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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00170-01

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00170-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada de 12 de diciembre de 2014, proferida por la Sección Primera, Subsección “C”, En Descongestión, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por cuanto no prospera el cargo de desconocimiento de las garantías constitucionales del debido proceso, en concordancia con el derecho de contradicción y el principio de tipicidad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 49 “[…] Registro del proyecto. Artículo 211. Modificado por el artículo 50, Decreto Nacional 2304 de 1989. Vencido el término de traslado al fiscal, se enviará el expediente al ponente para que elabore proyecto de sentencia. Este se deberá registrar dentro de los cuarenta (40) días siguientes. La Sala, sección o subsección tendrá veinte (20) días para fallar […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 132 Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados) Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se dispone: REMITIR el expediente al Tribunal de origen para que se pronuncie respecto de los demás cargos que fueron objeto de demanda y registre proyecto dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la recepción del expediente, en los términos del artículo 211 del CCA.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00170-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01
(Acumulados)1
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA Y SE ORDENA REMITIR EL
EXPEDIENTE AL TRIBUNAL PARA QUE SE PRONUNCIE RESPECTO DE LOS
DEMÁS CARGOS DE LA DEMANDA, POR CUANTO NO PROSPERÓ EL CARGO DE
DESCONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO, EN CONCORDANCIA CON EL
DERECHO DE CONTRADICCIÓN Y EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD, TODA VEZ
QUE SÍ EXISTIÓ CONGRUENCIA ENTRE LOS CARGOS FORMULADOS EN LA
RESOLUCIÓN DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y LA CONDUCTA OBJETO
DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPUSO LA SANCIÓN. REITERACIÓN
JUDICIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto

por el apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO, en adelante SIC, contra la sentencia de 12 de diciembre

1
Mediante proveído de 12 de julio de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “C”, decretó la acumulación de los procesos núms. 25000-23-24-000-2011-00168, 25000-
23-24-000-2011-00118, 25000-23-24-000-2011-00104 y 25000-23-24-000-2011-00185 al radicado núm. 25000-23-24-000-
2011-00170, para que fueran tramitados y decididos conjuntamente bajo la misma cuerda procesal (folios
263 a 274 del C.1).

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

de 2014, proferida por la Sección Primera, Subsección “C”, del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente

a las súplicas de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1. Los INGENIOS PROVIDENCIA S.A., CARMELITA S.A., CAUCA

S.A., PICHICHÍ S.A., RISARALDA S.A., MAYAGUEZ S.A., y los

señores CÉSAR AUGUSTO ARANGO ISAZA y MAURICIO

IRAGORRI RIZO, por medio de apoderados judiciales y en ejercicio

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el

artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA,

presentaron demandas ante el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, tendientes a obtener las siguientes declaraciones y

condenas:

1) INGENIO PROVIDENCIA S.A. (Núm. único de radicación 25000-

23-24-000-2011-00170)

“[…] PRIMERA.- Que se declare la nulidad de las Resoluciones
No. 6839 del 9 de febrero de 2010, en sus artículos primero,
segundo, séptimo, octavo y noveno y No. 42411 del 13 de
agosto de 2010, en su artículo primero, proferidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDA.- Que como consecuencia de la nulidad de las
Resoluciones No. 6839 del 9 de febrero de 2010 y No. 42411
del 13 de agosto de 2010, en los artículos indicados en la
pretensión primera, proferidas por el Superintendente de

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

Industria y Comercio, y a título del restablecimiento del
derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y
Comercio la devolución a INGENIO PROVIDENCIA S.A., del
valor total de la multa, consignada a favor de la
Superintendencia de Industria y Comercio el día 27 de
septiembre de 2010 por un valor de mil treinta millones de
pesos, ($1.030.000.000.oo). Dicha devolución debe
comprender el valor de la multa y debe tener en cuenta además
la correspondiente indexación.

TERCERA.- Que la Superintendencia de Industria y Comercio
debe pagar las costas y gastos del proceso. […]”.

2) INGENIO CARMELITA S.A. (Núm. único de radicación 25000-23-

24-000-2011-00104)

“[…] 4.1. Que se declare la nulidad del artículo primero de la
Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010, por medio de
los cual (sic) sea declaró que el INGENIO CARMELITA infringió
el artículo 1º de la Ley 155 de 1959 y el numeral 1 del artículo
47 del Decreto 2153 de 1992, por haber incurrido en un
acuerdo para la fijación de los precios de la caña de azúcar, así
como que es nulo el artículo primero de la Resolución No.
42411 del 13 de agosto de 2010, en cuanto confirmó el artículo
primero de la Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010.

4.2. Que se declare la nulidad del artículo segundo de la
Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010, por medio de
los cual se le impuso al INGENIO CARMELITA una multa
equivalente a 2.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes esto es la suma de mil treinta millones de pesos,
($1.030.000.000.oo), así como que es nulo el artículo primero
de la Resolución No. 42411 del 13 de agosto de 2010, en
cuanto confirmó el artículo segundo de la Resolución No. 6839
del 9 de febrero de 2010.

Que como consecuencia de la nulidad de que trata la presente
pretensión, se ordene a la Superintendencia de Industria y
Comercio.

4.2.1. El reintegro de la multa pagada por mi representado el
día 1º de octubre de 2010, por la suma de mil treinta y ocho
millones quinientos ochenta y tres mil trescientos pesos con
sesenta y siete pesos, ($1.030.583.300.67), debidamente
actualizada mediante la aplicación del índice de precios al
consumidor.

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

4.2.2. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y
Comercio reconocer a mi representado el interés bancario
corriente desde la fecha de realización del depósito el día 1º de
octubre de 2010, hasta la fecha en que se realice la devolución,
sin perjuicio del pago de intereses de mora conforme al artículo
177 del CCA.

4.2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y
Comercio suprimir de los archivos de esta Entidad cualquier
anotación que la DEMANDANTE se le haya hecho en relación
con la multa cuya nulidad ha sido solicitada.

4.3. Que se declare que es nulo el artículo séptimo de la
Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010, mediante la cual
se dispone que las empresas sancionadas y sus representantes
legales deberán poner término a la infracción de forma
inmediata, si aún no lo han hecho. Adicionalmente deberán
abstenerse de acordar directamente o indirectamente los
precios de compra de materia prima o cualquier otro tipo de
colaboración tendiente a generar similar efecto anticompetitivo
en el mercado, en los términos de la presente resolución, así
como es nulo el artículo primero de la Resolución No. 42411 del
13 de agosto de 2010, en cuanto confirmó el artículo séptimo
de la Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010.

4.4. Que se declare que es nulo el artículo octavo de la
Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010, que dispone que
las empresas sancionadas y sus representantes legales
implementan medidas que fueren necesarias para que la
información confidencial o reservada que suministren a las
sociedades y asociaciones a las que se encuentren vinculadas
directa directamente o indirectamente, no sea retrasmitida a
sus competidores de forma que elimine la incertidumbre propia
de un mercado en competencia, y en consecuencia, se utilice
un estricto cumplimiento de la ley, de las finalidades legítimas
del derecho de asociación y, en particular, de las normas
relacionadas con el régimen de protección de la competencia,
así como que es nulo el artículo primero de la Resolución No.
42411 del 13 de agosto de 2010, en cuanto confirmó el artículo
séptimo de la Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010.
[…]”.

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

3) INGENIO DEL CAUCA S.A. (Núm. único de radicación 25000-23-

24-000-2011-00118)

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No.
6839 del 9 de febrero de 2010, expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, notificada por edicto
que se desfijó el 19 de febrero de 2010, por medio de los cual
se impuso una sanción de MIL TREINTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS NUEVE MIL, NOVENTA Y NUEVE PESOS,
($1.037.209.99) al INGENIO DEL CAUCA.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de las Resolución No.
42411 del 13 de agosto de 2010, expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, notificada el día 23
de agosto de 2010, por medio del cual se resolvió el recurso de
reposición, interpuesto por mi representado, en contra de la
Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010, confirmando en
todas sus partes el acto recurrido.

TERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones
anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se
realicen los siguientes pronunciamientos:

1. Que se decrete que mi poderdante no incurrió en las
conductas sancionadas por medio de los actos administrativos
demandados.

2. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio
reembolsar al INGENIO DEL CAUCA S.A. la suma MIL TREINTA
Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL, NOVENTA Y
NUEVE PESOS, ($1.037.209.99), que ya fue pagada. La misma
deberá reembolsarse indexada, y con los correspondientes
intereses a que haya lugar.

3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio
publicar a su costa, un aviso en los mismos diarios en que lo
publicó mis poderdante (sic), en el que se indique que aquel no
incurrió en conducta alguna contraria a las normas de
promoción de la competencia.

TERCERA: Que se condene a la Entidad demandada a pagar
las costas que generen en este proceso. […]”.

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

4) INGENIO PICHICHÍ S.A. (Núm. único de radicación 25000-23-24-

000-2011-00158)

“[…] 4.1. Que se declare la nulidad del artículo primero de la
Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010, por medio de
los cual (sic) sea declaró que el INGENIO PICHICHÍ infringió el
artículo 1º de la Ley 155 de 1959 y el numeral 1 del artículo 47
del Decreto 2153 de 1992, por haber incurrido en un acuerdo
para la fijación de los precios de la caña de azúcar, así como
que es nulo el artículo primero de la Resolución No. 42411 del
13 de agosto de 2010, en cuanto confirmó el artículo primero
de la Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010.

4.2. Que se declare la nulidad del artículo segundo de la
Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010, por medio de
los cual se le impuso al INGENIO PICHICHÍ una multa
equivalente a 2.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes esto es la suma de mil treinta millones de pesos,
($1.030.000.000.oo), así como que es nulo el artículo primero
de la Resolución No. 42411 del 13 de agosto de 2010, en
cuanto confirmó el artículo segundo de la Resolución No. 6839
del 9 de febrero de 2010.

Que como consecuencia de la nulidad de que trata la presente
pretensión, se ordene a la Superintendencia de Industria y
Comercio.

4.2.1. El reintegro de la multa pagada por mi representado el
día 7 de octubre de 2010, por la suma de mil cuarenta millones
seiscientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos
m/cte, ($1.040.643.333.oo), debidamente actualizada
mediante la aplicación del índice de precios al consumidor.

4.2.2. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y
Comercio reconocer a mi representado el interés bancario
corriente desde la fecha de realización del depósito el día 7 de
octubre de 2010, hasta la fecha en que se realice la devolución,
sin perjuicio del pago de intereses de mora conforme al artículo
177 del CCA.

4.2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y
Comercio suprimir de los archivos de esta Entidad cualquier
anotación que la DEMANDANTE se le haya hecho en relación
con la multa cuya nulidad ha sido solicitada.

4.3. Que se declare que es nulo el artículo séptimo de la
Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010, mediante la cual

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

se dispone que las empresas sancionadas y sus representantes
legales deberán poner término a la infracción de forma
inmediata, si aún no lo han hecho. Adicionalmente deberán
abstenerse de acordar directamente o indirectamente los
precios de compra de materia prima o cualquier otro tipo de
colaboración tendiente a generar similar efecto anticompetitivo
en el mercado, en los términos de la presente resolución, así
como es nulo el artículo primero de la Resolución No. 42411 del
13 de agosto de 2010, en cuanto confirmó el artículo séptimo
de la Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010.

4.4. Que se declare que es nulo el artículo octavo de la
Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010, que dispone que
las empresas sancionadas y sus representantes legales
implementan medidas que fueren necesarias para que la
información confidencial o reservada que suministren a las
sociedades y asociaciones a las que se encuentren vinculadas
directa directamente o indirectamente, no sea retrasmitida a
sus competidores de forma que elimine la incertidumbre propia
de un mercado en competencia, y en consecuencia, se utilice
un estricto cumplimiento de la ley, de las finalidades legítimas
del derecho de asociación y, en particular, de las normas
relacionadas con el régimen de protección de la competencia,
así como que es nulo el artículo primero de la Resolución No.
42411 del 13 de agosto de 2010, en cuanto confirmó el artículo
séptimo de la Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010.
[…]”.

5) INGENIO RISARALDA S.A. y el señor CÉSAR AUGUSTO

ARANGO ISAZA (Núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-

00168)

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No.
6839 del 9 de febrero de 2010, expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, notificada por edicto
que se desfijó el 19 de febrero de 2010, por medio de los cual
se impuso una sanción de mil treinta millones de pesos,
($1.030.000.000) al INGENIO RISARALDA y ciento cincuenta y
cuatro millones quinientos mil pesos ($154.500.000) al señor
CÉSAR AUGUSTO ARANGO ISAZA.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de las Resolución No.
42411 del 13 de agosto de 2010, expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, notificada el día 23

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

de agosto de 2010, por medio del cual se resolvió el recurso de
reposición, interpuesto por mis representados, en contra de la
Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010, confirmando en
todas sus partes el acto recurrido.

TERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones
anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se
realicen los siguientes pronunciamientos:

1. Que se decrete que mis poderdantes no incurrieron en las
conductas sancionadas por medio de los actos administrativos
demandados.

2. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio
reembolsar al INGENIO DEL CAUCA S.A. la suma mil treinta y
siete millones quinientos cincuenta y tres mil trescientos treinta
y dos pesos, ($1.037.553.332), correspondiente a la multa
impuesta más los intereses causados hasta la fecha de su pago
por mi poderdante, el 6 de octubre de 2010. La misma deberá
reembolsarse indexada, y con los correspondientes intereses a
que haya lugar.

3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio
reembolsar al señor CÉSAR AUGUSTO ARANGO ISAZA, la suma
de ciento cincuenta y cinco millones seis cientos treinta y tres
mil pesos ($155.633.000) correspondiente a la multa impuesta
más los intereses causados hasta la fecha de su pago por mi
poderdante, el 12 de octubre de 2010. La misma deberá
reembolsarse indexada, y con los correspondientes intereses a
que haya lugar.

4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio
publicar a su costa, un aviso en los mismos diarios en que los
publicó mis poderdantes, en el que se indique que aquel no
incurrió en conducta alguna contraria a las normas de
promoción de la competencia.

CUARTA: Que se condene a la Entidad demandada a pagar las
costas que generen en este proceso. […]”.

6) INGENIO MAYAGUEZ S.A. y el señor MAURICIO IRAGORRI

RIZO (Núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00185)

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Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

“[…] PRIMERA.- Que sean declaradas nulas parcialmente en
cuanto imponen sanciones a la sociedad MAYAGUEZ S.A. (NIT:
890.302.594-9) y al Dr. MAURICIO IRAGORRI RIZO (C. de C.
No. 16.722.421 de Cali), las Resoluciones No. 6839 del 9 de
febrero de 2010 “Por la cual se imponen unas sanciones”, y No.
42411 del 13 de agosto de 2010, “Por la cual se resuelven unos
recursos”, originarias ambas del Superintendente de Industria
y Comercio.

SEGUNDA.- Que como consecuencia de las nulidades
anteriores, se ordene la devolución de las sumas de dinero que
fueron pagadas a la Nación colombiana/ Superintendencia de
Industria y Comercio, a causa de las multas impuestas en los
actos demandados y por los valores de un mil treinta millones
de pesos, ($1.030.000.000.oo) M/L, a la sociedad MAYAGUEZ
S.A. (NIT: 890.302.594-9) y al Dr. MAURICIO IRAGORRI RIZO
(C. de C. No. 16.722.421 de Cali), por ciento cincuenta y cuatro
millones de pesos M/L, ($154.000.000.oo) con los reajustes,
indemnizaciones e intereses que dispone la ley desde el
momento en que se hizo la consignación de esos dineros a
nombre de la entidad citada y hasta el momento en que
efectivamente se realice el pago. […]”.

I.2. Los actores fundamentaron sus pretensiones, en síntesis, en los

siguientes hechos:

1) INGENIO PROVIDENCIA S.A. (Núm. único de radicación 25000-

23-24-000-2011-00170)2

Señaló que a través de la Resolución núm. 06981 de 9 de marzo de

2007, el Superintendente Delegado para la Promoción de la

22
Folios 2 a 32 del C.1.

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Competencia de la SIC abrió investigación en contra de los

INGENIOS PROVIDENCIA S.A., CAUCA S.A., CARMELITA S.A.,

MANUELITA S.A., MAYAGUEZ S.A., RIOPAILA, CENTRAL

CASTILLA, PICHICHÍ S.A., RISARALDA S.A., LA CABAÑA S.A.,

SAN CARLOS S.A., CARMELITA S.A., MARIA LUISA y CENTRAL

TUMACO S.A., así como contra sus representantes legales, con el fin

de determinar si “incurrieron en conductas contrarias a la libre

competencia, entre mayo de 2005 y febrero de 2007 en el mercado de

compra de caña de azúcar como materia prima”, es decir, si

transgredieron el artículo 1º de la Ley 155 de 24 de diciembre de

19593, así como los numerales 1 y 5 del artículo 47 del Decreto 2153

de 30 de diciembre 19924, por la existencia de un presunto acuerdo,

entre los Ingenios azucareros, para definir las condiciones en la compra

de caña de azúcar.

Que la entidad demandada le elevó cargos por el supuesto arreglo

existente que se dio entre los Ingenios para repartirse las fuentes de

abastecimiento, bajo la idea de que los contratos de suministro,

celebrados entre ellos y los vendedores de caña de azúcar contenían

unas cláusulas de exclusividad con penalidad en caso de

3
“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas.”
4
“Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras
disposiciones”.

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incumplimiento, según la cual los productores se comprometían a

entregar la totalidad de sus cultivos a un único comprador,

impidiéndose así que los proveedores pudieran escoger libremente a

quien ofrecer su producto.

Que, frente a las anteriores imputaciones, descorrió los descargos

respectivos, requirió la práctica de pruebas y dirigió su defensa a

controvertir la imputación de la SIC, relacionada con que los Ingenios

demandantes pagaban a los productores de caña de azúcar una suma

fija equivalente a 58 kilos de azúcar por tonelada de caña, lo que, a

juicio de la entidad demandada, atentaba contra la libre competencia.

Que por auto núm. 4991 de 21 de febrero de 2008, la SIC decretó los

medios probatorios, entre los que figuran, más de sesenta testimonios,

declaraciones de los representantes legales de los Ingenios y visitas

administrativas a las instalaciones de las empresas implicadas.

Que con los documentos obrantes en el expediente administrativo se

logró demostrar que los 58 kilos correspondían a un valor de referencia

empleado por más de treinta años, mecanismo sustentado en el hecho

de que por tonelada de caña es posible obtener 116 kilos de azúcar,

es decir, los Ingenios y los cañicultores dividen en partes iguales la

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producción de azúcar en 58 kilos a cada uno. Esa cláusula ha estado

presente en los contratos celebrados con los productores desde 1977.

Que con las pruebas recaudadas en sede administrativa, demostró,

frente al presunto acuerdo para la fijación del precio de la caña

destinado a la producción de alcohol carburante, que la similitud en las

formas de pago ofrecidas por los Ingenios obedeció a que el Ministerio

de Agricultura y Desarrollo Rural hizo un llamado para que fueran

analizadas, de forma conjunta, la remuneración de la caña en ese

negocio, que para ese momento era nuevo en el país; de hecho fue

ese Ministerio quien propuso la fórmula de ATRs como único organismo

para el pago.

Que, sin embargo, para octubre de 2005, cuando el INGENIO

PROVIDENCIA S.A. empezó a liquidar la compra de caña de azúcar

para la producción de alcohol carburante, decidió de forma unilateral e

independiente emplear la fórmula de ingresos menos costos, lo que

arrojaba un promedio entre 21,5 y 25, 7 litros de alcohol por quintal

de azúcar.

Que, a pesar de lo anterior, el Superintendente Delegado para la

Promoción de la Competencia de la SIC, emitió Informe Motivado,

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notificado el 13 de noviembre de 2009, en el cual recomendó sancionar

a los 13 Ingenios, por estimar que habían celebrado un acuerdo para

la fijación de precios para la compra de caña, con infracción del

numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153, así como por la existencia

de un acuerdo entre los Ingenios para la repartición o limitación de

fuentes de abastecimiento de caña de azúcar, por desconocer las

previsiones del numeral 5, del artículo 47, del Decreto 2153.

Que el 11 de diciembre de 2009, presentó sus observaciones frente al

Informe Motivado y su oposición a la recomendación del mencionado

Superintendente.

Que la SIC, mediante la Resolución núm. 6839 de 9 de febrero de

2010 declaró el incumplimiento del artículo 1º de la Ley 155 y del

numeral 1, del artículo 47, del Decreto 2153, teniendo en cuenta que

los Ingenios llegaron a un acuerdo para la fijación de los precios de la

caña de azúcar, e impuso la sanción más alta prevista en la Ley (2000

SMLMV), equivalentes a $1.030.000.000.

Que, en contra de dicha decisión, la demandante interpuso recurso de

reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente, a través de la

Resolución núm. 42411 de 13 de agosto de 2010; y el 27 de

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septiembre de 2010, consignó el valor de la multa y los intereses

moratorios causados.

2) INGENIO CARMELITA S.A. (Núm. único de radicación 25000-23-

24-000-2011-00104)5

Que la imputación que se le realizó en el pliego de cargos, no

constituía una violación legal de la competencia, dado que no incurrió

en acuerdo colusorio de precios, ni fijó un solo precio a los

proveedores, sino que les pagó una suma variable, de acuerdo con

el rendimiento.

Que descorrió los descargos respectivos, pidió pruebas y solicitó el

archivo de la investigación. Posteriormente, el 22 de septiembre de

2009 presentó un incidente de nulidad en contra del auto que decretó

pruebas, al estimar que la SIC, de oficio, ordenó la incorporación de

unas pruebas obrantes en el expediente administrativo, actuación de

la que no tuvo conocimiento la actora, de ahí que no pudiera

controvertirlas. Dicho incidente fue negado a través de la Resolución

núm. 57078 de 2009.

5
Folios 1 a 43 del C. 3.

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Que respecto al Informe Motivado, la demandante, mediante

documento de 11 de diciembre de 2009, requirió la práctica de unas

pruebas, sobre las cuales la SIC se abstuvo de pronunciarse.

