Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2015-00004-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2015-00004-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2015-00004-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2015-00004-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 68001 23 33 000 2015 00004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: No procede la sanción prevista en el artículo 503 del Estatuto Aduanero,
cuando fue impuesta con fundamento en una causal de aprehensión cuya
configuración no se encontraba acreditada.
Decisión: Revocar la sentencia del 13 de octubre de 2015, dictada por el Tribunal
Administrativo de Santander. En su lugar, declarar la nulidad de las
Resoluciones 668-001564 del 30 de abril de 2014 y 10065 del 19 de agosto
de 2014.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge Alvaro Reyes
Sierra contra la sentencia del 13 de octubre de 2015, dictada por el Tribunal
Administrativo de Santander que denegó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte actora.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Jorge Alvaro Reyes Sierra, por intermedio de apoderado judicial, presentó
demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales3, en la cual formuló las siguientes pretensiones:
2.1. Se decrete la nulidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones Nos.
668-001564 de abril 30 de 2014 de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y su confirmatoria la Resolución No.
10065 de agosto 19 de 2014 de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la
Dirección de Gestión Jurídica del Nivel Central, Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2.2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento de derecho, se declare
que el señor JORGE ALVARO REYES SIERRA, no adeuda suma alguna a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN por concepto de la sanción impuesta por
medio de los actos administrativos demandados y cuya nulidad sea decretada, en la
sentencia del presente proceso contencioso.
1
La demanda fue radicada el 19 de diciembre de 2014. Folios 152 a 183 del expediente digitalizado que obra en el
índice 29 Samai.
2 En adelante, CPACA.
3 En adelante, DIAN.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
2.3. En caso de que en el transcurso del proceso contencioso, el señor JORGE ALVARO
REYES SIERRA haya pagado el valor de la sanción, bien sea de manera voluntaria o por
cobro persuasivo o coactivo que le realice la DIAN, se ordene el reintegro de los montos
en dinero pagados, con sus respectivas actualizaciones e intereses moratorios, no menos
del IPC más un 6%.
2.4. Para efectos de la cuantía del proceso, el daño emergente que sufriría mi poderdante,
señor JORGE ALVARO REYES SIERRA, es el valor de la multa, aún no pagada al
momento de la radicación de la presente demanda, por valor de CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($477.340.628,00), según consta en los actos
administrativos demandados, valor fijado por la DIAN en sede administrativa.
2.5. En caso de pago de la multa en el transcurso del proceso contencioso, se debe
reconocer, además del valor que se pague por la sanción, el lucro cesante de ese dinero,
que correspondería a la actualización de la suma anterior, el rendimiento que
normalmente produce el dinero según el índice de precios al consumidor, más un 6%
desde el momento del pago a la DIAN y hasta el día en que se realice efectivamente
reintegro al demandante4. (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).
1.2. Hechos probados
De acuerdo con los planteamientos de las partes y las pruebas obrantes en el expediente,
la controversia tiene origen en los siguientes hechos:
1.2.1. El 4 de febrero de 2011 se presentó la Declaración de Importación 5007003193215
en la que se identificó como importador al señor Jorge Alvaro Reyes Sierra; como
declarante, a la Agencia de Aduanas Techcomex Ltda. Nivel 1; y como proveedor en el
exterior, a la sociedad Sabir Daud Exports.
1.2.2. La factura que soportó la importación fue la SDE/248/106 expedida por la sociedad
Sabir Daud Exports a CAC Maquila S.A. por valor de USD 127.407,12.
1.2.3. Mediante el Oficio CDELHI 154 del 28 de noviembre de 2011 7 dirigido a la
Coordinadora RILO y Auditoria de denuncias de fiscalización de la DIAN, suscrita por la
Consejera, Encargada de Funciones Consulares, se remitió “la comunicación recibida
(…) de la empresa Sabir Daud Exports en respuesta al exhorto No. 1187 de 27 de
septiembre radicado con número de expediente CEAJ14301/2011”, con el que se adjuntó
la factura SDE/248/108 expedida por la sociedad Sabir Daud Exports a nombre del señor
Jorge Álvaro Reyes Sierra por valor de USD 127.407,12.
1.2.4. Mediante el Requerimiento Ordinario 000019 del 23 de enero de 20149 el Jefe GIT
Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la DIAN requirió al señor Jorge Alvaro
Reyes Sierra, para que pusiera a disposición de la DIAN la mercancía descrita en la
Declaración de Importación 500700319321.
1.2.5. El demandante no dio respuesta al requerimiento ordinario.
4
Folios 152 y 153 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 Samai.
5 Folio 9 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
6 Folio 10 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
7 Folio 17 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
8 Folio 19 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
9 Folios 44 a 47 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
2
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
1.2.6. A través del Requerimiento Especial Aduanero 000034 del 4 de febrero de 201410,
el Jefe Grupo Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la DIAN, propuso la
imposición de una sanción contra el señor Jorge Álvaro Reyes Sierra por la suma
cuatrocientos setenta y siete millones trescientos cuarenta mil seiscientos veintiocho
pesos ($477.340.628) por no poner a disposición de la DIAN la mercancía descrita en la
Declaración de Importación 500700319321.
1.2.7. El actor dio respuesta al Requerimiento Especial Aduanero11.
1.2.8. Mediante la Resolución 668-001564 del 30 de abril de 201412 la DIAN le impuso al
señor Jorge Alvaro Reyes Sierra multa por valor de cuatrocientos setenta y siete millones
trescientos cuarenta mil seiscientos veintiocho pesos ($477.340.628) equivalente al
200% del valor en aduana de la mercancía, de conformidad con el artículo 503 del
Decreto 2685 de 1999.
1.2.9. A través de la Resolución 10065 del 19 de agosto de 201413, la DIAN resolvió el
recurso de reconsideración14 interpuesto por la parte actora y confirmó en su integridad
el acto administrativo recurrido.
1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación
1.3.1. El señor Jorge Alvaro Reyes Sierra invocó como violados los artículos 2, 5, 6, 15 y
333 de la Constitución Política; los artículos 121, 476, 502 numeral 1.25 y 503 del Decreto
2685 de 1999; el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 772, 773, 774 y 1023
del Código de Comercio.
1.3.2. En el concepto de la violación expuso los siguientes cargos:
1.3.2.1. Inexistencia de la causal de aprehensión y decomiso.
La parte actora sostuvo que la sanción prevista en el artículo 503 del Decreto 2685 de
1999 únicamente procede cuando previamente se configura alguna de las causales de
aprehensión y decomiso previstas en el artículo 502 ibidem. En ese sentido, afirmó que
la DIAN fundamentó los actos acusados en la causal prevista en el numeral 1.25 de esta
última disposición, sin que se encontraran acreditados sus supuestos de hecho.
Indicó que, al no configurarse dicha causal, tampoco era procedente requerir al
importador para poner la mercancía a disposición de la autoridad aduanera y, menos aún,
imponer la multa equivalente al 200 % de su valor.
Agregó que el requerimiento formulado por la administración resultaba de imposible
cumplimiento, toda vez que la importación se había realizado aproximadamente tres años
antes y la mercancía —consistente en textiles destinados a la fabricación de colchones—
ya había sido incorporada al proceso productivo de la empresa. En consecuencia, estimó
vulnerado el principio conforme al cual nadie está obligado a lo imposible.
10 Folios 48 a 55 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
11 Folios 56 a 76 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
12 Folios 92 a 105 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
13 Folios 130 a 144 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
14 Folios 106 a 128 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
3
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
1.3.2.2. Indebida aplicación del numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
El demandante sostuvo que la DIAN aplicó indebidamente la causal prevista en el
numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 al considerar que existían dos
facturas correspondientes a una misma operación de comercio exterior y concluir que
aquella presentada como soporte de la declaración de importación era falsa.
Explicó que ambos documentos contenían el mismo número de factura, la misma
mercancía y el mismo valor, pero diferían únicamente en la identificación del destinatario.
Mientras uno se expidió a nombre de CAC Maquila S.A., el otro identificaba al señor Jorge
Álvaro Reyes Sierra como responsable de la operación. A su juicio, esta diferencia
obedecía exclusivamente al tratamiento comercial de la operación, pues la factura
expedida a nombre de CAC Maquila S.A. permitió el ingreso de la mercancía a la Zona
Franca de Barranquilla, en su condición de consignataria y usuaria de dicha zona franca.
Afirmó que el único documento presentado como soporte de la declaración de
importación fue la factura expedida a nombre de CAC Maquila S.A., mientras que el
documento obtenido por la DIAN mediante exhorto al Consulado de Colombia en Nueva
Delhi nunca hizo parte de los documentos soporte de la operación aduanera.
Señaló, además, que el proveedor extranjero certificó la autenticidad de la factura
presentada ante la autoridad aduanera y explicó las razones comerciales que motivaron
su expedición a nombre de CAC Maquila S.A., por lo que la administración desconoció
injustificadamente dichas certificaciones al concluir que el documento era falso.
Igualmente, manifestó que no existía discrepancia entre la factura presentada y la
declaración de importación, pues ambas coincidían en la descripción de la mercancía,
las cantidades, la composición, el valor y demás características relevantes. En
consecuencia, consideró que no podía afirmarse que el documento soporte no
correspondiera a la operación de comercio exterior ni que hubiera existido intención de
defraudar a la administración aduanera o de afectar el recaudo de los tributos aduaneros.
1.3.2.3. Desconocimiento de las normas comerciales sobre la factura.
La actora afirmó que la DIAN desconoció las disposiciones del Código de Comercio
relativas a la factura comercial al otorgar valor probatorio a un documento que, en su
criterio, no reunía los requisitos legales para ser considerado factura.
