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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01031-00

Fecha
20 de abril de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01031-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho de acceso a la administración de justicia del señor Michael David Garzón Santander, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Ordenar al presidente del Tribunal Administrativo de Nariño que, en el término de 48 horas, siguientes a la notificación de esta providencia, adelante todas las gestiones necesarias para que cumpla el auto del 22 de enero de 2020 que ordenó designar un juez ad hoc para que asuma el conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 52001233300020190065900 interpuesta por el señor Garzón Santander. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01031-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

20 de abril de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01031-00
Demandante: Michael David Garzón Santander

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01031-00
Demandante: MICHAEL DAVID GARZÓN SANTANDER
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO NARIÑO

Tema: Mora judicial injustificada

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Michael David Garzón Santander
contra el Tribunal Administrativo Nariño.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 27 de febrero de 20231, en ejercicio de la acción de tutela, Michael David
Garzón Santander pidió la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, petición y de acceso a la
información que estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo Nariño. En
consecuencia, el demandante formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:

5.1.- PRINCIPALES

PRIMERA. Tutelar los Derechos Fundamentales al debido proceso, la igualdad, el acceso a la
administración de justicia, y los que su señoría encuentre pertinentes vulnerados por el
Presidencia del Tribunal Administrativo de Nariño.

SEGUNDO. Subsecuentes de lo anterior se determine dentro de las cuarenta y ochos horas
siguientes a la providencia que decida de fondo el control de legalidad de las actuaciones de la
entidad accionada y en lo pertinente se solicita respetuosamente el apego al debido proceso y
ordene a la Presidencia del Tribunal Administrativo de Nariño que realice el sorteo
correspondiente para que el presente asunto pase a conocimiento de Conjuez Ad – Hoc.

5.2 SUBSIDIARIAS

TERCERO. Condénese a la accionada en costas procesales y demás gastos que demande la
presente ACCIÓN DE TUTELA.

2. Hechos

Del expediente la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. El 22 de noviembre de 2019, el señor Michael David Garzón Santander interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, con el fin de obtener la nulidad
del acto administrativo que negó el reconocimiento de la bonificación judicial como
factor salarial.

1Ver índice 1 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01031-00
Demandante: Michael David Garzón Santander

2.2. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Mocoa bajo el radicado 2019-00330 y ese despacho con auto del 5 de diciembre de
2019 se declaró impedido para conocer del asunto conforme al numeral 1º del artículo
1412 del C.G.P., en consecuencia, envió el expediente al Tribunal Administrativo de
Nariño.

2.3. El 22 de enero de 2020 y bajo el radicado 52001233300020190065900, el
Tribunal Administrativo de Nariño aceptó el impedimento manifestado por el juez
Primero Administrativo de Mocoa.

2.4. El 19 de febrero de 2020, el expediente fue remitido a la presidencia del Tribunal
Administrativo de Nariño para que designara el correspondiente juez ad-hoc.

2.5. El 16 de julio de 2021, el demandante pidió al Tribunal Administrativo de Nariño
que realizara designación de conjuez en aras de darle continuidad al proceso.

2.6 Mediante correo electrónico del 21 de julio de 2021, la presidencia del tribunal
demandado informó al demandante que no había designado juez ad-hoc dado el
volumen de casos que generaron una sobrecarga laboral de los conjueces.

2.6.1. Que, además, con ocasión de la expedición del Acuerdo 11764 del 11 de marzo
de 2021 fue creado un juzgado administrativo en Cali para que conociera de los
procesos que se encontraban en los circuitos de Buenaventura, Buga, Cartago, Pasto,
Popayán y Cali. Que, posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura expidió́ los
acuerdos Nos. CSJVAA21-28 del 6 de abril del 2021 y CSJVAA21-56 del 1º de julio del
2021 en los que precisó que el Juzgado Administrativo Transitorio, resolvería, en primer
lugar, los procesos de la sede del circuito de Cali y, luego, de los procesos de los
juzgados correspondientes a los demás circuitos administrativos, razón por lo que se
encontraba a la espera de que el Juzgado Administrativo Transitorio de Cali requiriera
los expedientes para adelantar el estudio.

