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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2003-00275-01

Litis consorcio necesario: concepto

Fecha
15 de marzo de 2018
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2003-00275-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: Primero: CONFIRMAR la sentencia apelada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: TENER POR DEBIDAMENTE PRESENTADA la renuncia al poder de la Abogada Patricia Del Pilar Romero Angulo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 76 del Código General del Proceso. Tercero: RECONOCER personería a la Abogada Margarita Villegas Ponce como apoderada judicial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en los términos del poder a ella conferido visto a folio 88 del cuaderno de segunda instancia. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2003-00275-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

15 de marzo de 2018

LITIS CONSORCIO NECESARIO – Concepto

[L]o que identifica esta figura jurídica es el hecho de que no se puede decidir sin la participación del litisconsorte, dada la imposibilidad de desvincularlo de los efectos de la decisión.

SANCIÓN ADUANERA – A empresa transportadora / SANCIÓN ADUANERA – - Para su imposición no es necesaria la vinculación de todos los intervinientes dentro de la operación de comercio exterior / OBLIGACIÓN ADUANERA – Carácter personal / RESPONSABILIDAD ADUANERA – Está delimitada por la intervención de cada sujeto

La responsabilidad aduanera, en efecto, está delimitada por la intervención del respectivo sujeto, según lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 2685 de 1999. […] [E]s claro para la Sala que para la imposición de la sanción de que trata el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999 a uno de los sujetos señalados en dicha disposición no es necesaria la vinculación de los demás intervinientes en la operación de comercio exterior respectiva, de suerte que es perfectamente válido que se haya decidido de fondo la actuación sancionatoria adelantada por la DIAN sin la comparecencia a ella de los demás sujetos que se echan de menos por parte de AEROSUCRE S.A. […] En este orden, atendiendo a lo que prevé el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, la DIAN vinculó exclusivamente a la actuación administrativa sancionatoria a la sociedad AEROSUCRE S.A., en consideración a que, de acuerdo con las pruebas documentales recaudadas en el expediente administrativo, esta empresa figuraba como la encargada del transporte de la mercancía que fue requerida para su aprehensión por parte de la autoridad aduanera, y efectivamente la tuvo a su disposición, al punto que quedó bajo su custodia y su responsabilidad. De acuerdo con esta norma, como antes se dijo, la sanción de multa en caso de que no se ponga a disposición de la DIAN la mercancía solicitada para aprehensión, se puede imponer a “quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías”, lo que en este caso ocurrió con la sociedad demandante, quien a través de su Jefe de Carga Internacional, el señor Mauricio Alvarado Gaitán, recibió el cargamento de licor que se iba a transportar con destino al exterior en desarrollo de una operación de exportación que finalmente no se materializó, conforme dan cuenta los actos acusados. […] En consecuencia, llamado al procedimiento sancionatorio a “quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías”, esto es, a AEROSUCRE S.A., es claro que no existió indebida interpretación de los artículos 3º y 503 del Decreto 2685 de 1999; además, se reitera, no resultaba exigible la vinculación de otros sujetos a tal actuación para que se considere válida.

NOTA DE RELATORÍA: Ver Sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 29 de abril de 2015, Radicación 25000-23-24-000-2009-00283-01, C.P. María Elizabeth García González.

SANCIÓN ADUANERA – A empresa transportadora / CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD ADUANERA – Hecho de un tercero / RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR – Las actuaciones de sus empleados o dependientes no lo exime / RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR – Excepciones / OBLIGACIÓN ADUANERA – El incumplimiento de la empresa transportadora de poner a disposición la mercancía para su aprehensión no es atribuible a empleado suyo / EXONERACIÓN DE SANCIÓN ADUANERA POR HECHO DE UN TERCERO - Improcedencia

[L]os actos acusados y sus antecedentes administrativos dan cuenta que la recepción de la mercancía y las gestiones para su supuesta salida hacia el exterior fueron adelantadas por el señor […], no como un tercero ajeno a la empresa demandante, sino en su calidad de Jefe de Carga Internacional de AEROSUCRE S.A. y en cumplimiento de las funciones que dicho cargo comportaba relacionadas precisamente con el recibo de mercancías objeto de control aduanero para su envío en vuelos hacia el extranjero, tareas que por supuesto corresponden al objeto social de dicha sociedad como empresa transportadora. De esta forma, no puede pretenderse por la parte actora que la conducta de su dependiente constituya un hecho de un tercero extraño a su esfera jurídica, pues es claro que la infracción aduanera cometida (simulación de una exportación y exclusión del control aduanero de la mercancía) tuvo lugar dada la condición de aquél como empleado de AEROSUCRE S.A., quien actuó en desarrollo de sus funciones como Jefe de Carga Internacional de esta sociedad. […] [L]a actuación de los dependientes en principio no exime de responsabilidad a los empleadores, salvo que se demuestre por estos últimos que fueron diligentes y prudentes al momento de elegir o vigilar a los trabajadores en el correcto desempeño de sus labores, aspecto este último del cual no hay evidencia en este proceso. En efecto, no se acredita por la parte actora que haya actuado con diligencia y cuidado, estableciendo mecanismos de control, seguimiento y verificación que pudieran haber advertido o evitado la utilización indebida de su documentación por parte de sus empleados. La falta de aplicación de tales controles se deduce, además, del hecho que con anterioridad a la irregularidad relacionada con la mercancía amparada en la guía 0217154 (de 30 de enero de 2001) ya había ocurrido un hecho similar (simulación de la exportación de la mercancía relacionada en la guía 0217087 de 28 de septiembre de 2000), sin que la empresa AEROSUCRE S.A. lo hubiera detectado.

NOTA DE RELATORÍA: Ver Sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 9 de septiembre de 2004, Radicación 25000-23-24-000-2002-90012-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, de 16 de julio de 1985, Radicación 2419, M.P. Horacio Montoya Gil; Corte Constitucional, C-390 de 2017, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; C-1235 de 2005, M.P. Cristina Pardo Rodrigo Escobar Gil.

SANCIÓN ADUANERA – A empresa transportadora / FALSA MOTIVACIÓN – No se configura al evidenciarse la simulación de una operación de exportación

[E]l cargamento de licor sí fue recibido efectivamente por AEROSUCRE S.A., a través de su Jefe de Carga Internacional, en ejercicio de las funciones propias de su cargo, y como tal, dicha recepción se tiene como una actuación suya. Y si bien es cierto que la mercancía se descargó en otras bodegas (las de Líneas Aéreas Petroleras –LAP-), ello ocurrió por solicitud del mencionado dependiente de la sociedad demandante, a quien le fueron entregadas en custodia, quedando por ende bajo la responsabilidad de la empresa en cuyo nombre actuaba. […] [E]s un hecho cierto y no discutido que se simuló una operación de exportación y que por lo tanto no se transportó la mercancía finalmente hacia el exterior en los aviones de AEROSUCRE S.A. No obstante, es cierto también, de acuerdo con lo antes explicado en esta providencia, que el Jefe de Carga Internacional de esta sociedad elaboró las guías aéreas identificadas con los números 0217087 de 27 de septiembre de 2000, 0217400 de 24 de noviembre de 2000, 0217154 de 30 de enero de 2001, y 0217155 de 30 de enero del 2001, las cuales constituyen el documento de transporte que certifica precisamente la existencia del contrato de transporte y el recibo de la mercancía objeto del mismo. En este orden, no es cierto que exista falsa motivación en los actos acusados, pues éstos expresan la realidad fáctica probada en la actuación administrativa.

SANCIÓN ADUANERA – Su imposición no constituye un enriquecimiento sin justa causa

[A]firma la parte actora que la imposición de sanciones sin fundamento fáctico y legal, como la aquí cuestionada, propicia para el tesoro nacional un enriquecimiento sin justa causa que pugna contra los principios de equidad y de justicia, los cuales deben ser respetados por la autoridad aduanera. […] [E]n consideración a que, como quedó ampliamente estudiado en los numerales anteriores, la sanción impuesta a la sociedad AEROSUCRE S.A. se encuentra ajustada a la ley. En efecto, esta empresa, en su calidad de transportadora, intervino en la operación de comercio exterior que dio lugar a que la DIAN requiriera para su aprehensión la mercancía objeto de ella, y como incumplió el deber de ponerla a disposición de la autoridad aduanera para tales efectos, se hizo acreedora de la sanción de multa dispuesta en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, norma aplicada debidamente en este asunto, dada la calidad de AEROSUCRE S.A. como sujeto que tuvo derecho o disposición sobre la mercancía.

NOTA DE RELATORÍA: Ver Sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 16 de septiembre de 2010, Radicación 11001-03-27-000-2004-00081-00, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1738 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2072 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2349 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 83 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1887 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 3 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 503

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-24-000-2003-00275-01

Actor: AEROSUCRE S.A

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Referencia: SANCIÓN DE MULTA A TRANSPORTADOR POR NO PONER A DISPOSICIÓN MERCANCÍA PARA SU APREHENSIÓN.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 23 de enero de 2012 proferida por la Sección Primera Subsección C en Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó las súplicas de la demanda interpuesta por AEROSUCRE S.A.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 85 del C.C.A. la sociedad AEROSUCRE S.A., a través de apoderado judicial, demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN), con el objeto de que se accediera a las siguientes:

1.1. Pretensiones

“DECLARACIONES

1. Se decrete la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 8835 de 6 de septiembre de 2002, por medio del cual se impone sanción de multa, proferida por la División de Investigaciones Especiales de la Subdirección de Fiscalización Aduanera de la Dirección de Impuestos Nacionales.

2. Igualmente se decrete la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 12293 del 18 de diciembre de 2002, por medio de la cual se confirma la sanción de multa, proferida por la División de Normativa y Doctrina de la misma Dirección, quedando agotada la vía gubernativa.

3. Que se declare que soy apoderado del actor.

CONDENAS

1. Se exonere de cualquier responsabilidad a la sociedad AEROSUCRE S.A. y consecuencialmente al pago de la sanción de multa de que tratan los actos administrativos objeto de esta demanda.

2. Que se reconozcan los gastos judiciales, administrativos y Contencioso Administrativos en que ha tenido que incurrir el actor para evitar el decomiso de la mercancía, decisión que de manera irregular pretende hacer efectiva la autoridad aduanera. Incluyendo los costos y gastos por concepto de honorarios profesionales del abogado en instancia y agotamiento de la Vía Gubernativa, que se acreditarán dentro del proceso.

3. A título de lucro cesante se liquiden, reconozcan y se ordene el pago de los intereses corrientes vigentes conforme lo establece el Art. 1617 del Código Civil, sobre la anterior suma a devolver, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia y/o el día en que se efectúe el pago.

4. Que se ordene a la parte demandada el cumplimiento de la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.” (Fl. 12 del cuaderno principal – mayúsculas sostenidas del texto original)

1.2. Fundamentos de hecho

Mediante oficio número 0223/POLFA.DIJUD el Subdirector de Inteligencia y Policía Judicial de la Policía Fiscal y Aduanera remite al Subdirector de Fiscalización Aduanera los antecedentes relacionados con el tránsito aduanero número 0118 del 27 de febrero de 2002, aprobado por la DIAN Zona Franca de Bogotá, con destino al depósito In Bond ubicado en el interior de la sociedad portuaria regional Barranquilla, dirigido a la movilización de un cargamento de Ron Bacardí, el cual se comprobó que se quedó en el territorio nacional debido a que las guías de la empresa AEROSUCRE resultaron falsas.

El 6 de marzo de 2001 el señor Mauricio Alvarado Gaitán presentó ante el representante legal de AEROSUCRE carta de renuncia al cargo de Jefe Internacional de Carga de esta empresa, en la que expresó lo siguiente: “Teniendo en cuenta que para soportar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el vuelo de la Compañía en la ruta BOG-CCS de la Aeronave HK3985 efectuado el 6 de febrero de este año, utilicé y presenté una guía de carga aérea y un manifiesto de carga con información falsa, es decir que no corresponden al contenido real del vuelo, me permito informarle que asumo la total responsabilidad por este hecho y en consecuencia renuncio en forma irrevocable al cargo de Jefe Internacional que vengo desempeñando en la compañía, ya que mi interés es el de presentarme ante las autoridades para responder por mi conducta”.

