Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05441-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05441-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05441-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
25 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05441-00
Demandante: Ángela Gisell Velásquez León
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05441-00
Demandante: Ángela Gisell Velásquez León
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E
Tema: Tutela contra providencia judicial, nulidad y restablecimiento del
derecho. Falta de cumplimiento del requisito general de
subsidiariedad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado judicial, por la
señora Ángela Gisell Velásquez León contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, de conformidad con lo establecido
en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 1° de septiembre de 2025, la señora Ángela Gisell Velásquez León presentó acción
de tutela contra la referida autoridad judicial, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso. En consecuencia, formuló
las siguientes pretensiones:
«1. Se tutelen los derechos fundamentales a la igualdad (Art. 13), al trabajo (Art.25) y al
debido proceso (Art. 29) previstos en la Constitución Política de Colombia de 1991.
2. Se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 27 de junio de 2025
notificada el día 1° de julio de 2025, proferida por el honorable TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “E”
MAGISTRADO PONENTE DR. JAIME ALBERTO GALEANO GARZÓN, dentro del
proceso 110013342052-2021- 00316-03, por medio de la cual se modificó la sentencia de
primera instancia proferida por el JUZGADO CINCUENTA Y DOS (52) ADMINISTRATIVO
DE BOGOTÁ D.C.
3. Que, como consecuencia de lo anterior, se le ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “E”
MAGISTRADO PONENTE DR. JAIME ALBERTO GALEANO GARZÓN, a proferir una
nueva sentencia dentro del proceso 110013342052-2021-00316-03 a través de la cual se
condene al Hospital Universitario de la Samaritana E.S.E. a pagar a favor de la parte actora
las prestaciones sociales previstas en el decreto 1045 de 1978 y los aportes a pensión,
por el periodo comprendido entre el 1° DE FEBRERO DE 2014 HASTA EL 29 DE ENERO
DE 2019.».
2. Hechos
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Demandante: Ángela Gisell Velásquez León
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Situación administrativa que dio origen al medio de control
La señora Ángela Gisell Velásquez León prestó sus servicios a la ESE Hospital
Universitario La Samaritana - HULS, en el cargo de enfermera jefe, por vinculaciones
hechas por intermedio de la cooperativa de trabajo asociado Coopsein CTA – del 1°
de febrero de 2014 y el 31 de enero de 2015 –, y de la empresa de servicios
temporales Coltempora SAS – del 1° de febrero de 2015 al 29 de enero de 2019.
Refirió la actora que el cargo desempeñado tiene vocación de permanencia, pues
dentro de la planta de personal de la ESE, existe un cargo que se le denomina en el
Manual Específico de Funciones de la entidad, como enfermero Código 243. Además,
las funciones desarrolladas están encaminadas al desarrollo de la misión de la
entidad, existió subordinación y pago de salario como contraprestación de sus
servicios.
El 24 de agosto de 2021, la señora Velásquez León radicó petición ante la ESE
Hospital Universitario La Samaritana, con el fin de que se reconociera la existencia de
un contrato realidad y, como consecuencia, se procediera al pago de acreencias
laborales y prestaciones sociales, durante el tiempo en que estuvo vinculada.
Mediante Oficio núm. 2021401007785-1 del 6 de septiembre de 2021, el Hospital
Universitario La Samaritana ESE - HULS negó la petición de la actora.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
La señora Ángela Gisell Velásquez León promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la ESE Hospital Universitario La Samaritana
• HULS, con el fin de que se declarara la nulidad del oficio núm. 2021401007785-1 del
6 de septiembre de 2021 y, en consecuencia, se ordenara a la demandada liquidar y
pagar: i) las diferencias salariales existentes entre lo pagado a la accionante y las enfermeras
jefes de planta de la entidad; ii) el auxilio de las cesantías; iii) los intereses a las cesantías; iv)
las primas de servicios de junio y diciembre, de navidad, de antigüedad y de vacaciones por
cada año causado; v) la bonificación por servicios prestados; vi) la compensación en dinero
de las vacaciones causadas y que no fueron otorgadas; vii) los subsidios de alimentación y
de transporte; viii) el pago de los aportes a pensión, sumas que pidió de manera indexada y
el pago de intereses moratorios.
El Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá, en sentencia del 23 de
mayo de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar
que se encontraban acreditados los presupuestos de la relación laboral – prestación
personal del servicio, remuneración y subordinación –, entre la señora Velásquez
León y la ESE demandada.
