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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2008-00340-02

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2008-00340-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de abril de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 39 Expediente No. 68001-23-31-000-2008-00340-02 Demandante: Luis Fernando Durán Durán Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-31-000-2008-00340-02

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

22 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: No. 68001-23-31-000-2008-00340-02
Demandante: Luis Fernando Durán Durán
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / Aprehensión y
decomiso de mercancía / obligación aduanera / control
posterior aduanero / debido proceso / normas sustantivas y
procedimentales / Decretos 1909 de 1992 y 2685 de 1999

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, Luis Fernando Durán Durán, en contra de la sentencia del 25 de abril
de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual
se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

1. El señor Luis Fernando Durán Durán, a través de apoderado judicial, en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del
Código Contencioso Administrativo, presentó demanda en contra de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales ─DIAN─ Dirección Seccional de Aduanas de
Bucaramanga, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA. - Que son nulas las Resoluciones 161 de septiembre 19 de 2007,
proferida por la Jefe del Grupo de Infracciones Aduaneras de la División de
Fiscalización Tributaria y Aduanera de la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Bucaramanga, mediante la cual decomisó el tractocamión marca
MACK, línea CH613, modelo 1991, con placas CON 125 de Los Patios, y la
Resolución No. 00014 de febrero 15 de 2008, proferida por el Jefe de la División
Jurídica de la misma dependencia, mediante la cual confirmó la anterior
providencia al resolver el recurso de reconsideración interpuesto contra ella.

SEGUNDA. - Que, a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la DIAN
devolver al demandante el tractocamión objeto de aprehensión y decomiso
mediante los actos acusados.

1 Folios 39 a 67 C 1.

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Expediente No. 68001-23-31-000-2008-00340-02
Demandante: Luis Fernando Durán Durán
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

En subsidio, como consecuencia de la anterior declaración, condenase a la
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-, a reconocerle
y pagarle al demandante, a título de reparación del derecho, el valor comercial
actualizado del tractocamión, en la cuantía que se establezca dentro del proceso.

TERCERA. - Que igualmente, a título de restablecimiento del derecho, condenase
a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-, a
reconocerle y pagarle al demandante, el lucro cesante como consecuencia de la
inmovilización, aprehensión y posterior decomiso del tractocamión, entre la fecha
de su ocurrencia (04 de junio de 2007) y la de la devolución de dicho vehículo o,
en subsidio, la del pago total y efectivo de la condena, en la cuantía que se
establezca dentro del proceso.

CUARTA. - Condenase igualmente a la demandada a reconocer y pagar, por
concepto de daño moral, el equivalente en pesos de cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

QUINTA. - LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN,
adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia dentro del
término de treinta (30) días contados desde su comunicación y, así mismo,
reconocerá y pagará los intereses comerciales y moratorios sobre el monto total
de las anteriores sumas, así como los ajustes de valor a que haya lugar, de
conformidad con los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso
Administrativo […]”.

I.1.1. Los hechos relevantes de la demanda

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los
siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la importación del automotor fue
realizada el día 25 de febrero de 1994, de acuerdo con la declaración identificada
con el número 9401090085098, sticker 03525-0109367-2 y con levante
3917000204, de la misma fecha.

4. Anotó que el automotor cuenta con el registro de importación L1931001112 de
Incomex y la declaración de aduanas 9401160000147.

5. Comentó que el 2 de marzo de 1994, días después de la importación, la Secretaría
de Tránsito de Barranquilla autorizó la conversión del automotor, de camión grúa a
tractocamión.

6. Puso de presente que el 20 de julio de 2001, la Policía de Carreteras, Zona
Oriente, inmovilizó el vehículo mediante acta 0169 "[…] por las presuntas
inconsistencias en la importación del rodante […]", quedando a disposición de la
DIAN mediante oficio 1917 del 21 de julio del mismo año, entidad que mediante acta
de inspección aduanera 292 del 27 de julio de 2001 ordenó la inmovilización del
cabezote del mismo, quedando registrada la siguiente información: vehículo
tractocamión marca MACK, tipo remolque, línea CH 613, de placas CON 125 del

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Expediente No. 68001-23-31-000-2008-00340-02
Demandante: Luis Fernando Durán Durán
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

municipio de Los Patios, que había sido adquirido por el señor Miguel Ángel
Sánchez Rincón.

7. Recordó que la DIAN elaboró informe de “[...] desmovilización […]” del automotor
en el que se dejó constancia sobre la práctica de un peritazgo por parte de la SIJIN
de Bucaramanga, a solicitud del interesado, emitiéndose el estudio técnico 01837 a
través del cual se determinó sobre “[…] la originalidad del vehículo […]”.

8. Precisó que la DIAN mediante oficio 81-04-076-210-0688 consideró procedente la
entrega del vehículo por hallar legal y válida la documentación, circunstancia que
motivó al señor Luis Fernando Durán Durán la adquisición del tractocamión, esto
es, “[…] confiado en la legalidad y procedencia del mismo […]”.

9. Resaltó que, a pesar de la primera inmovilización, el día 4 de junio de 2007,
cuando el tractocamión ya era de propiedad del demandante, funcionarios del Grupo
de Inteligencia y Policía Judicial de la Policía Fiscal y Aduanera, procedieron a
inmovilizar nuevamente el automotor cuando circulaba en la vía que de
Bucaramanga conduce a Cúcuta, a la altura del kilómetro 12, en el sitio denominado
Alto de los Padres.

10. Aseveró que según consta en el acta correspondiente, la inmovilización se
produjo por incongruencias encontradas en el modelo y la descripción del vehículo,
puntualmente, en tanto que en el VIN americano se plasmó que el modelo del
automotor correspondía al año 1991 y que en la tarjeta de propiedad se muestra
como modelo 1993; así mismo, en la declaración de importación se consignó que el
vehículo corresponde a un modelo de 1993, mientras que físicamente y según el
VIN americano, corresponde a un modelo de 1991.

11. Dijo que los motivos de inmovilización fueron reiterados en oficio 161 de 5 de
junio de 2007, ordenándose el traslado del automotor a la bodega almacenadora
Almagrario S.A., donde ingresó según documento 1234695 del mismo día.

12. Indicó que el 9 de agosto de 2007, la Subdirección de Fiscalización Tributaria y
Aduanera, procedió a practicar la diligencia de aprehensión del vehículo al haber
encontrado inconsistencias en su identificación y descripción.

13. Advirtió que en el acta de aprehensión se indicó que no se tenía autorización
para la importación del rodante y se dejó la constancia que el demandante afirmó
que no fue quien realizó la importación del automotor.

14. Arguyó que el 13 de agosto de 2007, la DIAN expidió auto de apertura 01580, a
través del cual se dispuso adelantar investigación respecto del declarante, el
tenedor del vehículo y el importador, con miras a lograr la definición de jurídica de
la mercancía aprehendida.

15. Aseveró que el 19 de septiembre de 2007, el Jefe del Grupo de Infracciones
Aduaneras de la División de Fiscalización Tributaria y Aduanera de la DIAN expidió

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Demandante: Luis Fernando Durán Durán
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la Resolución 161 a través de la cual ordenó el decomiso del vehículo en mención,
la cual se fundamentó en lo siguiente: (i) incongruencias en el modelo del automotor
frente a la tabla del VIN americano; (ii) inconsistencias relacionadas con la falta de
un dígito de la serie entre la cabina y el chasis y; (iii) la versión rendida por el
presunto importador quien informaba no haber realizado la importación del vehículo.

16. Finalmente, comentó que notificada la Resolución 161, el demandante presentó
recurso de reconsideración el cual fue resuelto mediante Resolución 00014 de 15
de febrero de 2008, expedida por el jefe de la División Jurídica de la misma
dependencia, mediante la cual la confirmó en todas sus partes.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

La parte demandante propuso el cargo de nulidad relacionado con el
desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para
lo cual señaló como quebrantadas las siguientes: (i) Constitución Política, artículos
1º, 2º, 4º, 6º, 13, 15, 21, 25, 29, 58, 83, 84 y 90; (ii) Código Contencioso
Administrativo – CCA, artículos 2º, 3º, 85, 176, 177 y 178; (iii) Ley 769 de 2002,
artículo 47; (iv) Decreto 1909 de 1992, artículos 2º, 3º, 4º, 26, 27, 30, 31, 32, 63, 64,
65 y 72; (v) Decreto 2685 de 1999, artículos 2b, 131, 471 y 502; (vi) Código de
Procedimiento Civil, artículos 4º, 37, 140, 185, 187 y 193; (vii) Ley 153 de 1887 y;
(viii) Código Civil, artículo 1568.

I.1.2.2. El concepto de violación

I.1.2.2.1. Violación al debido proceso administrativo

17. El demandante consideró que los actos administrativos se encuentran viciados
de nulidad, toda vez que: (i) la autoridad aduanera no precisó los hechos objeto de
investigación; (ii) se fundamentaron en normas que no estaban vigentes para la
época de la importación; (iii) se valoraron pruebas que no se encontraban en la
actuación y; (iv) la DIAN ya había revisado el proceso de importación en una
actuación administrativa anterior.

18. En cuanto al primer aspecto de inconformidad, el apoderado de la parte
demandante señaló que no se concretaron los hechos objeto de investigación, lo
cual implica una vulneración a su derecho de defensa.

19. En segundo lugar, comentó que la DIAN expidió los actos acusados con
fundamento en el procedimiento establecido en el Decreto 2685 de 1999, no
obstante que la norma aplicable al caso era el Decreto 1909 de 1992 vigente para
la época en que se presentó la declaración de importación del automotor de placas
CON 125.

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Expediente No. 68001-23-31-000-2008-00340-02
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20. Así pues, indicó que “[…] nunca se supo exactamente cuáles eran los hechos
objeto de investigación ni cuáles las normas con fundamento en las cuales apoyaba
sus decisiones […]”.

21. De otra parte, aseveró que no resultan aplicables las causales de aprehensión y
decomiso señaladas por la autoridad aduanera, por cuanto la mercancía es legal al
encontrarse amparada por una declaración de importación en la que no existió error
en la descripción y, además, se introdujo al País cumpliendo los procedimientos del
Estatuto Aduanero.

22. Alegó que la DIAN fue quien autorizó el levante del automotor, lo que permite
concluir que la autoridad aduanera estuvo conforme con la declaración y con la
suscripción de los documentos de importación, por lo anterior, desatacó que la
declaración de importación quedó en firme, tal y como fue reconocido en la revisión
de la documentación efectuada en curso del trámite adelantado en el año 2001, esto
es, cuando ocurrió la primera inmovilización del tractocamión, momento en el que
se concluyó la legal introducción del vehículo al territorio nacional.

23. Advirtió que la versión del supuesto importador en cuanto a que no realizó la
importación del automotor -en que se sustenta la DIAN-, solo puede indicar un delito
de falsedad que recae de manera exclusiva en el sujeto de la obligación aduanera,
lo que implica que no puede ser trasladada al poseedor de buena fe.

24. En tercer lugar, manifestó que se practicaron pruebas por fuera de la actuación
administrativa lo que impidió al demandante controvertirlas, desconociendo el
debido proceso y el derecho de contradicción y defensa.

25. Indicó que la principal prueba con fundamento en la cual adoptó la decisión de
dejar sin efecto el levante y procedió a decomisar el tractocamión, es la declaración
del importador, la cual fue practicada por fuera del proceso "[…] sin apremio de
juramento, por tratarse de una labor previa de verificación […]".

26. Anotó que el demandante no se enteró de que la DIAN practicaría dicha prueba,
ni tuvo oportunidad de controvertirla, razón por la que puede afirmarse que fue
obtenida con violación del debido proceso y, la consecuencia de dicha circunstancia,
no es otra que la nulidad de pleno derecho de la misma.

27. Finalmente, sostuvo que la DIAN desconoció la cosa juzgada administrativa, por
cuanto volvió sobre asuntos que ya habían sido objeto de investigación y decisión,
como el relativo a la identificación del motor.

