Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01803-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01803-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01803-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01803-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
15 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01803-00
Demandante: Alicia del Carmen Barrera Eraso
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-01803-00
Demandante ALICIA DEL CARMEN BARRERA ERASO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, PRESIDENCIA
Temas Mora en la designación de juez competente e imparcial. Derecho de
acceso a la administración de justicia. Designación de juez ad hoc en
casos de bonificación judicial.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora Alicia del Carmen Barrera Eraso de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 26 de marzo de 20251, la señora Alicia del Carmen Barrera Eraso, mediante
apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la Presidencia del Tribunal
Administrativo de Nariño al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, por la tardanza en la
designación del juez ad hoc para conocer la demanda de nulidad y restablecimiento
que ella interpuso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Se ordene a la Presidencia del Tribunal Administrativo de Nariño que proceda
a realizar el trámite pertinente para la designación de Juez – ad hoc dentro del asunto objeto
de esta acción constitucional.
SEGUNDO: Se exhorte a la Presidencia del Tribunal Administrativo de Nariño, para que en
lo sucesivo se abstenga de dilatar de manera injustificada el trámite pertinente de
designación de Conjuez o Juez – Ad Hoc.»
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 7 de septiembre de 2023, la señora Alicia del Carmen Barrera Eraso
promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación,
Rama Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial para que se le
reconozca la bonificación judicial a la que tiene derecho como factor salarial,
dada su calidad de empleada de la Rama Judicial.
Este proceso fue radicado bajo el número 52001-33-33-006-2023-00215-00 y su
conocimiento correspondió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Pasto.
1
Índice 2 en Samai. Dentro de este índice obran siete archivos “sin efectos”, de ahí que la acción de tutela se estudia a
partir de los documentos que se encuentran vigentes.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01803-00
Demandante: Alicia del Carmen Barrera Eraso
2.2. Mediante auto del 16 de abril de 2024, la jueza Sexta Administrativa del
Circuito de Pasto manifestó impedimento conjunto para conocer del asunto y
ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Nariño.
En esta última corporación se le asignó la radicación número 52001-23-33-000-
2024-00112-00 al proceso.
2.3. En auto del 26 de abril de 2024, el tribunal aceptó el impedimento y dispuso la
remisión del expediente al Juzgado Transitorio Administrativo de Cali, de
conformidad con el Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura o al despacho judicial que
tuviera competencia para conocer del caso según el Acuerdo que se
encontrara vigente.
Como medida subsidiaria, ordenó remitir el expediente a la Presidencia del
Tribunal Administrativo de Nariño para que se realizara la designación de juez
ad hoc.
2.4. El Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024 creó el Juzgado
Transitorio Administrativo de Cali, a partir del 5 de febrero y hasta el 13 de
diciembre de 2024, para atender este tipo de procesos provenientes de los
circuitos de Buenaventura, Buga, Cartago, Cali, Pasto y Popayán.
2.5. Posteriormente, el Acuerdo CSJVAC24-32 del 7 de mayo de 2024 del Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca indicó que solo se recibirían
asuntos en los despachos transitorios hasta el 10 de mayo de 2024, por lo que
los procesos que no fueran remitidos en oportunidad debían ser atendidos por
los conjueces adscritos a los diferentes Distritos Judiciales.
2.6. El 25 de junio de 2024, se realizó la anotación de cambio de ponente en el
historial de actuaciones de ese proceso judicial, así: «Ponente nuevo: CONJUEZ
JUEZ AD HOC»
2.7. Mediante el Acuerdo PCSJA25-12255 del 24 de enero de 2025, el Consejo
Superior de la Judicatura adoptó medidas transitorias para tribunales y
juzgados administrativos con el fin de avanzar en la atención de procesos
relacionados con reclamaciones salariales y prestacionales contra la Rama
Judicial y entidades con régimen salarial similar.
En cumplimiento de dicha medida, a finales de febrero y principios de marzo
de 2025, el Tribunal Administrativo de Nariño remitió al Juzgado Transitorio
Administrativo del Circuito de Cali varios procesos autorizados para continuar
su trámite judicial.
No obstante, el 17 de marzo de 2025 el Tribunal informó al actor que solo se
han remitido a Cali los procesos radicados hasta 2023, por lo cual el proceso
en el que figura como demandante la señora Alicia del Carmen Barrera Eraso
aún no ha sido enviado.
2.8. La accionante afirma que a la fecha de radicación de esta acción constitucional
no se ha tomado decisión alguna en el trámite de los impedimentos planteados
en el proceso nro. 52001-23-33-000-2024-00112-00.
