diera cuenta del pago de los cánones de arrendamiento.
Aclaró que la única prueba que se refiere al tema trata sobre el valor de los
cánones que hubieran podido cobrar los accionantes por sus predios si no
hubieran tenido que abandonarlos. En la misma línea, dijo que la autoridad
accionada presumió los daños morales, cuando esto no procede cuando se
trata de daños morales provenientes de la pérdida de bienes materiales,
evento en el cual deben estar debidamente probados, lo cual, dijo, no ocurrió.

Por otro lado, la entidad alegó omitidas las pruebas del expediente que dan
cuenta de que: (a) los demandantes eligieron libre y voluntariamente la
Urbanización Bicentenario, (b) la muerte de una de las víctimas ocurrió por una
riña entre vecinos, no en el contexto de inseguridad, (c) la zona donde se
encuentra la urbanización era válidamente urbanizable, (d) la accionada sí
llevó a cabo estudios que incluían el análisis de la seguridad de la zona, y (e)
los hechos de inseguridad se dieron con posterioridad a la entrega de las
viviendas.

3.5. Respecto del defecto sustantivo, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de
Policía planteó tres grupos de argumentos. Primero, alegó que «de acuerdo con
la naturaleza jurídica y objeto, Caja Honor no formula proyectos como tampoco los
construye»10, y agregó no tiene competencias para llevar a cabo estudios de
seguridad. Pidió tener en cuenta, adicionalmente, que la Sentencia T-726 de

8
Página 8 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
9
Página 11 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
10
Página 24 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

2017, tomada como referente para analizar el caso, es posterior al momento
en el que se entregaron las viviendas a los demandantes, lo cual, explicó, es
relevante porque fue ese fallo el que se refirió al deber de adelantar estudios
de seguridad. Segundo, dijo que, de acuerdo con la naturaleza jurídica y objeto
de la entidad, previstos en el Decreto Ley 353 de 1994, modificado por las
leyes 973 de 2005 y 1305 de 2009, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de
Policía no tiene ni tenía competencia para realizar actuaciones encaminadas
a evitar situaciones de inseguridad sobrevinientes por parte de bandas
delincuenciales. Estas actuaciones corresponden a otras entidades del
Estado.

Y, tercero, la entidad aseguró que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca desconoció su propio precedente judicial, en el entendido de que ya
había proferido dos decisiones absolutorias11 en casos iguales, en los que,
según la parte actora, habría concluido que «la situación de inseguridad que podía
presentarse en la zona donde se encuentra Bicentenario no era determinante para
establecer algún tipo de responsabilidad por ser una situación que aqueja todo el
territorio nacional y no es exclusivo de la zona donde se encuentra ubicado
Bicentenario»12.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 6 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela interpuesta por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, a
través del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, contra el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.

Además, se negó la medida provisional que solicitó la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía. Esto, con fundamento en que existe coincidencia
entre el objeto de la medida y la demanda de amparo y, de todos modos, la
acción de tutela contempla términos cortos para emitir una decisión de mérito.

Por otra parte, se vinculó, en calidad de terceros con interés, al Juzgado
Tercero Administrativo de Cali, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional y Ejército Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a la
Defensoría del Pueblo, al Municipio de Palmira, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio Público y a las sociedades Liberty
Seguros y Seguros del Estado; así como a las personas que actuaron en
calidad de demandantes dentro del proceso ordinario de reparación directa
76001-33-33-003-2015-00456-00.

Al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se le ofició para que notificara
la acción de tutela a los demandantes y a los demás demandados y terceros
con interés, y para que remitiera en medio digital el expediente del proceso de
reparación directa 76001-33-33-003-2015-00456-00.

Finalmente, se ofició a la Secretaría General de la Corporación para que fijara
aviso en el que informara a las personas individualizadas en el numeral cuarto
del auto admisorio de la demanda, la existencia de la presente acción de tutela

4.2. La Procuraduría General de la Nación, por conducto del procurador
delegado de Intervención 10 (Quinto ante el Consejo de Estado), solicitó que se
negara el amparo solicitado porque la acción de tutela es improcedente. Para
tales fines, dijo que la entidad accionante puede ejercer el recurso
extraordinario de revisión, en relación con el cual explicó su naturaleza y
alcance.

11
Mencionó las sentencias emitidas por ese tribunal en los procesos de reparación directa 76001333300320120006400 y
76001333300120130013801.
12
Páginas 27 y 28 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

4.3. El 8 de mayo de 2026, la Secretaría General de esta Corporación fijó aviso
con el propósito de enterar a los sujetos procesales del medio de control de
reparación directa 76001-33-33-003-2015-00456-00, sobre la existencia de esta
acción de tutela.

4.4. El 6 de mayo de 2026, la Secretaría General emitió despacho comisorio
dirigido al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cali en el que le
solicitó el cumplimiento de la gestión de notificación que se le encomendó en
el auto admisorio de la tutela respecto de los sujetos procesales del medio de
control de reparación directa analizado.

También obran los requerimientos del 12 de mayo dirigidos a esa autoridad y
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que autorizaran la consulta
del proceso ordinario a través de Samai.

