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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01059-01

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01059-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 27 de abril de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por las señoras Sandra Milena García Villegas y Anyi Melissa García Villegas, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 1 05 9- 0 1 Ac c i o na nt e : S an dr a M i le n a G a rc ía V il l e gas y o tra Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01059-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

29 de junio de 2023

Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 1 05 9- 0 1
Ac c i o na nt e : S an dr a M i le n a G arc ía V il l e gas y o tra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01059-01
Accionante: Sandra Milena García Villegas y otra
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de
reparación directa, por privación injusta de la libertad, mediante la cual se confirmó
la negativa de acceder a las pretensiones de la demanda.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por las accionantes en contra de la
sentencia del 27 de abril de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

Las señoras Sandra Milena García Villegas y Anyi Melissa García Villegas
promovieron acción de tutela para que se proteja su derecho fundamental al
debido proceso, el cual consideraron vulnerado por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

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HECHOS

La parte actora afirmó que en el 2015 su padre, el señor Luis Horacio García
Osorio, fue vinculado a una investigación penal tramitada bajo el SPOA 76-122-
60-0167-2015-00565-00 por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación
o porte de estupefacientes.

Así mismo, indicó que el 28 de diciembre de ese año aquel fue capturado y al día
siguiente el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Sevilla, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, le impuso
medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Igualmente, adujo que el 5 de octubre de 2016 el Juzgado Penal del Circuito de
Sevilla declaró la preclusión de la investigación adelantada en contra de su
progenitor, por estimar que no había participado en la conducta delictiva, y al día
siguiente fue dejado en libertad.

En esa medida, señaló que el 20 de febrero de 2017 junto con los señores Luis
Horacio García Osorio y Amparo Villegas Moreno (hoy fallecidos) instauraron
demanda de reparación directa en contra de la Fiscalía General de la Nación y la
Rama Judicial, con el fin de que se les declarara a estos extracontractual y
administrativamente responsables por la privación injusta de la libertad que sufrió
el primero de los mencionados por un período de 9 meses y 9 días; proceso que
fue asignado por reparto al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Cartago.

Al respecto, aseguró que en el medio de control se allegó el audio completo de la
audiencia preliminar concentrada realizada el 29 de diciembre de 2015 ante el
Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, en la
que, previo a decidir sobre la petición de imposición de medida de aseguramiento,
se escuchó el testimonio del joven Jhon Anderson Henao García, con el cual se
excluía de cualquier responsabilidad penal al investigado.

Además, aseveró que el 20 de agosto de 2021 el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Cartago profirió sentencia de primera instancia, en la que negó las
pretensiones de la demanda, porque consideró que la privación de la libertad se

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ajustó a las disposiciones legales vigentes; por lo anterior, interpuso recurso de
apelación, en el que argumentó, de forma principal, que el testimonio mencionado
era la prueba fundamental para demostrar que la medida restrictiva no cumplió
con los requisitos legales y que, por el contrario, fue arbitraria, y no fue analizada
por el juez penal.

Sumado a lo anterior, expuso que el 17 de agosto de 2022 el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión judicial referida, al estimar
que el daño causado al señor Luis Horacio García Osorio no era antijurídico, con
lo cual se vulneró su derecho fundamental al debido proceso y se incurrió en un
defecto fáctico, en su dimensión negativa, pues ni siquiera se valoró la prueba
testimonial del señor Jhon Anderson Henao García, sino que solo se relacionó, a
pesar de que era el eje central del recurso de apelación y podría cambiar el
sentido de la decisión.

En cuanto a esta última afirmación, luego de hacer un recuento de los hechos que
dieron lugar a la captura, precisó que en la audiencia preliminar concentrada la
defensa del señor Luis Horacio García Osorio solicitó su exclusión de la
investigación por ser ajeno a las conductas investigadas, para lo cual se llevó a
cabo la declaración del señor Jhon Anderson Henao García, quien explicó la razón
por la que en la casa de su abuelo se hallaban estupefacientes y elementos
ilícitos; asumió la responsabilidad de los hechos investigados y sostuvo que el
indiciado no tenía conocimiento de estos, dado que fueron ingresados a su hogar
la noche anterior al allanamiento sin su consentimiento, concretamente a las 11:00
p. m. y esa diligencia se llevó a cabo a las 6:00 a. m.

