Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06147-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06147-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06147-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06147-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
23 de enero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06147-00
Demandante: Bibiana María Robles Cárdenas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06147-00
Demandante: BIBIANA MARÍA ROBLES CÁRDENAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Bibiana María Robles
Cárdenas, mediante apoderado, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, de conformidad con lo establecido en el artículo 1
del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 13 de noviembre de 2024, la parte actora, mediante apoderado, interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito a los Honorables Consejeros
de Estado se sirvan tutelar los derechos constitucionales referidos y disponer u ordenar
rehacer la sentencia proferida el 16 de octubre del 2024 por el Honorable Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección 2-Subsección C, en el siguiente sentido:
3.1.-Declarar y/o modificar que las condenas contenidas en el numeral TERCERO del
Resuelve de la sentencia señalada proferida por el Honorable Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se hagan tomando como base la asignación básica que corresponda al
cargo de planta denominado Auxiliar Administrativo, código 412, grado 14, en el evento
que resultare más favorable frente al promedio de honorarios pagados contractualmente,
tal y como lo dispuso el juzgado noveno administrativo de primera instancia en el numera
segundo del resuelve de la sentencia proferida el cinco (05) de diciembre de dos mil
veintitrés (2023)».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La señora Bibiana María Robles Cárdenas presentó demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. con el propósito de obtener la nulidad del
Oficio Nro. 20191100357021, emitido el 3 de diciembre de 2019, mediante el cual se
negó el reconocimiento y pago de acreencias laborales derivadas de la existencia de
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06147-00
Demandante: Bibiana María Robles Cárdenas
un contrato realidad correspondiente al período comprendido entre el 4 de agosto de
2011 y el 9 de noviembre de 2018. En consecuencia, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se declare el reconocimiento y pago del mayor salario asignado
al cargo de Auxiliar Administrativa - código 207- grado 14, así como el pago de horas
extras, recargos y demás emolumentos y prestaciones económicas derivadas de la
relación laboral, en igualdad de condiciones a las de un empleado de planta.
El 5 de diciembre de 2023, el Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá declaró
la nulidad del acto demandado y, en consecuencia, ordenó: (i) el pago de la totalidad
de las prestaciones devengadas por un Auxiliar Administrativo - código 412 - grado
14-, para el periodo entre el 4 de agosto del 2011 hasta el 9 de noviembre del 2018.
Para realizar la liquidación, señaló que debía tomarse la más favorable entre los
honorarios o la asignación básica; (ii) calcular el IBC tomando como referencia los
honorarios pactados mes a mes. De modo que, si existían diferencias entre los aportes
realizados como contratista y los que debieron efectuarse al sistema de seguridad
social en pensiones, con base en el cargo de Auxiliar Administrativo - código 412 -
grado 14-, la entidad debía cubrir la suma faltante correspondiente al porcentaje que
le correspondía como empleador; (iii) por su parte, la demandante debía asumir el
porcentaje correspondiente como trabajadora, en caso de no haber realizado las
cotizaciones o existir diferencias en su contra, para el período comprendido entre el 4
de agosto de 2011 y el 9 de noviembre de 2018 y, (iv) que el tiempo laborado por la
demandante, desde el 4 de agosto del 2011 hasta el 9 de noviembre del 2018, debía
computarse para efectos pensionales.
Al respecto, aclaró que, en virtud de la certificación de contratos emitida por la
directora de contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud de Centro
Oriente ESE, en la que se relacionaron todos los contratos suscritos con la
demandante, se demostró que estuvo vinculada en el periodo comprendido entre el 4
de agosto de 2011 al 9 de noviembre de 2018.