2.7 El 27 de mayo de 2022, el señor Garzón Santander, nuevamente, pidió que se
realizara designación de conjuez o juez ad-hoc de la lista vigente para esos cargos.

2.8 Mediante correos electrónicos del 27 y 31 de mayo de 2022, el tribunal demandado
informó al señor Michael David Garzón Santander de la imposibilidad de designar juez
ad-hoc, por cuanto el proceso estaba listo para ser enviado al juzgado de conocimiento
de Cali y que sería el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño quien indicaría
cuáles serían los procesos a enviar.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. El demandante alegó que la autoridad judicial demandada vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad, el debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, por cuanto, desde enero de 2020, el Tribunal Administrativo de Nariño aceptó
el impedimento manifestado por el juez Primero Administrativo de Mocoa, en febrero
del mismo año fue remitido a la presidencia de esa Corporación para que designara
juez ad hoc sin que, a la fecha de presentación de la tutela, eso hubiera ocurrido.

4. Trámite
4.1. Por auto del 6 de marzo de 2023, el Despacho Sustanciador admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandado, al presidente del Tribunal
Administrativo Nariño.

2 Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.

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4.2. La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones
ordenadas en el auto admisorio, mediante correos electrónicos del 8 de marzo de
20233.

5. Intervenciones

5.1. El secretario del Tribunal Administrativo de Nariño pidió que se denegara el
amparo solicitado. Expuso que el Consejo Superior de la Judicatura dictó el Acuerdo
No. PCSJA23-12034 del 17 de enero 17 de 2023 por medio del cual dispuso la creación
del Juzgado 401 Transitorio de Cali “para el conocimiento de los asuntos relacionados con
prestaciones de los empleados pertenecientes a la rama judicial y regímenes similares, y
dispuso la remisión de los Procesos de los Circuitos Judiciales de Pasto y Mocoa a dicho
despacho judicial a partir del 2 de febrero”. Que, por lo tanto, el 8 de febrero de 2023, envió
71 procesos de los circuitos de Mocoa y Pasto al Juzgado transitorio de Cali, entre los
cuales se encuentra el proceso del demandante.

5.2. Además, señaló que, por los mismos hechos, el accionante había presentado
otra tutela que se tramitó bajo el Radicado 11001031500020220671000 ante el Consejo
de Estado de la Sección Segunda, Subsección B.

5.3. El presidente del Tribunal Administrativo de Nariño, vinculado como
demandado en el auto que admitió la demanda de tutela, no se pronunció, pese a que
fue debidamente notificado.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela

1.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

1.2. La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.

2. Planteamiento y solución del problema jurídico

2.1. Previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala estima necesario
verificar si la solicitud de amparo interpuesta por el señor Michael David Garzón
Santander resulta temeraria. De superarse lo anterior, en los términos de la demanda
de tutela, la Sala debe decidir si el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en mora
judicial al no haber designado el correspondiente juez ad-hoc para que conozca de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por el demandante.

Sobre la temeridad en la acción de tutela

2.2. En el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se concreta en la
indebida utilización de este mecanismo de protección. Hay temeridad cuando existe (i)
identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en

3 Ver índice 7 de Samai.

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cuanto la otra acción de tutela se presenta por la misma persona o su representante;
(iii) identidad del sujeto demandado, y (iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción. Así lo establecen el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 5 y la jurisprudencia
de la Corte Constitucional6, que a la letra dice:

(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo
demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural,
ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica
a través de cualquiera de sus representantes legales. (ii) La identidad de causa petendi, o lo que
es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos
hechos que le sirvan de causa. (iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen
la satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho
fundamental. (iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en
concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez
constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso
tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el
ejercicio del derecho de acción.

2.2.1. La figura de la temeridad censura la intención fraudulenta de la persona que
ejerce injustificadamente la misma tutela ante varios jueces. El fundamento de la norma
que sanciona la temeridad se encuentra en los artículos 83 y 95 de la Constitución
Política, que, por una parte, obligan a los particulares y a las autoridades a actuar con
base en el principio de buena fe, y, por otra, imponen el deber de «respetar los
derechos ajenos y no abusar de los propios y colaborar en el buen funcionamiento de
la administración de la justicia». Según la Corte Constitucional, la temeridad, en
últimas, «busca que en el curso de una acción de tutela quienes intervengan como
demandantes lo hagan con pulcritud y transparencia, resultando descalificada
cualquier intención de engaño hacia la autoridad pública»7.