Que la entidad demandada, mediante la Resolución núm. 6839 de

9 de febrero de 2010, la sancionó con multa, por infringir el artículo

1º de la Ley 155 y el numeral 1, del artículo 47, del Decreto 2153, al

estimar que había celebrado un acuerdo para la fijación directa o

indirecta de los precios de la caña de azúcar, a pesar de no existir

prueba alguna; y que, además, había acordado una supuesta cuota

máxima variable de acuerdo con el rendimiento de caña de azúcar,

esto es, un patrón máximo para el pago.

Que, posteriormente, el 24 de febrero de 2010 intentó nuevamente un

incidente de nulidad, por la falta de pronunciamiento sobre las pruebas

requeridas, al descorrer el traslado del Informe Motivado; y que el 26

de febrero de 2010, interpuso recurso de reposición en contra de la

decisión sancionatoria, el cual fue resuelto desfavorablemente, a

través de la Resolución núm. 42411 de 13 de agosto de 2010.

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Que el 1º de septiembre de 2010, la actora presentó otro recurso de

reposición en contra del artículo cuarto de la citada Resolución núm.

42411, que decidió negar el incidente de nulidad, el cual fue

rechazado por improcedente por la Resolución núm. 49547 de 17 de

septiembre de 2010.

3) INGENIO DEL CAUCA S.A. (Núm. único de radicación 25000-23-

24-000-2011-00118)6

Que el período, objeto de investigación, fue entre mayo de 2005 a

febrero de 2007.

Que la sanción le fue impuesta a través de la Resolución núm. 6839

de 9 de febrero de 2010, por el supuesto acuerdo para fijar el precio

de 58 kilos por tonelada, como tope máximo, para el suministro de

caña de azúcar. Decisión que fue recurrida el 26 de febrero de 2010 y

decidida, de manera desfavorable, mediante la Resolución núm.

42411 de 13 de agosto de 2010.

Que la contraprestación del sistema de suministro de caña de azúcar

para la producción de azúcar, históricamente, se ha calculado en

6
Folios 1 a 76 del C.5.

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kilogramos, según sus usos y costumbres existentes y los Ingenios se

vinculan con sus proveedores, principalmente, a través de las

siguientes formas: 1) “proveeduría de caña en mata”; 2) “contrato de

cuentas en participación”; y 3) “contratos de arrendamiento”.

Que el suministro de caña para la producción de alcohol inició con la

Ley 693 de 19 de septiembre de 20017, y que luego la Resolución núm.

180687 de 17 de junio de 2003 reglamentó esa ley y dispuso que en

centros urbanos con más de 500 mil habitantes la gasolina debía tener

componentes oxigenados.

Que los INGENIOS INCAUCA S.A. y PROVIDENCIA S.A. fueron los

primeros en la producción del alcohol con base en caña de azúcar y

ellos no fueron quienes fijaron unilateralmente el precio de la caña,

sino que hubo una fuerte intervención de las agremiaciones de

productores AZUCARI y PROCAÑA para la fijación del precio, a tal

punto que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tuvo que

sugerir una fórmula para calcular la remuneración, que no fue

aceptada por el gremio.

7
“Por la cual se dictan normas sobre el uso de alcoholes carburantes, se crean estímulos para su
producción, comercialización y consumo, y se dictan otras disposiciones”.

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Que el alcohol carburante es un combustible y como tal su precio es

regulado por el Ministerio de Minas y Energía, quien expidió la

Resolución núm. 180222 de 2006, que define un precio máximo

calculado con base en los costos de producción.

4) INGENIO PICHICHÍ S.A. (Núm. único de radicación 25000-23-24-

000-2011-00158)8

Que la entidad demandada le elevó cargos por pagar a los productores

de caña una suma fija equivalente a 58 kilos de azúcar por tonelada

de caña, razón por la cual el 23 de mayo de 2007 presentó descargos.

Que en la Resolución núm. 45643 de 2009 la SIC ordenó la

incorporación, de oficio, de unas pruebas obrantes en el expediente

núm. 08-131748 al 04-074580, en el que se adelantó la actuación

sancionatoria, sin que se le diera la oportunidad para formular la

debida contradicción.

Que el 22 de septiembre de 2009 presentó un incidente de nulidad en

contra del auto que decretó pruebas, el cual fue negado a través de la

Resolución núm. 57078 de 6 de noviembre de 2009, al estimar, la

8
Folios 1 a 41 del C.6.

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entidad demandada que las visitas administrativas que fueron

anexadas al expediente, de oficio, no estaban sujetas a las

formalidades del CPC, esto es, a las de avisar la fecha y lugar de la

inspección, y que, por ende, a juicio de la SIC, no podía inferirse que

existía una violación del debido proceso.

Que la demandante, mediante documento de 11 de diciembre de 2009,

se refirió sobre el Informe Motivado y solicitó la práctica de unas

pruebas, sobre las cuales la SIC se abstuvo de pronunciarse.

Que el 24 de febrero de 2010 propuso otro incidente de nulidad, por la

falta de pronunciamiento sobre las pruebas requeridas; y que el 26 de

febrero de 2010, interpuso recurso de reposición en contra de la

decisión sancionatoria, el cual fue resuelto desfavorablemente, a

través de la Resolución núm. 42411 de 13 de agosto de 2010.

Que el 1o. de septiembre de 2010, la actora presentó recurso de

reposición en contra del artículo cuarto de la citada Resolución núm.

42411, que decidió negar el incidente de nulidad, el cual fue

rechazado por improcedente mediante la Resolución núm. 49547 de

17 de septiembre de 2010.

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5) INGENIO RISARALDA S.A. y el señor CÉSAR AUGUSTO

ARANGO ISAZA (Núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-

00168)9

Que el período, objeto de investigación, fue entre mayo de 2005 a

febrero de 2007.

Que la sanción le fue impuesta a través de la Resolución núm. 6839

de 9 de febrero de 2010. Decisión que fue recurrida y fue decidida,

de manera desfavorable, mediante la Resolución núm. 42411 de

13 de agosto de 2010.

Que el suministro de caña para la producción de alcohol inició con la

Ley 693 y luego la Resolución núm. 180687 de 17 de junio de 2003

reglamentó dicha ley y dispuso que en centros urbanos con más de

500 mil habitantes la gasolina debía tener componentes oxigenados.

Que las instalaciones del INGENIO RISARALDA S.A. eran las únicas

ubicadas en ese departamento, ya que el resto estaban en el Valle del

9
Folios 7 a 78 del C.6.

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
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Cauca y tenían una zona de influencia distinta a los demás productos

de azúcar, por tener un mercado geográfico distinto.

Que existió una injerencia de las agremiaciones AZUCARI y PROCAÑA

en la fijación del precio para la remuneración de la caña de azúcar y

que la actora no empleó la fórmula de ingresos menos costos para la

contraprestación de la caña destinada a la producción, sino que utilizó,

en los contratos de suministro, la fórmula de 19 litros por quintal de

azúcar, así como la de azúcar crudo menos gastos de exportación.

Que con la Resolución núm. 180222 de 2006, el Ministerio de Minas y

Energía reguló la fórmula para fijar el precio del alcohol carburante y

que esa entidad tuvo en cuenta los costos de producción en la

elaboración de tal fórmula y, para el efecto, los productores deben

remitirle información relevante, homogénea y detallada, en relación

con los gastos en que se incurran en la elaboración del combustible,

con la finalidad de servir de referencia para establecer el precio de

etanol.

6) INGENIO MAYAGUEZ S.A. y el señor MAURICIO IRAGORRI

RIZO (Núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00185)10

10
Folios 8 a 1del C.9.

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Que la SIC inició las averiguaciones sobre los negocios de

compraventa, suministro y producción de caña de azúcar en el

espacio geográfico del Valle del Río Cauca, entre mayo de 2005 y

febrero de 2007, con fundamento en unas publicaciones en los

periódicos La República y Portafolio de 29 de abril de 2004, en las

que se informaba acerca de la inconformidad de una Asociación de

Cultivadores de Caña, respecto a la adquisición de ese producto para

la producción de alcohol carburante.

Que el objeto social de MAYAGUEZ S.A. es la agroindustria de la

caña de azúcar, dado que produce sacarosa, azúcar cristalizado y

alcohol carburante.

Que en este sector económico, los proveedores y los Ingenios no

pactan previamente un precio, sino que convienen en dividir los

éxitos o los fracasos de las operaciones realizadas, según la

proporción de cada negocio, expresado en valores dinerarios. De tal

manera, que en los contratos de adquisición y de arrendamiento de

tierras se dividen el riesgo en partes iguales, por lo que a cada uno

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le corresponde 58 kilos por tonelada de caña de azúcar y que, a su

vez, en los contratos de cuentas en participación al productor le

pertenece un 25% y al Ingenio el 75% del azúcar obtenida.

Que la SIC, valiéndose de una interpretación irregular de la ley,

inadecuadamente sostuvo que la relación entre kilo de azúcar por

tonelada de caña es un acuerdo de precios que afectó la normatividad

y libertad del mercado, puesto que pasó por alto que esa fórmula es

producto de la evolución histórica de las relaciones comerciales entre

los participantes de ese mercado, además de que las mismas tienen

su fundamento lógico en las características biológicas de la

mercancía, que han dado lugar a esa tipología de la remuneración,

razón por la cual, a su juicio, no hubo ni existieron precios

inequitativos.

I.3. En apoyo de sus pretensiones, los actores adujeron la violación

de los artículos 29, 209 y 333 de la Constitución Política; 2º, numeral

1, 45, 47, numeral 1, del Decreto 2153; 33, 35, 38 y 85 del CCA;

905 del Código de Comercio; 109, 178, 185, 244, 245, 269 del

Código de Procedimiento Civil; 287, 288, 289, 336 y 337 del Código

de Procedimiento Penal; 3º, 8º, 17 de la Ley 1340 de 24 de julio de

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200911; 2º y 43 de la Ley 153 de 15 de agosto de 188712; y 1º de

la Ley 155 de 24 de diciembre de 195913.

En síntesis, señalaron los siguientes cargos de violación:

1) INGENIO PROVIDENCIA S.A. (Núm. único de radicación 25000-

23-24-000-2011-00170)14

.PRIMER CARGO: “CADUCIDAD DE LA FACULTAD DE LA SIC-
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 38 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO”.

Señaló que la sanción impuesta por la SIC no quedó en firme dentro

de los tres años previstos en el artículo 38 del CCA, dado que el

período objeto de censura va desde mayo de 2005 a febrero de 2007,

siendo éste último el punto inicial, por lo que la decisión que agotó

la vía gubernativa debió notificarse a más tardar el 28 de febrero de

2010, pero solo fue comunicada en agosto de 2010.

Que al ser el soporte probatorio principal una prueba que data de

1992, para esos hechos la facultad sancionatoria ya había caducado,

puesto que ocurrieron hace más de 15 años.

11
“Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”.
12
“Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”.
13
“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas.”
14
Folios 2 a 32 del C.1.

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Expresó que la sanción impuesta al INGENIO PROVIDENCIA S.A.

por el supuesto acuerdo para la fijación del precio de la compra tuvo

como fundamento unas ofertas de 14 de diciembre de 2004 y, por

tanto, la facultad sancionatoria de la SIC fenecía el 14 de diciembre

de 2014.

Que bajo cualquiera de los supuestos anteriores, la entidad

demandada perdió la oportunidad para sancionar.

.SEGUNDO CARGO: “VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO”.

Alegó que en el auto de apertura de investigación la SIC elevó cargos

por la presunta existencia de un acuerdo entre los Ingenios para fijar

el precio de compra de caña de azúcar, pero que en el curso de la

actuación se cambió esa imputación, dado que al inicio se pretendió

indagar por los acuerdos en el precio, pactados en contratos de

compraventa, y, posteriormente, al sancionar se tuvieron en cuenta

los contratos de participación.

Agregó que hubo una transgresión del debido proceso por la

incorporación oficiosa de unas pruebas, realizada mediante la

Resolución núm. 45643 de 2009, toda vez que las sociedades

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implicadas no tuvieron oportunidad para controvertir las mismas, ya

que los medios probatorios incorporados por la entidad demandada

fueron unas visitas administrativas practicadas en 2009 sin la

intervención de las investigadas.

.TERCER CARGO: “DESVIACIÓN DE PODER”.

Indicó que la intención del Superintendente fue obtener un mejor

precio de remuneración para los cañicultores, de tal forma que la

interferencia en el mercado de la SIC excedió sus funciones con

transgresión de los artículos 333 de la Constitución Política, 2º,

numeral 1, del Decreto 2153, y 3º de la Ley 1340 de 2009, dado que

tales disposiciones no tienen como objetivo que el Superintendente

interceda por algunos agentes del mercado para que consigan un

mejor precio por sus bienes o servicios.

.CUARTO CARGO: “VIOLACIÓN DE LA LEY”.

Afirmó que la Superintendencia demandada desconoció el artículo

905 del Código de Comercio, que define el precio como elemento del

contrato de compraventa, en cuanto se apartó de dicha definición y

empleó otra de su propia autoría, al momento de decidir.

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Que, además, violó el artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, que

prevé la definición de “acuerdo”, ya que lo ubicó como la fijación de

tres fórmulas para determinar el precio.

.QUINTO CARGO: “FALSA MOTIVACIÓN”.

Manifestó que la entidad demandada fundamentó su decisión, en lo

relacionado con la caña destinada para la producción de azúcar, en

las siguientes tres premisas que, a su juicio, son falsas: 1) “Que las

llamadas cotas máximas de 58 kg/t o 20% de rendimiento eliminan

la competencia”; 2) “Que no existe sustento técnico que de cuenta

de un rendimiento promedio de la caña igual a 116 kg/t”; 3) “Que el

pago de 52 kilos de azúcar por tonelada de caña no es una costumbre

mercantil”.

Asimismo, sostuvo que en lo concerniente a la caña destinada para

la producción de alcohol carburante, la SIC erradamente señaló lo

siguiente: 1) que los cinco Ingenios alcoholeros (RISARALDA S.A.,

INCAUCA S.A., PROVIDENCIA S.A., MAYAGUEZ S.A. y

MANUELITA S.A.) prefirieron actuar coordinadamente en el

mercado, en lugar de hacerlo de manera individual e independiente,

lo cual se vio reflejado en el ofrecimiento de fórmulas idénticas de

remuneración, no obstante las numerosas y marcadas diferencias

entre los Ingenios; 2) que no existe una explicación económica

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diferente a la existencia de un acuerdo para que todos los ingenios

hayan adoptado las mismas fórmulas de remuneración de la caña

destinación a alcohol; 3) que las fórmulas de ingresos menos costos

aplicada por MANUELITA S.A., INCAUCA S.A., PROVIDENCIA

S.A. y MAYAGUEZ S.A. y 19 litros aplicada por RISARALDA S.A.

no fueron el resultado de un ejercicio individual e independiente en

el mercado, sino el fruto del actuar coordinado entre competidores

con la finalidad de fijar el precio de caña de azúcar como insumo

productivo; 4) que la información compartida por los cinco Ingenios

alcoholeros en mención constituye evidencia de la forma concertada

como establecieron el esquema de remuneración de la caña de

azúcar, destinada a la producción de alcohol carburante, que

aplicaron a los contratos suscritos para dicho propósito; 5) el ánimo

anticompetitivo de los Ingenios alcoholeros se manifiesta en el

permanente intercambio de información sensible con sus supuestos

competidores.

2) INGENIO CARMELITA S.A. (Núm. único de radicación 25000-23-

24-000-2011-00104)15

.PRIMER CARGO: “VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO”.

15
Folios 1 a 43 del C.3.

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Adujo que las resoluciones acusadas vulneraron el principio de

tipicidad y legalidad, puesto que la SIC censuró la presunta

celebración de un acuerdo para la fijación directa o indirecta de

precios, sin tener en cuenta el concepto de precio, que establece el

Decreto 2153, sino que se valió de una noción de carácter económico

que dicha entidad definió, lo que supone que los administrados

quedan expuestos a la definición que, en cada caso, haga la

autoridad, con lo cual se desconoce el principio de legalidad.

Aseveró que, en el auto de apertura de investigación, la presunta

falta era la colusión en materia de precios y que en ningún momento

se imputó que los precios estuvieran vinculados a una fórmula

predeterminada, que arrojaba como resultado una suma fija de 58

kgs por tonelada de caña de azúcar. Situación que fue la finalmente

censurada por la entidad demandada, con el fundamento de que

existía una “cuota máxima” variable de acuerdo con el rendimiento

de la caña de azúcar, razón por la cual la sanción estuvo cimentada

en imputaciones distintas a las inicialmente endilgadas.

Que, igualmente, la SIC sancionó sin las pruebas necesarias para

desvirtuar la presunción de inocencia, ya que no logró acreditar que

el INGENIO CARMELITA S.A. haya participado en el supuesto

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

acuerdo para fijar topes máximos de pago; únicamente fundó su

conclusión en indicios, inferencias, en unos cuadros estadísticos y un

acta de acuerdo, que ni siquiera fue firmada por algún representante

del Ingenio.

Señaló que hubo un desconocimiento al principio de formalidad y

lealtad de la prueba, toda vez que la SIC adelantó unas visitas

administrativas en 2009, dos años después de la investigación, sin

comunicarlo a las sociedades implicadas e impidiendo la intervención

de las investigadas en la celebración de las diligencias, con lo cual se

vulneró el artículo 245 del CPC, que le imponía el deber de informar,

mediante auto, la hora y fecha exacta, por lo que, a su juicio, tales

pruebas no podían emplearse para decidir la actuación.

Anotó que, en sede administrativa, la actora requirió a la SIC que

oficiara a las Cámaras de Comercio de la región, para que certificarán

si en los municipios de su jurisdicción existía o no costumbre

mercantil entre los Ingenios azucareros y los cañicultores de pactar

como precio de compra de la caña un monto representado en 58 kgs.

de azúcar, por cada tonelada de caña procesada, pero que, a pesar

de ello, la demandada omitió pronunciarse sobre esa solicitud y

expidió decisión sancionatoria.

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

Expresó que la SIC no observó las reglas propias del proceso, ya que

según lo previsto el artículo 8º de la Ley 1340 era obligatorio vincular

al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que diera su

opinión técnica, aspecto que era una formalidad necesaria para

salvaguardar el debido proceso.

Que en ninguna parte la demandada consignó las razones que la

llevaron a imponer la multa más alta, establecida en el ordenamiento

legal, por lo que se configuró una falta de motivación y también hubo

pretermisión del principio de proporcionalidad.

.SEGUNDO CARGO: “INFRINGEN LAS NORMAS EN QUE DEBEN
FUNDARSE: INEXISTENCIA DE CONDUCTAS POR LA CUALES
ERA PROCEDENTE SANCIÓN ALGUNA CONTRA EL INGENIO”.

Indicó que en el expediente administrativo no obra prueba fehaciente

que acredite la existencia del acuerdo endilgado o que la actora haya

participado en el mismo, sino todo lo contrario, dado que pagó más

a los proveedores que el resto de los compradores de caña, ya que

estaba clasificada en la categoría B por el Fondo de Estabilización de

Precios del Azúcar, en la cual se remunera en mayor cantidad a los

productores.

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

Que, de tal manera, es una falacia afirmar que los 58 kilos que se le

dan al cañicultor es un precio estándar, pues lo correcto era convertir

esos kilos en su valor representativo de moneda legal y así comparar

la forma de pago de los Ingenios, razón por la cual mal hizo la entidad

demandada al sostener que la demandante participó en un acuerdo

de cota máxima de 58 kilos.

.TERCER CARGO: “NULIDAD DE LA ORDEN PREVISTA EN EL
ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA RESOLUCIÓN No. 6839 DEL 9 DE
FEBRERO DE 2010”.

Afirmó que en el citado artículo del acto sancionatorio se ordenó a

los Ingenios y sus representantes legales que debían poner término

a la infracción, mandato que podría afectar la ejecución de los

contratos de proveeduría, los cuales estaban vigentes y no habían

sido declarados nulos; por lo tanto, la SIC no podía ordenar la no

ejecución de contrato de derecho privado.

.CUARTO CARGO: “NULIDAD DE LA ORDEN RELATIVA A LA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE SE SUMINISTRA A
SOCIEDADES O ASOCIACIONES, SEGÚN EL ARTÍCULO
OCTAVO DE LA RESOLUCIÓN No. 6839 DEL 9 DE FEBRERO DE
2010”.

Manifestó que el referido artículo de la decisión demandada resulta

nulo, teniendo en cuenta que dio una orden que no fue objeto de

investigación, esto es, la de implementar medidas necesarias para

que la información confidencial o reservada no fuera retrasmitida a

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

los competidores. Aspecto sobre el que las investigadas no tuvieron

posibilidad de controvertirlo o pedir pruebas, para desvirtuar dicha

imputación.

3) INGENIO DEL CAUCA S.A. (Núm. único de radicación 25000-23-

24-000-2011-00118)16

.PRIMER CARGO: “VIOLACIÓN DE LAS NORMAS EN QUE
DEBERÍA FUNDARSE. ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA, ARTÍCULO 35 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, Y CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIETNO CIVIL”.

Sostuvo que dos años después de abierta la etapa de investigación

formal, la SIC realizó unas segundas inspecciones judiciales a los

Ingenios Azucareros, sin que mediara notificación alguna, con lo cual

violó los artículos 244 y 245 del CPC, así como el debido proceso,

dado que sobre unos hechos solo puede adelantarse una inspección

y, en todo caso, no se comunicó la fecha y hora de la diligencia.

Advirtió, de igual forma, que la entidad demandada, a través de la

Resolución núm. 45643 de 2009, con desconocimiento del artículo

185 del CPC, incorporó oficiosamente unos documentos obrantes en

el expediente núm. 08-131748, sobre los que no se cumplieron las

16
Folios 1 a 76 del C.5.

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

formalidades necesarias para trasladar pruebas de manera válida a

otro procedimiento y mucho menos se permitió ejercer la debida

contradicción respecto a éstas.