3. Fundamentos de la acción
En el escrito de tutela la señora Alicia del Carmen Barrera Eraso alegó la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, porque desde el mes de junio de 2024, el proceso nro.
52001-23-33-000-2024-00112-00 ha permanecido detenido a la espera de la
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01803-00
Demandante: Alicia del Carmen Barrera Eraso
designación de juez ad hoc. Recordó que esta actuación corresponde a la
Presidencia del Tribunal Administrativo de Nariño, conforme a lo dispuesto en el
auto del 26 de abril de 2024.
La parte actora recordó que la mora judicial injustificada vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia cuando
las autoridades judiciales incumplen los plazos sin una justificación razonable.
Señaló que en las sentencias T-186 de 2017, T-799 de 2011 y T-230 de 2013, la
Corte Constitucional indicó que el acceso a la administración de justicia no solo
implica la posibilidad de acudir a los jueces, sino también a obtener decisiones
oportunas, por lo que cuando hay dilaciones injustificadas, procede la acción de
tutela.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto del 31 de marzo de 20252, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela interpuesta por la señora Alicia del Carmen Barrera Eraso
contra la Presidencia del Tribunal Administrativo de Nariño. Además, vinculó
en calidad de tercero con interés, al Juzgado Sexto Administrativo de Pasto, a
quien correspondió inicialmente el conocimiento del proceso Nro. 52001-33-
33-000 2024-0112-00.
Por último, se requirió al Tribunal Administrativo de Nariño para que informe el
trámite que se ha dado al proceso ordinario sub examine y a las peticiones que
interpuso la accionante para procurar su impulso.
4.2. La presidenta del Tribunal Administrativo de Nariño hizo un recuento del
trámite que ha surtido el proceso de nulidad y restablecimiento nro. 52001-23-
33-000-2024-00112-00. Destacó como antecedentes relevantes que,
mediante Circular CSJVAC24-30 del 15 de abril de 2024 la Presidencia del
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, suspendió la remisión
de procesos al Juzgado 404 Transitorio Administrativo de Cali, atendiendo a
la sobre carga laboral y explicó que por ello no fue posible remitir más procesos
en ese año. A ese respecto, precisó que el proceso sub examine fue enviado
a la Secretaría luego de la adopción de esa medida de suspensión del reparto.
Agregó que, si bien el Acuerdo PCSJA25-12255 de 24 de enero de 2025 creó
el Juzgado Administrativo Transitorio de Cali, con vigencia del 3 de febrero al
12 de diciembre de 2025 y competencia para conocer, entre otros, los
procesos del circuito de Pasto, también estableció una regla para el reparto de
ciertos asuntos. En efecto, dispuso que la remisión de procesos relacionados
con reclamaciones salariales de la Rama Judicial debía coordinarse entre las
direcciones seccionales de la judicatura y las secretarías de los tribunales
administrativos correspondientes.
En virtud de lo anterior, precisó que no es autónoma para remitir los procesos
pendientes de reparto al mencionado juzgado, sino que depende de la
necesaria coordinación con las Direcciones y Consejos Seccionales de la
Judicatura.
En ese contexto, el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle
del Cauca profirió la Circular CSJVAC25-19 de 21 de febrero de 2025 en la
que aprobó la remisión de 48 expedientes del Circuito Judicial de Pasto y
señaló que en el mes de junio se analizaría la posibilidad de remisión de
nuevos expedientes para el conocimiento de dicho despacho transitorio.
2
Samai, índice 4.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01803-00
Demandante: Alicia del Carmen Barrera Eraso
La presidente informó que esos procesos fueron remitidos en los meses de
febrero y marzo del año en curso y se priorizó a aquellos con vigencia del año
2023 y anteriores.
También señaló que los procesos originados en impedimentos radicados en el
Tribunal Administrativo de Nariño durante la vigencia 2024 y con posterioridad
a esta, serán remitidos al Juzgado Administrativo Transitorio de Cali en orden
cronológico y conforme con la coordinación que se realice con los Consejos
Seccionales de la Judicatura del Valle del Cauca y Nariño. Agregó que
actualmente existen 58 asuntos pendientes de remisión al mencionado
juzgado y que el expediente que se analiza está en el turno 14. Por tanto, una
vez el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca lo permita, el
expediente será enviado al Juzgado Transitorio Administrativo de Cali
atendiendo el orden cronológico explicado.