2.2.2. En el caso concreto, se encuentra que, en efecto, en la demanda de tutela con
radicado 11001031500020220671000 se expuso una situación fáctica similar a la que
aquí se propone, pues el objeto de la demanda giraba en torno a la presunta mora
judicial existente en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por
Michael David Garzón Santander y también se pretendía la designación de un juez ad-
hoc.

2.2.3. Sin embargo, esa acción de tutela fue promovida por el abogado Christian David
Flórez Obceno, quien no aportó poder que lo habilitara para actuar en representación
de Michael David Garzón Santander. Justamente por lo anterior, en la sentencia del 1º
de febrero de 2023 dictada en la acción de tutela iniciada por el abogado, fue declarada
la falta de legitimación por activa y esa decisión no fue impugnada por las partes.

2.3.4. En consecuencia, no está acreditada la identidad de partes y, por lo tanto, no se
configura la actuación temeraria por parte del demandante.

De la mora judicial en el caso concreto

2.3. La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos
legales por parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan
los siguientes presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para
adelantar la actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique
la demora, y (iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión
sistemática de los deberes por parte del juez4.

2.4. El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o
corporación judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial
genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas
4 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de

2018 y T-441 de 2020.

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imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces
cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se
presentan condiciones estructurales, como la excesiva carga laboral, la falta de una
infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios
judiciales adopten decisiones oportunas.

2.5. Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de
conexidad necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación
injustificada, a tal punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer
si se configuró o no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la
administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el
agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos
y, por ende, la mora judicial solo estará justificada cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una
diligencia razonable del juez que los atiende,

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras
circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se
comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.

2.6. En el caso concreto, la Sala verificó el expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho enviado por el tribunal demandado y encontró que la
demanda fue presentada el 22 de noviembre de 2019. El objeto de esa demanda era el
reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial.

2.6.1. El conocimiento inicial del asunto correspondió al Juzgado Primero Administrativo
de Mocoa bajo el radicado 86001333100120190033000, pero el 5 de diciembre de 2019
el juez manifestó impedimento por tener interés directo o indirecto en el proceso, y, de
hecho, estimó que los demás jueces del circuito de Mocoa también se encontraban
impedidos y, por lo tanto, en aplicación del artículo 131, numeral 2, del CPACA ordenó
la remisión directamente al Tribunal Administrativo de Nariño.

2.6.2. Mediante Oficio No. JUACM-767 del 9 de diciembre de 2019, el proceso fue
enviado a la oficina de reparto del Tribunal Administrativo de Nariño. Y el 16 de
diciembre de 2019 le fue asignado el radicado 52001233300020190065900.

2.6.3. Mediante providencia del 22 de enero de 2020, la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Nariño declararó fundado el impedimento del Juez Primero
Administrativo de Mocoa y que comprende a todos los jueces de ese circuito judicial.
Además, ordenó al presidente de ese mismo tribunal que designara un juez ad-hoc para
el conocimiento del asunto.

2.6.4. El 19 de febrero de esa anualidad, el proceso pasó a la presidencia del Tribunal
Administrativo de Nariño. Y de la información reportada en el sistema de consulta de
procesos de la Rama Judicial para el proceso 52001233300020190065900 la Sala
encontró que no se ha registrado ninguna actuación diferente al paso a la presidencia
y la digitalización del expediente, así consta5:

5 Consulta realizada por el Despacho Sustanciador el 13 de abril de 2023

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2.7. A partir del anterior recuento, la Sala concluye que desde la presentación de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho hasta la fecha en que radicó la
acción de tutela, han pasado 3 años, 3 meses y 3 días, sin que el actor tenga certeza
sobre el juez que asumirá el conocimiento de la demanda.

2.7.1. Si bien en providencia del 22 de enero de 2020 fue aceptado el impedimento que
manifestó el juez primero administrativo de Mocoa y se ordenó al presidente del
Tribunal Administrativo de Nariño que designara un juez d-hoc para el conocimiento del
asunto, lo cierto es que esa orden no se ha cumplido. Como se vio, desde el 19 de
febrero de 2020 el proceso se encuentra en la presidencia de esa Corporación y no se
registra ninguna otra actuación.

