Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2013-00207-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2013-00207-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-33-000-2013-00207-02
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 1300 12 333 000 2013 00207 02
Demandante: Polyban Internacional S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Sanción por no poderse aprehender mercancía que no se pone a
disposición de la autoridad aduanera. Firmeza de las declaraciones de
importación.
Decisión: Revocar la sentencia del 26 de noviembre de 2014, dictada por el Tribunal
Administrativo de Bolívar que declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados. Devolver el expediente al A quo para que adopte la decisión
de fondo respecto de los demás cargos de la demanda.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales1 contra la sentencia del 26 de noviembre de 2014,
dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar que: (i) declaró la nulidad de las
Resoluciones 001989 del 7 de septiembre de 2012 y 10192 de 18 de diciembre de 2012;
(ii) ordenó, a título de restablecimiento del derecho, la devolución por parte de la DIAN
de cualquier suma que la demandante hubiera pagado como consecuencia de la
ejecución de esos actos administrativos, con la debida actualización; y (iii) negó las
demás pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Polyban Internacional S.A., por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda2 en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo3, en contra de la DIAN, en la cual formuló las siguientes pretensiones:
1. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 1989 notificada el 13-sep-12, proferida por la
División de Gestión de Fiscalización de la U.A.E. D.I.A.N. y su consecuente acto de
resolución de recurso de reconsideración No. 10192 notificada el 19-dic-12, proferida por la
Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica U.A.E.
D.I.A.N.
2. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad pedida, se ordene el
restablecimiento del derecho a mí representada, lo cual debe hacerse con las siguientes o
similares declaraciones:
1
En adelante, DIAN.
2 A pesar de que no hay constancia de la fecha de radicación de la demanda, esta fue repartida el 10 de abril de 2013.
Folios 12 a 41 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
3 En adelante, CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 13001233300020130020702
Demandante: Polyban Internacional S.A.
Demandado: DIAN
a. Que todos los actos que realice la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en
desarrollo de lo dispuesto en la resolución cuya nulidad se demanda, en virtud de la fuerza
ejecutoria que goza, como acto administrativo que es, quede sin efecto como consecuencia
de la declaratoria de NULIDAD.
b. Que si en razón de esa fuerza ejecutoria del acto demandado, mi patrocinada ha debido
pagar o llegare a pagar alguna suma de dinero al Estado colombiano, esa suma, sea
reintegrada con el reconocimiento de la indexación e intereses a que haya lugar, de
conformidad con las variaciones certificadas por el DANE.
3. Que se condene en costas a la Entidad por actuar temerariamente.
4. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por el
artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.4 (mayúsculas sostenidas del texto
original).
1.2. Hechos probados
De acuerdo con los planteamientos de las partes y las pruebas obrantes en el expediente,
la controversia tiene origen en los siguientes hechos:
1.2.1. Polyban Internacional S.A., importó las mercancías descritas en la declaración de
importación con número de sticker 07085320025333 del 4 de febrero de 2009, en la que
se indicó como subpartida arancelaria la 3901909000. En la casilla de descripción de la
mercancía se reseñó lo siguiente:
8.000 KGS; NOMB; CCIAL; POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. NOMB; TECNICO O
GENE; PYRITILENE DENSIDAD; 1.05 GMS/CM3 EMPAQUE; SACOS DE 25 KILOS
APROX; USO; FABRICACION DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMPAQUE DE BANANO.
EMPRESA FABRICANTE: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS DE ISRAEL. MARCA Y
NUMERO DE LOTE: PYRITILENE.5 (mayúscula del texto original).
1.2.2. Mediante comunicación 100211231-250 del 19 de septiembre de 2011 con asunto
“programa de control a la correcta clasificación arancelaria de Polímero de Etileno”, la
Subdirectora de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección de Gestión de
Fiscalización de la DIAN remitió a la Directora Seccional de Aduanas de Cartagena:
los criterios de selección del programa de control a la correcta clasificación arancelaria de
Polímeros de Etileno, clasificados por la subpartida arancelaria residual 3901.90.90.00,
dando cumplimiento a lo ordenado en el numeral 6.3 de la instrucción N° 0000003 del 08
de marzo de 2010, emanada de la subdirección de análisis operacional; de igual forma se
adjuntan los lineamientos de auditoria generados por esta subdirección.6
1.2.3. A través del requerimiento ordinario 1-48-238-419-1270 del 29 de septiembre de
2011 la Jefe de División de Gestión de Fiscalización (A) de la DIAN solicitó a Polyban
Internacional S.A. remitir el “certificado de análisis en idioma español, donde se refleje la
composición química de la mercancía”, con la advertencia que “el incumplimiento total o
parcial en la entrega de la información solicitada a través de este requerimiento podrá dar
lugar a la aplicación de la sanción contemplada en el artículo 475 del Decreto 2685 de
1999 modificado por el artículo 36 del Decreto 1232 de 2001”.7
4 Folios 18 y 19 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
5 Folio 152 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
6 Folios 12 a 41 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
7 Folio 170 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
2
Radicado: 13001233300020130020702
Demandante: Polyban Internacional S.A.
Demandado: DIAN
1.2.4. Mediante escrito de 24 de octubre de 2011 el representante legal de Polyban
Internacional S.A. remitió a la jefe División de Gestión de Fiscalización de la DIAN el
“certificado de análisis en idioma español de la composición química de la mercancía
referenciada en la declaración #07085320025333 de fecha 04-02-2009, igualmente
adjuntamos fotocopia de la declaración de importación y fotocopia de la factura de compra
#29883”8.
1.2.5. Por auto comisorio 771 del 7 de diciembre de 2011 la jefe de la División de Gestión
de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena comisionó a tres
funcionarios para practicar una diligencia de control y verificación de las obligaciones
aduaneras, realizar aprehensión si hubiere lugar a ella y trasladar al depósito la
mercancía declarada con levante automático 48209000253089.
1.2.6. Con Oficio DIFIS 1-48-238-419-2353 del 13 de diciembre de 2011 el jefe División
de Gestión de Fiscalización Aduanera de la DIAN remitió a la jefe de la Coordinación del
Servicio de Arancel una “muestra del producto PYRITILENE V 20 BLUE para que se le
realice análisis de Laboratorio y Clasificación Arancelaria, el producto fue clasificado por
la subpartida arancelaria 39.01.90.90.00 en la declaración de importación
07085320025333 del 04/02/2009”10.
1.2.7. Mediante el Oficio 148201245-2939(A) del 13 de diciembre de 2011, el jefe de la
División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de
Cartagena informó al jefe División de Fiscalización de Cartagena lo siguiente:
Se procedió al estudio de los documentos del importador POLYBAN INTERNACIONAL
S.A. con N.I.T. 800.048.191-8, como son la declaración de importación No.
07085320025333, la ficha técnica del PYRITILENE V 20 BLUE, del fabricante Makhteshin
Chemical Works, Ltd. e información bajada de internet.
Este producto es una preparación insecticida la cual tiene un 6% de cristales de silica,
cuarzo menor a 0,3%, clorpirifos 20% y el resto polietileno, el ingrediente activo
CLORPIRIFOS, es un insecticida orqanofosforado el cual inhibe la colinesterasa, cuyo
nombre químico es 0,0-dietil 0-3,5,6 tricloro-2-pyridil fosforotioato, fórmula
C9H11CL3NO3PS, con C.A.S. 2921-88-2 y este ha sido comercializado bajo los nombres
de Dursban y Lorsban. Se presenta el producto en forma de pellets, de color azul
transparente, con olor ligeramente sulfuroso, se agrega al polietileno para fabricar bolsas
insecticidas en las cuales el Clorpirifos se reduce a una concentración del 1 %.
La exposición de las personas al Pyritilene v 20 Blue puede causar sudoración excesiva,
debilidad, salivación, náuseas, diarrea, bradicardia, taquicardia, broncorrea,
empequeñecimiento de las pupilas, depresión del sistema nervioso central y convulsiones.
Su inhalación, ingestión y contacto con la piel puede causar envenenamiento sistémico.
Debido a lo anterior al PYRITILENE V 20 BLUE se le sugiere la subpartida 38 08 91 99 90
de conformidad con las Reglas Interpretativas 1 y 6 del Decreto 4589 del 200611.
(mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).
1.2.8. Con auto de apertura de expediente del 13 de enero de 2012, la DIAN ordenó
iniciar investigación contra Polyban Internacional S.A. por el siguiente concepto: “2.13
Cuando no sea posible aprehender la mercancía. […] se abre investigación como
consecuencia de la selección de la declaración No. 07085320025333 del 04/02/2009
dentro del programa de la subdirección de gestión de fiscalización “control a la correcta
8 Folios 179 a 186 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
9 Folio 171 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
10 Folio 175 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
11 Folios 178 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
3
Radicado: 13001233300020130020702
Demandante: Polyban Internacional S.A.
Demandado: DIAN
clasificación arancelaria de los polímeros de etileno clasificados por la subpartida
arancelaria residual 3901.90.90.00”12.
1.2.9. A través del Oficio 01-48-238-419-0026 del 13 de enero de 2012, el jefe de la
División Gestión de Fiscalización de la DIAN solicitó al jefe de División de Gestión de la
Operación Aduanera la anulación del levante13.