Explicó que el documento expedido inicialmente a nombre del señor Jorge Álvaro Reyes
Sierra únicamente reflejaba la existencia del acuerdo comercial, mientras que la factura
expedida posteriormente a nombre de CAC Maquila S.A. correspondía al momento de la
entrega material de la mercancía, razón por la cual constituía la verdadera factura
comercial de la operación.
Agregó que la mercancía fue consignada desde su origen a nombre de CAC Maquila
S.A., circunstancia acreditada con el conocimiento de embarque, por lo que la expedición
de la factura definitiva a favor de dicha sociedad resultaba plenamente válida y acorde
con la legislación mercantil.
Finalmente, sostuvo que la DIAN carecía de competencia para desconocer la voluntad
de las partes del contrato de compraventa y calificar como falsa la factura presentada con
la declaración de importación, con fundamento en un documento privado que nunca fue
4
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
allegado por el importador sino obtenido posteriormente por la administración mediante
canales diplomáticos.
1.3.2.4. Violación de normas constitucionales y legales.
El demandante alegó la vulneración de los artículos 2, 5, 6, 15 y 333 de la Constitución
Política, al estimar que la DIAN intervino injustificadamente en una relación comercial
entre particulares y restringió la libertad económica y la autonomía de la voluntad privada
al desconocer la validez de la factura comercial presentada como soporte de la
importación.
Asimismo, sostuvo que la administración infringió el artículo 476 del Decreto 2685 de
1999, el cual proscribe la aplicación analógica de las normas sancionatorias aduaneras,
pues estructuró la causal de decomiso mediante una interpretación extensiva del numeral
1.25 del artículo 502 del citado decreto.
Finalmente, afirmó que los actos administrativos demandados desconocieron los
principios que orientan la actuación administrativa, previstos en el artículo 3 del CPACA.
II. TRÁMITE DE LA DEMANDA
2.1. Mediante auto del 3 de febrero de 201515, el Tribunal Administrativo de Santander
admitió la demanda y ordenó correr traslado a la DIAN.
2.2. La DIAN16 por intermedio de apoderado contestó la demanda oponiéndose a las
pretensiones de esta. Expuso los siguientes argumentos:
2.2.1. En ejercicio de las facultades de fiscalización previstas en la normativa aduanera,
expidió el Requerimiento Ordinario 0019 del 23 de enero de 2014, mediante el cual
ordenó al señor Jorge Álvaro Reyes Sierra poner a disposición de la DIAN, dentro de los
diez (10) días siguientes, la mercancía amparada en la declaración de importación
correspondiente. Indicó que dicha solicitud obedeció a que, al verificar la factura
SDE/248/10 presentada como documento soporte de la importación, encontró que esta
era presuntamente falsa.
Añadió que el importador no dio respuesta al requerimiento ni ejerció su derecho de
contradicción. En consecuencia, ante el incumplimiento de la orden impartida, se profirió
el Requerimiento Especial Aduanero 0034 del 4 de febrero de 2014, mediante el cual se
propuso la sanción prevista en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, la cual fue
impuesta mediante la Resolución Sanción 668-001564 del 30 de abril de 2014 y
posteriormente confirmada al resolver el recurso interpuesto por el administrado.
2.2.2. Los actos administrativos demandados constituyen la consecuencia jurídica del
incumplimiento de una conducta expresamente tipificada en el artículo 503 del Decreto
2685 de 1999, consistente en no poner a disposición de la DIAN la mercancía requerida
por la autoridad aduanera. Señaló que dicho incumplimiento se encuentra plenamente
acreditado y que, incluso, no es discutido por el demandante.
2.2.3. El objeto del procedimiento administrativo no consistió en cuestionar la legalidad
de la declaración de importación, sino en sancionar la conducta del señor Jorge Álvaro
Reyes Sierra por no poner a disposición de la autoridad aduanera la mercancía amparada
15 Folios 188 a 190 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 Samai.
16 Folios 232 a 250 ibidem.
5
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
en la declaración de importación, pese a que los documentos soporte no correspondían
a la operación de comercio exterior declarada, circunstancia que impedía la libre
disposición de la mercancía, conforme a lo previsto en el artículo 503 del Decreto 2685
de 1999.
2.2.4. Los actos demandados corresponden exclusivamente a la imposición de una
sanción por incumplir la orden de poner la mercancía a disposición de la DIAN y no a una
resolución de decomiso. En ese sentido, consideró que los argumentos formulados por
el demandante, encaminados a demostrar la legalidad de la importación, resultan ajenos
al objeto del proceso sancionatorio. Precisó que tales cuestionamientos únicamente
habrían podido debatirse en un eventual procedimiento de aprehensión y decomiso, si la
mercancía hubiese sido puesta a disposición de la autoridad, dado que existían
elementos suficientes para adelantar dicho trámite con fundamento en la causal prevista
en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, por las diferencias
encontradas entre la factura comercial presentada con la declaración de importación y la
obtenida posteriormente por la DIAN.
2.2.5. Frente al argumento del demandante relativo a la improcedencia de la causal
prevista en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, sostuvo que los
documentos soporte de la importación no corresponden a la operación de comercio
exterior declarada, pues la factura presentada durante el trámite de importación difiere
de la expedida por el proveedor extranjero, según la certificación obtenida a través del
Consulado de Colombia en Nueva Delhi.
Explicó que la factura originalmente expedida por la sociedad Sabir Daud Exports tenía
como destinatario al señor Jorge Álvaro Reyes Sierra, mientras que la aportada en la
importación fue emitida a nombre de CAC Maquila S.A., diferencia que, a su juicio,
configura la causal de aprehensión prevista en el numeral 1.25 del artículo 502 del
Decreto 2685 de 1999. Agregó que dicha causal puede establecerse tanto durante la
inspección aduanera como en ejercicio del control posterior y que, una vez determinada,
el incumplimiento de la orden de poner la mercancía a disposición de la autoridad habilita
la imposición de la sanción prevista en el artículo 503 del Estatuto Aduanero.
Afirmó que la información consignada en la declaración de importación tampoco coincide
con la contenida en la factura certificada por el proveedor extranjero. Explicó que,
mientras en la casilla 91 de la declaración de importación la mercancía fue descrita como
un tejido plano con composición de 77 % fibras discontinuas de poliéster y 23 % algodón,
dicha composición no aparece en la factura expedida por la sociedad Sabir Daud Exports.
Agregó que, durante la visita de control realizada el 14 de enero de 2014, el demandante
aportó una factura expedida a nombre de CAC Maquila S.A., en la que la mercancía fue
descrita con una composición de 75 % poliéster y 25 % algodón, circunstancia que, a su
juicio, evidencia nuevas inconsistencias entre la documentación soporte y la declaración
de importación.
Presentó el siguiente cuadro ilustrativo17 sobre las diferencias evidenciadas en las
facturas que obran en el expediente administrativo.
17 Folio 243 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 Samai.
6
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
2.2.6. Adujo que los argumentos del demandante relacionados con la aplicación de las
normas del Código de Comercio no fueron planteados en sede administrativa y, además,
resultan ajenos al objeto del proceso sancionatorio. Reiteró que la conducta investigada
consistió exclusivamente en el incumplimiento de la obligación de poner la mercancía a
disposición de la autoridad aduanera para definir su situación jurídica y destacó que el
artículo 503 del Decreto 2685 de 1999 no contempla causales eximentes de
responsabilidad frente a dicho incumplimiento, por tratarse de una infracción de mera
conducta cuya configuración depende únicamente de la inobservancia de la obligación
legal impuesta.
2.2.7. Afirmó que el demandante fundamenta su defensa en una premisa equivocada, al
considerar que la sanción fue impuesta por la existencia de un documento falso. Reiteró
que la conducta sancionada consistió exclusivamente en no poner la mercancía a
disposición de la DIAN, conforme a lo previsto en el artículo 503 del Decreto 2685 de
1999. Añadió que existen elementos probatorios que desvirtúan la autenticidad del
documento aportado durante la importación, en particular la información obtenida del
proveedor extranjero, quien remitió la factura expedida a nombre del señor Jorge Álvaro
Reyes Sierra.
2.2.8. Finalmente, resaltó que carecen de fundamento los cargos relacionados con la
presunta vulneración de los artículos 2, 5, 6, 15 y 333 de la Constitución Política, del
artículo 476 del Decreto 2685 de 1999 y del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. Señaló
que la sanción impuesta encuentra sustento expreso en el artículo 503 del Estatuto
Aduanero, debido al incumplimiento de la obligación de poner la mercancía a disposición
de la autoridad aduanera, hecho que considera plenamente acreditado. Asimismo, afirmó
que los actos administrativos demandados se encuentran debidamente motivados, por
cuanto en cada una de las decisiones adoptadas la administración expuso de manera
clara las razones de hecho y de derecho que sustentaron la imposición y confirmación de
la sanción.
2.3. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 del CPACA, el despacho
sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander celebró audiencia inicial el 21 de
agosto de 201518, a la cual asistieron las partes demandante y demandada y el Ministerio
Público.
El Despacho fijó el litigio de la siguiente manera:
18 Folios 565 a 570 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 Samai.
7
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
Deberá determinarse si hay lugar, o no, a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 668-
001564 del 30 de abril de 2014 y No. 10065 del 19 de agosto de 2014, mediante las cuales
la DIAN impuso al demandante JORGE ALVARO REYES SIERRA una sanción de multa
en cuantía de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($477.340.628,00), por no
haber podido aprehender la mercancía objeto de investigación aduanera, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999..
El Despacho agotó las distintas etapas de la audiencia y corrió traslado a la parte
demandada y al Ministerio Publico de la prueba documental aportada por la parte
demandante visible a folios 431 a 433 del expediente.