Sobre la anterior prueba, expresó que resulta convincente, con mayor razón si se
tiene en cuenta que el inquilinato en el que se encontraron los elementos
mencionados tiene 8 habitaciones en el que entran muchos residentes, a pesar de
lo cual el juez penal la descartó con argumentos meramente subjetivos y sin
analizar que ella evidenciaba que no existía una inferencia razonable de la autoría
del investigado, como lo exige el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal.

Agregó que en los informes de policía realizados por las labores de campo
efectuadas antes del allanamiento nunca se menciona al señor Luis Horacio
García Osorio como alguna de las personas involucradas en los ilícitos, sino que

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se hace referencia al señor Andrés Felipe Pulgarín, quien era la persona a la que
buscaban.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó amparar su derecho fundamental al debido proceso
vulnerado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con la expedición de
la sentencia del 17 de agosto de 2022.

En consecuencia, deprecó dejar sin efecto alguno esa providencia y ordenar a la
autoridad judicial accionada que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
de este proveído, emita una decisión de reemplazo, en la que acceda a las
pretensiones formuladas en la demanda y otorgue valor probatorio al testimonio
rendido por el joven Jhon Anderson Henao García en la audiencia preliminar
concentrada del proceso penal celebrada el 29 de diciembre de 2015, el cual no
fue valorado, pese a que con el se demuestra que la medida de aseguramiento
impuesta al señor Luis Horacio García Osorio no fue legal y, por tanto, la privación
de la libertad fue injusta.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

La acción de tutela de la referencia fue admitida el 7 de marzo de 2023, mediante
proveído, en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, como accionado; y a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Cartago, como terceros con interés.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por conducto del magistrado
Víctor Adolfo Hernández Díaz, manifestó que no se han transgredido los derechos
fundamentales de las accionantes, puesto que la sentencia discutida en esta sede
contiene las argumentaciones necesarias por las cuales, de forma unánime, se
confirmó la sentencia dictada en primera instancia.

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Sobre el particular, explicó que luego de valorar el acervo probatorio aportado por
los sujetos procesales se concluyó que la medida de aseguramiento fue impuesta
con base en las pruebas, entre ellas, el acta de registro de allanamiento y el
informe de investigadores, los cuales dieron cuenta de que en el inmueble se
encontraba una sustancia estupefaciente.

Adicionalmente, aclaró que para la sala el hecho de que el proceso penal haya
concluido con sentencia absolutoria por el preacuerdo al que llegó el ente
investigador con los señores Andrés Felipe Pulgarín Ariza y Jhon Andrés Henao
García, quienes se abrogaron la totalidad de la responsabilidad por los hechos
delictivos, no significó que el juez de control de garantías, al momento de resolver
sobre la imposición de la medida de aseguramiento, no haya tenido elementos
probatorios que constituyeran indicios graves y suficientes que permitieran inferir
razonablemente la autoría del ilícito por parte del señor Luis Horacio García
Osorio.

Por último, indicó que el derecho de defensa de las señoras Sandra Milena García
Villegas y Anyi Melissa García Villegas fue garantizado, las etapas del proceso se
llevaron a cabo y las partes siempre tuvieron las oportunidades procesales para
pronunciarse. En ese entendido, coligió que lo pretendido por aquellas es reabrir el
debate procesal, al estar en desacuerdo con la decisión adoptada en segunda
instancia.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Fiscalía General de la Nación, a través de la profesional especializada de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, luego de hacer un recuento de los antecedentes
de esta acción, señaló que la tutela de la referencia es improcedente, debido a
que la parte accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, pero no
explicó por qué no hace uso de aquel y tampoco acreditó la existencia de un
perjuicio; no sustentó las causales específicas de procedibilidad ni acreditó el
defecto fáctico invocado, a pesar de que tenía la carga de la prueba; y pretende
retrotraer actuaciones procesales de un asunto que ya finalizó.