1.2.10. Con el Requerimiento Ordinario 1-48-238-219 del 13 de enero de 2012, se solicitó
a la demandante y a la Agencia de Aduanas Comercio Exterior Asesores S.A.S. Nivel 1:
Teniendo en cuenta las diligencias que realiza este despacho con ocasión de la
investigación adelantada en el expediente CU 2009 2012 00006 a nombre de POLYBAN
INTERNACIONAL S.A. le solicito se sirva poner a disposición de la División de Gestión
de Fiscalización de la Direccion Seccional de Aduanas de Cartagena, la mercancía
descrita en la Declaración de Importación inicial con autoadhesivo No.
07085320025333 del 04/02/2009, con número de aceptación 482003000025308 del
03/02/2009: consistente en- PYRITILENE DENSIDAD; 1.05 GMS/CM3 EMPAQUE; SACOS
DE 25 KILOS APROX; USO; FABRICACION DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMPAQUE
DE BANANO EMPRESA FABRICANTE; MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS DE ISRAEL.
MARCA Y NUMERO DE LOTE, PYRYTILENE, 708008/802004 Y 805003. Toda vez que
mediante pronunciamiento técnico emitido por la División de Gestión de Operación
Aduanera de esta Dirección Seccional, se determinó que la subpartida enumerada no
corresponde; como tampoco corresponde la descripción de la mercancía; encontrándose
incursa en causal de aprehensión establecida en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto
2685 de 1999. (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).
En ese mismo requerimiento se advirtió que:
De no acatar el presente requerimiento dentro de los (15) días siguientes a su notificación,
se dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999 que en su
tenor literal reza: “SANCIÓN A APLICAR CUANDO NO SEA POSIBLE APREHENDER LA
MERCANCIA: Cuando no sea posible aprehender la mercancía por haber sido consumida,
destruida, transformada o porque no se haya puesto a disposición de la autoridad aduanera,
procederá la aplicación de una sanción equivalente al doscientos por ciento (200%) del
valor en aduana de la misma, que se impondrá al importador o declarante según el caso.
También se podrá imponer la sanción prevista en el inciso anterior, al propietario, tenedor
o poseedor, o a quien se haya beneficiado de la operación, o a quien tuvo derecho o
disposición sobre las mercancías o a quien de alguna manera intervino en dicha
operación...”14. (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).
1.2.11. En respuesta al requerimiento ordinario, Polyban Internacional S.A. manifestó que
“no se pone a disposición de la Entidad la mercancía, porque ésta ha sido consumida
hace mucho tiempo en nuestros procesos comerciales y en virtud de ello, hoy no existe”15.
1.2.12. Mediante la Resolución 01-48-245-450-633-000227 del 14 de febrero de 201216,
la DIAN canceló la autorización de levante otorgado a la declaración de importación
07085320025333 del 4 de febrero de 2009 del importador Polyban Internacional S.A. y
declarante Agencias de Aduanas Comercio Exterior Asesores S.A.S. Nivel 1.
1.2.13. Según el Oficio 100227342-0278 del 16 de abril de 2012, la jefe Coordinación del
Servicio de Arancel informó al jefe de División de Gestión de Fiscalización Aduanera de
12 Folios 189 a 193 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
13 Folios 194 y 195 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
14 Folios 200 y 201 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
15 Folios 210 y 211 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
16 Folios 226 a 228 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
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Radicado: 13001233300020130020702
Demandante: Polyban Internacional S.A.
Demandado: DIAN
la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena que, desde el punto de vista de la
clasificación arancelaria, el producto corresponde a una preparación insecticida no
acondicionada para la venta al por menor este producto se clasifica arancelariamente por
la subpartida 3808.91.99.90 del Arancel de Aduanas17.
1.2.14. A través del Requerimiento Especial Aduanero 000133 del 22 de junio de 201218,
la Jefe GIT Investigaciones Aduaneras de la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena:
(i) Propuso a la División de Gestión de Liquidación imponer a Polyban Internacional S.A.
y al declarante Agencias de Aduanas Comercio Exterior Asesores S.A.S. Nivel 1 una
sanción de trescientos sesenta y tres millones trescientos nueve mil setenta y tres pesos
($363.309.073,00), equivalente al 200% del valor en aduanas de la mercancía
correspondiente a la Declaración de Importación 07085320025333 del 4 de febrero de
2009.
(ii) Estudiar la viabilidad de la efectividad de la póliza de Seguro de Cumplimiento de
Disposiciones Legales 1505001252701 con vigencia desde el 8 de enero de 2011 hasta
el 8 de abril de 2012 expedida por Seguros Comerciales Bolivar y/o la póliza actual 830-
46-994000000047 vigente desde 9 de abril de 2012 hasta el 9 de julio de 2013, expedida
por la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda.
1.2.15. Polyban Internacional S.A. dio respuesta al requerimiento especial aduanero el
12 de julio de 201219, en la que solicitó no ser sancionada con base en lo siguiente:
(i) Se debe, tener en cuenta los efectos jurídicos de una declaración en firme mediante la
cual se importó un producto con el lleno de los requisitos legales, destinado a la
elaboración de bolsas especiales utilizadas en el cultivo de banano.
Precisó que la declaración de importación se presentó el 4 de febrero de 2009 y adquirió
firmeza el 4 de febrero de 2012. De conformidad con el artículo 131 del Código Aduanero,
solo tres eventos interrumpen dicha firmeza: (1) la notificación de requerimiento especial
aduanero; (2) la corrección de la declaración de importación inicial; y (3) la modificación
de la declaración de importación inicial. Destacó que ninguno de estos eventos ocurrió
en el presente caso.
(ii) A partir de una “sugerencia” formulada por la División de Gestión Aduanera, según la
cual la subpartida correcta corresponde a la 3808919990 y no a la 3901909000
declarada, la DIAN dio por sentado la existencia de una indebida clasificación arancelaria.
Al respecto, indicó que una sugerencia carece de valor probatorio suficiente. Además,
que obra certificación expedida por el ICA en la que consta que la mercancía importada,
declarada bajo la subpartida arancelaria 3901909000, cuenta con visto bueno de
importación.
(iii) No puede siquiera insinuarse la configuración de un contrabando técnico, toda vez
que la mercancía obtuvo el visto bueno del ICA. Esta circunstancia indica con certeza
que, con independencia de la subpartida arancelaria declarada, la mercancía que ingresó
al país no tiene restricción para su importación ni representa un riesgo fitosanitario.
17 Folios 233 y 234 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
18 Folios 276 a 291 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
19 Folios 292 a 301 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
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Radicado: 13001233300020130020702
Demandante: Polyban Internacional S.A.
Demandado: DIAN
(iv) El artículo 513 del Código Aduanero establece que, en caso de una indebida
clasificación arancelaria y antes de la firmeza de la declaración de importación, la DIAN
debe expedir un requerimiento especial aduanero. En dicho acto debe proponer al
usuario de comercio exterior una liquidación oficial de corrección.
(v) La parte interesada debió ser informada y participar en la práctica de la prueba en la
que la DIAN sustentó la supuesta indebida clasificación arancelaria, con el fin de ejercer
su derecho de defensa y contradicción.
1.2.16. Mediante la Resolución 001989 del 7 de septiembre de 201220, la DIAN resolvió:
(i) Sancionar al importador Polyban Internacional S.A. y al declarante Agencia de
Aduanas Comercio Exterior Asesores S.A.S. Nivel 1, con multa de trescientos sesenta y
tres millones trecientos nueve mil setenta y tres pesos m/cte ($363.309.073,00) que
equivale al 200 % del valor en aduanas de las mercancías.
(ii) Hacer efectiva las Pólizas Global de Cumplimiento de Disposiciones Legales
1505001252701, con vigencia desde el 8 de enero de 2011 hasta 8 de abril de 2012,
expedida por la Compania Aseguradora Seguros Comerciales Bolivar, y/o la póliza de
cumplimiento 830-46-994000000047 vigente desde el 9 de abril de 2010 hasta el 9 de
julio de 2013 expedida por la Aseguradora Solidaria De Colombia Ltda. Entidad
Cooperativa.
1.2.17. La Agencia de Aduanas Comercio Exterior Asesores S.A.S. interpuso recurso de
reconsideración21 en contra de la Resolución 1989 del 7 de septiembre de 2012, en el
que alegó: (i) imposibilidad fáctica y jurídica de cumplimiento; (ii) falta de competencia
para cancelar el levante; (iii) firmeza de la declaración aduanera; (iv) principio de
legalidad; y (v) no violación al régimen tributario colombiano.
1.2.18. La empresa Polyban Internacional S.A. interpuso recurso de reconsideración22
contra el acto administrativo sancionatorio en el que desarrolló los argumentos que
denominó: (i) actuación administrativa realizada por fuera de los parámetros indicados en
la ley; (ii) la declaración de importación con autoadhesivo 07085320025333 del 4 de
febrero de 2009 ya está en firme; (iii) violación del debido proceso constitucional al no
permitir ejercer el derecho de contradicción de la prueba; y (iv) participación del ICA en
la operación de comercio exterior.
1.2.19. A través de la Resolución 1-00-223-10192 del 18 de diciembre de 2012 la
subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la
DIAN resolvió confirmar la Resolución 001989 de septiembre 7 de 201223.
1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación
1.3.1. Polyban Internacional S.A. invocó como violados: los artículos 29 y 123 de la
Constitución Nacional; el artículo 261 de la Ley 223 de 1995; el artículo 3 numeral 1 de
la Ley 1437 de 2011; los artículos 2 literal b), 131, 236, 470, 502 numeral 1.6., 503, 513,
684 y 686 del Decreto 2685 de 1999, numeral 1.6. y el parágrafo del artículo 11 del
Decreto 1265 de 1999.