Ante la gravedad de los hechos motivo de la renuncia, el 12 de marzo de 2001, el representante legal de AEROSUCRE formuló denuncia penal ante la Fiscalía de Engativá, radicada con el número 545849-176, y a solicitud de la empresa, el día 23 de marzo siguiente se practicó inspección judicial por el Fiscal Delegado ante los Jueces del Circuito. El Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá dictó sentencia anticipada contra el señor Mauricio Alvarado Gaitán el día 21 de agosto de 2001.

La División de Investigaciones Especiales de la Subdirección de Fiscalización Aduanera de la DIAN expidió la Resolución número 8835 del 6 de septiembre de 2002, por medio de la cual impuso a AEROSUCRE una sanción consistente en el pago de una multa.

Esta decisión fue confirmada por la División de Normativa y Doctrina Aduanera de la misma Dirección a través de la Resolución número 12293 del 18 de diciembre de 2002.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

En opinión de la parte actora los actos administrativos acusados infringen los artículos 2, 6, 29, 34, 83, 123 y 228 de la Constitución Política; 4 y 52 del Código de Procedimiento Civil; 35, 56 y 84 del Código Contencioso Administrativo; y 2, 503, 511 y 520 del Decreto 2685 de 28 de diciembre de 1999.

Afirmó que al no existir la infracción que dio lugar a la sanción o al menos existir la más mínima intención de cometerla por parte de AEROSUCRE, en tanto que la empresa no tuvo participación alguna en la elaboración de los documentos utilizados fraudulentamente por el empleado Mauricio Alvarado Gaitán, es evidente la violación a los artículos 2, 6 y 123 de la C.P., pues se actuó en este caso siguiendo fines distintos de los del Estado y con desvió de las atribuciones que consagra la ley, desconociéndose que la sociedad demandante no ha actuado en contra de la legislación aduanera en materia de tránsito de mercancías. Agregó que también se incurrió en violación del debido proceso, del derecho de defensa y del principio de favorabilidad consagrados en los artículo 29 y 228 de la C.P., pues, si bien se surtió la vía gubernativa, se rechazaron las pruebas presentadas oportunamente por la demandante, que daban cuenta que el hecho constitutivo de la infracción fue producto de la conducta delictuosa de un empelado de AEROSUCRE.

Aseguró que se vulneró el artículo 34 de la C.P., toda vez que la sanción de multa se convierte en una pena confiscatoria, lo que produce en consecuencia un enriquecimiento sin causa por parte del Estado; e igualmente que se desconoció el artículo 83 ibídem, que consagra el principio de buena fe, toda vez que AEROSUCRE no incurrió en conductas omisivas, dolosas o de mala fe que fueran merecedoras del reproche de que tratan los actos demandados.

Precisó que se infringió el artículo 4º del C.P.C., pues con la sanción impuesta se desconoció que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, lo cual fue obviado por la DIAN al interpretar y aplicar las normas de procedimiento relativas a las pruebas de los hechos investigados. Agregó que también se vulneró el artículo 52 de ese Estatuto, por indebida integración del litisconsorcio necesario, toda vez que existiendo otros sujetos como el propietario o exportador de la mercancía, su vendedor en la zona franca, los funcionarios que la escoltaron, o el conductor que la transportó supuestamente hasta las instalaciones de AEROSUCRE, éstos no fueron vinculados al proceso aduanero.

Estimó que los actos acusados vulneran flagrantemente los artículos 35 y 84 del C.C.A., puesto que se encuentran falsamente motivados debido a la errada apreciación de los hechos y de las pruebas, en particular del testimonio y la confesión del señor Mauricio Alvarado Gaitán, empleado de AEROSUCRE, quien manifestó que utilizó ilícitamente documentos de la empresa. Así mismo, tales actos vulneran el artículo 56 de ese Código, por desconocimiento de las pruebas aportadas.

Apuntó que al expedirse el requerimiento aduanero y los actos demandados se desconocieron los principios de justicia y equidad consagrados en el artículo 2º del Decreto 2685 de 1999, al crearle indebidamente cargas a la demandante.

Expresó que existe indebida motivación del requerimiento especial aduanero así como de los actos acusados por indebida integración del litisconsorcio, y al respecto destacó que en el expediente obra el Oficio 03-068-199-248 del 26 de marzo de 2002, en el que el Jefe del Grupo Interno de Trabajo de la DIAN Zona Franca informa que se cumplió con el trámite establecido en el artículo 368 de la Resolución 4240 de 2000 –diligenciamiento del formulario de movimiento de mercancías en zona franca- y que por parte de ese grupo “[…] se procedió a verificar la documentación del trámite y a efectuar con la POLFA Zona Franca acompañamiento de la mercancía hasta las bodegas en el Aeropuerto el Dorado, bajo el cual la custodia de la mercancía quedó bajo la responsabilidad de la Aerolínea Aerosucre, representada por el señor Jefe de Bodega Mauricio Alvarado, mientras se configuraba la salida al resto del mundo […]”. Advirtió que de ese informe surgen los siguientes interrogantes que la DIAN pasó por alto: ¿en dónde o en qué lugar entregaron las mercancías los funcionarios que las escoltaron?; ¿qué funcionario ordenó el embarque y porqué empresa se realizó?, ¿de conformidad con lo dispuesto en el artículo 369 del Decreto 2685 de 1999 y la Resolución 4240 de 2000, con qué documentos el usuario operador de la Zona Franca finalizó el régimen de transito?

Indicó, en esa misma dirección, que de los documentos que obran en el expediente aparecen unas personas jurídicas y naturales que debieron vincularse a la actuación, como el propietario o vendedor de las mercancías, o la sociedad Import and Export RF Ltda., usuario de la Zona Franca de Bogotá, quien fue la persona encargada de la venta y salida de la mercancía de esa zona, o el conductor del vehículo que las transportó desde la Zona Franca hacia un lugar desconocido.

Agregó, que resulta sospechoso el silencio de las personas que intervinieron en la negociación de la mercancía (quienes no acudieron a reclamarlas), así como la falta de diligencia de la DIAN para establecer el paradero de aquella y las personas que se beneficiaron del tránsito aduanero fraudulento, e igualmente la conducta de los funcionarios de esta entidad que acompañaron la mercancía y la descargaron en las bodegas de la empresa LAP por sugerencia del empleado de AEROSUCRE, hecho éste que además corrobora que la mercancía nunca estuvo en las instalaciones de esta empresa. Estimó, en ese sentido, que al estar claramente definidos en el Estatuto Aduanero (artículos 41 y 42) las áreas de ingreso o egreso de las mercancías o las que ha autorizado la DIAN, como es el caso de las amplias bodegas de AEROSUCRE, los funcionarios de la DIAN no podían autorizar el ingreso de aquellas a otra bodega que no estaba autorizada para almacenamiento, máxime si tales mercancías no habían sido nacionalizadas y sobre éstas se habían utilizado unos documentos apócrifos para declarar un supuesto transito aduanero. En consecuencia, al existir desconocimiento y negligencia de los funcionarios de la DIAN que acompañaron la mercancía, no puede imputársele responsabilidad a AEROSUCRE.

Afirmó, desde el mismo ángulo de argumentación, que existió una indebida interpretación del artículo 3º como del artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, que establece que la sanción allí dispuesta podrá imponerse al importador o declarante, según sea el caso, como al propietario, tenedor o poseedor, o a quien se haya beneficiado de la operación, o a quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías o a quien de alguna manera intervino en dicha operación. En efecto, en el expediente está demostrado que AEROSUCRE S.A. no es importador o declarante, ni propietario, ni tenedor, ni poseedor de la mercancía y mucho menos se benefició de la operación, ni tuvo ningún derecho ni disposición sobre la mercancía, como tampoco intervino en dicha operación: la sociedad AEROSUCRE S.A. en ningún momento efectuó negocio alguno con el declarante o cualquier otra persona, ni recibió en sus bodegas las mercancías y mucho menos intervino en la supuesta operación de tránsito, razón por la cual procedió a formular el respectivo denuncio del hurto de las guías aéreas utilizadas ilícitamente tanto por el señor Mauricio Alvarado Gaitán como presuntamente por el declarante Import and Export RF Ltda., documentos que supuestamente amparaban un tránsito de mercancía.

Resaltó que no se encuentra explicación alguna para que, existiendo el declarante del supuesto tránsito de mercancías, los funcionarios aduaneros que acompañaron la mercancía, el transportador que efectuó el transporte de ésta de la zona franca hacia el Aeropuerto, ninguno de tales sujetos fueran vinculados al proceso aduanero, desconociendo en esta forma la responsabilidad de cada uno de ellos según lo establecido en el Estatuto Aduanero, responsabilizándose únicamente a AEROSUCRE S.A. como transportador que en ningún momento participó en dicha operación aduanera y que, ajena a los hechos, fue víctima de la utilización ilícita de documentos propios de la empresa por parte de un empleado suyo.

Agregó que existe falsa motivación tanto del requerimiento aduanero como de los actos acusados, por la inexacta e indebida apreciación de los hechos, pues no está demostrado que AEROSUCRE fue la empresa transportadora ni que recibió las mercancías ni realizó operación comercial alguna con Import and Export RF Ltda. o con Davadia, declarante del supuesto tránsito aduanero.

Estimó que existe atipicidad de la conducta que se endilga AEROSUCRE, pues la DIAN pretende responsabilizarla de una presunta infracción de contrabando, sin tener en cuenta que esta es ajena a los hechos que originaron la utilización ilícita de las guías por parte del señor Mauricio Alvarado Gaitán y presuntamente por el declarante de la mercancía, y que las mercancías nunca ingresaron a sus instalaciones.

Alegó que de acuerdo con el artículo 3º del Decreto 2685 de 1999 son responsables de las obligaciones aduaneras el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía, y que responderán de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante, en los términos previstos en el dicho decreto; y que conforme a lo antes explicado, es claro que AEROSUCRE ni transportó, ni almacenó en sus bodegas la mercancía objeto del supuesto transito aduanero, sin que pueda ser responsable por la conducta ilícita de su empleado, tal y como lo establece claramente el Código Laboral Colombiano. Precisó, de otro lado, que conforme al artículo 4º del Decreto 2685 de 1999 la obligación aduanera es de carácter personal y su cumplimiento puede ser efectivo sobre la misma mercancía siempre y cuando sea propiedad del obligado, y que como AEROSUCRE S.A. no es el propietario, ni fue el tenedor o depositario y menos aún el transportador de la mercancía, no existe ninguna obligación aduanera personal de su parte por cuyo incumplimiento pueda ser sancionada.

Señaló que como la utilización ilícita de los documentos propios de la empresa por parte del señor Mauricio Alvarado Gaitán originó los hechos mencionados en el requerimiento especial aduanero y en las resoluciones demandadas, por los cuales se pretende sancionar a AEROSUCRE, surge en beneficio de esta la aplicación de una causal exonerante de responsabilidad, habida consideración que de conformidad con nuestra legislación los actos de terceros son constitutivos de una causa extraña, que al intervenir en la esfera jurídica de quién es pretendido como responsable de un hecho, adquiere un poder exonerativo equivalente a lo que el ordenamiento legal conoce como caso fortuito o fuerza mayor (art. 1º de la Ley 95 de 1890).

Anotó, en ese orden, que el hurto y la utilización ilícita de los documentos propios de la empresa, aunque constituyen una infracción, no es de responsabilidad de AEROSUCRE por ausencia del elemento culpabilidad, y que demostrado como está que en ningún momento tuvo participación en los hechos investigados y mucho menos tuvo la intención de infringir las disposiciones aduaneras que se citan en el Requerimiento Aduanero, sino que actuó por el contrario de buena fe, su conducta debe ser amparada por la presunción consagrada en el 83 de la Constitución Política y en los artículos 769 del Código Civil y 835 del Código de Comercio, que prescriben que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a este postulado, el cual además se presume en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas.

Consideró, finalmente, que la imposición de sanciones sin fundamento fáctico y legal, como la aquí cuestionada, propicia para el tesoro nacional un enriquecimiento sin justa causa que pugna contra los principios de equidad y de justicia, los cuales deben ser respetados por la autoridad aduanera.

1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN contestó en tiempo la demanda y se opuso a sus pretensiones.

Señaló que el proceder incorrecto del empleado de AEROSUCRE tuvo lugar porque actuó como representante de la empresa y en pleno desarrollo de las labores que desempeñaba como dependiente de ella, y que dentro del expediente está plenamente demostrado que recepcionó las mercancías que fueron objeto de los actos administrativos demandados y esto lo hizo lógicamente en nombre de la mencionada firma, por lo que se colige que ésta tenía la responsabilidad sobre tales mercancías.