4.5. El 12 de mayo de 2026, la secretaria del Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Cali informó que autorizó la consulta del expediente a través de
Samai y que surtió la notificación encomendada en el auto admisorio de la
demanda en las direcciones de correo electrónico que obran en el expediente.
Remitió las correspondientes constancias.

4.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por conducto de uno de sus
magistrados, informó sobre el cumplimiento del decreto de pruebas, se
pronunció sobre los hechos de la demanda de tutela y se opuso a sus
pretensiones. Según indicó, la acción de tutela se torna improcedente, al
menos, por dos razones: por un lado, porque la entidad accionante cuenta con
los recursos extraordinarios dispuestos por la ley (no específico cuál) y, por el
otro, debido a que lo que se busca es convertir la acción de tutela en una
tercera instancia.

Sin perjuicio de lo anterior, aseguró que el fallo acusado se dictó con
fundamento en los argumentos de las partes, las pruebas aportadas y el
precedente judicial del Consejo de Estado. En ese sentido, manifestó que no
se configura ninguna de las causales especiales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.

Adicional a lo anterior, la Secretaría de esa corporación remitió informe de
cumplimiento del despacho comisorio en el que informó la notificación a los
demandantes en el proceso ordinario sub examine con la correspondiente
constancia. Al respecto, se precisó que la remisión al correo de notificación de
Pablo Cesar Ramos, presentó error y no pudo ser completado. Además, se
indicó que el señor Juan Diego Torres Suárez no tiene un buzón electrónico,
sino que reporta una dirección física para notificaciones.

4.7. El 15 de mayo de 2026, la Secretaría del Consejo de Estado notificó a los
demandantes en el proceso ordinario analizado el auto admisorio de la acción
de tutela, según los datos de notificación informados por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. No obstante, informó la remisión fallida a
los buzones de notificación de Pablo Cesar Ramos Marulanda y de Egidio
Antonio Posada.

4.8. El municipio de Palmira, por conducto de apoderado judicial, pidió que no se
acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no se dejó
de valorar ninguna prueba, por el contrario, añadió, los elementos de juicio del
expediente fueron valorados según las reglas de la lógica y en el marco de las
reglas de la experiencia y la sana crítica, lo que impone concluir que lo que
acontece es una divergencia de la parte actora con el criterio de la autoridad
accionada.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Adicional a lo anterior, la entidad territorial aseguró que lo que busca el
accionante es convertir la acción de tutela en una tercera instancia, lo cual
atenta contra la «estabilidad del derecho» y la autonomía judicial. Esto, en su
criterio, descarta también la relevancia constitucional de la controversia. La
entidad también cuestionó el incumplimiento del requisito de subsidiariedad
porque la autoridad tutelante no interpuso el recurso extraordinario de revisión.
4.9. La sociedad Seguros del Estado S.A. a través de apoderada judicial, solicitó
que se denegara el amparo solicitado por la entidad accionante. En su criterio,
las pruebas del expediente le dan fundamento a la condena impuesta y «si la
parte accionante no logró desvirtuar, mediante los medios probatorios técnicos e
idóneos, la existencia de dicha afectación ni controvertir eficazmente las conclusiones
alcanzadas por el juez natural, la acción de tutela no puede ser utilizada como un
mecanismo para subsanar deficiencias probatorias, reabrir el debate probatorio ni
promover una nueva valoración de los elementos de convicción ya analizados por la
jurisdicción competente»13.

La sociedad también considera que la demanda de tutela desarrolla asuntos
que fueron resueltos de manera razonada y profunda por el juez natural de la
causa, de lo que puede concluir que, en realidad, no se trata de la vulneración
de derechos fundamentales, sino de una discrepancia de la parte actora con
la valoración de las pruebas del expediente de reparación directa, la cual
carece de relevancia constitucional.
4.10. El señor José David Cardozo Tapiero (demandante en el proceso de reparación
directa), por intermedio de su apoderado judicial, solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, debido a que no satisface las exigencias
de relevancia constitucional y subsidiariedad. En relación con esta última dijo
que, aunque se agotaron los recursos judiciales ordinarios, lo cierto es que no
se demostró la configuración de ningún perjuicio irremediable.
Frente a la relevancia constitucional, el abogado aseguró que la acción de
tutela está siendo ejercida como herramienta para reabrir una discusión ya
terminada, la cual versa sobre asuntos de mera legalidad. Según dijo el
profesional, esta situación es muestra de que lo que se busca es convertir el
amparo en una tercera instancia adicional a las establecidas por el Legislador.
Respecto de los defectos procedimental y fáctico, pidió tener en cuenta que el
reconocimiento oficioso de los cánones de arriendo es una medida que tiene
respaldo en la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa, la
cual, aseguró, impone el deber de flexibilizar las cargas probatorias y
argumentativas debido a que están comprometidos derechos fundamentales.
Aseguró que, contrario a lo que considera la parte actora, en los casos de
desplazamiento forzado la jurisprudencia si ha presumido el daño moral.
Precisó que este no es un caso simple de daños provenientes de pérdida de
bienes, sino que los hechos se inscriben en un contexto de desplazamiento
forzado. Incluso, señaló que así también lo consideró el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en un caso reciente y cuyos hechos resultan asimilables14.
Manifestó que las pruebas del expediente fueron debidamente valoradas, por
lo que no se observa un actuar caprichoso o negligente de la autoridad
accionada, sobre la base de que la entidad accionante no llevó a cabo el
estudio de seguridad para considerar la habitabilidad de los exmilitares
afectados.
En cuanto al defecto sustantivo, el profesional del derecho señaló que la
actuación del tribunal accionado no fue irrazonable y está cobijada por la
13
Página 2 del escrito de respuesta a la acción de tutela.
14
Página 15 del escrito de repuesta a la acción de tutela.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