Razón por la que declaró la nulidad del acto demandado y, como consecuencia,
ordenó: (i) el pago de las prestaciones sociales legales que correspondieran a un
empleado de planta, con deducción de los valores pagados por Coltempora, teniendo
en cuenta el salario devengado por un servidor de planta que ejerciera el cargo de
enfermero, código 243, durante el periodo del 26 de enero de 2018 al 24 de enero de
2019; (ii) pagar la diferencia de los aportes a salud y pensión realizados por la
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demandante y los que se debieron cotizar, solo en el porcentaje que le correspondía
como empleador al HULS; (iii) condenó a la compañía de seguros Mapfre, para que
en calidad de llamada en garantía del HULS, asumiera el pago de la condena que se
le ha impuesto con afectación de la póliza única de cumplimiento núm. 63-44-
101007721 del 26 de enero de 2018.
Respecto a la prescripción, determinó que se configuró en relación con la vinculación
con Coopsein del 10 de octubre de 2014 y el 31 de enero de 2015, y las vinculaciones
del 1° de febrero de 2015 al 5 de julio de 2016, y del 26 de enero de 2017 al 25 de
enero de 2018, frente a Coltempora. Finalmente, declaró que el tiempo
correspondiente del 26 de enero de 2018 al 24 de enero de 2019, debía computarse
para efectos pensionales.
Contra la anterior decisión las partes interpusieron recurso de apelación. La
demandante aseguró que no se configuró la prescripción trienal, pues debía
contabilizarse los términos desde la finalización del último vínculo laboral hasta la
interposición del medio de control, además, indicó que la condena no debía ser
asumida por Mapfre sino por el HULS al ser el verdadero empleador de la demandante
y quien suscribió el acto administrativo demandado.
Por su parte, el HULS indicó que no existió relación laboral con la demandante, porque
los servicios prestados se dieron por medio de contratos de prestación de servicios,
percibió las prestaciones sociales que ahora reclama. Mapfre a su vez indicó que, se
estaba cuestionando una relación encubierta entre la demandante y el HULS, sin que
sea objeto del asunto declarar el incumplimiento salarial y prestacional de Coltempora
(afianzada), razón por la cual no era posible extender la condena, más aún cuando se
acreditó el pago de salarios y prestaciones sociales por parte de la empresa de
servicios temporales.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia de 27 de junio de 2025, modificó la decisión de primera instancia,
al considerar que solo resultaba válida declarar la relación laboral entre la señora
Velásquez León y la ESE demandada, respecto del periodo del 1° de octubre de 2014
al 31 de enero de 2015, vinculación que tuvo lugar por medio de la cooperativa de
trabajo asociado Coopsein. Sin embargo, al haber operado el fenómeno de la
prescripción, señaló que solo era procedente ordenar como restablecimiento del
derecho a calcular y pagar las diferencias entre los aportes pensionales realizados
mes a mes, teniendo en cuenta los valores percibidos como compensaciones,
beneficios y auxilios cooperativos y respecto de los aportes que debió efectuar en
calidad empleador.
Por otra parte, indicó que dentro del proceso quedó acreditado que, el tiempo que
estuvo vinculada por conducto de Coltempora se le reconocieron y pagaron las
prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral. Además,
revocó la condena impuesta a la compañía aseguradora Mapfre, por «(…) no existir
incumplimiento de la obligación del pago de salarios y prestaciones por parte de la asegurada,
no existe una obligación en perjuicio de la cual se vea comprometida la responsabilidad de la
llamada en garantía».
3. Argumentos de la acción de tutela
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La actora aseguró que, la providencia cuestionada incurrió en defectos sustantivo y
fáctico, pues considera que la decisión fue incongruente, porque no existe relación
entre las pretensiones de la demanda, lo probado en el proceso ni los antecedentes
que en la misma sentencia el tribunal describió.
Señaló que, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
buscaba poner en evidencia que, pese a haberse vinculado por medio de una
cooperativa de trabajo asociado y una empresa temporal, su verdadero empleador fue
la ESE Hospital Universitario La Samaritana, razón por la cual debía reconocerse la
existencia de un contrato realidad y, en consecuencia, ordenarse el pago de salarios
y prestaciones conforme con las percibidas por los enfermeros de planta.