Además, afirmó que en la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca se respetaron cada una de las garantías de las accionantes, por lo

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que no existe una vulneración al derecho fundamental al debido proceso. Por
consiguiente, solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 27 de abril de 2023 la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, porque consideró que no se
cumplió el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la
controversia planteada es de carácter meramente legal y recae sobre aspectos
que ya fueron resueltos por el juez natural, sin que su actuar haya sido arbitrario o
desbordado los límites de la autonomía.

En ese orden de ideas, concluyó que el juez de tutela no puede inmiscuirse, so
pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de una tercera instancia o recurso
adicional para controvertir decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y
autonomía de la autoridad ordinaria.

IMPUGNACIÓN

Las accionantes impugnaron la sentencia de primera instancia, para lo cual
sostuvieron que las pretensiones y los fundamentos de la acción evidencian
aspectos de relevancia constitucional, en los términos de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, por cuanto se acreditó una afectación al debido proceso, al
no valorarse una prueba testimonial, a pesar de haber sido allegada
oportunamente al proceso.

Así mismo, adujeron que, conforme lo ha reiterado el Consejo de Estado, en
asuntos de privación injusta de la libertad, debe estudiarse la legalidad de la
medida de aseguramiento para determinar si existió o no un daño antijurídico, por
lo cual es claro que se está alegando la violación de las garantías constitucionales
del debido proceso, por la omisión en la valoración de una prueba aportada
oportunamente, mas no se cuestiona directamente la decisión adoptada en el
proceso ordinario.

Al respecto, insistieron en que la corporación judicial accionada no se pronunció
sobre la declaración rendida por el joven Jhon Anderson Henao García, ni siquiera

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para indicar los motivos por los cuales no estaba llamado a ser considerado o no
demostraba lo que se pretendía, esto es, que no existía inferencia razonable para
imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad, a pesar de que su
valoración constituyó la base central del recurso de alzada presentado en contra
de la sentencia de primera instancia. Añadió que resulta tan evidente la falta de
apreciación de la prueba testimonial que el Tribunal accionado se limitó a señalar
que la medida de aseguramiento fue impuesta teniendo en cuenta el acta de
registro de allanamiento y el informe presentado por los investigadores.

Sumado a lo anterior, expuso que el testimonio, cuya falta de examen se alega,
fue rendido nuevamente por el joven Jhon Anderson Henao García ante el juez de
conocimiento y, además, contrario a lo señalado por la autoridad judicial, la
absolución del señor Luis Horacio García Osorio no se debió a un preacuerdo,
sino a la preclusión de la investigación, por no haber participado en la conducta
delictiva que se investigaba, precisamente con base en la prueba previamente
referenciada.

En ese sentido, concluyó que la acción de tutela goza de relevancia constitucional,
pues lo discutido es la ausencia de valoración de una prueba oportuna y
legalmente allegada al proceso contencioso, que, se considera, tiene tal
importancia que podría cambiar la decisión adoptada, lo que transgrede el debido
proceso y contraría el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, según el cual el juez
debe realizar un análisis crítico de las pruebas.

Aunado a lo esgrimido, aseveró que, debido a que en primera instancia no se
conoció de fondo el asunto, a pesar de que este sí reviste relevancia
constitucional, en aras de respetar el principio de doble instancia, el proceso debe
ser devuelto al a quo, para que estudie el caso, pues de no ser así, se decidiría en
una sola instancia, lo que impide ejercer el derecho de defensa y contradicción,
por lo que solicitó proceder en ese sentido; petición que soportó en las sentencias
del 1.° de diciembre de 2022, expediente 25000-23-24-000-2011-00170-01; 12 de
diciembre de 2019, expediente 76001-23-31-000-2006-02039-01; 24 de mayo de
2018, expediente 25000-23-24-000-2004-00684-01; y 6 de noviembre de 2020,
expediente 5000-23-41-000-2014-00284-01.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a
la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para
sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen
de lesa humanidad).