2.7.2. La Sala no desconoce que el tribunal demandado alegó que por disposición del
Acuerdo No. PCSJA23-12034 del 17 de enero 17 de 2023 fue creado el Juzgado 401
transitorio del circuito de Cali “para el conocimiento de los asuntos relacionados con
prestaciones de los empleados pertenecientes a la rama judicial y regímenes similares, y
dispuso la remisión de los Procesos de los Circuitos Judiciales de Pasto y Mocoa a dicho
despacho judicial a partir del 2 de febrero”.

2.7.3. Tampoco se desconoce que, el 8 de febrero de 2023, remitió 71 procesos al
Juzgado Transitorio Administrativo de Cali. Sin embargo, no existe certeza sobre cuáles
fueron los procesos enviados por el tribunal a la oficina de apoyo para los juzgados
administrativos de Cali, toda vez que no fue aportada la lista en la que se relacionan los
expedientes remitidos y, por lo tanto, no se puede tener por probado el envío del
proceso del demandante. En efecto, para probar la afirmación sobre el envío del
proceso, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño se limitó a aportar copia
del correo electrónico sobre el envío de procesos, así:

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2.7.4. Es más, como se vio, de la información registrada en Samai para el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 52001233300020190065900 se
advierte que el expediente continúa en la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Nariño y la última actuación registrada es la digitalización del expediente.

2.8. Conforme con lo anterior, la Sala encuentra probada la mora judicial, por cuanto
desde el 22 de enero de 2020 fue ordenado al presidente del Tribunal Administrativo
de Nariño que designara un juez ad-hoc que se encargara del conocimiento de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por Michael David Garzón
Santander, y dicha orden no ha sido cumplida. A la fecha, el proceso continúa sin un
juez designado para conocer del asunto.

2.9. Esa mora judicial afecta de manera directa el derecho de acceso a la administración
de justicia del demandante. En efecto, el artículo 229 de la Constitución Política
garantiza el derecho de acceso a la administración de justicia. Este derecho involucra
tres garantías fundamentales: el acceso efectivo a la justicia, el derecho a obtener una
resolución de fondo y el derecho a la ejecución material del fallo. En cuanto a la primera
garantía, que es lo que aquí interesa, el acceso a la justicia tiene que ver con la
posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección de
los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Se trata de la garantía más
importante, por cuanto constituye un presupuesto indispensable para materializar los
demás derechos fundamentales.

2.9.1. En palabras de la Corte Constitucional, esta garantía (la de acceso efectivo a la
justicia) «comprende: (i) el derecho de acción; (ii) a contar con procedimientos idóneos
y efectivos para la determinación legal de derechos y obligaciones6; y (iii) a que la oferta
de justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional7»8.

6 Cita original de la sentencia: «Corte Constitucional, Sentencias T-597de 1992; SU-067de 1993; T-451/93; T-268/96,

entre otras».
7 Cita original de la sentencia: «Ver por ejemplo la sentencia C-157/98, en la cual la Corte encontró que no se

vulneraba el derecho a acceder a la justicia al exigir que la interposición de la acción de cumplimiento se hiciera ante
los Tribunales Administrativos, pues la ley establecía un mecanismo para facilitar el acceso en aquellos sitios donde
no hubiera Tribunales. Dijo entonces la Corte: “No se vulnera el derecho de acceso a la justicia con la asignación de
la competencia en los Tribunales Contencioso Administrativos, porque aquél se garantiza en la medida en que las
personas no tienen que acudir directa y personalmente ante los respectivos tribunales a ejercer su derecho a incoar
la acción de cumplimiento, porque pueden remitir, previa autenticación ante juez o notario del lugar de su residencia,
la respectiva demanda, según las reglas previstas para la presentación de la demanda en el Código Contencioso
Administrativo, cuando el demandante no resida en la sede del Tribunal.”»
8 Sentencia T-799 de 2011.