Que, la autoridad judicial accionada debió ordenar el pago de las prestaciones
sociales previstas para los empleados públicos, que se encuentran enlistadas en el
Decreto 1045 de 1978, las cuales son distintas a la de los trabajadores privados que
se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo. Por ello, alegó que, no es congruente
que le nieguen la solicitud de pago de prestaciones bajo la premisa de que las
demandadas ya le habían pagado las contempladas en la última disposición referida.
Por otra parte, manifestó su inconformidad con que se haya ordenado el pago de
aportes a pensión entre el 1° de octubre de 2014 y el 31 de enero de 2015, porque
considera que debió ser desde el 1° de febrero de 2014 hasta el 29 de enero de 2019.
Indicó que, «(…) el defecto sustantivo en el sub judice, se consumó cuando el tribunal
Contencioso Administrativo de Cundinamarca concluyó que, no procedía el restablecimiento
del derecho solicitado por cuánto las E.S.T. y C.T.A le pagaron a la demandante los rubros
previstos en el Código Sustantivo del Trabajo, omitiendo que, a la demandante jamás le
pagaron las prestaciones propias del empleo público previstas en el decreto 1045 de 1978 los
cuales fueron solicitados en demanda».
4. Trámite previo
En auto del 4 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la parte demandante; a los magistrados integrantes del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en
calidad de demandados y al Juez Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá, a la ESE
Hospital Universitario La Samaritana, a Seguros del Estado S.A. y a Mapfre Seguros
Generales de Colombia S.A., en condición de terceros con interés en el proceso.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
pidió que se declarara improcedente la acción de tutela, porque no cumple el requisito
de relevancia constitucional, pues las pretensiones están orientadas a constituir una
tercera instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y se
trata de una discusión meramente legal que ya fue resuelta por el juez natural del
asunto.
Indicó que, respecto de la vinculación con Coopsein la autoridad judicial accionada
concluyó que existió una relación laboral encubierta, entre el 1° de octubre de 2014 y
el 31 de enero de 2015, sin embargo, debido a que operó la prescripción, solo ordenó
como restablecimiento que la ESE demandada calculara y pagara las diferencias entre
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los aportes pensionales realizados mes a mes, teniendo en cuenta los valores
percibidos como compensaciones, beneficios y auxilios cooperativos y respecto de los
aportes que debió efectuar en calidad empleador.
En cuanto a la vinculación con Coltempora indicó que, en el proceso se acreditó que
existió una relación laboral, pero le fueron reconocidos y pagados todos los salarios y
prestaciones sociales a los que tenía derecho, durante el periodo reclamado.
Por otra parte, señaló que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues las
inconformidades que plantea la actora, respecto de la sentencia cuestionada, pueden
ser analizadas en ejercicio del recurso extraordinario de revisión.
Finalmente, indicó que la providencia cuestionada no vulneró algún derecho
fundamental de la parte actora, pues se profirió acorde con las normas que rigen el
caso, la jurisprudencia que frente al tema se ha desarrollado y valorando en su
integridad las pruebas aportadas al proceso.
6. Intervenciones
La ESE Hospital Universitario La Samaritana pidió que se declarara improcedente
la acción de tutela, porque no ha vulnerado los derechos fundamentales deprecados
por la parte actora, ni se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera
procedente de manera transitoria el recurso de amparo.
Manifestó que, la ESE no detentó ningún vínculo laboral con la demandante, pues la
señora Velásquez León suscribió con la empresa temporal contratos de obra o labor
contratada. Mientras que la ESE y la temporal suscribieron contratos de prestación de
servicios, cuyo objeto era el suministro de personal temporal, por lo que no debía
asumir ninguna responsabilidad, respecto de los reclamos de la actora.
Precisó que, la empresa de servicios temporales al ostentar la condición de empleador
tiene plenas facultades subordinantes y potestades para imponer sanciones a los
trabajadores en misión, en caso de faltas disciplinarias o incumplimientos en sus
funciones, pero, en todo caso, «la empresa usuaria puede ejercer subordinación frente a
los trabajadores en misión, sin que implique el nacimiento de una relación laboral entre éstos
o que la usuaria adquiera la condición de empleador». Que, además, «se ha reconocido la
posibilidad que la EST., delegue la subordinación que le es propia al tercero usuario mediante
el contrato comercial que ambas partes suscriben para el suministro de los trabajadores».