2.4. En audiencia del 13 de octubre de 201519 el Tribunal corrió traslado para alegar. El
demandante20 y la DIAN21 expusieron sus alegatos de conclusión. El Ministerio Público
rindió verbalmente su concepto22 en el que indicó que los cargos de la demanda no tienen
vocación de prosperidad porque la sanción impuesta por la DIAN está ajustada a derecho.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia dictada en audiencia del 13 de octubre de 201523, el Tribunal
Administrativo de Santander, resolvió:
PRIMERO. DENIEGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones de esta sentencia.
SEGUNDO. CONDENANSE en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas
de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, archívense las diligencias previas las
anotaciones de rigor en el sistema Justicia XXI. (mayúsculas sostenidas y negritas del texto
original).
Los argumentos que el Tribunal expuso para sostener que la parte demandante no logró
desvirtuar la presunción de legalidad de las Resoluciones 668-001564 del 30 de abril de
2014 y 10065 del 19 de agosto de 2014, fueron los siguientes:
3.1. De la comparación de las dos facturas identificadas con el número SDE/248/10
expedidas por la sociedad Sabir Daud Exports, se evidencian coincidencias en cuanto a
la descripción general y el valor de la mercancía, pero diferencias respecto del
destinatario o cliente a cuyo nombre fueron emitidas. Consideró que dicha inconsistencia
constituía fundamento suficiente para que la DIAN requiriera al importador la puesta a
disposición de la mercancía con el propósito de iniciar el procedimiento de aprehensión
y definir su situación jurídica, conforme a los artículos 504 y siguientes del Decreto 2685
de 1999.
En consecuencia, concluyó que, al no atenderse el requerimiento formulado por la
autoridad aduanera, se configuraron los presupuestos previstos en el artículo 503 del
Estatuto Aduanero para la imposición de la sanción, esto es, la existencia de una causal
de aprehensión y el incumplimiento de la orden de poner la mercancía a disposición de
la DIAN.
19 Folios 578 a 591 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 Samai.
20 Folio 580 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 Samai.
21 Folio 580 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 Samai.
22 Folios 580 y 581 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 Samai.
23 Folios 578 a 591 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 Samai.
8
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
3.2. En cuanto al argumento del demandante según el cual la mercancía requerida
correspondía a materia prima destinada a la fabricación de colchones y, por tanto,
resultaba imposible ponerla a disposición de la DIAN cerca de tres años después de su
importación, el Tribunal reprochó que dicho planteamiento no fue expuesto en sede
administrativa. Indicó que de la respuesta al Requerimiento Especial Aduanero y del
recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Sanción 0001564 del 30 de
abril de 2014 no se desprende la formulación de ese argumento, razón por la cual estimó
que no existían elementos para concluir que, al momento del requerimiento, el importador
ya no disponía materialmente de la mercancía.
3.3. Finalmente, respecto del argumento relativo a que no existió afectación del pago de
los tributos aduaneros ni daño para el fisco, el Tribunal sostuvo que la causal de
aprehensión prevista en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 no
exige que la inconsistencia de los documentos soporte recaiga sobre el valor de la
mercancía. Agregó que, en el caso concreto, la irregularidad advertida no correspondía
a un simple error formal o a una omisión intrascendente, sino a una inconsistencia
relacionada con la identidad del importador de la mercancía, circunstancia que consideró
suficiente para sustentar la actuación administrativa.
3.4. Con base en lo anterior, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas al demandante.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
El señor Jorge Álvaro Reyes Sierra interpuso recurso de apelación24, en el cual solicitó la
revocatoria de la sentencia del 13 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander. El demandante planteó los siguientes reparos frente al fallo
de primera instancia:
4.1. La multa prevista en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999 únicamente procede
cuando no es posible aprehender una mercancía respecto de la cual exista una causal
legal de aprehensión y decomiso. En consecuencia, afirmó que la orden impartida por la
DIAN para poner la mercancía a su disposición debía estar sustentada en una causal
objetiva de decomiso, pues la sanción constituye una consecuencia de la imposibilidad
de materializar la aprehensión. Adujo que la DIAN y el Ministerio Público desconocieron
este aspecto al sostener que el proceso versaba exclusivamente sobre la imposición de
una multa y no sobre la legalidad de la causal de aprehensión que le servía de
fundamento.
4.2. Reprochó que el Tribunal desestimó indebidamente el argumento según el cual nadie
está obligado a lo imposible, al considerar que no fue planteado en sede administrativa.
Expuso que la mercancía requerida por la DIAN correspondía a materia prima destinada
al proceso de fabricación de colchones y que el requerimiento para ponerla a disposición
de la autoridad se formuló aproximadamente tres años después de la importación,
cuando ya había sido utilizada en el proceso productivo.
Agregó que la mercancía había sido legalmente nacionalizada, obtuvo levante y pagó la
totalidad de los tributos aduaneros, razón por la cual no existía obligación jurídica de
conservarla indefinidamente.
24 Folios 593 a 625 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 Samai.
9
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
4.3. Afirmó que la sentencia omitió valorar las certificaciones expedidas por el proveedor
extranjero Sabir Daud Exports, mediante las cuales ratificó la autenticidad de la factura
SDE/248/10 expedida a nombre de CAC Maquila S.A. Sostuvo que dichas pruebas
acreditaban que no existían dos facturas válidas para la misma operación de comercio
exterior, sino que la factura emitida a nombre de dicha sociedad sustituyó el documento
inicialmente elaborado, sin que ello implicara falsedad documental ni alteración de la
operación comercial.
4.4. En el mismo sentido, alegó que la DIAN incurrió en error al comparar dos documentos
como si ambos correspondieran a facturas comerciales y, con fundamento en ello,
estructurar la causal prevista en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de
1999. Sostuvo que únicamente la factura SDE/248/10 presentada con la declaración de
importación constituyó documento soporte de la operación, mientras que el otro
documento fue obtenido posteriormente por la autoridad mediante cooperación
diplomática y nunca fue aportado por el importador dentro del trámite aduanero.
4.5. Reiteró que la factura SDE/248/10 presentada como soporte de la declaración de
importación era auténtica, pues fue expedida por el vendedor de la mercancía,
circunstancia acreditada mediante las certificaciones obrantes en el expediente
administrativo. Añadió que el cambio del destinatario de la factura obedeció a la
necesidad de permitir el ingreso de la mercancía a la Zona Franca de Barranquilla y de
adecuar la documentación a la operación logística, sin que ello ocasionara perjuicio fiscal
o afectara el pago de los tributos aduaneros.
4.6. La expedición de la factura a nombre de CAC Maquila S.A. obedeció a las exigencias
propias del régimen de zona franca, pues la mercancía debía ingresar consignada a un
usuario autorizado. Indicó que tanto el conocimiento de embarque como la factura
definitiva fueron expedidos a nombre de dicha sociedad, mientras que el señor Jorge
Álvaro Reyes Sierra continuó siendo el responsable económico de la operación. Destacó
que ambos documentos registraban el mismo valor de la mercancía, por lo que no existió
diferencia alguna en la base gravable ni en el monto de los tributos liquidados.
4.7. Sostuvo que no se configuró la conducta prevista en el numeral 1.25 del artículo 502
del Decreto 2685 de 1999, pues el único documento presentado ante la DIAN fue la
factura expedida a nombre de CAC Maquila S.A., cuya descripción coincidía plenamente
con la mercancía importada y con la declaración de importación. Agregó que el
documento obtenido posteriormente por la autoridad nunca fue presentado como soporte
de la operación de comercio exterior.
4.8. Argumentó que únicamente la factura expedida a nombre de CAC Maquila S.A.
reunía los requisitos legales para ser considerada factura comercial, por cuanto fue
emitida con ocasión de la entrega efectiva de la mercancía al consignatario que figuraba
en el conocimiento de embarque y en los documentos de ingreso a la zona franca. En
ese sentido, señaló que el documento inicialmente elaborado a nombre del señor Jorge
Álvaro Reyes Sierra fue sustituido antes de la entrega material de la mercancía, conforme
a las reglas del Código de Comercio, razón por la cual no podía atribuirse a ambos
documentos la misma naturaleza jurídica.
4.9. Afirmó que la DIAN vulneró los principios de legalidad y tipicidad al extender,
mediante una interpretación analógica, el alcance de la causal prevista en el numeral
1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, en contravía de la prohibición contenida
en el artículo 476 del mismo decreto. En consecuencia, adujo que no existía fundamento
10
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
jurídico para derivar de esa supuesta causal de decomiso la imposición de la multa
prevista en el artículo 503.
4.10. Finalmente, sostuvo que la DIAN calificó la factura presentada como falsa sin existir
decisión judicial que así lo declarara, pese a las certificaciones expedidas por el
proveedor extranjero que acreditaban su autenticidad. Afirmó que ello vulneró los
principios de buena fe, presunción de inocencia e imparcialidad administrativa y que la
sanción impuesta resultó desproporcionada, afectó injustificadamente su actividad
empresarial y desconoció la libertad económica, máxime cuando no existió evasión
tributaria ni perjuicio para el fisco.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El recurso de apelación fue admitido por el despacho sustanciador mediante
proveído del 30 de marzo de 201625.
5.2. Luego, mediante auto de 11 de diciembre de 201826, el magistrado sustanciador
corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días para que presentaran sus
alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
5.2.1. La DIAN presentó escrito de alegatos de conclusión27 en el que reiteró los
argumentos de la contestación de la demanda.
5.2.2. El señor Jorge Álvaro Reyes Sierra presentó escrito de alegatos de conclusión28
en el que insistió en los argumentos de la demanda y del recurso de apelación.
