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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2007-01423-01

Decomiso de automotor: al no estar amparado por una declaración de importación

Fecha
8 de marzo de 2018
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2007-01423-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 15 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, DENEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: RECONOCER personería jurídica al abogado Edwin Mauricio Torres Prieto, identificado con cédula de ciudadanía 79.797.554 de Bogotá y Tarjeta Profesional 129.808 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder conferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. TERCERO: RECONOCER personería al abogado Fredy Ricardo Iregui Aguirre, identificado con cédula de ciudadanía 86.054.261 de Villavicencio y Tarjeta Profesional 151.486 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder conferido por el señor Gerardo Antonio Alvarado Parra, cesionario de los derechos litigiosos del demandante Eber Pérez Mejía. CUARTO: En firme esta providencia, se ordena DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previa las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-31-000-2007-01423-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

8 de marzo de 2018

DECOMISO DE AUTOMOTOR - Al no estar amparado por una declaración de importación / DECOMISO DE VEHÍCULO - En la declaración de importación no coincide el modelo

[C]on los dictámenes técnicos practicados y, en particular, con la verificación del nro. VIN quedó demostrado que el vehículo decomisado era modelo 1993 y que al haberse registrado en la Declaración de Importación el año 1994 se configuró una omisión sustancial en la descripción de la mercancía importada. Así pues, para los efectos de la validez del decomiso del vehículo automotor resultaba indiferente que el vehículo importado hubiese sido usado o nuevo de años-modelos anteriores, pues para la época en que se efectuó su importación (1º de noviembre de 1994) el Instituto Colombiano de Comercio Exterior -INCOMEX había prohibido esta operación para ambos tipos de automotores. […] Finalmente, la Sala pone de presente que ni la parte actora ni el Tribunal a quo controvirtieron la veracidad de los supuestos fácticos ni jurídicos que la DIAN invocó como fundamentos para la configuración de la causal de decomiso.

FACULTAD DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS - Fiscalización de mercancías importadas en cualquier tiempo / NORMATIVA ADUANERA APLICABLE – Cuando la importación del vehículo y su decomiso ocurrieron en distintos años, bajo vigencias de estatutos aduaneros diferentes / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO - Normas procesales aduaneras / LEY PROCESAL - Aplicación inmediata / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY – Excepciones / DECOMISO DE AUTOMOTOR - Aplicación de la ley en el tiempo: derogación del Decreto 1909 de1982 por el Decreto 2685 de 1999

[T]eniendo en cuenta que las normas de los estatutos aduaneros que regulan el procedimiento de decomiso de mercancías ilegalmente introducidas al territorio nacional, en el marco del ejercicio de las potestades de control posterior de la Autoridad Aduanera, son de naturaleza procesal, esta Sala considera que son mandatos aplicables de forma inmediata, lo cual significa que entran a regir, por regla general, a partir de su promulgación, o desde el momento en que el legislador así lo establezca. El Decreto 2685 de 1999 era el Estatuto Aduanero que se encontraba vigente el 13 de septiembre de 2006 cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en ejercicio de las facultades de fiscalización, aprehendió el vehículo tracto-camión de placas SUK-153 y, para cuando dispuso su decomiso, mediante Resolución nro. 22 de 16 de enero de 2007. La Resolución demandada fundamentó el decomiso en la causal establecida en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, según la cual dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías cuando dentro de los procesos de control posterior se determine que los documentos soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior declarada. La Resolución Nro. 05-070-210-636-0000022 de 2007 y su confirmatoria, 82050702601107 de 3 de julio de 2007, determinó, en el marco del proceso de control posterior que adelantó la Autoridad Aduanera, que el vehículo tracto-camión de placas SUK-153 es un modelo anterior al de la fecha de presentación de la declaración de importación y, por lo tanto, debió tenerse en cuenta lo establecido en el parágrafo del artículo 7 de la Resolución 001 de 2 de enero de 1995 que establece, en relación con la importación de saldos de años anteriores, la obligación de presentar la licencia previa. Es importante resaltar que la causal de aprehensión y decomiso de mercancías establecida en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 cuando los documentos soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior declarada, reprodujo esencialmente el contenido de los artículo 62, literal “K” y 72 del Decreto 1909 de 1992, que establecía, entre otras cosas, que se entenderá que la mercancía no fue declarada cuando no se encuentra amparada por una declaración de importación; caso en el cual procedería su aprehensión y decomiso. […] La Sala concluye que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales acertó al fundamentar la aprehensión y posterior decomiso del tracto-camión de placas SUK-153 en la causal establecida en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, pues esta resulta ser la consecuencia procedimental por el incumplimiento de un mandato sustancial vigente al momento de la importación, como es el cumplimiento del requisito de licencia previa.

FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN - Guarda relación con el valor de los tributos aduaneros y las sanciones / DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN - No son subsanables aspectos relativos a la omisión de la descripción de la mercancía / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

En lo que se refiere a la firmeza de la Declaración de Importación, resulta pertinente tener en cuenta que esta Sección, en numerosos y reiterados pronunciamientos, ha puesto de presente que ese atributo se predica única y exclusivamente del valor de los tributos aduaneros y de las sanciones de tipo económico que se relacionen en la respectiva declaración. En modo alguno, ello implica que la Declaración de Importación quede blindada frente a inconsistencias u omisiones en la descripción de la mercancía que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establezca en virtud del ejercicio de las facultades de fiscalización y control posterior. Valga traer a colación, entre otras, la sentencia de 20 de enero de 2005 (C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) en la que la Sala tuvo oportunidad de examinar un caso con supuestos fácticos análogos, también referido a un vehículo cuyo modelo era 1993, y no modelo 1994, como erróneamente se consignó en la Declaración de Importación. […] Conforme con lo expuesto, la Sala observa que no resulta procedente invocar la firmeza de la Declaración de Importación para pretender enervar el decomiso de un vehículo cuando dicha situación tiene origen en la omisión sustancial al describir la mercancía pues, se reitera, conforme al antecedente previamente citado de la Sección Primera del Consejo de Estado, cuando se incurre en una deficiencia sustancial en la Declaración de Importación, no tiene cabida la firmeza de esta. Ciertamente, si la Declaración de Importación no es subsanable ni corregible para modificar, entre otros aspectos, la omisión en la descripción de un elemento sustancial de la mercancía, como lo es el modelo, según lo ha reputado también la Sección en varios pronunciamientos, mal podría predicarse la firmeza de la Declaración de Importación en presencia de la omisión advertida.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA ADUANERA - Cómputo del término: a partir de la fecha de aprehensión de la mercancía

La Sala advierte que, ciertamente, el a quo interpretó erróneamente el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991 pues computó el término de dos (2) años de prescripción de la acción administrativa sancionatoria a partir de la fecha de presentación de la Declaración de Importación, con claro desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales de esta Sección, en los que, de manera reiterada y uniforme, ha puesto de presente que el conteo de dicho término se hace a partir de la fecha de aprehensión de la mercancía. […] En el caso presente, para el 16 de enero de 2007, cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales expidió la Resolución que ordenó el decomiso del vehículo automotor de placas SUK-143, escasamente habían transcurrido 4 meses y 4 días desde cuando se efectuó la aprehensión, lo cual ocurrió el 13 de septiembre de 2006. Por consiguiente, la acción administrativa sancionatoria no había prescrito.

DECOMISO DE AUTOMOTOR - Al no estar amparado por una declaración de importación / DECOMISO DE VEHÍCULO - En la declaración de importación no coincide el modelo / DECOMISO DE MERCANCÍA - Procede aún contra terceros poseedores de buena fe / DECOMISO DE MERCANCÍA - La buena fe con la que se compró o adquirió un tracto-camión no sanea el estatus de ilegalidad de su importación

En relación con la buena fe, es importante resaltar que la parte demandante se limitó a alegar in genere que había adquirido el tracto-camión de buena fe, sin exponer argumentos específicos que puedan ser estudiados por esta Corporación en sede de apelación, lo cual imposibilita a la Sala a entrar a examinar argumentos concretos en relación con este cargo. […] Al respecto, la jurisprudencia de esta Sección ha puesto de presente que no basta con afirmar que se es adquirente de buena fe para efectos de enervar las consecuencias de un decomiso. Para que esa exculpación ofrezca credibilidad es necesario que quien la alega demuestre que obró de manera precavida y diligente dentro de la práctica usual y la costumbre en el giro de los negocios de los automotores usados en Colombia. En ese orden, la jurisprudencia ha exigido a quien alega la buena fe la carga de demostrar que, de manera previa a la adquisición de un vehículo usado, lo hizo revisar por el Grupo de Automotores de la SIJIN, allegando a la actuación administrativa o al proceso judicial los resultados del respectivo experticio o de las revisiones técnicas practicadas y la constancia de que la autoridad de policía judicial certificó que los guarismos del chasis del vehículo eran originales. Con todo, la Sala considera que la buena fe con la que el actor afirma haber adquirido el tracto-camión decomisado por la DIAN, no subsana la situación de ilegalidad en la que se encontraba el vehículo, por tratarse de una mercancía importada e introducida sin el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. […] En ese orden, la buena fe no excluye el cumplimiento de las obligaciones legales, al punto que las obligaciones aduaneras se hacen exigibles inclusive frente al comprador o tenedor, como responsable de la obligación aduanera, según el artículo 3 del Decreto 2685 de 1999.

FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 – ARTÍCULO 40 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 469 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 470 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 502 NUMERAL 1.25

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 76001-23-31-000-2007-01423-01

Actor: EBER PÉREZ MEJÍA (SUSTITUIDO POR GERARDO ANTONIO ALVARADO PARRA)

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Referencia: APREHENSIÓN DE VEHÍCULO TRACTO-CAMIÓN POR NO COINCIDIR EL NÚMERO VIN CON EL MODELO REPORTADO EN LA DECLARACION DE IMPORTACIÓN – IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PROCESAL ADUANERA - EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA – FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (ALCANCE) – TERCEROS ADQUIRENTES DE BUENA FÉ

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos oportunamente por los apoderados judiciales de las partes demandante y demandada, contra la sentencia proferida el 15 de febrero de 2012 por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I-. ANTECEDENTES

1.- LA DEMANDA

El señor Eber Pérez Mejía, por conducto de apoderado especial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y solicitó la nulidad de las resoluciones nros. 05070210636 de 16 de enero de 2007, expedida por el Jefe de la División de Fiscalización de la Administración Local de Aduanas de Santiago de Cali, y 82050702601107 de 7 de julio de 2007, expedida por la Jefe de la División Jurídica de la Administración Local de Aduanas de Santiago de Cali, que ordenaron el decomiso del vehículo tracto-camión marca KENWORTH de placas SUK-153.

1.2.- HECHOS

La parte actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1.2.1. El demandante adquirió el vehículo tracto-camión marca KENWORTH, modelo 1994, placas SUK-153, tipo semirremolque, color verde, nro. de motor 11676941, nro. de Chasis M930577, de servicio público, por compra que hiciera al señor Pablo Ronald Salamanca Arias. En la demanda no se precisa la fecha de celebración del negocio jurídico.

1.2.2. Para la adquisición del automotor, el señor Eber Pérez Mejía adquirió un crédito con la empresa CONFINANCIERA S.A., la cual constituyó garantía real prendaria sobre el citado automotor.

1.2.3. Agentes de la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera, Grupo Operativo de Cali, el 10 de septiembre de 2006, inmovilizaron el vehículo que conducía el señor Francisco Quintero Eiles en el puesto de control ubicado en el sector de Media Canoa, Corregimiento de Yocotó, Valle del Cauca, debido a que “[…] al realizar la verificación física […] se encontró que el automotor presenta en su décimo carácter la letra P, correspondiente al año modelo 1993 y al constatar los documentos de importación, en estos nos indica que lo pretendieron amparar como modelo 1994 entrado en este mismo año, violando la resolución 001 de MINCOMEX, correspondiente a la importación de vehículos usados y saldos al país […]” (Destacado de la Sala).

1.2.4. Dichos funcionarios pusieron el vehículo a disposición del Jefe de la División de Fiscalización Aduanera, mediante oficio No. 402/ GROCA-POLFA de 13 de septiembre de 2006, en el cual le informaron que este quedaba inmovilizado en el depósito Almagrario S.A. “Nueva Era”, ubicado en el Municipio de Yumbo.

1.2.5. Posteriormente, funcionarios de la División de Fiscalización, que fueron comisionados mediante Auto 1369 de 29 de septiembre de 2006, luego de realizar visita de inspección al citado depósito, aprehendieron el vehículo mediante Acta nro. FIS-676 de 2006 con fundamento en la causal 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, al haber corroborado las razones que condujeron a su inmovilización.

1.2.6. A efectos de definir la situación jurídica del automotor, la DIAN adelantó el proceso administrativo regulado en los artículos 104 y siguientes del Código Aduanero, el cual culminó con la Resolución de decomiso nro. 05070210636 del 16 de enero de 2007, proferida por la División de Fiscalización.

1.2.7. El apoderado del actor manifiesta que interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de decomiso nro. 05070210636 de 16 de enero de 2007, el cual fue resuelto en forma desfavorable por la DIAN, mediante Resolución nro. 82050702601107 de 7 de julio de 2007.

1.3.- LAS PRETENSIONES

Teniendo en cuenta los hechos expuestos, la parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…]

Que se declare la nulidad de la Resolución nro. 05070210636 del 16 de enero de 2007, mediante la cual el Jefe de la División de Fiscalización de la Administración Local de Aduanas de Santiago de Cali ordenó a favor de la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales, el decomiso del vehículo tracto camión marca KENWORTH, modelo 1993, placas SUK-153.

Se declare la nulidad de la Resolución nro. 82050702601107 del 7 de julio de 2007 expedida por la Jefe de la División Jurídica de la Administración Local de Aduanas de Santiago de Cali, por medio de la cual se resolvió en forma desfavorable el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución anterior, confirmándola.

Se ordene a la entidad accionada NACIÓN- DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, SECCIONAL SANTIAGO DE CALI la entrega inmediata del rodante de placas SUK-153, a favor de mi poderdante

A título de restablecimiento del derecho, se declare que la NACIÓN- DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, SECCIONAL SANTIAGO DE CALI es responsable de todos los perjuicios tanto materiales (lucro cesante y daño emergente) como morales que se le han ocasionado al señor HEBERT (sic) PÉREZ MEJÍA en razón al decomiso del vehículo automotor de placas SUK-153.

Como consecuencia de lo anterior se condene a la NACIÓN- DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, SECCIONAL SANTIAGO DE CALI al pago de todos los perjuicios tanto materiales (lucro cesante y daño emergente) como morales que se le han ocasionado al señor HEBERT (sic) PÉREZ MEJÍA en razón al decomiso del vehículo automotor de placas SUK-153, desde el momento en que se produjo el decomiso, hasta que se haga efectiva la entrega a mi poderdante de dicho rodante, que resulten probados dentro del proceso así:

PERJUICIOS MATERIALES

Lucro cesante

A razón de veinticuatro millones de pesos ($24.000.000.oo) desde el momento en que fue inmovilizado el vehículo (16 de septiembre de 2006), hasta que se produzca la entrega material del citado rodante, que a la fecha de presentación de esta demanda ascendía a trescientos millones de pesos ($300.000.000.oo).

Daño emergente

Que corresponde a:

Los arreglos necesarios que hay que efectuar al vehículo de placas SUK- 153 para ponerlo en funcionamiento, los que estima en veinticuatro millones de pesos ($24.000.000.oo) o en lo que resultare probado.

En el evento de que el rodante de placas SUK-153 se haya vendido en pública subasta… la DIAN debe pagar a favor de mi poderdante la suma de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000.oo), que corresponde al valor real y comercial y comercial del rodante, suma esta que deberá ser indexada y actualizada hasta el momento en que se produzca el pago.

PERJUICIOS MORALES

A título de perjuicios morales, la suma de 1000 salarios mínimos legales vigentes SMMLV, que corresponde a la zozobra, la angustia y el padecimiento sufrido por mi poderdante al ver sacrificados sus bienes y su patrimonio, por conductas arbitrarias, injustas e ilegales de los funcionarios que expidieron los actos administrativos demandados, ya que con ocasión de dichas conductas, mi poderdante se vio avocado a condiciones traumáticas, que le impidieron el normal desarrollo de sus obligaciones personales, familiares y sociales.

Que se ordene a la DIAN cumplir la sentencia en el término establecido en el artículo 176 del C.C.A.

Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 177 del C.C.A.

La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo del 178 del C.C.A., aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha del decomiso hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.

Se condene al pago de las costas y de los gastos procesales.

[…]”.

Las pretensiones anteriores las fundamentó con base en las normas y en el concepto de la violación que la Sala expone a continuación.

1.4. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

El actor considera que, con la expedición de los actos administrativos acusados, se violaron los artículos 2º, 4º, 6º, 13, 29, 34, 58, 83, 85, 338 y 363 de la Constitución Política; el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999; el artículo 131 (sic) del Decreto 1909 de 27 de noviembre de 1992, que establece la firmeza de la Declaración de Importación; y, el artículo 14 del Decreto 1750 de 4 de julio de 1991, a cuyo tenor “[…] la prescripción de la acción administrativa sancionatoria es de dos (2) años, contados a partir del momento de la realización del hecho”[…]”.

La Sala advierte que en relación con los artículos 2º, 4º, 6º, 13, 34, 85, 338 y 363 de la Constitución Política el apoderado de la parte actora no explicó el concepto de la violación.

El actor invoca como causales de anulación: i) la falta de motivación del acto administrativo y, ii) la infracción de las normas en que debían fundarse los actos administrativos demandados.

Sin embargo, la sustentación expuesta en el concepto de violación no se encamina a demostrar tales causales, sino las que enseguida se enuncian: i) violación de las garantías constitucionales al debido proceso, al derecho de defensa y a la propiedad privada por desconocimiento del principio de irretroactividad de la ley, por haberse decomisado el vehículo automotor de placas SUK-153 con fundamento en la aplicación de la causal de aprehensión y decomiso de mercancías establecida en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, que no estaba vigente el 1º de noviembre de 1994, fecha en la que se presentó la Declaración de Importación; ii) violación del artículo 26 del Decreto 1909 de 1992, al desconocerse la firmeza de la Declaración de Importación que amparaba al rodante de placas SUK-153; y, iii) violación de los principios de la buena fe y la seguridad jurídica, al desconocerse el término de dos (2) años de prescripción de la acción administrativa sancionatoria, previsto en el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991 y haberse procedido al decomiso.

En síntesis, el demandante fundamentó el concepto de la violación de la siguiente manera:

1.4.1. VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES AL DEBIDO PROCESO, AL DERECHO DE DEFENSA Y A LA PROPIEDAD PRIVADA POR DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

Sostiene que la causal establecida en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, en la que se fundamentó la aprehensión y el posterior decomiso del vehículo, no se encontraba vigente al momento en que se importó al país el tracto-camión de placas SUK-153, de donde la actuación adelantada por el ente accionado contraviene los artículos 29 y 58 de la Constitución Política.

En síntesis, argumenta que no era dable a la DIAN aplicar la causal establecida en el numeral 1.25 del artículo 592 del Decreto 2685 de 1999 pues esta norma entró en vigencia el 1 de julio de 2000; es decir, con posterioridad al 1 de noviembre de 1994, fecha en la que se realizó la importación del tracto-camión. Por consiguiente, en criterio del demandante, la aplicación retroactiva de la referida norma comporta desconocimiento de los artículos 29 y 58 de la Constitución Política.