Que la señora Velásquez León sostuvo una relación laboral con la empresa
Coltempora, quien cumplió con el pago de los salarios y prestaciones sociales, como
quedó demostrado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Adujo que, existe otro mecanismo de defensa judicial, porque las pretensiones de la
accionante pueden resolverse dentro del recurso extraordinario de revisión, el cual no
puede suplir el recurso de amparo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
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mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
La señora Ángela Gisell Velásquez León interpuso la presente acción de tutela con el
fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 27 de junio de 2025, en la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E reconoció
la existencia de un contrato realidad entre ella y la ESE Hospital Universitario La
Samaritana – HULS, pero, declaró el fenómeno de la prescripción respecto de la
vinculación con Coopsein y frente a la vinculación con Coltempora negó las
pretensiones, es decir, no reconoció las prestaciones sociales que los enfermeros de
planta devengaron, las cuales están descritas en el Decreto 1045 de 1978.
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defectos fáctico y
sustantivo, pues considera que la decisión fue incongruente, ya que no existe relación
entre las pretensiones de la demanda, lo probado en el proceso y lo resuelto, al
reconocer la existencia de un vínculo laboral. Lo anterior, porque no accedió al
reconocimiento de las prestaciones sociales previstas en el Decreto 1045 de 1978,
por el periodo comprendido entre el 1° de febrero de 2014 y el 29 de enero de 2019.
De acuerdo con lo anterior, la Sala analizará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, especialmente, con el requisito de subsidiariedad.
Del requisito de subsidiariedad1 en el caso concreto – procedencia del recurso
extraordinario de revisión para reclamar la protección del principio de
congruencia2
Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Ángela Gisell Velásquez León
pretende que se deje sin efecto la sentencia del 27 de junio de 2025, mediante la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
modificó la providencia del 23 de mayo de 2025, del Juzgado Cincuenta y Dos
Administrativo de Bogotá, en los siguientes términos:
1
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de
improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De
manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos
que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se
atacan en la acción de tutela.
2
Se reitera el criterio mayoritario acogido por la Sala, en sentencia de 26 de octubre de 2023. Exp- 2023-01023-01, C.P. Wilson
Ramos Girón.
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Demandante: Ángela Gisell Velásquez León
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del oficio No. 2021401007785-1 de fecha 6 de
septiembre de 2021.
SEGUNDO: DECLARAR que entre la señora Angela Gisell Velásquez León, identificada
con cédula de ciudadanía No. 1.031.122.402, y el Hospital Universitario de la Samaritana
E.S.E., existió una relación laboral en la que la demandante desempeñó las funciones de
jefe de enfermería, entre el 1° de octubre de 2014 y el 31 de enero de 2015.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, se CONDENA al Hospital Universitario de la Samaritana
E.S.E., a calcular si existen diferencias entre los aportes realizados mes a mes por la
señora Angela Gisell Velásquez León y los que debió efectuar en calidad de empleador,
durante el periodo comprendido entre el 1.° de octubre de 2014 y el 31 de enero de 2015,
conforme con los extremos temporales de la relación señalados en este proveído, teniendo
en cuenta los valores percibidos como compensaciones, beneficios y auxilios
cooperativos, debiendo para ello cotizar al respectivo régimen la suma que resultare
faltante por concepto de aportes a pensión, siendo necesario que la parte actora acredite
las cotizaciones efectuadas, y en caso de que exista diferencia o no se hubieran efectuado,
deberá asumir el porcentaje correspondiente. Tales sumas deberán indexarse.
CUARTO: DECLARAR que el tiempo laborado por la señora Angela Gisell Velásquez
León en el Hospital Universitario de la Samaritana E.S.E., entre el 1° de octubre de 2014
y el 31 de enero de 2015, se deberá computar para efectos pensionales.
QUINTO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCION DEL
DERECHO en relación con los restantes pedimentos de la demanda, tendientes al
reconocimiento de las prestaciones sociales y laborales que eventualmente se hubieren
podido generar en el presente asunto durante el periodo comprendido entre el 1° de
octubre de 2014 al 31 de enero de 2015 y, como consecuencia, NEGAR tales
pretensiones, según lo indicado en la parte motiva de este proveído»
A juicio de la tutelante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E vulneró el principio de congruencia, toda vez que, en el expediente
estaban acreditados los supuestos de configuración de la relación laboral con la ESE
Hospital Universitario La Samaritana, desde el 1° de febrero de 2014 hasta el 29 de
enero de 2019, por lo que debía reconocer los salarios y prestaciones que devengaba
un enfermero de planta de la entidad durante todo el periodo reclamado y contarse la
prescripción desde la terminación de la última vinculación con Coltempora SAS.