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que
no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias
excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,
la Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

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II. Caso concreto

Las señoras Sandra Milena García Villegas y Anyi Melissa García Villegas
recurrieron la sentencia dictada en primera instancia de esta acción el 27 de abril
de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que declaró la
improcedencia de la tutela, por la insatisfacción del requisito general de
procedibilidad de la relevancia constitucional. Para el efecto, aquellas afirmaron
que lo discutido es la ausencia de valoración del testimonio rendido por el joven
Jhon Anderson Henao García en la audiencia preliminar concentrada realizada el
29 de diciembre de 2015 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función
de Control de Garantías, lo cual afecta gravemente las garantías propias del
debido proceso, lo cual evidencia la trascendencia constitucional del caso.

Sobre el particular, esta Subsección considera, contrario a lo definido en primera
instancia de esta acción, que el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la decisión
judicial controvertida se vulneró el derecho fundamental reclamado en protección.
Así mismo, encuentra que la acción se presentó dentro de los seis meses
siguientes a la ejecutoria de aquella; se alegó una irregularidad procesal que
podría tener incidencia en la decisión; las solicitantes del amparo identificaron
claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos
y no se trata de una sentencia de tutela.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la exigencia general de la subsidiariedad,
pues se observa que la petición de salvaguarda se sustenta en la ausencia de
valoración de una prueba por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
en la sentencia de segunda instancia que finalizó el proceso de reparación directa
y, en esa medida, el desacuerdo planteado puede ser alegado en el recurso
extraordinario de revisión.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU026/21, luego de referirse a las
causales del recurso extraordinario de revisión, la finalidad de este y las
irregularidades que apunta a corregir; expresó que ello erige, en materia
contencioso administrativa, al mencionado recurso en un medio de defensa idóneo
y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un
fallo judicial que se encuentra ejecutoriado. Al respecto, señaló:

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«De hecho la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable semejanza
entre la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca proteger este
derecho:

“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se
plantearía la controversia sobre el debido proceso en términos
idénticos a los que constituyen el presupuesto para resolver la acción
de tutela, al punto que un pronunciamiento del juez constitucional
dejaría sin oficio al juez competente. Los dos procesos, el
extraordinario especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de
causa petendi y de petitum, y resulta claro que no puede haber, sobre
la misma causa, dos pronunciamientos judiciales concurrentes».

Así mismo, el máximo tribunal constitucional precisó las siguientes subreglas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa
judicial dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados por el
peticionario, y la cobertura brindada por las causales aplicables al proceso
específico. Así, el recurso será eficaz cuando a) la única violación alegada sea
el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos que no
tienen carácter fundamental, o b) cuando el derecho fundamental cuya
protección se solicita sea susceptible de ser protegido de manera integral
dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales de revisión
evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de
prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el
derecho.”3

5.8. Dicho de otro modo, la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario
de revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita
no sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del
recurso; y (ii) las causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos
denunciados por el accionante. En síntesis, para la Sala Plena “la acción de
tutela se torna improcedente cuando al interior de un proceso contencioso-
administrativo se alega la vulneración al debido proceso y este derecho
fundamental es susceptible de ser protegido mediante el trámite del recurso
extraordinario de revisión”4».

Así las cosas, el defecto que se endilga a la sentencia de segunda instancia tiene
como única base la ausencia de valoración de un testimonio, lo cual puede ser
invocado con fundamento en la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, esto es, la existencia de una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.

3 Corte Constitucional, Sentencia T-649 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas. Reiterada, entre muchas otras,

por las sentencias T-553 de 2012, M.P. T-553 de 2012; T-713 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt; SU-263 de
2015, M.P. Jorge Iván Palacio y SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda.
4 Corte Constitucional, Sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio.