Expresó que estaba acreditada la prestación personal del servicio por parte de la
señora Robles Cárdenas y el pago de una remuneración por el mismo. En cuanto a la
subordinación, señaló que las pruebas documentales y testimoniales demostraban la
configuración de ese elemento, pues la demandante debía: (i) prestar sus servicios en
el lugar de trabajo asignado por la entidad contratante cumplir un horario de trabajo;
(ii) prestar los turnos asignados; (iii) asistir a capacitaciones después de finalizado los
turnos y, (iv) ejecutar las actividades asignadas por los jefes de servicio o los
coordinadores. Además, que las obligaciones para las que fue contratada son
inherentes a la labor y misión institucional de la entidad demandada. Asimismo, que
el cargo de planta que se asimila en el objeto del empleo al desempeñado por la
señora Robles Cárdenas corresponde al de Auxiliar Administrativo - código 412 -
grado 14.
Por lo anterior, concluyó que se encontraba desvirtuado el contrato de prestación de
servicios, por lo que se imponía el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
generadas en consecuencia de la relación laboral que se ocultó. De igual forma,
advirtió que no existió solución de continuidad, pues, si bien existieron múltiples
contratos, no hubo una suspensión ni siquiera de un día hábil.
La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. presentó recurso de
apelación parcial contra la sentencia de primera instancia con fundamento en los
siguientes argumentos:
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06147-00
Demandante: Bibiana María Robles Cárdenas
• Señaló que el juez de primera instancia confundió los conceptos de
subordinación y coordinación, puesto que, si bien las actividades desarrolladas
por la demandante estaban sujetas a verificación y supervisión, no estaban
sujetas a órdenes propias de una relación de subordinación.
• Afirmó que no se aportaron pruebas suficientes para acreditar el elemento de
subordinación, porque los testimonios no fueron concluyentes y las actividades
realizadas respondían más a un cumplimiento contractual que a órdenes
directas.
• Anotó que los contratos celebrados entre la demandante y la entidad son legales,
según lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, pues estos se
utilizaron para suplir necesidades específicas de personal ante la insuficiencia
de la planta administrativa.
• Indicó que la demandante aceptó las condiciones de los contratos de prestación
de servicios y que estos fueron debidamente ejecutados y liquidados.
El 16 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C modificó la decisión de primera instancia, así:
«SEGUNDO: Modificar la parte resolutiva de la sentencia apelada, la cual quedará así:
Primero. - Declarar la nulidad parcial del Oficio No. 20191100357021 del 03 de diciembre
de 2019, por medio del cual la entidad demandada negó la relación laboral y el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, conforme a las consideraciones
expuestas.
Segundo. - Declarar que entre la señora Bibiana María Robles Cárdenas y la Subred
Integrada de Servicios en Salud Centro Oriente E.S.E, se desnaturalizaron los contratos
de prestación de servicios que da paso al pago de prestaciones sociales similar al personal
de planta de la entidad en los periodos comprendidos entre el 04 de agosto de 2011 al 30
de septiembre de 2017 y del 10 de enero de 2018 al 10 de octubre de 2018, salvo sus
interrupciones y suspensiones.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior a título de restablecimiento del derecho:
(i) Condenar a la Subred Integrada de Servicios en Salud Centro Oriente E.S.E. a
reconocer y pagar a la señora Bibiana María Robles Cárdenas identificada con la cédula
de ciudadanía número 63.495.195, las prestaciones sociales, legales, comunes y
ordinarias correspondientes a los periodos en los que se desnaturalizó el contrato de
prestación de servicios, esto es entre el 04 de agosto de 2011 al 30 de septiembre de 2017
y del 10 de enero de 2018 al 10 de octubre de 2018, salvo sus interrupciones y
suspensiones, iguales a las que se reconocieron a los empleados de planta de la entidad,
tomando como base para tal fin los honorarios pactados en cada contrato.
(ii) Ordenar a la Subred Integrada de Servicios en Salud Centro Oriente E.S.E., a efectuar
con destino al sistema de seguridad social en pensiones las cotizaciones por el monto que
hicieren falta calculada la obligación patronal y por todo el tiempo en que se declara la
existencia del vínculo laboral, salvo las interrupciones y suspensiones, teniendo como
base de cotización la totalidad de los honorarios (100 %).