1.4.2. VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DEL DECRETO 1909 DE 1992 POR DESCONOCERSE LA FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN QUE AMPARABA AL RODANTE DE PLACAS SUK-153

La parte demandante sostiene que al momento de la importación del rodante se encontraba vigente el Decreto 1909 de 1992, anterior Estatuto Aduanero, cuyo artículo 26 establecía que la Declaración de Importación cobraba firmeza cuando transcurridos dos (2) años desde su presentación no se hubiera formulado liquidación oficial de corrección o de revisión de valor.

Señala que, como la Declaración de Importación del vehículo de placas SUK -153 se presentó el 1 de noviembre de 1994, para la fecha en que se ordenó la aprehensión y posterior decomiso del rodante, la Declaración de Importación se encontraba en firme porque habían transcurrido más de doce (12) años, sin que se hubiera presentado requerimiento especial aduanero.

En su entender, como la Declaración de Importación del vehículo se encontraba en firme, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no podía adelantar el procedimiento sancionatorio, ni siquiera en el hipotético evento en que el vehículo de placas SUK-153 estuviese incurso en alguna causal de infracción aduanera.

Sostiene que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales justifica su actuar en la aplicación del supuesto control posterior que ejerce el ente demandado. Afirma que dicho control posterior solo resulta aplicable a las mercancías que ingresaron al territorio después del 1º de julio de 2000, fecha en la que entró en vigencia el Decreto 2685 de 1999, siendo materialmente imposible su aplicación a situaciones consolidadas antes de su expedición.

1.4.3. VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA BUENA FE Y LA SEGURIDAD JURÍDICA POR DESCONOCERSE EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONATORIA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1750 DE 1991

El apoderado de la parte demandante señala que la DIAN, en la contestación, y al resolver el recurso de reconsideración, “[…] de manera antijurídica, infundada y temeraria […]”, señaló lo siguiente:

“[…] En materia aduanera, la obligación que tiene el importador, tenedor o poseedor de una mercancía extranjera, para demostrar su legalidad y procedencia no está cerrada en el tiempo de la firmeza de la Declaración de Importación, pues su legalidad está comprometida hacia el futuro, pues es de resaltar que la única autoridad competente para verificar la legalidad de la importación de las mercancías que se introduzcan o circulen en el territorio aduanero nacional, será la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y la misma no está restringida por términos de caducidad o prescripción ya que estos se ubican en materia de sanciones y no en el decomiso de mercancías, por lo cual la DIAN puede y tiene la obligación de verificar la procedencia de las mismas, sin importar si la fecha de introducción haya sido hace veinte (20) años o más, puesto que el transcurso del tiempo no subsana la ilegalidad ni genera derechos a favor del usuario […]”.

En ese orden, plantea el siguiente interrogante: “[…] si el decomiso de mercancías señor Juez, no es una sanción, conforme lo dice la DIAN, entonces qué es […]”. A renglón seguido, afirma que “[…] la misma jurisprudencia del Consejo de Estado ha aclarado en varios pronunciamientos la naturaleza sancionadora de la figura del decomiso […]”.

Asimismo, pregunta que si “[…] cuando uno va a comprar un vehículo usado importado, se corre el riesgo de que la DIAN lo decomise porque hubo un error al momento de realizar la Declaración de Importación, es decir que si ahora se va a comprar carro, es obligatorio oficiar a la DIAN para que certifique si el vehículo está bien importado […] y si la DIAN en ejercicio del control posterior encuentra algún error en la importación del carro, se lo pueden decomisar atentando contra la buena fe y la seguridad jurídica […]”.

El apoderado del demandante manifiesta que la actuación ilegal del ente accionado ha avocado a su poderdante a una situación traumática que lo ha obligado a desatender oportunamente sus compromisos comerciales, familiares y sociales.

Finalmente, el apoderado del demandante asevera que un vehículo tracto-camión de las características del decomisado genera ingresos operacionales netos por valor de veinticuatro millones de pesos ($24.000.000.oo). En ese orden y en punto al restablecimiento del derecho, solicita que la entidad accionada sea condenada al pago del valor real y comercial del rodante, en forma actualizada e indexada, pues para cuando se decida el proceso, el vehículo ya se encontrará en poder de un tercero, si se tiene en cuenta que una vez declarado el decomiso la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales inicia el proceso de venta en pública subasta de la mercancía decomisada.

2. ACTUACIONES EN PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda mediante providencia de 9 de noviembre de 2007, en la cual dispuso notificar al “Administrador Local de Aduanas Nacionales de Cali y para el Suroccidente”, para que procediera a contestar la demanda, propusiera excepciones, solicitara pruebas y allegara los documentos que pretendiera hacer valer como pruebas.

Asimismo, mediante auto de 22 de septiembre de 2008 decretó las pruebas testimoniales y la práctica del dictamen pericial cuya práctica solicitó el apoderado de la parte actora.

2.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y SU REFORMA

La DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –DIAN, por conducto de apoderada especial, al contestar la demanda y su corrección se opuso a las pretensiones.

Puso de presente que en el caso sub-examine se trata de una mercancía extranjera introducida de manera ilegal al territorio nacional y por no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos de ley, se procedió a su aprehensión y posterior decomiso, sin que sea cierto que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiese actuado en forma arbitraria, pues lo hizo en ejercicio de la función de control posterior que la ley aduanera le asigna y con estricta sujeción al procedimiento aduanero.

Relata que el Jefe Grupo Operativo de la Policía Judicial POLFA –Cali, mediante Oficio nro. 0402 del 13 de septiembre de 2006, puso el vehículo automotor de placas SUK-153 a disposición de la Jefe de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración de Aduanas de Cali, por cuanto la autoridad que retuvo el vehículo, al revisar la Declaración de Importación, advirtió que esta presentaba un décimo carácter, a saber la letra “P” que según el estudio VIN Americano designa a los vehículos modelo 1993, pese a lo cual fue declarado en el año 1994, violando así la Circular Externa SOI- nro. 091 de 29 de diciembre de 1993, expedida por el extinto Instituto Colombiano De Comercio Exterior –INCOMEX para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por Colombia al suscribir el 13 de septiembre de 1993 el Convenio de Complementación en el Sector Automotor, la cual prohibió la importación de vehículos usados y de vehículos nuevos de años-modelos anteriores, a partir del 1 de enero de 1994.

Luego de reseñar las actuaciones adelantadas en el procedimiento aduanero que culminó con la expedición de los actos acusados, la apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sostiene que realizadas todas las investigaciones pertinentes, entre las cuales se cuenta la confirmación de la Declaración de Importación que reposa en los sistemas especiales de la entidad, los dictámenes emitidos por la SIJIN y la aplicación del código VIN americano del vehículo, cuyo estudio y numeración se encuentra legalmente señalado, y después de agotar el periodo probatorio y el procedimiento legal establecido, encontró mérito para proferir la Resolución nro. 022 del 16 de enero de 2007, mediante la cual la División de Fiscalización ordenó el decomiso de la mercancía.

La apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales argumenta que no es cierto que se hubiese privado al actor de las garantías al debido proceso, contradicción y a la defensa, pues el procedimiento adelantado por la Administración Local de Aduanas de Cali se ajustó a derecho y se encaminó a exigir el cumplimiento del Decreto 2685 de 1999, modificado por el Decreto 1232 de 29 de junio de 2001, que eran las normas aduaneras vigentes al momento de la aprehensión y posterior decomiso del vehículo. A esos efectos, cita las definiciones y el contenido normativo del articulado que regula las nombradas figuras.

En la contestación a la reforma de la demanda, la apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

Además, puso de presente que, en su criterio, no es cierto que la acción sancionatoria hubiese prescrito pues, según el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991, el cómputo del término de dos (2) años se hace desde la ocurrencia de los hechos constitutivos de la infracción y esta únicamente se configura a partir del momento en que la autoridad aduanera profiere la resolución de decomiso, lo cual se hizo el 16 de enero de 2007, en el caso sub-examine.

Precisó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene la obligación de verificar la procedencia de las mercancías, sin que a esos efectos resulte relevante la fecha de su introducción al país, ya que el transcurso del tiempo no subsana la ilegalidad, ni genera derechos a favor del usuario ilegal. La potestad de fiscalización no se encuentra restringida por términos de caducidad o de prescripción pues estos se predican de las sanciones más no del decomiso.

3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 15 de febrero de 2012, decidió:

“[…]

1.- DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 205072601107 del 7 de julio de 2007 proferida por la División Jurídica de la DIAN de Cali, que resolvió desfavorablemente el recurso de reconsideración.

2.- DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 05070210636 del 16 de enero de 2007, mediante la cual se decomisa una mercancía aprehendida – vehículo Kenworth de placas SUK-153.

3.- ORDÉNASE a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, la entrega inmediata del vehículo marca Kenworth de placas SUK-153 a favor del señor GERARDO ANTONIO ALVARADO PARRA.

4.- Solo en caso de que la autoridad aduanera hubiera vendido el vehículo de placas SUK-153, ORDENAR a la demanda (sic) el pago de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) a favor del señor GERARDO ANTONIO ALVARADO PARRA, valor establecido en el peritazgo que deberá ser actualizado e indexado hasta el momento en que se produzca el pago efectivo.

5. CONDENAR EN ABSTRACTO a la DIRECCIÓN DE ADUANAS E IMPUESTOS NACIONALES -DIAN, a pagar al señor GERARDO ANTONIO ALVARADO PARRA, a titulo de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, lo dejado de percibir durante el tiempo que el vehículo marca Kenworth de placas SUK-153 hubiera estado decomisado, para lo cual mediante trámite incidental deberá demostrar a cuánto ascendían esos ingresos antes de que la autoridad aduanera procediera al decomiso del rodante, con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

6.- NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

[…]”.