Agregó que “[…] en situaciones como la que nos ocupa se genera por parte del empleador una responsabilidad por el hecho ajeno que para efectos aduaneros tiene su sustento legal en una norma expresa sobre la que se edificaron los actos demandados y que atribuye una responsabilidad concreta a la empresa transportadora […] el artículo 3° del Decreto 2685 de 1999 […]”, y que esta norma ineludiblemente permite concluir que la responsabilidad sobre la mercancía encartada en el proceso administrativo adelantado por la DIAN recaía exclusivamente en AEROSUCRE S.A., en su calidad de transportista, sin que interese a la autoridad aduanera si al interior de la empresa se procedió fraudulentamente, pues lo que a ella le compete no es cosa diferente a que la mercancía fue desviada en su destinación y que por tal circunstancia no fue posible su aprehensión, dando lugar por ende a la aplicación de la sanción impuesta, toda vez que se violó el compromiso que ostentaba el transportador en su calidad de tal.

Destacó que la demandante no puede despojarse de su responsabilidad alegando la conducta de su empleado, pues este planteamiento supondría que por ejemplo las empresas de mensajería no responderían por su encargo con los clientes cuando sus empleados actuaran fraudulentamente con los bienes que se les encomienda; en su sentir “[…] allí recae precisamente su responsabilidad y la importancia de actuar diligentemente en aspectos como la idónea selección de sus empleados y demás medidas de control que garanticen el correcto desempeño de sus obligaciones”.

Afirmó que en este caso existe una responsabilidad estrictamente en cabeza del transportista, un incumplimiento comprobado de sus obligaciones y una norma legal que atribuye a tal situación una sanción administrativa, y destacó que a la normativa que sanciona el hecho consistente en que una mercancía que deba ser exportada se desvíe irregularmente cuando se encuentra en custodia y responsabilidad del transportista, no le interesan las motivaciones o causas previas que provocaron el hecho sancionado.

Estimó que las normas supra legales que alega como violadas la parte demandante precisamente se encuentran salvaguardadas por la actuación sancionatoria de la DIAN, pues no existiría garantía alguna para los administrados si las personas jurídicas no respondieran como tal por los actos irregulares en que incurrieran sus dependientes en desarrollo del objeto social de la empresa.

Indicó, refiriéndose al cargo de indebida motivación del requerimiento especial aduanero y de los actos acusados por indebida integración del litisconsorcio, que durante el proceso administrativo sancionatorio se pudo determinar con suficiente sustento probatorio que el empleado de AEROSUCRE recibió en nombre de la empresa la mercancía presentándose la irregularidad cuando se encontraba bajo su exclusiva responsabilidad, de forma tal que no se entiende en qué medida pueden resultar necesariamente involucrados otros sujetos de la obligación aduanera, cuando la obligación del transportador es clara así como su incumplimiento.

Puntualizó que se encuentra fuera de contexto incursionar en detalles del cómo sucedieron los hechos delictivos cuando lo que le compete exclusivamente a la DIAN es analizar el asunto puramente administrativo y aduanero de si la mercancía al quedar en estado de ilegalidad fue o no susceptible de aprehensión.

Agregó que “[…] los hechos a que se refiere este cargo escapan al debate que debe ocupar la presente litis, son elementos propios del como sucede una infracción penal y en nada pueden desvincular a la firma actora de su obligación como transportista de recibir y exportar los bienes que se le encargan, compromiso que no fue cumplido y que mi representada debió sancionar sin que aporte nada el analizar conductas como las del conductor del camión que trasladó la mercancía desde la Zona Franca o de quienes la acompañaron hasta su entrega a AEROSUCRE S.A. y mucho menos adentrarnos en connotaciones como de inocencia sospechosa de personas cuando media un reconocimiento explícito y formal de que un empleado suyo que se desempañaba como Jefe de Carga Internacional se valió de su cargo para mal utilizar documentación engañando a mi defendida y desviando el legal destino de la mercancía, que es lo que realmente compete a mi representada y lo que la obligó, dadas sus funciones legales, a proferir los actos demandados los cuales se fundaron en el hecho flagrante y evidente de imposibilitarse la aprehensión de la mercancía”.

Señaló, de cara a los cargos de indebida interpretación del artículo 503 del Decreto 2685 de 1999 y atipicidad de la conducta de AEROSUCRE, que la DIAN al iniciar la investigación administrativa se dirigió a la empresa Import And Export RF Ltda., en su condición de usuario comercial de la Zona Franca, y que ésta en respuesta al Requerimiento Especial Aduanero número 63-00-042-1803 aportó los documentos de ingreso y salida de las mercancías, suministrando así los soportes probatorios necesarios para determinar que éstas salieron de su órbita de responsabilidad e ingresaron formalmente a la de AEROSUCRE S.A., en donde fueron recibidas por el señor Mauricio Alvarado Gaitán en su calidad de Jefe de Carga Internacional, quien sustrajo y utilizó las guías de esa empresa. Esta información -agregó- fue confirmada por los documentos enviados por el citado empleado a la División de Exportaciones de la Administración Especial de Servicios Aduaneros Aeropuerto El Dorado y que fueran recopilados por la División de Investigaciones Especiales, dependencia que en vista de las pruebas recaudadas requirió formalmente a AEROSUCRE SA para que, de acuerdo a lo demostrado, pusiera las mercancías a disposición de la autoridad aduanera, solicitud que fue respondida en sentido negativo dando lugar a la expedición de los actos demandados.

Destacó que “[…] resulta conveniente reiterar el hecho de que en desarrollo del proceso administrativo adelantado se demostró plenamente que la mercancía salió en debida forma de las instalaciones de la Zona Franca, que se trataba de mercancía bajo estricto control aduanero pues no se había surtido respecto de ella proceso alguno de nacionalización y así debía ser reexpedida al exterior, razón por la que se dejó bajo custodia de la firma transportadora hoy accionante a través de una actuación igualmente comprobada de su jefe de carga internacional sin que se presentara hasta hoy explicación legal alguna de su existencia y puesta a disposición de la autoridad aduanera como era la obligación de quien la recibió en calidad de transportador, lo que constituye el presupuesto legal necesario para imponer la sanción contemplada en la normatividad en este tipo de incumplimientos sin que resultara procedente vincular a sujetos diferentes al transportador debido al acervo probatorio con base en el cual se constató la responsabilidad exclusiva del transportador en la irregularidad”. Concluyó, en ese mismo sentido, que “[…] AEROSUCRE S.A. tuvo en su momento y a través de su empleado encargado la disposición sobre las mercancías posteriormente extraviadas, participando, como claramente se logró demostrar de manera fehaciente, […] en la operación, siendo bajo su participación que fueron desviadas las mercancías a lugar desconocido, por tal razón la norma sancionatoria fue aplicada con plenitud de fundamentación jurídica no encontrándose sustento alguno para predicar una supuesta indebida aplicación y mucho menos una falsa motivación en los actos administrativos demandados […]”.

Manifestó, así mismo, que en el expediente administrativo obran planillas de envío al aeropuerto suscritas y selladas, así como las guías aéreas expedidas por AEROSUCRE S.A. e inclusive un acta de custodia que corrobora que la mercancía estuvo bajo su estricta responsabilidad, lo que descarta la prosperidad de las acusaciones formuladas por la demandante.

Adujo que el cargo referido a la exclusión de responsabilidad por fuerza mayor no tiene mérito, toda vez que la actuación llevada a cabo por el señor Mauricio Alvarado Gaitán, Jefe de Carga Internacional de la empresa demandante, tuvo lugar en desarrollo de las funciones que ejecutaba para ella, en las instalaciones de la misma y adicionalmente el ilícito guardó estrecha relación con el manejo que tenía en cabeza suya de asuntos relacionados con la responsabilidad sobre mercancías objeto de control aduanero.

En ese sentido –señaló-, “[...] la actora no puede asimilar la irregularidad en que incurrió a la de un tercero como si se tratara de un ilícito que en nada tocara con el objeto social de la mencionada empresa transportadora, tal sería el caso de que la falsedad de documentos se hubiera realizado en su condición personal sin vínculo alguno con las labores a él asignadas por su empleador”.

Afirmó que se está en presencia de un evento en el que la parte actora ostenta plena responsabilidad por el hecho ajeno, ya que se trata de uno de sus dependientes y se lleva a cabo en desarrollo de las funciones propias de ella, por lo que sería un grave precedente el que se le eximiera de responsabilidad, pues en la misma medida responde bajo el punto de vista comercial de conformidad con el artículo 1887 del Código de Comercio, norma ésta que establece que “[e]l transportador será responsable de la pérdida o avería de la mercancía y equipaje registrado, cuando el hecho que causó el daño ocurra a bordo de la aeronave o hallándose aquellos bajo la custodia del transportador, sus agentes, dependientes o consignatarios ...”.

Advirtió que se trata de un acto realizado por un funcionario de la empresa que contaba con amplias facultades y un alto nivel de responsabilidad al desempeñar un encargo de tanto manejo y confianza y que, en tal orden, correspondería evaluar si se agotaron las verificaciones necesarias para su selección como trabajador en un cargo de tal envergadura o si la firma transportadora ha establecido medidas de control para procesos de tan delicado trámite; y agrega que, de lo aportado al expediente administrativo, solo se puede desprender que el Jefe de Carga Internacional contaba con omnímodas facultades y actuaba sin control alguno, lo que se traduce en un significativo grado de responsabilidad de AEROSUCRE S.A., no pudiéndose resguardar en el argumento de la fuerza mayor o el caso fortuito, pues no se aporta ningún elemento probatorio que lleve a concluir que la demandante actuó de manera diligente y que, poniendo en práctica todo lo que estaba a su alcance, aun así se presentó la irregularidad de su empleado.

Expresó que la sanción aplicada por la DIAN se encuentra establecida en una norma y se impuso de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso administrativo, de modo tal que se dio cumplimiento al principio de legalidad en materia sancionatoria. Señaló, finalmente, que no existen las condiciones que exige la ley para que se configure el enriquecimiento sin causa, “[…] pues [el cumplimiento de] la obligación de poner a disposición la mercancía para proceder a su aprehensión nunca se dio, circunstancia contemplada en la norma como sancionable con una multa allí mismo establecida, lo que hace legítimo el nexo causal de la sanción impuesta y descarta la presencia de un eventual Enriquecimiento sin causa y de la falta al principio de justicia por estar su tasación consagrada expresamente en la ley”.

II. LA SENTENCIA APELADA

La Sección Primera Subsección C en Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda mediante sentencia del 23 de enero de 2012, con sustento en las siguientes razones:

Afirmó que el artículo 29 de la Constitución Política establece la potestad sancionadora del Estado y señala los principios que rigen las actuaciones penales y administrativas, y agregó que, conforme a lo precisado por la Corte Constitucional, no es aplicable el principio de culpabilidad en las actuaciones administrativas sancionatorias.

Señaló que la DIAN sancionó a AEROSUCRE S.A. con multa equivalente al doscientos por ciento del valor en aduana de la mercancía que se ordenó aprehender, de conformidad con lo indicado en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, norma de la que se deduce, en armonía con los artículos 3º y 4º ibídem, que es acreedor de la sanción en ella prevista no solo el importador o declarante de la mercancía, el propietario, tenedor o poseedor, sino quien se haya beneficiado de la operación, o quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías, o quien de alguna manera intervino en dicha operación, por ser sujetos responsables de las obligaciones aduaneras.

Indicó que en el expediente obra diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada realizada dentro del proceso número 545849 iniciado en contra del señor Mauricio Alvarado Gaitán por la Fiscalía Seccional 176, por razón de la denuncia interpuesta por AEROSUCRE S.A. por las irregularidades que surgieran al utilizarse por parte del sindicado, quien ocupaba el cargo de Jefe de Carga Internacional dentro de la empresa, una guía de carga con datos ficticios, con el fin de simular el envío de un cargamento de licores a Venezuela, configurándose el delito de contrabando. Agregó que en la indagatoria el procesado manifestó que dentro de sus funciones se encontraba la de adelantar los trámites de aduana ante la DIAN y la utilización y diligenciamiento de las guías aéreas y demás documentación pertinente para ello, de manera que aprovechó tal privilegio para enviar un cargamento de licores a Venezuela de manera irregular, recibiendo más de mil dólares por sus gestiones.