Para cumplir esta condena, la demandada tomará el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de la demandante durante los tiempos que encontró desnaturalizados los
contratos, que corresponde al 100 % de los honorarios percibidos, mes a mes, por la
contratista y determinar si hay diferencia entre los aportes realizados como contratista y
los que se debieron cotizar al fondo de pensiones. La suma faltante, por aportes a pensión
en el porcentaje correspondiente como empleador, deberá pagarse al fondo de pensiones
indicado por la demandante al solicitar el cumplimiento de la sentencia.
Para efectos de lo anterior, la parte actora deberá acreditar ante la administración las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la
eventualidad de que no las hubiere hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06147-00
Demandante: Bibiana María Robles Cárdenas
carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajadora.
(…)
Sexto: Declarar que el tiempo laborado por la demandante, bajo la modalidad de contratos
de prestación de servicios para los periodos comprendidos entre el 04 de agosto de 2011
al 30 de septiembre de 2017 y del 10 de enero de 2018 al 10 de octubre de 2018, se
computará para efectos pensionales».
Sobre el particular, expresó que la señora Robles Cárdenas ejecutó funciones propias
de personal de planta, como auxiliar de estadística, información y salud, bajo
subordinación, siguiendo horarios y órdenes directas, lo que evidencia una relación
laboral encubierta. De modo que, la contratación no cumplió con los criterios de
autonomía, temporalidad ni excepcionalidad exigidos por el artículo 32 de la Ley 80
de 1993.
En lo atinente a la continuidad del servicio, indicó que estaba acreditado que la señora
Robles Cárdenas trabajó para la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente E.S.E. desde el 4 de agosto de 2011 hasta el 10 de octubre de 2018, con una
interrupción en su vínculo contractual, específicamente entre el 30 de septiembre de
2017 y el 10 de enero de 2018, es decir, un lapso de 65 días. De ahí que, se superara
el umbral de 30 días hábiles establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado
que trata de la solución de continuidad. Por ello, concluyó que dicha interrupción
configuró solución de continuidad en la relación laboral.
En consecuencia, los periodos laborales reconocidos en segunda instancia quedaron
delimitados como: (i) del 4 de agosto de 2011 al 30 de septiembre de 2017, y; (ii) del
10 de enero de 2018 al 10 de octubre de 2018. De modo que, como la solicitud de
reconocimiento y pago de las acreencias laborales derivadas de dichos contratos fue
presentada el 25 de octubre de 2019, esto es, dentro del término de 3 años contados
a partir de la finalización del contrato, no operó el fenómeno prescriptivo en ningún
lapso.
En cuanto a la base de liquidación de prestaciones sociales, expresó que estas debían
calcularse exclusivamente sobre los honorarios pactados en cada contrato, de
conformidad con lo establecido en la sentencias de unificación proferidas por la
Sección Segunda del Consejo de Estado de 25 agosto de 2016 y 9 de septiembre de
2021, las cuales establecen que los honorarios pactados constituyen la base para
determinar los derechos laborales cuando se evidencia la desnaturalización del
contrato de prestación de servicios.
En consideración de lo anterior, precisó que: (i) la entidad demandada debía calcular
el IBC tomando como referencia el 100 % de los honorarios pactados y determinar «si
existiere diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron cotizar
al respectivo fondo de pensiones. La suma faltante, por concepto de aportes a pensión en el
porcentaje que le corresponda como empleador, deberá pagarse al fondo de pensiones
indicado por el demandante al momento de solicitar el cumplimiento de la sentencia.»; (ii) de
igual forma, señaló que la señora Robles Cárdenas debía acreditar ante la
administración los aportes realizados como contratista y «en la eventualidad de que no
las hubiere hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar,
según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador».
3. Argumentos de la acción de tutela
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06147-00
Demandante: Bibiana María Robles Cárdenas
Alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto orgánico al extralimitar
su competencia, porque en la apelación presentada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., no cuestionó la base para la liquidación de
las acreencias laborales ordenada el juez de primera instancia, esto es, sobre la
asignación básica del cargo Auxiliar Administrativo - código 412 - grado 14.
De modo que, la modificación en la forma del cálculo de las prestaciones sociales
ordenada por el tribunal demandado, se realizó de oficio de modo extra o ultra petita,
y constituye una vulneración al principio de consonancia y congruencia procesal.