Anotó que el artículo 109 del CPC establece que, en tratándose de

declaraciones en las cuales se empleen grabaciones magnetofónicas,

deberá levantarse una acta por escrito de las mismas, dentro de los

dos días siguientes a la recepción del testimonio y correr traslado de

estas a las partes, lo cual fue desconocido por la SIC, dado que de

las 59 audiencias adelantadas en marzo y octubre de 2008, ordenó

descorrer el traslado de manera conjunta, un año después de

celebradas, es decir, que en dos días la actora debía hacer las

observaciones a dichas actas, tiempo insuficiente, a pesar de que lo

correcto debió ser correr traslado de las actas, dentro de los dos días

siguientes a la celebración de la respectiva audiencia.

Aseveró, en cuanto al acta de acuerdo de 1992, que al emplear ese

documento para sancionar, se desbordó el lapso que era objeto de

indagación, el que iba desde mayo de 2005 hasta febrero de 2007,

debido a que los hechos que entendió acreditados la SIC con la citada

prueba habían acaecido hace más de 13 años, inclusive antes de la

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

entrada en vigencia del Decreto 2153, que prevé la conducta

censurada.

Y, en cuanto a la publicación de la multa en un diario de alta

circulación, ordenada en el artículo noveno de la resolución

sancionatoria acusada, señaló que constituyó la aplicación

retroactiva del artículo 17 de la Ley 1340, que prevé ese tipo de

divulgación; sin embargo, esa norma no podía ser entendida como

procedimental, sino como sustancial, la cual únicamente puede ser

aplicada a hechos ocurridos luego de su entrada en vigencia.

.SEGUNDO CARGO: “VIOLACIÓN DEL DERECHO DE
AUDIENCIAS Y DE DEFENSA”.

Afirmó que la SIC ordenó abrir investigación a 13 Ingenios

azucareros por la presunta violación del numeral 1, del artículo 47,

del Decreto 2153, por pagar a sus proveedores una suma fija de 58

kgs. por tonelada de caña o una suma variable, de acuerdo con el

rendimiento de caña.

Explicó que, con base en ellos, las investigadas presentaron su

defensa y requirieron pruebas, con el fin de controvertir la imputación

inicial, de que pagaban 58 kilos, ya que no era una suma fija, sino

que correspondía a un techo máximo, pactado por los Ingenios.

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Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

Que, ello, al entender la demandante evidenció la modificación de la

imputación de la conducta descrita en el auto de apertura, sin haber

tenido la posibilidad de defenderse ante la nueva calificación de los

hechos censurados, ya que con el Informe Motivado se cerró la etapa

probatoria.

Que, igual situación, se presentó con el cargo relacionado con la caña

destinada a la producción de alcohol carburante, pues en la apertura

se empleó el verbo "aplicar” y en el Informe Motivado se cambió por

el de “ofrecer”.

.TERCER CARGO: “LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
DEMANDADOS FUERON EXPEDIDOS MEDIANTE FALSA
MOTIVACIÓN”.

Alegó que se la SIC incurrió en falsa motivación, dado que sus

consideraciones respecto a las características, estructura y

funcionamiento del sistema de caña para la producción de azúcar o

alcohol carburante no corresponden a la realidad y, por ello, la

demandada arribó a conclusiones erradas, esto es, pasó por alto que

la forma de remuneración no respondió a un acuerdo espurio entre

los Ingenios, sino que es el producto de una larga tradición que data

desde los orígenes del negocio.

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Que la demandada, respecto a la caña destinada para la producción

de azúcar, señaló que los supuestos empleados para sancionar

concernían a que no existía explicación económicamente razonable

diferente a la del ánimo de no competir por la compra de caña, que

justificara que los Ingenios pagaran una cuota máxima de 58 kilos

por tonelada de caña o un 50% del rendimiento de la misma, además

de que para la mencionada entidad no había sustento técnico

suficiente que diera cuenta de un rendimiento promedio de 116 de

kilos de azúcar por tonelada de caña procesada.

Expuso acerca de la evolución histórica del suministro y

remuneración de la caña de azúcar para desvirtuar las apreciaciones

de la SIC; que la metodología empleada es un uso generalizado,

reiterado y público, que surgió con motivo de las características

propias del sector y su evolución histórica, tal y como lo reconoció el

Ministerio de Agricultura en el documento “Sistema de pago para la

caña de azúcar en Colombia: una nueva propuesta basada en

calidad”, en el que reconoció que el pago del 50% del rendimiento

de la caña para el productos era el resultado de una negociación

privada, originada en los primeros años de la industria.

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Que, así pues, la totalidad de los contratos celebrados, independiente

de su forma, corresponden a contratos de riesgo compartido, de tal

manera que en los de suministro, cuentas de participación,

arrendamiento y administración, cada parte asume un porcentaje del

riesgo y, en esa misma medida, será su remuneración.

Resaltó que la forma de contraprestación no era una práctica

restrictiva de la competencia, sino un uso mercantil.

Agregó acerca de la existencia de estudios técnicos, que

demostraban que el rendimiento promedio de la caña de azúcar es

de 116 kilos por tonelada procesada, según los análisis del Ministerio

de Agricultura, los doctores ROSAS y TOBÓN, así como del Informe

presentado por CENICAÑA, por lo que, entonces, a su juicio, carece

de fundamento la apreciación de la SIC, dado que sí había soporte

documental suficiente para saber cuál era el rendimiento promedio

de la caña.

Adujo que la SIC, en su afán de sancionar, desconoció la definición

legal sobre precio, para, en su lugar, valerse de una noción de índole

económica a fin de ampliar la aplicación del mismo, debido a que

entendió que existía una relación regida por la compraventa entre los

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Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

cañicultores y los Ingenios, pero lo cierto es que el vínculo que se

presenta es una relación de colaboración empresarial en la que

partes asumen riesgos y se reparten el resultado de producción,

razón por la cual no podía hablarse de precio, al no haber

compraventa.

Manifestó, en lo relativo a la caña de azúcar destinada para la

producción de alcohol carburante, que el hecho de que los Ingenios

hayan ofrecido las mismas fórmulas de pago, obedeció a que los

factores de calidad y rendimiento de las plantas alcoholeras eran muy

semejantes para todos los Ingenios, debido a que la tecnología que

utilizan es la misma y que el Ministerio de Agricultura propició

reuniones entre los cañicultores y los Ingenios para llegar a un

acuerdo sobre el precio de la caña, de tal manera que la intervención

estatal por parte del Ministerio fue desconocida por la SIC, con

violación del principio de coordinación de la función administrativa,

ya que las fórmulas propuestas en las reuniones lideradas por el

Ejecutivo fueron de público conocimiento.

Que, además, la reunión efectuada en marzo de 2006, con asistencia

de los Ingenios alcoholeros, solamente tuvo como finalidad revisar

los datos e informaciones que erróneamente PROCAÑA había puesto

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a circular entre los agricultores, para presionar negociaciones

conjuntas sobre el pago de la caña, de tal manera que la reunión y

los correos electrónicos que después se enviaron tenían como única

finalidad proporcionar información veraz a los cañicultores sobre

esquema de costos en que incurrían los Ingenios en la producción de

alcohol.

Que, aunado a lo anterior, la demandada incurrió en falsa

motivación, pues de manera desproporcionada y sin motivación

suficiente impuso la multa más alta prevista en el ordenamiento,

siendo que de los tres cargos imputados, inicialmente, solo se le

sancionó por dos.

4) INGENIO PICHICHÍ S.A. (Núm. único de radicación 25000-23-

24-000-2011-00158)17

.PRIMER CARGO: “LAS RESOLUCIONES QUE SE IMPUGNAN
DESCONOCEN MANIFIESTAMENTE EL DERECHO AL DEBIDO
PROCESO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-
ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
COLOMBIA”.

Señaló que los actos acusados desconocieron los principios de

tipicidad y legalidad, dado que la SIC imputó la presunta celebración

17
Folios 1 a 41 del C.6.

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de un acuerdo para la fijación directa o indirecta de precios, sin tener

en cuenta el concepto de precio, que establece el Decreto 2153, sino

que se valió de una definición de carácter económica que dicha

entidad elaboró, lo que supone que los administrados quedan

expuestos a la definición que, en cada caso, haga la autoridad, con

lo cual se desconoció el principio de legalidad.

Expresó que en el auto de apertura de investigación, la presunta falta

era la colusión en materia de precios y que en ningún momento se

imputó que los precios estuvieran vinculados a una cuota máxima

variable, de acuerdo con el rendimiento de la caña, que era empleada

como patrón o techo máximo, razón por la cual la sanción estuvo

cimentada en imputaciones distintas a las inicialmente endilgadas.

Que, igualmente, hubo un desconocimiento al principio de formalidad

y lealtad de la prueba, toda vez que la SIC adelantó unas visitas

administrativas en 2009, dos años después de la investigación, sin

comunicarlo a las sociedades implicadas e impidiendo la intervención

de las investigadas en la celebración de las diligencias, con lo cual se

vulneró el artículo 245 del CPC, que le imponía el deber de informar,

mediante auto, la hora y fecha exacta, por lo que, a su juicio, tales

pruebas no podían emplearse para decidir la actuación.

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Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

Anotó que, en sede administrativa, la actora requirió a la SIC que

oficiara a las Cámaras de Comercio de la región, para que certificarán

si en los municipios de su jurisdicción existía o no costumbre

mercantil entre los Ingenios azucareros y los cañicultores de pactar

como precio de compra de la caña un monto representado en 58 kgs.

de azúcar, por cada tonelada de caña procesada, pero que a pesar

de ello la demandada omitió pronunciarse sobre esa solicitud y

expidió decisión sancionatoria.

Indicó que la SIC no observó las reglas propias del proceso, ya que

según lo previsto el artículo 8º de la Ley 1340 era obligatorio vincular

al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que diera su

opinión técnica, aspecto que era una formalidad necesaria para

salvaguardar el debido proceso.

Que la entidad demandada, sin las pruebas necesarias para

desvirtuar la presunción de inocencia, no logró acreditar que la

demandante haya participado en el supuesto acuerdo para fijar topes

máximos de pago; únicamente fundó su conclusión en indicios,

inferencias, en cuadros estadísticos y en un acta de acuerdo, que ni

siquiera fue firmada por algún representante del Ingenio,

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

Anotó, además, que la demandada en ninguna parte consignó las

razones que la llevaron a imponer la multa más alta, establecida en

el ordenamiento legal, por lo que se configuró una falta de motivación

y también hubo pretermisión del principio de proporcionalidad.

.SEGUNDO CARGO: “INFRINGEN LAS NORMAS EN QUE DEBEN
FUNDARSE: INEXISTENCIA DE CONDUCTAS POR LA CUALES
ERA PROCEDENTE SANCIÓN ALGUNA CONTRA EL INGENIO”.

Adujo que en el expediente administrativo no obra prueba fehaciente

que acredite la existencia del acuerdo endilgado o que la actora haya

participado en el mismo, sino todo lo contrario, que dicha sociedad

demandante pagó más a los proveedores en comparación con las

cifradas señaladas por la SIC.

Aclaró que si bien es cierto que estaba clasificado en la categoría A

por el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, en la que la

actora debe vender la mayoría de su producción en mercados

extranjeros o excedentarios, lo que implica que el precio de venta al

comprador final sea menor en comparación con un Ingenio que venda

en el mercado nacional, también lo es que tenía que implementar

una estructura de venta de sus productos, que le permitiera tener

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Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

una ventaja competitiva en precio, lo que se tradujo en mejor

remuneración a los proveedores.

Que el 53% de los contratos celebrados obtuvieron más de 58 kilos

como remuneración, razón por la cual mal hizo la entidad demandada

al sostener que la demandante participó en un acuerdo de cuota

máxima de 58 kilos.

.TERCER CARGO: “NULIDAD DE LA ORDEN PREVISTA EN EL
ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA RESOLUCIÓN No. 6839 DEL 9 DE
FEBRERO DE 2010”.

Alegó que en el citado artículo del acto sancionatorio se ordenó a los

Ingenios y a sus representantes legales que debía poner término a

la infracción, mandato que podría afectar la ejecución de los

contratos de proveeduría, los cuales estaban vigentes y no habían

sido declarados nulos; por lo tanto, la SIC no podía ordenar la no

ejecución de contrato de derecho privado.

.CUARTO CARGO: “NULIDAD DE LA ORDEN RELATIVA A LA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE SE SUMINISTRA A
SOCIEDADES O ASOCIACIONES, SEGÚN EL ARTÍCULO
OCTAVO DE LA RESOLUCIÓN No. 6839 DEL 9 DE FEBRERO DE
2010”.

Manifestó que el referido artículo de la decisión demandada resulta

nulo, teniendo en cuenta que dio una orden que no fue objeto de

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

investigación, esto es, la de implementar medidas necesarias para

que la información confidencial o reservada no fuera retrasmitida a

los competidores. Aspecto sobre el que las investigadas no tuvieron

posibilidad de controvertir o pedir pruebas, para desvirtuar dicha

imputación.

5) INGENIO RISARALDA S.A. y el señor CÉSAR AUGUSTO

ARANGO ISAZA (Núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-

00168)18

.PRIMER CARGO: “VIOLACIÓN DE LAS NORMAS EN QUE
DEBERÍA FUNDARSE. ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA, ARTÍCULO 35 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Y CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL”.

Manifestó que dos años después de abierta la etapa de investigación

formal, la SIC realizó unas segundas inspecciones judiciales a los

Ingenios Azucareros, sin que mediara notificación alguna, con lo cual

violó los artículos 244 y 245 del CPC, así como el debido proceso,

dado que no le comunicó la fecha y hora de la diligencia.

18
Folios 7 a 78 del C.8.

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Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

Advirtió, de igual forma, que la entidad demandada, a través de la

Resolución núm. 45643 de 2009, con desconocimiento del artículo

185 del CPC, incorporó oficiosamente unos documentos obrantes en

el expediente núm. 08-131748, sobre los que no se cumplieron las

formalidades necesarias para trasladar pruebas de manera válida a

otro procedimiento y mucho menos se permitió ejercer la debida

contradicción respecto a éstas.

Anotó que el artículo 109 del CPC establece que, en tratándose de

declaraciones en las cuales se empleen grabaciones magnetofónicas,

deberá levantarse una acta por escrito de las mismas, dentro de los

dos días siguientes a la recepción del testimonio y correr traslado de

estas a las partes, lo cual fue desconocido por la SIC, dado que de

las 59 audiencias adelantadas en marzo y octubre de 2008, ordenó

descorrer el traslado de manera conjunta, un año después de

celebradas, es decir, que en dos días la actora debía hacer las

observaciones a dichas actas, tiempo insuficiente, a pesar de que lo

correcto debió ser correr traslado de las actas, dentro de los dos días

siguientes a la celebración de la respectiva audiencia.

Aseveró, en cuanto al acta de acuerdo de 1992, que al emplear ese

documento para sancionar, se desbordó el lapso que era objeto de

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

indagación, el que iba desde mayo de 2005 hasta febrero de 2007,

debido a que los hechos que entendió acreditados la SIC con la citada

prueba habían acaecido hace más de 13 años, inclusive antes de la

entrada en vigencia del Decreto 2153, que prevé la conducta

censurada.

Y, en cuanto a la publicación de la multa en un diario de alta

circulación, ordenada en el artículo noveno de la resolución

sancionatoria acusada, señaló que constituyó la aplicación

retroactiva del artículo 17 de la Ley 1340, que prevé ese tipo de

divulgación; sin embargo, esa norma no podía ser entendida como

procedimental, sino como sustancial, la cual únicamente puede ser

aplicada a hechos ocurridos luego de su entrada en vigencia.

.SEGUNDO CARGO: “VIOLACIÓN DEL DERECHO DE
AUDIENCIAS Y DE DEFENSA”.

Sostuvo que la SIC ordenó abrir investigación por presuntamente

existir un acuerdo para aplicar tres fórmulas a los cañicultores, para

pagarles por el suministro de caña de azúcar destinada a la

elaboración de alcohol carburante, y que con fundamento en ello la

sociedad investigada presentó su defensa y requirió pruebas con el

fin de controvertir la imputación inicial, pero que mediante el Informe

Motivado, en el que se cerró la etapa probatoria, se recomendó

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

sancionar ya no por aplicar fórmulas sino por ofrecerlas, de tal

manera que el verbo rector fue cambiado y que frente a esa nueva

censura la demandada no otorgó una nueva oportunidad para ejercer

la defensa y solicitar pruebas.

.TERCER CARGO: “LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
DEMANDADOS FUERON EXPEDIDOS MEDIANTE FALSA
MOTIVACIÓN”.

Alegó que la SIC incurrió en falsa motivación, dado que sus

consideraciones respecto a las características, estructura y

funcionamiento del sistema de caña para la producción de azúcar o

alcohol carburante no corresponden a la realidad, por lo que la

demandada arribó a conclusiones erradas y, por ende, los actos

acusados están viciados de nulidad.

Explicó que la demandada pasó por alto que las instalaciones del

INGENIO RISARALDA S.A. se encontraban a más de 160 kms. del

Ingenio más cercano, por lo que de su ubicación no es razonable

afirmar que ese Ingenio participó en un acuerdo para fijar precios,

máxime cuando los proveedores no pueden estar a más de 60 kms.,

ya que por el trascurso del tiempo, la caña una vez es cortada pierde

sacarosa, que es el elemento importante en la producción de alcohol

carburante, razón por la cual, entonces, un cañicultor no puede estar

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por fuera del referido rango o no sería económicamente viable la

compra de su cosecha, de tal suerte que el INGENIO RISARALDA

S.A. no compite con otro por la compra de caña. De ahí que resulta

desacertado el planteamiento de la SIC, pues sería ilógico participar

en un acuerdo que en nada afecta al mercado geográfico de la planta

alcoholera.

Resaltó que los Ingenios ofrecieron a los cañicultores 19 litros de

alcohol carburante por quintal, debido a que las plantas procesadoras

producen prácticamente la misma cantidad de alcohol, ya que

aquellos compraron el mismo tipo de maquinaria.

Relató que el Ministerio de Agricultura propició reuniones entre los

cañicultores y los Ingenios para llegar a un acuerdo sobre el precio

de la caña, por lo que la intervención estatal por parte de ese

Ministerio fue desconocida por la SIC, con violación del principio de

coordinación de la función administrativa, puesto que las fórmulas

propuestas en las reuniones lideradas por el Ejecutivo fueron de

público conocimiento y, por ello, al final resultaron parecidos los

métodos para el pago.

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Anotó que la actora ofreció tres tipos de fórmulas: i) 19 litros por

quintal de azúcar; ii) 65% de los litros de alcohol que se obtuvieran

por quintal de azúcar crudo; y iii) azúcar crudo menos costos

variables de exportación. Esta última solo la ofreció el INGENIO

RISARALDA S.A.

Explicó, de la primera fórmula, que la misma tuvo origen en un

estudio financiero que demostró que pagar más litros por quintal de

azúcar hubiese tornado inviable económicamente el proyecto y que

la cifra de 19 litros estuvo cimentada en los datos que sobre el

rendimiento ofreció la empresa PRAJ, constructora de las plantas

productos, por lo que tal cifra tenía justificación financiera y técnica

y, por tanto, la SIC mal hizo en tildarla como originada en un acuerdo

colusivo.

Sobre la segunda fórmula, señaló que el 65% de litros de alcohol

obtenidos por quintal fue producto de la reunión de 29 de marzo de

2009, realizada entre los cultivadores y la actora, en la que se acordó

ofrecer una fórmula basada en el rendimiento de la caña, siendo que

en promedio por quintal se obtienen 29,2 litros, lo que se traduciría

en los 19 litros por quintal de la primera fórmula.

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Respecto de la tercera fórmula, relató que la actora fue la única que

ofreció pagar bajo la forma de azúcar crudo al proveedor, como si se

fuera a exportar, esto es, tomando en referencia el precio neto del

azúcar crudo exportado a granel para el mercado mundial, sin incluir

los gastos variables de exportación, el flete al puerto, y sin tener

como factor algún elemento relacionado con el alcohol, fórmula

conocida como azúcar crudo menos gastos de exportación.

Que, así pues, la diferencia entre la fórmula ofrecida por los otros

Ingenios, denominada ingresos menos costos, y la empleada por la

demandante, -azúcar crudo menos gastos de exportación-, es de la

mayor envergadura, puesto que no tienen algún punto en común.

Que, en efecto, la de los otros Ingenios estuvo concebida para

calcularse con base en los ingresos percibidos del negocio de alcohol,

menos los gastos de fabricación de dicho producto, lo que quiere

decir que la fórmula de esos otros Ingenios estaba deferida a los

costos y ganancias originadas en la producción y comercialización del

alcohol carburante, mientras que la de la actora no tiene en cuenta

esos datos; por ende, existe falsa motivación, en tanto que no era la

misma fórmula y, por ello, era imposible que existiera el presunto

acuerdo para ofrecer iguales métodos de pago.

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Agregó que, igualmente, incurrió en falsa motivación, al entender

que existieron otros escenarios para el intercambio de información,

como los correos electrónicos remitidos por la empresa PRAJ, que

suministró las plantas alcoholeras y otros enviados por el Ministerio

de Minas, con información solicitada por éste para la regulación de

los precios del alcohol. De tal manera, que la SIC analizó

erradamente los mensajes enviados por ALEXANDER CARVAJAL y

JOHAN MARTÍNEZ.

Que, aunado a lo anterior, la demandada también incurrió en falsa

motivación, pues, de manera desproporcionada y sin explicar las

razones, impuso la multa más alta prevista en el ordenamiento,

siendo que, de los tres cargos imputados inicialmente, únicamente

se le sancionó por uno.

.CUARTO CARGO: “DE LA RESPONSABILIDAD DEL DOCTOR
CÉSAR AUGUSTO ARANGO”.

Adujo que con el acto de apertura de investigación se violó

flagrantemente el derecho de defensa del doctor CÉSAR AUGUSTO

ARANGO ISAZA, por cuanto se omitió realizarle una imputación

fáctica o jurídica, frente a la cual pudiera ejercer debidamente su

derecho de defensa, ya que no le señaló las circunstancias de tiempo,

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modo y lugar para determinar dentro de cual de los tres verbos

rectores: autorizar, ejecutar o tolerar, previstos en el numeral 16,

del artículo 4º, del Decreto 2153, presuntamente había incurrido el

representante legal, pues únicamente en el Informe Motivado se

indicó que era por “tolerar”, pero que en ese momento ya la etapa

probatoria estaba cerrada, de tal manera que no pudo el investigado

presentar elementos de juicio para formular en debida forma su

defensa.

