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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01052-01

Fecha
14 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01052-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada. En su lugar, declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01052-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

14 de septiembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01052-01
Demandantes: Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia y otra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01052-01
Demandantes: PROCURADURÍA 14 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE
ARMENIA Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de simple nulidad que
denegó la nulidad del acto administrativo que concedió licencia de
construcción

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
del 9 de mayo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, que denegó la tutela1.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 27 de febrero de 2023, en ejercicio de la acción de tutela, la Procuraduría 14 Judicial
II Ambiental y Agraria de Armenia y la Procuraduría 99 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Armenia pidieron la protección del derecho fundamental al debido
proceso.

A juicio de la parte demandante, la vulneración se presenta con respecto a la sentencia
del 2 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, que, en
segunda instancia, confirmó la decisión de declarar la nulidad de la Resolución 100 del
2 de julio de 2020, por la cual el municipio de Circasia (Quindío) autorizó licencia de
urbanismo en modalidad de loteo y urbanización al señor Jaime Escobar Botero
(expediente de simple nulidad 63001-33-33-003-2020-00164-01).

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso vulnerado por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo del Quindío - TAQ, con ocasión de la expedición de la Sentencia No.
005-2023-16 del 02 de febrero de 2023 dentro del medio de control de nulidad, Expediente No.
63-001-33- 33-003-2020-00-164-01.

2. DEJAR SIN EFECTOS, con fundamento en los elementos fácticos y normativos anteriormente
referenciados, únicamente lo correspondiente al análisis y decisión relacionado con el cargo que

1 El 28 de agosto de 2023, el expediente de tutela ingresó al despacho sustanciador.

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decidió la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío - TAQ sobre el servicio
público de acueducto, realizado a partir de la valoración de los documentos aportados por el señor
Personero del Municipio de Circasia en Audiencia Pública Potestativa del Artículo 182B° de la Ley
1437 de 2011 celebrada el 23 de agosto de 2023, dentro del medio de control de nulidad,
Expediente No. 63-001-33-33-003-2020-00-164-01.

3. En consecuencia con lo anterior, ORDENAR a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío - TAQ, dentro del medio de control de nulidad, Expediente No. 63-001-
33-33-003-2020-00-164-01, proceder al debido análisis del material probatorio oportunamente
allegado dentro del proceso y expedir en el marco de las garantías constitucionales una decisión
únicamente sobre el cargo correspondiente al servicio público de acueducto para el caso del
proyecto urbanístico Ecociudad Galicia del Municipio de Circasia.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Mediante Resolución 100 del 2 de julio de 2020, el secretario de infraestructura de
Circasia concedió licencia de urbanismo a Jaime Escobar Botero, en las modalidades
de loteo y urbanización.

La Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia y la Procuraduría 99
Judicial I para Asuntos Administrativos de Armenia interpusieron demanda de simple
nulidad contra la Resolución 100 del 2 de julio de 2020, por estimar «que fue emitida
violando las normas en las que debería fundarse y de manera irregular», por lo
siguiente: (i) que no fue debidamente acreditada la capacidad o viabilidad inmediata
para proveer los servicios públicos de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, y
(ii) que no se cumplieron los porcentajes legalmente previstos para cesiones
obligatorias.

Por sentencia del 1° de marzo de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo de Armenia
declaró la nulidad de la Resolución 100 del 2 de julio de 2020, toda vez que si bien fue
cumplido el requisito de disponibilidad inmediata de capacidad para la prestación de
servicios públicos, lo cierto es que no fueron realizadas las cesiones previstas en el
Decreto 1077 de 2015 y los Acuerdos 016 de 2000 y 049 de 2009.

El municipio de Circasia, la Sociedad Promotora Río Espejo S.A.S., Jaime Escobar
Botero y la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia y la Procuraduría
99 Judicial I para Asuntos Administrativos de Armenia apelaron la decisión de primera
instancia. En lo que interesa, las procuradurías insistieron en que no está cumplido el
requisito de disponibilidad inmediata de servicios públicos de acueducto, alcantarillado
y energía eléctrica y realizaron consideraciones sobre la manera en que debe evaluarse
probatoriamente de ese requisito.

Por auto del 12 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo del Quindío convocó
audiencia pública, con la siguiente justificación: «encontrándose el proceso al despacho
para impartirle el trámite que corresponde se observa que atendiendo la naturaleza de
los intereses en discusión en el sub examine resulta pertinente, en aras de esclarecer
la controversia convocar a la realización de la audiencia pública potestativa de que trata
el artículo 182B del CPACA».