Estimó que no se configuró la causal exonerante de responsabilidad de fuerza mayor o caso fortuito alegada por la demandante, toda vez que no se cumplieron en este caso los dos elementos esenciales para que tenga cabida, esto es, la imprevisibilidad y la irresistibilidad, pues ateniendo los lineamientos del Consejo de Estado, el ilícito cometido por el Jefe de Carga Internacional de AEROSUCRE S.A., que dio lugar a la sanción impuesta a la parte demandante, no constituye un imprevisto imposible de resistir. En efecto -precisó- la sociedad demandante tuvo la posibilidad de precaver la utilización ilícita de las guías aéreas, manifiestos de carga o cualquier otro documento necesario para el cumplimiento de su objeto social, máxime cuando de estos se deriva su responsabilidad como transportador, estableciendo los controles que considerara idóneos para evitar que fueran usados en forma irregular, pero no lo hizo, o al menos no aparece probado dentro del expediente que pese a las medidas tomadas fue imposible evitar que el hecho se presentara.

Apuntó que carece de fundamento el cargo consistente en que en el presente asunto no se integró en debida forma el litis consorcio necesario, toda vez que según las guías aéreas y los manifiestos de carga allegados al procedimiento administrativo sancionatorio que culminó con la imposición de multa a la empresa AEROSUCRE S.A., la mercancía que no fue puesta a disposición de la DIAN estaba únicamente bajo la responsabilidad del transportador, no encontrándose mérito alguno para determinar otro sujeto responsable de la obligación aduanera, en virtud de lo consagrado en los artículos 3 y 503 del Decreto 2685 de 1999.

Manifestó que no es válida la acusación de falsa motivación de los actos acusados, pues aunque la mercancía que se ordenó aprehender por parte de la DIAN no ingresó a las bodegas de AEROSUCRE S.A. ni fue transportada de manera efectiva por esta, el Jefe de Carga Internacional de dicha empresa, actuando en calidad de tal, la recibió y simuló su envío, excluyéndose el control aduanero sobre la misma, “de manera que, sin lugar a dudas, procedió su aprehensión y decomiso, omisión que dio lugar a la imposición de la sanción respectiva del ente fiscalizador”.

Anotó, refiriéndose a la buena fe, que no se puede desconocer que AEROSUCRE S.A. fue víctima del delito de contrabando cometido por un empleado suyo, quien abusó del cargo de Jefe de Carga Internacional que ocupaba dentro de la empresa para beneficiarse económicamente con la simulación del envió de la mercancía objeto de debate; no obstante lo cual, tal hecho no es suficiente para eximirla de responsabilidad, pues no demostró que hubiere actuado con la debida diligencia y cuidado, estableciendo mecanismos de control que pudieran evitar o advertir las irregularidades presentadas. Agregó que el hecho que la empresa demandante hubiese denunciado la ilicitud realizada y, como consecuencia de ello, el transgresor haya sido procesado penalmente, no lo exime de la responsabilidad aduanera que le es exigible al ostentar la calidad de transportador de la mercancía que se ordenó aprehender; así mismo, el hecho de que hubiera obrado de buena fe no hace desaparecer la conducta que dio lugar al decomiso.

Precisó, frente al argumento de la ausencia de culpabilidad, que se trata de una sanción administrativa y no de un asunto disciplinario o penal, y que “[e]n este caso, sin incurrir en la responsabilidad objetiva, no se evidenció en las pruebas elementos que demuestren que la demandante empleó todos los mecanismos para evidenciar en sus arcas, contabilidad, u otras la ocurrencia de este tipo de conductas que perjudican la economía estatal”.

Finalmente, señaló que no tiene vocación de prosperidad el alegato relacionado con el enriquecimiento sin justa causa, dado que en el presente asunto existió una causa jurídica que hizo procedente la imposición de la sanción de multa, en aplicación a lo establecido en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999.

III.- EL RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte actora interpuso en forma oportuna recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Afirma que tanto la sentencia impugnada como los actos administrativos objeto de la demanda incurren en nulidad por indebida integración del Iitis consorcio necesario, toda vez que existe un propietario de la mercancía, un vendedor de esta en Zona Franca, un grupo de funcionarios que la escoltaron y un conductor que transportó las mercancías desde zona franca supuestamente hasta las instalaciones de AEROSUCRE S.A., los cuales brillan por su ausencia en el proceso aduanero.

Precisa que tanto la sentencia impugnada como los actos administrativos objeto de la demanda incurren en una indebida o falsa motivación por errónea apreciación de los hechos y las pruebas, en tanto que AEROSUCRE nunca recibió en sus bodegas ni mucho menos transportó las mercancías supuestamente amparadas en las declaraciones de tránsito. Agrega que la sentencia del Tribunal no hace referencia a la prueba contable practicada dentro de las instalaciones de AEROSUCRE tendiente a demostrar, como efectivamente se hizo, que, de una parte, la empresa nunca celebró contrato de transporte con el exportador o con su agente de carga o agente de aduanas, y de otra parte, que al no existir este vínculo contractual y comercial, la mercancía nunca ingresó a sus instalaciones.

Subraya que tanto la sentencia apelada como los actos acusados incurren en un desconocimiento de la fuerza mayor como causal exonerante de responsabilidad, toda vez que la sociedad AEROSUCRE S.A. es ajena al hurto y la utilización ilícita de las guías, hecho este que fue aceptado por el empleado de la empresa y por el cual fue condenado por la justicia penal ordinaria.

Señala que tanto la sentencia recurrida como los actos administrativos demandados incurren en un desconocimiento del principio fundamental de la buena fe, puesto que AEROSUCRE S.A. fue víctima del ilícito cometido por el señor Mauricio Alvarado Gaitán, quien confesó, acepto y asumió su responsabilidad por tales hechos.

En sustento del recurso a título de “fundamentos legales que desvirtúan la sentencia en primera instancia” reitera los argumentos planteados en la demanda referentes a la indebida motivación de los actos acusados por falta de integración del litisconsorcio, indebida interpretación de los artículos 3º y 503 del Decreto 2685 de 1999, atipicidad de la conducta endilgada a AEROSUCRE S.A., existencia de la causal exonerante de responsabilidad de fuerza mayor, y enriquecimiento sin causa por parte del Estado.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION EN LA SEGUNDA INSTANCIA Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La parte actora en sus alegatos de conclusión, además de remitirse a los argumentos expuestos ante la primera instancia, señala que en este asunto no se trata realmente de si hubo o no responsabilidad objetiva o subjetiva, sino de que la autoría de la infracción está sustentada sobre la comisión de un delito aceptado por una persona natural, que no puede servir de fundamento para imputárselo a la empresa. Agrega que el sujeto activo de la infracción aduanera no actuaba en condición de empleado de la empresa sino como persona natural en trance de cometer un delito, y que se trata de un caso especial de no responsabilidad del transportador, en donde la comisión de un delito por un empleado de la empresa rompió el vínculo laboral que lo ligaba a ésta y como consecuencia de ello también rompió el nexo causal de responsabilidad de aquella frente a la DIAN.

Afirma, refiriéndose al argumento de la sentencia consistente en que la demandante no precavió la utilización ilícita de las guías aéreas y los manifiestos de carga, estableciendo controles que evitaran su uso irregular, que esto puede ser cierto en situaciones de ordinaria administración, pero que dichas medidas resultan irrelevantes ante la comisión de delitos por el encargado de custodiar las guías, como sucedió en este caso, pues la comisión de una conducta delictual por un empleado de esa jerarquía resulta imposible de prever en la organización y funcionamiento de una empresa, ya que el dolo se anida en el recóndito fuero interno de la persona, más cuando se presume que las personas actúan de buena fe. Resalta que las circunstancias que rodearon la comisión del delito aduanero rompen el nexo de responsabilidad de la empresa frente a la DIAN, pues aquella mal puede responder ante ésta por una mercancía respecto de la cual no hubo contrato de trasporte alguno, y que además no fue depositada en sus bodegas sino en las de otra empresa, además con el consentimiento de la autoridad aduanera que vigiló el trasporte de las mercancías y que contribuyó en cierta forma a que se incurriera en la infracción aduanera.

Precisa que lo que se trata en la sentencia como un caso de fuerza mayor en realidad corresponde al hecho de un tercero, esto es, la conducta delictiva del empelado de AEROSUCRE, que rompe el nexo de responsabilidad de la empresa frente a la DIAN. Añade que cuando la DIAN endilga a la demandante hechos que no le son imputables, incurre en una errada calificación jurídica de éstos y, por ende, en falsa motivación de los actos acusados.

La parte demandada reitera las razones de defensa esgrimidas en los escritos de intervención ante la primera instancia.

El Ministerio Público guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. Los actos acusados: fundamentos fácticos y jurídicos

En este proceso se pretende la nulidad de la Resolución número 8835 de 6 de septiembre de 2002, “[…] por la cual se impone una sanción del doscientos por ciento (200%) cuando no es posible aprehender una mercancía”, expedida por el Jefe de la División de Investigaciones Especiales de la Subdirección de Fiscalización Aduanera de la DIAN, y de la Resolución número 12293 de 18 de diciembre de 2002, “Por la cual se resuelve un recurso de reconsideración interpuesto por AEROSUCRE S.A. contra la Resolución 8835 del 06 de septiembre de 2002 […]”, expedida por el Jefe de la División de Normativa y Doctrina Aduanera de la Oficia Jurídica de la DIAN. El texto de estos actos, en lo pertinente, es el siguiente:

• Resolución número 8835 de 6 de septiembre de 2002:

“[…] De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Inteligencia y Policía Judicial de la Policía Fiscal y Aduanera, sobre las diligencias adelantadas respecto de la salida de un cargamento de licor de la Zona Franca de Bogotá, usuario Import And Export Ltda., con destino a las bodegas de la empresa Aerosucre S.A. y las pruebas que obran dentro del expediente, este Despacho puede afirmar que la mercancía amparada con las guías de Aerosucre Nos. 02- 17400 de fecha 24 de noviembre de 2000, 02-17087 de fecha 27 de septiembre de 2000 y 02-17154 de fecha 30 de enero de 2001, con destino al resto del mundo, no fue realmente exportada, sino que se le dio un destino diferente por parte del señor Mauricio Alvarado, Jefe de Carga Internacional de la empresa transportadora, persona que a su vez fue quien recibió en custodia la mercancía antes mencionada. Podemos por lo tanto señalar que si el funcionario de la empresa AEROSUCRE suscribe en nombre de esta empresa documentos y por ende realiza operaciones en su nombre, independientemente de las acciones civiles o penales que se puedan adelantar en contra de aquel, por los posibles hechos punibles que haya podido cometer, deberá responder en la medida de su intervención, es decir en la medida de las actuaciones que su funcionario haya adelantado en su nombre y representación.
[…]
Ante la falsa motivación y atipicidad señalada […] y teniendo en cuenta las pruebas que obran en el expediente, principalmente los formularios de movimiento de mercancías de la Zona Franca de Bogotá, las planillas de envío al aeropuerto suscritas y selladas por AEROSUCRE S.A. y las guías aéreas expedidas por dicha empresa, es importante precisar que el señor MAURICIO ALVARADO desempeñaba el cargo de Jefe de Carga Internacional para la fecha de los hechos investigados y dentro de sus funciones, de acuerdo con lo declarado por él, el 25 de julio de 2002, se encontraba la recepción de las Mercancías que eran enviadas a AEROSUCRE, por tal motivo podemos afirmar que el señor Alvarado como funcionario de la empresa recibió la mercancía relacionada con la guía aérea No. 0217154 tal como consta en el Acta de Custodia que obra a folio 175, con esto existe prueba idónea y suficiente para concluir que el cargamento señalado ingresó efectivamente al cuidado de AEROSUCRE y por ende se encontraba bajo su responsabilidad. Así mismo aparece probado con prueba documental que el señor Alvarado participó en la salida de las mercancías que se relacionan en los manifiestos de carga de exportación correspondientes a las guías aéreas de AEROSUCRE Nos. 0217087, 0217154 y 0217400, los cuales fueron presentados a la División de Exportaciones de la Administración Especial de Servicios Aduaneros Aeropuerto El Dorado por el señor MAURICIO ALVARADO, como abono de ello esta lo señalado por él en declaración juramentada rendida ante la Policía Judicial de la Policía Fiscal y Aduanera que obra a folio 105-109.