Sostuvo que, adicionalmente, la entidad demandada incurrió en falsa

motivación, por la incorrecta valoración del material probatorio, dado

que, en lo relacionado con las comunicaciones suscritas por el señor

ARANGO ISAZA y dirigidas a los proveedores, pasó por alto que las

cartas del 6 y 23 de abril de 2004 estaban por fuera del período

investigado, no estaban firmadas por el investigado y en todo caso

eran mensajes entre los proveedores y el representante legal para

negociar las condiciones en las que se celebrarían los contratos de

suministro de caña.

Afirmó que el correo que recibió de ALEXANDER CARVAJAL tenía

como finalidad aclarar lo concerniente a un comunicado de PROCAÑA,

con el cual dicha entidad había entregado unos datos a los

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cañicultores que no eran ciertos y que del escrito de JOHAN

MARTÍNEZ no tuvo en cuenta que la información remitida era en

razón a la solicitud de la Ministra de Minas.

Manifestó, además, que la SIC olvidó exponer las razones por las

cuales impuso la multa más alta, sin tener en cuenta ningún

atenuante.

6) INGENIO MAYAGUEZ S.A. y el señor MAURICIO IRAGORRI

RIZO (Núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00185)19

.PRIMER CARGO: “CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA”.

Señaló que al ser la conducta endilgada la celebración de un acuerdo

para fijar los precios en los contratos, lo lógico era que el presunto

acuerdo fuera celebrado antes de la suscripción de los contratos, para

que pudiera surtir efecto frente a los mismos, por cuanto si se

realizaba posteriormente no tenía la posibilidad de imponer sus

reglas, ya que, a su juicio, al momento de la formación del contrato,

sencillamente el acuerdo no existía.

19
Folios 8 a 71 del C.9.

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Que al ser el período investigado, -mayo de 2005 a febrero de 2007-

, el pretendido acuerdo debió ser anterior al 1º de mayo de 2005,

entonces si se toma esa fecha como punto inicial para el cómputo, la

demandada tenía hasta el 1º de mayo de 2008 para sancionar, lo

cual solo sucedió hasta el 19 de febrero de 2010, cuando quedó

notificada la Resolución núm. 6839 de 9 de febrero de 2010

acusada.

.SEGUNDO CARGO: “VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE
COMPETENCIAS Y DEL DEBIDO PROCESO”.

Alegó que el Superintendente Delegado para la Promoción de la

Competencia, una vez recopilados todos los documentos debió

proceder a entregarle el resultado de sus averiguaciones al

Superintendente de Industria y Comercio, para que este decidiera

sobre el archivo o apertura de la investigación, toda vez que aquel

carecía de competencia para expedir el acto de apertura de

investigación, en tanto que quien estaba facultado para ello era el

Superintendente de Industria y Comercio.

Indicó que la instrucción de la investigación y la práctica de pruebas

estaba viciada, por provenir de una decisión de apertura contraria a

la ley, además por cuanto se incorporaron oficiosamente unas

pruebas sin darles el debido traslado a las partes.

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Que la SIC, en la determinación de las infracciones y pruebas, omitió

elevar cargos e impidió ejercer en debida forma la defensa, pues es

a partir de ese punto que es posible controvertir, discutir el estudio

dogmático de la imputación y requerir pruebas para desvirtuar las

imputaciones.

Advirtió que al no formularse cargos era imposible que las

investigadas requirieran las pruebas que estimaran conducente y que

el Informe Motivado era un concepto no obligatorio para el

Superintendente, que no equivalía a la formulación de cargos.

.TERCER CARGO: “ILEGALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD
SUSTANCIAL DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA: FALSA
MOTIVACIÓN”.

Expresó que la conducta prohibida en el artículo 1º de la Ley 155 es

la limitación de la libre competencia, con el propósito de fijar o

mantener precios inequitativos, de tal manera que no cualquier

conducta es reprochable, solo aquellas en las que se obtuvieran los

valores que alteren las condiciones de equidad sinalagmática de los

contratos, aspecto que olvidó acreditar la demandada, razón por la

cual la investigación estuvo dirigida al estudio de un comportamiento

no sancionable, debido a que los montos de los contratos no

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beneficiaban desmedidamente a los Ingenios o afectaban de forma

negativa los intereses de los cañicultores.

Agregó que la actividad probatoria desplegada por la SIC estuvo

dirigida a encontrar, bajo cualquier medio, los elementos de juicio

que indicaran la existencia de un acuerdo para fijar los precios, a

pesar de que su deber era averiguar si la conducta había ocurrido o

no.

Que la valoración de las pruebas indicaba la existencia de costumbres

mercantiles, no de un acuerdo colusorio y respecto a los precios de

la caña destinada a la producción de alcohol carburante, la SIC pasó

por alto que la similitud de las fórmulas ofrecidas se debió a la

regulación estricta de todo lo relacionado con combustibles.

.CUARTO CARGO: “LA APLICACIÓN DE UNA NORMA
RETROACTIVA”.

Afirmó que la Superintendencia demandada aplicó de forma

retroactiva el artículo 17 de la Ley 1340, que establece la posibilidad

de ordenar la publicación de la sanción en un medio de comunicación,

y que al ser el período investigado, -mayo de 2008 a febrero de 2007-

, la mencionada entidad no podía aplicar esa norma, pues la misma

entró en vigencia en julio de 2009.

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.QUINTO CARGO: “LA SANCIÓN POR RESPONSABILIDAD
DIRECTA”.

Adujo que la multa impuesta a los representantes legales de las

sociedades obedeció al simple hecho de ocupar esos cargos, lo que

demuestra una responsabilidad objetiva, la cual se encuentra

proscrita en el ordenamiento jurídico y que, frente al señor

MAURICIO IRAGORRI RIZO, también operó la caducidad de la

facultad sancionatoria.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La SIC, mediante apoderado, contestó la demanda y se opuso a la

prosperidad de cada una de las pretensiones, aduciendo que carecen

de fundamento fáctico y jurídico. Para el efecto, planteó iguales

argumentos respecto a los cargos invocados, englobando su defensa

en los tópicos coincidentes, sin referirse de manera particular sobre

cada uno de los demandantes.

A los cargos se refirió en los siguientes términos:

1. “Sobre la presunta violación directa de las normas superiores:

legalidad de los actos administrativos acusados”.

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Explicó el régimen de promoción de la competencia y prácticas

comerciales restrictivas, las disposiciones constitucionales que lo

desarrollan y la función estatal de velar por la libre competencia,

potestad asignada a la SIC, según lo ordena el numeral 1, del artículo

2º, del Decreto 2153.

Indicó que para tal fin la SIC debe seguir el procedimiento definido

por el legislador a fin de adoptar correctivos frente a

comportamientos que atenten contra la libre competencia, tal y como

lo realizó en este caso, adelantando todas las gestiones con apego a

las disposiciones que regían el trámite.

Que, para ello, notificó la apertura de la investigación, así como el

decreto y practica de pruebas; realizó visitas administrativas,

recepcionó testimonios, declaraciones; analizó y revisó la

documentación recaudada y dio traslado del Informe Motivado; y

aclaró en dos oportunidades la Resolución núm. 04991 de 2008, esto

es, a través de las comunicaciones núms. 04074580-169 a

04074580-169-172 de 25 de febrero de 2008 y 04074580-173 a

04074580-176 de la misma fecha.

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Se refirió a las visitas y a algunos testimonios que fueron

reprogramadas, a que el perito designado en el acto de pruebas fue

cambiado, que la entidad demandada decretó oficiosamente unas

pruebas y aceptó el desistimiento de otras por solicitud de los

investigados, razón por la cual concluyó que se respetó en todo

momento el debido proceso.

Expresó, en lo que respecta a la graduación de la multa, que esta

tuvo en cuenta la afectación que generó el acuerdo anticompetitivo

al mercado de compra de caña de azúcar, lo que se tradujo en la

existencia de un objeto ilícito, de tal manera que el acuerdo

cuestionado y la participación en el mismo no admiten matices que

permitan hacer una tasación diferente de la sanción impuesta.

Manifestó, en cuanto a la caducidad de la facultad sancionatoria, que

las conductas anticompetitivas reprochadas eran de ejecución

continuada y se presentaron en el mercado, al menos hasta febrero

de 2007, por lo que la Resolución núm. 6839 de 9 de febrero de 2010

fue expedida y notificada dentro de los 3 años siguientes a la

ocurrencia de los hechos materia de sanción, razón por la cual no

operó dicho fenómeno, de acuerdo con la posición sobre el particular,

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expuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de

29 de septiembre de 2009.

Aclaró, sobre el empleo de documentos y pruebas anteriores al

período investigado, que estos no fueron el sustento de la decisión

adoptada. Su enunciación fue para contextualizar los hechos

investigados y entender sus antecedentes y dejar claro que las

conductas investigadas tuvieron origen eminentemente competitivo.

Afirmó, en lo concerniente a la vulneración del debido proceso, por

no pronunciarse sobre unas pruebas solicitadas por los Ingenios

demandantes, al rendir comentarios frente al Informe Motivado, que

la SIC precisó que en el procedimiento especial para verificar la

infracción a normas de protección a la competencia, previsto en el

artículo 52 del Decreto 2153, únicamente es posible pedir, aportar y

decretar pruebas entre la apertura de investigación y la suscripción

del informe motivado, no siendo posible aplicar por analogía las

disposiciones del CCA o del CPC, dado que ello solo está señalado

para los asuntos no previstos en el trámite especial, por lo que al

existir norma específica no procedía la remisión a otros

ordenamientos y, por ende, la entidad demandada no desconoció la

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garantía del debido proceso, al guardar silencio frente a la solicitud

de pruebas, toda vez que la misma fue extemporánea.

Además, los documentos requeridos versaban sobre la costumbre

mercantil, asunto que fue ampliamente desarrollado en la decisión

sancionatoria, por lo que la falta de incorporación de dichos

elementos no alteraría lo decidido.

Señaló, frente a la falta de vinculación del Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural, que solo con la entrada en vigencia de la Ley 1340,

se previó el deber de comunicar el inicio de la investigación a las

entidades de regulación, así como a los entes de vigilancia y control

del sector, en el cual se presenten posibles trasgresiones al mercado,

que para este caso era el mencionado Ministerio, por lo que para esa

fecha ya habían trascurrido más de dos años desde el auto de

apertura. Sin embargo, obran en el expediente administrativo dos

comunicaciones expedidas por ese Ministerio con destino a la

investigación adelantada, que fueron valoradas por la entidad

demandada.

Destacó que la intervención de ese Ministerio, en las reuniones entre

cultivadores e Ingenios, dentro del Fondo de Estabilización de Precios

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del Azúcar, solo se dio hasta el primer semestre de 2004 y fue para

facilitar el acercamiento de los participantes verticales de ese

mercado y no con el fin de concertar un acuerdo horizontal entre

competidores, es decir, entre sociedades del mismo eslabón de la

cadena productiva.

Anotó, en lo referido a la presunta violación del derecho de defensa

y congruencia, por la no correspondencia entre la imputación hecha

con el auto de apertura y los hechos finalmente sancionados, que la

conducta endilgada y la sancionada fue la misma, esto es, realizar

un acuerdo de precios en la adquisición de caña de azúcar, en los

términos del numeral 1, del artículo 47, del Decreto 2153, además

de que se esclareció que la resolución de apertura no implicaba la

imposibilidad de que en el curso de la investigación se encontraran

elementos de juicio que respaldaran la imputación jurídica, ya que es

en el desarrollo de la instrucción, donde se adquiere un mayor

conocimiento de las circunstancias que rodearon la infracción de la

norma legal que dio origen a las investigaciones; por consiguiente,

nada impedía que al momento de la sanción se hiciera una valoración

de las pruebas para verificar la realización de una conducta contraria

al ordenamiento.

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Sostuvo que según la evidencia obrante en el expediente

administrativo, el medio empleado para regular las transacciones fue

más amplio al inicialmente considerado por la demandada, pues esta

pudo demostrar que la suma fija o el porcentaje de productividad

constituían cuotas máximas de precio, lo que significó que aunque

las partes del acuerdo eran las mismas, así como su objetivo y su

efecto competitivo, el método utilizado, que fue igualmente el

resultado de una conducta contraria a la competencia, era más

amplio. En esa medida, al guardar total correspondencia los

elementos esenciales de la infracción endilgada con la finalmente

sancionada, no podrían afirmar los actores que hubo incongruencia

por la simple diferencia de un aspecto formal, esto es, la manera de

implementar el acuerdo.

Advirtió que la SIC analizó los elementos de los contratos, que los

demandantes celebraron con cultivadores para adquirir la caña de

azúcar, y encontró que la variable fundamental de estos estaba

disciplinada por una concertación de una fórmula entre los Ingenios

sancionados. En efecto, una fórmula tarifaria común para determinar

el precio de compra o venta del producto, que redujo de manera

artificial el grado de incertidumbre en cuanto a un componente

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importante de la política comercial de las partes que participan en el

acuerdo, como lo es, el precio.

Indicó, sobre el pacto para la fijación de precios de la caña de azúcar

destinada a la producción de alcohol carburante, que por lo menos

hubo tres reuniones, en marzo de 2004, mediados de 2005 y marzo

de 2006, en las cuales los Ingenios demandantes, excepto el

INGENIO RISARALDA S.A., discutieron y concertaron estrategias

de precios en el mercado, lo cual denota la existencia de una

solidaridad y cooperación especial entre agentes económicos, que le

resultó extraña a la SIC en un mercado en competencia y que

demostraba que las empresas no querían pugnar respecto a ese

parámetro.

2. “Frente a que los actos administrativos adolecen de falsa

motivación”.

Señaló que la resolución sancionatoria contenía un acápite dedicado

a explicar los efectos negativos de la conducta sancionada, en

especial, tuvo en cuenta: i) que 10 de los 13 Ingenios investigados

del Valle geográfico del Río Cauca aportaron el 93% de la producción

de caña molida y el gremio azucarero negoció 1.7 billones de pesos

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con sus proveedores, ii) que los Ingenios molieron 21,1 millones de

toneladas de caña, produciendo 2,28 millones de toneladas de azúcar

y 275 millones de litros de etanol, por ello el sector registró utilidades

por 148 mil millones de pesos y iii) que la evidencia obrante en el

expediente permitió corroborar que la remuneración de la materia

prima correspondió a un precio artificial producto del acuerdo

probado.

Que, por lo anterior, le resultó a la demandada inadmisible la

afirmación de que ella no había motivado con suficiencia las razones

que la llevaron a imponer la sanción, la cual reflejó la afectación

causada en el mercado de compra de caña y no en el de venta de

azúcar o cualquier otro bien final.

3. “Respecto al señor CÉSAR AUGUSTO ARANGO ISAZA”.

Sostuvo que en la Resolución núm. 6839 de 2010 se señaló

claramente que el mencionado actor ofreció fórmulas previamente

concertadas a los proveedores de los INGENIO RISARALDA S.A.

para remunerar la caña de azúcar destinada a la producción de

alcohol carburante, siendo que en los contratos celebrados fue

pactada una de las fórmulas del consenso entre Ingenios.

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Que, en lo atinente al intercambio de información sensible, en el

expediente estaba acreditado que el señor ARANGO ISAZA toleró

que la información del INGENIO RISARALDA S.A. fuera conocida

por sus competidores, como puede corroborarse en el correo

electrónico remitido por el señor ALEXANDER CARVAJAL.

Anotó, en cuanto a la graduación de la falta, que el monto impuesto

no fue desproporcionado, dado que estuvo enmarcado dentro de los

límites dispuestos en el numeral 16, del artículo 4º, del Decreto 2153,

y que la tolerancia del señor ARANGO ISAZA, frente a las conductas

censuradas, se materializó por la anuencia de este con el acuerdo

competitivo, lo cual constituyó razón suficiente para justificar la

sanción impuesta.

4. “Respecto al señor MAURICIO IRAGORRI RIZO”.

Expresó que el actor en mención participó activamente en el

intercambio de información, pues figuró como remitente en varios

correos electrónicos, lo cual fue calificado por la SIC como una

conducta anticompetitiva, de hecho, en la actuación se le reprochó

que aun conociendo las fórmulas de pago acordadas, las ofreciera a

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los proveedores del Ingenio y firmara los contratos de proveeduría

de caña y vigilara la ejecución de los mismos, con base en fórmulas

de pago originadas en el acuerdo sancionado.

Afirmó, sobre la no participación del referido actor en las reuniones,

que ello es irrelevante, ya que las comunicaciones demostraron que

tuvo conocimiento de los precios que los otros Ingenios ofrecieron a

los cañicultores y que intercambió con sus competidores información

sensible con los costos del alcohol.

Resaltó que la SIC acreditó suficientemente que el señor IRAGORRI

RIZO ejecutó el acuerdo, al ofrecer a los proveedores y al suscribir

los contratos, con fundamento en las fórmulas de pago que fueron

producto de la concertación anticompetitiva, sancionada por la

entidad demandada.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 12 de diciembre de 2014, la Sección Primera,

Subsección “C”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accedió

parcialmente a las súplicas de la demanda, así:

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1) Declaró la nulidad parcial de los artículos primero y segundo de la

Resolución núm. 6839 de 9 de febrero de 2010, por medio de la

cual la SIC declaró que las empresas INGENIO PROVIDENCIA

S.A., INGENIO CARMELITA S.A., INGENIO DEL CAUCA S.A.,

INGENIO PICHICHI S.A., INGENIO RISARALDA S.A. y

MAYAGUEZ S.A. infringieron el artículo 1º de la Ley 155 y el

numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 y les impuso sanción

pecuniaria. Asimismo, declaró la nulidad parcial del artículo primero

de la Resolución núm. 42411 de 13 de agosto de 2010, en

cuanto confirmó los artículos primero y segundo de la Resolución

núm. 6839 de 9 de febrero de 2010.

2) Declaró la nulidad parcial de los artículos quinto y sexto de la

Resolución núm. 6839 de 9 de febrero de 2010, por medio de la

cual la SIC declaró que los señores CÉSAR AUGUSTO ARANGO

ISAZA y MAURICIO IRAGORRI RIZO infringieron el artículo 1º de

la Ley 155 y el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 y les

impuso sanción pecuniaria. Igualmente, declaró la nulidad parcial del

artículo primero de la Resolución núm. 42411 de 13 de agosto

de 2010, en cuanto confirmó los artículos quinto y sexto de la

Resolución núm. 6839 de 9 de febrero de 2010.

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3) A título de restablecimiento del derecho, declaró que las empresas

INGENIO PROVIDENCIA S.A., INGENIO CARMELITA S.A.,

INGENIO DEL CAUCA S.A., INGENIO PICHICHI S.A., INGENIO

RISARALDA S.A. y MAYAGUEZ S.A., así como los señores CÉSAR

AUGUSTO ARANGO ISAZA y MAURICIO IRAGORRI RIZO no

están obligados a pagar la sanción impuesta en los actos

administrativos anulados; por ende, en caso de haber cancelado esos

valores, ordenó devolver el monto que se hubiese pagado por

concepto de multa, de conformidad con lo establecido en los artículos

177 y 178 del CCA, de manera indexada, desde el momento del pago

efectivo, a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia, aplicando

la fórmula esbozada en la parte considerativa de dicho proveído. De

igual forma, ordenó a la SIC retirar los registros o antecedentes

respectivos con base en la sanción impuesta relacionados con el

INGENIO CARMELITA S.A. e INGENIO PICHICHI S.A.

4) Denegó las demás pretensiones de las demandas promovidas

contra la SIC; se abstuvo de condenar en costas; y ordenó devolver

el remanente que hubiese a su favor por concepto de depósito de

expensas para atender los gastos ordinarios del proceso.

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Fundamentó su decisión en los razonamientos que pueden resumirse,

así:

Advirtió que todos los actores cuestionaron la indebida imputación de

cargos efectuada por la SIC, señalaron que esa entidad cometió

irregularidades al momento de iniciar el procedimiento sancionatorio,

anomalías que les violentaron el derecho al debido proceso, a la

contradicción, defensa y que les imposibilitaron plantear

adecuadamente sus argumentos, así como pedir las pruebas

conducentes a efectos de acreditar su inocencia.

Expresó, luego de exponer acerca del debido proceso, así como la

relación de este con los principios de tipicidad y legalidad, que a

través de la Resolución núm. 06981 de 9 de marzo de 2007, el

Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia

ordenó abrir investigación en contra de los actores y sus

representantes legales, y que de la lectura de algunos apartes de ese

acto era obligado concluir que la SIC encontró indicios de un presunto

incumplimiento, por parte de los Ingenios Azucareros demandantes,

de los artículos 1º de la Ley 155 y 47, numeral 1, del Decreto 2153,

y respecto de los representantes legales, del artículo 4º, numeral 16,

del Decreto 2153.

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Que en la Resolución núm. 6839 de 9 de febrero de 2010, “Por

la cual se imponen unas sanciones”, la SIC declaró la

responsabilidad, en la parte resolutiva, frente a las conductas

previstas en los artículos 1º de la Ley 155, modificado por el artículo

1º del Decreto 3307, y 47, numeral 1, del Decreto 2153.

Advirtió que, analizado el contenido del pliego de cargos y de las

decisiones acusadas, le asiste razón a los actores al cuestionar la

imputación y la posterior sanción, por cuanto el objeto de la

investigación, fijada en el auto de apertura, fue la presunta existencia

de un acuerdo para disciplinar los precios en la compra de la caña de

azúcar y se valió tanto del artículo 1º de la Ley 155, modificado por

el artículo 1º del Decreto 3307, como del artículo 47, numeral 1, del

Decreto 2153, disposiciones que prohíben dos conductas totalmente

diferentes: por un lado, la celebración de acuerdos para obtener

precios inequitativos y por otro lado, la existencia de acuerdos para

fijar directa o indirectamente cualquier precio.