A su juicio, el tribunal, con el argumento de dar cumplimiento a la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, respecto de la base de liquidación de docentes,
terminó por resolver un asunto que no fue objeto de inconformidad con una
jurisprudencia que no le resultaba aplicable.
En consecuencia, advirtió que dicha orden desconoció el derecho a la igualdad y del
principio de «a trabajo igual, salario igual», previstos en los artículos 13 y 53 de la
Constitución Política y en varias decisiones proferidas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, pues «el ad quem se equivoca al imponer , como si fuese una camisa
de fuerza, la jurisprudencia respecto a la obligatoriedad de tomar el monto de honorarios para
la liquidación de manera general, sin reparar que lo que en verdad creó fue una distinción
eventual referida a: i) cuando existe cargo de planta análogo y, ii) cuando no existe, como fue
el caso de la accionante dentro del proceso materia de la sentencia de unificación.». Y, en
todo caso, debía aplicarse el principio de autonomía judicial, que incluye la libertad de
los jueces para interpretar la ley de acuerdo con su criterio y la realidad del caso.
4. Trámite previo
El 2 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la demandante y a la autoridad judicial demandada. Adicionalmente,
Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá y a la Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E. S. E, como terceros interesados.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
argumentó que la decisión cuestionada no vulneró derechos fundamentales y está
respaldada por el análisis fáctico y jurídico del caso. Por ello, solicitó que se nieguen
las pretensiones de amparo.
6. Intervención de los terceros con interés
El Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá informó que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho cumplió con todas las etapas procesales conforme con
lo establecido en el CPACA. Además, señaló que las decisiones de primera y segunda
instancia se tomaron conforme al principio de legalidad, con respeto del debido
proceso y del análisis de las pruebas presentadas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06147-00
Demandante: Bibiana María Robles Cárdenas
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C vulneró los derechos fundamentales invocados por
el accionante, al incurrir en defecto orgánico por falta de congruencia en su decisión.
En síntesis, el accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
incurrió en falta de congruencia en el fallo de segunda instancia, al modificar de
manera oficiosa la base para la liquidación de las prestaciones sociales y los aportes
pensionales, al ordenar que estas se calcularan exclusivamente con base en los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, en lugar de la
asignación básica correspondiente al cargo análogo de planta.
Por ello, afirmó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto orgánico,
porque al adelantar dicho estudio desbordó los límites de la apelación, porque este
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06147-00
Demandante: Bibiana María Robles Cárdenas
aspecto no fue objeto de controversia por la parte demandada en el recurso
interpuesto
De acuerdo con lo anterior, la Sala analizará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Del requisito de subsidiariedad4 en el caso concreto – procedencia del recurso
extraordinario de revisión para reclamar la protección del principio de
congruencia 5
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada incurrió en falta de
congruencia en el fallo de segunda instancia, al modificar la base para la liquidación
de las prestaciones sociales y los aportes pensionales, estableciendo que debían
calcularse exclusivamente con base en los honorarios pactados en los contratos de
prestación de servicios, a pesar de que este punto no fue materia de discusión en el
recurso de apelación presentado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente E.S.E. Por ello, alegó que, al abordar este aspecto de manera oficiosa, el
Tribunal demandado incurrió en un defecto orgánico, al exceder los límites de su
competencia funcional.
Al respecto, la Sala evidencia que el recurso extraordinario de revisión previsto en el
artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, procede para reclamar la protección de los
principios de congruencia y non reformatio in pejus6, este recurso es un medio de
impugnación excepcional de las sentencias ejecutoriadas, que permite el rompimiento
del principio de cosa juzgada para restablecer tanto el imperio de la justicia como del
ordenamiento jurídico que suelen resultar desconocidos por hechos externos al
proceso judicial.
El artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, enlista las causales por las que procede este
recurso, así:
«1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la
parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente
por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
4
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de
improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De
manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos
que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se
atacan en la acción de tutela.