Al respecto, la Sala evidencia que el recurso extraordinario de revisión previsto en el
artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, procede para reclamar la protección de los
principios de congruencia y non reformatio in pejus3, este recurso es un medio de
impugnación excepcional de las sentencias ejecutoriadas, que permite el rompimiento
del principio de cosa juzgada para restablecer tanto el imperio de la justicia como del
ordenamiento jurídico que suelen resultar desconocidos por hechos externos al
proceso judicial.
El artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, enlista las causales por las que procede este
recurso, así:
«1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la
parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3 Se reitera el criterio mayoritario acogido por la Sala, en sentencia de 26 de octubre de 2023. Exp- 2023-01023-01, C.P. Wilson Ramos
Girón.
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Demandante: Ángela Gisell Velásquez León
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente
por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes
del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el
segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.»
Si bien, en principio, la violación de principio de congruencia no está enlistado como
una de las causales para la procedencia del recurso extraordinario de revisión, a partir
de los casos estudiados por las Salas Especiales de Decisión4, así como de las Salas
de Sección5, cuando resuelven recursos extraordinarios de revisión, se advierte que
existe una línea jurisprudencial pacífica sobre la procedencia del recurso
extraordinario de revisión para la protección de este, por la vía de la causal de «nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación»6.
En efecto, la Sección Cuarta, en la providencia del 26 de octubre de 20237, realizó un
recuento sobre las decisiones proferidas por las Salas Especiales de Decisión que
han hecho referencia al tema objeto de estudio así:
«La Sala 22 Especial de Decisión, en sentencia del 2 de febrero de 2016, expediente
11001-03-15-000-2015-02342-00, sostuvo que «es procedente el recurso extraordinario
de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si
se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una
actuación sin competencia».
La Sala 14 Especial de Decisión, en sentencia del 5 de abril de 2016, expediente 11001-
03-15-000-2008-00320-00, indicó que «la jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la sentencia [...] violar
el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a
la invocada)».
La Sala 10 Especial de Decisión, en sentencia del 1° de noviembre de 2016, expediente
11001-03-15-000-2012-00230- 00, advirtió que la nulidad originada en la sentencia puede
ocurrir por «violar el principio de la non reformatio in pejus [como cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por
causa distinta a la invocada]».
4 Sala 22 Especial de Decisión, en sentencia del 2 de febrero de 2016, expediente 11001-03-15-000-2015-02342-00; Sala 14 Especial de
Decisión, en sentencia del 5 de abril de 2016, expediente 11001-03-15-000-2008-00320-00; Sala 10 Especial de Decisión, en sentencia
del 1 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2012-00230- 00; Sala 27 Especial de Decisión, en sentencia del 3 de diciembre
de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-03791-0; Sala 14 Especial de Decisión, en sentencia del 13 de octubre de 2020, expediente
11001-03-15-000-2019-00119-00; Sala 8 Especial de Decisión, en sentencia del 14 de diciembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-
2017-00512-00; Sala 9 Especial de Decisión, en sentencia del 14 de diciembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2017-00512-00;
Sala 9 Especial de Decisión, en sentencia del 7 de octubre de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-07530-00; Sala 19 Especial de
Decisión, en sentencia del 16 de marzo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-00921-00.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 20 de marzo de 2018, expediente 11001-03-25-000-2013-01303-
00; Sala Octava Especial de Decisión, en sentencia del 6 de febrero de 2018, expediente 11001-03-15-000-2016-01127-00; Sección
Segunda, Subsección B, en sentencia del 7 de septiembre de 2018, expediente 11001-03-25-000-2014-00440-00; Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 17 de marzo de 2021, expediente 68001-33-31-006-. 2010-00296-01; Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 7 de diciembre de 2021, expediente 11001-03-25-000-2014-00507-00.
6 Ibid.
7 Expediente 11001-03-15-000-2023-01023-01, CP. Wilson Ramos Girón.
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Demandante: Ángela Gisell Velásquez León
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 20 de marzo de
2018, expediente 11001-03-25-000-2013-01303-00, sostuvo que «dentro de las
situaciones procesales para que prospere el recurso extraordinario de revisión se
encuentra proferir la sentencia desconociendo los principios de congruencia y la non
reformatio in pejus».