autonomía judicial y el principio de buena fe. No obstante, al desarrollar los
fundamentos de tal apreciación, se volvió sobre los argumentos del defecto
fáctico.
4.11. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por conducto de
apoderado judicial, coadyuvó las pretensiones de la acción de tutela. Dijo que
la solicitud de amparo es procedente porque la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca incurrió, principalmente, en defecto
sustantivo al atribuirle a la entidad condenada responsabilidades ajenas a las
propias del marco legal de su competencia.
Afirmó que el tribunal condenó a Caja Honor por no garantizar condiciones de
seguridad y orden público en la Urbanización Bicentenario, pese a que dichas
funciones corresponden constitucional y legalmente a las autoridades
encargadas del mantenimiento del orden público.
Adicionalmente, reprochó que la sentencia acusada aplicó de manera
retroactiva los criterios de la sentencia T-726 de 2017, modificó el marco
jurídico del litigio e impuso deberes y condenas que no fueron planteados en
la demanda.
También manifestó que la providencia cuestionada desconoció precedentes
del mismo tribunal y las pruebas que demostraban que el proyecto fue
desarrollado con estudios de factibilidad, autorizaciones urbanísticas y
confianza legítima en la actuación de la fuerza pública.
De acuerdo con lo anterior, solicitó que se la tenga como interviniente en el
proceso constitucional, se declare la procedencia de la acción de tutela ante
la clara vulneración de derechos fundamentales atribuible a la autoridad
judicial accionada y que se conceda el amparo y, como consecuencia, se deje
sin efectos la sentencia del 13 de febrero de 2026.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199115, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales16 y especiales17 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se

15
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
16
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
17
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional18 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mayor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con lo anterior, y por tratarse de una acción de tutela contra una
providencia judicial, la Sala deberá determinar, en primer lugar, si la acción de tutela
supera el examen general de procedibilidad. De ser así, el problema jurídico se
concentrará en determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió
en defecto sustantivo, defecto fáctico, desconocimiento del precedente horizontal y
defecto procedimental absoluto al proferir la sentencia del 13 de febrero de 2026 en
el proceso de reparación directa 76001-33-33-003-2015-00456-01.

4. Presupuesto general de subsidiariedad: alcance y análisis en el caso
particular

4.1. Del carácter subsidiario del amparo constitucional se desprende que los
mecanismos ordinarios de defensa no pueden ser desplazados ni sustituidos
por la acción de tutela, salvo cuando carezcan de idoneidad o eficacia para la
protección de los derechos fundamentales invocados.

Este presupuesto encuentra fundamento en el artículo 86 de la Constitución
Política y en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, y ha sido ampliamente
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, la cual ha precisado que la
subsidiariedad se incumple, al menos, en tres supuestos19: a) cuando el asunto
está en trámite; b) cuando no se han agotado los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios; y c) cuando se usa para revivir etapas procesales
en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico.
En este contexto, la posición reiterada de esta Sección ha sido que, la
existencia de un medio de defensa judicial, idóneo y eficaz torna improcedente
la acción de tutela. No obstante, la idoneidad y eficacia de dicho medio deben
evaluarse en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante y la eventual configuración de un perjuicio
irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de
1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
4.2. Ahora bien, en la acción de tutela se planteó que la sentencia del 13 de febrero
de 2026 adolece de diversos defectos cuya fundamentación guarda relación
directa con la violación del principio de congruencia.
En particular, al sustentar el defecto procedimental la parte actora reprochó el
reconocimiento por parte del tribunal de medidas de reparación a favor de los

defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
18
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
19
Al respecto, Corte Constitucional, sentencias SU041 de 2018, SU695 de 2015 y SU-081 de 2020.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

demandantes que no habían sido solicitadas en la demanda ni en el recurso
de apelación, como lo son el pago de cánones de arrendamiento y la entrega
de solución de vivienda. La entidad demandante advirtió que esta falta de
correspondencia entre las pretensiones de la demanda y la condena adoptada
en la sentencia implica un desconocimiento evidente del principio de
congruencia desarrollado en los artículos 281 y 328 del Código General del
Proceso.
En palabras de Caja Honor:
«(…) el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al disponer condenas y órdenes
por objeto distinto del pretendido en la demanda y el recurso de apelación de los
demandantes, incurrió en defecto procedimental por vulneración del debido proceso
y del principio de congruencia previsto en la norma procesal anteriormente citada.»20

4.3. Como fundamento de lo anterior, conviene precisar que la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado, en particular la de las Salas Especiales de
Decisión21, ha sostenido que la vulneración al principio de congruencia puede
ser alegada a través del recurso extraordinario de revisión, dado que se
subsume en la causal quinta del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, relativa
a la nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual
no procede recurso de apelación.