De acuerdo con lo anterior, solicitó que se vinculara a esta acción de tutela a
los Consejos Seccionales del Valle del Cauca y de Nariño.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Cuestión previa: de la vinculación de los Consejos Seccionales de la
Judicatura de Valle del Cauca y Nariño
La Sala no estima necesario realizar la vinculación de los Consejos Seccionales de
la Judicatura del Valle del Cauca y Nariño al caso particular, tal como lo solicitó la
presidenta del Tribunal Administrativo de Nariño, porque lo que discute la
accionante es la mora de la Presidencia del Tribunal Administrativo de Nariño en la
designación de un juez ad hoc para que asuma el conocimiento de la demanda
instaurada por la actora, conforme lo estableció esa misma corporación en el
numeral tercero del auto del 26 de abril de 2024.
Así las cosas, no se evidencia legitimación en la causa por pasiva de estas
entidades para satisfacer las pretensiones de la tutela ni en ella se les atribuye
vulneración alguna de los derechos fundamentales de la parte actora, por acción u
omisión.
Ahora, no se desconoce que el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca ha tenido un rol importante en la asignación del reparto proveniente del
circuito de Pasto en asuntos que correspondería conocer al Juzgado Transitorio de
Cali; sin embargo, la información sobre las medidas adoptadas sobre ese respecto
ya reposa en el expediente con las Circulares CSJVAC24-30 del 15 de abril de 2024
y CSJVAC25-19 del 21 de febrero de 2025, por lo que no es necesario vincularla
para que traiga al proceso información que ya reposa en él.
3
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01803-00
Demandante: Alicia del Carmen Barrera Eraso
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes y pretensiones de la acción de tutela, corresponde
a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en mora judicial
y, por lo tanto, en vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia de la señora Alicia del Carmen Barrera
Eraso, al omitir designar juez ad-hoc para que asuma el conocimiento del proceso
ordinario nro. 52001-33-33-000-2024-0112-00.
4. Alcance de la mora judicial
Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconocido que aquel que interpone una
acción judicial o algún recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a que se
le resuelva dentro de los términos establecidos en la ley. Sin embargo, se ha
insistido que, dadas las condiciones estructurales que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a
negligencia4.
La realidad es que en la mayoría de los casos en los que existe dilación en el
proceso, la demora obedece a circunstancias ajenas al juez, relacionadas con la
congestión judicial. Circunstancia que no puede ser atribuible a los funcionarios
judiciales. De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado
y la Corte Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que se
incumplen los términos judiciales no obedece al actuar de los funcionarios, sino a
las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial.
En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del proceso
comprueba que el juez u órgano judicial excedió desproporcionadamente el plazo
razonable para pronunciarse sobre el asunto, sin que exista motivación para
justificar la demora.
Para determinar si se ha excedido dicho plazo, la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos5 ha indicado que se debe verificar: (i) la
complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de
la autoridad competente; y (iv) el análisis global del procedimiento.
5. La tardanza en la asignación de un juez que dé trámite la demanda
incoada por la señora Barrera Eraso afecta sus derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia
5.1. El Acuerdo Nro. 209 de 19976 del Consejo Superior de la Judicatura, por medio
del cual se establecen las reglas generales para el funcionamiento de los
Tribunales Administrativos, en su artículo 5° literales g) y h) dispuso que,
corresponde a la Sala plena de esas Corporaciones formar y elaborar las listas
de conjueces y designarlos en los casos de impedimento o recusación del juez
administrativo.
El artículo 5° del Acuerdo 209 de 1997, fue adicionado a través del artículo 1°
del Acuerdo PSAA12-9482, así:
«PARÁGRAFO: Para el nombramiento de Jueces Ad-hoc en los casos de
impedimento conforme con el literal h) del presente artículo, se acudirá a la lista de
conjueces existente en el respectivo Tribunal Administrativo».
4
Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R. Radicado:
11001-03-15-000-2014-01444-00.
5
CORIDH. Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009, párrafo
112; Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011, párrafo
273; Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011, párrafo
189.
6
«Por el cual se establecen las reglas generales para el funcionamiento de los tribunales administrativos»
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01803-00
Demandante: Alicia del Carmen Barrera Eraso
De otra parte, el artículo 30 del Acuerdo 209 de 1997, modificado por el artículo
2° del Acuerdo PSAA12-94827, dispuso que, corresponde a la sala plena de
los Tribunales Administrativos conformar la lista de conjueces en el mes de
diciembre de cada año. Precisó que el número de conjueces de la lista
atenderá a una relación de 6 conjueces por cada magistrado que integre la
Corporación.