1.3.2. En el concepto de la violación la demandante expuso los siguientes cargos:
20 Folios 357 a 370 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
21 Folios 315 a 326 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
22 Folios 334 a 342 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
23 Folios 373 y 389 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
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Radicado: 13001233300020130020702
Demandante: Polyban Internacional S.A.
Demandado: DIAN
1.3.2.1. Falsa motivación del acto
Según Polyban Internacional S.A., la DIAN solo tuvo certeza de que la posición
arancelaria de la mercancía correspondía a la 3808919990 el 16 de abril de 2012, a pesar
de que la declaración de importación 07085320025333 registró la subpartida 3901909000
desde el 4 de febrero de 2009.
Destacó que en la Resolución 1989 del 7 de septiembre de 2012, la demandada señaló:
Con base en los pronunciamientos técnicos emitidos por la Coordinación del Servicio de
Arancel de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera del Nivel Central y por la División
de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena,
los cuales coinciden en su análisis y conclusiones, se solicitó la cancelación del levante a
esta última dependencia. Dicha cancelación se efectuó mediante la Resolución No. 000227
del 14 de febrero de 2012.
Al respecto reprochó que resulta fácticamente imposible que la División de Gestión de la
Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena cancelara el
14 de febrero de 2012 el levante otorgado a la mercancía, con fundamento en un
pronunciamiento técnico de la Coordinación del Servicio de Arancel que solo se produjo
hasta el 16 de abril de 2012.
1.3.2.2. Indebida aplicación de la norma
Indicó que resulta incorrecto afirmar que el pronunciamiento técnico de la División de
Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena
determinó que la subpartida arancelaria de la mercancía correspondía a la 3808919990
y no a la 3901909000 declarada. Señaló que el Oficio 2939 del 13 de diciembre de 2011
se limitó a sugerir la subpartida 3808909990, sin establecerla de manera definitiva.
Agregó que dicho oficio reconoce que el análisis tuvo un carácter exclusivamente
documental, sin incluir estudio químico o merceológico alguno.
Alegó que proponer o sugerir una subpartida arancelaria no es lo mismo que determinarla
con carácter definitivo. Explicó que la primera opción evidencia falta de certeza, mientras
que la segunda exige un grado suficiente de convicción técnica.
Expuso que la DIAN utilizó un requerimiento ordinario para exigir a la parte actora la
entrega de una mercancía que la empresa había consumido lícitamente tres años antes,
en desarrollo de su objeto social, sin otorgarle una oportunidad previa de defensa. Indicó
que, con fundamento en ese requerimiento y ante la no entrega de la mercancía, la
entidad impuso una sanción de cuantía considerable. Destacó que la solicitud de entrega
se formuló de manera inmediata y sin posibilidad de discusión.
Sostuvo que la DIAN no podía solicitar la entrega de la mercancía mediante
requerimientos ordinarios, pues para el efecto, debió emplear un requerimiento especial
aduanero. Precisó que los requerimientos ordinarios están previstos únicamente para: (i)
verificar la exactitud de las declaraciones tributarias; (ii) obtener información necesaria
para determinar tributos en casos de omisión o inexactitud; y (iii) confrontar la información
suministrada por contribuyentes o terceros con quienes exista una relación económica.
Finalmente, afirmó que, en este caso, cuando la DIAN expidió el requerimiento especial
aduanero con el que inició la actuación administrativa, no lo utilizó para solicitar la entrega
de la mercancía, sino para imponer la sanción.
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Radicado: 13001233300020130020702
Demandante: Polyban Internacional S.A.
Demandado: DIAN
1.3.2.3. Violación del artículo 3 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011
La actora sostuvo que los funcionarios de la División de Gestión de la Operación
Aduanera de la Seccional de Aduanas de Cartagena no tienen competencia legal para
cancelar levantes de mercancías.
Precisó que la cancelación de un levante no equivale a la revocatoria de un acto
administrativo, dado que la DIAN no obtuvo el consentimiento previo, expreso e
informado del administrado.
1.3.2.4. Violación del artículo 513 del Decreto 2685 de 1999
Planteó que, si la DIAN consideraba errónea la subpartida arancelaria declarada, de
conformidad con el artículo 513 del Estatuto Aduanero, tenía la obligación de expedir un
requerimiento especial aduanero dirigido a Polyban S.A., en su calidad de importador,
con el fin de proponer una liquidación oficial de corrección.
Cuestionó que la entidad omitiera adelantar una actuación administrativa que garantizara
el ejercicio del derecho de defensa de la parte actora, ya fuera para controvertir la
clasificación arancelaria o para allanarse a los cargos y efectuar el pago de los tributos y
de la sanción correspondiente. Advirtió que la administración no puede prescindir del
procedimiento legal ni sustituirlo por la imposición directa de sanciones sin brindar una
oportunidad de contradicción y defensa.
1.3.2.5. Violación del artículo 131 del Decreto 2685 de 1999
Afirmó que la declaración de importación adquirió firmeza el 4 de febrero de 2012. No
obstante, el requerimiento especial aduanero que inició la actuación administrativa se
expidió el 22 de junio de 2012, esto es, cuando ya había operado la firmeza de la
declaración.
Precisó que la Administración cuenta con un término de tres (3) años, contados desde la
presentación y aceptación de la declaración, para ejercer su facultad de revisión. Vencido
dicho plazo, la declaración queda en firme, circunstancia que le impedía a la DIAN
revisarla o modificarla.
1.3.2.6. Violación del artículo 11 del Decreto 1265 de 1999
Solicitó que no se tengan en cuenta los conceptos 095 del 2 de octubre de 1996, 032 del
9 de marzo de 2000, 117 del 6 de septiembre de 2002 y 128 del 30 de diciembre de 2003,
toda vez que su aplicación pretende otorgar una apariencia de legalidad a la imposición
de la sanción prevista en el artículo 503 del Código Aduanero, pese a que tales conceptos
no tienen carácter obligatorio para los ciudadanos ni para los jueces.
1.3.2.7. Violación del artículo 236 del Decreto 2685 de 1999
Sostuvo que la DIAN modificó la subpartida arancelaria sin solicitud de parte y sin que
existiera una resolución general que la facultara para ello.
1.3.2.8. Violación del artículo 2 literal b) del Decreto 2685 de 1999
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Radicado: 13001233300020130020702
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Demandado: DIAN
Sostuvo que la DIAN impuso a la parte actora una sanción de cuantía considerable sin
soporte fáctico ni jurídico.
Afirmó que el detrimento económico recayó en la demandante y no en el Estado, pues
con la subpartida declarada se pagó un 16 % de IVA y un 0 % de arancel, mientras que,
de haberse aplicado la subpartida sugerida por la DIAN, se habría pagado un 0 % de IVA
y un 5 % de arancel. Concluyó que tal circunstancia configura un perjuicio patrimonial
para la actora y un enriquecimiento sin causa en favor del Estado.
II. TRÁMITE DE LA DEMANDA
2.1. Mediante auto del 6 de mayo de 201324, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió
la demanda y ordenó correr traslado a la DIAN.
2.2. La DIAN25 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de esta con base en
los siguientes argumentos:
2.2.1. En el presente caso la investigación se inició por la importación de “PYRITILENE
DENSIDAD; 1.05 GMS/CM3 EMPAQUE; SACOS DE 25 KILOS APROX; USO;
FABRICACION DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMPAQUE DE BANANO. EMPRESA
FABRICANTE: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS DE ISRAEL. MARCA Y NUMERO
DE LOTE: PYRITILENE”. Dicha mercancía fue descrita en la Declaración de Importación
07085320025333 del 4 de febrero de 2009, Factura 29883 del 18 de agosto de 2008,
subpartida 3901909000, modalidad de importación 0236, la cual obtuvo levante
automático 482009000024483 del 4 de febrero de 2009.
2.2.2. La DIAN determinó que la mercancía era completamente distinta de la descrita en
la declaración de importación, por lo cual la División de Gestión de la Operación Aduanera
de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, mediante la Resolución 000227 del
14 de febrero de 2012, canceló el levante otorgado a la empresa demandante. En
consecuencia, la mercancía investigada quedó incursa en la causal de aprehensión
prevista en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, toda vez que no
contaba con una declaración de importación que la amparara.
Sostuvo que, ante la imposibilidad de aprehender la mercancía y debido a que esta no
se puso a disposición de la autoridad aduanera cuando fue requerida, resultaba
procedente aplicar la sanción prevista por el artículo 503 del Estatuto Aduanero.
2.2.3. Afirmó que la parte demandante no puede invocar en su favor la firmeza de la
declaración de importación, en la medida en que dicha declaración no ampara la
mercancía cuya puesta a disposición exigió la autoridad aduanera.
Explicó que no es posible predicar la firmeza de una declaración de importación cuando
esta se refiere a una mercancía respecto de la cual se determinó su ingreso y
permanencia en condición de ilegalidad en el territorio nacional.
Sostuvo que, en materia aduanera, el levante automático de mercancías constituye un
mecanismo de agilización y simplificación del proceso de importación; sin embargo, su
vigencia se encuentra condicionada al cumplimiento permanente de los requisitos que
sirvieron de base para su otorgamiento, tanto antes como después de su expedición. En
ese sentido, el importador debe estar en capacidad de acreditar ante las autoridades
24 Folios 101 a 104 del cuaderno 1 de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 27 Samai.
25 Folios 113 a 133 ibidem.
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aduaneras, cuando estas lo requieran, el cumplimiento de las exigencias previstas en la
normativa aplicable, incluso con posterioridad al levante.