5
Se reitera el criterio mayoritario acogido por la Sala, en sentencia de 26 de octubre de 2023. Exp- 2023-01023-01, C.P. Wilson
Ramos Girón.
6 Se reitera el criterio mayoritario acogido por la Sala, en sentencia de 26 de octubre de 2023. Exp- 2023-01023-01, C.P. Wilson Ramos
Girón.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06147-00
Demandante: Bibiana María Robles Cárdenas
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes
del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el
segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.»
Si bien, en principio, la violación de principio de congruencia no está enlistado como
una de las causales para la procedencia del recurso extraordinario de revisión, a partir
de los casos estudiados por las Salas Especiales de Decisión7, así como de las Salas
de Sección8, cuando resuelven recursos extraordinarios de revisión, se advierte que
existe una línea jurisprudencial pacífica sobre la procedencia del recurso
extraordinario de revisión para la protección de este, por la vía de la causal de «nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación»9.
En efecto, está Sala en la providencia del 26 de octubre de 202310 realizó un recuento
sobre las decisiones proferidas por las Salas Especiales de Decisión que han hecho
referencia al tema objeto de estudio así:
«La Sala 22 Especial de Decisión, en sentencia del 2 de febrero de 2016, expediente
11001-03-15-000-2015-02342-00, sostuvo que «es procedente el recurso extraordinario
de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si
se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una
actuación sin competencia».
La Sala 14 Especial de Decisión, en sentencia del 5 de abril de 2016, expediente 11001-
03-15-000-2008-00320-00, indicó que «la jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la sentencia [...] violar
el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a
la invocada)».
La Sala 10 Especial de Decisión, en sentencia del 1° de noviembre de 2016, expediente
11001-03-15-000-2012-00230- 00, advirtió que la nulidad originada en la sentencia puede
ocurrir por «violar el principio de la non reformatio in pejus [como cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por
causa distinta a la invocada]».
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 20 de marzo de
2018, expediente 11001-03-25-000-2013-01303-00, sostuvo que «dentro de las
situaciones procesales para que prospere el recurso extraordinario de revisión se
encuentra proferir la sentencia desconociendo los principios de congruencia y la non
reformatio in pejus».
7 Sala 22 Especial de Decisión, en sentencia del 2 de febrero de 2016, expediente 11001-03-15-000-2015-02342-00; Sala 14 Especial de
Decisión, en sentencia del 5 de abril de 2016, expediente 11001-03-15-000-2008-00320-00; Sala 10 Especial de Decisión, en sentencia
del 1 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2012-00230- 00; Sala 27 Especial de Decisión, en sentencia del 3 de diciembre
de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-03791-0; Sala 14 Especial de Decisión, en sentencia del 13 de octubre de 2020, expediente
11001-03-15-000-2019-00119-00; Sala 8 Especial de Decisión, en sentencia del 14 de diciembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-
2017-00512-00; Sala 9 Especial de Decisión, en sentencia del 14 de diciembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2017-00512-00;
Sala 9 Especial de Decisión, en sentencia del 7 de octubre de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-07530-00; Sala 19 Especial de
Decisión, en sentencia del 16 de marzo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-00921-00.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 20 de marzo de 2018, expediente 11001-03-25-000-2013-01303-
00; Sala Octava Especial de Decisión, en sentencia del 6 de febrero de 2018, expediente 11001-03-15-000-2016-01127-00; Sección
Segunda, Subsección B, en sentencia del 7 de septiembre de 2018, expediente 11001-03-25-000-2014-00440-00; Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 17 de marzo de 2021, expediente 68001-33-31-006-. 2010-00296-01; Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 7 de diciembre de 2021, expediente 11001-03-25-000-2014-00507-00.
9 Ibid.
10 Expediente 11001-03-15-000-2023-01023-01, CP. Wilson Ramos Girón.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06147-00
Demandante: Bibiana María Robles Cárdenas
La Sala Octava Especial de Decisión, en sentencia del 6 de febrero de 2018, expediente
11001-03-15-000-2016-01127-00, indicó que la nulidad originada en la sentencia «se
presenta en los casos en los que se dicta la sentencia en un proceso terminado por
desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido y
antes de la oportunidad para reanudarlo y cuando la sentencia aparece firmada con menor
o mayor número de Magistrados o adoptada con un número de votos no previsto en la ley
o expedida completamente sin motivación, con violación al principio de la non reformatio
in pejus».