La Sala Octava Especial de Decisión, en sentencia del 6 de febrero de 2018, expediente
11001-03-15-000-2016-01127-00, indicó que la nulidad originada en la sentencia «se
presenta en los casos en los que se dicta la sentencia en un proceso terminado por
desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido y
antes de la oportunidad para reanudarlo y cuando la sentencia aparece firmada con menor
o mayor número de Magistrados o adoptada con un número de votos no previsto en la ley
o expedida completamente sin motivación, con violación al principio de la non reformatio
in pejus».
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 7 de septiembre
de 2018, expediente 11001-03-25-000-2014-00440-00, dijo que «la causal quinta del
artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de congruencia
cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se
configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos
objeto del debate (cifra petita)».
La Sala 27 Especial de Decisión, en sentencia del 3 de diciembre de 2019, expediente
11001-03-15-000-2018-03791-00, indicó que «hay violación al debido proceso que
constituye causal de nulidad según la jurisprudencia del Consejo de Estado, por [...] la
violación al principio de la non reformatio in pejus».
La Sala 14 Especial de Decisión, en sentencia del 13 de octubre de 2020, expediente
11001-03-15-000-2019-00119-00, resalta que «el Consejo de Estado ha considerado
como causal de nulidad [...] la violación al principio de la non reformatio in pejus [...] la
falta de congruencia [...]».
Sala 8 Especial de Decisión, en sentencia del 14 de diciembre de 2021, expediente 11001-
03-15-000-2017-00512-00, reiteró que la causal de nulidad originada en la sentencia «se
predica, entre otras, cuando la sentencia: [...] se aprecia incongruencia [...] se dicta con
violación al principio de la non reformatio in pejus».
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 17 de marzo de
2021, expediente 68001-33-31-006-. 2010-00296-01, señaló que «la causal invocada en
esta oportunidad (nulidad originada en la sentencia) está prevista para que por su
intermedio se puedan alegar las nulidades generadas en la sentencia, acto jurídico sujeto
al cumplimiento de precisas ritualidades que, de no ser atendidas y ante la improcedencia
de recursos ordinarios contra ella, subsistirían groseramente, lo que ocurre, por ejemplo,
cuando: [...] viola el principio de la non reformatio in pejus».
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 7 de diciembre
de 2021, expediente 11001-03-25-000-2014-00507-00, dijo lo siguiente: [...] la causal 5a
se refiere a que, en el momento de dictar sentencia que no es susceptible de recurso de
apelación, el juzgador puede incurrir en irregularidades que pueden constituir nulidad. En
tal sentido, con el fin de que el fallador de revisión no se convierta en juez de instancia, la
sala plena de lo contencioso-administrativo, en providencia de 5 de abril de 2016, precisó
las circunstancias que pueden conformar la causal así:
[...]9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación;
(ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o
por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero
que no fue vinculado al proceso.
La Sala 9 Especial de Decisión, en sentencia del 14 de diciembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2017-00512-00, sostuvo que «la Corporación ha delimitado que la
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causal examinada (nulidad originada en la sentencia) se predica, entre otras, cuando la
sentencia [...] se aprecia incongruencia [...] se dicta con violación al principio de la non
reformatio in pejus».
La Sala 9 Especial de Decisión, en sentencia del 7 de octubre de 2022, expediente 11001-
03-15-000-2021-07530-00, reiteró que «para la configuración de esta causal de revisión
(nulidad originada en la sentencia) resulta indispensable que se funde en la ocurrencia
de: i) un supuesto configurativo de las causales de nulidad procesal previstas
taxativamente en el artículo 133 de la Ley 1564 de 2012, siempre que estas se prediquen
de la sentencia; ii) las hipótesis creadas jurisprudencialmente que comportan la violación
del derecho fundamental al debido proceso, tales como: [...] Faltar al principio de
congruencia [...] Vulnerar el principio de la “non reformatio in pejus”».