5.2.3. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.
6.2. Actos demandados
6.2.1. La Resolución 001564 del 30 de abril de 201429 expedida por el Jefe de la División
de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bucaramanga de la
DIAN, en la que se resolvió lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER al usuario aduanero JORGE ALVARO REYES SIERRA
con NIT (…) una multa a favor de la Nación Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($477.340.628) equivalente
al doscientos por ciento (200%) del valor en aduana de la mercancía, de conformidad con
25 Folio 5 del cuaderno de segunda instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
26 Folio 59 del cuaderno de segunda instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
27 Folios 65 a 74 del cuaderno de segunda instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
28 Folios 75 a 88 del cuaderno de segunda instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
29 Folios 92 a 105 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
11
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, acorde con las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR por CORREO el contenido y decisión del presente
Acto Administrativo de conformidad con lo señalado en el artículo 557 del Decreto 2685 de
1999, a:
IMPORTADOR: JORGE ALVARO REYES SIERRA con NIT 13.354.058-3, en la dirección
del RUT: Km 2 200 VIA AL MAR de la Ciudad de Bucaramanga - Santander.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al interesado que contra esta Resolución procede el
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, el cual procederá ante la División de Gestión
Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga o ante la
Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos del Nivel Central, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 40 del Decreto 4048 de 2008. El Recurso debe interponerse en
el Grupo Interno de Trabajo de Documentación de esta Dirección Seccional, dentro del
término de quince (15) días contados desde la fecha de la notificación de esta providencia
de conformidad con el artículo 515 del Decreto 2685 de 1999, cumpliendo los requisitos de
presentación establecidos en el artículo 516 del mismo Estatuto Aduanero
ARTICULO CUARTO: COMPULSAR copia una vez esté en firme la presente providencia,
por parte del G.l.T. de Documentación de la División de Gestión Administrativa y Financiera
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, al G.l.T. de
Recaudación y al G.l.T. de Secretaría de Cobranzas de la División de Gestión de Recaudo
y Cobranzas de esta Dirección Seccional, para que sea contabilizado el valor de la sanción
y para que inicien el respective proceso administrativo de cobro, si no se ha efectuado el
pago respectivo y a la División de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional,
para que proceda a la aprehensión de la mercancía, si es posible. (mayúsculas sostenidas
y negritas del texto original).
6.2.2. La DIAN a través de la Resolución 10065 del 19 de agosto de 201430, suscrita por
la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica,
U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, resolvió:
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 668-001564 del 30 de abril de
2014, por la cual la División de Gestión de Liquidación de la Direccion Seccional de
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, impuso sanción de CUATROCIENTOS SETENTA
Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
PESOS M/CTE. ($477’340.628), equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor en
aduana de la mercancía descrita en la Declaración de Importación identificada con adhesivo
No. 14203010868732 del 4 de febrero de 2011, al importador JORGE ALVARO REYES
SIERRA, (…) según lo dispuesto en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR por correo al señor JORGE ALVARO REYES
SIERRA, identificado con NIT 13.354.058-3, a la dirección procesal (…), de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999.
ARTICULO TERCERO: REMITIR el expediente OC-2011-2013-2907 una vez notificada la
presente resolución, a la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga para lo de su competencia y copia de la presente
resolución a la División de Gestión Administrativa y Financiera de la mencionada Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas, para lo de su competencia.
ARTICULO CUARTO: REMITIR copia de la presente resolución, una vez notificada y
ejecutoriada a la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas, a la División de Gestión de
30 Folios 130 a 144 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
12
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
Liquidación, a la División de Gestión de Documentación o quien haga sus veces, a la
División de Gestión de Fiscalización y a la División de Gestión de la Operación Aduanera
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, para lo de su
competencia.
ARTICULO QUINTO: ARCHIVAR el expediente No. OC-2011-2013-2907.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno en sede
administrativa. (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).
6.3. Análisis del caso
6.3.1. En la demanda, la parte actora sostuvo que los actos administrativos acusados
fueron expedidos con fundamento en una indebida aplicación de los artículos 502,
numeral 1.25, y 503 del Decreto 2685 de 1999, al considerar que no se configuró la causal
de aprehensión y decomiso que sustentó la sanción impuesta. Afirmó que la DIAN calificó
erróneamente como falsa la factura comercial presentada como soporte de la declaración
de importación, pese a que su autenticidad fue ratificada por el proveedor extranjero y no
existieron inconsistencias en la mercancía ni afectación de los tributos aduaneros.
Asimismo, alegó que la autoridad desconoció las normas del Código de Comercio sobre
la factura comercial, exigió el cumplimiento de una obligación de imposible ejecución al
requerir la mercancía varios años después de su importación y vulneró los principios de
legalidad, buena fe y libertad económica, al extender indebidamente el alcance de la
causal sancionatoria e intervenir injustificadamente en una relación comercial entre
particulares.
Por su parte, la DIAN sostuvo que, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, requirió
al señor Jorge Álvaro Reyes Sierra para que pusiera a su disposición la mercancía
amparada en la declaración de importación, luego de advertir que la factura SDE/248/10
presentada como documento soporte era presuntamente falsa. Explicó que, ante el
incumplimiento de dicho requerimiento, inició el procedimiento sancionatorio previsto en
el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, el cual culminó con la imposición de la sanción
posteriormente confirmada en sede administrativa.
Precisó que el objeto del procedimiento no consistía en cuestionar la legalidad de la
importación, sino en sancionar el incumplimiento de la obligación de poner la mercancía
a disposición de la autoridad aduanera, conducta que consideró plenamente acreditada.
Añadió que la factura presentada durante el trámite de importación difería de la expedida
por el proveedor extranjero, pues esta figuraba a nombre del señor Jorge Álvaro Reyes
Sierra, mientras que la aportada con la declaración de importación había sido expedida
a nombre de CAC Maquila S.A., diferencia que, junto con las inconsistencias advertidas
en la descripción de la mercancía, configuraba la causal de aprehensión prevista en el
numeral 1.25 del artículo 502 del Estatuto Aduanero.
Finalmente, sostuvo que la infracción prevista en el artículo 503 corresponde a una
conducta de mera infracción, de modo que basta el incumplimiento de la orden impartida
por la autoridad para imponer la sanción, razón por la cual descartó la vulneración de las
normas constitucionales y legales invocadas por la parte demandante.
El Tribunal concluyó que la existencia de dos facturas con coincidencias en la descripción
general y el valor de la mercancía, pero con diferencias respecto del destinatario,
constituía fundamento suficiente para que la DIAN requiriera la puesta a disposición de
la mercancía e iniciara el procedimiento dirigido a definir su situación jurídica. En
13
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
consecuencia, estimó que, al concurrir una causal de aprehensión y el incumplimiento de
la orden impartida por la autoridad aduanera, se configuraban los presupuestos previstos
en el artículo 503 del Estatuto Aduanero para imponer la sanción.
Consideró el Tribunal que el argumento relativo a la imposibilidad de poner la mercancía
a disposición de la DIAN no podía ser analizado, por no haber sido propuesto en sede
administrativa. Finalmente, indicó que no era de recibo el argumento según el cual no se
puso en riesgo el pago de los tributos aduaneros, pues no desvirtuaba la causal de
aprehensión prevista en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, ya
que la inconsistencia advertida respecto de la identidad del importador era suficiente para
sustentar la actuación administrativa.
En el recurso de apelación, la parte demandante insistió en que la multa prevista en el
artículo 503 del Decreto 2685 de 1999 únicamente procede cuando existe una causal
legal de aprehensión y decomiso que impida materializar la aprehensión de la mercancía,
por lo que la orden impartida por la DIAN debía estar sustentada en una causal objetiva
de decomiso. Reprochó que el Tribunal hubiera descartado el argumento según el cual
nadie está obligado a lo imposible, pese a que la mercancía requerida correspondía a
materia prima destinada a un proceso industrial y el requerimiento fue formulado cerca
de tres años después de su importación, cuando ya había sido utilizada, además de haber
sido legalmente nacionalizada y de haberse pagado la totalidad de los tributos aduaneros.
Igualmente, sostuvo que la sentencia omitió valorar las certificaciones expedidas por el
proveedor extranjero, las cuales acreditaban la autenticidad de la factura presentada
como soporte de la importación y demostraban que no existían dos facturas válidas para
una misma operación de comercio exterior, sino que la inicialmente elaborada había sido
sustituida antes de la importación. Con fundamento en ello, afirmó que la DIAN incurrió
en error al comparar ambos documentos como si tuvieran la misma naturaleza jurídica y
al estructurar con base en ellos la causal prevista en el numeral 1.25 del artículo 502 del
Decreto 2685 de 1999. Finalmente, reiteró que la autoridad vulneró los principios de
legalidad, tipicidad, buena fe, presunción de inocencia e imparcialidad administrativa al
calificar como falsa la factura presentada sin existir decisión judicial que así lo declarara,
pese a que no existió evasión tributaria ni perjuicio para el fisco.
La Sala revocará la sentencia de primera instancia, por cuanto la sanción impuesta al
actor por no poner la mercancía a disposición de la DIAN para su aprehensión no era
procedente. En efecto, la causal invocada por la DIAN, consistente en que los
documentos soporte presentados para la importación no correspondían a la operación de
comercio exterior declarada, fue desvirtuada por el demandante.
A título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la DIAN abstenerse de cobrar la
multa contenida en las Resoluciones 668-001564 del 30 de abril de 2014 y 10065 del 19
de agosto de 2014 y en caso de haber sido pagada por el actor, deberá devolver la suma
de cuatrocientos setenta y siete millones trescientos cuarenta mil seiscientos veintiocho
pesos ($477.340.628) debidamente actualizada.