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 7 de septiembre
de 2018, expediente 11001-03-25-000-2014-00440-00, dijo que «la causal quinta del
artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de congruencia
cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se
configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos
objeto del debate (cifra petita)».
La Sala 27 Especial de Decisión, en sentencia del 3 de diciembre de 2019, expediente
11001-03-15-000-2018-03791-00, indicó que «hay violación al debido proceso que
constituye causal de nulidad según la jurisprudencia del Consejo de Estado, por [...] la
violación al principio de la non reformatio in pejus».
La Sala 14 Especial de Decisión, en sentencia del 13 de octubre de 2020, expediente
11001-03-15-000-2019-00119-00, resalta que «el Consejo de Estado ha considerado
como causal de nulidad [...] la violación al principio de la non reformatio in pejus [...] la falta
de congruencia [...]».
Sala 8 Especial de Decisión, en sentencia del 14 de diciembre de 2021, expediente 11001-
03-15-000-2017-00512-00, reiteró que la causal de nulidad originada en la sentencia «se
predica, entre otras, cuando la sentencia: [...] se aprecia incongruencia [...] se dicta con
violación al principio de la non reformatio in pejus».
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 17 de marzo de
2021, expediente 68001-33-31-006-. 2010-00296-01, señaló que «la causal invocada en
esta oportunidad (nulidad originada en la sentencia) está prevista para que por su
intermedio se puedan alegar las nulidades generadas en la sentencia, acto jurídico sujeto
al cumplimiento de precisas ritualidades que, de no ser atendidas y ante la improcedencia
de recursos ordinarios contra ella, subsistirían groseramente, lo que ocurre, por ejemplo,
cuando: [...] viola el principio de la non reformatio in pejus».
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 7 de diciembre
de 2021, expediente 11001-03-25-000-2014-00507-00, dijo lo siguiente: [...] la causal 5a
se refiere a que, en el momento de dictar sentencia que no es susceptible de recurso de
apelación, el juzgador puede incurrir en irregularidades que pueden constituir nulidad. En
tal sentido, con el fin de que el fallador de revisión no se convierta en juez de instancia, la
sala plena de lo contencioso-administrativo, en providencia de 5 de abril de 2016, precisó
las circunstancias que pueden conformar la causal así:
[...]9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación; (ii) violar el principio de
la non reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un
tercero que no fue vinculado al proceso.
La Sala 9 Especial de Decisión, en sentencia del 14 de diciembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2017-
00512-00, sostuvo que «la Corporación ha delimitado que la causal examinada (nulidad originada en la
sentencia) se predica, entre otras, cuando la sentencia [...] se aprecia incongruencia [...] se dicta con violación
al principio de la non reformatio in pejus».
La Sala 9 Especial de Decisión, en sentencia del 7 de octubre de 2022, expediente 11001-
03-15-000-2021-07530-00, reiteró que «para la configuración de esta causal de revisión
(nulidad originada en la sentencia) resulta indispensable que se funde en la ocurrencia de:
i) un supuesto configurativo de las causales de nulidad procesal previstas taxativamente
en el artículo 133 de la Ley 1564 de 2012, siempre que estas se prediquen de la sentencia;
ii) las hipótesis creadas jurisprudencialmente que comportan la violación del derecho
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06147-00
Demandante: Bibiana María Robles Cárdenas
fundamental al debido proceso, tales como: [...] Faltar al principio de congruencia [...]
Vulnerar el principio de la “non reformatio in pejus”».
La Sala 19 Especial de Decisión, en sentencia del 16 de marzo de 2022, expediente
11001-03-15-000-2021-00921-00, indicó que «por fuera de los supuestos que consagra el
artículo 133 ibidem no cualquier anomalía que se predique respecto de la sentencia podrá
desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. A modo enunciativo, la jurisprudencia ha precisado
que ello ocurre en los casos en que el fallo objeto de revisión [...] (vi) desconoce el principio
de congruencia bien sea por una condena extra, ultra o infra petita».»