Que en la parte considerativa de la resolución sancionatoria solo

desarrolló o verificó la fijación de cualquier precio, esto es, la

conducta prevista en el artículo 47, numeral 1, del Decreto 2153,

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pero nada dijo sobre si habían concurrido o no los elementos para

encontrar probada la infracción prevista en el artículo 1º de la Ley

155, que también fue imputada en el auto de apertura.

Que, sin embargo, a pesar de ello, la entidad declaró la

responsabilidad, en la parte resolutiva, frente a ambas disposiciones,

siendo que respecto al artículo 1º de la Ley 155 en ningún momento

verificó los supuestos de hecho o jurídicos, a efectos de poder

sancionar por la misma.

Señaló que de imputar la fijación de precios o la fijación de precios

inequitativos los argumentos de defensa cambian, así como el debate

probatorio; que en ese hipotético escenario los inculpados a fin de

sacar avante sus alegatos deben dirigir sus razones a desvirtuar la

presencia de un valor desequilibrado que resulte desventajoso para

unos participantes en el mercado y totalmente provechoso para otros

concurrente a este segmento del mercado.

Sostuvo que los actores no tuvieron la oportunidad de conocer con

claridad desde el inicio frente a cual disposición recaía su

incumplimiento o bien si los precios del presunto acuerdo debían ser

ventajosos para ellos o inequitativos para los cañicultores o los

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consumidores finales, por ende, también se les impidió debatir y así

ejercer su derecho de contradicción en debida forma, por lo que la

manera en que fueron desarrolladas las infracciones en la decisión

sancionatoria hacía imposible que al final se le endilgara

responsabilidad por ambas conductas, sin antes corregir esa falencia,

razón por la cual resulta evidente que hubo una trasgresión al

derecho de contradicción y debido proceso.

Agregó que en la parte resolutiva del auto de apertura se inició el

trámite para determinar de manera genérica si habían incurrido las

conductas descritas en los citados artículos, pero la autoridad no la

“defirió” a ningún hecho en concreto, es decir, resulta confusa la

forma en que se adelantó esa actuación, máxime si se tiene en

cuenta que no se elevaron verdaderos cargos de imputación frente a

los que defenderse; la entidad acudió a exponer unos hechos y luego

enunció unas normas, pero en ningún momento dejó sentada con

certeza la relación entre unos y otras, sobre todo la conducta

específica, objeto de reproche.

Que, además, al leer las resoluciones demandadas se advierte que la

entidad demandada aseveró que la conducta endilgada desde un

principio correspondía a la descrita en el numeral 1, del artículo 47,

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del Decreto 2153, pero solo hasta el momento de sancionar es que

se valió de esa normatividad para calificar la actuación de los actores;

y que con anterioridad había sido ambigua respecto de las

disposiciones que entendía trasgredidas, confusión que se ve

reflejada en la parte resolutiva del acto sancionatorio y que es

precisamente la causa que imprime razón a la violación del debido

proceso.

Afirmó en lo tocante a los señores CÉSAR AUGUSTO ARANGO

ISAZA, representante legal del INGENIO RISARALDA S.A., y

MAURICIO IRAGORRI RIZO, representante legal del INGENIO

MAYAGUEZ S.A., que la responsabilidad que les fue endilgada, por

la SIC, se fundamentó en una disposición legal distinta a la citada

inicialmente, esto es, el artículo 1º de la Ley 155 y el numeral 1 del

artículo 47 del Decreto 2153, y no en el numeral 16 del artículo 4º

del Decreto 2153, señalada en el auto de apertura de investigación,

lo que conlleva a que los actos acusados vulneraron el artículo 29 de

la Constitución Política, en concordancia con los principios de

legalidad y tipicidad.

Estimó que en el presente asunto no se cumplió con todos los

requisitos para que pueda predicarse el cumplimiento del principio de

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tipicidad, dado que no existió correlación entre la descripción

normativa de la conducta del sujeto sancionable y el “castigo

asignado” a los señores IRAGORRI RIZO y ARANGO ISAZA,

puesto que la entidad demandada decidió sancionar a los

demandantes por violar el artículo 1º de la Ley 155 y el numeral 1

del artículo 47 del Decreto 2153, al incurrir en un acuerdo para la

fijación de los precios de caña de azúcar y no por autorizar, ejecutar

o tolerar conductas violatorias de normas de libre competencia, del

comportamiento ajeno a los verbos rectores de la conducta

endilgada.

Concluyó que los yerros antes señalados trasgredieron el debido

proceso y que la autoridad de competencia sí estaba facultada para

adelantar la investigación, según lo previsto en el Decreto 2153, pero

que se reprocha el desconocimiento de las garantías constitucionales

del debido proceso, junto con su núcleo esencial conformado por el

derecho de contradicción y tipicidad.

Aclaró que la declaratoria de nulidad parcial de los actos acusados no

obedece al estudio de la infracción al régimen de la competencia

endilgada a los actores, es decir, que no se les exime de culpa por

verificarse que las conductas reprochadas fueran falsas o ajenas a lo

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analizado por la SIC, sino a un defecto estrictamente procedimental

en el trámite que culminó con la multa.

Anotó que por haber prosperado ese cargo, se abstenía de estudiar

el resto.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La SIC solicitó revocar en la sentencia de primera instancia y, en su

lugar, que se denieguen las pretensiones contenidas en las

demandas, dado que respetó en todo momento, dentro de la

actuación administrativa adelantada el debido proceso, el principio

de legalidad y tipicidad, el derecho de defensa y contradicción de los

investigados.

Para el efecto, fincó su inconformidad, en esencia, así:

Señaló que desde el inicio de la investigación se determinó con

claridad la imputación fáctica, es decir, lo que se les endilgaba a los

Ingenios Azucareros y a sus representantes legales, lo cual

garantizaba su derecho de defensa y contradicción, incluyendo la

posibilidad de solicitar o aportar pruebas que pretendieran demostrar

que no existía un cartel o acuerdo de precios para la compra de caña

de azúcar.

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Explicó que de la simple lectura de la apertura y de los argumentos

y pruebas a que hicieron referencia los investigados, se puede

observar claramente que todo el debate, desde un principio, giró en

torno a un acuerdo anticompetitivo para la fijación del precio al que

se compraba la caña de azúcar, tanto para producción de azúcar

como para producción de alcohol carburante, y que fue tan

específica, que desde el principio se reseñó el mecanismo y las

fórmulas que habrían utilizado los Ingenios demandantes para

“cartelizarse”.

Alegó que fue infundado por parte del Tribunal de primera instancia

sostener en la sentencia apelada que la SIC estaba acusando a los

Ingenios Azucareros de infringir dos imputaciones jurídicas distintas:

una en el artículo 1º de la Ley 155 y otra en el numeral 1 del artículo

47 del Decreto 2153, por cuanto la imputación jurídica en este

aspecto siempre estuvo ceñida a acuerdos de fijación de precios para

la compra de caña de azúcar destinada para la producción de azúcar

y de alcohol carburante y a las conductas de las personas naturales,

es decir, la autorización, ejecución o tolerancia de prácticas

restrictivas de la competencia.

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Que estos cargos fueron precisados por la SIC desde la apertura de

investigación y sobre ellos giró el respectivo debate probatorio dentro

de la actuación, así como los argumentos de defensa.

Anotó que la forma en que el fallador de primera instancia transcribió

el artículo 1º de la Ley 155, cuya violación imputó la SIC en la

Resolución núm. 06981 de 2007, “Por la cual se abre una

investigación”, no corresponde a la imputación realizada por esa

entidad. El Tribunal resaltó la frase “mantener o determinar precios

inequitativos” caprichosamente, lo cual nunca hizo la SIC, conforme

se puede evidenciar al constatar el respectivo texto de la referida

resolución.

Que resulta desacertado manifestar, como lo hizo el Tribunal de

primera instancia, que el artículo 1º de la Ley 155 no sanciona los

acuerdos de precios en general, sino únicamente los que llevan a

precios inequitativos.

Que no se puede deducir, conforme lo hizo el a quo, que hubo

imputación por la fijación de precios inequitativos y que los

Ingenios no tuvieron oportunidad de defenderse de dicho cargo, ya

que lo que se imputó fue la realización de acuerdos de precios, -toda

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práctica tendiente a limitar la libre competencia-, conducta que

también está sancionada por la Ley 155, pues esta norma no solo

prohíbe las tendientes a limitar la libre competencia que resulten en

precios inequitativos, como mal lo entendió el Tribunal.

Puntualizó que cuando una conducta se encuadra dentro de las

prácticas restrictivas de la competencia prevista en los artículos 47,

48 y 50 del Decreto 2153, también se encuadraría en lo dispuesto en

la prohibición general del artículo 1º de la Ley 155, teniendo en

cuenta que ésta abarca todos los procedimientos, prácticas o

sistemas que limiten la competencia, sin excluir los expresamente

descritos por la ley.

Indicó que una interpretación armónica de dichas normas deriva en

que, efectivamente, lo que prohíbe el citado artículo 1º es toda

práctica tendiente a limitar la libre competencia, y no solo las

tendientes a limitar la libre competencia que resulte en precios

inequitativos.

Expresó que el artículo 46 del Decreto 2153, en su primer inciso,

establece que “[…] en los términos de la Ley 155 de 1959 y del

presente decreto están prohibidas las conductas que afecten la libre

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competencia en los mercados, las cuales, en los términos del Código

Civil, se consideran de objeto ilícito […]”, lo cual pone de manifiesto

que dicha norma prohíbe las conductas que afecten la libre

competencia, sin que se requiera probar que las mismas derivan en

precios inequitativos.

Adujo que la responsabilidad de los señores CÉSAR AUGUSTO

ARANGO ISAZA, y MAURICIO IRAGORRI RIZO fue concordante

con la endilgada en la investigación, es decir, por autorización,

ejecución o tolerancia en las conductas investigadas.

Que desde la apertura de la investigación, se les imputó la

responsabilidad del numeral 16, del artículo 4º, del Decreto 2153

(multa a personas naturales), que estaría derivada de la violación del

artículo 1º de la Ley 155 y del numeral 1 del artículo 41 del Decreto

2153, que son las que establecen las conductas anticompetitivas a

tolerar o ejecutar de estas personas.

Que entender que no existió una correlación entre la descripción

normativa de la conducta del sujeto sancionable y el castigo asignado

es una cuestión al margen de la realidad, ya que la responsabilidad

de la persona natural se deriva de ejecutar o tolerar la conducta

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anticompetitiva, sancionada en el artículo 1º de la Ley 155 y en el

numeral 1, del artículo 47, del Decreto 2153.

Sostuvo que se desconoció el precedente de la Sección Primera, - la

sentencia de 21 de agosto de 201420-, sobre prácticas restrictivas de

la competencia, en que, en un caso similar, interpretó

sistemáticamente el artículo 1º de la Ley 155 y el artículo 47,

numeral 1, del Decreto 2153, el cual era aplicable para interpretar y

resolver el caso en concreto.

Aseveró que en la sentencia apelada no se tuvo en cuenta que la

entidad demandada fue coherente con la imputación fáctica y jurídica

en todo momento, en exigencia del principio de tipicidad de las

conductas reprochadas, y que la complejidad de la investigación que

se adelantaba tenía elementos de juicio o piezas procesales que

aclaraban lo realmente ocurrido a medida que se avanzaba, sin que

ello implicara que no se les había garantizado a los investigados el

procedimiento previamente establecido para tal fin o que se hubiesen

variado los cargos.

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto
de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2002-
00909-01.

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Afirmó que se aseguró el debido ejercicio del derecho de defensa, sin

que se desconociera el debido proceso, al expedir los actos acusados.

Por último, advirtió que el Tribunal al dar prosperidad a la presunta

violación del principio de tipicidad desconoció que la SIC lo observó

plenamente y que el mismo debía ser interpretado con una intensidad

diferente a la exigida en materia penal y con una flexibilización

razonable de la descripción típica.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- En esta etapa procesal, la SIC, en su escrito de alegatos21,

insistió en los argumentos expuestos en el recurso de apelación, en

el sentido de que se revoque en la sentencia de primera instancia y,

en su lugar, se denieguen las pretensiones contenidas en las

demandas, dado que se respetó en todo momento, dentro de la

actuación administrativa adelantada el debido proceso, el principio

de legalidad y tipicidad, el derecho de defensa y contradicción de los

investigados; y que el Tribunal al dar prosperidad a la presunta

violación del principio de tipicidad desconoció que la SIC lo observó

plenamente y que el mismo debía ser interpretado con una intensidad

21
Folios 261 a 282 del C. Apelación.

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diferente a la exigida en materia penal y con una flexibilización

razonable de la descripción típica.

IV.2. Por su parte, los actores solicitaron que se confirme la

sentencia apelada, arguyendo, en esencia, lo siguiente:

IV.2.1.- El INGENIO MAYAGUEZ S.A. y MAURICIO IRAGORRI

RIZO22 alegaron que es evidente que el fallo recurrido se expidió con

el respeto al ordenamiento jurídico, que las nulidades declaradas

tienen la suficiente motivación, las cuales salen en defensa del debido

proceso, el derecho de defensa y el principio de tipicidad.

Manifestaron que la SIC no elevó verdaderos cargos de imputación

para ejercer la defensa y jamás precisó con certeza la relación entre

los hechos expuestos y las normas enunciadas, dando lugar a una

ambigüedad que salta a la vista en la misma parte resolutiva del acto

administrativo sancionatorio acusado.

Que sobre los representantes legales de las sociedades sancionadas,

la ilegalidad se hizo más protuberante, por cuanto se penalizó con

22
Folios 24 a 59 del C. Apelación.

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fundamento en una disposición diferente a la inicialmente invocada

como trasgredida por la mencionada Superintendencia.

Y que la entidad demandada violó el debido proceso y la tipicidad,

porque ni en la apertura de la investigación ni en la resolución

sancionatoria distinguió la conducta del artículo 1º de la Ley 155 de

la del numeral 1, del artículo 47, del Decreto 2153.

IV.2.2.- El INGENIO PROVIDENCIA S.A.23 señaló que las

resoluciones acusadas fueron expedidas sin garantizarle el debido

proceso, toda vez que la SIC no fue clara al imputar la violación del

artículo 1º de la Ley 155, ya que no precisó cual de las conductas allí

proscritas eran las investigadas; y que lo sancionó, con relación a la

supuesta violación del numeral 1, del artículo 47 del Decreto 2153,

por hechos distintos a los imputados.

Asimismo, alegó que los actos demandados desconocieron el

principio de tipicidad, por cuanto la entidad demandada se valió de

un concepto extralegal de “precio” para sancionarlo, a pesar de que

el mismo había sido definido con precisión por la ley.

23
Folios 60 a 148 del C. Apelación.

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IV.2.3.- El INGENIO RISARALDA S.A. y CÉSAR AUGUSTO

ARANGO ISAZA24 expresaron que los actos demandados adolecen

de serios vicios e irregularidades, que dan cuenta de la flagrante

violación del debido proceso, en especial, en lo que respecta al

principio de congruencia, con ocasión a las modificaciones en las

imputaciones fáctico- jurídicas realizadas en dichos actos, situación

que impidió el adecuado ejercicio de su derecho de defensa y

contradicción.

Indicaron que la SIC no efectuó una imputación fáctica y jurídica

adecuada sobre la violación del artículo 1º de la Ley 155 y que los

precedentes, señalados por la entidad demandada, no son relevantes

para efectos del análisis realizado por a quo, pues los mismos se

refieren a un análisis de fondo respecto del régimen de libre

competencia y el alcance de ciertas prácticas restrictivas de la

competencia y no a las gravísimas violaciones al debido proceso, que

sirvieron de fundamento para declarar la nulidad de los actos

acusados.

24
Folios 149 a 203 del C. Apelación.

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Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

Además, solicitaron, en el evento en que no se revoque la sentencia

apelada, el pronunciamiento sobre cada uno de los cargos, conceptos

de violación, causales de nulidad y pretensiones presentadas en la

demanda.

IV.2.4.- El INGENIO INCAUCA S.A.25 adujo que el Tribunal de

primera instancia obró conforme a derecho al declarar la nulidad de

los actos acusados, debido a que la entidad demandada le vulneró

los derechos fundamentales, al incurrir en irregularidades al

momento de imputar las conductas investigadas, ya que le imputó

cargos por violación de una norma y lo sancionó por otra; y al

desconocer el principio de congruencia y el debido proceso, limitar

su derecho de defensa y contradicción.

Sostuvo que los precedentes, identificados por la SIC, no son

aplicables al caso sub examine y no desvirtúan las conclusiones de la

sentencia apelada, respecto de la nulidad de los actos demandados.

Igualmente, solicitó, en el evento en que se revoque la sentencia

apelada, el pronunciamiento sobre los argumentos que se plasmaron

en la demanda.

25
Folios 204 a 260 del C. Apelación.

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Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

IV.2.5.- El INGENIO CARMELITA S.A.26 afirmó que existió una

violación flagrante del debido proceso, puesto que hubo una indebida

imputación de la prohibición contenida en el artículo 1º de la Ley 155,

ya que la SIC le imputó de manera genérica y arbitraria la infracción

de esta norma, sin detenerse a precisar en cuál de las conductas

prohibidas por esa disposición había incurrido, además de que utilizó

indebidamente el numeral 1º, del artículo 47, del Decreto 2153.

Agregó que, en caso de que se revoque la sentencia apelada, solicita

estudiar los argumentos expuestos en la demanda objeto de este

proceso.

IV.2.6.- El INGENIO PICHICHÍ S.A.27 también sostuvo que existió

una violación flagrante del debido proceso, toda vez que hubo una

indebida imputación de la prohibición contenida en el artículo 1º de

la Ley 155, pues la entidad demandada le imputó de manera genérica

y arbitraria la infracción de esta norma, sin detenerse a precisar en

cuál de las conductas prohibidas por esa disposición había incurrido,

26
Folios 283 a 304 del C. Apelación.
27
Folios 305 a 326 del C. Apelación.

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además de que utilizó indebidamente el numeral 1º, del artículo 47,

del Decreto 2153.

Asimismo, advirtió que en caso de que se revoque la sentencia

apelada se estudien los argumentos presentados en la demanda

objeto de este proceso.

IV.3.- Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las

resoluciones núms. 6839 de 9 de febrero de 2010 y 42411 de

13 de agosto de 2010, expedidas por el Superintendente de

Industria y Comercio, por medio de las cuales, respectivamente, se

impuso a las empresas INGENIO PROVIDENCIA S.A., INGENIO

CARMELITA S.A., INGENIO DEL CAUCA S.A., INGENIO

PICHICHI S.A., INGENIO RISARALDA S.A. y MAYAGUEZ S.A.

una multa de $1.030.000.000,oo, por infringir el artículo 1º de la Ley

155 y el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153.

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Asimismo, se sancionó con una multa de $154.500.000.oo a los

señores MAURICIO IRAGORRI RIZO, representante legal del

INGENIO MAYAGUEZ S.A., y CÉSAR AUGUSTO ARANGO,

representante legal del INGENIO RISARALDA S.A., por violar las

citadas disposiciones, así como el numeral 16 del artículo 4º del

Decreto 2153; y se resolvió el recurso de reposición interpuesto

contra la primera Resolución, en el sentido de confirmar la decisión

recurrida.

Las anteriores sanciones pecuniarias fueron impuestas como

resultado de la investigación administrativa adelantada contra los

actores, por la violación de los artículos 1º de la Ley 155 y 47, numeral

1, del Decreto 2153, así como el numeral 16 del artículo 4º del

Decreto 2153, al comprobar que incurrieron en acuerdos continuados

restrictivos de la competencia que tenían por objeto la fijación de

precios de compra de caña destinada a la producción de azúcar y de

alcohol carburante, durante el período comprendido entre mayo de

2005 y febrero de 2007.

El Tribunal de primera instancia, en la sentencia apelada, declaró la

nulidad de las resoluciones acusadas, al estimar que se desconocieron

las garantías constitucionales del debido proceso, en concordancia

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con el derecho de contradicción y el principio de tipicidad, derivadas

de los siguientes defectos procedimentales, en el trámite de la

actuación administrativa:

Por una parte, en el auto de apertura, la SIC señaló como conducta

censurada: la presunta existencia de un acuerdo para disciplinar los

precios en la compra de caña de azúcar, e indicó la violación de dos

normas: los artículos 1º de la Ley 155 y 47, numeral 1, del Decreto

2153, los cuales reprochan, a su juicio, dos conductas totalmente

diferentes, por un lado, la celebración de acuerdos para obtener

precios inequitativos y, por el otro lado, la existencia de acuerdos para

fijar directa o indirectamente un precio.

De otra parte, en el fallo sancionatorio, en la parte considerativa,

desarrolló lo relacionado con la fijación de cualquier precio, esto es, la

conducta descrita en el artículo 47, numeral 1, del Decreto 2153, pero

no lo referente a si habían concurrido o no los elementos para

encontrar probada la infracción prevista en el artículo 1º de la Ley 155.

Y en la parte resolutiva, al declarar la responsabilidad, imputó las dos

disposiciones antes citadas: tanto el artículo 47, numeral 1, del

Decreto 2153, como el artículo 1º de la Ley 155, sin exponer las

razones para imputar la infracción prevista en la última indicada, esto

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es, sin precisar en cuál de las conductas prohibidas por esa

disposición habían incurrido los investigados, -si se les imputaba

cargos por participar en un acuerdo para la fijación de un determinado

precio o por participar en un acuerdo para la fijación de precios

inequitativos-, caso en el cual no es importante si éste es favorable o

desfavorable para los participantes.

Respecto de los representantes legales CÉSAR AUGUSTO

ARANGO ISAZA y MAURICIO IRAGORRI RIZO se endilgó una

norma distinta en el fallo sancionatorio, -violación de los artículos 1º

de la Ley 155 y 47, numeral 1, del Decreto 2153-, por incurrir en un

acuerdo para la fijación de los precios de caña de azúcar, a la

investigada inicialmente, -artículo 4º, numeral 16, del Decreto 2153-,

por autorizar, ejecutar o tolerar conductas violatorias de la libre

competencia, lo cual conlleva, a juicio del fallador de primera instancia,

que los actos acusados vulneraron el artículo 29 de la Constitución

Política, en concordancia con los principios de legalidad y tipicidad.