En consecuencia, cuando el reproche formulado contra una providencia
judicial se funda en la presunta incongruencia entre los hechos de la demanda,
las pretensiones, las excepciones, el alcance de la apelación y lo finalmente
decidido, el recurso extraordinario de revisión constituye, en principio, el
mecanismo judicial idóneo y eficaz para controvertir la decisión.

Sobre el concepto y alcance de la congruencia interna y externa, la Sala
Especial de Decisión nro. 16 de la Sala Plena del Consejo de Estado, en
sentencia del 2 de mayo de 2024, proferida dentro del recurso extraordinario
de revisión nro. 11001-03-15-000-2022-05929-00 (9525) indicó:
«(…) la congruencia, como principio, tiene dos manifestaciones concretas: la interna, que se
refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva de la
sentencia, y la externa, que propende porque la decisión contenida en su parte resolutiva se
encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda y en su contestación, es decir, que
haya identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente
presentadas, salvo por las competencias oficiosas que la ley otorga al juzgador. Lo anterior,
con fundamento en el artículo 281 del Código General del Proceso ꟷque reformó el artículo
305 del CPCꟷ, aplicable por remisión normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
Adicionalmente, y en aplicación del principio “Tantum devolutun quantum apellatum”, en las
sentencias de segunda instancia “la incongruencia no se presenta solo cuando existe una
disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que también
se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación del recurso
(pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a una invocación del derecho
sustancial controvertido.”» (subraya la Sala)

Así lo ha reconocido también la Sección Cuarta del Consejo de Estado al
resolver acciones de tutela22 en las que ha precisado que no le corresponde al

20
Página 12 del escrito de tutela.
21
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Nro. 22, sentencia del 2 de febrero de 2016. Radicado
110010315000201502342; Sala Especial de Decisión Nro. 26; sentencia del 14 de agosto de 2018. Radicado
11001031500020140309300; Sala Especial de Decisión Nro. 14, sentencia del 13 de octubre de 2020. Radicado 11001-
03-15-000-2019-00119-00; Sala 8° Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021. Radicado 11001-03-15-
000-2017-00512-00; Sala 19 Especial de Decisión, sentencia del 2 de mayo de 2024. Radicado 11001-03-15-000-2022-
05929-00 (9525); Sala 15 Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2023. Radicado 11001-03-15-000-
2023-04579-00.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 16 de mayo de 2024 dentro del
proceso nro. 11001-03-15-000-2024-01369-00, con ponencia del magistrado Wilson Ramos Girón. Sentencia del 31 de
octubre de 2024, proferida en el proceso constitucional nro. 11001-03-15-000-2024-05128-00, con ponencia de la
magistrada Myriam Stella Gutiérrez Arguello. Esta decisión fue confirmada en impugnación por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, fallo del 7 de febrero de 2025.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

juez constitucional sustituir al juez especializado del recurso de revisión, ni
anticipar el examen de legalidad y validez de una sentencia ejecutoriada,
cuando el ordenamiento jurídico ha previsto un mecanismo específico para
ello. Admitir lo contrario implicaría desconocer el carácter residual y subsidiario
de la acción de tutela, así como vaciar de contenido la competencia asignada
al juez del recurso extraordinario de revisión.

Adicionalmente, el recurso extraordinario no solo resulta idóneo, en la medida
en que la jurisprudencia ha admitido su procedencia para examinar reproches
relacionados con la vulneración al principio de congruencia, sino también
eficaz, porque, de prosperar la causal invocada, permite invalidar la sentencia
acusada, dictar la que en derecho corresponda y adoptar las decisiones
necesarias para restablecer el derecho al debido proceso, de conformidad con
lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011. Tales efectos se ajustan
integralmente a las pretensiones formuladas en la acción de tutela.

4.4. En este punto, conviene recordar que la Corte Constitucional ha delimitado los
eventos excepcionales en los que la acción de tutela puede desplazar el
recurso extraordinario de revisión. Se transcribe el aparte pertinente de la
sentencia SU-026 de 2021, en donde el alto tribunal precisó:
«(…) la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de revisión siempre que (i) el
derecho fundamental cuya protección se solicita no sea susceptible de ser protegido de
manera integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las causales de revisión no se encuadren
dentro de los hechos denunciados por el accionante. En síntesis, para la Sala Plena “la acción
de tutela se torna improcedente cuando al interior de un proceso contencioso-administrativo
se alega la vulneración al debido proceso y este derecho fundamental es susceptible de ser
protegido mediante el trámite del recurso extraordinario de revisión”».

De acuerdo con lo anterior, es claro para la Sala que el defecto procedimental
que se fundamentó en la vulneración al principio de congruencia no supera el
presupuesto general de subsidiariedad comoquiera que tales reproches deben
exponerse ante el juez competente mediante el ejercicio del medio de control
idóneo: el recurso extraordinario de revisión.

4.5. Respecto del presupuesto de subsidiariedad, Caja Honor en el escrito de tutela
indicó que los defectos invocados no se encuadraban en el recurso
extraordinario de revisión, afirmación que ya fue desvirtuada conforme a los
argumentos previamente expuestos.