El a quo accedió las súplicas de la demanda por considerar, en esencia, lo siguiente:

Consideró que el vehículo tracto-camión de propiedad del señor Eber Pérez Mejía fue importado al país en el año 1994, con el lleno de los requisitos legales exigidos en su momento y que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no inició investigación en los años posteriores a la importación.

Anota que solo hasta el 13 de septiembre de 2006, los funcionarios de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Local de Aduanas Nacionales de Cali, comisionados mediante Auto nro. 1369 de la misma fecha, acuden a las instalaciones del Depósito ALMAGRARIO NUEVA ERA, con el fin de adelantar una visita de fiscalización aduanera fundamentada en el Decreto 2689 de 1999, tal como consta en el Acta de Hechos.

Concluye que, como se desprende de los actos administrativos acusados, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales procedió a la aprehensión y decomiso del automotor con fundamento en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, norma que entró a regir el 1º de julio de 2000, es decir, 6 años después de que se importara el automotor.

A partir de ese razonamiento, el a quo consideró que, ciertamente, la DIAN aplicó retroactivamente la norma precitada y, por consiguiente, hizo extensivos sus efectos a una situación jurídica particular que se consolidó en vigencia de la ley anterior que, para entonces, correspondía al Decreto 1909 de 1992.

El Tribunal acotó que para el 1 de noviembre de 1994, fecha en la que se efectuó la importación, se encontraban vigentes el Decreto 1909 de 1992, “Por el cual se modifica la legislación aduanera”, y el Decreto 1750 de 1991, “Por el cual se ejercen facultades extraordinarias en materia penal aduanera”.

Sostuvo que “[…] la autoridad aduanera aplicó retroactivamente la ley, toda vez que hizo extensivos sus efectos jurídicos a una situación jurídica particular definida o consolidada en vigencia de una ley anterior, circunstancia diferente a cuando se aplica una ley a hechos que si bien ocurrieron en vigencia de una ley anterior, tan solo generaban meras expectativas, que no es la del caso sub judice […]”.

Al efecto, citó el aparte de la sentencia C-402 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) en el que la Corte Constitucional sostuvo que, por razón del principio de seguridad jurídica, una nueva ley “[…] no puede regular las situaciones jurídicas del pasado que ya se han definido o consolidado y que por tanto resultan incólumes en sus efectos jurídicos, con la fuerza que les presta la ley bajo la cual se constituyeron […]”.

Sostuvo que la autoridad aduanera es conocedora del criterio de seguridad jurídica, como se infiere de la Circular nro. 175 de 2001. Asimismo, citó apartes de la sentencia C-549 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) en la que la Corte Constitucional analizó in extenso el principio de irretroactividad de la ley.

El fallador de primera instancia afirmó que el artículo 26 del Decreto 1909 de 1992 dispuso que la Declaración de Importación cobraba firmeza cuando, transcurridos dos (2) años desde su presentación en los bancos o entidades financieras autorizadas, no se formulara liquidación oficial de corrección o de revisión de valor. Consideró que como esta norma era aplicable, existía una situación jurídica consolidada de donde era fuerza concluir que “[…] el vehículo de placas SUK-153 fue legalmente introducido al país, situación que ya no podía revaluarse a la luz de una normatividad posterior […]”.

Añadió que el Decreto 1750 de 1991, que también se encontraba vigente en la fecha en la que se efectuó la importación, en su artículo 14, en cuanto a la prescripción de la acción administrativa sancionatoria, disponía que sería de dos (2) años, contados a partir del momento de la realización del hecho, y que el término de prescripción de la sanción sería de tres (3) años, contabilizados a partir de la ejecutoria de la providencia que la impusiera.

A título de restablecimiento del derecho, el a quo ordenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales entregar de manera inmediata el vehículo al cesionario de los derechos litigiosos. En el evento en que la autoridad aduanera hubiese vendido el vehículo, le ordenó pagar la suma de ochenta millones de pesos ($80.000.000.oo) valor que fue establecido a través del peritazgo. Asimismo, ordenó la actualización e indexación de la referida suma, hasta el momento en que se produjese el pago efectivo.

De otra parte, el Tribunal a quo condenó en abstracto a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a pagarle al cesionario de los derechos litigiosos, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, lo dejado de percibir durante el tiempo en que el vehículo marca KENWORTH de placas SUK-153 estuvo decomisado. A esos efectos, dispuso que mediante trámite incidental se demostrara a cuánto ascendían ingresos generados por el rodante, antes de que la autoridad aduanera ordenara su decomiso.

Finalmente, el Tribunal a quo negó las restantes pretensiones de la demanda.

4. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

Los apoderados de las partes demandante y demandada, apelaron la decisión de primera instancia en los siguientes términos:

4.1. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDANTE

El apoderado de la parte demandante solicita que se revoque o modifique la condena en abstracto y que, en su lugar, se condene en concreto por cuantía y valor determinados ya que la cuantía del lucro cesante se estableció probatoriamente en el proceso.

Afirma que el artículo 172 Código Contencioso Administrativo es claro al señalar que solo es dable proferir condena en abstracto cuando la cuantía no se hubiere establecido en el proceso.

Advierte que, en el caso sub examine, la cuantía de los perjuicios se estableció probatoriamente con el dictamen pericial, con las declaraciones testimoniales recepcionadas en el proceso y con las pruebas documentales allegadas.

Asevera que las pruebas aportadas permitieron establecer que el producido mensual de un vehículo de servicio público de las mismas características del vehículo de placas SUK-153 es de novecientos cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y seis con sesenta y seis pesos ($956.666,66). Sostiene que, al multiplicar ese guarismo por el número de días (1856) en que el vehículo permaneció inmovilizado, sin mayor esfuerzo de análisis y de manera concreta se establecen los perjuicios en la modalidad de lucro cesante. En efecto, al hacer la operación matemática se tiene que si a diario el rodante producía $956.666,66 el valor a pagar ascendería a $1’865.499.987, equivalentes a 1856 días de inmovilización.

De igual modo, insiste en que se debe condenar en costas a la entidad accionada y que se debe ordenar que la correspondiente liquidación se efectúe conforme lo señala el artículo 178 del CCA pues la defensa de los derechos e intereses de los accionantes inició el 10 de septiembre de 2006 y que debe de tenerse en cuenta que esta labor ha sido dispendiosa por los desplazamientos a Cali, ya que la parte actora y su apoderado se domicilian en Bogotá y en Villavicencio.

En apoyo de su aserto cita apartes de la sentencia C-539 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequible parcialmente el numeral 1 del artículo 392 del Decreto 2282 de 7 de octubre de 1989, en lo concerniente a la exención de la condena en agencias en derecho para las entidades oficiales, por estimar que conllevaba un tratamiento discriminatorio que resultaba violatorio del principio de igualdad.

Para concluir, insiste en que se deben señalar los términos de cumplimiento de la sentencia así como ordenar la actualización de las condenas, según lo preceptuado en los artículos 176 y 177 del CCA.

4.2. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

La apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reprodujo los argumentos que expuso en la contestación de la demanda, encaminados principalmente a insistir en que el vehículo automotor fue decomisado por haberse demostrado que su importación se hizo en contravía al régimen jurídico que para entonces regía, debido a que en la Circular Externa SOI- No 091 del 29 de diciembre de 1993, el Comité de Importaciones del extinto Instituto Colombiano de Comercio Exterior –INCOMEX había prohibido, a partir del 1 de enero de 1994, la importación de vehículos usados o de vehículos nuevos de modelos-años anteriores.

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA Y CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante providencia de 3 de agosto de 2015, esta Corporación dispuso correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público para que emitiera su concepto de fondo.

5.1.- El apoderado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales solicitó revocar el fallo de primera instancia por considerar que presenta errores fácticos y jurídicos sustanciales, al fundamentarse en normas jurídicas que no eran aplicables al caso en estudio y tener por consolidada una situación jurídica que no se subsanaba por el mero transcurso del tiempo, por cuanto se trataba de una mercancía que fue ingresada irregularmente al territorio nacional.

Sostiene que, precisamente, en aplicación de las normas que se encontraban vigentes para el momento de la importación del vehículo, se estableció inequívocamente que este ingresó sin el cumplimiento de los requisitos legales por cuanto para el 1 de noviembre de 1994, fecha en la que se presentó la Declaración de Importación, la importación de vehículos usados o de vehículos nuevos de años anteriores no estaba autorizada o permitida, conforme a lo decidido por el Comité de importaciones del Instituto Colombiano de Comercio Exterior –INCOMEX, en la Circular Externa SOI- No 091 del 29 de diciembre de 1993, en la cual se prescribió:

“[…] Para su conocimiento e información, nos permitimos comunicarles que el Comité de Importaciones, en su sesión del 27 de diciembre de 1993, decidió a partir del 1º de enero de 1994, no autorizar bajo ningún concepto la importación de vehículos usados o saldos de la partida arancelaria 87.03 […]”.

Señala que tal medida se adoptó en estricto acatamiento del Convenio Andino de Complementación en el sector automotor suscrito por Colombia, Ecuador y Venezuela en septiembre de 1993, cuyo artículo 5º disponía:

“[…] Con el propósito de garantizar condiciones mínimas de seguridad, de protección del medio ambiente, de defensa del consumidor y de Propiedad Industrial, los países participantes solo autorizarán la importación de vehículos nuevos del año modelo en que se realiza la importación o siguiente. Igualmente, solo se autorizarán importaciones de componentes, partes y piezas nuevos y sin reconstruir o reacondicionar […]”.

Expresa que estos argumentos jurídicos se expusieron en la parte motiva de los actos administrativos acusados. Para ilustrar este aserto transcribe in extenso las consideraciones consignadas en la Resolución nro. 8205072601107 de 3 de julio de 2007, mediante la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales resolvió el recurso de reconsideración.