Si bien es cierto se ha pretendido hacer responsable a la firma IMPORT AND EXPORT RF LTDA., usuario de la Zona Franca que remitió la mercancía, lo que se concluye de la versión dada por el señor MAURICIO ALVARADO ante la Fiscalía Seccional 176 de la Unidad Octava de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico y que obra a folio 480, es que la misma no puede ser llamada en este proceso administrativo sancionatorio cuando él afirma que “... Ia mercancía estaba depositada en la Zona Franca en la bodega de IMPORT AND EXPORT quienes hasta el momento eran los directos responsables de la misma en esa Zona Franca, pero al aeropuerto llegó por orden expresa del señor Ayul, quién creo que se comunicó con ellos para dar los datos exactos para el embarque de la misma aunque realmente yo no conozco a ninguno de esa Compañía, y la referenció únicamente por los documentos presentados, en cuanto a la documentación que me presentó la Policía Fiscal Aduanera quienes fueron los que acompañaron el licor de la Zona Franca al aeropuerto todo venía en orden, y aún más viniendo acompañados por ellos, es decir que la entrada al país y a la Zona Franca está sustentada en forma legal, la salida de la Zona Franca también está bien, la salida del país, aunque los documentos presentados por parte mía no son ciertos por el hecho de no haber viajado en avión de Aerosucre si están declarando que el licor iba para Caracas”, por ende hasta el momento en que salió de Zona Franca la mercancía, no se presentó ninguna irregularidad.

Demostrado como está que las mercancías salieron en legal forma de la Zona Franca, AEROSUCRE como transportador asumió la obligación de garantizar la finalización del régimen aduanero que le imponía en este evento específico el transportar a través de sus aviones la mercancía de acuerdo con los destinos que se indicaban en las guías aéreas.

Por todo lo anteriormente expuesto, no se puede afirmar que AEROSUCRE SA no recibió la mercancía, ya que fue un empleado de esta empresa quien en cumplimiento de sus funciones recibió y tramitó la salida de las mercancías relacionadas con las guías Nos. 0217087, 0217154 y 0217400 y por ende no se presenta una falsa motivación y una atipicidad de la conducta sancionada.

Es importante además resaltar que en la medida en que la mercancía se encontraba bajo la custodia de AEROSUCRE no se puede decir que el hecho sancionado es ajeno a esta sociedad y no se puede excluir y exonerar de su presunta responsabilidad ya que entre otros, en el artículo 3 del Decreto 2685 de 1999, se señalan como responsables de la obligación aduanera así: “...De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario, en los términos previstos en el presente Decreto”.
[…]
[N]o es viable en este caso aceptar como causa exoneratoria la de caso fortuito o la fuerza mayor, ya que Aerosucre S.A. como empresa transportadora y teniendo en cuenta los riesgos específicos inherentes a su actividad tenía el deber de ejercer los controles respecto al manejo de la mercancía y de los documentos propios de la empresa, esto con el fin de evitar el incumplimiento de la obligación aduanera. Es decir que el hurto y la indebida utilización de los documentos por parte del señor MAURICIO ALVARADO GAITAN, no correspondía a un imprevisto al que era imposible resistir pues es evidente que siendo la empresa la directora y coordinadora de la actividad es a ella misma a quien le competía adoptar todos los controles atinentes a la permanencia de la mercancía en sus bodegas así como su correspondiente salida sin que pueda aceptarse que todo ello pudiera ser responsabilidad de una sola persona.
[…]
Con relación a lo anterior este despacho no comparte los argumentos del apoderado por cuanto sí bien es cierto la buena fe, que no se desconoce, es un principio consagrado en nuestra constitución y el mismo señala se tiene en cuenta al momento de la expedición de las sanciones a que haya lugar, en el presente caso no se considera como eximente de responsabilidad por cuanto se debe demostrar que ha actuado exento de culpa, lo cual no se ha demostrado hasta el momento.
[…]
El Consejo de Estado en repetidos pronunciamientos ha señalado que no puede hablarse de enriquecimiento sin justa causa cuando se trata de una sanción impuesta a quien incumple la legislación aduanera.
[…]
Por lo expuesto se concluye que: 1. Está demostrado que AEROSUCRE S.A., a través de su Jefe de Carga Internacional recibió la mercancía objeto de investigación pero no las transportó hacia el lugar de destino, este hecho es precisamente el que hace responsable a AEROSUCRE S.A. toda vez que estando bajo su responsabilidad y custodia la mercancía se sustrajo del control aduanero, incumpliendo con los requisitos exigidos en la legislación aduanera para su ingreso al territorio aduanero nacional, concretamente se omitió el pago de los tributos aduaneros, la presentación de la declaración de importación ya que la mercancía no fue exportada; por tal razón sobre esa mercancía procede su aprehensión y decomiso de conformidad con el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, teniendo en cuenta que se tiene como mercancía no declarada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 232 -1 del Decreto 2685 de 1999. || 2. Esta igualmente demostrado que no fue producto de la fuerza mayor el hecho de haberse omitido el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, ya que la empresa AEROSUCRE S.A. a través de su funcionario MAURICIO ALVARADO, Jefe de Carga Internacional, recibió la mercancía y celebró un contrato de transporte cuya prueba es ni más ni menos, las Guías Aéreas cuya autenticidad no desconoce su Representante Legal. La actuación de su funcionario compromete directamente al transportador quien en ese aspecto debe establecer los controles y vigilancia que le corresponde como transportador inscrito ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

El hecho de que el funcionario de la empresa transportadora confiese su falta es indicativo de que la sociedad AEROSUCRE S.A. fue quien intervino en la operación y eso hace evidente su negligencia y falta de cuidado respecto de un hecho que es previsible, razón por la que no se presentó la figura de la fuerza mayor o caso fortuito como eximente de responsabilidad, sin desconocer la buena fe con que haya actuado la empresa sancionada.

Por las anteriores consideraciones y una vez analizado el acervo probatorio que obra dentro del expediente, los cargos formulados en el Requerimiento Especial Aduanero y los descargos presentados por el apoderado de la empresa Aerosucre S.A. y teniendo en cuenta que la mercancía no fue exportada y que la empresa manifiesta no estar en posibilidad física de poner a disposición la mercancía solicitada este Despacho procede a imponer la sanción señalada en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999 [...]”. (Negrillas ajenas al texto original)

• Resolución número 12293 de 18 de diciembre de 2002

“I. Falsa motivación tanto del requerimiento especial aduanero como de la resolución sancionatoria por indebida integración del litisconsorcio necesario, de acuerdo con los siguientes presupuestos.
[…]
1. De conformidad con la norma transcrita [artículo 83 del C.P.C.] es pertinente aclararle al libelista que el proceso administrativo sancionatorio [que] se ha adelantado esta dirigido directamente contra la empresa AEROSOCRE S.A., toda vez que, de una parte las pruebas que reposan en el expediente señalan a la misma como autor de los hechos constitutivos de la infracción administrativa aduanera, y de otra, porque existe disposición expresa que prevé que el transportador es responsable de la obligación aduanera derivada de su intervención (artículo 3° del Decreto 2685 de 1999) y en el presente caso es claro que, con base en las mismas pruebas, la mercancía desapareció estando bajo su custodia. De tal suerte, que los sujetos que integran la relación jurídica que se discute, están claramente definidos, por tanto no existe ningún motivo para vincular al proceso a otras personas para que, como partes, comparezcan al mismo.
[…]
Se debe precisar, que la Ley establece cuando debe ser conformado el Iitisconsorcio necesario, indicando en el Art. 83 del C. de P. C., la regla general para ello, siendo imperativa su conformación cuando el proceso verse sobre actos jurídicos o relaciones jurídicas sobre las cuales no sea posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones, elementos de los cuales carece el proceso que nos ocupa, como quiera que, como ya se dijo antes, las pruebas que reposan en el expediente, solo señalan a la empresa AEROSUCRE como el sujeto activo de la infracción que es objeto de sanción. En el mismo sentido, es necesario indicar que la legislación aduanera delimita las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los sujetos que intervienen en las operaciones aduaneras. De acuerdo con ello, está claramente demostrado en el proceso que tanto el Usuario Operador de la Zona Franca como el Usuario Comercial realizaron las diligencias que les correspondía en la medida de su actuación y de conformidad con la ley; de ahí que la administración no encontró mérito para vincularlos al proceso como sujetos procesales.
[…]
II.- Atipicidad de la Conducta de la Sociedad AEROSUCRE S.A.

[E]ste Despacho encuentra que el hecho que se sanciona en este proceso está descrito en el Artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, bajo la denominación, “Sanción a aplicar cuando no sea posible aprehender la mercancía”, acción que se presenta como ultima ratio por parte del Estado ante la impotencia para hacer efectivo el pago de los tributos aduaneros que se hubieran generado si la mercancía hubiera ingresado legalmente al territorio nacional, por cuanto las pruebas recaudadas dentro del proveído señalan sin lugar a equívocos, que la mercancía ingresó a las bodegas de Líneas Aéreas Petroleras, bajo la responsabilidad de la empresa AEROSUCRE S.A., y que de allí fueron sacadas, supuestamente, para remitirlas, vía terrestre, hasta su lugar de destino en Caracas Venezuela, momento en el cual se configuró la causal de aprehensión de que trata el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 48 del Decreto 1232 de 2001, situación que condujo a solicitar por parte de la administración, a la empresa transportadora ponerlas a disposición de la Entidad. Solicitud que fue atendida desfavorablemente (Folios 294 a 296), generándose así la causa de sanción prevista en el mencionada artículo 503 del Estatuto Aduanero.

Cabe indicar que, si bien es cierto la norma de que trata el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, en principio, va dirigida contra el importador o declarante, según sea el caso, es decir según la responsabilidad que a cada uno le corresponda de conformidad con los hechos probados en cada caso concreto, el tipo sancionatorio se hace extensivo a otros sujetos activos expresamente determinados en la misma como son al propietario, tenedor o poseedor, a quien se haya beneficiado de la operación, a quien de alguna manera intervino en la operación o a quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías, encontrando que para el caso que nos ocupa, la empresa AEROSUCRE S.A. cumple esta última calidad, toda vez que las mercancías respecto de las cuales se solicitó poner a disposición de la autoridad aduanera se encontraban bajo custodia de la empresa transportadora; es decir bajo su responsabilidad. Por lo tanto no cabe duda que, los hechos que aquí se describen encuadran dentro del tipo sancionatorio establecido en la norma.

De la misma manera, se encuentra plenamente demostrada la responsabilidad de la empresa transportadora como quiera que era el sujeto que tenía disposición de las mercancías, que a la postre no fueron puestas a disposición de la aduana. Las pruebas que nos llevan a tal aseveración, no se refieren solo al hecho de que se haya utilizado guías aéreas de la empresa, así éstas hayan sido hurtadas y falsificadas por un funcionario suyo, requisito que permitía el diligenciamiento del Formulario de Movimiento de Mercancías de la Zona Franca, y por ende su salida de dicho lugar; o al hecho de que las mercancías hayan sido depositadas en una bodega del Aeropuerto El Dorado a nombre de AEROSUCRE S.A., sino también a manifiestos de carga donde consta la respectiva certificación de embarque de la mercancía, actuación que hacía presumir a la Entidad la salida de la misma de territorio nacional de conformidad con los documentos presentados, y por tanto la finalización de la operación de exportación. Este hecho resulta desde todo punto de vista reprochable como quiera que corresponde a una simulación de la operación de exportación, cuando en realidad la mercancía siendo de origen extranjero ingresó al territorio aduanero nacional con omisión en el pago de los tributos aduaneros correspondientes.

III.- Causal exonerante de responsabilidad por fuerza mayor.