28. En efecto, anotó que en el informe sobre la "[…] desmovilización […]" del vehículo
practicada en el 2001, se dejó constancia de que “[…] el propietario solicitó una
inspección judicial para verificar su legalidad y que, efectivamente, se ordenó
practicar peritazgo del vehículo a la SIJIN de Bucaramanga, la cual emitió el estudio

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técnico 01837 que conceptúa sobre la originalidad del vehículo, salvo en el caso del
motor […]”.

29. Señaló que la nueva inmovilización y posterior aprehensión del tractocamión para
someterlo a un nuevo proceso orientado a establecer su legal introducción al país,
constituye violación de la cosa juzgada administrativa.

I.1.2.2.2. Falsa motivación, desviación de poder y vulneración al principio de
Buena fe

30. Aseveró que los actos que ordenaron la aprehensión y el decomiso del
tractocamión fueron expedidos con desviación de poder y falsa motivación por
cuanto le imputaron al demandante responsabilidades y obligaciones que no le
competen conforme a las disposiciones aduaneras al ser un tenedor de buena fe.

31. Resaltóque lo anterior se fundamenta en el hecho de que aún cuando el
demandante probó la legal adquisición del tractocamión, dentro del territorio
nacional, diez (10) años después de su importación, ordenó su decomiso,
despojándolo de su goce, omitiendo de esta manera al tenedor o último propietario
de buena fe.

32. Indicó
que la DIAN vulneró así el principio de la presunción de buena fe
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, pues a pesar de que el
demandante probó la legal adquisición, dentro del territorio nacional, ordenó el
decomiso de la mercancía y, por ende, lo despojó de su goce.

33. Resaltó que la protección al tenedor o último propietario de buena fe es
imperativa, siempre y cuando exista obligación aduanera, tal y como se da en el
presente caso, al estar el vehículo amparado por una declaración de importación.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN2

34. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN contestó la demanda
de manera oportuna, escrito en el cual se opuso a las pretensiones de la parte
demandante, para lo cual, luego del recuento de las normas aplicables, desarrolló
los argumentos de defensa respecto de los cargos de violación.

II.1.1. Violación al debido proceso administrativo

35. En lo referente al primer aspecto de inconformidad, el apoderado de la autoridad
aduanera señaló que tanto el acta de aprehensión como en las resoluciones de
decomiso se precisaron con claridad todas y cada uno de los hechos objeto de

2 Folios 327 a 347 C 1.

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Demandante: Luis Fernando Durán Durán
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investigación, esto es, respecto de las presuntas irregularidades en la identificación
del automotor, razón por la cual dicho argumento de violación no está llamado a
prosperar.

36. En cuanto al segundo aspecto de inconformidad, el apoderado de la DIAN
mencionó que no existió error o confusión en las disposiciones que sustentaron la
decisión de decomiso y la que resolvió el recurso de reconsideración propuesto en
contra de éste.

37. Indicó que en los actos se citan los apartes tanto del Decreto 1909 de 1992 en
relación con el levante del automotor y el Decreto 2685 de 1999 referido al
procedimiento aduanero de control posterior, todo ello respecto de las
irregularidades detectadas respecto de la importación objeto de análisis.

38. Expresó que levante tiene por finalidad de servir de autorización, sujeta en el
tiempo, a demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad
y, por ende, no excluye el ejercicio de control posterior y las facultades de
fiscalización.

39. Agregó que las mercancías introducidas al país que cuentan con autorización
para levante, independientemente que estas hubieran sido presentadas en vigencia
de los Decretos 1909 de 1992 o 2685 de 1999, no pueden considerarse declaradas.

40. Aseveró que si bien es cierto que la declaración de importación de 1994 fue
recepcionada por el funcionario que autorizó su levante, ello obedeció a la
presunción de legalidad en la presentación del documento, lo que fue desvirtuado
cuando en ejercicio de facultades de fiscalización ejercidas al margen de cualquier
investigación de orden penal que pueda surgir frente a posibles conductas por parte
del vendedor de la mercancía, se verificó la irregularidad cometida en cuanto al
modelo e inexistencia del importador, quedando entonces sin efecto la autorización
del levante.

41. Subrayó que la resolución que dispuso el decomiso fue expedida en el Grupo
Interno de Trabajo de Infracciones aduaneras de la División de fiscalización en la
oportunidad y término que correspondía, previo agotamiento de las etapas
procesales previstas por el Decreto 2685 de 1999.

42. Puntualizó que la decisión de decomiso obedece a las pruebas obrantes en el
expediente las cuales fueron valoradas integralmente acorde con reglas de la sana
critica, incluyendo el dictamen, declaración rendida; las evidencias obtenidas por la
POLFA en el momento de la retención y la declaración de importación.

43. Sostuvo que no fue presentada objeción a la aprehensión por razones que no
son inherentes a la DIAN, luego, no hubo aporte de elementos probatorios claros y
contundentes que permitieran a la autoridad disponer nuevas probanzas.

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44. Arguyó que la declaración de importación aportada al proceso fue presentada en
el año 1994, describiendo un automotor modelo 1993; la medida de control se surtió
en el año 2007, precisando que el modelo del automotor es 1991; el supuesto
importador registrado en la declaración no realizó la importación; luego bajo este
contexto de hechos se analizaron las normas y se decidió el caso, con el decomiso
a favor de la Nación que fue objeto de confirmación al desatar el recurso de
reconsideración, el cual se ejercitó sin lugar a equívocos y plenamente conocedores
de las causales de la aprehensión y decomiso y de los antecedentes fácticos de la
medida.

45. Afirmó que el ahora demandante no llegó a desvirtuar los motivos por los cuales
se efectúo la aprehensión y se tomaron las medidas posteriores, sino que trata de
sustentar desconocimiento al debido proceso con motivos ajenos a las
irregularidades que realmente soportaba el automotor, para obtener la nulidad de
los actos, pero en manera alguna desvirtúa la ocurrencia de estas.

46. Por lo anterior, reiteró que no es cierto que hubiera confusión en la normatividad
que sustentó la decisión de decomiso y en la que resolvió el recurso; aspecto que
en vía gubernativa no fue alegado ni ello propició una defensa equivoca; además
que una y otra normatividad regulan la importación en iguales términos.

47. En cuanto a la prueba presuntamente practicada fuera de la actuación
administrativa, refirió que la misma sí fue conocida por el demandante y, además,
tuvo oportunidad de controvertirla, lo anterior en la medida que el acta de
aprehensión se fundamentó en la declaración del supuesto importador y lo
relacionado con el modelo; acta notificada debidamente y contra la cual procedía la
objeción, mecanismo que no fue ejercitado por el demandante por causas que no
son inherentes a la Administración quien garantizó la oportunidad para su ejercicio.

48. Igualmente, aclaró que el demandante también conoció de dicho medio de
pruebas al notificársele la resolución de decomiso, quien presentó argumentos de
defensa relacionadas con el hecho de que “[…] el supuesto importador había
aceptado firmar unos documentos en la notaría que desconocía si eran para realizar
algún trámite de importación, pero que podía estar incluida la declaración de
importación […]”.

49. Estimó que los funcionarios de la DIAN que adelanten investigaciones pueden
practicar pruebas, sin que se pueda afirmar por ello, como equívocamente lo
presenta el actor, que la única oportunidad probatoria permitida es la consagrada
dentro del proceso administrativo de definición de situación jurídica, cuya litis se
traba con la notificación del acta de aprehensión, desconociendo que antes de la
aprehensión, puede haber instrucción o diligencias previas, haciendo uso de las
facultades de fiscalización previstas en el estatuto aduanero en aras a establecer la
verdadera situación del bien.

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50. Finalmente, en lo atinente a la cosa juzgada administrativa, aseguró que si bien
hubo retención previa del automotor a la que originó los actos demandados, los
motivos de estas actuaciones fueron muy diferentes; de tal manera que lo que en
apariencia pretende mostrar el actor, realmente no ocurrió.

51. Destacó que en cualquier tiempo los bienes pueden ser objeto de control por la
DIAN, respetando que no hubiese proceso y decisión anterior por los mismos
hechos y las mismas causas; pues con los bienes extranjeros pueden ocurrir
sinnúmero de situaciones irregulares diferentes unas de otras que pueden ser objeto
de diferentes investigaciones; sin que se llegue a desconocer el principio de la cosa
juzgada.

52. Destacó que sostener lo contrario significaría que una vez otorgado el levante no
se podría revisar un bien, o que efectuada revisión en forma posterior al levante,
dicho bien no podría volver a ser objeto de control por la DIAN.

53. Adujo que a la autoridad le corresponde la facultad de revisar las declaraciones
para determinar la correcta liquidación y pago de los tributos aduaneros, además de
revisar las mercancías y determinar si están o no amparadas por una declaración
de importación; siendo ambos hechos componentes de la obligación aduanera, cuyo
trámite de verificación responde a procedimientos diferentes.

II.1.2. Falsa motivación, desviación de poder y vulneración al principio de
Buena fe

54. El apoderado mencionó que no basta solo con afirmar desviación de poder o
falsa motivación, pues en uno y otro caso debe el actor señalar la razón de su
consideración, pero en este caso se han indicado unas que no conducen a
demostrar la violación enunciada.

55. Resaltó que en el proceso administrativo la buena fe en el propietario del
automotor no fue objeto de análisis por la Administración, pues se estaba decidiendo
la situación del bien, no de su propietario, sin perjuicio de lo anterior, advirtió que no
se puede olvidar que el propietario, poseedor, importador, entre otros, son
responsables de la obligación aduanera no por solidaridad, sino por expresa
disposición del estatuto aduanero.

56. Consideró que para obtener la nulidad de los actos demandados el actor estaba
obligado a aportar suficientes pruebas para llevar al juez del conocimiento al
convencimiento que la Administración desconoció los preceptos invocados por este
en su demanda, lo que no ocurrió en este caso y, por ende, no fue desvirtuada la
presunción de legalidad que gobierna los actos administrativos.

57. Comentó que la medida fue expedida por funcionarios comisionados,
competentes para ejercer el control y proferir el acta de aprehensión; siguiendo el
procedimiento administrativo señalado en los artículos 505 y siguientes del Decreto

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2685 de 1999; en el cual el interesado conociendo la razón de los cargos, no
presentó respuesta u objeción a la aprehensión; en vía gubernativa con ocasión a
la interposición del recurso, controvirtió la decisión de la Administración, pero no
aportó pruebas que desvirtuaran lo considerado por esta, en cuanto que el modelo
era 1991 y los datos del importador; razón por la cual debían negarse las
pretensiones de la demanda.

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

58. El Tribunal Administrativo de Santander3, a través de la sentencia de 25 de abril
de 20194 decidió negar las pretensiones de la demanda para lo cual consideró:

III.1. Violación al debido proceso administrativo

59. La parte demandante adujo que la presunta vulneración al debido proceso se
fundamentó en: (i) la autoridad aduanera no precisó los hechos objeto de
investigación; (ii) no se aplicaron las leyes preexistentes al acto objeto de
investigación; (iii) se practicaron pruebas por fuera del procedimiento administrativo,
lo que impidió al demandante controvertirlas y; (iv) se desconoció la cosa juzgada
administrativa.

60. Frente al primer argumento, recordó que el demandante alegó que no se
concretaron los hechos objeto de investigación, respecto de las presuntas
irregularidades en la identificación del automotor.

61. Sobre el particular, el a quo expresó que los hechos de detención, aprehensión
y decomiso del automotor de propiedad del demandante fueron consignados con
suficiente claridad en cada uno de los actos expedidos en las etapas descritas en
los artículos 504 y siguientes del Decreto 2685 de 1999.

62. Agregó que el acta de aprehensión se notificó en debida forma al demandante,
quien no formuló objeción alguna respecto de la fala de concreción de las conductas
objeto de análisis.

63. Puso de presente que existiendo certeza en que los hechos materia de
investigación por parte de la DIAN con ocasión de la inmovilización del automotor
de placas CON 125, fueron determinados con claridad y puestos en conocimiento
del interesado a medida en que la investigación avanzó, puede concluirse que el
interesado tuvo la oportunidad de pronunciarse frente a los hechos investigados lo
que descarta la vulneración al debido proceso bajo la causal analizada.