Asimismo, el apoderado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pone de presente que, según los estudios técnicos que se allegaron al procedimiento de fiscalización, el número de identificación del vehículo conocido como VIN permitió establecer de manera inequívoca que el modelo era año 1993 y no año 1994, como se indicó en la Declaración de Importación.

En consecuencia, era forzoso concluir que la descripción del vehículo que se consignó en el documento que amparaba la mercancía no era cierta, a lo cual se agrega que con motivo de la restricción legal establecida por el Instituto Colombiano de Comercio Exterior -INCOMEX solo se podían importar vehículos nuevos; por consiguiente, el año del modelo de fabricación tenía que coincidir con el año de la Declaración de Importación.

El apoderado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales insiste en que al haber constatado la autoridad aduanera, en ejercicio de las facultades de fiscalización, que el vehículo había ingresado de manera ilegal, tenía que proceder a su aprehensión y posterior decomiso. Advirtió que la señalada irregularidad no es subsanable con el transcurrir del tiempo ni por el uso que se le dé al bien. En apoyo de este aserto, citó varios pronunciamientos de esta Sección.

Afirmó que el fallador, en primera instancia, también incurrió en yerro al interpretar el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991, pues con franco desconocimiento de la jurisprudencia de la Sección, sostuvo que las facultades de control aduanero prescriben a los dos (2) años de presentada la Declaración de Importación.

Puso de presente que en la sentencia de 22 de marzo de 2007, la Sección, al prohijar pronunciamientos anteriores del Consejo de Estado, dejó claramente definido que para efectos del cómputo del término de los dos (2) años de prescripción de la acción administrativa sancionatoria de que trata el artículo 14 de Decreto 1750 de 1991, como fecha de ocurrencia de los hechos, ha de tenerse la fecha de aprehensión de la mercancía, que en el caso presente tuvo lugar el 13 de septiembre de 2006, de donde para la fecha de expedición de la Resolución nro. 05070210636 del 16 de enero de 2007, que dispuso el decomiso, este no había transcurrido.

El apoderado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales advierte que el segundo error en que incurrió el fallador de primera instancia en el fallo apelado, consistió en aseverar que la autoridad aduanera contravino el debido proceso y el principio de seguridad jurídica al haber aplicado retroactivamente la ley, al fundamentar la aprehensión y el posterior decomiso del automotor en la causal prevista en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

Hace ver que era imposible que la aprehensión se realizara con fundamento en el Decreto 1909 de 1992, comoquiera que el artículo 571 del Decreto 2685 de 1999 lo había derogado expresamente.

Con todo, pone de presente que al igual que el Decreto 2685 de 1999, el Decreto 1909 de 1992 también otorgaba a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales facultades de control y fiscalización, las cuales le habilitan para verificar la legalidad de la importación de las mercancías que se introduzcan o que circulen en el territorio nacional. Tales facultades comprenden la de verificar la exactitud de las declaraciones en cualquier momento.

Por lo demás, indica que en vigencia del Decreto 1909 de 1992 también era causal para ordenar la aprehensión y el decomiso el hecho de comprobar que la mercancía no se encontraba amparada por una Declaración de Importación. Señala que esto fue lo que ocurrió en el caso presente, comoquiera que se estableció que el ingreso del vehículo automotor carecía de sustento legal, por tratarse de un vehículo de modelo anterior al del año de importación y no contaba tampoco con licencia previa para que excepcionalmente se pudiera nacionalizar.

Consideró, asimismo, que el fallador de instancia erró al invocar la firmeza de la Declaración de Importación contenida en el artículo 26 del Decreto 1909 de 1992 por cuanto esta tiene que ver con la facultad que asiste a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para formular una liquidación oficial de corrección o de revisión, respecto del valor de los tributos, lo cual nada tiene que ver con la definición jurídica de la mercancía. Concluyó que, por este aspecto, el fallador en primera instancia también fundamentó su decisión en una norma que no era aplicable al caso.

Finalmente, trajo a colación la sentencia de 4 de octubre de 2007 (C.P. Marco Antonio Velilla Moreno), que fue prohijada en la sentencia de 6 de noviembre de 2014 (C.P. María Claudia Rojas Lasso) en las cuales la Sección puntualizó que el cumplimiento de la obligación aduanera también se exige frente al tenedor. Comenta que en los citados pronunciamientos, la Sección también puso de presente que la DIAN tiene la facultad de verificar en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones aduaneras sobre las mercancías de origen extranjero, sin que sea óbice que se encuentren en manos de un adquirente de buena fe. Cosa distinta es que a este le asista el derecho de iniciar las acciones legales en contra de sus antecesores.

5.2. La parte demandante presentó alegatos de conclusión en forma extemporánea. En estos, en esencia, insistió en los argumentos que expuso al sustentar el recurso de apelación, encaminados a que se sustituya la condena en abstracto.

5.3.- El agente del Ministerio Público, notificado en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de decidir el caso concreto, la Sala adoptará el siguiente orden metodológico: en primer orden, se establecerá la competencia; en segundo orden, se enunciarán los actos administrativos demandados; en tercer orden, se delimitará la controversia a resolver en este caso concreto y se precisarán los problemas jurídicos; en cuarto orden, se establecerán los hechos relevantes probados en el proceso y, finalmente, se procederá al análisis del caso concreto para efectos de resolver los problemas jurídicos planteados.

1.- LA COMPETENCIA

Esta Sala es competente para conocer del presente asunto, en los términos del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, aplicable en virtud de lo dispuesto en del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

2.- LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS

Los apartes que interesan al proceso de las resoluciones objeto de nulidad, son en lo pertinente, del siguiente tenor literal:

2.1. Resolución 05-070-210-636-0000022 de 16 de enero de 2007 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECOMISA MERCANCIA APREHENDIDA”

“[…]
RESOLUCIÓN NRO. 05-070-210-636-0000022
(16 ENE. 2007)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECOMISA MERCANCIA APREHENDIDA

EL JEFE DE LA DIVISION DE FISCALIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ADUANAS DE SANTIAGO DE CALI
CONSIDERANDOS:
[…]

El vehículo encartado fue nacionalizado con un año de fabricación y modelo 1994; sin embargo, en la verificación física al VIN efectuada por la POLFA- Cali se encontró que en el décimo carácter aparece la letra P lo que determina como año modelo 1993; de igual manera, en el estudio técnico remitido por la SIJIN Cali se corrobora que el año modelo del vehículo es 1993 y no 1994 como figura en los documentos aportados. Por lo tanto, se toma la medida cautelar de aprehensión mediante Acta 676 de 29 de septiembre de 2006, de acuerdo a la causal establecida en el numeral 1.25 del art. 502 del Decreto 2685 de 1999, por cuanto los documentos soportes, concretamente, el registro de Importación no corresponde con la operación declarada, encontrándose incursa en restricción administrativa.
…
Los resultados del análisis técnico realizado al vehículo aprehendido, por parte del grupo de Automotores de la Policía Nacional Seccional de Policía Judicial, indican que el año modelo de este corresponde a 1993 y no a un modelo 1994 como pretendió ampararse en la Declaración de Importación No. 1380501002297-7 de 01 de noviembre de 1994, aportada por el interesado. Así las cosas, puede determinarse claramente que se trata de un tracto-camión cuyo año modelo es anterior al de la fecha de presentación de la Declaración de Importación por lo que debió tenerse en cuenta lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 7 de la Resolución 001 de enero 2 de 1995, que determina como saldo la mercancía cuyo año de fabricación sea anterior al de la presentación de la solicitud de importación y para los vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, aquellos cuyo modelo sea anterior al año en que se radica la solicitud de importación y presentarse como documento soporte de su importación Licencia Previa, pues dicho documento se encuentra estipulado como tal para la Importación de mercancías susceptibles de ser clasificadas por las sub-partidas 87 a 89 del Arancel de Aduanas, dentro de las cuales se clasifican los rodantes aprehendidos. Exigencia ampliada y reiterada mediante la Circular Externa Conjunta MINCOMERCIO-DIAN 0010 del 21 de Enero de 2005.”

“Si se observa la Declaración de Importación inicial No. 1380501002297-7 de 01 de noviembre de 1994, con la cual se pretende amparar la mercancía aprehendida, en la casilla correspondiente al Código de Registro o Licencia, puede determinarse que la misma fue ingresada al territorio aduanero colombiano acreditando solo el Registro de Importación No. 1239532, como visto bueno indispensable para la nacionalización, pero sin la Licencia previa; siendo esta requisito exigido por la legislación aduanera para la importación de la mercancía con tales características, la presentación de la licencia previa como documento soporte, por lo que la aprehensión y decomiso de la mercancía es procedente, configurándose la causal prevista en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, al no haberse presentado en debida forma los documentos soportes que acrediten que la mercancía no se encuentra incursa en alguna restricción legal o administrativa.

Por todo lo anterior, se concluye que la mercancía aprehendida mediante Acta No. FIS 676 del 29 de septiembre de 2006, al señor HEBER PÉREZ MEJIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.468.700 ingresó al territorio aduanero nacional sin la totalidad de exigencias previstas en la legislación aduanera para su importación, pues no se acreditó el cumplimiento del requisito de licencia previa, tal y como se manifestó anteriormente; razón por a cual la medida cautelar que recae sobre esta mercancía, se ajusta a lo consagrado en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 48 del Decreto 1232 de 2001.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Jefe de la División de Investigaciones Especiales de la Subdirección de Fiscalización Aduanera.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECOMISAR a favor de la Nación –Unidad Administrativa Especial -Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la mercancía aprehendida con Acta FIS- 676 del 29 de septiembre de 2006, al señor HEBER PÉREZ MEJÍA identificado con cédula de ciudadanía nro. 14.4678.700, por encontrarse inmersa en la causal establecida en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
[…]”.

Resolución nro. 82050702601107 de 3 de julio de 2007, expedida por la Jefe de la División Jurídica de la Administración Local de Aduanas de Santiago de Cali, por medio de la cual se resolvió en forma desfavorable el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución anterior, en el sentido de confirmarla.