Añadió que, si tales requisitos no se acreditan tras la autorización del levante,
desaparecen los fundamentos que dieron lugar a su expedición y, en consecuencia,
opera la condición resolutoria de su vigencia.
Formuló las siguientes excepciones:
(i) Inepta demanda por falta de acreditación del requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial. Al respecto señaló que no es cierto lo afirmado por la parte
demandante en el sentido de que no era necesario agotar dicho trámite, dado que las
normas y la sentencia invocadas por la actora se refieren exclusivamente a actos de
definición de la situación jurídica de la mercancía y no a actos sancionatorios, incluido el
previsto en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999.
(ii) caducidad de la acción, la cual se deriva de la anterior excepción, en la medida en que
la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad impidió la interrupción del término
respectivo.
2.3. En virtud a lo dispuesto por el artículo 180 del CPACA, el 25 de septiembre de 201326
el Tribunal adelantó audiencia inicial a la que asistieron las partes y en la que resolvió las
excepciones previas de inepta demanda y caducidad.
Frente a la inepta demanda por no haberse agotado el requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial, resolvió que no se encontraba configurada, toda vez que la
situación discutida versa sobre una sanción impuesta con fundamento en el artículo 503
del Decreto 2685 de 1999, derivada de la presunta existencia de mercancía en situación
irregular por no haberse declarado en la subpartida correspondiente y no haber podido
ser aprehendida. En ese sentido, concluyó que el asunto, al recaer sobre la definición de
la situación jurídica de mercancía importada y de derechos de aduana, no es de carácter
conciliable.
Respecto de la excepción de caducidad sustentada en que, al no haberse agotado el
requisito de conciliación prejudicial, no se interrumpió el término previsto para la
interposición de la demanda, el Tribunal consideró que no estaba llamada a prosperar,
en tanto fue desestimada la excepción por falta de agotamiento de la conciliación
prejudicial, y además la demanda fue presentada dentro del término legal.
2.4. Contra la anterior decisión la DIAN interpuso recurso de apelación. El Consejo de
Estado, mediante auto del 3 de julio de 2014, confirmó lo resuelto por el Tribunal, tras
concluir que la demandante no estaba obligada a agotar el requisito de procedibilidad de
la conciliación extrajudicial, por cuanto los actos demandados están relacionados con la
definición de la situación jurídica de la mercancía, y evidenciar que la demanda fue
presentada en término.
2.5. El 26 de noviembre de 201427, el Tribunal continuó con la audiencia inicial en la que
fijó el litigio según los siguientes problemas jurídicos:
26 Folios 407 a 104 del cuaderno 1 de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 27 Samai.
27 Folios 41 a 52 del cuaderno 2 de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 27 Samai.
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¿Se encontraba en firme la declaración de importación 07085320025333 de fecha 04 de
febrero de 2009 al momento de notificarse el Requerimiento Especial Aduanero - REA -
000133 de 22 de junio de 2012?
¿Se vulneró el debido proceso del importador demandante al ordenarse el levante de la
mercancía, sin que existiera certeza de cuál era la subpartida arancelaria en la que debía
declararse la mercancía importada?
¿Se vulneró el debido proceso y derecho de defensa al no haberse expedido la liquidación
oficial de corrección, una vez detectado por la DIAN el error en la clasificación arancelaria?
¿Se configura una falsa motivación en los actos administrativos acusados?
Adicionalmente, el Tribunal resolvió sobre las solicitudes probatorias, corrió traslado para
alegar de conclusión y dictó sentencia de primera instancia.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia del 26 de noviembre de 201428,
resolvió:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. 001989 de 07 de septiembre
de 2012 y 10192 de 18 de diciembre de 2012, emitidas por la DIAN, en cuanto decidieron
en su orden, sancionar al importador POLYBAN INTERNACIONAL S.A. y confirmar dicha
sanción, con ocasión del proceso de importación objeto de la declaración de importación
No. 07085320025333.
SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordena que en
caso que la demandante hubiere cancelado suma alguna como consecuencia de la
ejecución de los actos que se declaran nulos, la DIAN deberá devolverle dicha suma
debidamente actualizada.
TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: El cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos del artículo
192 del C.P.A.C.A. En el evento de que se presenten los supuestos de hecho previstos en
el artículo 195 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo
se pagarán intereses.
QUINTO: Sin costas.
SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, previas las anotaciones de rigor, archívese
el expediente. (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).
El Tribunal concluyó que la parte demandante logró desvirtuar la presunción de legalidad
de los actos acusados, con fundamento en las siguientes consideraciones:
3.1. Conforme a lo manifestado por las partes y lo probado en el proceso, a través de la
compañía Comercio Exterior Asesores Ltda., la sociedad demandante presentó la
Declaración de Importación 07085320025333 el 4 de febrero de 2009, en la cual declaró
la mercancía bajo la subpartida arancelaria 3901909000, con un IVA del 16 % y arancel
del 0 %. El levante se identificó con el número 482009000025308.
Aclaró que, en aplicación del artículo 131 del Decreto 2685 de 1999, el término de tres
(3) años para la firmeza de la declaración venció el 4 de febrero de 2012, fecha hasta la
28 Folios 53 a 68 ibidem.
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cual la DIAN podía notificar el requerimiento especial aduanero, si pretendía ejercer sus
facultades de control.
3.2. Sin embargo, la DIAN solo profirió el Requerimiento Especial Aduanero 000133 el 22
de junio de 2012, es decir, con posterioridad al vencimiento del término de firmeza de la
declaración de importación. En ese contexto, la actuación administrativa se inició cuando
la declaración ya había adquirido firmeza, lo que implica el desconocimiento del término
legal y, por ende, la vulneración del debido proceso y de la seguridad jurídica.
3.3. Destacó que la normativa es clara en señalar que únicamente la notificación del
requerimiento especial aduanero interrumpe el término de firmeza, tal como lo reconoció
la propia DIAN en el Concepto 0015 del 6 de marzo de 2007. En consecuencia, los
requerimientos ordinarios no tienen la virtualidad de afectar dicho término, por cuanto no
constituyen el acto de inicio formal a la actuación sancionatoria o de definición de la
situación jurídica de la mercancía.
3.4. En virtud de lo anterior concluyó que, al haberse expedido el requerimiento especial
aduanero por fuera del término de firmeza de la declaración de importación, se configuró
la vulneración del debido proceso y al principio de seguridad jurídica, pues la DIAN
desconoció la señalada firmeza e impuso una sanción en contra de la demandante.
Descartó el argumento de la demandada según el cual no había lugar a alegar la firmeza
de la declaración de importación porque la mercancía no estaba amparada en esta. Para
el Tribunal, la situación irregular de la mercancía debió conducir a la DIAN a que ejecutara
su acción de control y notificara el requerimiento especial en término.
3.5. Por todo ello, estimó que los actos administrativos estaban viciados de nulidad y, por
razones de economía procesal, se abstuvo de estudiar los demás cargos propuestos en
la demanda.
3.6. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales
la DIAN impuso sanción a la sociedad Polyban Internacional S.A., con ocasión de las
obligaciones derivadas de la Declaración de Importación 07085320025333. A título de
restablecimiento del derecho, ordenó la devolución de las sumas que hubieren sido
pagadas, debidamente actualizadas, en caso de haberse efectuado algún pago, y negó
las demás pretensiones de la demanda.
4. EL RECURSO DE APELACIÓN
La DIAN interpuso recurso de apelación29, en el cual solicitó que se revoque la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 26 de noviembre de 2014 y en su
lugar se nieguen las pretensiones de la demanda. El recurso lo sustentó en los siguientes
reparos:
4.1. Si bien la declaración de importación adquiere firmeza a los tres (3) años contados
desde su presentación y aceptación, dicha regla no es absoluta, pues la firmeza no se
consolida cuando la mercancía no cumple la totalidad de los requisitos que dieron lugar
al levante. En estos eventos, la autorización de levante no se mantiene en el tiempo y,
por tanto, la Administración conserva la facultad de ejercer control y fiscalización sobre
la mercancía en cualquier momento, con el fin de verificar el cumplimiento de las
exigencias aduaneras.
29 Folios 82 a 91 del cuaderno 2 de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 27 Samai.
12
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4.2. En el caso concreto, la mercancía fue incorrectamente declarada por el importador,
en tanto no correspondía a la descrita en la declaración de importación ni a la subpartida
arancelaria consignada. Señaló que lo efectivamente importado no era un polímero de
alta densidad, sino una preparación insecticida, lo que implicaba una naturaleza distinta
del bien declarado y, además, el incumplimiento de requisitos administrativos exigidos
por otras autoridades competentes para este tipo de productos.
4.3. En consecuencia, se configuró la causal de aprehensión prevista en el numeral 1.6
del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, al no encontrarse la mercancía amparada en
una declaración de importación válida o al no corresponder a la descripción declarada.
Añadió que, ante la imposibilidad de aprehender la mercancía por haber sido consumida
o por no encontrarse físicamente disponible, resultaba procedente la aplicación de la
sanción establecida en el artículo 503 del mismo estatuto.