En audiencia pública potestativa del 23 de agosto de 2022, la Personería Municipal de
Circasia aportó certificación expedida por la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, que da cuenta de la existencia de la concesión de fuentes hídricas para suplir

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las necesidades asociadas a la licencia de construcción (Resoluciones 1792 de 2018 y
020 de 2019).

Mediante sentencia del 2 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Quindío
confirmó la nulidad del acto demandado, toda vez que «se encuentra viciado de nulidad
por expedición irregular y vulneración de las normas en que debía fundarse, debiéndose
declarar la prosperidad del cargo formulado por la parte demandante contra la sentencia
de primera instancia». En síntesis, el tribunal demandado consideró lo siguiente:

(i) Que no fue cumplido el requisito de disponibilidad inmediata del servicio de
alcantarillado, pues esa disponibilidad estaba condicionada a la construcción
del Colector Yeguas y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR
Yeguas.

(ii) Que sí había disponibilidad inmediata respecto del servicio de acueducto, de
conformidad con el certificado emitido por Empresas Públicas de Quindío y
la certificación aportada por la Personería Municipal de Circasia en la
audiencia pública potestativa realizada el día 23 de agosto de 2022. Que lo
anterior permite concluir que para el año 2020, cuando fue solicitada la
licencia de urbanización, el municipio de Circasia tenía capacidad para
abastecer la demanda de agua urbana y, por ende, contrario a lo manifestado
por la parte demandante, no es cierto que fuera inviable la conexión del
predio al servicio de acueducto.

(iii) Que no había viabilidad inmediata del servicio de energía eléctrica, pues el
solicitante de la licencia sólo la acreditó respecto de 600 viviendas y el
proyecto señala que son 860 viviendas.

(iv) Que la licencia no cumplió el requisito de porcentaje mínimo de suelo para el
desarrollo de Programas de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP).

(v) Que no fueron cumplidos los porcentajes de cesión para áreas públicas.

(vi) Que no es posible convalidar el acto demandado, puesto que los vicios
advertidos son sustanciales. Que no puede entender subsanadas las
irregularidades por el hecho de la expedición certificados de disponibilidad
del servicio público proferidos con posterioridad al otorgamiento de la licencia
de urbanización.

4. Fundamentos de la acción de tutela

Preliminarmente, la parte actora adujo que la tutela cumple los requisitos generales de
procedibilidad. Que el asunto tiene relevancia constitucional, toda vez que el tribunal
demandado permitió que, por fuera de la etapa probatoria, la Personería de Circasia
aportara nuevas pruebas. Que fueron agotados los recursos disponibles y que no es
procedente el recurso extraordinario de revisión. Que está cumplida la inmediatez,
puesto que la sentencia cuestionada quedó ejecutoriada el 9 de febrero de 2023. Que
«la irregularidad alegada tiene un efectivo decisivo y determinante, en tanto el Tribunal
Administrativo del Quindío - TAQ en segunda instancia, negó uno de los argumentos
principales de la parte demandante violando abiertamente el Debido Proceso, al
transgredir el Principio de Oportunidad e Idoneidad en materia probatoria, ya que en
una etapa y audiencia posterior y no señalada taxativamente para esto, incorporó una
serie de documentos que presentó la Personería Municipal de Circasia que

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sustancialmente cambiaron la decisión de fondo sobre el componente de servicio
público domiciliario de acueducto en el caso concreto».

En cuanto al fondo del asunto, la parte actora, explicó que «si bien esta parte
demandante comparte la decisión tomada por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío - TAQ en la Sentencia No. 005-2023-16 del 02 de febrero de
2023 de declarar la nulidad de la Resolución No. 100 del 02 de julio de 2020 expedida
por la Secretaría de Infraestructura de Circasia, las suscritas se apartan de uno de los
argumentos presentados en la parte considerativa de la providencia, exclusiva y
únicamente al componente y análisis del cargo correspondiente al servicio público de
acueducto que realizó la magistratura».

Dijo que la sentencia del 2 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo
del Quindío, incurrió en defecto fáctico, pues, por fuera de la etapa probatoria, permitió
que la Personería de Circasia aportara nuevas pruebas, que, en ultimas, determinaron
que se desestimara el cargo de nulidad relacionado con la falta de disponibilidad
inmediata del servicio de acueducto.