Adicionalmente, discutió la eficacia del mecanismo al exponer que no admite
la suspensión de los efectos de la sentencia objetada, lo que propiciaría la
concreción de un perjuicio irremediable para la entidad, dado que «una vez
pagada la sentencia, sería casi que imposible recuperar los recursos (…).»

Frente al último argumento, esta Sala advierte que no se acreditó la existencia
de un perjuicio irremediable que habilite de manera excepcional la intervención
del juez de tutela como mecanismo transitorio.

Aunque la entidad accionante edificó dicho perjuicio en la imposibilidad de
suspender los efectos de la sentencia mientras se tramita el recurso
extraordinario de revisión y en la eventual dificultad de recuperar las sumas de
dinero pagadas en cumplimiento de la condena.

Lo cierto es que tales circunstancias no satisfacen las exigencias
constitucionales del perjuicio irremediable, dado que no evidencian una
afectación inminente grave, urgente e impostergable de derechos
fundamentales, sino un riesgo de contenido patrimonial derivado de la
ejecución de la sentencia.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

La sola existencia de una condena patrimonial no habilita la intervención del
juez de tutela cuando el ordenamiento jurídico dispone un mecanismo judicial
específico e idóneo para surtir el debate pretendido.

En efecto, no se demostraron circunstancias de urgencia, gravedad o
inminencia que tornaran ineficaz el recurso extraordinario de revisión ni que
justificaran el desplazamiento del diseño procesal previsto por el Legislador.
Tampoco indicó la parte actora de qué manera la ejecución de la sentencia
afectaría el funcionamiento de la entidad o el cumplimiento de su misión
institucional.

5. Presupuesto general de relevancia constitucional: alcance y análisis en
el caso concreto

5.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores23.

El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, tratándose de tutela
contra providencia judicial, implica un conjunto de elementos que deben
reunirse. En este sentido, son varios los aspectos que se estudian a fin de
definir si un asunto es de relevancia constitucional.

Entre estos elementos, se requiere que la acción constitucional no se esté
empleando como una instancia adicional para reabrir o prolongar el mismo
debate ya surtido ante el juez natural; que se cumpla con una carga
argumentativa suficiente; que no se trate de una discusión eminentemente
legal o de contenido económico que no comprometa derechos fundamentales;
que no se utilice para proponer nuevos argumentos y que los propuestos se
acompasen con las razones de la decisión judicial cuestionada, entre otras
condiciones.

23
A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

5.2. La entidad accionante sostuvo que la sentencia incurrió en defecto fáctico
porque reconoció y liquidó el perjuicio moral a favor de los demandantes, a
pesar de que, en su criterio, esta categoría de perjuicio, cuando deriva de la
pérdida de bienes materiales debe estar debidamente acreditado en el
expediente y no puede presumirse, como lo hizo la autoridad judicial
accionada. En consecuencia, para Caja Honor, se trata de una determinación
que no está respaldada en las pruebas del proceso.

A ese respecto, baste con indicar que el contenido de la sentencia no se
acompasa con el argumento de disenso expuesto en la acción de tutela, por
lo que el cargo no supera el presupuesto de relevancia constitucional (5.1. literal
iii.), conforme pasa a explicarse.

En efecto, el contenido de la sentencia acusada da cuenta de que la
indemnización por perjuicio moral no derivó de la pérdida de bienes materiales
sufrida por los demandantes, sino por el daño padecido con ocasión del hecho
victimizante de desplazamiento forzado. En esa medida, era pertinente la
presunción de aflicción que aplicó el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca con fundamento en el precedente del Consejo de Estado. En suma, se
precisa no se indemnizó el perjuicio moral derivado de la pérdida de bienes
materiales que usualmente requiere de acreditación en el proceso, sino el
perjuicio moral derivado del desplazamiento forzado padecido por los
demandantes.

5.3. Por otro lado, el actor alegó que el tribunal accionado desconoció las pruebas
del expediente que daban cuenta de que: (a) los demandantes eligieron libre y
voluntariamente la Urbanización Bicentenario para asentarse; (b) la muerte de
una de las víctimas ocurrió por una riña entre vecinos, no en el contexto de
inseguridad; (c) la zona donde se encuentra la urbanización era válidamente
urbanizable; (d) la accionada sí llevó a cabo estudios que incluían el análisis
de la seguridad de la zona, y (e) los hechos de inseguridad se dieron con
posterioridad a la entrega de las viviendas.

Para la Sala, este planteamiento de la entidad accionante demuestra, en
realidad, un desacuerdo con el juicio de valoración probatoria que adelantó el
juez de la segunda instancia para concluir que la Urbanización Bicentenario se
desarrolló en un contexto de violencia e inseguridad que afectó a los
beneficiarios del proyecto de vivienda y que propició un riesgo que
posteriormente se concretó en el desplazamiento de los adjudicatarios de la
vivienda, por sus especiales calidades. No se alega en realidad un error en la
sentencia o una omisión con incidencia en el sentido de la decisión sino un
desacuerdo con los medios de prueba que los sustentaron y con el peso de
convicción que la autoridad judicial les otorgó.