4.4. Agregó que el levante automático constituye un mecanismo de agilización del trámite
aduanero, otorgado con base en la información y documentos aportados por el
importador, sin inspección física previa. Precisó que dicha modalidad no limita las
facultades de fiscalización y control de la DIAN, previstas en los artículos 469 y 470 del
Decreto 2685 de 1999, las cuales permiten adelantar verificaciones posteriores para
asegurar el cumplimiento de la normativa aduanera.
4.5. Asimismo, señaló que no resulta procedente la expedición de una liquidación oficial
de corrección cuando la mercancía no corresponde a la declarada, pues en tales eventos
no se trata de un simple error en la clasificación arancelaria, sino de una divergencia
sustancial en la naturaleza del bien. Por ello, consideró que lo pertinente en este caso
era la definición de la situación jurídica de la mercancía.
4.6. Finalmente, sostuvo que la sanción equivalente al 200% tiene carácter accesorio y
se deriva de la imposibilidad de aprehender y decomisar la mercancía, situación que se
configura cuando esta ha sido consumida, destruida, transformada o no se pone a
disposición de la autoridad aduanera, lo que habilita la imposición de la consecuencia
sancionatoria prevista en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El recurso de apelación formulado contra la sentencia del 26 de noviembre de 2014
fue admitido mediante proveído del 3 de agosto de 201530.
5.2. Por auto de 11 de diciembre de 201831, el magistrado sustanciador corrió traslado a
las partes por el término de diez (10) días para que presentaran sus alegatos de
conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
5.2.1. La DIAN presentó escrito de alegatos de conclusión32 en el que reiteró los
argumentos de la contestación de la demanda y del recurso de apelación.
5.2.2. Polyban Internacional S.A. presentó escrito de alegatos de conclusión33 en el que
reiteró los argumentos de la demanda.
30 Mediante oficio 05030 de 6 de marzo de 2015, “ref: envio expediente por competencia”, el secretario de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado remitió a la Sección Primera de la corporación el expediente de la referencia. El auto
admisorio del recurso de apelación obra a folio 6 del cuaderno 2 de segunda instancia del expediente digitalizado,
visible en el índice 27 Samai.
31 Folio 20 del cuaderno 2 del expediente de segunda digitalizado en el índice 27 Samai.
32 Folios 26 a 33 del cuaderno 2 del expediente de segunda instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
33 Folios 71 a 75 ibidem.
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5.2.3. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.
6.2. Actos demandados
6.2.1. La Resolución 001989 del 7 de septiembre de 201234, mediante la cual la jefe de
la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena
de la DIAN, resolvió:
ARTICULO PRIMERO: Sancionar al importador POLYBAN INTERNACIONAL S.A.,
identificado con NIT 800.048.191, al declarante AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO
EXTERIOR ASESORES S.A.S. NIVEL 1, identificada con NIT 890.933.171 con una
sanción de TRECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL
SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($363.309.073,00) que equivale al 200% del Valor en
Aduanas de las mercancías, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia, acogiendo la propuesta de sanción formulada por la División de
Gestión de Fiscalización con Requerimiento Especial Aduanero No. 000133 del 22 de junio
de 2012.
ARTICULO SEGUNDO: Para efectos de imponer la sanción correspondiente debe tenerse
en cuenta, lo siguiente: Declaración de Importación No. 07085320025333 del 04/02/2009.
Valor en Aduanas de la mercancía = $181.654.536,70
Sanción del 200% del Valor en Aduanas = $181.654.536,70 X 200% = $363.167.134,170
Valor Total Sanción = $363.167.134,170
SON: TRECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL
SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (363.309.073,00)
ARTICULO TERCERO: Ordenar hacer efectiva las Pólizas Global de Cumplimiento de
Disposiciones Legales No. 1505001252701, con vigencia desde el 08-01-2011 hasta
08/04/2012, expedida por la COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS COMERCIALES
BOLIVAR, Identificada con NIT. 860.002.180, y/o la póliza de cumplimiento No. 830-46-
994000000047 vigente desde 09-04-2010 hasta el 09-07-2013 expedidas por la
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA con NIT.
860.524.654 ambas a nombre del declarante AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO
EXTERIOR ASESORES S.A.S. NIVEL 1 de acuerdo a los parámetros señalados en el
artículo 531 de la Resolución 4240/2000, como obligación a pagar la suma liquida en dinero
por valor de TRECIENTOS SESENTA Y TRES MOLLONES (sic) TRECIENTOS NUEVE
MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (363.309.073,00) a favor de LA NACION - UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES,
que deberán ser consignados en Recibo Oficial de Pago de Tributos Aduaneros.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al importador
POLYBAN INTERNACIONAL S.A., identificado con NIT 800.048.191, en la dirección:
34 Folios 357 a 370 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
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Radicado: 13001233300020130020702
Demandante: Polyban Internacional S.A.
Demandado: DIAN
ZONA FRANCA INDUSTRIAL JSLA 1BG9 en la ciudad de CARTAGENA; al declarante
AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S.A.S. NIVEL 1,
Identificado con NIT 890.933.171, en la dirección CL 47 D 70 - 133 en la ciudad de
MEDELLIN; a la compañía aseguradora SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR,
identificada con NIT. 860.002.180, a la siguiente dirección: AV EL DORADO 68 B 31 P10
en la ciudad de BOGOTA D.C.; a la agencia ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA, identificada con el NIT 860.524.654, a la
dirección CL 100 9 A 45 P12, en la ciudad de BOGOTA en la forma y los términos previstos
en los Artículos 564 y 567 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el Articulo 56 de
Decreto 1232 de 2001 y Decreto 143 de 2006. (La dirección del importador es la dirección
procesal informada por ellos en escrito No. 025702 del 11 de julio de 2012, declarante y
aseguradoras fueron tomadas del RUT que reposan a folios 157 al 159 respectivamente).
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de
Reconsideración el cual deberá interponerse ante la División de Gestión Jurídica de la
Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena (hasta 5.000 U.V.T.) o ante la Subdirección
de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica (desde 5.000 U.V.T.
en adelante), dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la notificación de la
misma de conformidad con el artículo 515 del Decreto 2685 de 1999.
ARTICULO SEXTO: Informar a los interesados que en caso de aceptar la sanción
impuesta, el pago de la respectiva sanción debe hacerse en las entidades financieras
autorizadas por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales para tal efecto, mediante
Recibo Oficial de Pago de Tributos Aduaneros bajo el concepto de sanciones aduaneras,
si esta aceptación se efectúa dentro del término previsto para interponer el recurso contra
la presente providencia, la sanción se liquidara conforme a lo establecido en el numeral 3
del artículo 521 del Decreto 2685 de 1999; así mismo debe acreditar el pago antes de la
ejecutoria del acto administrativo que impone la sanción de conformidad con lo establecido
en el artículo 480 del decreto 2685 de 1999 debiendo acreditar el pago ante la División de
Gestión de Liquidación o a la dependencia que haga sus veces de esta Direccion Seccional,
anexando al escrito en que reconoce haber cometido la infracción copia del Recibo donde
acredite el pago de la sanción por el valor correspondiente.
ARTICULO SEPTIMO: Ejecutoriado el presente acto administrativo, por intermedio del
Grupo Interno de Trabajo de Documentación de la División de Gestión Administrativa y
Financiera, compulsar copia a la División de Gestión de Recaudación y Cobranzas, Grupo
de Cobranza de la Direccion Seccional de Impuestos de Cartagena, para que proceda al
respectivo cobro coactivo.
ARTICULO OCTAVO: Una vez en firme la presente providencia, por intermedio del Grupo
Interno de Trabajo de Documentación de la División de Gestión Administrativa y Financiera,
remitir copia a la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior en el Nivel Central, con el
objeto de que remita copia autenticada de la garantía a la División de Gestión de
Recaudación y Cobranzas, Grupo de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos
de Cartagena, para que proceda a hacerla efectiva. (mayúsculas sostenidas y negritas del
texto original).
6.2.2. La Resolución 1-00-223-10192 del 18 de diciembre de 201235 suscrita por la
Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la
DIAN, en la que se resolvió:
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 001989 de septiembre 7 de 2012,
proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Direccion Seccional de Aduanas
de Cartagena, mediante la cual impuso al' importador POLYBAN INTERNACIONAL S.A.,
NIT. 800.048.191-8, y al declarante AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR
ASESORES SAS, NIVEL 1, NIT. 890.933.171-4, la sanción, equivalente al doscientos por
35 Folios 373 y 389 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
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Radicado: 13001233300020130020702
Demandante: Polyban Internacional S.A.
Demandado: DIAN
ciento (200%) del valor en aduanas de la mercancía de que trata esta investigación, por la
suma de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL
SETENTA Y TRES PESOS ($363’309.073), de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta resolución.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR por correo al señor JAIME ALBERTO RESTREPO
CARVAJAL, identificado con cedula de ciudadanía […] de Medellin, en calidad de
representante legal de la empresa POLYBAN INTERNACIONAL S.A., NIT.800.048.191-8,
o quien haga sus veces, a la dirección del RUT: ZONA FRANCA INDUSTRIAL ISLA 1
BG 9, de la ciudad de Cartagena, departamento de Bolivar, de conformidad con el artículo
567 del Decreto 2685 de 1999.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR por correo al doctor DIDIER GILBERTO GONZALEZ
CASTANEDA, identificado con cedula de ciudadanía […], y tarjeta profesional […] del
Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado especial de la AGENCIA DE
ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES SAS, NIVEL 1, NIT. 890.933.171-4, a la
dirección procesal: Calle 47d No. 70-133, de la ciudad de Medellin departamento de
Antioquia; de conformidad con el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999.