64. En segundo lugar, aseveró que para la época de presentación de la declaración
de importación , la cual no fue objeto de corrección o modificación, la norma jurídica
vigente correspondía al Decreto 1909 de 1992, ello en cuanto al trámite de la
3 Folios 476 a 491 C1.
4 Folios 451 y 469 C1.

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declaración de importación, pues es claro que, en lo concerniente al procedimiento
de decomiso, por tratarse de normas procedimentales de cumplimiento inmediato,
debía seguirse a lo rituado por las disposiciones vigentes al momento de dar inicio
al trámite administrativo, esto es, el Decreto 2685 de 1999.

65. En ese sentido, subrayó que la declaración de importación se encontraba
sometida al cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 1909 de 1992;
no obstante, el decomiso de la mercancía al haberse dispuesto en el año 2007 debía
observar el trámite señalado en el Decreto 2685 de 1999, tal y como en efecto
ocurrió.

66. En cuanto a la existencia de las causales de decomiso del automotor de placas
CON 125, argumentó que de las pruebas allegadas al plenario se pudo establecer
que el día 4 de junio de 2007, la Dirección de Policía Fiscal Aduanera -Grupo
Operativo Bucaramanga-, retuvo el vehículo marca Mack de placas CON 125 de
Los Patios por no acreditarse su legal importación.

67. Subrayó que el decomiso del vehículo se fundamentó en lo siguiente: (i)
incongruencias en el modelo del automotor frente a la tabla del VIN americano; (ii)
inconsistencias relacionadas con la falta de un dígito de la serie entre la cabina y el
chasis y; (iii) la versión rendida por el presunto importador quien informaba no haber
realizado la importación del vehículo.

68. Particularmente,anotó que el señor Orlando Buitrago Mahecha, presunto
importador del automotor, en declaración rendida el día 23 de julio de 2007,
manifestó no haber realizado la referida importación.

69. Con fundamento en lo anterior, consideró que el automotor presenta alteraciones
que fueron detectadas mediante las pruebas practicadas en el curso de la actuación
surtida por la DIAN, lo cual impide una identificación plena del automotor conforme
a lo señalado en el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, configurando una causal
de decomiso.

70. En lo atinente al levante de la mercancía, afirmó que la presentación de una o
varias declaraciones de importación y la obtención del levante no impide que la
autoridad aduanera realice un control posterior de la misma.

71. Manifestó que la función de las agencias de aduanas no está limitada únicamente
a la presentación de la declaración de importación y de los documentos soportes o
al pago de los tributos aduaneros, sino que tienen como actividad principal colaborar
en la función pública, de ahí que las autoridades aduaneras se encuentran
investidas de claras facultades para verificar de manera detallada la información
inserta en la declaración y los demás documentos que soportan la operación con
miras a determinar su veracidad y concordancia con la realidad.

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72. De esta manera, aclaró que no puede pregonarse que la autorización de levante
de mercancías enerve la facultad de fiscalización aduanera, pues al tratarse de una
simple autorización para controlar el procedimiento de las importaciones, su
vigencia está sometida a la satisfacción continua de los requisitos que sirvieron de
base para su expedición.

73. Destacó que a partir de las facultades de fiscalización contenidas en los artículos
61 y 62 del Decreto 1909 de 1992, la DIAN puede dar inicio en cualquier momento
a las actividades necesarias para determinar la legalidad en la introducción de la
mercancía al territorio nacional, lo que de suyo implica, que se encuentra investida
para dejar sin efecto el acto de levante.

74. En tercer lugar, el a quo se refirió al presunto desconocimiento del debido
proceso, al recepcionarse una declaración del presunto importador por fuera del
procedimiento administrativo, para lo cual aseguró que la misma fue consignada en
el acta de aprehensión frente a la cual no se presentó objeción alguna.

75. Adujo que contrario a lo manifestado por el demandante, fue el hoy demandante
quien se abstuvo de controvertir los medios de prueba acopiados por la DIAN y
hacer uso de su derecho de defensa y contradicción en la forma indicada en el
Estatuto Aduanero.

76. Finalmente, comentó que no existe la alegada cosa juzgada administrativa, en
tanto que la nueva inmovilización dispuesta respecto del vehículo de placas CON
125 en el año 2007, no solo se dio por inconsistencias en el motor -aspecto en el
que se centró la detención del año 2001- sino por: (i) incongruencias en el modelo
del automotor frente a la tabla del VIN americano; (ii) inconsistencias relacionadas
con la falta de un dígito de la serie entre la cabina y el chasis y; (iii) la versión rendida
por el presunto importador quien informaba no haber realizado la importación del
vehículo.

77. Particularmente, aludió a que la nueva actuación se fundamentó en la no
identificación del importador de la mercancía, toda vez que el señor Orlando
Buitrago Mahecha -quien figuraba como tal- manifestó ante la DIAN nunca haber
realizado el trámite de importación del automotor; además de las inconsistencias en
el modelo del rodante, pues en la declaración de importación se registra que el
vehículo es modelo 1993, habiéndose determinado por parte de la Sección de
Criminalística de la Fiscalía General de la Nación en informe técnico, que su modelo
realmente corresponde al año 1991.

78. Concluyó que todo lo anterior permite considerar que se incumplió con el
contenido de la declaración de importación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 22 del Decreto 1909 de 1992, quedando como mercancía no declarada
conforme al artículo 72 del mismo decreto, lo que configura la causal de decomiso
invocada por la autoridad aduanera.

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III.2. Falsa motivación, desviación de poder y vulneración al principio de
Buena fe

79. El a quo recordó que la parte demandante señaló que los actos administrativos
que ordenaron la aprehensión y el decomiso del tractocamión fueron expedidos con
desviación de poder por cuanto le imputaron responsabilidades y obligaciones que
no le competen conforme a las disposiciones aduaneras. Lo anterior como quiera
aun cuando el demandante probó la legal adquisición del tractocamión dentro del
territorio nacional a título de compraventa, diez (10) años después de su
importación, ordenó su decomiso, despojándolo de su goce, omitiendo de esta
manera al tenedor o último propietario de buena fe.

80. Al respecto, consideró que los principio de buena fe y de confianza legítima no
amparaban al demandante, toda vez que, pese a haber demostrado que adquirió el
automotor de placas CON 125 el día 24 de abril de 2004 a título de compraventa
suscrita con el señor Miguel Ángel Sánchez Rincón, la DIAN estaba facultada para
aprehender y decomisar el vehículo, atendiendo la potestad de fiscalización que le
asisten a la entidad, sin que, en su caso, el levante de la mercancía derive en un
derecho adquirido o en una situación jurídica consolidada e inmodificable a favor
del hoy demandante.

81. Indicó que no se puede aseverar que la administración aduanera lo asaltó en su
buena fe al haber emitido el levante de la mercancía puesto que, acorde con lo
expuesto, la autorización de levante de la mercancía no puede ser entendida como
una garantía de legalidad de la importación, atendiendo precisamente que en
ejercicio de la facultad de fiscalización, la autoridad aduanera puede revocar esa
autorización en cualquier tiempo de encontrar demostrada la ilegalidad de su
introducción al país, lo que procede, sin la autorización del afectado.

82. Por lo anterior, sostuvo que la legalidad de las resoluciones acusadas no fue
desvirtuada, razón por cual debía negar las pretensiones incoadas.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

83. Mediante escritos de 22 y 23 de mayo de 20195, el apoderado del demandante
presentó recurso de apelación con el fin de obtener la revocatoria de la sentencia
de 25 de abril de 2019, frente a lo cual, reiteró los argumentos señalados en el libelo
de demanda e hizo las siguientes precisiones:

5 Folios 494, 495, 497 a 531 C pp.

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IV.1. Competencia del Tribunal Administrativo de Santander para proferir la
decisión de instancia

84. El recurrente afirmó que el a quo desconoció lo atinente a las normas de
competencia para decidir las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló los
artículos 133 numeral 1º y 181 del CCA que, según el recurrente, “[…] corresponden
a la resolución de un recurso y no son las indicadas para dictar sentencia […]”,
normas que fueron citadas en la providencia de instancia.

IV.2. Violación al debido proceso administrativo

85. En lo relacionado con la presunta violación del debido proceso, el recurrente
presentó argumentos de apelación en cuanto a: (i) la autoridad aduanera no precisó
los hechos objeto de investigación; (ii) no se aplicaron las leyes preexistentes al acto
objeto de investigación; (iii) se practicaron pruebas por fuera del procedimiento
administrativo, lo que impidió al demandante controvertirlas y; (iv) se desconoció la
cosa juzgada administrativa.

86. Mencionó que el Tribunal Administrativo de Santander no hizo una debida
valoración del material probatorio arrimado al expediente y tampoco analizó las
normas constitucionales y legales citadas, con lo cual seguramente la decisión
tomada habría sido otra.

87. En efecto, indicó que el Tribunal analizó en su "sana crítica" y apreciación
"imparcial" las pruebas, la cual resulta equivocada, “[…] en el sentido en que los
hechos que dieron lugar a la aprehensión y decomiso de la mercancía hacen
relación a una situación en la que ningún colombiano propietario de vehículo usado
por varios años está en capacidad de cumplir […]”.

88. Expresó que se adoptó “[…] una posición jurídica exegética respecto de la
normatividad aduanera en perjuicio de la confianza legítima y la seguridad jurídica
[…]”.

89. Precisó que lo que habría que entender y analizar son las circunstancias de modo
y tiempo en cada caso particular, porque efectivamente las facultades de
fiscalización y control de la DIAN en materia aduanera, establecidas en el artículo
62 del Estatuto Aduanero, son claras, pero no pueden observarse de tal suerte que
no tengan límites.

90. Se refirió al control posterior de fiscalización, en el entendido que el mismo tiene
límites, por lo que la autoridad aduanera no puede después de 10 años realizar una
nueva verificación de las causales de aprehensión y decomiso, en desmedro de un
poseedor de buena fe.

91. Agregó que el poder adelantar las investigaciones que estime convenientes para
establecer la práctica de hechos que impliquen la inobservancia de los

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procedimientos aduaneros, verificar la exactitud de las declaraciones y demás
documentos presentados, así como ordenar en cualquier momento la inspección
física de la mercancía de procedencia extranjera, aun cuando hayan sido
transformadas o incorporadas a otras mercancías, tiene límites que fueron
desconocidos por la autoridad aduanera.

92. Argumentó que el vehículo no se introdujo de contrabando porque a pesar del
tiempo transcurrido y los cambios realizados aún se contaba con todos los
documentos debidamente diligenciados, la mercancía decomisada estaba
consignada en los documentos aportados, las transacciones comerciales se
hicieron por los medios oficiales y legales, y se encontraba al día en impuestos, “[…]
todo lo cual prueba que nunca hubo la Intensión de defraudar al estado colombiano
y que lo que se observa es una diferencia en la numeración del motor en un dígito,
producto quizás de un simple error de transcripción […]”.

93. Subrayó que, en el caso particular, se advierte que el procedimiento adelantado
para declarar la aprehensión y el decomiso del automotor se basó en el Decreto
2685 de 1999, desconociendo que por tratarse de un vehículo importado en 1994
esta no era la norma aplicable, sino el Decreto 1909 de 1992.

94. Arguyó que la inmovilización del vehículo se basó en inconsistencias en el
modelo del mismo, y luego se agregó lo relativo a la declaración del importador, por
lo que no hubo precisión sobre los fundamentos de la decisión.

95. Afirmó que se recepcionó una versión libre de quien aparece en documentos
como importador, y éste manifiesta no haber realizado la importación en las fechas
sobre las cuales se le indaga, declaración que no puede constituir una prueba
contundente para declarar el decomiso del vehículo automotor.

96. Señaló que se le dio plena validez a la declaración del importador, con efectos
de certeza para declarar el decomiso del vehículo, “[…] pero además se hizo de
manera parcial, pues no se tuvo en cuenta la afirmación dada a continuación sobre
el hecho de haber firmado documentos en una notaría sin saber para qué era, en la
época en que se hizo la importación del tractocamión […]”

97. Puntualizó que con antelación se había realizado un procedimiento similar y la
misma autoridad policial y aduanera había conceptuado sobre la legal introducción
al país de la mercancía.