Resaltó que la audiencia estuvo sustentada en el artículo 182B del CPACA y que esa
norma no permite que sean aportadas nuevas pruebas. Que, en ultimas, se trata de
pruebas nulas de pleno derecho y que el tribunal demandado no podía tenerlas en
cuenta para sustentar la decisión de segunda instancia.

Agregó que, de hecho, pese a la declaratoria de nulidad de la licencia de construcción,
la obra continúa y está abierta al público una sala de ventas. Que «es manifiesto que el
particular a quien se le había otorgado la Resolución No. 100 del 02 de julio de 2020
expedida por la Secretaría de Infraestructura de Circasia se encuentra contrariando los
términos, obligaciones y alcances contenidos en la sentencia».

5. Intervenciones

La sociedad Promotora Río Espejo S.A.S. manifestó que la parte actora pretende
habilitar una tercera instancia judicial, por el simple hecho de no compartir solo uno de
los aspectos tratados en la sentencia cuestionada. Dijo que la parte actora quiere
desconocer el efecto de documentos públicos que otorgaron capacidad para el
municipio de Circasia proveyera el servicio de acueducto al proyecto urbanístico
Ecociudad Galicia.

El Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Tercero Administrativo de
Armenia aportaron copia del expediente de simple nulidad, pero nada dijeron con
respecto a la demanda de tutela.

El Municipio de Circasia – Secretaría de Infraestructura, la Veeduría Cívica de
Armenia y el Quindío y el señor Jaime Escobar Botero no intervinieron, pese a que
fueron notificados de la admisión de la tutela de la referencia, mediante correos
electrónicos del 7 de marzo y 11 de abril de 2023.

6. Sentencia impugnada

Mediante sentencia del 9 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, denegó la tutela.

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El a quo explicó que la tutela cumplió los requisitos generales de procedibilidad. Que el
asunto tiene relevancia constitucional, por estar comprometido el derecho fundamental
al debido proceso. Que fueron agotados los recursos procedentes en el proceso
ordinario. Que hubo inmediatez, por cuanto la sentencia cuestionada fue notificada el 9
de febrero de 2023 y la tutela fue radicada el 27 de febrero de 2023. Que fueron
debidamente identificados los motivos de vulneración. Que no se cuestionan sentencias
de tutela.

Luego de hacer un extenso resumen de la providencia cuestionada, explicó que
«aunque la parte accionante alega que la autoridad judicial vulneró su derecho
fundamental al debido proceso al valorar de manera errónea la Certificación de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, lo cierto es que no desarrolló una
suficiente carga argumentativa para sustentar su relevancia».

Señaló que no se evidencia defecto fáctico, puesto que la sentencia atacada se
sustenta en el estudio y valoración razonable de las pruebas aportadas al proceso de
nulidad simple, especialmente los provenientes de la Personería de Circasia. Que «se
debe señalar que los argumentos alegados por la demandante en el escrito de tutela,
demuestran su inconformidad con la actuación y decisión adoptada por la autoridad
judicial demandada, sin acreditar irregularidades de orden constitucional en las que
presuntamente incurrió; por tal razón, para la Sala no es de recibo que la parte actora
pretenda hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional,
con el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite del proceso de
nulidad, con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses».

7. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia del 9 de mayo de 2023, por cuanto, a su juicio,
«es limitada y evidencia un carente análisis en materia constitucional y del Debido
Proceso; así mismo resulta llamativo que una instancia como el Consejo de Estado a
partir del planteamiento de la triada jurídica de hechos, pruebas y pretensiones, no haya
podido abordar íntegramente el Problema Jurídico que se presentó, y por el contrario
se haya ceñido en un ejercicio completamente escueto a desconocer elementos axiales
del Sistema Jurídico».

Que «lo que se debía decidir por el Juez Constitucional no era si la Sala de Decisión
del Tribunal Administrativo del Quindío - TAQ vulneró el Derecho Fundamental al
Debido Proceso al incurrir en una vía de hecho por defecto fáctico por haber valorado
de manera incorrecta 2 documentos aportados por el Ministerio Público municipal de la
autoridad ambiental del Quindío, sino justamente estudiar, evaluar, analizar y decidir si
estos documentos incorporados y aportados en la Audiencia Pública Potestativa del
Artículo 182B° de la Ley 1437 de 2011 (que por demás no fueron aportados por la parte
demandada ni los coadyuvantes al contestar la demanda) podían ser o no tenidos como
verdaderos elementos materiales probatorios en estricto sensu dentro de un medio de
control de Nulidad Simple de acuerdo con el régimen procesal y probatorio, cuando ya
había fenecido dicha etapa en todo el proceso y ser objeto de criterios decisionales
efectivos para la providencia».