ARTÍCULO CUARTO: REMITIR el Expediente No. CU-2009-2010 00006, una vez
notificada la presente Resolución, a la División de Gestión Jurídica de la Dirección
Seccional de Aduanas de Cartagena, para lo de su competencia, y copia de la presente
resolución a la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de
Cartagena, para su contabilización.
ARTÍCULO QUINTO: REMITIR copia de la presente resolución, una vez notificada y
ejecutoriada, a la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos
de Cartagena, a la División de Gestión de Liquidación y a la División de Gestión de
Documentación, o a quien haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas de
Medellín, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: ARCHIVAR el Expediente Administrativo No. CU-2009-2010 00006.
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.
(mayúsculas sostenidas, negritas y subrayas del texto original).
6.3. Análisis del caso
6.3.1. La parte actora solicitó la nulidad de las Resoluciones 001989 del 7 de septiembre
de 2012 y 1-00-223-10192 del 18 de diciembre de 2012, al considerar que la DIAN solo
tuvo certeza de la clasificación arancelaria de la mercancía con posterioridad a la
actuación administrativa, pese a que en la declaración de importación se consignó desde
febrero de 2009 la subpartida 3901909000. Alegó que la cancelación del levante se
sustentó en pronunciamientos técnicos posteriores e inconsistentes en el tiempo, lo que
evidenciaría una falsa motivación de los actos demandados.
Cuestionó además que la entidad hubiera sugerido y no determinado de forma definitiva
la subpartida correcta, con base en análisis exclusivamente documentales, así como el
uso de requerimientos ordinarios para exigir la entrega de la mercancía y sancionarla por
no ponerla a disposición, en lugar del requerimiento especial aduanero, lo que, a su juicio,
vulneró el debido proceso.
Esgrimió igualmente la falta de competencia para la cancelación del levante, la obligación
de expedir liquidación oficial de corrección conforme al artículo 513 del Estatuto
Aduanero, y la extemporaneidad del requerimiento especial aduanero frente a la firmeza
de la declaración prevista en el artículo 131 del mismo estatuto. Finalmente, pidió no
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Demandado: DIAN
aplicar ciertos conceptos de la DIAN por carecer de obligatoriedad, planteó que hubo una
modificación irregular de la subpartida arancelaria y adujo un detrimento económico
injustificado en su contra y un correlativo enriquecimiento sin causa a favor del Estado.
Según el Tribunal, la parte demandante logró desvirtuar la presunción de legalidad de los
actos acusados, al encontrarse acreditado que la sociedad presentó la Declaración de
Importación 07085320025333 el 4 de febrero de 2009, de manera que el término de tres
(3) años para la firmeza de la declaración, conforme al artículo 131 del Decreto 2685 de
1999, venció el 4 de febrero de 2012. No obstante, la DIAN solo profirió el Requerimiento
Especial Aduanero 000133 el 22 de junio de 2012, cuando la declaración ya había
adquirido firmeza, lo que implicó el desconocimiento del término legal, del debido proceso
y de la seguridad jurídica.
Precisó además que únicamente la notificación del requerimiento especial aduanero
interrumpe la firmeza de la declaración de importación, sin que los requerimientos
ordinarios produzcan tal efecto. En consecuencia, al haberse expedido el requerimiento
especial por fuera del término legal, se configuró la vulneración del debido proceso, lo
que llevó al a quo a declarar la nulidad de los actos administrativos y abstenerse de
analizar los demás cargos por economía procesal.
La DIAN, en su recurso de apelación, sostuvo que, aunque la declaración de importación
adquiere firmeza a los tres (3) años, dicha firmeza no opera cuando la mercancía no
cumple los requisitos que dieron lugar al levante, evento en el cual la autoridad aduanera
conserva facultades de control y fiscalización en cualquier momento. Señaló que, en el
caso concreto, la mercancía fue indebidamente declarada, pues no correspondía a la
descrita ni a la subpartida arancelaria consignada, ya que se trataba de un insecticida y
no de un polímero de alta densidad, lo que implicaba además la ausencia de requisitos
administrativos exigidos por otras autoridades.
Sostuvo la recurrente que se configuró la causal de aprehensión prevista en el numeral
1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, y que, ante la imposibilidad de aprehender
la mercancía por su consumo, resultaba procedente la sanción del artículo 503 ibidem.
La Sala revocará la sentencia de primera instancia, por cuanto, contrario a lo allí decidido,
la eventual firmeza de la declaración de importación no impedía a la autoridad
demandada en ejercicio del control posterior aduanero, exigir la puesta a su disposición
de una mercancía susceptible de la medida de aprehensión ni sancionar al importador
por el incumplimiento de su entrega.
En consecuencia, dado que el Tribunal únicamente estudió el cargo relacionado con la
firmeza de la declaración de importación 07085320025333 del 4 de febrero de 2009, la
Sala devolverá el expediente al a quo para que adopte una decisión de fondo respecto
de los demás cargos de la demanda.
6.3.2. Para resolver el recurso que nos ocupa, la Sala estima necesario analizar la
normativa aplicable, así como precisar la posición de esta Corporación en relación con la
intemporalidad del ejercicio de la facultad de control posterior aduanero de la DIAN, a fin
de determinar si es de recibo el argumento de la demandante según el cual la alegada
firmeza de la declaración de importación le impedía a la autoridad demandada sancionar
a la parte actora por no poner a disposición la mercancía exigida.
Al respecto, en el régimen de importación, la introducción de mercancía de procedencia
extranjera al territorio nacional genera la obligación aduanera de: (i) presentar la
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declaración de importación; (ii) pagar los tributos aduaneros y las sanciones a que haya
lugar; (iii) obtener y conservar los documentos que soportan la operación, los cuales
deben presentarse a las autoridades aduaneras cuando estas los requieran y
conservarse en su original por un término de cinco (5) años, contados a partir de la
presentación y aceptación de la declaración; (iv) atender las solicitudes de información y
de pruebas en general; y (v) cumplir las exigencias, requisitos y condiciones establecidos
en las normas correspondientes.
Sobre el control posterior aduanero, esta Sección ha dicho:
162. La importación de mercancías implica una serie de obligaciones que los operadores
comerciales deben cumplir rigurosamente. Esta amalgama de deberes, conocida como
obligación aduanera, establece un marco regulatorio que busca garantizar el cumplimiento
de requisitos legales y fiscales al momento de introducir productos en el territorio de un
país.
163. Dicha obligación surge en el instante mismo en que se ejecuta la importación y
comprende un conjunto de responsabilidades, las cuales no se extinguen con la mera
declaración y nacionalización de las mercancías correspondiéndole a la autoridad
administrativa la verificación de ellas, inclusive con posterioridad.
164. En efecto, la autoridad administrativa tiene la responsabilidad de verificar el
cumplimiento de estas obligaciones al momento de la importación o, incluso, después de
que se haya completado el referido proceso, esto es, después de que las mercancías ya se
encuentren en el territorio nacional.
165. El control posterior, también conocido como fiscalización, se lleva a cabo después de
la nacionalización de las mercancías. Su propósito es determinar el cumplimiento de las
obligaciones aduaneras por parte de los usuarios, así como la exactitud de los datos
consignados en las declaraciones presentadas durante un período determinado.
166. Este procedimiento tiene como objetivo principal verificar que todas las obligaciones
aduaneras hayan sido atendidas correctamente. En este sentido, es válido que los
funcionarios encargados de la fiscalización revisen las declaraciones de importación que
hayan obtenido el levante, incluso si estas ya han sido objeto de inspección aduanera por
parte de los funcionarios de las Divisiones de Operación Aduanera de las Direcciones
Seccionales y, como resultado de esta revisión, se pueden iniciar procedimientos
administrativos que incluyen decomisos, liquidaciones oficiales o la imposición de
sanciones, según corresponda36.
Frente a la intemporalidad del ejercicio de la facultad del control posterior aduanero de la
DIAN, en esa misma sentencia, se precisó:
167. Sobre el particular, la Sala pone de presente que numerosas sentencias proferidas por
esta Corporación37, han señalado que el ejercicio de la facultad del control posterior
36 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 22 de febrero de 2024, radicación 68001-23-31-000-2008-00340-
02, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
37 Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 23 de mayo de 2003, Radicación 25000-23-27-000- 1999-
00947-01(7169), C.P. Camilo Arciniegas Andrade; 4 de febrero de 1999, Radicación CE-SEC1-EXP1999- N5088, C.P.