[C]omo quiera que el libelista alega la fuerza mayor como causal de exoneración de responsabilidad, teniendo en cuenta que, su poderdante fue victima de un ilícito cometido por un tercero, esto es, el empleado de la empresa que ocupaba el cargo de Jefe de Carga Internacional, el argumento no es de recibo para el Despacho ya que de conformidad con el Artículo 992 del C. de Cio. para que tal afirmación tuviere validez, bastaría probar que la causa del daño, en este caso la pérdida de la mercancía, se debió a una causa extraña que impidió la debida ejecución del transporte, empero para que la actuación del tercero se alegue como eximente de responsabilidad constitutiva de fuerza mayor o causa fortuito, es menester probar que la conducta de éste, reúne los requisitos de la causa extraña, lo cual no sucede en el presente caso. En efecto, los Artículos 1738 y 2072 del C.C. regulan la figura de la responsabilidad por las hachones (sic) de los dependientes en los siguientes términos: “Art. 1738. En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable”; “Art. 2072. El acarreador es responsable del daño o perjuicio que sobrevenga a la persona, por la mala calidad del carruaje, barca o navío en que se verifica el transporte. Es así mismo responsable de la destrucción y deterioro de la carga, a menos que se haya estipulado lo contrario, o que se pruebe vicio de la carga, fuerza mayor o caso fortuito. Y tendrá lugar la responsabilidad del acarreador, no solo por su propio hecho, sino por el de sus agentes o sirvientes”. En virtud de las normas transcritas, el hecho exclusivo de un tercero argumentado por el apoderado, debe reunir todas las características de la causa extraña, es decir, ser irresistible y ser jurídicamente ajeno al deudor, por tal razón, el tercero causante del daño no puede ser dependiente, es decir, para el caso en comento ese tercero no podría ser la persona a quien la empresa transportadora emplea en el cumplimiento de una labor propia de su objeto social, mucho menos cuando existe una vinculación laboral legalmente establecida a través de un contrato de trabajo (fl. 126). La anterior deducción se desprende de las normas antes transcritas, por lo demás aplicables especialmente al contrato de transporte.
[…]
En efecto, a folio 126 del expediente reposa copia del Contrato Individual de Trabajo a Término Indefinido entre AEROSUCRE S.A. y el señor MAURICIO ALVARADO GAITÁN, donde se establece la vinculación de este último, desempeñando el cargo de Jefe de Carga Internacional, calidad utilizada en nombre de la empresa encartada para llevar a efecto el contrato de transporte y demás diligencias aduaneras relacionadas con el traslado de las mercancías desde la Zona Franca de Bogotá hasta el exterior del país. De tal suerte que, no es posible aceptar el hurto y falsedad de las guías aéreas, ni el recibo de las mercancías en el aeropuerto, ni la suscripción de los manifiestos de carga donde se certificaba el embarque de las mercancías para exportación, realizados por el señor ALVARADO GAITAN, como causal eximente de responsabilidad para la empresa por fuera mayor o caso fortuito, pues está claramente demostrada la dependencia que existía entre AEROSUCRE S.A. y el señor ALVARADO GAITAN, lo que significa la omisión por parte del empleador del control y vigilancia de las actuaciones que sus empleados realizan a nombre de éste.

IV.- Desconocimiento del principio fundamental de la buena fe para la empresa sancionada.

En cuanto al motivo de inconformidad propuesto en el presente numeral, esto es el desconocimiento de la buena fe como consecuencia de la ocurrencia de un hecho irregular producido por un funcionario suyo, es del caso indicar que dichos argumentos debieron servir como fundamento para iniciar las diligencias pertinentes a fin de establecer ante la jurisdicción ordinaria la responsabilidad penal y los perjuicios económicos que con su indebido accionar haya podido causar el señor MAUIRICIO ALVARADO GAITAN, en contra de AEROSUCRE SA, pero en ningún momento pueden servir de fundamento dentro del presente proceso administrativo, para exonerar de responsabilidad a la empresa recurrente, ya que el hecho que aquí se sanciona, radica en no haber puesto a disposición de la autoridad aduanera, mercancías respecto de las cuales se configuró una causal de aprehensión de conformidad con lo establecido en el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 48 del decreto 1232 de 2001, impidiendo, de esta manera, que mediante su aprehensión y decomiso, el Estado pudiera disminuir el efecto adverso que ocasiona el ingreso irregular de una mercancía extranjera a territorio aduanero nacional.

El principio constitucional de buena fe, genera obligaciones recíprocas entre los particulares y las autoridades públicas y se presume en todas las gestiones que éstas adelanten ante aquellas. No obstante, tal presunción se encuentra desvirtuada desde el momento en que la DIAN, mediante el ejercicio de las facultades de fiscalización, logró comprobar las irregularidades que se estaban presentando con ocasión de la operación de exportación, razón por la cual no prosperan los argumentos al respecto.

V.- Enriquecimiento sin justa causa por parte del Estado

Ante este argumento es del caso indicar que el enriquecimiento sin justa causa tiene como fundamento exclusivo la equidad; es decir el equilibrio y la proporcionalidad que debe existir entre dos patrimonios. Así, éste se presenta cuando se produce aumento en un patrimonio a expensas de otro sin una causa que lo justifique, no presentándose dicho fenómeno el caso que nos ocupa, por cuanto la sanción que se debate en el proceso y que este Despacho advierte como procedente, se impone de conformidad con presupuestos objetivos y procedimentales establecidos en la ley, de tal suerte que la sanción se presenta como consecuencia de un mandato de la ley, constituyendo ésta la causa justa. […]” (Negrillas ajenas al texto original)

5.2. Análisis de la impugnación

5.3.1. Sobre el litis consorcio necesario y la indebida interpretación de los artículos 3º y 503 del Decreto 2685 de 1999

En el recurso de apelación aduce la sociedad demandante que tanto la sentencia impugnada como los actos administrativos objeto de la demanda incurren en nulidad por indebida integración del Iitis consorcio necesario, toda vez que existe un propietario de la mercancía, un vendedor de ésta en Zona Franca, un grupo de funcionarios que la escoltáron y un conductor que la transportó supuestamente hasta las instalaciones de AEROSUCRE S.A., los cuales debieron también ser vinculados a la actuación administrativa sancionatoria.

En armonía con esta censura, aduce el actor que existió una indebida interpretación del artículo 3º como del artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, puesto que AEROSUCRE S.A. no es importador o declarante, ni propietario, ni tenedor, ni poseedor de la mercancía, ni tuvo ningún derecho ni disposición sobre la mercancía, como tampoco intervino en dicha operación ni se benefició de ella.

Para efectos de decidir lo pertinente, es preciso señalar que el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, sobre “Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio”, prevé lo siguiente:
“Artículo 83. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.
En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para comparecer los citados.
Si alguno de los citados solicitare pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas; si las decretare, concederá para practicarlas un término que no podrá exceder del previsto para el proceso, o señalará día y hora para audiencia, según el caso.
Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su citación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio, efectuada la cual, quedará vinculado al proceso.” (Negrillas agregadas por la Sala)

Conforme a lo anterior, lo que identifica esta figura jurídica es el hecho de que no se puede decidir sin la participación del litisconsorte, dada la imposibilidad de desvincularlo de los efectos de la decisión. En el presente asunto, como pasa analizarse, es evidente que tal imposibilidad no se da.

Al este respecto, se tiene que mediante los actos acusados se sancionó a la sociedad demandante con la multa establecida en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, norma cuyo tenor literal es el que sigue:

“Artículo 503. Sanción a aplicar cuando no sea posible aprehender la mercancía. Cuando no sea posible aprehender la mercancía por haber sido consumida, destruida, transformada o porque no se haya puesto a disposición de la autoridad aduanera, procederá la aplicación de una sanción equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor en aduana de la misma, que se impondrá al importador o declarante, según sea el caso.

También se podrá imponer la sanción prevista en el inciso anterior, al propietario, tenedor o poseedor, o a quien se haya beneficiado de la operación, o a quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías, o a quien de alguna manera intervino en dicha operación, salvo que se trate de un adquirente con factura de compraventa de los bienes expedida con todos los requisitos legales. Si se trata de un comerciante, la operación deberá estar debidamente registrada en su contabilidad.

En aquellos casos en que no se cuente con elementos suficientes para determinar el valor en aduana de la mercancía que no se haya podido aprehender, para el cálculo de la sanción mencionada se tomará como base el valor comercial, disminuido en el monto de los elementos extraños al valor en aduana, tales como el porcentaje de los tributos aduaneros que correspondan a dicha clase de mercancía.

La imposición de la sanción prevista en este artículo no subsana la situación irregular en que se encuentre la mercancía, y en consecuencia, la autoridad aduanera podrá disponer en cualquier tiempo su aprehensión y decomiso.” (Negrillas agregadas por la Sala)

Esta norma consagra una sanción administrativa en los casos en que habiendo lugar a la aprehensión de una mercancía no es posible llevarla a cabo. La imposición de esta sanción implica la existencia de una causal de aprehensión de la mercancía y que esta no pueda hacerse efectiva en consideración a alguno de los siguientes eventos: que la mercancía ha sido consumida, destruida o transformada, o que el importador o el declarante o los otros sujetos a que se refiere la norma que intervienen en las operaciones de comercio exterior a quienes la autoridad aduanera les solicita poner a su disposición una mercancía respecto de la cual es aplicable la medida de aprehensión incumplen dicha obligación.

En los términos de la norma comentada, la sanción es aplicable de manera individual a quien haya incurrido en la conducta, no de manera concurrente, al importador o al declarante, según el caso, o al propietario, tenedor o poseedor, o a quien se haya beneficiado de la operación de comercio exterior, o a quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías, o a quien de alguna manera intervino en dicha operación. La responsabilidad aduanera, en efecto, está delimitada por la intervención del respectivo sujeto, según lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 2685 de 1999.

Esta Sección, en sentencia de 29 de abril de 2015, refiriéndose al alcance del artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, precisó que la sanción establecida en esta norma se aplica en forma independiente a los distintos sujetos que intervinieron en la operación de comercio exterior en consideración a que la responsabilidad de cada uno de ellos en el cumplimiento de las obligaciones aduaneras es autónoma, de modo tal que para su imposición no es necesaria la vinculación de todos los sujetos a la respectiva actuación administrativa. Se dijo en esta providencia lo siguiente:

“Sobre la aplicación de la sanción objeto de la controversia, la Jurisprudencia de la Sala ha señalado que:

“Resulta oportuno destacar que cuando el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, dispone que cuando no sea posible la aprehensión o decomiso de la mercancía la sanción a imponer será la de una multa equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor en aduana de la mercancía, no se está hablando propiamente de ‘obligaciones aduaneras’, sino de las ‘sanciones aduaneras’ derivadas del incumplimiento de tales obligaciones.

Para esta Corporación resulta claro que el precepto legal en cita consagra la posibilidad de aplicar individualmente esa misma multa a los distintos sujetos intervinientes en la respectiva operación de contrabando, pues en últimas, al establecer esa sanción pecuniaria, el legislador, antes que buscar el recaudo efectivo de los tributos aduaneros dejados de cancelar, lo que está haciendo realmente es dosificar la pena, buscando reprimir drásticamente la evasión y el contrabando, tomando en cuenta su incidencia negativa en la economía nacional y en el desarrollo del país.

Por lo anterior, se impone la reiteración de los criterios consignados en la sentencia proferida el 13 de diciembre 2005, Rad. 1998-06303, M. P. doctor Camilo Arciniegas Andrade, en donde el Consejo de Estado expresó:

‘Acertó el a quo en sostener que el transportador no puede exonerarse alegando que el propietario de la mercancía no ha sido vinculado a la actuación. En reiterada jurisprudencia esta Sala ha sostenido que las responsabilidades de los sujetos de obligaciones aduaneras son personales e independientes.’”

[…]” (Negrillas originales y cursivas agregadas)

De conformidad con lo anterior, es claro para la Sala que para la imposición de la sanción de que trata el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999 a uno de los sujetos señalados en dicha disposición no es necesaria la vinculación de los demás intervinientes en la operación de comercio exterior respectiva, de suerte que es perfectamente válido que se haya decidido de fondo la actuación sancionatoria adelantada por la DIAN sin la comparecencia a ella de los demás sujetos que se echan de menos por parte de AEROSUCRE S.A.

Con todo, es pertinente observar que en la Resolución 12293 de 2002, acto acusado, la DIAN señaló que en el procedimiento administrativo por ella adelantado se estableció claramente que “[…] tanto el usuario Operador de la Zona Franca como el Usuario Comercial realizaron las diligencias que les correspondía en la medida de su actuación y de conformidad con la ley” y que por ello “[…] no encontró mérito para vincularlos al proceso como sujetos procesales”, explicando que en el expediente “[…] reposan copias de los manifiestos de carga emitidos por la empresa de transporte AEROSUCRE S.A., correspondientes a los embarques de la mercancía de que tratan los documentos de movimiento de mercancías en Zona Franca Nos. 91920721; 9196055 y 91935654; documentos éstos que, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 368 y 369 de la Resolución 4240 de 2000, modificados por los artículos 83 y 106 de la Resolución 7002 de 2001, se exigen para dar por finalizada la operación de salida de mercancías de la Zona Franca hacia el resto del mundo”.