Por su parte, la SIC, en su recurso de apelación, adujo que hubo una

imputación fáctica y jurídica coherente y clara desde la resolución de

la apertura de investigación hasta el acto que impuso la sanción, con

el fin de que los investigados ejercieran su derecho de defensa y

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contradicción y desvirtuaran la conducta imputada: un acuerdo

anticompetitivo para la fijación del precio, al que se compraba la caña

de azúcar, como para producción de alcohol carburante.

Asimismo, señaló que fue infundado por parte del a quo sostener que

la SIC realizó dos imputaciones o cargos diferentes, por cuanto la

imputación jurídica siempre estuvo ceñida a acuerdos de fijación de

precios para la compra de caña destinada a la producción de azúcar y

de alcohol carburante, y que el fallador de primera instancia concluyó,

sin soporte alguno, que el artículo 1º de la Ley 155 solo prohíbe los

acuerdos que tengan por objeto mantener o determinar precios

inequitativos, a pesar de que esta norma establece una “prohibición

general” de toda práctica que limita la libre competencia y no se refiere

únicamente a los acuerdos que llevan a precios inequitativos.

Precisó que una conducta cuando se encuadra dentro de las prácticas

restrictivas de la competencia previstas en los artículos 47, 48, 49 y

50 del Decreto 2153, también se enmarca en lo dispuesto en la citada

prohibición general, teniendo en cuenta que ésta abarca todos los

procedimientos, prácticas o sistemas que limiten la competencia.

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Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 3 de

diciembre de 202028, que se prohíja en esta oportunidad, en la cual la

Sala se refirió al principio de congruencia, en los procesos

sancionatorios, al estudiar un caso de un acuerdo contrario a la libre

competencia, y señaló que el mismo deberá verse reflejado en una

correspondencia entre los cargos imputados en el acto administrativo

de apertura de investigación y aquel que resuelve la actuación.

Al efecto, sostuvo:

“[…] 352. En primera medida, habrá de señalarse que el
principio de congruencia se define como aquel que
exige que la autoridad que decida deberá hacerlo en
consonancia con los hechos y las pretensiones de la
demanda. Por lo tanto, se vulnera cuando los falladores
ordenan por un objeto distinto al pretendido o por una causa
diferente a la invocada por los actores.

353. Frente a dicho principio, la Sala prohíja lo manifestado
en sentencia de 5 de diciembre de 2019, en la que se señaló:

[…] [en la sentencia] (iii) el fallador no puede desbordar
el marco predeterminado por el contenido y las
pretensiones de la demanda, a partir de lo cual se fija
el litigio.

Tales limitaciones encuentran fundamento, tanto en la
referida disposición constitucional como en la garantía de los
derechos constitucionales a la contradicción y a la defensa,
en razón a que las partes no pueden verse
sorprendidas y perjudicadas por la definición de

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de
diciembre, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2012-
00678-03.

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Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

asuntos que no hacen parte del objeto sometido a la
decisión del juez. […]29(resaltado fuera del texto).

354. De acuerdo con lo citado, el principio de congruencia
busca delimitar la competencia del fallador en aras de
evitar que las partes en un proceso sean sorprendidas
con argumentos, hechos o pruebas que no hubieran
podido ser controvertidas por ellas. En esa medida, el
principio de congruencia busca evitar la vulneración al
derecho al debido proceso.

355. En las actuaciones administrativas deberá
también respetarse el principio de congruencia, que
para los procesos sancionatorios deberá verse
reflejado en una correspondencia entre: i) los cargos
imputados y el acto administrativo que impone la
sanción; y, ii) la sanción y los elementos fácticos y
jurídicos que la sustentan.

356. En el sub examine, la SIC, mediante Resolución 10958
de 6 de marzo de 2009, ordenó abrir investigación en contra
de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina
Integral (en adelante ACEMI) y de distintas entidades
promotoras de salud del régimen contributivo (en adelante
EPS), entre ellas, EPS SANITAS S.A..

357. La investigación iniciada por la Resolución 10958 de
200930 tenía por finalidad determinar si las EPS investigadas
habían actuado en contravención de los artículos 331 y 532,

29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 26 de abril
de 2018. Rad.:2018 – 00854 (AC). M. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
30
Folios 576 a 607 Carpeta 3 digital. Folio 476 Cuaderno 2 del Tribunal.
31
«Artículo 3º. Prohibición general a las prácticas restrictivas de la competencia. De conformidad con
lo previsto en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, el Decreto-ley 1298 de 1994 y con lo
establecido en el presente decreto, están prohibidos todos los acuerdos, actos o convenios, así como
las prácticas y las decisiones concertadas que, directa o indirectamente tengan por objeto o como efecto
impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del mercado de los servicios de
salud; abusar de una posición de dominio sobre el mismo; o impedir, restringir o interrumpir la
prestación de los servicios de salud. Dichas conductas tendrán objeto ilícito. Serán aplicables a las
actividades de las Entidades Promotoras de Salud, los promotores de éstas, las instituciones
prestadoras de Servicios de Salud, los profesionales del sector de la salud, las asociaciones científicas
o de profesionales o auxiliares de dicho sector y a las de todas las personas naturales o jurídicas que
en él participen, las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas,
contenidas en la Ley 155 de 1959, en el Decreto 2153 de 1992 y las normas que las reglamenten, así
como aquellas que las modifiquen, sustituyan o complementen.»
32
«Artículo 5º. Acuerdos contrarios a la libre competencia. Se consideran contrarios a la libre
competencia en el mercado de servicios de salud, entre otros, los siguientes acuerdos, convenios,
prácticas o decisiones concertadas: 1. Los acuerdos que tengan por objeto o tengan como efecto la
fijación directa o indirecta de precios o tarifas. […] 8. Los acuerdos entre competidores que tengan por
objeto o tengan como efecto abstenerse de distribuir o vender un bien o de ofrecer o prestar un
determinado servicio de salud, interrumpirlo, o afectar los niveles de prestación del mismo. […] 10. Los
que tengan por objeto o como efecto abstenerse de proveer a los usuarios o al Sistema General de
Seguridad Social en Salud de información no reservada sobre la prestación de los servicios de salud,

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numerales 1°, 8° y 10° del Decreto 1663 de 199433; al
incurrir en un acuerdo contrario a la libre competencia.
La concertación versaba sobre cuáles servicios y
procedimientos debían entenderse incluidos o excluidos del
Plan Obligatorio de Salud – POS. Igualmente, la Resolución
referida tenía como propósito establecer si ACEMI había
infringido los artículos 3° y 434 del mismo decreto.
[…]

361. En la Resolución 46111 de 201135, la SIC frente a este
reparo efectuado por algunos de los investigados respecto de
la falta de congruencia, explicó:

[…] Frente a estos argumentos, se debe tener en cuenta que
las averiguaciones preliminares que esta Entidad adelanta en
investigaciones sobre prácticas comerciales restrictivas están
dirigidas a esclarecer las circunstancias de hecho y de
derecho necesarias para determinar si una conducta
particular corresponde o no con un comportamiento
anticompetitivo. Así, dichas averiguaciones buscan
principalmente esclarecer dudas sobre quién lleva a cabo la
conducta, los agentes en el mercado, y la posible ocurrencia
de la conducta reprochable.

Habiendo agotado esta etapa, en presencia de algunas
pruebas que sugieran que una conducta anticompetitiva ha
tenido lugar, se expide la resolución de apertura de
investigación correspondiente, en la que se determina cuáles
serán las conductas a investigar. Dicha apertura, sin
embargo, no es el escenario para establecer de manera rígida
y exhaustiva todos los hechos que deban ser analizados por
la entidad para determinar la existencia de una conducta
anticompetitiva. Serán los elementos recaudados durante la
investigación los que permitan a la entidad establecer los
hechos que deban ser analizados para determinar la
existencia o no de la conducta.

así como cualquier intento de ocultar o falsear la información y en general de impedir la debida
transparencia en el mercado de los servicios de salud. […]».
33
“Por el cual se reglamenta el parágrafo 2° del artículo 67 y el artículo 74 del Decreto-ley 1298 de
1994”.
34
“Artículo 4º. Prohibición a las asociaciones o sociedades científicas y de profesionales o auxiliares.
Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, se prohíbe a las asociaciones o sociedades científicas y
de profesionales o auxiliares del sector salud al desarrollar su actividad, el adoptar decisiones o políticas
internas que tengan por objeto o como efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre
competencia dentro del mercado de los servicios de salud; abusar de una posición de dominio sobre el
mismo; o impedir, restringir o interrumpir la prestación de los servicios de salud. Dichas conductas
tendrán objeto ilícito”.
35
Folios 2 y ss del Anexo 2 de la Demanda.

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No es posible pedir como es pretendido, que no se
tengan en cuenta los hechos nuevos que puedan surgir
de las pruebas que se practican dentro del trámite
correspondiente. La interpretación errónea los
investigados, según la cual en el acto de apertura la
entidad debe aludir a todos los hechos que permitan la
investigación de la conducta, implicaría que se deben
rechazar de antemano las pruebas que puedan
practicarse durante la etapa de investigación. […]
(Resaltado de Sala)

362. De acuerdo con la cita, la SIC entiende que el
principio de congruencia de los actos administrativos
permite a la administración, durante la etapa de la
investigación, incluir hechos nuevos siempre que
tengan relación con los cargos contenidos en el acto de
apertura.

363. Frente al alcance al presente cargo, el Tribunal a quo,
de manera general descartó los argumentos de la parte
demandante por considerar que las resoluciones
demandadas contaban con suficiente sustento probatorio y
que no había ocurrido vulneración alguna al debido proceso
administrativo de EPS SANITAS S.A. Con base en lo citado,
el Tribunal de instancia despachó desfavorablemente los
reproches de la parte actora.

364. Respecto de lo expuesto por el Tribunal, si bien la Sala
concuerda con la decisión de la no prosperidad del cargo,
encuentra necesario profundizar en el alcance del principio
de congruencia, como entra a explicar.

365. Para la Sala, el alcance que debe darse al principio
de congruencia entre el acto administrativo de
apertura de la investigación y aquel que resuelve la
actuación, está determinado por los cargos que se
consignen en el primero. En esa medida, le estará
vedado a la autoridad administrativa imponer una
sanción por una conducta que no se encuentre dentro
de los cargos formulados en la apertura de la
investigación.

366. Por tanto, los hechos que se plantean en el acto
de inicio de investigación y las pruebas que los
sustentan, en tanto justifican la decisión de la
autoridad administrativa de empezar una averiguación
tendiente a esclarecer la ocurrencia de la conducta que
reprocha, no constituyen una «camisa de fuerza» para

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la Administración frente a la incorporación de otros
elementos probatorios durante la etapa de indagación.

367. Así, lo que condiciona el alcance y procedencia las
pruebas que deban practicarse en el curso de la investigación
y de los hechos que deben analizarse, es el cargo o cargos
sobre conductas restrictivas de la competencia a que se
refiere la apertura de la misma. La investigación se abre
precisamente para determinar si la conducta tuvo
lugar y quiénes son responsables de tal
comportamiento.
[…]

369. En ese sentido, sería impropio referirse a la evidencia
recaudada como «hechos nuevos» frente a los indicados en
el acto de apertura de la investigación, toda vez que las
pruebas que se incorporen en el expediente administrativo
serán exclusivamente aquellas que tengan relación con los
cargos. Son esas pruebas las que constituyen el sustento
fáctico y jurídico que permitirá a la administración tener los
elementos de juicio para decidir imponer o no la sanción.

370. En consecuencia, conforme a las normas que regulan el
debido proceso en materia de prácticas restrictivas de la
competencia, para la Sala las pruebas de la etapa
investigativa están circunscritas a los cargos
contenidos en la resolución de apertura. Por lo que,
tanto la información recogida durante la averiguación
preliminar, así como las pruebas decretadas una vez dictada
la resolución de apertura de investigación, constituyen los
presupuestos fácticos y jurídicos que sustentaran la decisión
que ponga final a la actuación administrativa. Lo anterior,
bajo el presupuesto de que tales pruebas hubieren estado a
disposición de las investigadas y contra ellas pudieron ejercer
su derecho a la defensa presentando las explicaciones que
controvirtieran la evidencia recaudada.

371. Descendiendo al presente asunto, el reproche del
recurrente frente al principio de congruencia se erige en las
pruebas que dan cuenta de hechos ocurridos en el año 2008,
especialmente la relativa al correo del 5 de diciembre de ese
año, que no fue relacionado dentro los que sustentaron el
acto de apertura de la investigación.

372. De acuerdo con lo planteado por la Sala, los medios
probatorios aludidos tienen plena correspondencia con los
cargos planteados en el acto de apertura de la investigación,
en tanto, entre otras cosas, logran acreditar la continuidad

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de la conducta contraria a las normas de competencia.
Adicionalmente, la Sala encontró que estaba plenamente
acreditado dentro del expediente administrativo, que los
correos referidos fueron hallazgos de la investigación
administrativa cuyo resultado fue consignado en el Informe
Motivado del Superintendente Delegado para la Protección de
la Competencia, de fecha 31 de marzo de 2011 (folios 8717
a 8835 CD «ACEMI C.P. 1-49» – «Cuadernillo Público No.
38», visible a folio 476 del Cuaderno 2 del Tribunal).

373. La Sala evidenció que del mismo se dio traslado a EPS
SANITAS S.A., conforme lo previsto en el artículo 52 del
Decreto 2153 de 1992, por lo que fue objeto de reproche en
sede administrativa36, con lo cual, valga resaltarlo, se
garantizó el debido proceso de la parte actora.

374. Por consiguiente, el argumento asociado a la
supuesta vulneración de los derechos al debido
proceso y de defensa, no tiene asidero jurídico válido,
por haberse demostrado la configuración de las
conductas contrarias a la libre competencia en el
mercado de servicios de salud, al amparo de un estudio
detallado y minucioso por parte de la SIC. En el mismo
sentido, la Sala se pronunció en las sentencias de 30 de julio
y 24 de septiembre de 202037, criterio que se reitera y prohíja
en el presente asunto. […]” (Destacado fuera de texto).

Para la Sala, en el presente caso, sí existió congruencia entre los

cargos formulados en la resolución de apertura de

investigación y la conducta objeto de la resolución de

imposición de la sanción.

36
Documento obrante en el Cuaderno Público No. 39 , Folios 9035 a 9179. Expediente Administrativo.
Folio 476 Cuaderno 2 del Tribunal.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de julio
de 2020. Rad: 25000-23-24-000-2012-00662-01. Magistrado Ponente: Doctor Roberto Augusto
Serrato Valdés. Actora: Salud Total EPS. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de
septiembre de 2020. Rad: 25000-23-24-000-2012-00527-01. Magistrado Ponente: Doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. Actora: Caja de Compensación Familiar Comfenalco Valle EPS – COMFENALCO
VALLE. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

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En efecto, la Resolución núm. 06981 de 9 de marzo de 2007, “Por

la cual se abre una investigación”38, expedida por el

Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia, sobre

la conducta o cargos formulados, se señaló lo siguiente:

“[…] CONSIDERANDO
[…]

DÉCIMO PRIMERO: Evidencia sobre la conducta de las
personas jurídicas investigadas en el mercado de compra de
caña de azúcar como materia prima

La información recogida por esta Superintendencia muestra
lo siguiente:

11.1. Presunto acuerdo entre los ingenios azucareros
para establecer condiciones en la compra de caña de
azúcar
[…]

11.1.1. Equivalente establecido para determinar el
pago de caña en términos de azúcar

Para el pago en función del criterio productividad de la
caña (productividad determinada en términos de kilos
de azúcar) los ingenios se dividen en dos grupos:

11.1.1.1. Unos ingenios aplican una cantidad fija de 58
kilos
[…]

11.1.1.2. Otros ingenios aplican una cantidad variable
en función del azúcar extraído de una tonelada de
caña.
[…]

Los ingenios INCAUCA, PROVIDENCIA, MANUELITA,
MAYAGUEZ, PICHICHÍ y CABAÑA, pagan a los productores
de caña una suma fija equivalente a 58 kilos de azúcar por
tonelada de caña.

38
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Por el contrario, los ingenios RIOPAILA, CASTILLA,
RISARALDA, SAN CARLOS y CARMELITA, pagan a los
productores de caña una suma variable de acuerdo con el
rendimiento de la caña de azúcar.
[…]

11.1.3. Criterios para liquidación del pago de caña
destinada a la producción de alcohol carburante

De los trece (13) ingenios investigados, solo INCAUCA,
PROVIDENCIA, MANUELITA, MAYAGUEZ y RISARALDA
destinan parte de la caña comprada a la producción de
alcohol carburante. Estos cinco ingenios han incorporado
en los contratos de compra de caña, una misma
metodología para liquidar a los productores de caña el
porcentaje de esta, destinado a la producción de
alcohol carburante.
[…]

De acuerdo con lo expuesto, cinco ingenios
productores de alcohol carburante presuntamente
aplican las mismas tres formas para pagar a los
productores de caña el porcentaje que está destinado
a producir alcohol carburante.

Esas formas son:

1. El valor neto ex ingenio de 19 litros de alcohol
carburante para cada quintal de azúcar.
2. El valor neto ex ingenio del 65% dela alcohol
obtenido por cada quintal de azúcar que se dedique a
productor alcohol carburante.
3. El valor neto ex ingenio de cada quintal de azúcar
que se utilice para la fabricación alcohol carburante,
teniendo en cuenta los ingresos y la deducción de
todos los costos.

11.1.4. Análisis del conjunto de la información
obtenida sobre la conducta de los investigados en la
presunta determinación de condiciones de compra de
caña de azúcar.

Del conjunto de información obtenida sobre el
comportamiento de los ingenios INCAUCA, MANUELITA,
MAYAGUEZ, PROVIDENCIA, PICHICHÍ, RIOPAILA,
CASTILLA, RISARALDA, LA CABAÑA, SAN CARLOS,
CARMELITA, MARÍA LUISA y TUMACO en el mercado de
caña de azúcar, se observa que:

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a) Existe similitud de contratos para la compra de caña
de azúcar en los siguientes criterios para pagarla:
-La proporción en las ventas del ingenio en el mercado
interno y externo sirve para determinar la
remuneración del proveedor de caña.
-Usan la misma metodología para la estimación del
precio interno y el externo.

b) Para los cinco ingenios que producen alcohol
carburante, existe identidad de metodología para
liquidar la caña destinada por el ingenio a esa
producción.

De esta manera, la fórmula de pago presuntamente es
aplicada de manera uniforme por los ingenios cuando
compran caña de azúcar. La igualdad o similitud de
condiciones o variables indica que presuntamente el
precio pagado al productor de caña ha sido
determinado de manera indirecta y conjunta por los
investigados, no de manera independiente por cada
uno.
[…]

DÉCIMO SEGUNDO: Que las circunstancias
establecidas anteriormente permiten considerar a este
Despacho que INCAUCA, PROVIDENCIA, MANUELITA,
MAYAGUEZ, RIOPAILA, CASTILLA, PICHICHÍ,
RISARALDA, LA CABAÑA, SAN CARLOS, CARMELITA,
MARÍA LUISA y TUMACO pueden haber actuado en
contravención de las siguientes normas:

12.1. Prohibición general
Conforme con lo establecido en el artículo 1 de la Ley
155 de 1959 modificado por el artículo 1 del Decreto 3307
de 1963: “Quedan prohibidos los acuerdos o convenios
que directa o indirectamente tengan por objeto limitar
la producción, abastecimiento, distribución o consumo de
materias primas, productos, mercancías o servicios
nacionales o extranjeros, y en general, toda clase de
prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a
limitar la libre competencia y a mantener o determinar
precios inequitativos.”

12.2. Acuerdos de fijación de precios
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo
47 del Decreto 2153 de 1992, se consideran contrarios
a la libre competencia los acuerdos que “tengan por

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objeto o tengan como efecto la fijación directo o
indirecta de precios”.
[…]

12.4. Autorización, ejecución o tolerancia
Según lo establecido en el numeral 16 del artículo 4 del
Decreto 2153 de 1992, están sujetos a las sanciones allí
contempladas “los administradores, directores,
representantes legales, revisores fiscales y demás
personas naturales que autoricen, ejecuten o toleren
conductas violatorias de las normas sobre promoción
de la competencia y prácticas comerciales restrictivas
(…)”

En mérito de lo anterior, este Despacho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir investigación para determinar
si las empresas INGENIO DEL CAUCA S.A., INGENIO
PROVIDENCIA S.A. SUBORDINADA, MANUELITA S.A.,
MAYAGUEZ S.A., INGENIO RIOPAILA S.A., INGENIO
CENTRAL CASTILLA S.A., INGENIO PICHICHÍ S.A.,
INGENIO RISARALDA S.A., INGENIO LA CABAÑA S.A.,
CARLOS SARMIENTO L. & Cia., INGENIO SAN CARLOS S.A.,
INGENIO CARMELITA S.A., INGENIO MARIA LUISA S.A. y
CENTRAL TUMACO S.A., incurrieron en la conducta
descrita en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.

ARTÍCULO SEGUNDO: Abrir investigación para determinar
si las empresas INGENIO DEL CAUCA S.A., INGENIO
PROVIDENCIA S.A. SUBORDINADA, MANUELITA S.A.,
MAYAGUEZ S.A., INGENIO RIOPAILA S.A., INGENIO
CENTRAL CASTILLA S.A., INGENIO PICHICHÍ S.A.,
INGENIO RISARALDA S.A., INGENIO LA CABAÑA S.A.,
CARLOS SARMIENTO L. & Cia., INGENIO SAN CARLOS S.A.,
INGENIO CARMELITA S.A., INGENIO MARIA LUISA S.A. y
CENTRAL TUMACO S.A., infringieron lo dispuesto en el
numeral 1º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.
[…]

ARTÍCULO QUINTO: Abrir investigación para determinar si
los señores […] MAURICIO IRAGORRI RIZO como
representante legal de MAYAGUEZ S.A., […] CÉSAR
AUGUSTO ARANGO ISAZA, como representante legal
de INGENIO RISARALDA S.A. […] incurrieron en la
responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo

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Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

4 del Decreto 2153 de 1992. […]”39 (Destacado fuera de
texto).