5.2. Descendiendo al caso concreto, se tiene que, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho sub examine, se surtieron las siguientes
actuaciones relevantes:
(i) El 7 de septiembre de 20238, Alicia del Carmen Barrera Erazo interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho pretendiendo el
reconocimiento de bonificación judicial como factor judicial dada su
calidad de empleada de la Rama Judicial.
Al proceso se le asignó la radicación nro. 52001-33-33-006-2023-002150-
00.
(ii) Mediante auto del 16 de abril de 20249, la jueza Sexta Administrativa del
Circuito Judicial de Pasto manifestó su impedimento para tramitar el
proceso, en virtud de la causal 1° del artículo 141 del Código General del
Proceso (CGP). Además, extendió el impedimento a todos los jueces
administrativos del circuito judicial de Pasto.
Establecido lo anterior, remitió el expediente al Tribunal Administrativo de
Nariño para lo de su competencia.
(iii) En el Tribunal Administrativo de Nariño se le asignó al proceso la
radicación nro. 52001-23-33-000-2024-00112-00.
En auto del 26 de abril de 202410 (notificado el 12 de junio de ese año), la
citada corporación, con ponencia del magistrado Paulo León España,
aceptó el impedimento manifestado.
En la parte resolutiva del proveído se dispuso:
«PRIMERO: ACEPTAR el impedimento en que incurren los señores Jueces
Administrativos del Circuito de Pasto.
SEGUNDO: Ejecutoriado el auto, por Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño y
en razón de lo previsto por el art. 3 del el Acuerdo PCSJA24-12140, del 30 de enero de
2024, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, remítase el asunto a la
Juzgado Transitorio Administrativo de Cali (o al que tenga competencia para conocer
del presente asunto según el Acuerdo que se encuentre vigente) para lo de su
competencia.
TERCERO: De ser el caso y de manera subsidiaria se remitirá el asunto a la Presidencia
del H. Tribunal Administrativo de Nariño, para que se designe juez ad hoc o conjuez,
según corresponda, para el conocimiento del asunto, en los términos previstos en el art.
131 de la Ley 1437 de 2011 y art. 141 de la Ley 1564 de 2012.»
(iv) En el índice 6 del histórico de actuaciones de Samai se registró actuación
del 25 de junio de 2024, en la cual se indicó la terminación del incidente
de impedimento y cambio de ponente a «CONJUEZ AD HOC».
Así consta en Samai:
7
«Por el cual se adiciona el artículo 5° y se modifica el artículo 30 del Acuerdo 209 de 1997, en lo relacionado con la lista
de conjueces de los Tribunales Administrativos»
8
Samai para Juzgados Administrativos, proceso nro. 52001-33-33-006-2023-00215-00, índice 1.
9
Samai para Juzgados Administrativos, índice 5.
10
Samai para Tribunales Administrativos, proceso nro. 52001-23-33-000-2024-00112-00, índice 4.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01803-00
Demandante: Alicia del Carmen Barrera Eraso
5.3. Ahora bien, según indicó la presidenta del Tribunal Administrativo de Nariño,
inicialmente no fue posible remitir el caso al Juzgado Transitorio Administrativo
de Cali, debido a que el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
suspendió la remisión de procesos a ese despacho por la alta carga laboral,
decisión adoptada mediante la Circular CSJVAC24-30 de fecha 15 de abril de
202411.
Aclaró que, en virtud de esta medida, no pudo enviarse ningún otro proceso
durante el resto del año 2024.
El Tribunal Administrativo de Nariño también informó que, mediante el Acuerdo
PCSJA25-12255 del 24 de enero de 202512, se creó el Juzgado Administrativo
Transitorio de Cali, con vigencia del 3 de febrero al 12 de diciembre de 2025,
y con competencia para conocer, entre otros, los procesos del circuito de
Pasto. Sin embargo, aclaró que dicho Acuerdo estableció que la remisión de
los asuntos relacionados con reclamaciones salariales y prestacionales contra
la Rama Judicial debía coordinarse con los Consejos Seccionales de la
Judicatura.
En cumplimiento de esta disposición, el presidente del Consejo Seccional de
la Judicatura del Valle del Cauca expidió la Circular CSJVA25-19 del 21 de
febrero de 2025, en la que informó que el Juzgado 601 Transitorio de Cali
cuenta con 1229 expedientes activos. Por ello, con el fin de asegurar una
gestión efectiva, se determinó recibir inicialmente solo 48 procesos
provenientes del circuito de Pasto.