98. En efecto, manifestó que en esta segunda inmovilización se practicaron pruebas
por fuera del proceso, como es la declaración del supuesto importador, la cual no
pudo ser controvertida.

99. Refirió que se desconoció que la inmovilización del 4 de junio de 2007 se realizó
por los mismos hechos y las mismas inconsistencias de la inmovilización efectuada

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en el año 2001, por la cual se devolvió el vehículo encontrando de conformidad con
las normas aduaneras.

100. Finalmente, aseguró que se desconoció la firmeza de la declaración y que
existían los suficientes documentos que dan cuenta de la legal introducción del
automotor al territorio.

IV.3. Falsa motivación, desviación de poder y vulneración al principio de
Buena fe

101. Reiteróque los actos que ordenaron la aprehensión y el decomiso del
tractocamión fueron expedidos con desviación de poder y falsa motivación por
cuanto le imputaron al demandante responsabilidades y obligaciones que no le
competen conforme a las disposiciones aduaneras al ser un tenedor de buena fe.

102. Resaltó que lo anterior se fundamenta en el hecho de que aun cuando el
demandante probó la legal adquisición del tractocamión, dentro del territorio
nacional, diez (10) años después de su importación, ordenó su decomiso,
despojándolo de su goce, omitiendo de esta manera al tenedor o último propietario
de buena fe.

103. Destacó que no se tuvo en cuenta la jurisprudencia de esta Corporación, en
cuanto a que el propietario no es el obligado aduanero.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

104. El recurso de apelación fue concedido por el magistrado sustanciador de la
primera instancia mediante auto del 30 de mayo de 20196, posteriormente, remitido
y repartido entre los diferentes Despachos que integran la Sección Tercera del
Consejo de Estado y, quien lo remitió a la Sección Primera mediante auto de fecha
23 de agosto de 2019 y, finalmente admitido, a través de auto del 13 de noviembre
de la misma anualidad7.

105. A través de auto de fecha 18 de febrero de 2020, el Despacho sustanciador
corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días para que presentaran
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

106. La parte demandante y la entidad demandada, en esencia, reiteraron los
argumentos de nulidad y defensa respectivamente, por su parte el señor agente del
Ministerio Público guardó silencio.

6 Folio 532 C pp.
7 Folio 540 C pp.

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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

107. De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo -
CCA8, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir el
recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada en primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Santander en concordancia con lo
dispuesto en el Acuerdo 80 de 20199, que contiene las reglas de reparto entre las
distintas secciones de la Corporación.

VI.2. La formulación del problema jurídico

108. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
la Sala debe determinar la legalidad de las Resoluciones 161 del 19 de septiembre
de 2007, por medio de la cual se ordenó el decomiso del tractocamión marca MACK,
línea CH613, modelo 1991, de placas CON 125 de Los Patios y, 00014 de 15 de
febrero de 2008, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración
interpuesto, confirmándola en todas sus partes, expedidas por la Dirección
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga.

109. La Sala deberá analizar si los referidos actos administrativos se ajustan a los
parámetros establecidos por la normativa aduanera vigente, y si se respetaron los
derechos y garantías de la parte demandante en el curso del proceso administrativo
correspondiente. Para ello se revisará si la DIAN ejerció en debida forma el control
posterior aduanero y si al momento de la aprehensión y decomiso de la mercancía
se aplicó la normativa sustancial que regía las importaciones realizadas en el año
de 1994.

110. Aunado a lo anterior, la Sala verificará si el tractocamión de placas CON 125 de
Los Patios se encontraba amparado en la declaración de importación
9401090085098, sticker 03525-0109367-2, esto es, si se encontraba plenamente
identificado y si podía ser objeto de medida de aprehensión y decomiso al
encontrarse en poder de un tercero - diferente al importador - que lo adquirió de
buena fe.

111. Para los fines anteriores, la Sala abordará: (i) identificación de los actos
administrativos acusados; (ii) competencia del Tribunal Administrativo de Santander
para proferir la decisión de instancia y; (iii) el análisis del caso concreto.

8 “(…) El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión (…)”.
9 La Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y nulidad y

restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a
otras secciones.

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VI.2.1. La identificación de los actos demandados

112. El señor Luis Fernando Durán Durán demandó: (i) la Resoluciones 161 del 19
de septiembre de 2007, por medio de la cual decomisó del tractocamión marca
MACK, línea CH613, modelo 1991, de placas CON 125 de Los Patios, expedida por
la Jefe del Grupo de Infracciones Aduaneras de la División de Fiscalización
Tributaria y Aduanera de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de
Bucaramanga y; (ii) la Resolución 00014 de 15 de febrero de 2008, mediante la cual
se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto, confirmándola en todas sus
partes, expedida por la Jefe de la División Jurídica de la misma dependencia.

VI.2.2. Competencia del Tribunal Administrativo de Santander para proferir la
decisión de instancia

113. En el escrito de apelación el apoderado del demandante afirmó que el a quo
desconoció lo atinente a las normas de competencia para decidir las pretensiones
de la demanda, para lo cual señaló los artículos 133 numeral 1º y 181 del CCA que,
según el recurrente, “[…] corresponden a la resolución de un recurso y no son las
indicadas para dictar sentencia […]”, normas que fueron citadas en la providencia
de instancia.

114. Al respecto, la Sala pone de presente que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 132 del CCA, los tribunales administrativos conocían en primera instancia
de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan
actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía excedía de
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales.

115. En el caso sub examine, el señor Luis Fernando Durán Durán, a través de
apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA en contra de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ─DIAN─ Dirección Seccional de
Aduanas de Bucaramanga, con la finalidad de que se declare la nulidad de las
Resoluciones 161 del 19 de septiembre de 2007 y 00014 de 15 de febrero de 2008,
por medio de las cuales se ordenó el decomiso del tractocamión marca MACK, línea
CH613, modelo 1991, de placas CON 125 de Los Patios.

116. Se tiene que, como consecuencia de la anterior declaración, solicitó a título de
restablecimiento del derecho, se reconozca el valor comercial actualizado del
tractocamión y el lucro cesante dejado de percibir, en la siguiente cuantía10:

“[…] El H. Tribunal Administrativo de Santander es competente para conocer
de la presente demanda en primera instancia, por razón de la naturaleza y
objeto de la controversia, y la cuantía de la pretensión que estimo en una suma
no inferior a 250.000.000, puesto que el valor comercial del vehículo incautado

10 Folios 66 y 67 C 1.

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es de aproximadamente 160 millones de pesos, más el lucro cesante -para
cuya cuantificación se tendrá en cuenta que el tractocamión fue inmovilizado
hace doce (12) meses y que mensualmente producía alrededor de 8.000.000
mensuales […]”.

117. Al momento de interponer la demanda, año 2008, el salario mínimo mensual
legal vigente era $461.500, por lo que los tribunales administrativos conocían de las
demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que superaban los
$138.450.000.

118. En este sentido, para la Sala es claro que como quiera que en el presente caso
la cuantía excede los trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales, le
correspondía al Tribunal Administrativo de Santander conocer y desatar la
controversia planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 antes
citado.

119. Por lo anterior, no le asiste razón al recurrente cuando señaló que el a quo
desconoció las normas de competencia para decidir sobre las pretensiones de la
demanda.

120. Ahora, la Sala advierte que si bien es cierto que en el acápite de competencia
el Tribunal citó erróneamente los artículos 133 numeral 1º11 y 181 del CCA, también
lo es que tal mención en nada altera la competencia ejercida por el Tribunal
Administrativo de Santander y, mucho menos, tiene la entidad para revocarla.

VI.2.3. Análisis del caso concreto

121. La Sala abordará los argumentos de inconformidad del recurrente en lo relativo
a la violación del debido proceso y a la falsa motivación, desviación de poder y
vulneración al principio de Buena fe, de la siguiente manera:

VI.2.3.1. Violación al debido proceso administrativo

122. En lo relacionado con la presunta violación del debido proceso, el recurrente
presentó argumentos de apelación en cuanto a: (i) la autoridad aduanera no precisó
los hechos objeto de investigación; (ii) no se aplicaron las leyes preexistentes al acto
objeto de investigación; (iii) se practicaron pruebas por fuera del procedimiento
administrativo, lo que impidió al demandante controvertirlas y; (iv) se desconoció la
cosa juzgada administrativa.

11 Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Artículo 133. “[…] Los tribunales
administrativos conocerán en segunda instancia: 1. De las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas
en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un
efecto distinto del que corresponda […]”.

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VI.2.3.1.1. Hechos objeto de investigación

123. El recurrente argumentó que “[…] nunca se supo exactamente cuáles eran los
hechos objeto de investigación […]” y que, como consecuencia de ello, se
desconoció su derecho de audiencia y defensa.

124. Sobre el particular, el a quo, consideró que, de la revisión de los actos acusados,
se puede advertir que los hechos de detención, aprehensión y decomiso del
automotor de propiedad del demandante sí fueron consignadas con suficiente
claridad.

125. Además, que dichos hechos y causales fueron puestos en conocimiento del
interesado, por lo que el demandante tuvo la oportunidad de pronunciarse frente a
los mismos, lo que descarta la vulneración al debido proceso bajo la causal
analizada.

126. Para resolver, la Sala encuentra demostrado que el día 4 de junio de 2007
funcionarios del Grupo de Inteligencia y Policía Judicial de la Policía Fiscal y
Aduanera, procedieron a inmovilizar el tractocamión de placas CON 125 cuando
circulaba en la vía que de Bucaramanga conduce a Cúcuta, a la altura del kilómetro
12, en el sitio denominado Alto de los Padres.

127. Se desprende del acta inmovilización que dicha verificación se realizó al
constatarse incongruencias en la descripción del vehículo, puntualmente, en tanto
que en el VIN americano se plasmó que el modelo del automotor correspondía al
año 1991 y que en la tarjeta de propiedad se muestra como modelo 1993; así
mismo, en la declaración de importación se consignó que el vehículo corresponde
a un modelo de 1993, mientras que físicamente y según el VIN americano,
corresponde a un modelo de 199112. Los motivos de inmovilización fueron reiterados
en oficio 161 de 5 de junio de 2007:

“[…] la Dirección de Policía Fiscal Aduanera -Grupo Operativo
Bucaramanga-, procedió a inmovilizar el vehículo marca Mack de
placas CON 125 de Los Patios (N. de S/der), por las siguientes razones:
Inconsistencias en el modelo del automotor, atendiendo que acorde con
el VIN Americano, el modelo corresponde a 1991, en tanto que el
registrado en la tarjeta de propiedad es 1993 […]”.

128. Aunado a lo anterior, se tiene que el 9 de agosto de 2007, la Subdirección de
Fiscalización Tributaria y Aduanera, procedió a practicar la diligencia de
aprehensión del vehículo al haber encontrado inconsistencias en su identificación y
descripción, en dicha oportunidad se reafirmó como causal de aprehensión la
inconsistencia en la descripción del automotor y, se adicionó, las relativas a la
omisión de licencia previa que autorice la importación, inexistencia del importador,

12 Folio 6 C pruebas.

21

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y la realización de los trámite de importación y matrícula sin autorización de quien
figura como importador13.

129. En lo que tiene que ver con los actos administrativos de decomiso, esto es, las
Resoluciones 161 del 19 de septiembre de 2007 y 00014 de 15 de febrero de 2008,
la Sala encuentra lo siguiente14:

“[…] Para demostrar la legalidad del automotor en el país, fue aportada
fotocopia de la declaración de importación con sticker No. 03525-010193672
fecha 25/02/1994 (f. 7), donde figura como importador el señor ORLANDO
BUITRAGO MHECHA identificado con NIT 12.542.022, la cual describe:
"MERCANCÍA USADA-GRUAS. MARCA MACK MODELO CH.613 AÑO DE
FABRICACIÓN 1.992 MODELO 1.993 MOTOR: 5470M-0325-2043. CHASIS.
1M2AA12YIMW0114059. Nótese que difiere del estudio técnico en el número
del motor 1106128 (regrabado) y del chasis automotor cuya serie corresponde
a la 1M2AA12Y1MW014059 y no como figura en la declaración.