A partir de lo anterior, está Sección ha sostenido que el Consejo de Estado, cuando
ha resuelto recursos extraordinarios de revisión, acepta la procedencia del recurso
para reclamar la protección de los principios de congruencia y non reformatio in pejus,
bajo la causal de nulidad originada en la sentencia.
Esa circunstancia entonces impide al juez de tutela invadir la competencia del juez del
recurso extraordinario de revisión, pues, de lo contrario, estaría desconociendo la
naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo. Lo anterior, sin perjuicio de que
se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervención del
juez de tutela.
Ahora, la Sala no desconoce que la Corte Constitucional, en sentencia T-178 de 2023,
tuvo por superado el requisito de subsidiariedad en un asunto en el que se alegaba el
desconocimiento de los principios de congruencia y non reformatio in pejus. Esa
conclusión tuvo como fundamento la disparidad de criterios sobre la procedencia del
recurso extraordinario de revisión en las Secciones del Consejo de Estado, cuando
actúa como juez de tutela. La Corte Constitucional hizo un análisis detallado respecto
de las sentencias de tutela que han abordado este asunto y citó seis casos en los que
se analizaron de fondo los cargos de violación de los principios de non reformatio in
pejus y congruencia.
Sin embargo, para la Sala11, el análisis de procedencia del recurso extraordinario de
revisión para la protección de los principios de congruencia y non reformatio in
pejus no debe verse desde las decisiones del juez de tutela, sino a partir de las
decisiones de las Salas Especiales de Decisión y de las Secciones del Consejo de
Estado, cuando resuelven estos recursos, por cuanto se trata del juez especializado,
juez que, se insiste, acepta la procedencia del recurso de revisión cuando se alega la
violación de ese principio.
Entonces, el recurso extraordinario de revisión resulta un mecanismo idóneo cuando
se alega la vulneración del principio de congruencia, toda vez que la jurisprudencia
acepta su procedencia. También es un medio eficaz, en la medida en que puede
proteger de manera integral el derecho fundamental vulnerado y se pueden tomar
decisiones que restauren de forma suficiente el derecho. En efecto, si se encuentra
fundada la causal, se invalidará la sentencia revisada, se dictará la que en derecho
corresponda y “se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos,
mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación (artículo 255 de la Ley 1437
de 2011)”12.
En conclusión, el argumento de la parte actora, según el cual la autoridad judicial
demandada incurrió en falta de congruencia al exceder el marco de la apelación, ya
que esta solo cuestionó la existencia de la relación laboral y no la base para la
11 Ver sentencia de 26 de octubre de 2023. Exp- 2023-01023-01, C.P. Wilson Ramos Girón.
12 Ibídem.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06147-00
Demandante: Bibiana María Robles Cárdenas
liquidación de las prestaciones sociales ni la validez de las pruebas presentadas,
resulta improcedente. Lo anterior, porque el recurso extraordinario de revisión es el
mecanismo legal adecuado y efectivo para controvertir una posible vulneración de los
principios de congruencia y de non reformatio in pejus.
Finalmente, en lo atinente a la configuración de un presunto desconocimiento del
precedente y del principio «a trabajo igual, salario igual», por cuanto la autoridad
judicial demandada habría desconocido las pruebas relacionadas con la asignación
básica correspondiente al cargo análogo de planta, la Sala observa que este punto es
un asunto directamente relacionado con la controversia que deberá ser resuelta por
el juez del recurso extraordinario de revisión. De ahí que, resulte inviable realizar
pronunciamiento sobre dicho planteamiento.
Con fundamento en lo anterior, se declarará improcedente la acción de tutela, en tanto
la accionante tiene a su disposición el recurso extraordinario de revisión contra la
providencia cuestionada, medio de defensa judicial idóneo y eficaz, que no puede ser
sustituido con el ejercicio de este medio de protección constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte actora.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Aclara voto
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.