6.3.2. De la revisión del plenario, la Sala encuentra que obran los siguientes medios de
prueba:
(i) Declaración de Importación 50070031932131 cuyo importador es el señor Jorge Alvaro
Reyes Sierra, el declarante la Agencia de Aduanas Techcomex Ltda. Nivel 1 y el
31 Folio 9 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
14
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
proveedor en el exterior, la sociedad Sabir Daud Exports. En la casilla de descripción de
la mercancía se indicó:
MERCANCÍA EN ZONA FRANCA – RESOLUCIÓN PARA IMPORTAR TEXTILES No.
0004741 2009/06/05 VENCE 2011/06/05 CÓDIGO DIAN 3439 – 558 – TELA POLIESTER
/ ALGODÓN 35X35-76X56 205 CM, DENOMINACIÓN: TEJIDO PLANO, LIGAMENTO:
TAFETAN, COMPOSICIÓN: 77% FIBRAS DISCONTINUAS DE POLIESTER 23%
ALGODÓN, TIPO DE ACABADO: APRESTADO, GRAMAJE: 85G/M2, 120 HILOS/PULG.
2, GRADO DE ELABORACIÓN: ESTAMPADO, COLOR: TEÑIDO… PRESENTACIÓN:
ROLLOS, PESO POR UNIDAD COMERCIAL: 85 g/M2 APROX., LONGITUD: 2,05 mm.
(ii) La factura que soportó la declaración de importación es la SDE/248/1032 expedida por
la sociedad Sabir Daud Exports a la empresa CAC Maquila S.A. por valor de USD
127.407,12, cuyo texto es el siguiente:
(iii) A través del Oficio CDELHI 154 del 28 de noviembre de 201133 dirigido a la
Coordinadora RILO y Auditoria de denuncias de fiscalización de la DIAN, la Consejera
Encargada de Funciones Consulares, remitió la “comunicación recibida (…) de la
empresa Sabir Daud Exports en respuesta al exhorto No. 1187 de 27 de septiembre
radicado con número de expediente CEAJ14301/2011” y adjuntó la factura SDE/248/1034
expedida por la sociedad Sabir Daud Exports a favor del señor Jorge Álvaro Reyes Sierra
por valor de USD 127.407,12, así:
32 Folio 10 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
33 Folio 17 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
34 Folio 19 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
15
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
(iv) Mediante el auto comisorio 000019 del 13 de enero de 201435, se comisionó a varios
funcionarios de la DIAN para practicar visita de inspección, control y vigilancia al señor
Jorge Alvaro Reyes Sierra respecto de la mercancía amparada con la Declaración de
Importación 500700319321 del 4 de febrero de 2011.
(v) Con el Requerimiento Ordinario 000019 del 23 de enero de 201436, el Jefe GIT
Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario requirió al señor Jorge Alvaro Reyes
Sierra para que:
coloque a disposición de la DIAN, Seccional Bucaramanga la mercancía descrita en la
declaración de importación formulario 500700319321 y autoadhesivo N° 14203010868732
de fecha 04 de febrero de 2011 “558 ROLLOS -TELA POLIESTER /ALGODON 35X35 -
76X56 205 CM, DENOMINACION TEJIDO PLANO, LIGAMENTO; TAFETAN,
COMPOSICI6N 77% FIBRAS DISCONTINUAS DE POLIESTER 23% ALGODON TIPO DE
ACABADO: APRESTADO, GRAMAJE: 85G/M2, 120 HILOS/PULG. 2, GRADO DE
ELABORACION: ESTAMPADO, COLOR: TENIDO, FORMA DE PRESENTACION:
ROLLOS, PESO POR UNIDAD COMERCIAL: 85G/M2 APROX., LONGITUD 2.05mm”,
para proceder a dar aplicación a la Causal de Aprehensión y Decomiso de Mercancías
establecido en el numeral 1.25 del Artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 modificado por el
artículo 10 del Decreto 4431 de 2004 “Cuando dentro de los términos a que se refiere el
numeral 9 del artículo 128 del presente Decreto, o dentro de los procesos de control
posterior se determine que los documentos soporte presentados no corresponden con la
operación de comercio exterior declarada o, cuando vencidos los términos señalados en
los numerales 6 y 9 del mismo artículo no se presentaron en debida forma los documentos
soporte que acreditan que no se encuentra incurso en restricción legal o administrativa.
(vi) A través del Requerimiento Especial Aduanero 000034 del 4 de febrero de 201437, el
Jefe Grupo Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario propuso:
35 Folio 22 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
36 Folios 44 a 47 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
37 Folios 48 a 55 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
16
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
la imposición de la sanción por la suma CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE.
($477.340.628) al señor JORGE ALVARO REYES SIERRA identificado (…) en calidad de
importador, por no colocar a disposición de la DIAN, la mercancía descrita en la declaración
de importación formulario N° 500700319321 y autoadhesivo N“ 14203010868732 de fecha
04 de febrero de 2011 “558 ROLLOS-TELA POLIESTER /ALGOD6N 35X35 -76X56 205
CM, DENOMINACION TEJIDO PLANO, LIGAMENTO: TAFETAN, COMPOSICION 77%
FIBRAS DISCONTINUAS DE POLIESTER 23% ALGODON TIPO DE ACABADO:
APRESTADO, GRAMAJE: 85G/M2, 120 HILOS/PULG. 2, GRADO DE ELABORACION:
ESTAMPADO, COLOR: TENIDO, FORMA DE PRESENTACION: ROLLOS, PESO POR
UNIDAD COMERCIAL: 85G/M2 APROX., LONGITUD 2.05mm’’, sanción a aplicar cuando
no es posible aprehender una mercancía, tal como lo establece el Art. 503 del Decreto 2685
de 1999, previa solicitud de la misma al importador, sin obtenerse respuesta alguna por
parte del mismo, después de su debida notificación.
(vii) El señor Jorge Álvaro Reyes Sierra38 dio respuesta al requerimiento especial
aduanero en la que manifestó que no fue debidamente notificado del Requerimiento
Ordinario 0019 del 23 de enero de 2014, por cuanto este fue recibido por una persona
que no pertenecía a su empresa.
Asimismo, indicó que para el momento en que se expidió el requerimiento ordinario, la
mercancía ya había sido presentada, declarada, inspeccionada y nacionalizada conforme
a la normativa aduanera. Explicó que la sociedad CAC Maquila S.A. le exigió que la
factura comercial SDE/248/10, expedida por la sociedad Sabir Daud Exports, fuera
emitida a su nombre, por tratarse del usuario de la zona franca, motivo por el cual solicitó
al proveedor realizar dicha modificación, circunstancia que, según afirmó, fue certificada
por este. Agregó que esa sociedad también requirió que en la factura se incluyera la
composición porcentual del poliéster y del algodón, modificación que igualmente fue
efectuada por el proveedor. Para soportar lo dicho, adjuntó las siguientes
certificaciones39:
38 Folios 56 a 76 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
39 Folios 78, 80 y 83 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
17
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
18
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
(viii) Por auto del 10 de marzo de 201440 el Jefe GIT Investigaciones Aduaneras y Control
Cambiario negó por inconducentes e innecesarias las pruebas solicitadas por el actor,
referidas a:
a) Solicitar los documentos soportes de la Declaración de importación formulario N°
500700319321 y autoadhesivo N° 14203010868732 de fecha 04 de febrero de 201, a la
agencia de aduanas que figura como declarante en el documento mencionado, teniendo en
cuenta que son suficientes los documentos que obran en el expediente que fueron recibidos
con el insumo de la acción de fiscalización y los recaudados en la visita de inspección,
control y vigilancia realizada al importador el día 13 de enero del 2014, razón por la cual,
tales datos ya obran en el plenario probatorio y su nueva solicitud es innecesaria e
improcedente para la investigación.
b) Oficiar a SERVIENTREGA, para que remita copia de la guía N° 1092432000 y proceda
a verificar la identidad de quien firma recibido, teniendo en cuenta que mediante oficio
recibido el 19 de febrero de 2014, la Jefe de G.l.T. Documentación, remite el oficio radicado
2011 del 05 de febrero dde2014, con el cual hacen devolución del Requerimiento Ordinario
N° 019, por haberse entregado erróneamente; por tal razón se solicitó a SERVIENTREGA,
la certificación de entrega en la dirección del acto administrativo, el cual se encuentra
adjunto y ratifica que la entrega se realizó correctamente, adicionalmente el Requerimiento
Ordinario, fue remitido a la dirección que obra en el RUT, la cual fue objeto de visita de
inspección y control por parte de esta dependencia, mediante Auto Comisorio No. 000019
de fecha 13/01/2014, por tal razón se considera que la práctica de esta prueba es
innecesaria e improcedente para la investigación.
(ix) La DIAN expidió la resolución sanción 668-001564 del 30 de abril de 201441 a través
de la cual impuso al señor Jorge Álvaro Reyes Sierra multa por cuatrocientos setenta y
siete millones trescientos cuarenta mil seiscientos veintiocho pesos ($477.340.628)
equivalente al 200% del valor en aduana de la mercancía importada, de conformidad con
el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999.
(x) El señor Jorge Alvaro Reyes Sierra interpuso en contra de la Resolución 668-001564
del 30 de abril de 2014, recurso de reconsideración42 a través del cual reiteró los
argumentos expuestos en su pronunciamiento inicial.
(xi) La DIAN a través de la Resolución 10065 del 19 de agosto de 201443, confirmó la
Resolución 668-001564 del 30 de abril de 2014.
(xii) En la audiencia inicial el despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de
Santander corrió traslado a la parte demandada y al Ministerio Público de la siguiente
certificación suscrita por la sociedad Sabir Daud Exports44.