Ahora, de acuerdo a la diligencia de exposición rendida por el pretendido
importador ORLANDO BUITRAGO MAHECHA identificado con C.C. […] cuya
copia obra a folios 27 y 28, al preguntarle: "Sírvase manifestar si entre el mes
de febrero de 1994 y mayo de 1995 ha realizado importaciones por alguna
administración de impuestos y aduanas nacionales del país?". Contestó:
"Nunca he realizado nada de lo que usted me está explicando yo nunca
he hecho nada de eso; yo me he dedicado toda mi vida a realizar labores
de mecánico y oficios varios lo que me salga". Al preguntar: "Sírvase
decirnos si usted es representante legal de alguna empresa que importe
maquinaria pesada o otros tipos de mercancía de origen extranjero?
Contestó: No yo nunca he hecho nada de lo que usted me está diciendo
yo he trabajado toda mi vida y lo poco que tengo me lo he ganado". Al
preguntar: "Sírvase manifestar si usted a otorgado algún poder o documento
a alguna persona para que realice alguna clase de importación o ha firmado
documentos en blanco". Contestó: "Como hace doce años un señor de
nombre EDUARDO GRANADOS nosotros le hacíamos mantenimiento a los
carros del señor en que yo trabajaba con el señor MIGUEL HERRERA ya
fallecido y me desempeñaba como ayudante del señor HERRERA"....Al
preguntarle: "Sírvase decirnos si tiene algo más que agregar corregir o
enmendar a la presente diligencia?, contestó: "Si que yo firme un papel en la
notaría pero no sabía para que era por lo cual desconozco acerca de algunas
importaciones o maquinaria pesada que ha ingresado al país....., yo en este
momento no tengo ningún bien pago arriendo y ......”

Así las cosas, no resulta jurídicamente viable que se decida entregar un bien
ilegalmente importado; definitivamente no; ello llevaría al terreno de la
ilegalidad y a dar visos de aparenten cumplimiento de las normas en una
operación comercio exterior, por el solo hecho de realizar transferencias de
dominio; las normas son claras en disponer que el documento idóneo para
amparar los bienes de la procedencia anotada es la declaración de
Importación que ha surtido todos los trámites de Ley; documento que si bien
en principio obra en el expediente, se trató de comprobar su veracidad
llamando a rendir declaración al presunto importador quien manifiesta que no
realizó la importación del vehículo, luego se puede concluir que no se dio el
trámite de Ley y por ende no podía haber libre disposición de los bienes […]”.

13 Folios 4 y ss C pruebas.
14 Folios 14 y 15, 31 y 32 C 1.

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Expediente No. 68001-23-31-000-2008-00340-02
Demandante: Luis Fernando Durán Durán
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[…]

“[…] en desarrollo de las funciones de fiscalización y control, y en colaboración
con el Grupo de Policía Judicial de la Policía Fiscal y Aduanera de
Barranquilla, y de la autoridad competente, se adelantaron las diligencias que
permitieran confirmar la veracidad de la declaración de importación
presentada y la identificación del vehículo puesto a disposición, mediante las
cuales se encontraron algunas irregularidades que fueron confirmadas
posteriormente en la práctica de pruebas ordenada mediante auto No.
0049 del 26 de octubre de 2007, por lo cual de conformidad con el
concepto técnico emitido por la Sección Criminalística del CTI de la
Fiscalía (fl. 212), el modelo del vehículo decomisado corresponde al año
1991, de acuerdo con los datos obtenidos del número de identificación
VIN presente en el cabezote, y que de igual forma permite determinar
que fue ensamblado en Pensilvania Estados Unidos, y además de
acuerdo con los estudios técnicos practicados por el Grupo
Automotores de la Seccional de Policía Judicial y el CTI de la Fiscalía
(fls. 30, 190), también se encontró que el número de identificación del
motor se encuentra regrabado: "El guarismo del motor presenta alteración
por restampación ya que la morfología numérica no corresponde a la utilizada
por la casa fabricante.", quedando así este motor sin identificación técnica
[…]” (Negrillas fuera de texto).

130. De lo anterior, la Sala considera que, contrario a lo afirmado por el recurrente,
los hechos objeto de investigación fueron dados a conocer con claridad y
suficiencia, razón por la cual el argumento de apelación no está llamado a prosperar.

VI.2.3.1.2. Aplicación de las leyes preexistentes al acto objeto de investigación

131. El recurrente, en primer lugar, expresó que el procedimiento adelantado para
declarar la aprehensión y el decomiso del automotor se basó en el Decreto 2685 de
1999, desconociendo que por tratarse de un vehículo importado en 1994 esta no
era la norma aplicable, sino el Decreto 1909 de 1992.

132. En segundo lugar, se refirió al control posterior de fiscalización, en el entendido
que el mismo tiene límites, por lo que la autoridad aduanera no puede después de
10 años realizar una nueva verificación de las causales de aprehensión y decomiso,
en desmedro de un poseedor de buena fe.

133. Precisó que lo que habría que entender y analizar son las circunstancias de
modo y tiempo en cada caso particular, porque efectivamente las facultades de
fiscalización y control de la DIAN en materia aduanera, establecidas en el artículo
62 del Estatuto Aduanero, son claras, pero no pueden observarse de tal suerte que
no tengan límites.

134. Agregó que el poder adelantar las investigaciones que estime convenientes para
establecer la práctica de hechos que impliquen la inobservancia de los
procedimientos aduaneros, verificar la exactitud de las declaraciones y demás
documentos presentados, así como ordenar en cualquier momento la inspección

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física de la mercancía de procedencia extranjera, aun cuando hayan sido
transformadas o incorporadas a otras mercancías, tiene límites que fueron
desconocidos por la autoridad aduanera al ejercer el control de fiscalización.

135. Finalmente y, en tercer lugar, argumentó que el vehículo no se introdujo de
contrabando porque a pesar del tiempo transcurrido y los cambios realizados aún
se contaba con todos los documentos debidamente diligenciados, la mercancía
decomisada estaba consignada en los documentos aportados, las transacciones
comerciales se hicieron por los medios oficiales y legales, y se encontraba al día en
impuestos, “[…] todo lo cual prueba que nunca hubo la Intensión de defraudar al
estado colombiano y que lo que se observa es una diferencia en la numeración del
motor en un dígito, producto quizás de un simple error de transcripción […]”.

136. Para resolver, la Sala se pronunciará frente a cada uno de los argumentos:

(i) Norma aplicable

137. La Sala observa que la autoridad administrativa realizó control posterior
aduanero sobre el tractocamión de placa CON 125, mercancía que fue importada
en el año 1994, actividad de fiscalización que si bien es cierto se ejerció en el año
2007, también lo es que se fundamentó en lo dispuesto en el Decreto 2685 de 1999.

138. Al respecto, la Sala advierte que la verificación de la obligación aduanera y el
ejercicio de control de fiscalización implica un proceso detallado de revisión de los
aspectos legales y fiscales, que los mismos se encuentren de conformidad con las
disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

139. Se trata de la aplicación del principio de legalidad en el contexto aduanero, el
cual busca asegurar que todas las actividades y procedimientos relacionados con
las obligaciones de esta naturaleza se realicen de acuerdo con las leyes y
regulaciones aplicables en el momento específico de la operación, garantizando un
proceso transparente y conforme a la normativa vigente.

140. Para la revisión de dichos aspectos la autoridad administrativa debe observar la
fecha de la ocurrencia de la operación comercial y el momento del ejercicio del
control aduanero, en aras de aplicar el procedimiento y las normas sustantivas que
consagran la obligación.

141. En cuanto al procedimiento administrativo, la Sala recuerda que se trata del
conjunto de actuaciones y trámites que deben seguir las autoridades para llevar a
cabo sus funciones y tomar decisiones en el ámbito administrativo. La correcta
aplicación de este procedimiento es esencial para garantizar la legalidad,
transparencia y justicia en la actuación de la administración pública.

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142. En lo atinente a las normas sustantivas, se tiene que ellas se refieren al
contenido o sustancia de las leyes, en donde se establecen los derechos, deberes,
obligaciones y responsabilidades de las partes.

143. No debe olvidarse que las normas procesales que aluden a ritos, formas o
procedimientos, tienen vigencia inmediata, mientras que las normas sustantivas
o relativas a derechos y garantías de las personas, estén en una ley sustancial
o en una ley procesal, no tienen este tipo de vigencia en virtud del principio de
legalidad.

144. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, por lo que
las actuaciones no iniciadas en vigencia de esta se regirán por la norma posterior.

145. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones.

146. Al respecto, encontramos lo consagrado en los artículos 39 y 40 de la Ley 153
de 1887 que disponen a la letra:

“[…] Artículo 39. Los actos o contratos válidamente celebrados bajo el
imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra, por los medios
que aquella establecía para su justificación; pero la forma en que debe
rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se
rindiere […]”.

“[…] Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente
en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo
que la ley elimine dicha autoridad […]".

147. Las anteriores reglas tienen por finalidad proteger a los ciudadanos de los
cambios normativos, garantizándoles mecanismos que faciliten su adaptación a la
nueva realidad jurídica.

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148. En el caso de la regulación aduanera, la Sala encuentra una transición
normativa entre los Decretos 1909 de 199215 y 2685 de 199916, en la medida en que
el primero entró en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial, esto es, el día
27 de noviembre de 1992, pero perdió obligatoriedad el 1º de julio del año 2000, con
ocasión a su derogatoria por el artículo 571 del mencionado Decreto 268517.

149. En este sentido, los actos concernientes a la sustanciación y ritualidad de los
procedimientos administrativos aduaneros de la nueva disposición prevalecen sobre
la anterior desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, las
normas sustantivas relativas a la obligación aduanera y el régimen de decomiso y
aprehensión aplicable es el vigente al momento de la operación comercial, tal y
como el propio artículo 569 del Decreto 2685 de 1999 lo estableció:

“[…] Artículo 569 Transitorio. Regímenes Aduaneros. Las declaraciones
presentadas con anterioridad al 1º de julio del año 2000, se tramitarán de
conformidad con las disposiciones vigentes hasta antes de dicha fecha,
salvo lo relacionado con la modificación de la Declaración, a la cual se le
aplicarán las disposiciones contempladas en el presente Decreto […]”
(negrillas fuera de texto).

150. Por lo tanto, si el tractocamión de placa CON 125 fue importado antes de la
entrada en vigencia del Estatuto Aduanero contenido en el Decreto 2685 de 1999,
las disposiciones aplicables para la legal introducción al país de la mercancía y el
régimen para verificar el mismo serán las establecidas en el Decreto 1909 de 1992,
en la mediada que el referido Decreto 2685 no se puede aplicar retroactivamente,
tal y como se explicó con anterioridad.

151. El artículo 29 de la Constitución Política, esencial en el marco de cualquier
sistema jurídico, busca garantizar que las partes involucradas en un proceso sean
tratadas conforme a las disposiciones vigentes al momento de los hechos
controvertidos.

15 “por el cual se modifica parcialmente la legislación aduanera”.
16 “por el cual se modifica parcialmente la legislación aduanera”.
17 Artículo 571. Deróguense las siguientes disposiciones: Los artículos 258 y 259 de la Ley 79 de 1931, el

artículo 4 del Decreto 175 de 1978, los artículos 7 al 10 y 12 al 14 del Decreto 667 de 1983, los artículos 3, 9,
21, 42, 46 a 53, 64, 76 a 84,138 a 143, 195 a 203, 214, 215, 221 a 225, 229, 231 a 241, 255 a 284, 291 a 308,
313 a 325 y 327 del Decreto 2666 de 1984 con las modificaciones introducidas a los mismos por los Decretos
2758 de 1985, 392, 755, 1144 y 1622 de 1990; 794, 1740 y 1741 de 1991, el Decreto 1538 de 1986, salvo los
artículos 7 y 24, el Decreto 2057 de 1987, los Decretos 11 y 40 de 1988, los artículos 12 y 13 del Decreto 1657
de 1988 modificados por el Decreto 915 de 1990, los Decretos 298, 2274 y 2352 de 1989, los artículos 46 a 48
del Decreto 755 de 1990, el artículo 14 del Decreto 1622 de 1990, el Decreto 3058 de 1990, los artículos 4, 10
a 25, 30 a 33 del Decreto 3059 de 1990, los Decretos 1750, 2687 y 2817 de 1991 y las normas que los
modifiquen o adicionen, los Decretos 476, 1105, 1357, 1706, 1707 y 1909 de 1992 y las normas que los
modifiquen o adicionen, los Decretos 1546, 1851 y 2614 de 1993 y las normas que los modifiquen o adicionen,
los Decretos 420, 513, 1134, 1672, 1800, 1903, 1934, 2347, 2532 y 2799 de 1994 y las normas que los
modifiquen o adicionen, los Decretos 197, 550, 1039, 1142, 1285, 1812 y 2349 de 1995 y las normas que los
modifiquen o adicionen, los Decretos 1220, 1600, 1828, 2184, 2295, 2339 de 1996 y las normas que los
modifiquen o adicionen y los artículos 34 a 50 del Decreto 2233 de 1996 sólo en lo relativo a los bienes, los
Decretos 83, 1569, 1960, 2554, 2968 de 1997, los artículos 16 a 20 del Decreto 1000 de 1997, y el Decreto 393
de 1999.