Se relaciona el aparte pertinente de la providencia acusada:
«Riesgo creado en la asignación de vivienda a los demandantes
87. El análisis de imputación nos remite a la sentencia T- 726 de 2017 de la Corte
Constitucional que da cuenta del grave contexto de inseguridad en el lugar donde se construyó
la Urbanización Bicentenario, lugar de donde fueron desplazados los demandantes de este
proceso.
88. La Corte Constitucional determinó que la inseguridad fue un obstáculo para el desarrollo
de una vivienda digna para los beneficiaros del proyecto Urbanización Bicentenario, y por las
condiciones particulares de los beneficiarios de las viviendas las condiciones de inseguridad
“podría aumentar con la inclusión de actores que comparten un universo de sentido que
implica el respeto de la ley, la autoridad y del Estado, así como el rechazo de los
constreñimientos y de la cultura de la ilegalidad”

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

(…) 90. Ahora, las pruebas decretadas y practicadas en este proceso demuestran el mismo
contexto de violencia en grado tal que impide a los demandantes vivir en la Urbanización
Bicentenario, a saber:
➢ Oficio del 26 de noviembre de 2013 suscrito por CAPROVIMPO hoy Caja Honor informado
la grave problemática de violencia en la Urbanización Bicentenario al Ministerio de Defensa,
da cuenta que:
▪ En el año 2011 los beneficiarios del proyecto habitacional Urbanización Bicentenario
manifestaron una grave situación de inseguridad en el sector.
▪ Protesta del 3 de octubre 2011, por parte de los beneficiarios del proyecto habitacional
Bicentenario en la Plaza de Bolívar, Bogotá D.C., por la grave situación de inseguridad
en el sector, al punto que temen por su vida.
▪ Cancelación de la segunda etapa del proyecto habitacional de la Urbanización
Bicentenario por parte CAPROVIMPO por la grave situación de seguridad en el sector. El
proyecto inicial eran 233 casas y tan solo se construyeron 157 casas.
➢ Reporte de prensa del periódico Q´hubo sobre masacre en la Urbanización Bicentenario el
5 de noviembre de 2013, asesinato del exsoldado profesional Darwin Obregón Bonilla de 27
años, su compañera Brigitte Vanessa Rivera Suárez de 21 años y su hijo un bebe de 1 año y
8 meses.
➢ Oficio no. S-2015 078295 COMAN-ASJUR-1.10 del 14 de diciembre de 2015. Respuesta
derecha de petición E-2015-012800, expedido por el comandante del Departamento de Policía
Valle, da cuenta que:
▪ La cercanía de la Urbanización Bicentenario a barrios conflictivos como Simón Bolívar,
Caimitos, la presencia de bandas delincuenciales como Los Trecientos, Simón Bolívar y
La Tormenta, exigía la presencia de unidades especializadas de la Policía Nacional.
➢ Testimonio del señor Oscar Eduardo Villota residente de un barrio cercano a la
Urbanización Bicentenario y que conoció de los hechos violentos de los que fueron víctimas
los beneficiarios de la Urbanización Bicentenario, de su declaración se destaca:
“(…) tengo una amistad con el señor Diego Mauricio Pantoja de aproximadamente veinticinco años de
amistad (…) es mi amigo le dieron una vivienda en la ciudad de Palmira hace aproximadamente 6 años,
cuando me doy cuenta que a él de la dan una vivienda allá en Palmira, yo vivía en ese tiempo allá en
Palmira, me doy cuenta que el dan la vivienda en un sector muy peligroso, cuando yo me doy cuenta y
él me comenta ya era muy tarde para yo darle mi consejo que eso por allá era peligroso, no recibiera la
vivienda, ellos ya habían firmado escrituras y todo eso (…) cuando ellos se fueron a vivir allá se dieron
cuenta de cómo eran las cosas (…) les llegaba panfletos y cosas y se dieron cuenta en que sitio estaban
viviendo a raíz de los problemas que tuvieron por allá, se muertes y esas cosas, porque siempre ha sido
peligroso, ellos deciden dejar las cosas y retirarse de por allá (…)
91. Las anteriores pruebas dan cuenta de un contexto de violencia e inseguridad, irresistible
e insuperable, que afectó a los demandantes beneficiarios del proyecto de vivienda
Urbanización Bicentenario. Varios de ellos provenían de otras partes del país y no tenía
ninguna relación con el municipio de Palmira. 92. El contexto de violencia generó un temor en la vida de los demandantes que les impidió
disfrutar de su casa a tal punto que fueron desplazados como se demostró en el capítulo sobre
la existencia del daño. 93. En criterio de esta Sala de decisión, los hechos de violencia que llevaron al desplazamiento
de los demandantes se motivaron en sus condiciones personales de exmilitares, expolicías,
en condición de discapacidad, exactores del conflicto armado o sus beneficiarios directos por
fallecimiento. 94.

Esta afirmación se fundamenta en el oficio del 14 de diciembre de 2015 suscrito por el
comandante del Departamento de Policía Valle que vinculó los actos de violencia a la falta de
estudio de seguridad y la cercanía con barrios conflictivos, con presencia de bandas
delincuencias que generaba tal nivel de inseguridad que exigía la presencia de grupos
especializados de la Policía Nacional que cuyas capacidades técnicas y operativas son
ampliamente superiores a los grupos de vigilancia de base (…)
95. La sentencia T-726 de 2017 de la Corte Constitucional precisa que el derecho a la vivienda
digna implica tener en cuenta el riesgo por criminalidad o conflicto armado que impida un hogar
en paz, que afecta a la persona y su familia e impida un proyecto de vida. El criterio de orden
público está implícito en la política del subsidio de vivienda, independientemente de la
identidad de los beneficiarios.»