40 Folios 88 a 91 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
41 Folios 92 a 105 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
42 Folios 106 a 128 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
43 Folios 130 a 144 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
44 Folio 523 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
19
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
(xiii) La DIAN y el Ministerio Público, guardaron silencio.
6.3.3. Pues bien, en el régimen de importación, la introducción de mercancías de
procedencia extranjera al territorio aduanero nacional da lugar al nacimiento de la
obligación aduanera, la cual comprende: (i) presentar la declaración de importación; (ii)
pagar los tributos aduaneros y las sanciones a que haya lugar; (iii) obtener y conservar
los documentos soporte de la operación, presentarlos a las autoridades aduaneras
cuando estas los requieran y conservar sus originales durante el término de cinco (5)
años, contados a partir de la presentación y aceptación de la declaración de importación;
(iv) atender los requerimientos de información y las solicitudes de pruebas formulados
por la autoridad aduanera; y (v) cumplir las demás exigencias, requisitos y condiciones
previstos en las normas aplicables.
Sobre el control posterior aduanero, esta Sección ha dicho:
162. La importación de mercancías implica una serie de obligaciones que los operadores
comerciales deben cumplir rigurosamente. Esta amalgama de deberes, conocida como
obligación aduanera, establece un marco regulatorio que busca garantizar el cumplimiento
de requisitos legales y fiscales al momento de introducir productos en el territorio de un
país.
163. Dicha obligación surge en el instante mismo en que se ejecuta la importación y
comprende un conjunto de responsabilidades, las cuales no se extinguen con la mera
20
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
declaración y nacionalización de las mercancías correspondiéndole a la autoridad
administrativa la verificación de ellas, inclusive con posterioridad.
164. En efecto, la autoridad administrativa tiene la responsabilidad de verificar el
cumplimiento de estas obligaciones al momento de la importación o, incluso, después de
que se haya completado el referido proceso, esto es, después de que las mercancías ya se
encuentren en el territorio nacional.
165. El control posterior, también conocido como fiscalización, se lleva a cabo después de
la nacionalización de las mercancías. Su propósito es determinar el cumplimiento de las
obligaciones aduaneras por parte de los usuarios, así como la exactitud de los datos
consignados en las declaraciones presentadas durante un período determinado.
166. Este procedimiento tiene como objetivo principal verificar que todas las obligaciones
aduaneras hayan sido atendidas correctamente. En este sentido, es válido que los
funcionarios encargados de la fiscalización revisen las declaraciones de importación que
hayan obtenido el levante, incluso si estas ya han sido objeto de inspección aduanera por
parte de los funcionarios de las Divisiones de Operación Aduanera de las Direcciones
Seccionales y, como resultado de esta revisión, se pueden iniciar procedimientos
administrativos que incluyen decomisos, liquidaciones oficiales o la imposición de
sanciones, según corresponda45.
6.3.4. De conformidad con los actos administrativos acusados, la causal de aprehensión
con fundamento en la cual la DIAN requirió al demandante para que pusiera la mercancía
a disposición de la autoridad aduanera es la prevista en el numeral 1.25 del artículo 502
del Decreto 2685 de 199946, norma cuyo texto es el siguiente:
Artículo 502. Causales de aprehensión y decomiso de Mercancía: Dará lugar a la
aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes
eventos:
1. En el Régimen de Importación:
[…]
1.25 Cuando dentro de los términos a que se refriere el numeral 9 del artículo 128 del
presente Decreto, o dentro de los procesos de control posterior se determine que los
documentos soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior
declarada o, cuando vencidos los términos señalados en los numerales 6 y 9 del mismo
artículo no se presentaron en debida forma los documentos soporte que acreditan que no
se encuentra incurso en restricción legal o administrativa […].
Del texto trascrito se desprende que la configuración de esta causal supone la
concurrencia de los siguientes presupuestos: (i) la existencia de una operación de
comercio exterior declarada; (ii) la presentación de documentos soporte para respaldarla;
y (iii) la comprobación de que dichos documentos no corresponden a la operación de
comercio exterior objeto de la declaración. Este último presupuesto puede configurarse,
por ejemplo, cuando los documentos soporte amparan una operación comercial distinta
de la declarada, corresponden a mercancías diferentes, acreditan un negocio jurídico
diverso o, en general, no guardan relación con la operación de comercio exterior
consignada en la declaración de importación.
45 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 22 de febrero de 2024, radicación 68001-23-31-000-2008-00340-
02, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
46 Numeral adicionado el artículo 10 del Decreto 4431 de 2004.
21
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
En línea con lo anterior, se advierte que mediante los actos acusados se sancionó a la
sociedad demandante con la multa establecida en el artículo 503 del Decreto 2685 de
1999, que dice:
Artículo 503. Sanción a aplicar cuando no sea posible aprehender la mercancía. Cuando
no sea posible aprehender la mercancía por haber sido consumida, destruida, transformada
o porque no se haya puesto a disposición de la autoridad aduanera, procederá la aplicación
de una sanción equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor en aduana de la
misma, que se impondrá al importador o declarante, según sea el caso.
También se podrá imponer la sanción prevista en el inciso anterior, al propietario, tenedor
o poseedor, o a quien se haya beneficiado de la operación, o a quien tuvo derecho o
disposición sobre las mercancías, o a quien de alguna manera intervino en dicha operación,
salvo que se trate de un adquirente con factura de compraventa de los bienes expedida con
todos los requisitos legales. Si se trata de un comerciante, la operación deberá estar
debidamente registrada en su contabilidad.
En aquellos casos en que no se cuente con elementos suficientes para determinar el valor
en aduana de la mercancía que no se haya podido aprehender, para el cálculo de la sanción
mencionada se tomará como base el valor comercial, disminuido en el monto de los
elementos extraños al valor en aduana, tales como el porcentaje de los tributos aduaneros
que correspondan a dicha clase de mercancía.
La imposición de la sanción prevista en este artículo no subsana la situación irregular en
que se encuentre la mercancía, y en consecuencia, la autoridad aduanera podrá disponer
en cualquier tiempo su aprehensión y decomiso.
Lo anterior, tal como consta en la Resolución 668-001564 del 30 de abril de 2014:
Lo anterior, basado en que verificada la factura No. SDE/248/10 expedida por SABID DAUD
EXPORTS el 29 de noviembre de 2010 respecto de la cual se practicó exhorto con el que
el citado proveedor adjuntó copia de la misma, la cual no corresponde a la presentada como
documento soporte de la declaración de importación antes citada, generándose por
consiguiente que la mercancía se encuentre incursa en la causal de aprehensión y
decomiso consagrada en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999,
adicionado por el artículo 10 del Decreto 4431 de 2004 y por el artículo 6 del Decreto 3555
de 2008, para lo cual la norma aduanera prevé que ante la imposibilidad de aprehenderla,
se aplicara la sanción prevista en el Artículo 503 del Decreto 2685 de 199947.
En el mismo sentido, en el acto sancionatorio la DIAN señaló lo siguiente:
En ejercicio de esta facultad fue que se ordenó el exhorto al proveedor del exterior el cual
dio como resultado la evidencia de que la factura emitida allí no es la misma con la que se
soportó en su momento el ingreso de la mercancía al territorio nacional, hecho este que
como pretende demostrar el usuario aduanero investigado no pudo ser detectado al
momento de la realización de la inspección pues los soportes entregados allí daban cuenta
que amparaban las mercancías presentadas; pero es precisamente en esa facultad de
fiscalización que se demuestra como aquí ocurre que el soporte (la factura N° SDE/248/10)
no era el que se expidió por parte del proveedor en el exterior, situación que de plano rompe
el estado de libre disposición de las mercancías en territorio nacional y por ende
susceptibles de aprehensión y decomiso o la imposición de la sanción tratada ante la no
puesta a disposición de la Autoridad Aduanera, sin que con ello se subsane la ilegalidad de
las mercancías en el país.
(…)
47 Folio 102 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
22
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
Ahora bien, en relación con la no procedencia de dar aplicación al numeral 1.25 del artículo
502 del Decreto 2685 de 1999 por cuanto los documentos soporte corresponden
perfectamente con la operación de comercio exterior declarada, no es cierta esta afirmación
toda vez que como quedó demostrado, la factura aportada en el proceso de importación no
corresponde a la expedida por el proveedor en el exterior conforme lo certificado por el
consulado de Colombia en Nueva Delhi; pues la factura SDE/248/10 fue expedida por
SABIR DAUD EXPORTS a nombre de JORGE ALVARO REYES SIERRA KM 2- 200 VIA
AL MAR BUCARAMANGA-COLOMBIA y la presentada en el momento de la importación
fue expedida a CAC MAQUILA S.A. ZONA FRANCA EDIFICIO CAB -BARRANQUILLA,
configurándose así la causal de aprehensión señalada en la citada disposición esto es; que
dentro de los procesos de control posterior se determine que los documentos soporte no
corresponden con la operación de comercio exterior declarada por cuanto carecen de
legalidad por encontrarse que los mismos no corresponden a los legalmente expedidos,
razón por lo que no es de recibo de este Despacho este alegato48.
6.3.5. Pues bien, la Sala observa que la decisión contenida en los actos acusados tuvo
origen en la investigación aduanera adelantada por la DIAN, dentro de la cual la entidad
consideró que la factura SDE/248/10, presentada por el señor Jorge Álvaro Reyes Sierra
como documento soporte de la declaración de importación y expedida por la sociedad
Sabir Daud Exports a favor de la empresa CAC Maquila S.A. por un valor de USD
127.407,12, no correspondía con la factura remitida por esa misma sociedad en
respuesta al exhorto practicado. Esto, por cuanto en este último documento se indicó que
la factura SDE/248/10 había sido expedida a nombre del demandante por el mismo valor.