Ernesto Rafael Ariza Muñoz; 27 de enero de 2000, Radicación CE-SEC1-EXP2000-N5425, C.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; 4 de mayo de 2001, Radicación 76001-23-24-000-1998-0672-01(6664), C.P. Olga Inés Navarrete
Barrero; 22 de marzo de 2007, Radicación 76001-23-31-000-2001-01864-01, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
31 de octubre de 2002, Radicación 66001-23-31-000-1999-00792-01(7346), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
25 de mayo de 2000, Radicación CE-SEC1-EXP2000-N5537, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y 18 de mayo
de 2000, Radicación CE-SEC1-EXP2000-N4193, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y Corte Constitucional, C-
952 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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aduanero de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es intemporal, entre ellas la
sentencia de fecha 13 de agosto de 200938, en la cual se plasmó la siguiente consideración:
Alega la actora que la Administración desplegó su actividad en materia aduanera,
desconociendo en forma unilateral la firmeza de los actos administrativos por ella
previamente expedidos (certificaciones de fecha 15 y 23 de julio de 1993, firmadas por los
doctores Marbel Ariza –la primera- y Marbel Ariza e Iván Herrera Michel la segunda), en las
cuales aceptaron las solicitudes de corrección. Respecto de este punto, ya se dijo, que el
levante de la mercancía como la aceptación de la solicitud de corrección y la expedición de
las certificaciones no es obstáculo para que la DIAN pudiera iniciar la correspondiente
investigación, como en efecto lo hizo al proceder a requerir a la declarante mediante Oficio
núm. 0027 de 26 de octubre de 1999, para que aportara los documentos que demostraran
la legalización, o en su defecto, colocara las mercancías a disposición de la autoridad
aduanera, en razón de que la aludida entidad, por disposición legal puede ejercer, en
cualquier momento, la facultad fiscalizadora.
168. Así pues, esta facultad de la autoridad administrativa para ejercer el control posterior
resulta relevante en la gestión aduanera, en la medida que el aseguramiento de que las
operaciones de importación se ajusten plenamente a las normativas y requisitos legales,
brinda un mecanismo eficaz para detectar posibles irregularidades que puedan haber
pasado desapercibidas en etapas previas del proceso.
169. Por lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón a la recurrente cuando señaló
que la DIAN no podía ejercer el control posterior de fiscalización y que, con ello, se
desconoció la firmeza de la declaración de importación, en desmedro de un poseedor de
buena fe.
170. Es importante subrayar que el control posterior no solo está diseñado para corregir
errores o incumplimientos, sino también para fortalecer la confianza en el sistema aduanero
al posibilitar que las autoridades revisen y verifiquen las operaciones después de su
conclusión, fomentando la transparencia y disuadiendo cualquier intento de eludir las
responsabilidades legales.
171. Cabe advertir que el ejercicio del control posterior no implica una presunción de
irregularidad por parte de los operadores comerciales, en lugar de eso, constituye una
medida preventiva y correctiva que busca mantener la integridad del sistema aduanero y
asegurar que todas las partes involucradas cumplan con sus obligaciones de manera
adecuada, razón por la cual los argumentos del recurrente no están llamados a prosperar39.
Por su parte, el artículo 131 ibidem señala que la declaración de importación adquiere
firmeza después de tres (3) años contados desde su presentación y aceptación, salvo
que se notifique requerimiento especial aduanero. En caso de corrección o modificación
de la declaración, el término de firmeza se cuenta desde la fecha de presentación y
aceptación de la respectiva declaración de corrección o de su modificación, en los
siguientes términos:
Artículo 131. Firmeza de la declaración. La Declaración de Importación quedará en firme
transcurridos tres (3) años contados a partir de la fecha de su presentación y aceptación,
salvo que se haya notificado Requerimiento Especial Aduanero.
Cuando se ha corregido o modificado la Declaración de Importación inicial, el término
previsto en el inciso anterior se contará a partir de la fecha de presentación y aceptación de
la Declaración de Corrección o de la modificación de la Declaración.
38 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 13 de agosto de 2009, radicación 08001-23-31-000-2002-01063-
01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
39 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 22 de febrero de 2024, radicación 68001-23-31-000-2008-00340-
02, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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6.3.3. En el caso concreto se discute la legalidad de las resoluciones que sancionaron a
la demandante con multa equivalente al 200% del valor en aduana de la mercancía, por
no ponerla a disposición de la DIAN para efectos de su aprehensión.
Según el Tribunal, la declaración de importación del 4 de febrero de 2009 adquirió firmeza
el 4 de febrero de 2012, y únicamente la notificación de un requerimiento especial
aduanero habría podido interrumpir dicha firmeza, sin que los requerimientos ordinarios
produzcan tal efecto. Por lo anterior, el a quo señaló que, como la DIAN profirió el
Requerimiento Especial Aduanero 000133 el 22 de junio de 2012 cuando la declaración
ya había adquirido firmeza, los actos administrativos mediante los cuales se impuso la
sanción en contra de la parte demandante adolecen de nulidad.
En ese sentido, cabe recordar que mediante auto de apertura de expediente del 13 de
enero de 2012 la DIAN inició la investigación contra Polyban Internacional S.A. tras
advertir irregularidades en la declaración de importación 07085320025333. Luego, la
entidad expidió el Requerimiento Ordinario 1-48-238-219 del 13 de enero de 2012, en el
que solicitó a la demandante y a la Agencia de Aduanas Comercio Exterior Asesores
S.A.S. Nivel 1, lo siguiente:
Teniendo en cuenta las diligencias que realiza este despacho con ocasión de la
investigación adelantada en el expediente CU 2009 2012 00006 a nombre de POLYBAN
INTERNACIONAL S.A. le solicito se sirva poner a disposición de la División de Gestión
de Fiscalización de la Direccion Seccional de Aduanas de Cartagena, la mercancía
descrita en la Declaración de Importación inicial con autoadhesivo No.
07085320025333 del 04/02/2009, con número de aceptación 482003000025308 del
03/02/2009: consistente en- PYRITILENE DENSIDAD; 1.05 GMS/CM3 EMPAQUE; SACOS
DE 25 KILOS APROX; USO; FABRICACION DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMPAQUE
DE BANANO EMPRESA FABRICANTE; MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS DE ISRAEL.
MARCA Y NUMERO DE LOTE, PYRYTILENE, 708008/802004 Y 805003. Toda vez que
mediante pronunciamiento técnico emitido por la División de Gestión de Operación
Aduanera de esta Dirección Seccional, se determinó que la subpartida enumerada no
corresponde; como tampoco corresponde la descripción de la mercancía; encontrándose
incursa en causal de aprehensión establecida en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto
2685 de 1999. (negritas y mayúsculas sostenidas del texto original).
En ese mismo acto se advirtió que, de no acatar el requerimiento dentro de los 15 días
siguientes a su notificación, se daría aplicación a lo dispuesto en el artículo 503 del
Decreto 2685 de 1999.
En respuesta al requerimiento ordinario, Polyban Internacional S.A. señaló que “no se
pone a disposición de la Entidad la mercancía, porque ésta ha sido consumida hace
mucho tiempo en nuestros procesos comerciales y en virtud de ello, hoy no existe”40.
En atención a que no fue posible aprehender la mercancía, la DIAN formuló el
requerimiento especial aduanero 000133 del 22 de junio de 2012 a través del cual
propuso sancionar a la demandante y al declarante con multa de ($363.309.073,00),
equivalente al 200% del valor en aduanas de la mercancía correspondiente a la
Declaración de Importación 07085320025333 del 4 de febrero de 2009.
Finalmente, a través de la Resolución 001989 del 7 de septiembre de 2012, la DIAN
sancionó a la parte actora por no poner a su disposición, para fines de aprehensión, las
mercancías descritas en la Declaración de Importación 07085320025333 del 4 de febrero
40 Folios 210 y 211 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 27 Samai.
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Demandado: DIAN
de 2009. Ello, tras considerar que los bienes se encontraban incursos en la causal de
aprehensión 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, en la medida en que no
correspondían a la descripción declarada, conforme a lo solicitado en el Requerimiento
Ordinario 1-48-238-219 del 13 de enero de 2012, en los siguientes términos:
1. La mercancía presentada en la declaración de importación No. 07085320025333 del
04/02/2009 corresponde a la subpartida No. 3808.91.99.90 del arancel de aduanas la cual
genera un arancel del 5% y no a la subpartida 3901.90.90.00 que genera un arancel de 0%
descrita en la misma declaración.
2. En la declaración de importación No. 07085320025333 del 17/04/2009 (sic), no se
encuentra descrita la mercancía objeto de importación por lo tanto NO la ampara, se trata
de una mercancía totalmente diferente a la amparada en la citada declaración.
3. Que a la declaración de importación No. 07085320025333 del 04/02/2009 que
presuntamente amparaba la mercancía, le fue cancelado el levante.
4. La mercancía registrada en la declaración de importación No. 07085320025333 del
04/02/2009 se encuentra incursa en causal de aprehensión contemplada en el numeral 1.6
del Decreto 2685 de 1999, toda vez que no posee una declaración de importación que la
ampare.
También señaló la DIAN en el acto sancionatorio:
(…) analizando la causal de aprehensión establecida en el numeral 1.6 del artículo 502 del
Decreto 2685 de 1999, esta procede entre otros eventos, cuando la mercancía no se
encuentre amparada en una declaración de importación, en el presente caso con
Resolución No. 000227 del 14 de febrero de 2012, la División de Gestión de Operación
Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, cancela el levante No.
482009000024493 del 04/02/2009, otorgado a la Declaración No. 07085320025333 del
04/02/2009; y cuando la mercancía no se encuentre descrita en la declaración de
importación, por lo que la mercancía se encuentra circulando en el territorio aduanero sin
Declaración que la soporte.
Tal como se declaró en el acápite de hechos, y como consta en el acervo probatorio del
presente expediente, este Despacho realizó las gestiones necesarias y pertinentes para
ubicar y aprehender la mercancía, sin obtener resultados, los interesados no han procedido
conforme lo solicitado en los Requerimientos Ordinarios realizados por la autoridad
aduanera, no siendo posible aplicar la medida cautelar de aprehensión sobre la mercancía,
resultando procedente imponer la sanción establecida en el artículo 503 del Decreto 2685
de 1999.