De acuerdo con lo anterior, se reitera, este cargo de la acción de tutela en
realidad evidencia el desacuerdo del actor con el peso de convicción que se
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

otorgó a los medios de prueba que fundamentaron la decisión, pero no expone
una carga argumentativa que dé cuenta de un error en el juicio de valoración
por omisión de un medio de prueba relevante que incida en el sentido de la
decisión y que justifique la intervención del juez de tutela. No se evidencia un
escenario de vulneración de derechos ni una omisión de una prueba relevante
con vocación de incidencia en la decisión.

5.4. En cuanto al defecto sustantivo, la Sala advierte que los cargos que lo
sustentan constituyen, en esencia, una reiteración de los argumentos de la
apelación24, lo que evidencia su propósito de utilizar la acción de tutela como
una instancia adicional al proceso ordinario de reparación directa.

Como se indicó, la alegada inexistencia de una norma que asignara a Caja
Honor la competencia para adelantar estudios de seguridad en la zona donde
se desarrolló el proyecto de urbanización y, por esa vía, la ausencia del
presupuesto de imputación fue una cuestión ampliamente debatida en el curso
del proceso ordinario y expresamente resuelta por los jueces de ambas
instancias.

Así, en la sentencia del 13 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca recordó, con fundamento en la Sentencia T-726 de 2017, que
el derecho a una vivienda digna comprende el deber de garantizar que los
beneficiarios puedan disfrutar de su hogar en condiciones de tranquilidad y
seguridad. Con base en este precedente concluyó que «el criterio de orden
público está implícito en la política de subsidio de vivienda».

Respecto de las competencias asignadas a Caja Honor y su relación con el
daño antijurídico alegado en la demanda, el tribunal precisó:
«96. La misionalidad de CAPROVIMPO de asignar vivienda exigía a la entidad evaluar el
contexto de orden público de la ubicación de la Urbanización Bicentenario porque sus
beneficiarios están expuestos a un mayor riesgo de ser víctimas de actos de violencia por su
vínculo con la fuerza pública. Con mayor razón si varios de los adjudicatarios venían de otra
parte del país con la expectativa de una vivienda digna y desconocían el sector.
97. Cuando la entidad les asignó la vivienda en ese sector particularmente violento los expuso
a ser víctimas de los actos de violencia que generaron el daño por el cual piden indemnización.
Es decir, creó un riesgo que se concretó.
98. La exposición a la criminalidad fue irresistible e insuperable para los demandantes y les
impidió gozar de un hogar en paz en la Urbanización Bicentenario y desarrollar un proyecto
de vida.
99. Como el desplazamiento fue producto de un riesgo creado al ejercer una actividad licita
de adjudicación de vivienda debe ser indemnizado por CAPROVIMPO hoy Caja Honor.»
(Subraya la Sala)

Como se ve, al analizar las competencias de Caja Honor y su relación con el
daño antijurídico alegado, el tribunal accionado sostuvo que la misión
institucional de la entidad de asignar vivienda implicaba evaluar las
condiciones de seguridad del lugar donde se ejecutaría el proyecto,
especialmente en este caso porque los beneficiarios son miembros de la
fuerza pública.

Explicó que la adjudicación de viviendas en un sector con importantes
problemas de seguridad creo un riesgo que finalmente se concretó en el
desplazamiento forzado de los demandantes.

24
En el acápite correspondiente de la sentencia acusada, se indicó, dentro de los argumentos de la apelación e Caja Honor
los siguientes: «(…) no existía una norma que obligara a la entidad [Caja Honor] adelantar estudios de seguridad de la
zona, su naturaleza jurídica se limita a gestionar la adquisición de viviendas con las autorizaciones y permisos otorgados
por las autoridades competentes, sin que tuviera la función de formular o construir proyectos. La inseguridad no era
exclusiva del barrio Bicentenario, sino de todo del municipio de Palmira y el país, no tenía la envergadura para vetar el
desarrollo urbanístico.»
16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

En consecuencia, para la Sala el cargo de la entidad accionante no pone de
presente una interpretación arbitraria o irrazonable del ordenamiento jurídico,
sino su discrepancia con el juicio de imputación efectuado por el juez natural
de la causa.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la discusión planteada fue
suficientemente debatida y resuelta por los jueces competentes, sin que la
acción de tutela pueda transformarse en una tercera instancia destinada a
reabrir controversias que fueron debidamente finiquitadas. Tal propósito es
incompatible con el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela.

6. Análisis del cargo por desconocimiento del precedente horizontal25

6.1. Finalmente, se tiene que la entidad accionante alegó el desconocimiento del
precedente horizontal con fundamento en la existencia de sentencias previas
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en las que se habría negado
las pretensiones de las demandas incoadas con fundamento en similares
supuestos fácticos.