Así mismo, en respuesta a los motivos de inconformidad planteados por AEROSUCRE S.A. contra la decisión sancionatoria relativos a que la DIAN no indagó acerca del funcionario de esta entidad que ordenó el embarque de la mercancía y a que no vinculó al declarante del tránsito aduanero cuando ha debido hacerlo, la entidad demandada señaló expresamente lo siguiente:

“De otra parte, cabe recordarle al libelista, que a diferencia de lo que sucedía bajo la vigencia de la legislación anterior al Decreto 2685 de 1999, sobre el tema de exportaciones, esto es, el Art. 259 del Decreto 2666 de 1984, modificado por el Decreto 1144 de 1990, en virtud del cual, el embarque debía estar presenciado por un funcionario de la aduana a efectos de la certificación del mismo, en el Decreto 2685 de 1999, modificado por los Decretos 1198 de 2000 y 1232 de 2001 y en sus normas reglamentarias no se prevé tal situación, de ahí que de conformidad con el artículo 241 de la Resolución 4240 de 2000, la certificación de embarque de las mercancías, la debe realizar directamente el transportador de las mismas, como en efecto se llevó a cabo en el presente caso por el funcionario de la empresa sancionada mediante los manifiestos de carga de fecha 28 de septiembre y 24 de noviembre de 2000, y de fecha febrero 06 de 2001, (fl. 266, 271 y 273), por lo tanto, no era necesaria la presencia de un funcionario de la DIAN, que certifique el embarque.

3- Respecto a este punto de inconformidad, la objeción no da a lugar, como quiera que, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo del artículo 368 de la Resolución 4240 de 2000, que a su tenor literal dispone: “Para efectos de la salida de bienes de la Zona Franca de Bogotá con destino al resto del mundo por la jurisdicción aduanera de la Administración Especial de Servicios Aduaneros del Aeropuerto Internacional El Dorado no se requiere la presentación de una Declaración de Tránsito Aduanero…”, por lo que debe seguirse el procedimiento establecido en el inciso 3º del mismo artículo en concordancia con lo indicado en el artículo 227, de la misma Resolución, como en efecto se hizo: Por lo tanto, ante la inexistencia de Operación de Transito Aduanero, es imposible la existencia de Declarante de dicho régimen, de ahí que resulte imposible su vinculación al proceso”.

En este orden, atendiendo a lo que prevé el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, la DIAN vinculó exclusivamente a la actuación administrativa sancionatoria a la sociedad AEROSUCRE S.A., en consideración a que, de acuerdo con las pruebas documentales recaudadas en el expediente administrativo, esta empresa figuraba como la encargada del transporte de la mercancía que fue requerida para su aprehensión por parte de la autoridad aduanera, y efectivamente la tuvo a su disposición, al punto que quedó bajo su custodia y su responsabilidad. De acuerdo con esta norma, como antes se dijo, la sanción de multa en caso de que no se ponga a disposición de la DIAN la mercancía solicitada para aprehensión, se puede imponer a “quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías”, lo que en este caso ocurrió con la sociedad demandante, quien a través de su Jefe de Carga Internacional, el señor Mauricio Alvarado Gaitán, recibió el cargamento de licor que se iba a transportar con destino al exterior en desarrollo de una operación de exportación que finalmente no se materializó, conforme dan cuenta los actos acusados.

En el expediente en efecto aparece copia de las guías aéreas de AEROSUCRE S.A. identificadas con los números 0217087 de 27 de septiembre de 2000, 0217400 de 24 de noviembre de 2000, 0217154 de 30 de enero de 2001, y 0217155 de 30 de enero del 2001, así como de los manifiestos de carga correspondientes a tales guías de fechas 28 de septiembre de 2000, 24 de noviembre de 2000 y 6 de febrero de 2001, suscritos por el Jefe de Carga Internacional de AEROSUCRE S.A., que dan cuenta que esta empresa tenía por encargo el transporte de licor con destino a Panamá, Venezuela y Costa Rica, lo que hizo conocer a la División de Exportaciones de la Administración de Servicios Aduaneros Aeropuerto El Dorado. Así mismo, obra copia del acta de 31 de enero de 2001 en la que consta que se dejó en custodia del Jefe de Exportaciones de la Aerolínea AEROSUCRE S.A., Mauricio Alvarado Gaitán, la mercancía relacionada en la guía aérea número 0217154, documento éste que es suscrito por esta persona y por funcionarios de la DIAN y de la Policía Fiscal y Aduanera. Conforme aparece en esta acta, “[l]a mercancía no queda en las bodegas de Aerosucre por exceso de carga. Quedará en las bodegas de las Líneas Aéreas Petroleras (LAP)”, esto por solicitud del Jefe de Carga Internacional de Aerosucre S.A., como él mismo lo menciona en su declaración ante los funcionarios investigadores de la DIAN.

Pese a que se recibió la mercancía y se diligenciaron estos documentos para su salida del país, esta nunca fue transportada por la demandante, siendo entregada a un representante del comprador, sin que haya rastro de su destino y paradero definitivo, según lo expresado por el mencionado empleado de AEROSUCRE S.A. en la declaración que rindió ante la entidad demandada.

En consecuencia, llamado al procedimiento sancionatorio a “quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías”, esto es, a AEROSUCRE S.A., es claro que no existió indebida interpretación de los artículos 3º y 503 del Decreto 2685 de 1999; además, se reitera, no resultaba exigible la vinculación de otros sujetos a tal actuación para que se considere válida.

En consecuencia, no prosperan los motivos de inconformidad contra el fallo de primera instancia aquí examinados.

5.3.2. La Fuerza Mayor o el Hecho de un Tercero y la Buena Fe y la Atipicidad de la Conducta de AEROSUCRE S.A.

Alega la parte actora que tanto la sentencia apelada como los actos acusados incurren en un desconocimiento de la fuerza mayor como causal exonerante de responsabilidad, toda vez que la sociedad AEROSUCRE S.A. es ajena al hurto y la utilización ilícita de las guías aéreas, hecho este que fue aceptado por el empleado de la empresa y por el cual fue condenado por la justicia penal ordinaria. En consonancia con lo anterior, considera: (i) que dichas decisiones desconocen el principio fundamental de la buena fe, puesto que AEROSUCRE S.A. fue víctima del ilícito cometido por quien se desempeñó como su Jefe de Carga Internacional; y (ii) que existe atipicidad de la conducta que se endilga AEROSUCRE, pues la DIAN pretende responsabilizarla de una presunta infracción de contrabando, sin tener en cuenta que esta es ajena a los hechos que originaron la utilización ilícita de las guías por parte del señor Mauricio Alvarado Gaitán y presuntamente por el declarante de la mercancía, y que las mercancías nunca ingresaron a sus instalaciones.

Para la Sala, al margen de que la circunstancia argüida por la parte actora en realidad no estaría relacionada con una situación de fuerza mayor sino propiamente con el hecho de un tercero como causal excluyente de responsabilidad -como lo precisó su apoderado judicial en los alegatos de conclusión en la segunda instancia-, lo cierto es que este segundo motivo de censura tampoco tiene vocación de prosperidad.

En efecto, los actos acusados y sus antecedentes administrativos dan cuenta que la recepción de la mercancía y las gestiones para su supuesta salida hacia el exterior fueron adelantadas por el señor Alvarado Gaitán, no como un tercero ajeno a la empresa demandante, sino en su calidad de Jefe de Carga Internacional de AEROSUCRE S.A. y en cumplimiento de las funciones que dicho cargo comportaba relacionadas precisamente con el recibo de mercancías objeto de control aduanero para su envío en vuelos hacia el extranjero, tareas que por supuesto corresponden al objeto social de dicha sociedad como empresa transportadora.

De esta forma, no puede pretenderse por la parte actora que la conducta de su dependiente constituya un hecho de un tercero extraño a su esfera jurídica, pues es claro que la infracción aduanera cometida (simulación de una exportación y exclusión del control aduanero de la mercancía) tuvo lugar dada la condición de aquél como empleado de AEROSUCRE S.A., quien actuó en desarrollo de sus funciones como Jefe de Carga Internacional de esta sociedad.

Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico la actuación de los dependientes no exime en principio de responsabilidad a los empleadores.

En los actos acusados la DIAN cita al respecto los artículos 1738 y 2072 del Código Civil, el primero conforme al cual “[en] el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable”, y el segundo, sobre el arrendamiento de transporte, que prevé que la responsabilidad del acarreador tendrá lugar “[…] no sólo por su propio hecho, sino por el de sus agentes o empleados o trabajadores”.

Este principio tiene una expresión más directa además en el artículo 2349 de esta misma legislación, referente a la responsabilidad por el hecho del dependiente, norma ésta según la cual “[l]os empleadores responderán del daño causado por sus trabajadores, con ocasión de servicio prestado por éstos a aquéllos; pero no responderán si se probare o apareciere que en tal ocasión los trabajadores se han comportado de un modo impropio, que los empleadores no tenían medio de prever o impedir empleando el cuidado ordinario y la autoridad competente; en este caso recaerá toda responsabilidad del daño sobre dichos criados o sirvientes”. Y en armonía con esta disposición, en el artículo 1887 del Código de Comercio, sobre transporte de cosas y equipajes, que prevé que “[e]l transportador será responsable de la pérdida o avería de la mercancía y equipaje registrado, cuando el hecho que causó el daño ocurra a bordo de la aeronave o hallándose aquellos bajo la custodia del transportador, sus agentes, dependientes o consignatarios”.

La Corte Constitucional en la sentencia C-1235 de 2005 se refirió al contenido y alcance del citado artículo 2349 del Código Civil y al fundamento de la responsabilidad civil establecida en dicha norma, señalando, con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que éste ha radicado tradicionalmente en la culpa al elegir (in eligendo) o al vigilar (in vigilando) a las personas por las cuales se debe responder, o en el riesgo que implica tener personas por las cuales se debe responder, o más modernamente, en el poder de control o dirección que tiene el responsable sobre las personas bajo su dependencia o cuidado. Agregó así mismo la Corte Constitucional que el entendimiento de la responsabilidad por el hecho ajeno ofrece alguna discusión en la doctrina, “[…] como quiera que bajo una comprensión más compleja se suele sostener que la responsabilidad en estos casos no tiene origen en la conducta de un tercero -responsabilidad indirecta-, sino en el incumplimiento del deber propio -responsabilidad directa -, cual es en cada caso el de vigilar, elegir o educar y que vendría a constituir la causa inmediata del daño”, pero advirtió que “[a]l margen de esta discusión y de los diferentes alcances que se dejan expresados en esta providencia, […] la responsabilidad por el hecho ajeno tiene un fundamento común en la necesidad ponderada por el legislador dentro de su amplia potestad de configuración política, de garantizar a la víctima la reparación del daño, en consideración a la previsible incapacidad física o patrimonial de quien lo ocasiona en forma inmediata y la relación de dependencia o cuidado de éste con el civilmente responsable”, fundamento que -aclara- “[…] a la postre no sufre alteración alguna si la institución jurídica es entendida bajo un régimen de responsabilidad objetiva o uno de culpa presunta, o acaso razonada como responsabilidad directa o indirecta”.

En este orden, se reitera, la actuación de los dependientes en principio no exime de responsabilidad a los empleadores, salvo que se demuestre por estos últimos que fueron diligentes y prudentes al momento de elegir o vigilar a los trabajadores en el correcto desempeño de sus labores, aspecto este último del cual no hay evidencia en este proceso. En efecto, no se acredita por la parte actora que haya actuado con diligencia y cuidado, estableciendo mecanismos de control, seguimiento y verificación que pudieran haber advertido o evitado la utilización indebida de su documentación por parte de sus empleados. La falta de aplicación de tales controles se deduce, además, del hecho que con anterioridad a la irregularidad relacionada con la mercancía amparada en la guía 0217154 (de 30 de enero de 2001) ya había ocurrido un hecho similar (simulación de la exportación de la mercancía relacionada en la guía 0217087 de 28 de septiembre de 2000), sin que la empresa AEROSUCRE S.A. lo hubiera detectado.

En este contexto, es claro, en primer lugar, que AEROSUCRE S.A. intervino en la operación de comercio exterior objeto de este proceso como “transportador” y, en tal calidad, conforme lo dispone el artículo 3º del Decreto 2685 de 1999, es responsable por el cumplimiento de las obligaciones aduaneras derivadas de su intervención, en este caso, relativas a la finalización del régimen aduanero a través del transporte de las mercancías hacia los destinos indicados en las guías aéreas elaboradas por la misma empresa. Este deber, según se acreditó en la actuación administrativa, no se cumplió en este caso, pues aunque se diligenciaron tales documentos así como los manifiestos de carga correspondientes, la mercancía nunca fue transportada por parte de la demandante.