En el contexto anotado, la Sala considera que en el asunto bajo examen no resultaba de
recibo la tesis relacionada con firmeza de la declaración de importación propuesta por la
demandante y acogida en la providencia de primera instancia. Ello es así, habida cuenta
que en el caso concreto se estaba ante un procedimiento de definición jurídica de una
mercancía, la cual no fue puesta a disposición a la parte demandada, situación que dio
lugar a la sanción prevista en el artículo 503 del decreto 2685 de 1999.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Sección ha explicado que la firmeza de la
declaración de importación se relaciona con el valor de los tributos aduaneros y las
sanciones económicas que deban relacionarse en la respectiva declaración. En esa
medida, cuando lo que se discute no es el valor de los tributos aduaneros dejados de
pagar por el investigado, sino las deficiencias sustanciales en las que incurrió al presentar
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Demandado: DIAN
la declaración de importación y su consecuencia jurídica, no es de recibo el alegato sobre
la firmeza de la declaración de importación41.
En particular, en la sentencia de 28 de enero de 202142, al resolver una controversia
semejante a la que aquí se analiza, se dilucidó en el siguiente sentido:
50. Ahora bien, la Sala precisa que con relación a la firmeza de la declaración de
importación esta Sección43 ha considerado que la misma guarda relación con el valor de
los tributos aduaneros y las sanciones de tipo económico que deban relacionarse en la
respectiva declaración. Al respecto, en un caso similar al que se discute, esta Sección
concluyó que: “[…] no es el valor de los tributos aduaneros, sino la deficiencia sustancial
en que se incurrió y su consecuencia jurídica, por lo que no tiene cabida la firmeza de la
declaración de importación […]”44
“[…] se infiere que tal firmeza guarda relación con el valor de los tributos aduaneros
y las sanciones de tipo económico que deban relacionarse en la respectiva
declaración.
A juicio de la Sala, si, como en este caso, lo que se discute no es el valor de los
tributos aduaneros dejados de cancelar por la actora en razón de la diferencia en
el año del modelo del vehículo importado, sino la deficiencia sustancial en que se
incurrió y su consecuencia jurídica, no tiene cabida la firmeza de la Declaración de
Importación […]” (subrayado fuera de texto).
51. De lo anterior, la Sala considera que en los casos que se pretende la aprehensión y
posterior decomiso de la mercancía, no es procedente invocar la firmeza de la declaración
de importación, debido a que se trata de omisión de carácter sustancial y, en el caso sub
examine se discute que la factura como soporte de la declaración de importación
presentaba inconsistencias, habida cuenta que el valor y número de la factura era
diferente a la expedida por el proveedor, por lo que no era posible que el a quo considerara
que la declaración de importación había adquirido firmeza.
Así, en el sub judice, la entidad demandada podía requerir la puesta a disposición de las
mercancías importadas y, en caso de incumplimiento de esa obligación, imponer las
sanciones previstas en la normativa aduanera, siempre que se configurara una causal
legal que habilitara la aprehensión.
6.3.4. Por todo lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, la Sala
advierte que en el asunto no había lugar a aludir a la firmeza de las mencionadas
declaraciones de importación, puesto que el objeto de la controversia no versa sobre el
valor de los tributos aduaneros, sino sobre la deficiencia sustancial en la declaración de
importación presentada por la demandante.
De manera que no es cierto que la DIAN haya desconocido los principios de seguridad
jurídica ni trasgredido el debido proceso de la demandante al haberle solicitado poner a
su disposición la mercancía, con posterioridad al momento en el que eventualmente
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 30 de noviembre de 2008.
M.P. Martha Sofía Sanz Tobón. Número único de radicación 08001-23-31-000-1998-01749-02.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de enero de 2021,
rad.: 130012331000201200215 01, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 20 de enero de 2005.
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. número único de radicación 76001-23-24-000-2000-01542-01. Tesis
jurisprudencial reiterada por esta Corporación. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera. Sentencia 8 de marzo de 2018. M.P. Hernando Sanhez Sanchez. número único de radicación 76001-23-31-
000-2007-01423-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 24 de
octubre de 2019. M.P Nubia Margoth Peña Garzón. número único de radicación 05001-23-31-000-2011-01603-01.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 30 de noviembre de 2008.
M.P. Martha Sofía Sanz Tobón. Número único de radicación 08001-23-31-000-1998-01749-02
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Radicado: 13001233300020130020702
Demandante: Polyban Internacional S.A.
Demandado: DIAN
habría quedado en firme la declaración de importación. En consecuencia, la situación
evidenciada por el Tribunal no derivaba en la nulidad de los actos demandados y por ello,
hay lugar a revocar la decisión adoptada en la sentencia de 26 de noviembre de 2014.
6.3.5. Ahora bien, dado que se revocará la decisión de declarar la nulidad de las
Resoluciones 001989 del 7 de septiembre de 2012 y 10192 de 18 de diciembre de 2012
por violación al debido proceso, en principio correspondería a la Sala abordar el estudio
de los demás cargos de nulidad formulados en la demanda.
No obstante, se advierte que no es posible emitir pronunciamiento sobre tales reproches,
en la medida en que no fueron objeto de análisis por el juez de primera instancia, a quien
competía adelantar dicho examen, ni constituyeron materia del recurso de apelación y
como es sabido, la competencia del ad quem se encuentra delimitada por el alcance del
recurso de alzada.
Sobre el particular, la Sección ha precisado que la imposibilidad de estudiar en segunda
instancia cargos no analizados en la primera no configura una omisión, sino que garantiza
los principios de limitación de la competencia del superior, de la doble instancia y del
debido proceso, toda vez que “[…] resolver de fondo la controversia en la segunda
instancia, implica reemplazar al a quo en el estudio de los cargos de la demanda que no
realizó y equivale a convertirla en única instancia, privando a la parte desfavorecida del
derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido
proceso y al acceso a la Administración de Justicia […]”45 .
En consecuencia, y en armonía con la tesis reiterada por la Sala46, se remitirá el
expediente al Tribunal Administrativo de Bolívar para que se pronuncie sobre los demás
cargos formulados en la demanda y dicte sentencia dentro de los 40 días siguientes a la
recepción del expediente.
6.4. Conclusión
De acuerdo con lo expuesto, acogiendo el criterio decantado por esta Sección, la Sala
advierte que no le asistió razón al a quo al considerar que los actos demandados se
encontraban viciados de nulidad, debido a que la DIAN expidió el requerimiento especial
aduanero luego de que la declaración de importación habría quedado en firme.
En consecuencia, la Sala ordenará devolver el expediente al Tribunal Administrativo de
Bolívar para que, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la demanda y con
observancia de los principios de economía, celeridad, eficiencia y eficacia procesal,
profiera, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la recepción del expediente, la
decisión de fondo respecto de los cargos de la demanda que no fueron objeto de
pronunciamiento en la sentencia ahora revocada.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de abril de 2013,
radicado 50001233100020060100401, C.P. María Elizabeth García González.
46 Entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias del 24 de mayo
de 2018, radicación 25000232400020040068401, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; 12 de diciembre de 2019,
radicación 76001233100020060203901, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 6 de noviembre de 2020, radicación
25000234100020140028401, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón y 1 de diciembre de 2022, radicación
25000232400020110017001, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Radicado: 13001233300020130020702
Demandante: Polyban Internacional S.A.
Demandado: DIAN
6.5. Costas
En observancia de los artículos 18847 del CPACA y 36548 del CGP, en especial de su
numeral 8, sobre condena en costas, y a lo expuesto sobre el punto por esta Corporación,
la Sala advierte que esta clase de condenas responde a un criterio objetivo y valorativo.
Es objetivo, en la medida en que no deriva de la temeridad, mala fe o culpa de la parte
condenada, sino de su vencimiento en el proceso o en el recurso interpuesto. Es
valorativo, en cuanto exige del juez la verificación de su causación en el expediente y, en
la medida de su acreditación, su reconocimiento, particularmente respecto de los gastos
ordinarios del proceso y de la actividad efectivamente desplegada dentro de este.
Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por la totalidad
de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo habrá
lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
En el presente asunto, se advierte que no se encuentra acreditada la causación de
expensas, gastos procesales ni agencias en derecho. En consecuencia, la Sala se
abstendrá de imponer condena por dichos conceptos en esta instancia.
6.6. Renuncia al poder
Mediante memorial visible en el índice 35 del proceso en Samai, el abogado Juan
Sebastián Oviedo García renunció al poder que le confirió la DIAN. Por tanto, como la
renuncia cumple con los presupuestos del artículo 76 del CGP, la Sala la aceptará.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
47 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
48 Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la
temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente
en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a
pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar
condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés
en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los
gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo, podrán renunciarse
después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.
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Radicado: 13001233300020130020702
Demandante: Polyban Internacional S.A.
Demandado: DIAN
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de noviembre de 2014, dictada por el Tribunal
Administrativo de Bolívar que declaró la nulidad de las Resoluciones 001989 del 7 de
septiembre de 2012 y 10192 de 18 de diciembre de 2012.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, REMITIR el expediente al Tribunal
Administrativo de Bolívar para que, dentro de los 40 días siguientes a la recepción del
expediente, se pronuncie de fondo respecto de los demás cargos planteados en la
demanda.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: ACEPTAR la renuncia presentada por el abogado Juan Sebastián Oviedo
García al poder que le confirió la DIAN.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión del 14 de mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.
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