No se considera necesario transcribir la Resolución nro. 82050702601107 de 3 de julio de 2007 comoquiera que, en lo esencial, este acto reitera los supuestos fácticos y jurídicos que se consignaron en la Resolución nro 05-070-210-636-0000022 de 16 de enero de 2007, que ordenó el decomiso.

3. DELIMITACIÓN DEL DEBATE JURÍDICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS

Según consta en la síntesis de los antecedentes, el fallo de primera instancia estimó las pretensiones anulatorias de los actos acusados, al acoger los argumentos expuestos por el apoderado de la parte actora y, particularmente, la interpretación que esta propuso acerca de: i) la vulneración de las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa, al haberse desconocido el principio de irretroactividad de la ley aduanera, por haberse fundamentado el decomiso en la causal establecida en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, la cual fue adicionada por el artículo 10 del Decreto 4431 de 2004; ii) el desconocimiento de la firmeza de la Declaración de Importación de que trata el artículo 26 del Decreto 1909 de 1992; y, iii) el desconocimiento del término de dos (2) años de prescripción de la acción administrativa sancionatoria, previsto en el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991 con la consiguiente transgresión de los principios de la buena fe y la seguridad jurídica.

Por su parte, en el recurso de apelación, la DIAN endilga al fallador de instancia yerros interpretativos sustanciales que, a su juicio, fueron determinantes de la decisión cuya revocatoria reclama.

Teniendo en cuenta que ambas partes interpusieron el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal a quo, en primera instancia, la Sala deberá examinar si los razonamientos en que se fundamentó el a quo al acoger las pretensiones de la demanda fueron acertadas o no.

4. PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS

Según lo expuesto, las cuestiones que deberá dilucidar la Sala se contraen a un aspecto de estricto derecho, propiamente, de naturaleza interpretativa.

En efecto, la Sala deberá determinar: i) cuál es la normativa aduanera aplicable para efectos del decomiso del vehículo automotor de placas SUK-153; ii) cuál es el alcance de la firmeza de la Declaración de Importación; y, iii) a partir de qué momento se computa el término de prescripción de la acción administrativa sancionatoria.

Para establecer cuál era la ley aduanera aplicable al caso y precisar cuál es la exacta interpretación que corresponde a las normas aduaneras citadas, la Sala hará especial énfasis en los criterios jurisprudenciales que la Sección ha esbozado en numerosos pronunciamientos en los que ha analizado esta temática, teniendo en cuenta que en ocasiones anteriores se han expuesto planteamientos similares y la Sección ha tenido oportunidad de fijar su postura en torno a los problemas jurídicos que en el caso presente vuelven a plantearse.

Ahora bien, de la respuesta que la Sala otorgue a estos interrogantes dependerá que se deba o no adentrar en el análisis de la condena en concreto y de las demás pretensiones resarcitorias que propone la parte actora en su recurso de alzada, habida cuenta que su examen solo resultará procedente si se llegare a concluir que el examen de legalidad efectuado por el fallador de primera instancia acertó en cuanto al alcance y a la interpretación jurídica que hizo en relación con las normas jurídicas en que se fundamentó.

5. LOS HECHOS PROBADOS EN EL PROCESO

Del material probatorio allegado al proceso, merecen destacarse los siguientes documentos:

5.1. La Declaración de Importación nro. 9401091293578 en la cual figuran los siguientes datos: “[…] Manifiesto No. 19100121, (d/m/a) 30/10/94, Exportador: Kenworth Toronto Ltda. Descripción mercancías (incluye marcas, seriales y otros) MARCA KENWORTH REF W900B AÑO DE FAB Y MODELO 1994 CON MOTOR MARCA CUMMINS NTC400 CAJA DE CAMBIO MECANICA REF. 14715, MPTOR#11382182 CHASIS 2XKWD29X0HM918 […]” (Destacado de la Sala).

5.2. El Registro de Importación nro.1285834 del INCOMEX en el cual se consignaron los siguientes datos: “[…] Descripción de la mercancía: RESOLUCIONES DE HOMOLOGACIÓN No. 01327 de JUL 19/90 y No. 02761 DE JUN 5/92 […] TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIREMOLQUES. TRACTO-CAMIONES MARCA KENWORTH REF. W900B/T600A, AÑO DE FABRICACIÓN 1994, MODELO 1994, OPERACIÓN NORMAL, SERVICIO PÚBLICO […] MOTOR MARCA CUMMINS REF. NTC 400/ntc 350 […]”.

Cierto es que en el Registro de Importación consta que el exportador fue la firma KENWORTH TORONTO LTDA, con domicilio en la ciudad de MISSISSAGA, ONTARIO, que el vehículo fue comprado en CANADÁ, que el puerto de embarque fue la ciudad de York y que se importó por vía marítima.

Empero, debe tenerse en cuenta que en virtud de las obligaciones contraídas por Colombia al suscribir el 13 de septiembre de 1993 el Convenio de Complementación en el Sector Automotor con Venezuela y Ecuador, los países signatarios se comprometieron a no autorizar “[…] la importación de vehículos usados, ni la de los vehículos nuevos de años-modelos anteriores, a más tardar a partir del 1º de enero de 1994 […]”.

5.3. La importación del automotor que es materia de la presente controversia no cumplió con el requisito de la Licencia Previa.

En efecto, en el oficio AC-122 de 31 de mayo de 2007, radicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ante la División de Documentación Aduanera de la Administración Local de Cali con el nro. 8432 de junio 5 de 2007, en respuesta al requerimiento que le fue cursado por la DIAN, el Ministerio certificó que el importador del vehículo no aportó soportes anexos al registro de importación.

En la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración, sobre este aspecto, se hizo constar lo siguiente:

“[…] Mediante oficio radicado bajo el nro. 505 del 10 de mayo de 2007, se solicitó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, remitiera certificado el registro de importación No. 123953 (sic) expedido a nombre del señor LUIS ANTONIO PASTRANA OCHOA con CC 19.127.422, asimismo, los soportes aportados por el importador en la aprobación del registro de importación del vehículo marca KENWORTH Ref T 600 reiterado vía Fax. Requerimiento atendido con Oficio nro. AC-122 mayo 31 de 2007 en la División de Documentación Aduanera de la Administración Local de Cali con el No. 8432 de junio 5 de 2007 (visto a folio 248-251) en el cual certifica el registro de importación nro. 123953 del 16 de agosto de 1994, en el cual describe literalmente el vehículo marca Kenworth. Sin anexos de soportes aportados por el importador en el momento de requerir el registro de importación […]” (Destacado de la Sala).

5.4. Informe rendido por Funcionario Investigador del Laboratorio del Grupo Automotores de la SIJIN, mediante el cual se hizo la verificación del número VIN del automotor, constatando que el vehículo KENWORTH de placas SUK-153 era modelo 1993.

5.5. Respuesta de la distribuidora de los vehículos KENWORTH, en Colombia, al oficio nro. 430 de 2 de mayo de 2007, remitido el 12 de junio de 2007, que obra en los antecedentes del trámite administrativo surtido ante la Autoridad Aduanera y que señala lo siguiente:

“[…]

Bogotá, 12 de junio de 2007

Señores
DIVISIÓN JURÍDICA ADUANERA

Asunto: respuesta práctica de pruebas Expediente DM 2006-2006 1043

Con base en la solicitud requerida por usted con respecto al chasis M930577 quiero comunicarle lo siguiente:

Descripción del vehículo

Marca: KENWORTH
Modelo: T 600
Vin: 2XKAD69X6P
Chasis: 930577
Dealer: CUSTOM TRUCK SALES LTD
Propietario: CUSTOM TRUCK SALES LTD (STOCK)
Año de Fabricación: 30 Enero de 1993

Este equipo salió de planta en el mes de febrero y enviado al concesionario CUSTOM TRUCK SALES LTD, en Canadá donde permaneció en vitrina por un tiempo largo, hasta el momento de venta.

Desafortunadamente en los archivos no hay datos de a quién y cuándo se vendió y la fecha en que la fabrica cambia de modelo para efectos de matrícula.

En la actualidad los equipos que llegan a nuestro país entran como tracto-camiones modelo 2008 […]” (Destacado de la Sala).

La sola lectura del documento transcrito permite destacar que el Número VIN que se reporta en dicho documento coincide en todos los dígitos con aquellos que identificaron los dictámenes técnicos practicados. Además, el año de fabricación que se inserta en la comunicación, a saber 1993, coincide con el reportado por los dictámenes realizados por la Policía Judicial –Grupo Automotores -Sala Técnica y por la SIJIN- MECAL establecido mediante la verificación del VIN, constituyéndose estos en la prueba técnica idónea que permite de manera irrefutable establecer el año del modelo de un vehículo automotor.

Asimismo, es importante resaltar que el concepto del Ministerio del Transporte en el que la parte demandante pretende apoyarse para sostener que “[…] el año de modelo de los vehículos automotores es diferente del año de fabricación […]” no tiene la aptitud de desvirtuar la fundamentación técnica que, a propósito de la identificación del año de fabricación mediante el VIN, se consignó en la Resolución que resolvió el recurso de Reconsideración; cuestión que fue analizada en el referido acto administrativo.

La Sala transcribe los apartes más destacados, por su pertinencia para el esclarecimiento de la cuestión que aquí se debate:

“[…] Realizadas las anteriores observaciones a los documentos obrantes en el expediente, es importante precisar que claramente el vehículo corresponde a un año modelo 1993 y no como se indica en la Declaración de Importación No. 1380500022977 del 1º. de noviembre de 1994, documento en el cual se había descrito que el vehículo era modelo 1994, lo que permite concluir que no se cumple con las exigencias en su descripción, pues para la subpartida arancelaria 87.03, por la cual es susceptible de clasificarse la mercancía aprehendida, se requieren como descripciones mínimas la marca, modelo y/o referencia, tipo, clase, entre otras; por lo que se concluye que el vehículo no está amparado en la Declaración de Importación citada, tal y como lo señala el Concepto 187 de octubre 19 de 1994, cuando estipula:“[…]si la mercancía no se encuentra completamente descrita o se presentan errores en su descripción, no quedará amprada por la Declaración de Importación y no procederá declaración de corrección para subsanar la omisión de descripción o los errores en los seriales o números que la identifiquen o para modificarla amparando mercancías diferentes. […]”.