En segundo lugar, es claro también que como transportador y, por ende, como sujeto “que tuvo derecho o disposición sobre las mercancías”, le era exigible que las pusiera a disposición de la DIAN para su aprehensión, so pena de que le fuera impuesta una multa en los términos del artículo 503 del Decreto 2689 de 1999, como en efecto ocurrió.

Por consiguiente, carecen también de mérito las censuras examinadas.

5.3.3. La Indebida o Falsa Motivación

Afirma la demandante que tanto la sentencia impugnada como los actos administrativos objeto de la demanda incurren en una indebida o falsa motivación por errónea apreciación de los hechos y las pruebas, en tanto que AEROSUCRE S.A. nunca recibió en sus bodegas ni mucho menos transportó las mercancías, ni celebró contrato de transporte con el exportador o con su agente de carga o de aduanas.

La Sala, en consonancia con lo examinado en los cargos anteriores, advierte que el cargamento de licor sí fue recibido efectivamente por AEROSUCRE S.A., a través de su Jefe de Carga Internacional, en ejercicio de las funciones propias de su cargo, y como tal, dicha recepción se tiene como una actuación suya. Y si bien es cierto que la mercancía se descargó en otras bodegas (las de Líneas Aéreas Petroleras –LAP-), ello ocurrió por solicitud del mencionado dependiente de la sociedad demandante, a quien le fueron entregadas en custodia, quedando por ende bajo la responsabilidad de la empresa en cuyo nombre actuaba.

De otro lado, es un hecho cierto y no discutido que se simuló una operación de exportación y que por lo tanto no se transportó la mercancía finalmente hacia el exterior en los aviones de AEROSUCRE S.A. No obstante, es cierto también, de acuerdo con lo antes explicado en esta providencia, que el Jefe de Carga Internacional de esta sociedad elaboró las guías aéreas identificadas con los números 0217087 de 27 de septiembre de 2000, 0217400 de 24 de noviembre de 2000, 0217154 de 30 de enero de 2001, y 0217155 de 30 de enero del 2001, las cuales constituyen el documento de transporte que certifica precisamente la existencia del contrato de transporte y el recibo de la mercancía objeto del mismo.

En este orden, no es cierto que exista falsa motivación en los actos acusados, pues éstos expresan la realidad fáctica probada en la actuación administrativa. Por consiguiente, en este aspecto carece igualmente de fundamento el recurso de apelación.

5.3.4. Sobre el Enriquecimiento sin Causa

Finalmente, afirma la parte actora que la imposición de sanciones sin fundamento fáctico y legal, como la aquí cuestionada, propicia para el tesoro nacional un enriquecimiento sin justa causa que pugna contra los principios de equidad y de justicia, los cuales deben ser respetados por la autoridad aduanera.

Este último motivo de censura tampoco prospera, en consideración a que, como quedó ampliamente estudiado en los numerales anteriores, la sanción impuesta a la sociedad AEROSUCRE S.A. se encuentra ajustada a la ley. En efecto, esta empresa, en su calidad de transportadora, intervino en la operación de comercio exterior que dio lugar a que la DIAN requiriera para su aprehensión la mercancía objeto de ella, y como incumplió el deber de ponerla a disposición de la autoridad aduanera para tales efectos, se hizo acreedora de la sanción de multa dispuesta en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, norma aplicada debidamente en este asunto, dada la calidad de AEROSUCRE S.A. como sujeto que tuvo derecho o disposición sobre la mercancía.

En este punto, además, es pertinente reiterar la posición de esta Sección contenida en la sentencia de 16 de septiembre de 2010, referida a que la imposición de multas por infracción a la normativa aduanera no constituye, en ningún modo, un enriquecimiento sin justa causa para el Estado. A este respecto se dijo lo siguiente:

“Las ideas anteriores llevan a colegir también que los cuestionamientos referidos a la supuesta generación de un enriquecimiento ilícito carecen por completo de sentido y fundamento, pues no es válido afirmar que por el hecho de imponer una multa, el Estado esté reportando un provecho injustificado, ilícito o indebido a expensas de quienes han cometido una infracción aduanera, pues al fin y al cabo esa es una manifestación del ius puniendi que nuestro ordenamiento jurídico radica en estas materias en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-.

La potestad sancionadora del Estado es una atribución esencial de la Administración, que se traduce en la posibilidad jurídica de imponer sanciones a quienes infringen sus disposiciones o desconocen sus prohibiciones y mandatos. Se trata de un instrumento al servicio de la preservación del orden jurídico, que es de suyo indispensable para garantizar la supremacía de la Constitución y la prevalencia del principio de legalidad. Sería imposible concebir la Administración sin un régimen sancionatorio que le permitiera reprender a quienes con sus acciones u omisiones incurran en la violación de la ley o los reglamentos.

Bajo tales consideraciones, los recursos recaudados por concepto de la imposición de multas a quienes han incurrido en infracciones aduaneras, tienen plena justificación y por lo mismo, no es de recibo entender que por el hecho de sancionar pecuniariamente una operación de contrabando, se esté reportando un provecho ilícito o se esté configurando un enriquecimiento sin causa.”

5.4. Conclusión

En el anterior contexto, al no encontrarse desvirtuada la legalidad de los actos administrativos examinados, la Sala confirmará la sentencia apelada que denegó las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: CONFIRMAR la sentencia apelada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: TENER POR DEBIDAMENTE PRESENTADA la renuncia al poder de la Abogada Patricia Del Pilar Romero Angulo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 76 del Código General del Proceso.

Tercero: RECONOCER personería a la Abogada Margarita Villegas Ponce como apoderada judicial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en los términos del poder a ella conferido visto a folio 88 del cuaderno de segunda instancia.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Folio 13 del cuaderno principal. Por el cual se modifica la Legislación Aduanera. Se afirma en la demanda que AEROSUCRE, como supuesto responsable, se sujetó a todo el procedimiento administrativo con la más absoluta honestidad en sus manifestaciones y dio la información precisa y veraz que le fue requerida, de forma tal que su conducta no puede ser cuestionada desde el punto de vista moral y mucho menos penal, tanto es así que los documentos que amparaban el supuesto cabotaje o tránsito de las mercancías nunca fueron expedidos por ella, siendo utilizados dolosamente por el empleado Mauricio Alvarado Gaitán, hecho éste que no quiso atender la DIAN (Fl. 17 del cuaderno principal). Afirma que esa información se puede obtener de la planilla de traslado de Zona Franca, cuya copia debe quedar en poder del Operador de la Zona Franca y del Grupo de la DIAN de la Zona Franca. Folio 198 del cuaderno principal. Folios 198 y 199 del cuaderno principal. Folio 201 del cuaderno principal. Folio 202 del cuaderno principal. Folio 204 del cuaderno principal. Folio 206 del cuaderno principal. Cita las sentencias C-160 de 1998, C-010 de 2003, C-270 de 2006 y C-742 de 2010. Cita la sentencia de 3 de junio de 2010 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, proferida en el proceso con radicado número 25000 2327 000 2005 00008 01 (16564), Consejera Ponente Carmen Teresa Ortíz de Rodríguez. Folio 317 del cuaderno principal. Ibídem. Folios 320 a 330 del cuaderno principal. Folios 21 a 35 del cuaderno de segunda instancia. Folios 36 a 38 del cuaderno de segunda instancia. En el presente asunto, de conformidad con los actos acusados, la causal de aprehensión por la cual se solicitó a la demandante poner a disposición de la autoridad aduanera la mercancía es la señalada en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el Decreto 1232 de 2001, norma cuyo texto es el siguiente: “Artículo 502. Causales de aprehensión y decomiso de Mercancía: Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos: 1. En el Régimen de Importación: […] 1.6 <Numeral modificado por el artículo 48 del Decreto 1232 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una Declaración de Importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la Declaración de Importación, o se haya incurrido en errores u omisiones en su descripción, salvo que se configuren los eventos previstos en los numerales 4 y 7 del artículo 128 y en los parágrafos primero y segundo del artículo 231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión […]”.
“Artículo 3º. De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante, en los términos previstos en el presente Decreto”. Sentencia proferida en el proceso con radicado número 25000 2324 000 2009 00283 01, Consejera Ponente María Elizabeth García González. El criterio expresado en esta providencia fue reiterado en sentencia de 18 de febrero de 2016, proferida en el proceso con radicado número 13001 2331 000 2008 00072 01, Consejero Ponente Guillermo Vargas Ayala. Sentencia de 16 de septiembre de 2010, expediente número 2004-00081. C.P. Rafael E.

Ostau de Lafont Pianeta. (cita original)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 2685 de 1999, el manifiesto de carga es el documento que contiene toda la relación de los bultos que comprenden la carga, incluida la mercancía a granel, a bordo del medio de transporte y que van a ser cargados y descargados en un puerto o aeropuerto, excepto los efectos correspondientes a pasajeros y tripulantes y que el representante del transportador debe entregar debidamente suscrito a la autoridad aduanera. Folios 105 a 109, 202, 203, 212, 213, 227, 228, 247, 270 y 272 del cuaderno anexo número 1 del expediente. Folio 175 del cuaderno anexo número 1 del expediente. Folios 105 a 109 del cuaderno anexo número 1 del expediente. Ibídem. La Corte Constitucional en la Sentencia C-390 de 2017 declaró inexequible la expresión “sirvientes” que aparecía en el artículo 2072 del Código Civil y señaló que en lo sucesivo debe ser sustituida por la expresión “empleados” o “trabajadores”. La Corte Constitucional en la Sentencia C-1235 de 2005 declaró inexequible las expresiones “amos”, “criados y “sirvientes” que contenía el artículo 2349 del Código Civil y señaló que beberían ser sustituidas por las expresión “empleadores” y “trabajadores”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia de 16 de julio de 1985, Magistrado Ponente Horacio Montoya Gil, Expediente No.2419
Este mismo principio fue reconocido y aplicado por la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 9 de septiembre de 2004, proferida en el proceso con radicado número 25000-23-24-000-2002-90012-01, en el que se discutió igualmente la legalidad de una sanción impuesta por la DIAN a un depósito habilitado con fundamento en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999. En esa oportunidad la sociedad demandante alegaba que la infracción investigada por la DIAN tuvo lugar por la actuación ilícita de sus empleados que impidieron el ingreso de una mercancía en importación a sus instalaciones. En esta providencia, luego de examinar las alegaciones de las partes y las pruebas obrantes en el proceso, la Sección señaló lo siguiente: “[…] De ser cierta la ocurrencia de alguna conducta dolosa de los empleados que retiraron la mercancía y que en virtud de ella fue sustraída del control de la actora, las circunstancias estarían denotando que ésta le daba un manejo descuidado e inseguro a la respectiva actividad, no obstante el cuidado que demanda por tratarse de bienes sujetos a control especial del Estado por provenir del exterior, pues la frecuencia con que habría ocurrido dicha conducta sin que ella se enterara indicaría que no tenía los necesarios mecanismos de seguimiento y verificación de los procedimientos o diligencias respectivas, de suerte que si no hubiera retirado a la empleada en mención no habría tenido conocimiento de las supuestas irregularidades en el manejo de la mercancía enviada a ella por correo, las cuales, según su propia denuncia penal, por cierto presentada después de iniciada la intervención de la DIAN, venían desde enero de 1999, de suerte que no se circunscribieron a las remesas de los días de julio a que se ha hecho alusión. || Esa presunta conducta omisiva o descuidada no se excusaría ni siquiera por la eventual complicidad de funcionarios de la Oficina de Correo de la DIAN, como lo alega la accionante, toda vez que debe tener presente que toda actuación que efectúen sus empleados en su representación dentro de las labores de los respectivos cargos se tiene como una actuación suya. […]”. (Negrillas agregadas por la Sala)
Este hecho es reconocido en la “diligencia de exposición” rendida el 9 de marzo de 2001 ante la DIAN por el señor Mauricio Alvarado Gaitán, Jefe de Carga Internacional de AEROSUCRE S.A. (Folios 105 a 109 del cuaderno anexo número 1 del expediente). Decreto 2685 de 1999, artículo 1º. Proferida en el proceso con radicación número 11001 0327 000 2004 00081 00, Consejero Ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

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