Asimismo, anunció que en junio evaluaría la posibilidad de recibir nuevos
casos, y que los asuntos no remitidos «deberán ser atendidos por los juzgados cuyos
titulares no refieran impedimento o los señores conjueces adscritos a estos».
Finalmente, el tribunal manifestó que ya se remitieron los 48 expedientes del
circuito de Pasto con radicación de impedimentos correspondientes al año
2023 y anteriores.
También señaló que existen 58 asuntos más pendientes de remitir y que el
expediente que nos ocupa tiene el turno 14. Por tanto, una vez el Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca lo permita, el expediente será
enviado al Juzgado Transitorio, atendiendo el orden cronológico explicado.
11
«En atención al inventario total activo que presenta el Juzgado 404 Transitorio Administrativo de Cali de 1.530 expedientes
provenientes de los diferentes circuitos judiciales y acorde con la reunión sostenida el día 11.04.2024, con los presidentes
de los Consejos Seccionales de la Judicatura de Nariño y Cauca, en conjunto con los presidentes de los Tribunales
Contenciosos Administrativos de Dichos Distritos, se estableció que no es procedente aceptar la remisión de más asuntos
ante dicho despacho judicial, ya que de efectuarse esto no se propendería por la atención de los mismos durante la
vigencia de la medida.»
12
«Por el cual se adoptan unas medidas transitorias en tribunales y juzgados administrativos a nivel nacional»
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01803-00
Demandante: Alicia del Carmen Barrera Eraso
5.4. Establecido lo anterior, la Sala evidencia que desde que se presentó la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho hasta la fecha de
radicación de esta acción de tutela han transcurrido 1 año, 6 meses y 19 días,
sin que la parte actora conozca la autoridad judicial que asumirá el
conocimiento del proceso ordinario por ella incoado.
Aunque mediante auto del 26 de abril de 2024 se aceptó e impedimento
presentado por la jueza Sexta Administrativa del Circuito de Pasto y se emitió
orden principal dirigida a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño de
remitir el asunto al Juzgado Transitorio Administrativo de Cali y una orden
subsidiaria a la Presidencia de esa misma Corporación para que designe juez
ad-hoc o conjuez para que asuma el conocimiento de este caso, lo cierto es
que ninguna de ellas se ha cumplido. En el registro de actuaciones se videncia
que desde el mes de junio de 2024 el expediente se encuentra en la
Presidencia de esa Corporación sin que se registre ninguna actuación
adicional.
Tampoco se desconoce que, el Acuerdo PCSJA25-12255 del 24 de enero de
2025 creó el Juzgado Administrativo Transitorio de Cali con vigencia hasta el
12 de diciembre de 2025, pero se observa que la remisión de expedientes
sobre el asunto del que trata el proceso de la actora es limitada, de manera
que en el primer semestre solo se aceptaron 48 de expedientes provenientes
circuito de Pasto. Esta remisión no comprendió el proceso de la señora Barrera
Eraso.
Si bien es cierto, la Circular CSJVAC25-19 consagró la posibilidad de que en
el mes de junio de 2025 se aceptaran nuevos expedientes, lo cierto es que tal
posibilidad dependería del análisis de la Dirección Ejecutiva Seccional en
relación con la carga del despacho transitorio, de manera que no es posible
asegurar que en el mes de junio el expediente de la señora Barrera Eraso será
asignado al conocimiento del Juzgado 601 Transitorio de Cali.
En todo caso, conviene destacar que en la mencionada Circular también se
advirtió que «los procesos que no sean objeto de remisión, deberán ser atendidos por
los juzgados cuyos titulares no refieran impedimento o los señores conjueces adscritos a
estos.»
De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra acreditada la mora judicial, pues
desde el mes de junio de 2024 el expediente se encuentra en la Presidencia
del Tribunal Administrativo de Nariño sin que se registre ninguna actuación
adicional, pese a que esa Corporación mediante auto del auto del 26 de abril
de 2024 (notificado el 12 de junio de 2024) ordenó la remisión del expediente al
Juzgado Transitorio de Cali o, de manera subsidiaria, la designación de juez
ad-hoc que sumiera el conocimiento de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho sub examine, pero dichas órdenes no han sido
acatadas.