Que, no obstante, «el Juez llamado a establecer un problema jurídico coherente con lo
presentado, en un ejercicio paupérrimo de análisis consideró otro problema jurídico de
características restrictivas, disruptivas y carente de integralidad, pues cambió

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justamente las reglas fácticas y normativas sobre las cuales debía solventarse la
decisión en derecho».

Que el defecto fáctico se configura también cuando son tenidas en cuenta pruebas
ilegalmente aportadas al proceso. Que «al incorporarse al medio de control de Nulidad
Simple los documentos aportados por la Personería Municipal de Circasia y la
Certificación proporcionada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ
en el marco de la Audiencia Potestativa del Artículo 182B° de la Ley 1437 de 2011 era
imposible desde el punto de vista normativo por parte del Tribunal Administrativo del
Quindío - TAQ garantizar a las partes del proceso el traslado ya fuera oral u escrito de
los documentos, pues ya la etapa consagrada en las Leyes para esto había concluido,
lo cual de evidenciarse cualquier tipo de actuar procesal distinto al consagrado con
efectos directos en el fallo respecto de estos documentos, en un verdadero ejercicio
juicioso del Derecho, hubiese implicado su exclusión inmediata por haber ingresado
fuera del iter que el ordenamiento trae para estos».

Que se evidencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, por cuanto
fue desconocido el carácter preclusivo de las etapas procesales y la imposibilidad de
aportar pruebas por fuera de las oportunidades procesalmente previstas.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por la
Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia y la Procuraduría 99 Judicial
I para Asuntos Administrativos de Armenia contra la sentencia del 2 de febrero de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, que confirmó la decisión de anular la
Resolución 100 del 2 de julio de 2020, por la cual el municipio de Circasia (Quindío)
autorizó licencia de urbanismo en modalidad de loteo y urbanización al señor Jaime
Escobar Botero.

La Sala anticipa que la tutela de la referencia resulta improcedente para cuestionar la
sentencia del 2 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío,
toda vez que decide un conflicto de mera legalidad suscitado en un proceso de simple
nulidad y no implica decisiones concretas de las que pueda derivarse la vulneración de
derecho fundamentales. Por consiguiente, será revocada la sentencia impugnada y, en
su lugar, se declarará la improcedencia.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la improcedencia de la acción de tutela
contra actos de carácter general, impersonal y abstracto, y (iii) el análisis del caso
concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de

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de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.

3. La improcedencia de la acción de tutela contra actos de carácter general,
impersonal y abstracto

El numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 19914 establece que la acción de
tutela no procederá «cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y
abstracto», pues existen otros mecanismos judiciales para cuestionarlos, como son la
acción de inconstitucionalidad contra las leyes o las acciones de simple nulidad y de
nulidad por inconstitucionalidad contra actos generales, según el caso.

La acción de tutela no puede ejercerse para cuestionar ese tipo de actos, pues este
mecanismo no está previsto para restablecer la juridicidad posiblemente quebrantada
por un acto general, sino para «suspender los efectos violatorios o amenazantes de
alguno de los derechos fundamentales de una persona determinada, derivados de un
acto concreto cuya aplicación deberá suspender el juez, aún mediante medidas
provisionales (esto es antes de la sentencia) cuando lo considere necesario y urgente
para proteger el derecho, según las voces del artículo 7o. del Decreto en mención»5.

Al analizar dicha norma, la Sala ha interpretado que la acción de tutela tampoco procede
contra una sentencia dictada en un proceso de simple nulidad, por cuanto en ese tipo
de procesos la discusión es de puro derecho y, por ende, el juez únicamente analiza la
legalidad del acto. La acción de simple nulidad únicamente persigue la defensa de la
legalidad, del orden jurídico en abstracto. De modo que la sentencia que se dicta en
ese tipo de procesos no podría amenazar o violar de manera directa y concreta
derechos fundamentales. En efecto, en múltiples fallos6, esta Sección ha precisado que:

Como puede verse, la decisión judicial atacada proferida por el Consejo de Estado se dictó en
cumplimiento del control de legalidad que le fue atribuido, esto es, un control abstracto de la norma
que se considera ilegal y, por tanto, la decisión que se adopta lo que determina es si se ajusta o
no a la normativa superior y, por ende, tiene efectos erga omnes. No define de manera concreta
una situación particular, como sí ocurre con sentencias dictadas por los organismos judiciales en
acciones y medios de control con decisiones judiciales de carácter particular.