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152. La aplicación retroactiva de una norma sustantiva genera incertidumbre jurídica,
menoscabando la confianza y previsibilidad que los particulares y entidades
depositan en el sistema legal. Con ello, se corre el riesgo de causar perjuicios
sustanciales a quienes se ven afectados por dicha aplicación, sin haber tenido
oportunidad de adecuar sus conductas a tal disposición en el momento en que
acontecieron los hechos.

153. En el caso de autos se tiene que el señor Orlando Buitrago Mahecha presentó
en el Banco de Colombia el día 25 de febrero de 1994 la declaración de importación
No. 940109008509818, con número de manifiesto 39100845 de esa misma fecha, y
número de levante 39170000204, correspondiente al automotor marca Mack,
modelo CH61, año de fabricación 1992, modelo 1993, servicio particular, con motor
número 5470M-03.25-2403, Cabina 1M2AA12Y1MW014059, Chasis
1M2AA12Y1MW014059, color amarillo.

154. Como bien lo precisó el Tribunal de instancia, lo anterior permite concluir que la
para época de la presentación de la declaración de importación la norma vigente
correspondía al Decreto 1909 de 1992, ello en lo relativo a las disposiciones
sustanciales de la obligación aduanera.

155. Si bien es cierto que la declaración de importación se encontraba sometida los
requisitos de la referida disposición, también lo es que la definición de la situación
jurídica del tractocamión ser realizó en el año 2007, por lo que, en cuanto al
procedimiento, la norma que se debía observa era el Decreto 2685 de 1999, tal y
como se explicó líneas atrás.

156. De la revisión de la actuación administrativa, la Sala corrobora que la autoridad
aduanera, con fundamento en los artículos 469 y siguientes del Decreto 2685 de
1999, que consagra las facultades de fiscalización y control posterior, adelantó la
investigación necesaria para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas
aduaneras vigentes al momento de la importación.

157. Debe resaltarse que la DIAN en colaboración con el Grupo de Policía Judicial
de la Policía Fiscal y Aduanera, adelantó las diligencias que permitieran confirmar
la veracidad de la declaración de importación presentada y la identificación del
vehículo que fue puesto a disposición.

158. Se desprende de los actos acusados que, si bien es cierto que en principio se
hizo referencia a la causal de aprehensión y decomiso consagrada en el artículo
502 del Decreto 2685 de 1999, también lo es que dicha referencia fue corregida en
dichas decisiones, fundamentándose la orden de decomiso en el artículo 22 de la
Decreto 1909 de 1992 en concordación con el artículo 72 ibidem, al considerar lo
siguiente:

18 Folio 43 C pruebas.

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“[…] a través del Grupo de Policía Judicial de la Policía Fiscal y Aduanera de
Barranquilla, se recibió la declaración del señor ORLANDO BUITRAGO
MAHECHA con C.C. […], presunto importador del vehículo, quien manifestó
no haber realizado ningún trámite de importación para la fecha de la
declaración aportada:

"PREGUNTADO: ¿Sírvase manifestar si entre el mes de febrero de 1994 y
mayo de 1995 ha realizado importaciones por alguna administración de
impuestos y aduanas nacionales del país? CONTESTADO: Nunca he
realizado nada de lo que usted me está explicando yo nunca he hecho nada
de eso; yo me he dedicado toda mi vida a realizar labores de mecánico y
oficios varios lo que me salga", por lo cual se tiene que si quien presuntamente
realizó la importación del vehículo está reconociendo no haberlo hecho,
aunque se está frente a un posible delito de falsedad el cual es competencia
de la Fiscalía General de la Nación, es a la DIAN en materia administrativa, a
quien le compete determinar si la mercancía de origen extranjero entró al
territorio aduanero nacional con el cumplimiento de todas las normas
vigentes para la fecha de la importación, siendo en este caso la
regulación comprendida en el Decreto 1909 de 1992, el cual en su art. 22
consagraba los requisitos de la declaración de importación, así:

"Decreto 1909 de 1992. Art. 22. Contenido de la Declaración de
Importación. La declaración de importación deberá contener, por lo menos,
los siguientes datos: identificación y ubicación del importador y del declarante
autorizado; modalidad de la importación; información del documento de
transporte; descripción de la mercancía; subpartida arancelaria; cantidad;
unidad; peso; valor; seguros y fletes; país de origen; así como la liquidación
privada de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar y su
forma de pago; el fundamento de la exención, el tratamiento preferencial, y la
firma de quien deba suscribir la declaración. Lo anterior sin perjuicio de la
información adicional que solicite la Aduana para identificar la mercancía y
verificar el cumplimiento de las normas aduaneras."

Por lo cual, del análisis de estos hechos, se puede deducir que independiente
del presunto delito de falsedad, que puede originarse por la ocurrencia de
estos hechos, es 01019367-2 del 25 de febrero de 1994, con la cual se
persigue amparar la mercancía decomisada, no cumplió con los requisitos
exigidos en la normatividad aduanera vigente para la fecha de la
importación, es decir, el Decreto 1909 de 1992 […]”.

“[…] Así, el presunto importador, ha sido claro en manifestar expresamente
que nunca ha realizado trámite alguno de importación y por lo tanto, aunque
haya manifestado de igual forma que en algún momento recuerda haber
firmado algunos documentos en la notaría, también manifiesta desconocer
cuál sería su uso, lo cual no corresponde a la DIAN determinar si fueron estos
documentos los utilizados para la comisión de la presunta falsedad sino el
hecho de su reconocimiento expreso de no haber realizado la importación,
faltando así a uno de los requisitos de la declaración de importación
contemplados en el art. 22 del Decreto 1909 de 1992, como lo es la
identificación y ubicación del importador […]” (Negrillas fuera de texto).

159. En suma, la Sala encuentra que la autoridad aduanera aplicó el procedimiento
administrativo de fiscalización posterior, esto es, el vigente al momento de la
actuación de control aduanero (Decreto 2685 de 1999) y, en lo atinente a la
verificación de las normas sustanciales aplicó la norma a vigente al momento de la

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declaración de importación (Decreto 1909 de 1992), en cuanto a la obligación
aduanera y la causal de aprehensión.

160. Por lo anterior, el a quo acertó al señalar para que la DIAN observó en la
verificación de la obligación aduanera con ocasión de la importación del
tractocamión de placas CON 125, la norma vigente en el año 1994, esto es, el
Decreto 1909 de 1992. Y, además, aplicó el trámite vigente en el procedimiento de
definición de la situación jurídica, norma procesal contendida en el Decreto 2685 de
1999, razón por la cual el argumento de apelación tampoco está llamado a
prosperar.

(ii) La obligación aduanera y el control posterior de fiscalización

161. La Sala recuerda que la obligación aduanera nace por la introducción de la
mercancía de procedencia extranjera al territorio nacional y comprende la
presentación de la declaración de importación, el pago de los tributos aduaneros y
de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar
los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las
autoridades, atender las solicitudes de información y pruebas y, en general, cumplir
con las exigencias, requisitos y condiciones establecidas en las normas
correspondientes.

162. La importación de mercancías implica una serie de obligaciones que los
operadores comerciales deben cumplir rigurosamente. Esta amalgama de deberes,
conocida como obligación aduanera, establece un marco regulatorio que busca
garantizar el cumplimiento de requisitos legales y fiscales al momento de introducir
productos en el territorio de un país.

163. Dicha obligación surge en el instante mismo en que se ejecuta la importación y
comprende un conjunto de responsabilidades, las cuales no se extinguen con la
mera declaración y nacionalización de las mercancías correspondiéndole a la
autoridad administrativa la verificación de ellas, inclusive con posterioridad.

164. En efecto, la autoridad administrativa tiene la responsabilidad de verificar el
cumplimiento de estas obligaciones al momento de la importación o, incluso,
después de que se haya completado el referido proceso, esto es, después de que
las mercancías ya se encuentren en el territorio nacional.

165. Elcontrol posterior, también conocido como fiscalización, se lleva a cabo
después de la nacionalización de las mercancías. Su propósito es determinar el
cumplimiento de las obligaciones aduaneras por parte de los usuarios, así como la
exactitud de los datos consignados en las declaraciones presentadas durante un
período determinado.

166. Este procedimiento tiene como objetivo principal verificar que todas las
obligaciones aduaneras hayan sido atendidas correctamente. En este sentido, es

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válido que los funcionarios encargados de la fiscalización revisen las declaraciones
de importación que hayan obtenido el levante, incluso si estas ya han sido objeto de
inspección aduanera por parte de los funcionarios de las Divisiones de Operación
Aduanera de las Direcciones Seccionales y, como resultado de esta revisión, se
pueden iniciar procedimientos administrativos que incluyen decomisos,
liquidaciones oficiales o la imposición de sanciones, según corresponda.

167. Sobre el particular, la Sala pone de presente que numerosas sentencias
proferidas por esta Corporación19, han señalado que el ejercicio de la facultad del
control posterior aduanero de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es
intemporal, entre ellas la sentencia de fecha 13 de agosto de 2009 20, en la cual se
plasmó la siguiente consideración:

“[…] Alega la actora que la Administración desplegó su actividad en materia
aduanera, desconociendo en forma unilateral la firmeza de los actos
administrativos por ella previamente expedidos (certificaciones de fecha 15
y 23 de julio de 1993, firmadas por los doctores Marbel Ariza –la primera- y
Marbel Ariza e Iván Herrera Michel la segunda), en las cuales aceptaron las
solicitudes de corrección. Respecto de este punto, ya se dijo, que el levante
de la mercancía como la aceptación de la solicitud de corrección y la
expedición de las certificaciones no es obstáculo para que la DIAN pudiera
iniciar la correspondiente investigación, como en efecto lo hizo al proceder
a requerir a la declarante mediante Oficio núm. 0027 de 26 de octubre de
1999, para que aportara los documentos que demostraran la legalización, o
en su defecto, colocara las mercancías a disposición de la autoridad
aduanera, en razón de que la aludida entidad, por disposición legal
puede ejercer, en cualquier momento, la facultad fiscalizadora […]”
(Negrillas fuera de texto).

168. Así pues, esta facultad de la autoridad administrativa para ejercer el control
posterior resulta relevante en la gestión aduanera, en la medida que el
aseguramiento de que las operaciones de importación se ajusten plenamente a las
normativas y requisitos legales, brinda un mecanismo eficaz para detectar posibles
irregularidades que puedan haber pasado desapercibidas en etapas previas del
proceso.

169. Por lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón a la recurrente cuando
señaló que la DIAN no podía ejercer el control posterior de fiscalización y que, con
ello, se desconoció la firmeza de la declaración de importación, en desmedro de un
poseedor de buena fe.