Aunque en el memorial de respuesta a la acción de tutela aparece justificada
la omisión en el cumplimiento de la orden principal del auto del 26 de abril de
2024, dada la regla de reparto restringida bajo la que está funcionando el
Juzgado 601 Transitorio de Cali, la Presidencia del Tribunal Administrativo de
Nariño no explicó por qué no procedió con el acatamiento de la orden
subsidiaria y designó un juez ad hoc para que asuma el conocimiento del caso.
Más aún cuando, así expresamente lo permite la Circular CSJVAC25-19.
Como se ve, la designación de conjuez o juez ad hoc para asumir el
conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por la señora Alicia del Carmen Barrera Eraso está justificada en el
auto del 26 de abril de 2024 y en la Circular CSJVAC25-19, pero la Presidencia
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01803-00
Demandante: Alicia del Carmen Barrera Eraso
de la Corporación accionada no explicó por qué no ha procedido con esta
gestión en garantía de los derechos de acceso a la administración de justicia
y al debido proceso de la accionante.
Es claro que ha pasado un lapso considerable sin que se asegure el acceso
de la señora Barrera Erazo a una justicia pronta y cumplida en los términos del
artículo 229 de la Constitución Política y del alcance que a este derecho ha
dado la Corte Constitucional.
En la actualidad, la accionante no tiene certeza de cuál juez ni cuándo va a
asumir el conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que radicó desde el 7 de septiembre de 2023.
5.5. Es pertinente en este punto recordar que el derecho al acceso a la
administración de justicia garantiza que cualquier persona pueda acudir ante
los jueces de la República para procurar la protección de los derechos que
estima vulnerados13. Este acceso debe ser efectivo y real, no meramente
formal, lo que exige del Estado existencia de un andamiaje jurídico idóneo para
resolver las controversias o conflictos de manera eficiente y oportuna.
La Corte Constitucional ha indicado que este derecho comprende diferentes
facetas en, al menos, tres categorías: (i) aquellas relativas al acceso efectivo
al aparato judicial; (ii) las previstas para el desarrollo del proceso; y (iii)
finalmente, las atinentes a la decisión y cómo debe darse fin a la controversia.
En ese sentido, el acceso a la justicia no se agota en la posibilidad de presentar
la demanda, sino que incluye la garantía de obtener una decisión judicial de
fondo y el cumplimiento oportuno de la sentencia14.
La primera faceta, que es la que aquí interesa, comprende garantías como el
derecho de acción, la posibilidad de contar con procedimientos idóneos y
efectivos para la solución de controversias y a la cobertura nacional del
servicio de justicia15.
El derecho de acción supone la posibilidad de acudir ante un juez competente
e imparcial para solicitar la protección de los derechos, y exige que el servicio
de justicia sea oportuno, cumplido y eficaz, conforme al principio de
celeridad16. Por lo tanto, el acceso a la justicia no se satisface únicamente con
la presentación de una demanda, sino con la obtención de una respuesta de
fondo dentro de un plazo razonable17.
5.6. Expuesto el anterior contexto, es claro que el amplio lapso que ha transcurrido
sin que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por
la señora Barrera Eraso haya sido asignada el conocimiento de un juez de la
República para su efectiva solución, materializa un escenario de mora judicial
que afecta sus derechos al acceso a la administración de justicia y al debido
proceso18.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
13
Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
14
Corte Constitucional- Sentencia T-608 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-916 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
16
Artículo 4°de la Ley 270 de 1996, artículo 2° del CGP y artículos 3 y 103 del CPACA.
17
Corte Constitucional. Sentencia T-608 de 2019.
18
En similar sentido se pueden consultar las siguientes sentencias de tutela proferidas por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado: sentencia del 20 de abril de 2023, proceso nro. 11001-03-15-000-2023-01031-00, M.P. Wilson Ramos Girón
y sentencia del 9 de marzo de 2023, proceso nro. 11001-03-15-000-2022-05622-00. M.P. Myriam Stella Gutiérrez
Arguello.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01803-00
Demandante: Alicia del Carmen Barrera Eraso
FALLA
1. Amparar el derecho de acceso a la administración de justicia de la señora
Alicia del Carmen Barrera Eraso, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Ordenar a la presidenta del Tribunal Administrativo de Nariño que, en el
término de 48 horas, siguientes a la notificación de esta providencia, adelante
todas las gestiones necesarias para que cumpla el artículo tercero del auto del
26 de abril de 2024 que ordenó designar un juez ad hoc para que asuma el
conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado Nro. 52001-33-33-000-2024-00112-00, interpuesta por la señora Alicia
del Carmen Barrera Eraso.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.