En esa medida, la acción de tutela es improcedente para cuestionar la legalidad de una sentencia
de constitucionalidad o legalidad porque la decisión que profiere la autoridad judicial es un
ejercicio de puro de derecho que en manera alguna podría afectar derechos fundamentales, toda
vez que lo pretendido es determinar que no desconozca postulados constitucionales o legales.

Además, vale la pena precisar que, según lo dispone el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela es improcedente cuando se dirija contra actos administrativos de carácter general,
impersonal y abstracto, lo que permite determinar que, igualmente, resulta improcedente para
censurar la sentencia que decide sobre su constitucionalidad o legalidad.

tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
5 Sentencia No. T-321 de 1993.
6 Ver sentencias de tutela del 22 de septiembre de 2016, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00

(acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), CP. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 17 de mayo de 2018,
Radicado No. 11001-03-15-000-2018-00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 10 de octubre de 2018,
Radicado No. 11001-03-15-000-2018-02443-00 MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 7 de enero de 2019,
Radicado No. 11001-03-15-000-2018-01699-01 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 3 de febrero de 2022,
Radicado No. 11001-03-15-000-2021-06516-01 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha determinado que, por regla general7, la
acción de tutela es improcedente para cuestionar sentencias dictadas por el Consejo
de Estado o la Corte Constitucional, en virtud del control abstracto de constitucionalidad
(artículos 241 y 237, numeral 3°, respectivamente). En lo pertinente, la sentencia SU-
391 de 20168 establece:

(…) conviene recordar que la Constitución Política estableció mecanismos de control para
garantizar su supremacía normativa (artículo 4 de la Constitución). Tales mecanismos podrían
dividirse en dos clases. Por un lado, existe un control concentrado de constitucionalidad, realizado
de manera principal por la Corte Constitucional (artículo 241 de la Constitución) y de manera
residual por el Consejo de Estado (artículo 237 numeral 3). Por otro lado, cualquier autoridad
judicial tiene competencia para resolver acciones de tutela (artículo 86 de la Constitución) y para
aplicar la excepción de inconstitucionalidad (artículo 4 de la Constitución).

Este esquema promueve el acceso efectivo a la administración de justicia para solicitar el
cumplimiento de la Constitución, permitiendo que todos los jueces puedan realizar control
constitucional sobre casos concretos. A su vez, también persigue la igualdad y la seguridad
jurídica, al prever órganos de cierre que tengan la última palabra sobre la interpretación adecuada
de las normas mediante el ejercicio del control abstracto. Se trata de un esquema caracterizado
por la participación ciudadana, ya que todas las personas pueden acudir a los jueces en ejercicio
de la acción de tutela o pueden pedir en el marco de un proceso judicial la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad. Asimismo, el control abstracto puede ser solicitado por
cualquier ciudadano, en ejercicio del derecho político previsto en el artículo 40 numeral 6, y en él
también cualquier persona puede particular (sic), en virtud de la regulación de las acciones de
inconstitucionalidad y de nulidad por inconstitucionalidad.

Si se aceptara la procedencia de la acción de tutela contra decisiones de constitucionalidad de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado el diseño del control constitucional descrito antes
se alteraría de manera profunda, a tal punto que podría afirmarse que no existen dos tipos de
control constitucional sino uno solo, otorgado a todos los jueces, quienes se pueden pronunciar
sobre el cumplimiento de la Constitución en casos concretos o en casos de control abstracto (al
revisar decisiones de constitucionalidad de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado). La
acción de inconstitucionalidad y la de nulidad por inconstitucionalidad son funciones delimitadas
directamente por la Constitución, la cual determinó expresamente los órganos que de manera
exclusiva tienen competencia para conocer de ellas. Esa asignación expresa de funciones (en los
artículos 237 numeral 3 y 241 de la Constitución) les da carácter de cierre en materia
constitucional, lo cual debe ser tenido en cuenta para interpretar el alcance de la regulación de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 (…).

4. Análisis del caso concreto

En el presente asunto, la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia y
la Procuraduría 99 Judicial I para Asuntos Administrativos de Armenia cuestionan la
sentencia del 2 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío,
que confirmó la declaratoria de nulidad de la licencia de urbanismo conferida en la
Resolución 100 del 2 de julio de 2020. Se trata de una decisión dictada en un proceso
de simple nulidad.

El artículo 189 de la CPACA establece que la sentencia que «declare la nulidad de un
acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes».