Ahora bien, corroborando la práctica universal de identificación vehicular denominada VIN, acogido mundialmente por los países a nivel internacional, el cual al ser aplicado como soporte técnico y legal al caso materia de investigación, que expresa que tratándose del año este puede referirse al año calendario en el cual se fabricó el vehículo o al año del modelo del vehículo, este se encuentra determinado por el VIN el cual es referente al año de fabricación y modelo y por ende es tenido en cuenta para todos los efectos legales de toda importación.

El número de identificación del vehículo ha sido definido como una combinación estructurada de caracteres que el fabricante asigna a un vehículo con el propósito de identificarlo y registrarlo, y está compuesto por regla general por letras o números o la combinación de ambos.

[…]

Para aclarar este último aspecto, este Despacho al consultar en Internet observó que:

El Número de identificación Vehicular (VIN) VEHICULE IDENTIFICATION NUMBER se compone de 17 caracteres alfanuméricos y tiene la posibilidad de identificar un rodado conociendo su procedencia, marca, modelo y detalles de su fabricación.

A mediados de los años 50, los fabricantes norteamericanos, al notar la gran demanda de automóviles que produjo aumentar la producción en masa, decidieron identificar a sus rodados estampando siglas en los mismos y en sus piezas.

A principios de 1980, la Administración Nacional de la Seguridad en el tránsito de autopistas (Departamento del Transporte de Estados Unidos) ordenó que todos los rodados debían contener en su número de chasis 17 dígitos alfanuméricos, tal como se puede observar en la mayoría de las marcas hoy en día y que consta en la cédula identificatoria. La finalidad es identificar automotores, remolques, motocicletas y ciclomotores.

Dicha sigla debe estamparse en forma legible, inalterable y duradera. Se encuentra estampada o acuñada bajo relieve sobre una pieza solidaria del vehículo como es el chasis, y además puede presentarse en forma de troquelado […]

Para el número VIN se utilizan solo cifras árabes y letras latinas mayúsculas, obviándose las letras I, O y Q por su parecido con ciertos números, a fin de evitar confusiones.

SECCIÓN DE INDICACIÓN DE VEHÍCULO

Esta Sección comienza en el 10mo dígito, estando conformado por los siguientes 8 caracteres. En principio la interpretación es libre para todos los fabricantes, solo los últimos 4 caracteres de esta sección son obligatoriamente numéricos, indican el número de orden de fabricación […]

Para el año del modelo es común utilizar el 10mo dígito VIN, existiendo una lista que la mayoría de los fabricantes utiliza.

[…]

ASIGNACIÓN DEL AÑO DE FABRICACIÓN
1973- CÓDIGO 3 1983-CODIGO D 1993-CÓDIGO P 2003- CODIGO 3

[…]

OBSERVACIÓN

Se denomina año de fabricación el período anual durante el cual el vehículo es fabricado o el año correspondiente al modelo del vehículo definido por el fabricante.

Podemos decir que el número VIN es el DNI del automóvil, permite identificar un vehículo de forma legal, también conocer los antecedentes del mismo y es de vital importancia como elemento de prevención policial en materia de control para evitar el fraude y el tráfico ilegal de automóviles. Además, nos permite obtener una gran cantidad de información de suma importancia y utilidad para compañías de seguros y el mercado reparador en general.

[…]

Así pues, la letra P corresponde al año 1993, tal como se indicó en la revisión de la SIJIN-MECAL, característica que confirmara el respectivo VIN. Información totalmente diferente en el año modelo que figura en la Declaración de Importación 13805010022977 de fecha noviembre de 1994, en la cual se describe que el vehículo. “MARCA KENWORTH; REF T600 AÑO FABRICACIÓN 1994, MODELO 1994” (visto a folio 42)

Por lo anterior la investigación y definición de la situación jurídica de la mercancía se ajusta a lo consagrado en los eventos establecidos en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 10 del Decreto 4431 de 2004 esto es, que dentro de los procesos de control posterior se determinó que los documentos soporte que acreditan (sic) que se encuentra incurso en restricción legal o administrativa.

[…]” (Destacado de la Sala).

Por consiguiente, habiéndose establecido de manera inequívoca el año del modelo y el año de fabricación, mal podría alegarse una presunta duda por resolverse a favor de la parte demandante, como lo pretende el apoderado de la parte demandante.

El que en dicho oficio se hubiese indicado que no se tienen datos acerca de la fecha en que la fábrica cambia de modelo para efectos de matrícula y que los vehículos que llegaban a junio de 2007 eran modelo 2008, en nada desvirtúa los supuestos fácticos que originaron la aprehensión y el posterior decomiso.

Se insiste en que por razón de las medidas restrictivas para entonces adoptadas por el Instituto Colombiano de Comercio Exterior –INCOMEX, en observancia de las obligaciones contraídas por Colombia al suscribir el 13 de septiembre de 1993 el Convenio de Complementación en el Sector Automotor, a partir del 1 de enero de 1994 se había prohibido la importación de vehículos usados y de vehículos nuevos de años-modelos anteriores, por lo que necesariamente el año del modelo tenía que ser el mismo año de la importación.

Vale la pena advertir que la parte actora ni durante el procedimiento administrativo ni ante este estrado judicial controvirtió la validez de los hallazgos arrojados por los experticios técnicos. Se reitera que las afirmaciones que hace en torno a que el año modelo corresponde al año de despacho no tienen el alcance de desvirtuar los hallazgos arrojados por los dictámenes periciales.

En síntesis: con los dictámenes técnicos practicados y, en particular, con la verificación del nro. VIN quedó demostrado que el vehículo decomisado era modelo 1993 y que al haberse registrado en la Declaración de Importación el año 1994 se configuró una omisión sustancial en la descripción de la mercancía importada.

Así pues, para los efectos de la validez del decomiso del vehículo automotor resultaba indiferente que el vehículo importado hubiese sido usado o nuevo de años-modelos anteriores, pues para la época en que se efectuó su importación (1º de noviembre de 1994) el Instituto Colombiano de Comercio Exterior -INCOMEX había prohibido esta operación para ambos tipos de automotores.

Ciertamente, a partir del 1º de enero de 1994, el Comité de Importaciones del Instituto Colombiano de Comercio Exterior -INCOMEX, en la Circular Externa SOI- nro. 091 de 29 de diciembre de 1993, había prohibido la importación de vehículos usados o saldos de la partida arancelaria 87.03, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por Colombia al suscribir el 13 de septiembre de 1993 con Ecuador y Venezuela el Convenio de Complementación en el sector automotor, cuyo artículo 5º previó que: “[…] Los países participantes no autorizarán la importación de vehículos usados ni de vehículos nuevos de años anteriores, a más tardar el 1º de enero de 1994 […]” (Destacado de la Sala).

El documento establecía textualmente, lo siguiente:

“[…] Para su conocimiento e información, nos permitimos comunicarles que el Comité de Importaciones, en su sesión del 27 de diciembre de 1993, decidió a partir del 1º de enero de 1994, no autorizar bajo ningún concepto la importación de vehículos usados o saldos de la partida arancelaria 87.03. […]” (Destacado de la Sala).

Finalmente, la Sala pone de presente que ni la parte actora ni el Tribunal a quo controvirtieron la veracidad de los supuestos fácticos ni jurídicos que la DIAN invocó como fundamentos para la configuración de la causal de decomiso.

6. ANALISIS DEL CASO CONCRETO Y RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS

Expuesto lo anterior, la Sala procede al estudio de los problemas jurídicos enunciados en esta providencia, a saber: i) cuál es la normativa aduanera aplicable para efectos del decomiso del vehículo automotor de placas SUK-153; ii) cuál es el alcance de la firmeza de la Declaración de Importación; iii) a partir de qué momento se inicia el cómputo del término de prescripción de la acción administrativa sancionatoria y iv) la buena fe en el trámite del decomiso de vehículos ingresados en forma ilegal al país.

6.1. LA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, DEL DERECHO DE DEFENSA Y DE LA GARANTÍA A LA PROPIEDAD PRIVADA POR DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

El actor y el Tribunal a quo sostienen que para el año 2006, en el que se produjo la aprehensión y posterior decomiso del tracto-camión, existía una situación jurídica consolidada en favor del automotor, que impedía a la DIAN revisar la legalidad de su importación debido a que esta se había efectuado el 1 de noviembre de 1994, es decir, 12 años atrás, y, para entonces, el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 no se encontraba vigente.

En ese orden, la Sala deberá determinar cuál es la normativa aduanera aplicable para efectos del decomiso del vehículo automotor de placas SUK-153: esto es, el Decreto 1909 de 1992 o el Decreto 2685 de 1999, teniendo en cuenta que si bien la importación se realizó el 1 de noviembre de 1994, la aprehensión y el decomiso tuvieron lugar en el año 2006.

Con miras a examinar este cargo, resulta indispensable comenzar por hacer una breve referencia a las reglas sobre vigencia de las normas que la Ley 153 de 15 de agosto de 1887 establece para determinar cuál es la ley aduanera que era aplicable al caso presente, teniendo en cuenta que la importación del vehículo y su decomiso ocurrieron en distintos años, bajo vigencias de estatutos aduaneros diferentes y en el marco de la facultad de control posterior de la Autoridad Aduanera.