Con fundamento en ese hallazgo, la DIAN tuvo por configurada la causal prevista en el
numeral 1.25 del artículo 502 del Estatuto Aduanero, conforme a la cual habrá lugar a la
aprehensión y decomiso de mercancías cuando “dentro de los procesos de control
posterior se determine que los documentos soporte presentados no corresponden con la
operación de comercio exterior declarada”. En consecuencia, requirió al importador para
que pusiera la mercancía a disposición de la autoridad aduanera con fines de
aprehensión y, ante el incumplimiento de esa obligación, impuso la sanción prevista en
el artículo 503 del Estatuto Aduanero, esto es, el 200 % del valor en aduana de la
mercancía.
6.3.6. En el contexto anotado, para resolver el recurso de apelación resulta necesario
determinar si se configuró o no la causal de aprehensión prevista en el numeral 1.25 del
artículo 502 del Estatuto Aduanero y, en consecuencia, si era procedente imponer la
sanción establecida en el artículo 503 ibidem.
En ese sentido, la Sala destaca que el artículo 503 del Estatuto Aduanero prevé una
sanción cuando, pese a existir una causal que justifique la aprehensión de la mercancía,
esta no pueda hacerse efectiva. Para ello, no basta con la imposibilidad material de
practicar la aprehensión, sino que también es indispensable que se encuentre acreditada
una causal legal que la sustente.
Esta Corporación ha precisado que la procedencia de dicha sanción exige acreditar tanto
la imposibilidad de aprehender la mercancía como la configuración de una causal que
sustente dicha medida, así:
la norma dispone la imposición de una sanción administrativa en los casos en que habiendo
lugar a la aprehensión de una mercancía no es posible llevarla a cabo. La imposición de
esta sanción implica la existencia de una causal de aprehensión de la mercancía y que esta
no pueda hacerse efectiva en consideración a alguno de los siguientes eventos: que la
48 Folios 102 y 103 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
23
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
mercancía ha sido consumida, destruida o transformada, o que el importador o el declarante
o los otros sujetos a que se refiere la norma que intervienen en las operaciones de comercio
exterior a quienes la autoridad aduanera les solicita poner a su disposición una mercancía
respecto de la cual es aplicable la medida de aprehensión incumplen dicha obligación49. (el
subrayado es de la Sala).
6.3.7. En el asunto bajo examen, la Sala observa que en el expediente obran tres
certificaciones expedidas por la sociedad Sabir Daud Exports, en las que se explican
detalladamente las razones por las que se expidieron las facturas objeto de
cuestionamiento, relacionadas con la venta de 138.486 metros cuadrados de tela de
poliéster y algodón, distribuidos en 558 rollos. En dichas certificaciones se precisa que la
factura SDE/248/10, expedida a favor de la empresa CAC Maquila S.A. por valor de USD
127.407,12, es auténtica, única y que sustituyó cualquier documento emitido con
anterioridad.
En el mismo sentido, obra la certificación suscrita por el gerente de la sociedad CAC
Maquila S.A., en la que reconoce que solicitó al señor Jorge Álvaro Reyes Sierra que,
con el fin de permitir el ingreso de la mercancía a la Zona Franca de Barranquilla y
adelantar el proceso correspondiente, gestionara la expedición de la factura por parte de
Sabir Daud Exports a nombre de dicha sociedad y que, además, se especificara el tipo
de tela objeto de la operación.
En cuanto a las razones que sustentaron la expedición de la factura comercial
SDE/248/10 a nombre de CAC Maquila S.A., el demandante sostuvo, tanto en la
actuación administrativa como en el presente proceso, sin que la DIAN controvirtiera tales
afirmaciones ni las explicaciones aportadas para sustentarlas, que:
Como puede apreciarse, desde el inicio de la negociación se informó al proveedor que el
documento de transporte debía ir consignado a la sociedad CAC MAQUILA S.A., como
usuario de la Zona Franca de Barranquilla por ser esta la persona encargada del manejo
de la carga a nombre del importador. Es decir, la carga fue despachada desde Pakistán,
con destino a la Zona Franca de Barranquilla, a nombre de CAC MAQUILA S.A. y antes de
que la carga fuera recibida por esta persona jurídica, en su calidad de consignataria, la
factura No. SDE/248/10 fue emitida a su nombre, proceder que no está prohibido en norma
alguna y que por lo tanto no puede interpretarse, como erradamente lo hizo la DIAN, que
esa única factura, no tenía validez, que era falsa y que no correspondía a la operación de
comercio exterior, con el único fin de estructurar la causal de decomiso y luego la imposición
de la sanción del 200%50.
Así las cosas, en el caso concreto, la Sala advierte que, si bien inicialmente la DIAN
contaba con dos documentos que, considerados de forma aislada, podrían suscitar duda
acerca de la correspondencia entre la operación de comercio exterior declarada y el
documento presentado como soporte de esta, la entidad también disponía de suficientes
elementos de convicción recaudados durante la actuación administrativa que
desvirtuaban la aparente incongruencia.
En efecto, las certificaciones expedidas por la sociedad Sabir Daud Exports, en su
condición de vendedora de la mercancía, explicaron las circunstancias que dieron lugar
a la expedición de ambas facturas y precisaron que la factura SDE/248/10 era la única
auténtica y definitiva de la operación comercial. A ello se sumó la certificación expedida
por CAC Maquila S.A., mediante la cual se explicó que se solicitó la expedición de dicha
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de marzo de 2018,
radicación: 25000-23-24-000-2003-00275-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.
50 Folio 161 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
24
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
factura a nombre de esa sociedad con el fin de posibilitar el ingreso de la mercancía a la
Zona Franca. En consecuencia, lejos de existir una contradicción insuperable entre los
documentos obrantes en el expediente, la actuación administrativa contaba con una
explicación consistente y proveniente de los propios intervinientes en la operación
comercial, la cual permitía establecer que la factura aportada como soporte de la
declaración de importación sí correspondía a la operación de comercio exterior
declarada.
Así las cosas, del análisis de los actos acusados no se advierte acreditada la falta de
correspondencia entre el documento soporte y la operación de comercio exterior que
efectivamente se declaró. Por el contrario, la conclusión adoptada se fundó en la
existencia de una segunda factura expedida a nombre de la persona natural que figuró
como importadora, sin demostrar, por ejemplo, que la primera careciera de autenticidad,
hubiera sido desconocida por su emisor o no correspondiera a la mercancía objeto de la
importación.
Destaca la Sala que la diferencia en el destinatario de la factura no demuestra que el
documento soporte no correspondiera a la operación declarada. Por el contrario, las
pruebas obrantes en el expediente evidencian que esa circunstancia obedeció a una
modificación documental asociada al ingreso de la mercancía a la Zona Franca de
Barranquilla, sin que ello implicara una alteración de la operación comercial. En efecto,
la identidad de la mercancía, el proveedor, el valor de la transacción, la cantidad y los
demás elementos esenciales de la operación permanecieron inalterados.
Por tanto, el solo hecho de que la factura se hubiera expedido a nombre de CAC Maquila
S.A. no desvirtúa su correspondencia con la operación de comercio exterior declarada ni
configura la causal de aprehensión prevista en el numeral 1.25 del artículo 502 del
Decreto 2685 de 1999. En ese sentido, la circunstancia de que la factura hubiera sido
expedida a nombre de un tercero no constituye, por sí sola, una causal de aprehensión,
siempre que se encuentre acreditado que dicho documento soporta la misma operación
de comercio exterior.
De esta manera, la DIAN no cumplió con la carga de probar los supuestos de hecho que
sustentaban la configuración de la causal de aprehensión invocada, si se tiene en cuenta
que, en el asunto examinado, el proveedor reconoció expresamente que la factura
SDE/248/10 era auténtica, afirmó que era la factura definitiva, explicó por qué fue
expedida a nombre del usuario de zona franca y destacó que “no existe duplicación de
facturas para la misma mercancía”51.
En esas condiciones, la Sala concluye que la causal de aprehensión invocada por la DIAN
no se configuró, pues no se acreditó la existencia de una discrepancia entre la factura
soporte y la operación de comercio exterior declarada. Ello es así, porque la demandada
fundamentó su decisión en una aparente discrepancia documental que fue
razonablemente explicada y desvirtuada con las pruebas allegadas al expediente.
En consecuencia, la autoridad aduanera no estaba facultada para requerir al actor la
puesta a disposición de la mercancía con fines de aprehensión. Por la misma razón,
tampoco resultaba procedente imponer la sanción prevista en el artículo 503 del Estatuto
Aduanero, toda vez que no se acreditaron los presupuestos necesarios para su
aplicación, esto es, la existencia de una causal de aprehensión debidamente configurada
y el incumplimiento del deber de poner la mercancía a disposición de la DIAN.
51 Folio 80 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 de Samai.
25
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
Al respecto, la Sala reitera que, según la jurisprudencia de esta Corporación, la
imposición de la sanción prevista en el artículo 503 del Estatuto Aduanero, implica la
existencia de una causal de aprehensión de la mercancía y que dicha aprehensión no
pueda hacerse efectiva, así:
La norma impone una sanción administrativa para los casos en que habiendo lugar a la
aprehensión de una mercancía, no es posible efectuarla.
La imposición de esta sanción implica la existencia de una causal de aprehensión de la
mercancía y que dicha aprehensión no pueda hacerse efectiva en consideración a alguno
de los siguientes eventos: a) que la mercancía hubiera sido consumida, destruida o
transformada, o b) que el importador o el declarante o los otros sujetos a que se refiere la
norma que intervienen en las operaciones de comercio exterior a quienes la autoridad
aduanera les solicita poner a su disposición una mercancía, respecto de la cual es aplicable
la medida de aprehensión, incumplieran dicha obligación52.