Siendo así, la Sala considera que, conforme con el numeral 5° del artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991, es improcedente la solicitud de amparo presentada por la parte
actora, por cuanto está cuestionando una decisión con efectos erga omnes9, esto es,

7 Al respecto, ver sentencia SU-355 de 2020.
8 MP. Alejandro Linares Cantillo.
9 Según el artículo 126 del Código de Régimen Municipal, para todo lo relativo a la nulidad de los acuerdos se debe

estar a lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) el cual fue modificado por la Ley

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frente a todos, y no definen una situación particular y concreta. De modo que, en
principio, las sentencias que se dictan en los procesos en los casos de simple nulidad
no pueden afectar de manera directa derechos fundamentales.

En el caso concreto, la propia sentencia cuestionada resalta el efecto general de la
situación discutida en el proceso de simple nulidad, así: «se evidencia que la demanda
tiene como único fin que se realice un análisis de legalidad en abstracto para garantizar el
interés general, aunado a que se pone de presente que los efectos nocivos del acto
administrativo afectan de manera grave el orden social y ecológico del municipio de Circasia,
por cuanto se otorga una licencia de urbanización para un proyecto en el que se pretende
desarrollar 860 soluciones de vivienda, incumpliendo, al parecer, con la disponibilidad
inmediata de servicios públicos, las áreas de cesión obligatoria y el porcentaje de destinación
de viviendas de interés prioritario, lo cual podría causar una afectación grave al medio
ambiente, a la organización del territorio y a la distribución equitativa de los recursos».

Ahora, la parte demandante adujo la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, por el hecho de haberse tenido en cuenta documentos aportados por la
Personería de Circasia en la audiencia del 23 de agosto de 2022.

Al respecto, conviene advertir que dicha audiencia fue realizada con sustento en el
artículo 182B del CPACA, que señala lo siguiente: «en los procesos donde esté
involucrado un interés general, o en aquellos donde se vaya a proferir sentencia de unificación
jurisprudencial, el juez o magistrado ponente podrá convocar a entidades del Estado,
organizaciones privadas o expertos en las materias objeto del proceso, según lo considere,
para que en audiencia pública, que puede ser diferente de las reguladas en los artículos
anteriores, presenten concepto sobre los puntos materia de debate».

En este caso, el Tribunal Administrativo del Quindío decretó la audiencia porque advirtió
que estaba involucrado el interés general. Es decir, el propio carácter de la audiencia
del 23 de agosto de 2022 da cuenta del interés general y de mera legalidad de la
discusión agotada en el proceso de simple nulidad promovido por Procuraduría 14
Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia y la Procuraduría 99 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Armenia.

En principio, no puede derivarse una vulneración de derechos fundamentales, a partir
de diligencias o actuaciones con connotación de mera legalidad y de interés general.
La parte actora tampoco pone de presente de manera concreta de qué manera la
providencia cuestionada podría afectar a la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y
Agraria de Armenia y la Procuraduría 99 Judicial I para Asuntos Administrativos de
Armenia.

Tampoco puede pasarse por alto que el defecto alegado por la parte actora no tuvo
incidencia en el sentido de la sentencia cuestionada, porque, como se vio, anuló la
licencia de construcción, por violación de las normas en que debía fundarse. Luego,
esa decisión no cambiaría por el hecho de modificar el estudio del cumplimiento sobre
el requisito de disponibilidad inmediata del servicio de acueducto.

1437 de 2011 (CPACA). En ese sentido, la remisión en la actualidad debe hacerse al artículo 189 de este último
estatuto, que, respecto a los efectos de la sentencia establece:
Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso
tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes
pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en
ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas
superiores frente a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en
todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios. (…).

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Por último, en cuanto a la supuesta irregularidad derivada de la venta de inmuebles en
el terreno objeto de la licencia anulada, lo procedente es que, en el marco de sus
competencias, la parte actora promueva o adelante las acciones administrativas o
disciplinarias que puedan proceder. La acción de tutela es eminentemente residual y
subsidiaria y, por ende, no puede utilizarse para reemplazar los mecanismos
legalmente previstos para evitar la construcción de obras sin licencia.

Por tanto, como se anunció, la Sala revocará la sentencia impugnada y declarará
improcedente la solicitud de amparo presentada por la Procuraduría 14 Judicial II
Ambiental y Agraria de Armenia y la Procuraduría 99 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Armenia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada. En su lugar, declarar improcedente la acción de
tutela de la referencia, por las razones expuestas.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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