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En efecto, la causal precitada es procedente cuando: 1) la nulidad invocada
aconteció en la sentencia dictada en un proceso ordinario, y no antes, pues en
este último caso son procedentes las nulidades procesales, según lo regulado en
los artículos 133 y 134 del Código General del Proceso, salvo que no hubieran
podido ser advertidas en el trámite del proceso y 2) la irregularidad evidenciada
esté soportada en un desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad
sustancial propia de la actuación5.

En cuanto a los eventos concretos en los cuales procede el recurso con
fundamento en la causal mencionada, en la jurisprudencia de esta corporación se
ha sostenido que se encuentran los previstos en los artículos precitados o cuando
se demuestre la violación del derecho fundamental al debido proceso.

Sobre esta última situación, se ha señalado que puede ocurrir cuando se dicta
sentencia en la que: a) existe carencia absoluta de motivación, b) se deja de
valorar una prueba, c) se transgrede el principio de congruencia, d) se expide
sentencia condenatoria en contra de un tercero que no está vinculado, e) no se
cuenta con los votos necesarios para su aprobación y d) se expide una decisión
inhibitoria injustificada6.

En esa medida, en el presente asunto la única violación alegada es el derecho
fundamental al debido proceso por, se itera, ausencia de valoración de un
testimonio, el cual es susceptible de ser protegido de manera integral a través del
precitado recurso; de tal manera que, ante la existencia de otro mecanismo judicial
para reclamar la protección del derecho que se invoca como vulnerado, la acción
de tutela resulta improcedente y así será declarado por esta Subsección, pues el
problema aquí planteado debe ser resuelto por el juez natural y no le está dado a
este juez constitucional intervenir en el asunto, máxime cuando no se observa la
inminente configuración de un perjuicio irremediable.

Ahora bien, en el recurso de impugnación, la parte actora solicitó que, en caso de

5 Ver, entre otras, la sentencia del 13 de octubre de 2020, expediente 2019-00119-00 (REV), y la sentencia

del 5 de mayo de 2020, expediente 2017-02519-00.
6 Ver, entre otras, la sentencia del 13 de octubre de 2020, expediente 2019-00119-00 (REV), y la sentencia

del 5 de mayo de 2020, expediente 2017-02519-00.

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encontrarse acreditada la superación del requisito de relevancia constitucional, el
presente proceso fuera devuelto a la Sección Primera del Consejo de Estado, en
aras de garantizar la doble instancia, para lo cual citó varios pronunciamientos de
esta corporación.

Sin embargo, a juicio de esta Subsección no resulta factible acceder a la anterior
petición, dado que en el presente asunto se garantizó la doble instancia, en la
medida en que las partes pudieron recurrir la decisión del a quo y, en esta
providencia, se está resolviendo el recurso interpuesto; el juez colegiado que
conoció inicialmente esta acción adoptó la decisión que, conforme a su autonomía
e independencia judicial, consideró ajustada a los supuestos fácticos y jurídicos; y,
en todo caso, contrario a lo expuesto por las accionantes, no se encuentran
satisfechas la totalidad de las exigencias generales de procedibilidad de la acción
de tutela para discutir providencias judiciales.

Adicionalmente, se estima pertinente esclarecer que los pronunciamientos
invocados por la parte accionante para justificar la anterior petición fueron dictados
en procesos ordinarios, en los que en primera instancia se dejaron de analizar
algunos de los cargos planteados en la demanda, por la prosperidad de uno de
ellos o porque se dictaron fallos inhibitorios, lo cual no ocurre en el sub judice.

En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia recurrida, en la que se declaró
la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, pero por las razones aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 27 de abril de 2023 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela
instaurada por las señoras Sandra Milena García Villegas y Anyi Melissa García
Villegas, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

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Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Aclaración de voto

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Salvamento de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el consejero
ponente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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