19 Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 23 de mayo de 2003, Radicación 25000-23-27-000-

1999-00947-01(7169), C.P. Camilo Arciniegas Andrade; 4 de febrero de 1999, Radicación CE-SEC1-EXP1999-
N5088, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz; 27 de enero de 2000, Radicación CE-SEC1-EXP2000-N5425, C.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 4 de mayo de 2001, Radicación 76001-23-24-000-1998-0672-01(6664), C.P.
Olga Inés Navarrete Barrero; 22 de marzo de 2007, Radicación 76001-23-31-000-2001-01864-01, C.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; 31 de octubre de 2002, Radicación 66001-23-31-000-1999-00792-01(7346), C.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 25 de mayo de 2000, Radicación CE-SEC1-EXP2000-N5537, C.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; y 18 de mayo de 2000, Radicación CE-SEC1-EXP2000-N4193, C.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; y Corte Constitucional, C-952 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
20 Consejo de Estado, Sección Primera, de 13 de agosto de 2009, Radicación 08001-23-31-000-2002-01063-

01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

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Expediente No. 68001-23-31-000-2008-00340-02
Demandante: Luis Fernando Durán Durán
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

170. Es importante subrayar que el control posterior no solo está diseñado para
corregir errores o incumplimientos, sino también para fortalecer la confianza en el
sistema aduanero al posibilitar que las autoridades revisen y verifiquen las
operaciones después de su conclusión, fomentando la transparencia y disuadiendo
cualquier intento de eludir las responsabilidades legales.

171. Cabe advertir que el ejercicio del control posterior no implica una presunción de
irregularidad por parte de los operadores comerciales, en lugar de eso, constituye
una medida preventiva y correctiva que busca mantener la integridad del sistema
aduanero y asegurar que todas las partes involucradas cumplan con sus
obligaciones de manera adecuada, razón por la cual los argumentos del recurrente
no están llamados a prosperar.

(iii) Verificación de la obligación aduanera

172. En cuanto a la declaración de importación, el artículo 22 del Decreto 1909 de
1992 dispone que la misma deberá contener, por lo menos, los siguientes datos:
identificación y ubicación del importador y del declarante autorizado; modalidad de
la importación; información del documento de transporte; descripción de la
mercancía; subpartida arancelaria; cantidad; unidad; peso; valor; seguros y fletes;
país de origen; así como la liquidación privada de los tributos aduaneros y de las
sanciones a que haya lugar y su forma de pago; el fundamento de la exención, el
tratamiento preferencial, y la firma de quien deba suscribir la declaración.

173. Por su parte, el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, establece que se
considera que la mercancía no fue declarada, “[…] cuando no se encuentra
amparada por una declaración de importación, cuando en la declaración se haya
omitido la descripción de la mercancía o ésta no corresponda con la descripción
declarada, o cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la
declaración […]” (Negrillas fuera de texto).

174. Teniendo en cuenta lo anterior y como se precisó en los numerales anteriores,
de la revisión de la actuación administrativa surtida por la DIAN se desprende que
el día 4 de junio de 2007, la Dirección de Policía Fiscal Aduanera Grupo Operativo
Bucaramanga-, inmovilizó el vehículo de marca Mack de placas CON 125 de Los
Patios por no acreditarse su legal importación debido a: (i) incongruencias en el
modelo del automotor frente a la tabla del VIN americano; (ii) inconsistencias
relacionadas con la falta de un dígito de la serie entre la cabina y el chasis y; (iii) la
versión rendida por el presunto importador quien informaba no haber realizado la
importación del vehículo.

175. Se advierte que mediante oficio 179 del 27 de julio de 2007, el Grupo de
Automotores Seccional SIIN del Departamento de Policía de Santander remitió
dictamen técnico en el que se describe el vehículo de la siguiente forma: Clase:
TACTOCAMION, Marca MACK, Tipo REMOLQUE, Color: AMARILLO, Modelo:

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Expediente No. 68001-23-31-000-2008-00340-02
Demandante: Luis Fernando Durán Durán
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

1993, Motor 11066128 (RECGRABADO), Serie 1M2AA12Y1MW014059
(ORIGINAL), Chasis 1M2AA12Y1MW014059, Placas CON-125 (ORIGINALES)",
como conclusiones se considera que “[…] el automotor motivo de estudio, se puede
identificar técnicamente con los números de chasis y serie que presenta en la
actualidad, el motor no se puede identificar técnicamente […]”21.

176. Con posterioridad, el 15 de noviembre de 2007, la Fiscalía General de la Nación
dictaminó que el motor del vehículo quedó sin identificación por presentar alteración
en el número que lo identifica"22.

177. Asimismo, se precisó que también existen inconsistencias en el número del
modelo de automotor, pues en la declaración de importación se registra que el
vehículo es modelo 1993 y que de la verificación de este se determinó por parte de
la Sección de Criminalística de la Fiscalía, que era modelo 1991.

“[…] Para el caso que nos ocupa la serie de chasis o VIN corresponde a la serie
1M2AA12V1MW014059; letra "M" en este caso la tabla indica que corresponde
al año modelo 1991 y el primer grupo del guarismo 1M2 indica que es
ensamblado en Pensilvania Estados Unidos […]"23.

178. Para demostrar la legalidad del tractocamión, se aportó la declaración de
importación24 con sticker 03525-01019367-2 de fecha 25 de febrero de 1994 donde
aparece como importador el señor Orlando Buitrago Mahecha y se describe la
mercancía de la siguiente manera “[…] mercancía usada-grúas y cables aéreos
(blondines) puentes rodantes pórtico de descarga o manipulación puente grúa
carretilla puente y carretilla grúa. las demás máquinas y aparatos autopropulsados
sobre neumáticos. grúa, marca mack modelo ch.613 año de fabricación 1.992
modelo 1.993 servicio particular precio cuando nueva US $12.000.00 precio actual
en el mercado US $18.000.00, motor: 5470M-0325-2403, cabina
1M2AA12Y1MW014059, chasis. 1M2AA12Y1MW0114059, color amarillo […]".

179. Bien lo consideró el a quo cuando señaló que, comparados el estudio técnico y
declaración de importación, se encuentra que el inserto en el chasis que según el
estudio corresponde a la serie 1M2AA12Y1MW014059 mientras que en la
declaración de importación aparece como 1M2AA12Y1MW0114059.

180. La Sala pone de presente que tanto la autoridad aduanera como el a quo
tuvieron en cuenta la conversión del automotor de grúa a tractocamión y el cambio
de motor, no obstante, se cómo se evidencia fueron otras inconsistencias, diferentes
a la identificación del motor, las que llevaron a la aprehensión y decomiso del mismo.

21 Folios 30 y 31 C pruebas.
22 Folios 190 y 191 C pruebas.
23 Folio 212 C pruebas.
24 Folio 7 C pruebas.

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Expediente No. 68001-23-31-000-2008-00340-02
Demandante: Luis Fernando Durán Durán
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181. Ahora, no debe pasarse por alto que en la versión libre de la persona que se
consigna como importadora el día 23 de julio de 2007, señor Orlando Buitrago
Mahecha, en la que manifestó no haber realizado a importación del automotor,
indicando:

"[…] Sírvase manifestar si entre el mes de febrero de 1994 y mayo de 1995
ha realizado importaciones por alguna administración de impuestos v
aduanas nacionales del país? Contestó: Nunca he realizado nada de lo
que usted menciona yo nunca he hecho nada de esos, yo me he dedicado
toda mi vida a realizar labores de mecánico y oficios varios, lo que me salga.
¿Sírvase decirnos si usted es representante legal de alguna empresa
que importe maquinaria pesada a otros tipos de mercancía de origen
extranjero? Contestó: Yo nunca he hecho nada de lo que usted me está
diciendo […] (Negrillas fuera de texto).

182. En cuanto a la presunta falsedad en la declaración rendida y aportada al proceso
administrativa, la Sala estima que acertó la autoridad aduanera cuando precisó que
“[…] es un campo que no le compete, pues serán las autoridades como las Penales
a quienes les corresponderá dicha finalidad […]”.

183. Cabe resaltar que dentro del expediente obra copia de la actuación penal ante
la Fiscalía General de la Nación, de la cual se desprende que, si bien es cierto que
el señor Luis Fernando Durán Durán presentó denuncia por falsedad señor Orlando
Buitrago Mahecha por la declaración rendida, también lo es que la misma fue
desistida por el ahora demandante.

184. Nótese que las mercancías introducidas al país, respecto de las cuales fue
autorizado su levante, teniendo en cuenta la declaración de importación que no
cumple con los requisitos sustanciales de la obligación aduanera, no pueden
considerarse como declaradas.

185. De acuerdo con el artículo 29 del Decreto 1909 antes citado, el levante de
mercancía corresponde a un acto en virtud del cual las autoridades aduaneras
autorizan a los interesados disponer de la mercancía atendiendo su ingreso al país
se realizó de conformidad con la legislación aduanera, esto es, cumpliendo los
requisitos y procedimientos exigidos por las normas aduaneras.

186. Ahora, en aquellos eventos en los cuales se demuestre que los presupuestos
de la declaración de importación no sean reales ni ciertos, con fundamento en el
ejercicio de la facultad fiscalizadora, la autorización de disposición de la mercancía
puede ser cancelada, como ocurrió en el caso en estudio.

187. Finalmente, la Sala pone de presente que la parte demandante no aportó
elementos que permitieran considerar que la mercancía fue importada legalmente,
por el contrario, guardó silencio frente al acta de aprehensión en sede administrativa
como judicial.

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Expediente No. 68001-23-31-000-2008-00340-02
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188. Nótese, entonces, que el automotor aprehendido no ingresó legalmente al
territorio nacional, toda vez que el tractocamión no se encuentra amparado por
una declaración de importación al no corresponder con la descripción
declarada, por lo que era procedente ordenar la aprehensión y decomiso del
mismo, tal y como en efecto lo realizó la DIAN en los actos acusados, razón por la
cual este argumento de apelación no está llamado a prosperar.

VI.2.3.1.3. Pruebas practicadas por fuera del procedimiento administrativo

189. El apoderado de la parte demandante afirmó que se recepcionó la versión libre
de quien aparece como importador, quien manifiesta no haber realizado la
importación en las fechas sobre las cuales se le indaga, declaración que no puede
constituir una prueba para declarar el decomiso del vehículo automotor, en el
entendido que la misma se obtuvo con violación al debido proceso al ser practicada
por fuera de la actuación administrativa y sin permitir que se controvirtiera.

190. Señaló que se le dio plena validez a la declaración del importador, con efectos
de certeza para declarar el decomiso del vehículo, “[…] pero además se hizo de
manera parcial, pues no se tuvo en cuenta la afirmación dada a continuación sobre
el hecho de haber firmado documentos en una notaría sin saber para qué era, en la
época en que se hizo la importación del tractocamión […]”.

191. Al respecto, la Sala recuerda que de conformidad con el artículo 62 del Decreto
1909 de 1992, la autoridad aduanera se encuentra habilitada para realizar las
acciones necesarias para verificar la exactitud de las declaraciones y demás
documentos presentados a la autoridad aduanera, tal y como se observa a
continuación:

“[…] Artículo 62. Facultades de fiscalización y control. Dentro de las facultades
de fiscalización y control con que cuenta la administración aduanera, la
Dirección de Aduanas Nacionales podrá:

[…]

b) Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer
la práctica de hechos que impliquen un menor pago de tributos aduaneros o la
inobservancia de los procedimientos aduaneros;

[…]

h) Recibir declaraciones, testimonios, interrogatorios, confrontaciones y
reconocimientos, y citar al usuario o a terceros para la práctica de dichas
diligencias […]” (Negrillas fuera de texto).

192. En este mismo sentido, el artículo 470 del Decreto 2685 de 1999, norma
vigente al momento del ejercicio de la facultad posterior de fiscalización,
dispuso:

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Expediente No. 68001-23-31-000-2008-00340-02
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Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

“[…] Artículo 470. Facultades de fiscalización y control. Dentro de las
facultades de fiscalización y control con que cuenta la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales podrá:

[…]

b) Adelantar las investigaciones que estime convenientes para
establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones
aduaneras, no declaradas.

[…]

h) Citar o requerir al usuario aduanero, a los auxiliares de la función aduanera,
o a terceros para que rindan testimonios o interrogatorios y recibir
declaraciones, testimonios, interrogatorios, confrontaciones y
reconocimiento, y citar al usuario o a terceros para la práctica de dichas
diligencias […]” (Negrillas fuera de texto).