Posteriormente, en la Resolución núm. 6839 de 9 de febrero de

2010, “Por la cual se impone una sanción”, emanada del

Superintendente de Industria y Comercio, en cuanto a la conducta

imputada, se indicó lo siguiente:

“[…] 6.2. Marco normativo

De conformidad con la Resolución 6981 de 9 de marzo de
2007, mediante la cual se ordenó la apertura de la
investigación, se indagó sobre la presunta infracción de las
normas que se señalan a continuación.

6.2.1. Prohibición general

Establece el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 que
“quedan prohibidos los acuerdos o convenios que
directa o indirectamente tengan por objeto limitar la
producción, abastecimiento, distribución o consumo de
materias primas, productos, mercancías o servicios
nacionales o extranjeros, y en general, toda clase de
prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a
limitar la libre competencia y a mantener o determinar
precios inequitativos.”

Esta autoridad de competencia ha interpretado como
cláusula general del régimen de protección de la
competencia el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. En
este sentido, la norma estipula que cualquier práctica
que restrinja la libre competencia se encuentra
prohibida. Además de esta norma, el Decreto 2153 de
1992 define un conjunto de conductas que, con la
denominación de acuerdos, limitan la libre
competencia y comportan una infracción de la
mencionada cláusula general dispuesta en el artículo 1
de la Ley 155 de 1959.

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En este orden de ideas las disposiciones de la norma general
no tienen un carácter residual, es decir, el artículo 1 de la
Ley 155 de 1959 abarca tanto las conductas del
Decreto 2153 de 1992 como cualquier otra que, a
pesar de no estar prevista en el citado Decreto,
termine afectando la competencia en los mercados.
Por lo tanto, si la autoridad de competencia concluye
que una conducta es anticompetitiva al menos se
estaría violando la disposición general.

6.2.2. Acuerdos de fijación de precios

Señala el numeral 1º del artículo 47 del Decreto 2153
de 1992, se consideran contrarios a la libre
competencia los acuerdos que tengan por objeto o tengan
como efecto la fijación directo o indirecta de precios.
[…]

8. LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS
INVESTIGADAS
La investigación se llevó a cabo con el fin de
determinar si los trece ingenios infringieron el artículo
1 de la Ley 155 de 1959 y los numerales 1 […] del
artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, que se refieren
a la realización de acuerdos que tengan por objeto la
fijación directa o indirecta de precios […]

Ahora bien, el artículo 47 del Decreto 2153 contiene una lista
de cuáles acuerdos son considerados contrarios a la libre
competencia, entre los que se destacan, a efectos de la
presente investigación, los mencionados en los numerales 1
[…] que se transcriben a continuación:

“Artículo 47. Acuerdos contrarios a la libre
competencia. Para el cumplimiento de las funciones a
que se refiere el artículo 44 del presente Decreto se
consideran contrarios a la libre competencia, entre
otros, los siguientes acuerdos:

1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la
fijación directo o indirecta de precios.
[…]

8.1. Acuerdo para la fijación del precio de la caña de
azúcar

8.1.1. Caña destinada a la producción de azúcar

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Uno de los objetivos de la presente actuación administrativa
fue determinar la existencia de un acuerdo para la fijación
del precio de la caña destinada a la producción de
azúcar entre los trece ingenios investigados, en
contravención del numeral 1 del artículo 47 del
Decreto 2153 de 1992.

8.1.1.1. Imputación realizada en la resolución de
apertura de investigación
En la resolución de apertura de investigación se consideró
que la similitud de los contratos de compra de caña de
azúcar y de la metodología para liquidarla de indicativa
de la existencia de un acuerdo de fijación de precios.
Se concluyó preliminarmente que algunos ingenios pactaban
una suma de 58 kilos de azúcar por tonelada de caña,
mientras que otros pagan una suma variable dependiendo
del rendimiento de la caña.

De esta manera, la fórmula de pago presuntamente es
aplicada de manera uniforme por los ingenios cuando compra
caña de azúcar. La igualdad o similitud de condiciones y
variables indica que presuntamente el precio pagado
al productor de caña ha determinado de manera
indirecta y conjunta por los investigados, no de
manera independiente por cada uno.
[…]

8.1.1.6. Conclusión en relación con el acuerdo para la
fijación del precio de compra de caña destinada a la
producción de azúcar

En síntesis, con fundamento en el material que obra en el
expediente puede concluirse que está acreditada la
existencia de un acuerdo, en la modalidad de práctica
concertada, para la fijación de los precios pagados por
la caña destinada a la producción de azúcar, por parte
de los ingenios INCAUCA, MAYAGUEZ, MANUELITA,
PROVIDENCIA, LA CABAÑA, RIOPAILA, CASTILLA,
CARMELITA y PICHICHÍ.

Existen prácticas homogéneas a partir de las cuales esta
Superintendencia acreditó que se limita la pugna por caña de
azúcar. La existencia de valores de referencia comunes, que
disciplinan la remuneración de la caña adquirida por los
ingenios, no encuentra explicación razonable distinta a la
concertación.
[…]

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8.1.2. Caña destinada a la producción de alcohol
carburante

La presente actuación administrativa también tuvo como
finalidad determinar la existencia de un acuerdo para la
fijación del precio de la caña destinada a la producción
de alcohol carburante entre los ingenios
PROVIDENCIA, INCAUCA, MANUELITA, MAYAGUEZ, y
RISARALDA, en contravención del numeral 1 del
artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.

8.1.2.1. Imputación realizada en la resolución de
apertura de investigación
La resolución de apertura de investigación consideró como
un hecho indicativo de la posible existencia de un acuerdo de
precios entre los ingenios alcoholeros para fijar la
remuneración de las cañas destinadas a la producción de
alcohol carburante, el que existiera identidad en las tres
formas ofrecidas por los mencionados ingenios para dicha
liquidación. Las propuestas de los ingenios consistieron en
ofrecer a los cultivadores la siguiente remuneración:

“1. El valor neto ex ingenio de 19 litros de alcohol carburante
por cada quintal de azúcar.
2. El valor neto ex ingenio del 65% del alcohol obtenido por
cada quintal de azúcar que se dedique a producir alcohol
carburante.
3. El valor neto ex ingenio de cada quintal de azúcar que se
utilice para la fabricación de alcohol carburante, teniendo en
cuenta los ingresos y la deducción de todos los costos”.

Adicionalmente, la resolución de apertura de la investigación
indicó que las anteriores propuestas parecían ser el resultado
de unas reuniones llevadas a cabo entre funcionarios de los
diferentes ingenios alcoholeros, según se desprende de los
Proveedores de INCAUCA, tomada en la visita administrativa
llevada a cabo el 13 de septiembre de 2006.
[…]

8.1.2.5.1. La existencia de un acuerdo de precios para
la remuneración de la caña destinada a la producción
de alcohol carburante

A partir del análisis probatorio obrante en el expediente esta
Superintendencia concluye que las fórmulas ofrecidas
por los ingenios PROVIDENCIA, INCAUCA,
RISARALDA, MANUELITA y MAYAGUEZ son
consecuencia de un acuerdo de precios restrictivos de

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la libre competencia y no el producto de una decisión
unilateral tomada por cada ingenio productor de alcohol
carburante. Los diferentes elementos de convicción dan
fe de que las modalidades de pago de la caña destinada
a la producción de alcohol carburante son el origen de
una acción concertada entre los cinco ingenios aquí
investigados.
[…]

8.1.2.6. Conclusión

Con fundamento en las pruebas recaudadas en la presente
actuación administrativa, puede concluirse que está
acreditada la existencia de un acuerdo en la modalidad
de práctica concertada para la fijación de los precios
pagados por la caña destinada a la producción de
alcohol carburante por parte de los ingenios INCAUCA,
MANUELITA, PROVIDENCIA, MAYAGUEZ y RISARALDA.
[…]

10. RESPONSABILIDAD DE LOS REPRESENTANTES
LEGALES
De conformidad con el numeral 16 del artículo 4 del Decreto
2153 de 1992, norma vigente para la época de los hechos, el
Superintendente de Industria y Comercio está facultado para
imponer multas de hasta 300 salarios mínimos legales
mensuales a los administradores, directores, representantes
legales, revisores fiscales y demás personas naturales que
autoricen, ejecuten o toleren conductas violatorias de las
normas sobre libre competencia y prácticas comerciales
restrictivas.

La responsabilidad personal a la que alude el numeral 16 del
artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, emana de un hecho –
acción u omisión- de una de las referidas personas naturales.
Esta posición reviste especial importancia si se tiene en
cuenta que lo previsto en el numeral 16 no exige que las
personas naturales que resulten incursas en el
comportamiento descrito, ejecuten directamente el acto o
que lo autoricen.
[…]

En este orden de ideas, corresponde ahora establecer si
los representantes legales las sociedades investigadas
ejecutaron, toleraron o autorizaron la conducta
anticompetitiva de acuerdo para la fijación del precio
de compra de la caña de azúcar descrita en el numeral
1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.

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[…]

10.2. Representantes legales de empresas
sancionadas
En la presente investigación quedó plenamente establecido
que los ingenios INCAUCA, PROVIDENCIA, MANUELITA,
MAYAGUEZ, RISARALDA, RIOPAILA, CASTILLA,
PICHICHÍ, LA CABAÑA y CARMELITA infringieron lo
dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto
2153 de 1992.

Esta Superintendencia considera que existe en el expediente
suficientes elementos que le permiten concluir que los
representantes legales de INCAUCA, PROVIDENCIA,
MANUELITA, MAYAGUEZ y RISARALDA aquí
investigados, autorizaron, ejecutaron o toleraron el
acuerdo para la fijación del precio de caña de azúcar
objeto de sanción en la presente resolución.
[…]

10.2.2. Mauricio Iragorri
[…]

El Despacho encontró pruebas suficientes que
demuestran la participación del señor Iragorri en la
ejecución del acuerdo para la fijación del precio de la
caña. En primer lugar, el hecho admitido por él de ser el
encargado directo de fijar las pautas para la contratación de
la caña es indicativo.
[…]

La anterior declaración da cuenta que los ofrecimientos
realizados por MAYAGUEZ a sus proveedores relacionados
con la remuneración de la caña destinada a la producción de
alcohol fueron realizados directamente por el señor Iragorri
y consistieron en las fórmulas sobre las que se concluyó
fueron el producto de un acuerdo de precios en la
modalidad de práctica concertada. En este sentido,
queda demostrada la ejecución del acuerdo para la
fijación del precio de la caña por parte del señor
Iragorri en los términos del numeral 16 del artículo 4
del Decreto 2153 de 1992.
[…]

En este sentido, debe aclararse que la sanción que por medio
de la presente resolución se le impone el señor Iragorri no es
porque realice su trabajo, tal como lo sostuvo su apoderado.
Lo reprochable a la luz del derecho de la competencia

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es que las fórmulas de liquidación de la caña incluidas
en los contratos por él suscritos, son el producto de un
acuerdo para la fijación de precios, en la modalidad de
práctica concertada, sobre el cual quedó demostrada
la participación del señor Iragorri.

Finalmente, es un hecho acreditado que por lo menos para
febrero de 2007 existen contratos vigentes suscritos por
MAYAGUEZ que incluyen las cláusulas de liquidación de
alcohol mencionadas en la presente resolución como fruto de
la concertación entre los ingenios alcoholeros, lo que
constituye una clara prueba de que el señor Iragorri toleró
la conducta anticompetitiva aquí sancionada, en los
términos del numeral 16 del artículo 4 del Decreto
2153 de 1992.
[…]

10.2.5. César Augusto Arango
[…]

Frente a la participación del señor César Augusto
Arango en el acuerdo para la fijación del precio de la
caña, el Despacho encuentra acreditada su
participación en el acuerdo anticompetitivo aquí
imputado.

En efecto, existe prueba en el expediente que da cuenta de
que el señor Arango suscribió las comunicaciones enviadas a
sus proveedores y que contenían las fórmulas de
remuneración de la caña destinada a la producción de
alcohol.
[…]

Del correo en mención, se desprende que el señor Arango
toleró que la estructura de costos del negocio del
alcohol de RISARALDA circulara entre todos los
ingenios alcoholeros. En efecto, las cifras suministradas
por dicho ingenio sirvieron de base para la elaboración de
carta modelo que se anunció para ser enviada a los
proveedores de caña.
De otra parte, debe resaltarse que el señor Arango
igualmente toleró la ejecución del acuerdo como parte
del intercambio de información llevado a cabo a través
del correo electrónico enviado por Johan Martínez,
Analista Económico y de Mercados de Asocaña, a los
representantes de todos los ingenios investigados, el 21 de
diciembre de 2005, y que incluyó los costos de producción de
alcohol de los cinco ingenios alcoholeros.

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Finalmente, es un hecho acreditado que por lo menos para
febrero de 2007 existen contratos vigentes suscritos por
RISARALDA que incluyen las cláusulas de liquidación de
alcohol mencionadas en la presente resolución como fruto de
la concertación entre los ingenios alcoholeros, lo que
constituye una clara prueba de que el señor Arango
toleró la conducta anticompetitiva aquí sancionada, en
los términos del numeral 16 del artículo 4 del Decreto
2153 de 1992.

11. SANCIÓN
De acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153
de 1992, el Superintendente de Industria y Comercio podrá
“imponer sanciones pecuniarias hasta por dos ml (2.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, a las empresas
infractoras de las normas sobre promoción de la competencia
y prácticas comerciales restrictivas a que se refiere el
presente decreto”.

A su vez, el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de
1992, establece la facultad del Superintendente de Industria
y Comercio, para “imponer a los administradores, directores,
representantes legales, revisores fiscales y demás personas
naturales que autoricen, ejecuten o toleren conductas
violatorias de las normas sobre promoción de la competencia
y prácticas comerciales restrictivas, multas de hasta
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales
vigentes en el momento de la imposición de la sanción […]”.

En el caso concreto, se ha establecido que los ingenios
CARMELITA, CASTILLA, INCAUCA, LA CABAÑA,
MANUELITA, MAYAGUEZ, PICHICHI, PROVIDENCIA,
RIOPAILA y RISARALDA, infringieron lo dispuesto en
el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y el numeral 1 del
artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, por haber
realizado acuerdos para la fijación del precio de
compra de caña.
[…]

Los hechos probados dan cuenta de un acuerdo continuado
por lo menos durante el período investigado para evitar
competir vía precio por la caña disponible en el mercado,
logrando así que la remuneración de dicha materia prima
correspondiera a un precio artificial, razón por la cual debe
imponerse una sanción que tenga efectos suficientemente
disuasivos en el mercado.

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Basado en lo anterior, este Despacho considera necesario
imponer a las empresas CARMELITA, CASTILLA, INCAUCA,
LA CABAÑA, MANUELITA, MAYAGUEZ, PICHICHI,
PROVIDENCIA, RIOPAILA y RISARALDA una multa por
2.000 salarios, mínimos mensuales legales vigentes,
equivalentes a MIL TREINTA MILLONES DE PESOS
($1.030.000.000.00) a cada una.

En cuanto a los representantes legales de INCAUCA,
MANUELITA, MAYAGUEZ, PROVIDENCIA y RISARALDA, los
señores JUAN JOSÉ LULLE, ADOLFO LEÓN VÉLEZ VÉLEZ,
MAURICIO IRAGORRI, GÓNZALO ORTIZ y CÉSAR
AUGUSTO ARANGO, respectivamente, responsables de
haber autorizado, ejecutado o tolerado el comportamiento
anticompetitivo merecedor de reproche, se impone una
multa por 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes,
equivalente a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($154.500.000.00) a cada uno.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que las empresas
INGENIO DEL CAUCA S.A., INGENIO PROVIDENCIA
S.A., INGENIO MANUELITA S.A., INGENIO MAYAGUEZ
S.A., INGENIO RIOPAILA S.A., INGENIO CENTRAL CASTILLA
S.A., INGENIO PICHICHÍ S.A., INGENIO LA CABAÑA S.A.,
INGENIO RISARALDA S.A., e INGENIO CARMELITA
S.A., infringieron el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y
el numeral 1º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992,
por haber incurrido en un acuerdo para la fijación de
los precios de la caña de azúcar.

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia, de conformidad
con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992,
imponer a cada una de las empresas relacionadas en el
artículo primero de la parte resolutiva de la presente
resolución, una multa equivalente a la suma de 2.000
salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, MIL
TREINTA MILLONES DE PESOS ($1.030.000.000.00).
[…]

ARTÍCULO QUINTO: Declarar que los señores JUAN JOSÉ
LULLE, representante legal de INGENIO DEL CAUCA S.A.,
GÓNZALO ORTIZ, representante legal de INGENIO
PROVIDENCIA S.A. SUBORDINADA, ADOLFO LEÓN VÉLEZ
VÉLEZ, representante legal de INGENIO MANUELITA S.A.,
MAURICIO IRAGORRI, representante legal de
INGENIO MAYAGUEZ S.A. y CÉSAR AUGUSTO ARANGO,

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados)
Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

representante legal de INGENIO RISARALDA S.A.,
infringieron el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y el
numeral 1º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992,
por haber incurrido en un acuerdo para la fijación de
los precios de la caña de azúcar.

ARTÍCULO SEXTO: En consecuencia, de conformidad con
el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992,
imponer a cada una de las personas naturales
relacionadas en el artículo quinto de la parte resolutiva
de la presente resolución, una multa equivalente a la
suma de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes,
esto es, CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($154.500.000.00). […]”40
(Destacado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, existió congruencia entre la resolución de

apertura de investigación y la que impuso la sanción, en lo

correspondiente a los cargos formulados o la conducta imputada a las

empresas INGENIO PROVIDENCIA S.A., INGENIO CARMELITA

S.A., INGENIO DEL CAUCA S.A., INGENIO PICHICHI S.A.,

INGENIO RISARALDA S.A. y MAYAGUEZ S.A., en tanto que

ambos actos administrativos coinciden en establecer que dicha

conducta consiste en que los Ingenios investigados en mención

infringieron la prohibición general, prevista en el artículo 1º

de la Ley 155, y el numeral 1º del artículo 47 del Decreto

2153, por haber incurrido en un acuerdo para la fijación de

los precios pagados por la caña de azúcar, destinada a la

40
Folios 190 a 347 del C. 10.

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producción de azúcar, como para la producción de alcohol

carburante.

Al respecto, cabe precisar que tanto en la resolución de apertura de

investigación, como en la que impuso la sanción, se hizo referencia

a que la conducta imputada contravenía tanto el artículo 47, numeral

1, del Decreto 2153, como la prohibición general, prevista en el

artículo 1º de la Ley 155.

Es del caso destacar que en el fallo sancionatorio, esto es, en la

Resolución núm. 6839 de 9 de febrero de 2010, “Por la cual

se impone una sanción”, se indicó, en la parte considerativa,

con precisión que habían concurrido los elementos para encontrar

probada la prohibición general señalada en el artículo 1º de la

Ley 155, por cuanto los Ingenios investigados realizaron acuerdos

para la fijación del precio de compra de caña, contrarios a la libre

competencia, de acuerdo con lo señalado en el artículo 47,

numeral 1, del Decreto 2153.

Para el efecto, se explicó con claridad que la referida prohibición

general se contraviene o infringe cuando se realizan conductas

contrarias a la libre competencia, que la restringen o la limitan, entre

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ellas, las indicadas en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153,

habida cuenta de que el citado artículo 1º de la Ley 155

comprende cualquier práctica que restrinja la libre competencia o

anticompetitiva; y que si la autoridad concluye que una conducta es

anticompetitiva, al menos se estaría violando la disposición de

prohibición general del artículo 1º de la Ley 155.

Así lo señaló, en la referida Resolución núm. 6839 de 9 de febrero

de 2010, la entidad demandada:

“[…]
6.2.1. Prohibición general

Establece el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 que
“quedan prohibidos los acuerdos o convenios que
directa o indirectamente tengan por objeto limitar la
producción, abastecimiento, distribución o consumo de
materias primas, productos, mercancías o servicios
nacionales o extranjeros, y en general, toda clase de
prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a
limitar la libre competencia y a mantener o determinar
precios inequitativos.”

Esta autoridad de competencia ha interpretado como
cláusula general del régimen de protección de la
competencia el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. En
este sentido, la norma estipula que cualquier práctica
que restrinja la libre competencia se encuentra
prohibida. Además de esta norma, el Decreto 2153 de
1992 define un conjunto de conductas que, con la
denominación de acuerdos, limitan la libre
competencia y comportan una infracción de la
mencionada cláusula general dispuesta en el artículo 1
de la Ley 155 de 1959.

En este orden de ideas las disposiciones de la norma general
no tienen un carácter residual, es decir, el artículo 1 de la

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Ley 155 de 1959 abarca tanto las conductas del
Decreto 2153 de 1992 como cualquier otra que, a
pesar de no estar prevista en el citado Decreto,
termine afectando la competencia en los mercados.
Por lo tanto, si la autoridad de competencia concluye
que una conducta es anticompetitiva al menos se
estaría violando la disposición general.

6.2.2. Acuerdos de fijación de precios

Señala el numeral 1º del artículo 47 del Decreto 2153
de 1992, se consideran contrarios a la libre
competencia los acuerdos que tengan por objeto o tengan
como efecto la fijación directo o indirecta de precios.
[…]” (Destacado fuera de texto).

Por lo tanto, no es cierto que el fallo sancionatorio, en la parte

considerativa, desarrolló lo relacionado con la fijación de cualquier

precio, esto es, la conducta descrita en el artículo 47, numeral 1, del

Decreto 2153, pero no lo referente a si habían concurrido o no los

elementos para encontrar probada la infracción prevista en el artículo

1º de la Ley 155, conforme lo sostuvo el Tribunal, en la sentencia

apelada.