En el escrito de tutela se citaron las siguientes sentencias:

(i) Sentencia del 26 de octubre de 2016, emitida en el medio de control de
reparación directa nro. 76001-33-33-003-2012-00064-01. Demandante: Jhon
Freddy Ramírez y otros. Magistrados que conformaron la Sala: Oscar Silvio
Narváez Daza, Eduardo Antonio Lubo Barrios y Omar Edgar Borja Soto.
(ii) Sentencia del 1 de octubre de 2022, proferida en el medio de control de
reparación directa 76001-33-33-001-2013-00138-01. Demandante: María
Emma Escobar y otros. Magistrados que conformaron la Sala: Guillermo
Poveda Perdomo, Luz Elena Sierra Valencia y Paola Andrea Gartner (con
impedimento).

6.2. Aunque la Sala evidencia algunas diferencias sustantivas importantes entre
las sentencias invocadas y el caso concreto, la principal razón por la que se
descarta la prosperidad del cargo por desconocimiento del precedente
horizontal es porque las providencias fueron emitidas por salas de decisión
integradas por diferentes magistrados.

En el caso particular, en la sentencia del 13 de febrero de 2026, aparece como
ponente la magistrada Zoranny Castillo Otálora y acompañaron la decisión los
magistrados Víctor Adolfo Hernández Díaz y Andrés González Arángo.

Entonces, si bien es cierto que existe cierta similitud fáctica entre los casos
objeto de comparación, también lo es que los magistrados que profirieron una
y otra sentencia no son los mismos, sino que hacen parte de Salas de decisión
diferentes.

Al tratarse de funcionarios de igual categoría, en principio, no es dable exigirles
que acojan sin más las tesis o posturas de otra Sala, pues podría afectar su
autonomía e independencia en la decisión razonable de los casos.

25
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones
judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente);
(ii) que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en
sede de tutela sea contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el juez de
instancia no presente una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.
A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de lo contencioso administrativo deben guiarse
en la solución de sus asuntos, por la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical como el
horizontal. El primero, refiere a las reglas de decisión fijadas por autoridad judicial de igual jerarquía. El vertical se
relaciona con los lineamientos establecidos por instancias superiores, es decir, por los órganos de cierre de cada
jurisdicción o por la Corte Constitucional
17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Es comprensible que entre jueces de la misma categoría y jerarquía confluyan
criterios diferentes frente a escenarios fácticos similares y esa autonomía de
decisión está amparada por el artículo 228 de la Constitución Política. Luego,
las Salas de Decisión de los Tribunales deben atender en virtud del principio
de coherencia y el derecho a la igualdad a su propio precedente judicial y en
virtud de la jerarquía y facultad de unificación jurisprudencial, a las
providencias de los Tribunales de Cierre26.

Como se indicó, asunto diferente es cuando la Sala de decisión desconoce su
propio precedente, pues en ese escenario es posible exigir la coherencia en
las posturas para decidir los casos puestos en su consideración y su impacto
en el derecho a la igualdad, pero este escenario no se concretó.

7. Conclusión

Por todo lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de los cargos por defecto
procedimental, fáctico y sustantivo. El primero por no superar el presupuesto de
subsidiariedad, los siguientes porque no satisfacen el requisito de relevancia
constitucional.

De otra parte, se negará el defecto por desconocimiento del precedente judicial
horizontal debido a que las sentencias invocadas como desconocidas, fueron
emitidas por otras salas de decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la Caja Promotora
de Vivienda Militar y de Policía frente a los cargos por defecto procedimental,
fáctico y sustantivo, de acuerdo con la parte considerativa de este fallo.

2. NEGAR el cargo de desconocimiento de precedente judicial propuesto por la
entidad accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

26
En similar sentido, véase (i) la sentencia de tutela del 30 de junio de 2022, proferida por esta Sección dentro del proceso
número 11001-03-15-000-2022-02130-00, donde fue accionante la señora Elida Elizabeth Sarasti Mayorga. M.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
“(…) frente a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad con ocasión del desconocimiento de unas sentencias en
las que el mismo tribunal accionado ha accedido a lo pretendido en casos con fundamentos fácticos similares al de la
accionante, basta indicar que se trata de fallos proferidos por la Subsección “B” de esa Corporación, autoridad judicial
que se encuentra en igualdad funcional con la Subsección “A”, por lo que sus decisiones no constituyen precedente
obligatorio para la autoridad judicial accionada.”
Y (ii) la sentencia del 13 de abril de 2023, Procero número 11001-03-15-000-2022-06648-01, de la misma ponente:
“(…) Se debe precisar que, tratándose del precedente horizontal, su observancia no es tan rigurosa como la que se
predica del precedente vertical, pues, es apenas comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de
igual nivel funcional existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos análogos. Es decir, en tanto el
precedente judicial supuestamente desconocido no fue proferido por el superior funcional, ni por la propia autoridad
judicial, esta podía decidir libremente el asunto, atendiendo a los límites de la razonabilidad. Al respecto, la Corte
Constitucional ha dicho que “cuando el término de comparación no está́ dado por los propios precedentes del juez sino
por el de otros despachos judiciales, el principio de independencia judicial no necesita ser contrastado con el de igualdad.
El juez, vinculado tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es enteramente libre e independiente de obrar de conformidad
con su criterio”. (…)
18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03299-00
Demandante: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.