193. Como se observa, los funcionarios de la DIAN que adelanten investigaciones
para la verificación de la obligación aduanera pueden practicar pruebas, sin que se
pueda afirmar que la única oportunidad probatoria permitida es al momento de la
definición de situación jurídica, desconociendo que antes de la aprehensión, puede
haber instrucción o diligencias previas, haciendo uso de las facultades de
fiscalización antes transcritas.

194. Con fundamento en lo anterior, la DIAN recepcionó el 23 de julio de 2007 la
declaración del importador, señor Orlando Buitrago Mahecha, quien puso de
presente que no había realizado el trámite de importación del tractocamión, tal y
como se transcribió en los acápites anteriores.

195. Dicha declaración quedó consignada en el acta de aprehensión 01562 FISCA
2007, frente a la cual el hoy demandante guardó silencio, esto es, no presentó la
objeción que consagra el artículo 505-1 del Estatuto Aduanera.

196. Acertó el a quo cuando señaló que una vez surtida la notificación del acta de
aprehensión al demandante mediante notificación por Estado No. 1599 fijado el 14
de agosto de 2007 y desfijado el 16 de agosto del mismo año, éste se abstuvo de
formular objeciones frente a las causales de aprehensión, lo que, aunado a la
práctica de las pruebas por parte de la DIAN, llevó a que se profiriera la Resolución
de decomiso.

197. Además, dicha declaración quedó incluida en los actos posteriores, esto es, en
la resolución que ordenó el decomiso y la resolución que desató el recurso de
reconsideración contra la primera, por lo que el demandante sí conocía la
declaración y tuvo la oportunidad de controvertirla.

198. De esta manera, la Sala concluye que la declaración fue practicada dentro
procedimiento administrativo, por funcionarios habilitados para ello y, sin el
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa alegado por el recurrente.

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Expediente No. 68001-23-31-000-2008-00340-02
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199. Finalmente, el demandante puso de presente que el declarante sí había
confirmado que había realizado el trámite de importación y que ello se deriva de la
siguiente manifestación: “[…] el importador había aceptado firmar unos documentos
en la notaría que desconocía si eran para realizar algún trámite de importación, pero
que podía estar incluida la declaración de importación […]”.

200. Al respecto, la Sala considera que de la revisión de la manifestación no se puede
concluir que el señor Orlando Buitrago Mahecha aceptó haber realizado la
importación en estudio, más aún cuando no se aportaron elementos adicionales
para corroborar dicha conclusión.

201. Cabe advertir que el demandante no aportó elementos adicionales para apoyar
su dicho, de lo cual se concluye que incumplió la carga probatoria establecida en el
artículo 167 del CGP, relativo a que incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, razón
por la cual los argumentos de apelación antes analizados no está llamados a
prosperar.

VI.2.3.1.4. Cosa juzgada administrativa

202. El recurrente sostiene que la DIAN desconoció la cosa juzgada administrativa,
por cuanto volvió sobre asuntos que ya habían sido objeto de investigación y
decisión.

203. En efecto, argumentó que se desconoció que la inmovilización del 4 de junio de
2007 se realizó por los mismos hechos y las mismas inconsistencias de la
inmovilización efectuada en el año 2001, por la cual se devolvió el vehículo
encontrando de conformidad con las normas aduaneras.

204. Al respecto, la Sala recuerda que el 20 de julio de 2001 la Policía de Carreteras
procedió a inmovilizar el tractocamión marca Mack de placas CON 125 por
inconsistencias en la importación del rodante, relacionadas con la no originalidad
del motor, frente al cual, y según informe técnico realizado por la SIJIN se estableció
que el motor se encontraba regrabado por número original "limado". No obstante,
atendiendo la certificación emitida por el establecimiento que vendió el motor,
determinó que el vehículo podía identificarse plenamente, por lo cual, dispuso su
entrega.

205. Aunado a ello, también ha quedado claro que la nueva inmovilización del
tractocamión se realizó en el año 2007, la cual, como ha quedado claro, no solo se
dio por inconsistencias en el motor -aspecto en el que se centró la detención del
año 2001- sino por inconsistencias en el número de identificación del chasis que
corresponde a 1M2AA12Y1MW014059 mientras que en la declaración de
importación se denuncia como 1M2AA12Y1MW0114059; al igual que por la no
identificación del importador de la mercancía, fundamentada en la declaración del
importador; y por inconsistencias en el modelo del rodante, pues en la declaración

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de importación se registra que el vehículo es modelo 1993, habiéndose determinado
por parte de la Sección de Criminalística de la Fiscalía General de la Nación en
informe técnico, que su modelo realmente corresponde al año 1991.

206. En los actos acusados quedó claro los fundamentos de la decisión de decomiso,
los cuales se resumen a continuación: (i) incongruencias en el modelo del automotor
frente a la tabla del VIN americano; (ii) inconsistencias relacionadas con la falta de
un dígito de la serie entre la cabina y el chasis y; (iii) la versión rendida por el
presunto importador quien informaba no haber realizado la importación del vehículo.

207. Al respecto, la autoridad aduanera, precisó:

“[…] En la presente litis se pudo probar que el automotor decomisado
corresponde realmente a modelo 1991, y la declaración de importación 03525-
01019367-2 del Banco Colombia describe es un vehículo modelo 1993, se
registra en la declaración como importador al señor ORLANDO BUITRAGO
MAHECHA con CC 12.542.022, declaración aportada para amparar el
automotor, quien adujo no haber realizado dicho proceso de importación ni
haber tramitado el documento; se llevó a cabo estudio técnico elaborado por el
Grupo de Automotores Seccional SIJIM del Departamento de Policía de
Santander, contenido en el oficio Número 179 del 27 de julio de 2007, en donde
se determinó que "se conceptúa que el automotor motivo de estudio, SE
PUEDE IDENTIFICAR TECNICAMENTE con los numero de chasis y serie que
presenta en la actualidad, el motor no se puede identificar técnicamente" (folios
30 al 31) y en el estudio Técnico de la Fiscalía General de la Nación del día 15
de noviembre del 2007 en donde se conceptuó " que el motor del vehículo
"queda sin identificación por presentar alteraciones en el número que lo
identifica" " El guarismo el motor presenta alteración por restampación ya que
la morfología numérica no corresponde a la utilizada por la casa fabricante"
(folios 190 a 191); en este mismo informe se pudo determinar que el modelo
del vehículo corresponde a 1991 como se indica "para el caso que nos ocupa
la serie de chasis o VIN correpoobdde4 (sic) a la serie IM2AA12Y1MW014059;
letra "M" en este caso la tabla indica que corresponde al año modelo 1991 y el
primer grupo de guarismo 1M2 indica que es ensamblado en Pensilvania
Estados Unidos […]”.

208. Lo anterior permite concluir que los hechos y motivos de las actuaciones de
aprehensión y decomiso no fueron los mismos, contrario a lo afirmado por el
recurrente, razón por la cual el argumento de apelación no está llamado a prosperar.

VI.2.3.2. Falsa motivación, desviación de poder y vulneración al principio de
Buena fe

209. El apoderado señaló que los actos que ordenaron la aprehensión y el decomiso
del tractocamión fueron expedidos con desviación de poder y falsa motivación por
cuanto le imputaron al demandante responsabilidades y obligaciones que no le
competen conforme a las disposiciones aduaneras al ser un tenedor de buena fe.

210. Resaltó que lo anterior se fundamenta en el hecho de que aun cuando el
demandante probó la legal adquisición del tractocamión, dentro del territorio

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nacional, diez (10) años después de su importación, ordenó su decomiso,
despojándolo de su goce, omitiendo de esta manera al tenedor o último propietario
de buena fe.

211. Alrespecto, la Sala pone de presente que esta Corporación ya tuvo la
oportunidad de pronunciarse sobre los adquirentes de buena fe dentro del
procedimiento para definir la situación jurídica de la mercancía, tal es el caso de la
sentencia de fecha 31 de julio de 201425, en la cual se consideró lo siguiente:

“[…] Es preciso advertir que la Sala en diversos pronunciamientos ha
determinado que el hecho de que se adquiera de buena fe, en este caso,
un automotor, no hace desaparecer la causal de decomiso ni exime al
interesado de responder ante las autoridades aduaneras en el evento de
que la mercancía se encuentre en su poder y haya ingresado al país sin el
lleno de los requisitos legales, no obstante que haya obtenido el levante.

En sentencia de 10 de mayo de 2007 (Expediente 00855, Consejero ponente
doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la Sala reiteró las sentencias de 4
de febrero de 1999 (Expediente núm. 5088, Consejero ponente doctor Ernesto
Rafael Ariza Muñoz); de 27 de enero de 2000 (Expediente núm. 5425,
Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); y de 4 de mayo
de 2001 (Expediente núm. 6664, Consejera ponente doctora Olga Inés
Navarrete Barrero), para señalar que el levante es un acto sujeto a condición,
pues no obstante su expedición, si con posterioridad al mismo las
autoridades aduaneras advierten la comisión de una infracción, mediante
la facultad de fiscalización que tienen, deben proceder a imponer las
sanciones correspondientes.

Ello con fundamento, entre otras normas, en los artículos 66 del Decreto 1909
de 1992, en armonía con lo previsto por el artículo 62, literal d), ibidem, en
donde se precisa que la facultad de la DIAN para realizar inspecciones
aduaneras puede ejercerse en cualquier momento, aun cuando hayan
sido transformadas o incorporadas a otras mercancías"

[…]

Finalmente, es oportuno resaltar que no le asiste razón a la actora en cuanto
a que la actuación administrativa debió dirigirse contra la importadora,
pues el artículo 3° del Decreto 2685 de 1999 señala como responsables de
las obligaciones aduaneras, entre otros, al poseedor o tenedor de la
mercancía; y si éste resulta afectado por la actuación del importador o del
anterior tenedor del vehículo tiene a su favor la acción de repetición
contra los mismos […]” (Negrilla fuera de texto).

212. Recientemente, en providencia de fecha 8 de marzo de 2018 26, esta Sección
señaló que “[…] la buena fe no excluye el cumplimiento de las obligaciones legales,

25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2014

Rad.: 2003 – 000581. Magistrada Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso. En el mismo sentido, sentencia de
9 de julio de 2021. Rad.: 2008 – 00321. Magistrada Ponente: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de marzo de
2018 Rad.: 2007 – 01423. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Sánchez Sánchez.

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al punto que las obligaciones aduaneras se hacen exigibles inclusive frente al
comprador o tenedor, como responsable de la obligación aduanera […]”.

213. Por lo anterior, es claro que la buena fe en materia aduanera tiene un carácter
restringido, pues no puede servir de excusa para desconocer o vulnerar las normas
que regulan la importación, exportación, tránsito y almacenamiento de mercancías
ni para limitar la potestad de fiscalización que ejerce la DIAN para determinar si, por
ejemplo, una mercancía ingresó legalmente al país.

214. Descendiendo al caso concreto, y analizado este cargo frente a la mercancía
que se mantiene sin el respectivo soporte legal, la Sala no advierte la violación del
principio de buena fe en desmedro de la parte demandante, como quiera que los
documentos de inspección aduanera, los dictámenes de la Policía, la declaración
del importador y la declaración de importación, analizados en su conjunto, no
permiten establecer una coincidencia con la mercancía que la DIAN tuvo a la vista.

215. Aunado a ello, el apoderado del demandante se limitó a mencionar que el señor
Luis Fernando Durán Durán había adquirido el tractocamión de buena fe, afirmación
que por si sola no satisface la carga argumentativa requerida para que se configure
el desconocimiento del principio de la buena fe, razón por la cual el argumento de
apelación relacionado con la desviación de poder, falsa motivación y
desconocimiento del principio de buena fe no está llamado a prosperar.

VI.2.5. Conclusión

216. Comoquiera que no se logró demostrar la legal introducción de la mercancía
decomisada, como lo es el tractocamión de placa CON 125, la Sala confirmará la
decisión de instancia, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
este proveído.

217. Finalmente, la Sala no condenará en costas a la parte demandante como quiera
que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 392 y
393 del CPC, aplicables al caso por la remisión del artículo 267 del CCA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de abril de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Demandante: Luis Fernando Durán Durán
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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