Además, se debe aclarar que en manera alguna se puede sostener que

la imputación del artículo 1º de la Ley 155, realizada por la entidad

demandada, se refirió a que los Ingenios investigados hayan

participado en un acuerdo para la fijación de precios inequitativos,

como se mencionó en la sentencia apelada, ya que ni en la resolución

de apertura ni en el acto por el cual se impuso la sanción, se hizo

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referencia a la prohibición en tal sentido, sino al hecho de que

incurrieron en el comportamiento prohibido en dicho artículo 1º de la

Ley 155, en tanto realizaron acuerdos contrarios a la libre

competencia, al fijar precios de la caña de azúcar, en la modalidad

de prácticas concertadas, de manera conjunta, y no de manera

independiente por cada uno.

No puede perderse de vista que el artículo 1º de la Ley 155 no

solo prohíbe los acuerdos o prácticas tendientes a limitar la libre

competencia que tengan por objeto determinar precios inequitativos,

sino, en general, toda clase de acuerdos, prácticas, procedimientos

o sistemas tendientes a limitar la libre competencia.

Es del caso citar dicha disposición:

“[…] ARTÍCULO 1°. (Modificado por el artículo 1° del
Decreto 3307 de 1963). Quedan prohibidos los acuerdos
o convenios que directa o indirectamente tengan por
objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o
consumo de materias primas, productos, mercancías o
servicios nacionales o extranjeros y, en general, toda clase
de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a
limitar la libre competencia y a mantener o determinar
precios inequitativos […]” (Destacado fuera de texto)
Al respecto, la Sección Primera, en la sentencia de 18 de julio de

201941, al analizar un cargo de indebida aplicación de las

41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio
de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2010-00161-
01 y 05001-23-31-000-2010-00487-01 (Acumulados).

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disposiciones contenidas en los artículos 1º de la Ley 155 y 47,

numeral 1, del Decreto 2153, precisó que los acuerdos a los que

hace referencia el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 son

conductas contrarias a la libre competencia, que implican una

infracción al régimen general previsto en el artículo 1º de la

Ley 155, de la siguiente manera:

“[…] INDEBIDA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1º DE LA LEY 155 Y
47, NUMERAL 1, DEL DECRETO 2153, E INEXISTENCIA
DE UN ACUERDO DE PRECIOS EN LA MODALIDAD DE
PRÁCTICA CONSCIENTEMENTE PARALELA

Ahora bien, en cuanto al cargo de indebida aplicación de
las disposiciones contenidas en los artículos 1º de la
Ley 155 y 47, numeral 1, del Decreto 2153, e
inexistencia de un acuerdo de precios en la modalidad
de práctica conscientemente paralela, la Sala considera:

Las disposiciones que se consideraron violadas por las
resoluciones demandadas, son del siguiente tenor:

El artículo 1º de la Ley 155, dispone:

“[…] ARTÍCULO 1°. (Modificado por el artículo 1° del
Decreto 3307 de 1963). Quedan prohibidos los acuerdos
o convenios que directa o indirectamente tengan por
objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o
consumo de materias primas, productos, mercancías o
servicios nacionales o extranjeros y, en general, toda clase
de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar
la libre competencia y a mantener o determinar precios
inequitativos […]” (Las negrillas fuera de texto)

El artículo 47, numeral 1, del Decreto núm. 2153,
prevé:

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Actores: INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y OTROS.

“[…] ARTÍCULO 47. ACUERDOS CONTRARIOS A LA
LIBRE COMPETENCIA. Para el cumplimiento de las
funciones a que se refiere el artículo 44 del presente Decreto
se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros,
los siguientes acuerdos:

1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la
fijación directa o indirecta de precios. […]” (Las
negrillas fuera de texto.)

Además, es del caso citar el artículo 45, numeral 1, del
antes citado Decreto, que guarda relación con la misma
materia.

Este precepto establece:

“[…] ARTÍCULO 45. DEFINICIONES. Para el
cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo
anterior se observarán las siguientes definiciones:

1. Acuerdo: Todo contrato, convenio, concertación,
práctica concertada o conscientemente paralela entre
dos o más empresas”[…]”(Las negrillas y subrayas fuera
de texto.)

En relación con los acuerdos contrarios a la libre competencia
y su prueba, es preciso traer a colación la sentencia de 23 de
enero de 200342 de esta Sección, en la cual se dijo:

“[…] Artículo 47. Acuerdos contrarios a la libre
competencia. Para el cumplimiento de las funciones a que
se refiere el artículo 44 del presente decreto se consideran
contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes
acuerdos:
1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la
fijación directa o indirecta de precios;”

“Se establece así que hay violación de la libre
competencia cuando se dan acuerdos cuyo objeto o
efecto sea la fijación directa o indirecta de precios.

La apreciación sistemática de la norma permite establecer
que la locución acuerdos a que se refiere la norma ha de
tomarse en el sentido que se define en el artículo 45, numeral

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero
de 2003, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola, número único de radicación 25000-23-24-000-2000-
0665-01 (7909).

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1, del mismo decreto en el cual se señalan varias definiciones
“Para el cumplimiento de las funciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio sobre promoción
de la competencia y prácticas comerciales restrictivas
previstas en la Ley 155 de 1959”.

Al respecto se dice: “1. Acuerdo: Todo contrato, convenio,
concertación, práctica concertada o conscientemente
paralela entre dos o más empresas”.

De esas varias hipótesis posibles de dicho concepto, los
hechos del sub lite se encuadraron en la última, esto
es, en la de “práctica conscientemente paralela entre
dos o más empresas”.

La Sala observa que la advertida igualdad en los
precios en comento permite inferir esa conducta
puesto que la simetría que se dio entre ellos en un
período tan prolongado no es posible que hubiere sido
casual atendiendo la complejidad de las variables que
afectan todas las actividades relativas a la leche hasta
ponerla en manos del consumidor final.

“[...]”

“Habida cuenta de que el precio de dicho producto está
determinado por factores como los costos de
producción - que a su vez dependen del precio de los
insumos y del nivel de eficiencia de cada empresa así como
de las condiciones socioeconómicas del lugar en que se
produce-, por las expectativas de utilidad del productor,
los costos de distribución, el margen de utilidad del
distribuidor, el posicionamiento o acreditación del
producto y la calidad del mismo, entre otros, que bien
es sabido varían necesariamente de una empresa a
otra, no obstante que se trata de un mismo producto,
es poco probable que dos empresas coincidan en todos
esos factores […]

Ante esas condiciones objetivas de toda actividad económica,
más cuando se desarrolla dentro de una libre competencia,
esto es, cuando no se realiza en forma monopólica o con
sujeción a precios regulados por el Estado, no es admisible,
por razones prácticas, que como resultado de tales
condiciones o factores dos empresas diferentes
lleguen a fijar precios idénticos para un mismo
producto, con incrementos o variaciones en los

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mismos períodos de tiempo y en igual proporción... De
modo que tanta coincidencia es prueba suficiente de
que hubo un acuerdo que tuvo como efecto la fijación
indirecta de precios del producto ya especificado.” (Las
negrillas y subrayas fuera de texto).

En el mismo sentido, en sentencia de 30 de noviembre de
200643, la Sección Primera se refirió acerca de la prueba de
los acuerdos contrarios a la libre competencia:

“[…] Como bien lo advierte el a quo y la entidad demandada,
tanta coincidencia no puede resultar de la casualidad, menos
cuando el precio de dicho producto no está determinado por
la ley, ya que está sometido a libre competencia, por lo tanto
depende de factores variables como los costos de transporte,
de los costos de operación de cada estación y, por ende, del
nivel de eficiencia de ellas, así como de las expectativas de
utilidad del empresario, el posicionamiento o acreditación del
establecimiento comercial, entre otros, que bien es sabido
varían necesariamente de una empresa a otra, no obstante
que se trata de un mismo producto. En esas condiciones es
poco probable que 4 empresas coincidan en todos esos
factores. De modo que esa coincidencia es prueba
suficiente de que hubo un acuerdo indirecto que tuvo
como efecto la fijación de precios del producto
gasolina extra […]” (Las negrillas y subrayas fuera de
texto).

De conformidad con los precedentes jurisprudenciales antes
señalados, que obviamente reitera la Sala, la fijación de
precios iguales o similares para un mismo producto en un
mismo tiempo y valor, con incrementos o variaciones en los
mismos períodos de tiempo y en igual proporción, por parte
de dos o más empresas diferentes, son coincidencias que
constituyen prueba suficiente de que hubo un acuerdo
que tuvo por efecto la fijación indirecta de precios del
producto.

En el caso sub examine, quedó plenamente demostrada la
ocurrencia de un acuerdo contrario a la libre
competencia, en tanto se cumplieron los siguientes
presupuestos: 1) la existencia del acuerdo entre los actores,
y 2) su objeto o efecto, indirecto o directo, consistente en
fijar precios.

43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
noviembre de 2006, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 25000-23-24-
000-2002-00678-01.

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[…]

En esas condiciones es poco probable que empresas diferentes
coincidan en todos esos factores. De modo, que esa
coincidencia es prueba suficiente de que hubo un acuerdo
indirecto que tuvo como efecto la fijación de precios de la
compra del producto cacao.

Así las cosas, la Sala estima que la conducta
jurídicamente endilgada a las empresas demandantes sí
se realizó, toda vez que la situación descrita pone en
evidencia una práctica paralela y consciente por parte
suya, cuyo efecto fue la fijación indirecta de precios, lo
cual constituye un acuerdo contrario a la libre
competencia, de acuerdo con lo señalado en el artículo
47, numeral 1, del Decreto 2153, y como tal un
comportamiento prohibido, según lo previsto en el
artículo 1º de la Ley 155.

En otras palabras, como quiera que existió un acuerdo
contrario a la libre competencia se violó el citado
artículo 47, numeral 1, del Decreto 2153, así como el
artículo 1º de la Ley 155.

Por tal razón, le asistió razón a la SIC en la Resolución
núm. 52202 de 2009 demandada, cuando sobre este
asunto, señaló:

“[…] Al respecto es importante aclarar que esta
autoridad de competencia ha interpretado la
disposición contenida en el artículo 1º de la Ley 155 de
1959 como una cláusula general de protección de la
competencia. Según lo establecido en esta norma,
están prohibidas “[…] toda clase de prácticas,
procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre
competencia y a mantener o determinar precios
inequitativos”. La norma es clara en señalar que
cualquier práctica que limite la libre competencia está
prohibida. Además, el artículo 47 del Decreto 2153 de
1992 determina algunas acciones que, en concreto,
limitan la libre competencia y en consecuencia
también constituyen una infracción de lo dispuesto en
el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. En el mismo
sentido, la doctrina ha interpretado que el artículo 46
del Decreto 2153 de 1992, al igual que el artículo 1 de
la Ley 155 de 1959, “[…] contiene una prohibición
genérica contra todas las conductas restrictivas de la
competencia […]. En consecuencia, dado que los

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acuerdos a los que hace referencia el artículo 47 del
Decreto 2153 de 1992 son conductas contrarias a la
libre competencia, implican una infracción del régimen
general.

Así las cosas, la SIC considera que las conductas
establecidas en el Decreto 2153 de 1992 suponen una
violación de la disposición general de la Ley 155 de
1959. Luego, la norma general no tiene un carácter
residual. Es decir, el artículo 1 de la Ley 155 de 1959
abarca las conductas del Decreto 2153 de 1992 y
cualquier otra que, aunque no haga parte de ese
Decreto, termine afectando la dinámica competitiva
del mercado. Lo anterior implica que si la autoridad de
competencia concluye que una conducta es
anticompetitiva, al menos se estaría violando la
disposición general […]” (Destacado fuera de texto).

De conformidad con lo señalado en la anterior sentencia, que la Sala

también prohíja, cuando se incurre en la violación del artículo 47,

numeral 1 del Decreto 2153, por realizar acuerdos que tienen por

objeto la fijación de precios, es decir, acuerdos contrarios a la libre

competencia o anticompetitivos, como los que fueron objeto de

investigación y sanción en este caso, también se infringe lo dispuesto

en el artículo 1º de la Ley 155 que, se reitera, constituye una

prohibición genérica contra todas las conductas restrictivas

de la competencia o que la limitan.

Por consiguiente, no acertó el Tribunal en la sentencia apelada

cuando indicó que se habían imputado dos conductas totalmente

diferentes. Por un lado, la celebración de acuerdos para obtener

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precios inequitativos y, por el otro lado, la celebración de acuerdos

para fijar directa o indirectamente un precio; y sí le asiste razón a la

Superintendencia de Industria y Comercio, al alegar en su recurso de

apelación que cuando una conducta se encuadra dentro de las

prácticas restrictivas de la competencia previstas en el artículo 47 del

Decreto 2153, también lo está en lo dispuesto en la prohibición

general del artículo 1º de la Ley 155; y que esta última disposición

prohíbe toda práctica tendiente a limitar la libre competencia y no

solo las que resulten en precios inequitativos.

Lo anterior, por las siguientes razones: en primer lugar, en la

resolución de apertura, así como en el acto que impuso la sanción se

imputó una única conducta (celebrar un acuerdo para la fijación de

los precios pagados por la caña de azúcar, destinada tanto a la

producción de azúcar, como la de alcohol carburante, -acuerdos

contrarios a la libre competencia-); en segundo lugar, no se

formularon cargos por la celebración de acuerdos para obtener precios

inequitativos, sino como se dijo anteriormente, por celebrar acuerdos

contrarios a la libre competencia o anticompetitivos; en tercer

lugar, si bien es cierto que dichos acuerdos contrarios a la libre

competencia implican la violación de dos normas (artículo 47, numeral

1 del Decreto 2153 y artículo 1º de la Ley 155), también lo es que la

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celebración o realización de esos acuerdos constituyen una sola

conducta.

Ahora, en lo concerniente a los señores MAURICIO IRAGORRI

RIZO, representante legal del INGENIO MAYAGUEZ S.A., y CÉSAR

AUGUSTO ARANGO, representante legal del INGENIO

RISARALDA S.A., se considera que también existió congruencia o

concordancia entre la resolución de apertura de investigación y la que

impuso la sanción, en lo correspondiente a la conducta imputada, toda

vez que ambos actos administrativos coinciden en establecer que los

mencionados investigados incurrieron en tolerar acuerdos para la

fijación de los precios de la caña de azúcar, contrarios a la libre

competencia, así como en la responsabilidad prevista en el artículo

4º, numeral 16, del Decreto 2153.

Sobre este asunto, se debe aclarar que para que se configure la

responsabilidad y haya lugar a imponer una sanción de acuerdo con el

indicado artículo 4º, numeral 16, del Decreto 215344 se requiere

44
“[…] ARTÍCULO 4º. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Al Superintendente de Industria y Comercio, como jefe del organismo, le corresponde el ejercicio de
las siguientes funciones:
[…]
16. Imponer a los administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales y demás
personas naturales que autoricen, ejecuten o toleren conductas violatorias de las normas sobre
promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que alude el presente
Decreto, multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el
momento de la imposición de la sanción, a favor del Tesoro Nacional. […]” (Destacado fuera de texto).

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que los representantes legales hayan colaborado, facilitado,

autorizado, ejecutado o tolerado conductas violatorias de las

normas sobre protección de la competencia o anticompetitivas

a que se refiere la Ley 155.

Así lo señaló esta Sección en la antes citada sentencia de 18 de julio

de 201945:

“[…] cabe precisar que para que se configure la
responsabilidad y haya lugar a imponer una sanción,
de acuerdo con el artículo 4º, numeral 16, del Decreto
2153, se requiere que él haya colaborado, facilitado,
autorizado, ejecutado o torelado conductas
violatorias de las normas sobre protección de la
competencia a que se refiere la Ley 155. […]”
(Destacado fuera de texto).

En el presente caso, en virtud de que a los representantes legales de

los Ingenios MAYAGUEZ S.A. y RISARALDA S.A., en la resolución

de apertura, se les imputó la responsabilidad señalada en el artículo

4º, numeral 16, del Decreto 2153, la cual se deriva de conductas

violatorias de las normas sobre protección de la competencia,

como lo son los artículos 47, numeral 1, del Decreto 2153, y 1º de la

Ley 155, no cabe duda de que también podían estar incursos en la

45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio
de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2010-00161-
01 y 05001-23-31-000-2010-00487-01 (Acumulados).

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violación de estas últimas disposiciones, pues los mismos toleraron

acuerdos contrarios a la libre competencia, los cuales constituyen

violación al citado artículo 47, numeral 1, del Decreto 2153 y al artículo

1º de la Ley 155.

Además, no puede perderse de vista que con posterioridad a la

apertura de investigación es posible que surjan pruebas o elementos

probatorios que permitan precisar las circunstancias de hecho y de

derecho de la conducta imputada, toda vez que en el auto de

apertura de investigación la conducta se imputa de manera

provisional y supeditada al material probatorio que se recaude

durante dicha etapa.

Ciertamente, en la Apertura de Investigación, la Administración tiene

por objeto esclarecer si la conducta tuvo lugar, las circunstancias de

hecho y de derecho en que se dio la misma, quiénes son responsables

de tal comportamiento y recaudar las pruebas o la evidencia,

relacionada con los cargos o conducta imputada, que le permita tener

elementos de juicio para determinar la existencia o no de ella y, por

ende, para decidir imponer o no la sanción, y solo es hasta el acto

que resuelve la actuación administrativa, -Fallo sancionatorio-, luego

de practicadas las pruebas, cuando la Superintendencia de Industria

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y Comercio determina o establece en forma precisa la existencia de

la conducta imputada, las circunstancias de hecho y de derecho en

que se realizó esa conducta, así como la responsabilidad de los

investigados.

A este respecto, es del caso reiterar lo señalado por esta Sección en

la citada sentencia de 3 de diciembre de 202046, en la que se

puntualizó lo siguiente:

“[…] Dicha apertura, sin embargo, no es el escenario para
establecer de manera rígida y exhaustiva todos los hechos
que deban ser analizados por la entidad para determinar la
existencia de una conducta anticompetitiva. Serán los
elementos recaudados durante la investigación los que
permitan a la entidad establecer los hechos que deban
ser analizados para determinar la existencia o no de la
conducta. […]” (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, para la Sala existió plena correspondencia o congruencia

entre los cargos formulados en la Resolución núm. 06981 de 9 de

marzo de 2007, “Por la cual se abre una investigación”, y la

conducta objeto de la Resolución núm. 6839 de 9 de febrero de

2010, “Por la cual se impone una sanción”.

46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de
diciembre, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2012-
00678-03.

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En consecuencia, el argumento referente al presunto

desconocimiento de las garantías constitucionales del debido

proceso, en concordancia con el derecho de contradicción y el

principio de tipicidad, no tiene vocación de prosperidad, habida

cuenta que siempre hubo claridad en cuanto a la conducta y normas

infringidas desde el auto de apertura hasta la resolución que impuso

la sanción, lo cual le permitió a las partes tener un adecuado ejercicio

del derecho de defensa y contradicción, con el objeto de desvirtuar

la conducta imputada.

De conformidad con los razonamientos expuestos a lo largo de esta

providencia, la Sala procederá, entonces, a revocar la sentencia de

12 de diciembre de 2014, proferida por la Sección Primera,

Subsección “C”, En Descongestión, del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, por cuanto no propera el cargo de desconocimiento

de las garantías constitucionales del debido proceso, en concordancia

con el derecho de contradicción y el principio de tipicidad.

Definido lo anterior, sería del caso entrar a examinar los demás

cargos propuestos en la demanda. Sin embargo, la Sala encuentra

que no es posible emitir pronunciamiento sobre los demás reproches

de nulidad elevados por la parte actora, dado que aquellos no fueron

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analizados por el Tribunal, autoridad a la que le correspondía

adelantar dicho estudio, amén de que no fueron objeto de los

recursos de apelación; y sabido es que la competencia del ad quem

está delimitada por el recurso de alzada.

Al respecto, cabe resaltar que la Sección ha señalado que la

imposibilidad de abordar censuras en segunda instancia, que no

fueron analizadas en primera, no constituye una omisión sino, por el

contrario, la garantía de los principios de limitación de la competencia

del Juez superior, de la doble instancia y del debido proceso, toda

vez que “[…] resolver de fondo la controversia en la segunda

instancia, implica reemplazar al a quo en el estudio de los cargos de

la demanda que no realizó y equivale a convertirla en única instancia,

privando a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer

legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al

acceso a la Administración de Justicia […]”47.

En este orden de ideas, acogiendo la reiterada tesis de la Sala48, se

remitirá el presente expediente al Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, que fungió como juez de primera instancia de esta

47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de abril
de 2013, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 50001233100020060100401.
48
Entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias
de 12 de diciembre de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación
76001233100020060203901; y de 24 de mayo de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único
de radicación 25000232400020040068401. Reiteradas en sentencia de 6 de noviembre de 2020
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón, número único de radicación 25000234100020140028401).

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causa, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia, para que se pronuncie respecto de los demás cargos que

fueron objeto de demanda y registre proyecto dentro de los cuarenta

(40) días siguientes a la recepción del expediente, en los términos

del artículo 211 del CCA49.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada de 12 de diciembre de

2014, proferida por la Sección Primera, Subsección “C”, En

Descongestión, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por

cuanto no prospera el cargo de desconocimiento de las garantías

constitucionales del debido proceso, en concordancia con el derecho

de contradicción y el principio de tipicidad, por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia.

49
“[…] Registro del proyecto. Artículo 211. Modificado por el artículo 50, Decreto Nacional
2304 de 1989. Vencido el término de traslado al fiscal, se enviará el expediente al ponente para que
elabore proyecto de sentencia. Este se deberá registrar dentro de los cuarenta (40) días siguientes.
La Sala, sección o subsección tendrá veinte (20) días para fallar […]”.

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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se dispone: REMITIR

el expediente al Tribunal de origen para que se pronuncie respecto

de los demás cargos que fueron objeto de demanda y registre

proyecto dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la recepción

del expediente, en los términos del artículo 211 del CCA.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala, en la sesión del día 1o. de diciembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto parcial

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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