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2.10. En el caso concreto, la mora judicial consistente en la falta de designación de un
juez para que conozca de la demanda presentada por el señor Garzón Santander ha
afectado el derecho de acceso a la administración de justicia, pues esa situación ha
impedido que el demandante tenga certeza de qué juez va a asumir el conocimiento de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que radicó el 22 de noviembre
de 2019, al tiempo que ha impedido el debido trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

2.10.1. Ahora, la Sala no pasa por alto que el Consejo Superior de la Judicatura,
mediante Acuerdo No. PCSJA23-12034 del 17 de 2023, creó el Juzgado Administrativo
Transitorio de Cali, con vigencia hasta el 30 de abril de 20239. En el parágrafo primero
del artículo tercero del Acuerdo, se indicó que estos juzgados debían conocer de los
procesos que estaban en trámite con ocasión de las reclamaciones salariales y
prestacionales contra la Rama Judicial y entidades con régimen similar, cuyo
conocimiento correspondió a los despachos transitorios que operaron en el año 2022 y
de los demás procesos que, conforme a este criterio temático, recibieran por reparto.

2.10.2. No obstante, la Sala ha considerado10 que la creación de ese juzgado transitorio
no resulta suficiente para garantizar el derecho de acceso a la administración de
justicia, en razón a la temporalidad con la que fue creado. Además, como expuso la
Sala en otra oportunidad, la carga laboral de ese juzgado transitorio impide que evacúe
todos los asuntos pendientes. En lo pertinente la Sala explico:

(i) En el informe que rindió el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño da cuenta de que,
en el mes de agosto de 2022 la juez transitoria de Cali tenía a cargo 891 expedientes activos y
172 “en trámite posterior”, razón por la cual no le fue posible solicitar los procesos provenientes
de los circuitos administrativos de Pasto y Popayán.
Considerando que, el artículo 5° del Acuerdo PCSJA22-11918 estableció que la meta de los
juzgados administrativos transitorios era proferir 30 fallos y 150 autos al mes, es razonable
concluir que al momento en que se acabó la medida (30 de noviembre de 2022), aún se mantenía
un número considerable de expedientes sin finalizar.
Los antecedentes de la acción de tutela dan cuenta de que el lapso que duró la medida el año
pasado (febrero a noviembre de 2022), no fue suficiente para que la juez Transitoria de Cali llevará
a término los expedientes priorizados de los circuitos de Buenaventura, Cartago, Buga y Cali.
(ii) Aunque el nuevo Acuerdo PCSJA23-12034 no establece la prelación en razón al territorio
para el conocimiento de los asuntos a cargo del Juez Transitorio de Cali, lo cierto es que, el
elevado número de procesos pendientes por resolver y el hecho de que el año pasado no se
solicitaron los expedientes de los circuitos de Pasto y Popayán, da cuenta de que el despacho
temporal tiene una alta carga que difícilmente será evacuada en el término de duración de la
medida (febrero a abril de 2023).

2.11. En conclusión, la Sala estima que la presidencia del Tribunal Administrativo de
Nariño incurrió en mora judicial y afectó el derecho de acceso a la administración de
justicia del señor Michael David Garzón Santander. En consecuencia, resulta
procedente amparar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
y ordenar al presidente del Tribunal Administrativo de Nariño que adelante todas las
gestiones necesarias para que, en el término de 48 horas, contado a partir de la
notificación de esta providencia, cumpla el auto del 22 de enero de 2020 que ordenó
designar un juez ad hoc para que asuma el conocimiento de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por el señor Garzón Santander.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

9 Mediante Acuerdo PCSJA23-12055 del 31 de marzo de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura volvió a crear

despachos y cargos transitorios en tribunales y juzgados a nivel nacional.
10 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 9 de marzo de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2022-05622-00.

C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01031-00
Demandante: Michael David Garzón Santander

FALLA

1. Amparar el derecho de acceso a la administración de justicia del señor Michael
David Garzón Santander, de conformidad con las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

2. Ordenar al presidente del Tribunal Administrativo de Nariño que, en el término de
48 horas, siguientes a la notificación de esta providencia, adelante todas las
gestiones necesarias para que cumpla el auto del 22 de enero de 2020 que ordenó
designar un juez ad hoc para que asuma el conocimiento de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 52001233300020190065900
interpuesta por el señor Garzón Santander.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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www.consejodeestado.gov.co
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