La sanción es aplicable al importador o al declarante, según el caso, o al propietario, tenedor
o poseedor, o a quien se haya beneficiado de la operación de comercio exterior, o a quien
tuvo derecho o disposición sobre las mercancías, o a quien de alguna manera intervino en
dicha operación.
(…)
Entonces, el supuesto que, según la norma, da lugar a la imposición de la sanción
pecuniaria es que habiendo lugar a la aprehensión de la mercancía esta no hubiese sido
puesta a disposición de la autoridad aduanera, pese a existir un requerimiento para ello.
Sin embargo, no es suficiente que se acredite el hecho objetivo de la no entrega de la
mercancía requerida por la autoridad aduanera, sino que es necesaria la existencia
de una causal de aprehensión y la individualización del responsable de la mercancía, toda
vez que la obligación aduanera es de carácter personal y la responsabilidad derivada de
ella está delimitada por la intervención del respectivo sujeto53.
(…)
De ahí que la Sala considera que no se configuró la causal de aprehensión establecida en
el numeral 1.14 del artículo 502 del Estatuto Aduanero y, por ende, no procedía la
imposición de la sanción establecida en el artículo 503 ib., pues, como se advirtió en
precedencia, para que proceda la imposición de la sanción mencionada, además de
la imposibilidad de la aprehensión de la mercancía, debe existir una causal, lo que no
ocurrió en este caso.
Así, para la Sala, Weatherford cumplió con la finalización del régimen de importación
temporal a corto plazo al reexportar la mercancía con la autorización de la propia entidad
demandada, razón por la que no era procedente la solicitud aprehensión y, por contera, la
imposición de una multa por la imposibilidad de ponerla a disposición54 (negritas de la Sala).
En este contexto, la causal prevista en el numeral 1.25 del artículo 502 del Estatuto
Aduanero se configura cuando la DIAN determina que los documentos soporte no
corresponden a la operación de comercio exterior declarada. Sin embargo, dicho
supuesto no se acreditó en el presente caso, por lo que no resultaba procedente imponer
la multa prevista en el artículo 503 ibidem. En consecuencia, se impone declarar la
52 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 9 de marzo de 2007, proferida en el proceso con radicado 2010-
00781-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio (E).
53 En ese sentido, la Sala reitera el criterio que expuso la Sección Primera en las Sentencias de 3 de julio de 2014,
proferida en el proceso con radicación 25000 2324 000 2009 00253 01, y 26 de noviembre de 2015, proferida en el
proceso con radicación 25000 2324 000 2009 00405 01, ambas con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 9 de mayo de 2019,
radicación: 47001233100020120004801, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
26
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
nulidad de las Resoluciones 668-001564 del 30 de abril de 2014 y 10065 del 19 de agosto
de 2014.
6.3.8. Ahora bien, habiéndose desvirtuado el fundamento de la sentencia apelada a partir
de la prosperidad del argumento planteado en el recurso de apelación analizado
previamente, resulta inane el estudio de los reparos relativos a la imposibilidad física de
haber puesto la mercancía a disposición de la DIAN y la vulneración de los principios de
legalidad, tipicidad, buena fe, presunción de inocencia e imparcialidad administrativa al
calificar como falsa la factura presentada sin existir decisión judicial que así lo declarara,
alegados por el demandante en su escrito de apelación, por cuanto dichos argumentos
conducían a la misma conclusión alcanzada en esta providencia.
6.4. Del restablecimiento del derecho
A título de restablecimiento del derecho el actor solicitó:
2.2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento de derecho, se declare
que el señor JORGE ALVARO REYES SIERRA, no adeuda suma alguna a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN por concepto de la sanción impuesta por
medio de los actos administrativos demandados y cuya nulidad sea decretada, en la
sentencia del presente proceso contencioso.
2.3. En caso de que en el transcurso del proceso contencioso, el señor JORGE ALVARO
REYES SIERRA haya pagado el valor de la sanción, bien sea de manera voluntaria o por
cobro persuasivo o coactivo que le realice la DIAN, se ordene el reintegro de los montos
en dinero pagados, con sus respectivas actualizaciones e intereses moratorios, no menos
del IPC más un 6%.
2.4. Para efectos de la cuantía del proceso, el daño emergente que sufriría mi poderdante,
señor JORGE ALVARO REYES SIERRA, es el valor de la multa, aun no pagada al
momento de la radicación de la presente demanda, por valor de CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($477.340.628,00), según consta en los actos
administrativos demandados, valor fijado por la DIAN en sede administrativa.
2.5. En caso de pago de la multa en el transcurso del proceso contencioso, se debe
reconocer, además del valor que se pague por la sanción, el lucro cesante de ese dinero,
que correspondería a la actualización de la suma anterior, el rendimiento que
normalmente produce el dinero según el índice de precios al consumidor, más un 6%
desde el momento del pago a la DIAN y hasta el día en que se realice efectivamente
reintegro al demandante55. (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).
Al respecto, como consecuencia de la nulidad de las Resoluciones 668-001564 del 30 de
abril de 2014 y 10065 del 19 de agosto de 2014, la Sala ordenará a la DIAN abstenerse
de cobrar la multa en ellas contenida y en caso de haber sido pagada por el actor, se le
deberá devolver la suma de cuatrocientos setenta y siete millones trescientos cuarenta
mil seiscientos veintiocho pesos ($477.340.628) actualizada conforme a la siguiente
fórmula:
Ra = Rh x IPC final
IPC inicial
Donde Ra corresponde a la renta actualizada, esto es, el valor de la multa actualizada,
que se obtiene al multiplicar el valor histórico (Rh), entendido como el monto inicial
55 Folios 152 y 153 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 29 Samai.
27
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
impuesto en los actos administrativos, por el resultado de dividir el índice de precios al
consumidor (IPC) final, certificado por el DANE y vigente al momento de proferirse esta
sentencia, entre el índice de precios al consumidor (IPC) inicial, vigente al momento de
la ejecutoria del acto administrativo mediante el cual se impuso la multa.
La Sala negará la pretensión de reconocimiento de intereses, toda vez que, conforme a
lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA56, las condenas al pago o devolución de una
suma líquida de dinero deben actualizarse tomando como base el Índice de Precios al
Consumidor.
6.5. Conclusión
La Sala considera que los actos administrativos acusados desconocieron los
presupuestos de procedencia de la sanción prevista en el artículo 503 del Estatuto
Aduanero, al imponerla con fundamento en una causal de aprehensión que no se
encontraba acreditada. En consecuencia, al no configurarse el supuesto jurídico que
habilitaba a la DIAN para exigir la entrega de la mercancía ni para sancionar al actor por
su incumplimiento, se impone revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, conforme a las consideraciones expuestas.
A título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la DIAN abstenerse de cobrar la
multa contenida en las Resoluciones 668-001564 del 30 de abril de 2014 y 10065 del 19
de agosto de 2014 y en caso de haber sido pagada por el actor, deberá devolver la suma
de cuatrocientos setenta y siete millones trescientos cuarenta mil seiscientos veintiocho
pesos ($477.340.628) actualizada.
6.6. Costas
En observancia de los artículos 18857 del CPACA y 36558 del CGP, en especial de su
numeral 8, sobre condena en costas, y a lo expuesto sobre el punto por esta Corporación,
la Sala advierte que esta clase de condenas responde a un criterio objetivo y valorativo.
56 Artículo 187. Contenido de la sentencia. (…) Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero
se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor.
57 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
58 Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la
temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente
en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a
pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar
condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés
en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los
gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo, podrán renunciarse
después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.
28
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
Es objetivo, en la medida en que no deriva de la temeridad, mala fe o culpa de la parte
condenada, sino de su vencimiento en el proceso o en el recurso interpuesto. Es
valorativo, en cuanto exige del juez la verificación de su causación en el expediente y, en
la medida de su acreditación, su reconocimiento, particularmente respecto de los gastos
ordinarios del proceso y de la actividad efectivamente desplegada dentro de este.
Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por la totalidad
de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo habrá
lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
En el presente asunto, se advierte que no se encuentra acreditada la causación de
expensas, gastos procesales ni agencias en derecho. En consecuencia, la Sala se
abstendrá de imponer condena por dichos conceptos en esta instancia.
6.7. Renuncia al poder
El abogado Juan Sebastián Oviedo García mediante memorial que obra en el índice 36
de Samai renunció al poder que le confirió la DIAN. Por tanto, como la renuncia cumple
con los presupuestos del artículo 76 del CGP, la Sala la aceptará.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de octubre de 2015, dictada por el Tribunal
Administrativo de Santander. En su lugar, DECLARAR la nulidad de las Resoluciones
668-001564 del 30 de abril de 2014 y 10065 del 19 de agosto de 2014 expedidas por la
DIAN.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR a la DIAN abstenerse de cobrar la multa contenida en las Resoluciones 668-
001564 del 30 de abril de 2014 y 10065 del 19 de agosto de 2014 y en caso de haber
sido pagada por el actor, deberá devolver la suma de cuatrocientos setenta y siete
millones trescientos cuarenta mil seiscientos veintiocho pesos ($477.340.628)
debidamente actualizada según se indicó en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: ACEPTAR la renuncia presentada por el abogado Juan Sebastián Oviedo
García al poder que le confirió la DIAN.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
29
Radicado: 680012333000201500004 01
Demandante: Jorge Alvaro Reyes Sierra
Demandado: DIAN
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión del 6 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.
30
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.