La Sala 19 Especial de Decisión, en sentencia del 16 de marzo de 2022, expediente
11001-03-15-000-2021-00921-00, indicó que «por fuera de los supuestos que consagra
el artículo 133 ibidem no cualquier anomalía que se predique respecto de la sentencia
podrá desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. A modo enunciativo, la jurisprudencia ha
precisado que ello ocurre en los casos en que el fallo objeto de revisión [...] (vi) desconoce
el principio de congruencia bien sea por una condena extra, ultra o infra petita».»
A partir de lo anterior, está Sección ha sostenido que el Consejo de Estado, cuando
ha resuelto recursos extraordinarios de revisión, acepta la procedencia del recurso
para reclamar la protección de los principios de congruencia y non reformatio in pejus,
bajo la causal de nulidad originada en la sentencia.
Esa circunstancia entonces impide al juez de tutela invadir la competencia del juez del
recurso extraordinario de revisión, pues, de lo contrario, estaría desconociendo la
naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo. Lo anterior, sin perjuicio de que
se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervención del
juez de tutela.
Ahora, la Sala no desconoce que la Corte Constitucional, en sentencia T-178 de 2023,
tuvo por superado el requisito de subsidiariedad en un asunto en el que se alegaba el
desconocimiento de los principios de congruencia y non reformatio in pejus. Esa
conclusión tuvo como fundamento la disparidad de criterios sobre la procedencia del
recurso extraordinario de revisión en las Secciones del Consejo de Estado, cuando
actúa como juez de tutela. La Corte Constitucional hizo un análisis detallado respecto
de las sentencias de tutela que han abordado este asunto y citó seis casos en los que
se analizaron de fondo los cargos de violación de los principios de non reformatio in
pejus y congruencia.
Sin embargo, para la Sala8, el análisis de procedencia del recurso extraordinario de
revisión para la protección de los principios de congruencia y non reformatio in
pejus no debe verse desde las decisiones del juez de tutela, sino a partir de las
decisiones de las Salas Especiales de Decisión y de las Secciones del Consejo de
Estado, cuando resuelven estos recursos, por cuanto se trata del juez especializado,
juez que, se insiste, acepta la procedencia del recurso de revisión cuando se alega la
violación de ese principio.
Entonces, el recurso extraordinario de revisión resulta un mecanismo idóneo cuando
se alega la vulneración del principio de congruencia, toda vez que la jurisprudencia
acepta su procedencia. También es un medio eficaz, en la medida en que puede
proteger de manera integral el derecho fundamental vulnerado y se pueden tomar
8 Ver sentencia de 26 de octubre de 2023. Exp- 2023-01023-01, C.P. Wilson Ramos Girón.
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decisiones que restauren de forma suficiente el derecho. En efecto, si se encuentra
fundada la causal, se invalidará la sentencia revisada, se dictará la que en derecho
corresponda y «se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos,
mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación (artículo 255 de la Ley 1437
de 2011)»9.
En conclusión, el argumento de la parte actora, según el cual el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, incurrió en falta de congruencia
resulta improcedente en esta instancia. Ello, porque el recurso extraordinario de
revisión es el mecanismo legal adecuado y efectivo para controvertir una posible
vulneración del principio de congruencia.
En lo que respecta a los defectos sustantivo y fáctico, la Sala considera que encuentra
estrechamente ligado a la falta de congruencia planteada, pues para determinar: (i) si
la vinculación que tuvo la actora a través de la empresa de servicios temporales
Coltempora SAS – del 1° de febrero de 2015 al 29 de enero de 2019, se constituyó un
contrato realidad con la ESE Hospital Universitario La Samaritana – HULS, y por ende
reconocerse las prestaciones de un enfermero de planta de la entidad, descritas en el
Decreto 1045 de 1978; y, (ii) si la prescripción debía contarse desde la terminación de
la última vinculación con Coltempora SAS y no de manera independiente, frente a
cada intermediación. Dicha precisión es el núcleo del debate que la parte actora
respecto a la declaratoria del contrato realidad y el correspondiente reconocimiento
de prestaciones sociales, por lo que correspondería al juez del recurso extraordinario
de revisión pronunciarse al respecto. En consecuencia, resulta improcedente que en
esta sede se efectúe valoración de fondo sobre este planteamiento.
Con fundamento en lo anterior, declarará improcedente la acción de tutela, dado que
la parte actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión contra la providencia
cuestionada, medio de defensa judicial idóneo y eficaz que no puede ser reemplazado
por este mecanismo constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Ángela Gisell
Velásquez León contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
9 Ibídem.
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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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