En efecto, el vehículo se importó el 1 de noviembre de 1994. Para entonces se encontraba vigente el Decreto 1909 de 27 de noviembre de 1992. Este Estatuto Aduanero rigió hasta el 30 de junio de 2000.

El 1 de julio de 2000 entró en vigencia el Decreto 2685 de 28 de diciembre de 1999, cuyo artículo 571 derogó expresamente el estatuto anterior.

Por su parte, la aprehensión y posterior decomiso del vehículo automotor se produjeron, respectivamente, el 26 de septiembre de 2006 y el 16 de enero de 2007, en el marco de las facultades de control posterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; luego entonces, se puede concluir que, para esas fechas se encontraba vigente el Decreto 2685 de 1999.

Para efectos de determinar cuál es la norma aplicable, la Sala acudirá al contenido normativo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, por ser este el mandado que regula la vigencia de la ley en el tiempo.

“[…] Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar á regir. Pero los términos que hubieren empezado á correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación […]”.

El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 determina que las leyes procesales -de sustanciación y ritualidad de los juicios- rigen desde su vigencia y por tanto prevalecen sobre las anteriores; es decir, son de aplicación inmediata, salvo cuando se trate de términos que hubieren empezado a correr o actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, pues, en estos casos, las situaciones jurídicas se deben regir por la ley procedimental vigente al tiempo de su iniciación.

Tal previsión ha permitido concluir que a las situaciones reguladas en leyes no procedimentales se les debe aplicar la ley vigente al momento del acaecimiento del hecho que la ley sanciona, coligiéndose entonces que la regla general predominante es la de irretroactividad de la ley y que la excepción nace de la indicación expresa del legislador sobre retroactividad.

Dicho principio general de irretroactividad de las leyes no procedimentales permite hacer efectivos otros principios como son los de la seguridad jurídica y de juzgamiento con base en la legalidad preexistente al hecho que se imputa (art. 29 Constitución Política).

A propósito de la aplicación de la ley aduanera en el tiempo, resulta relevante traer a colación la sentencia de 18 de junio de 2004 (C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) en la que la Sección precisó:

“[…] Sobre el particular, la Sala, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 […] observa que es evidente que para legalizar la mercancía no se podía dar aplicación a los artículos 57 y 82 del Decreto 1909 de 1982, pues el 1º de julio de 2000 entró a regir el Decreto 2685 de 28 de diciembre de 1999, que derogó expresamente el Decreto 1909 de 1992, razón por la cual para el 17 de octubre de 2000, fecha en que la actora dio respuesta al Requerimiento Especial Aduanero núm. 114 y solicitó la legalización de la mercancía esta no procedía en los términos de la normatividad derogada, por serle aplicable el Decreto 2685 de 1999, en su artículo 22 […]” (Destacado de la Sala).

La Sala no desconoce que el caso que fue examinado en la sentencia precitada difiere del caso sub examine en la medida en que, en la sentencia de 18 de junio de 2004 se pretendía establecer cuál era la norma aplicable al procedimiento de legalización de una mercancía; mientras que, en este caso, la Sala tiene como propósito determinar cuál es la norma que debía aplicarse al trámite de control posterior que concluyó con el procedimiento de decomiso del vehículo automotor de placas SUK-153. No obstante lo anterior, ambos casos son coincidentes en la medida en que el cargo de violación se formula sobre la base de haberse aplicado retroactivamente una norma que al momento de la importación no se encontraba vigente; de ahí que, en ambos casos, la Sala considere que la situación se debe resolver conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 153, en cuanto establece como regla general el principio de aplicación inmediata de la ley procedimental.

En ese orden, teniendo en cuenta que las normas de los estatutos aduaneros que regulan el procedimiento de decomiso de mercancías ilegalmente introducidas al territorio nacional, en el marco del ejercicio de las potestades de control posterior de la Autoridad Aduanera, son de naturaleza procesal, esta Sala considera que son mandatos aplicables de forma inmediata, lo cual significa que entran a regir, por regla general, a partir de su promulgación, o desde el momento en que el legislador así lo establezca.

El Decreto 2685 de 1999 era el Estatuto Aduanero que se encontraba vigente el 13 de septiembre de 2006 cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en ejercicio de las facultades de fiscalización, aprehendió el vehículo tracto-camión de placas SUK-153 y, para cuando dispuso su decomiso, mediante Resolución nro. 22 de 16 de enero de 2007.

La Resolución demandada fundamentó el decomiso en la causal establecida en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, según la cual dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías cuando dentro de los procesos de control posterior se determine que los documentos soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior declarada.

La Resolución Nro. 05-070-210-636-0000022 de 2007 y su confirmatoria, 82050702601107 de 3 de julio de 2007, determinó, en el marco del proceso de control posterior que adelantó la Autoridad Aduanera, que el vehículo tracto-camión de placas SUK-153 es un modelo anterior al de la fecha de presentación de la declaración de importación y, por lo tanto, debió tenerse en cuenta lo establecido en el parágrafo del artículo 7 de la Resolución 001 de 2 de enero de 1995 que establece, en relación con la importación de saldos de años anteriores, la obligación de presentar la licencia previa.

Es importante resaltar que la causal de aprehensión y decomiso de mercancías establecida en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 cuando los documentos soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior declarada, reprodujo esencialmente el contenido de los artículo 62, literal “K” y 72 del Decreto 1909 de 1992, que establecía, entre otras cosas, que se entenderá que la mercancía no fue declarada cuando no se encuentra amparada por una declaración de importación; caso en el cual procedería su aprehensión y decomiso.

La Sala considera que el supuesto fáctico del artículo 72 del Decreto 1909 de 1991 se enmarca dentro del supuesto fáctico del numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 y en el caso concreto: como lo ha considerado la jurisprudencia de las secciones Primera y Cuarta del Consejo de Estado.

Las secciones Primera y Cuarta del Consejo de Estado han considerado que, tratándose de la importación de vehículos, el modelo constituye una característica esencial y que, en los casos en que un vehículo haya ingresado al país como modelo 1994, cuando en realidad se trataba de un vehículo de modelo 1993 (esto es, usado o de año anterior), se debe entender que el ingreso no está amparado en una declaración de importación. Así lo consideró la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al reiterar la jurisprudencia de esta Sección, en sentencia de 26 de febrero de 2015:

“[…] La Sala reitera lo dicho en la sentencia del 22 de junio de 2006(18), dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que, en un caso similar, dijo lo siguiente:

“(...) en este caso no se trató de una simple deficiencia en la descripción de la mercancía, que en algunos casos es subsanable —como cuando la misma no está relacionada con un elemento esencial de la descripción—, que es, precisamente, a lo que alude la sentencia que señala el actor.

Empero, en tratándose de vehículos, el modelo constituye una característica esencial, máxime si el mismo es determinante para la aplicación de un régimen especial de importación, aspecto este al que se refiere la DIAN en la parte motiva de los actos acusados (fls. 6 y 7, cdno. ppal.) y que no controvierte el actor.

Es claro que la importación de un vehículo nuevo, característica esta predicable del modelo 1994 amparado en la declaración de importación a que se contrae este proceso, no tiene el mismo tratamiento frente a un vehículo usado (el modelo 1993), que exige como requisito indispensable para su importación la licencia previa del Incomex.

Al respecto, es oportuno traer a colación apartes de la sentencia de 20 de enero de 2005 (Exp. 01542, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), que frente a un asunto similar al aquí analizado, expresó:

‘... De otra parte, según se lee a folio 110 del cuaderno principal, a través de la Circular Externa SPI 091 de 29 de diciembre de 1993 del Incomex, este organismo no autoriza bajo ningún concepto importaciones de vehículos usados o saldos de la partida arancelaria 87.03. Esta circunstancia, a juicio de la Sala, pone de manifiesto la incidencia del modelo de un vehículo en el trámite de la importación, es decir, su condición de elemento sustancial para efectos de su correcta individualización...’.

Luego, si ingresó al país un vehículo como modelo 1993, cuando en realidad era 1994, se trataba de un vehículo usado, que tiene restricciones para la importación y no puede tenerse como amparado en una declaración de importación, pues esta se refiere a otro vehículo de características distintas y, en esas condiciones, no cabe llegar a otra conclusión diferente de la que el vehículo de modelo 1993, que realmente ingresó al país, no está amparado por una declaración de importación.

[…]

Como se ve, la Sección Primera del Consejo de Estado ha advertido que el modelo es una característica esencial para la identificación de un vehículo, pues sirve para determinar el régimen de importación aplicable: el de vehículos nuevos o el de vehículo usados. En ese sentido, esa sección dijo que si no coincide el modelo del vehículo con el modelo reportado en la declaración de importación debe entenderse que no se encuentra amparado, esto es, debe concluirse que no fue legalmente ingresado al territorio nacional […]” (Destacado de la Sala).

La Sala concluye que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales acertó al fundamentar la aprehensión y posterior decomiso del tracto-camión de placas SUK-153 en la causal establecida en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, pues esta resulta ser la consecuencia procedimental por el incumplimiento de un mandato sustancial vigente al momento de la importación, como es el cumplimiento del requisito de licencia previa.

Por todo lo expuesto, la Sala considera que el Tribunal a quo desconoció el principio de aplicación inmediata de la ley procesal, al avalar la tesis de la demanda, que se estructuró sobre la base de una errónea interpretación del principio de irretroactividad de la ley. Por este aspecto, prospera el recurso de apelación interpuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

6.2. LA FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

El Tribunal Administrativo, en la sentencia proferida en primera instancia, consideró que al caso subjudice le era aplicable el artículo 26 del Decreto 1909 de 1992, según el cual “[…] La declaración de importación quedará en firme cuando transcurridos dos (2) años, contados desde su presentación en los bancos o entidades financieras autorizadas, no se ha formulado liquidación oficial de corrección o de revisión de valor […]”.

El Tribunal a quo consideró que, a la luz del precitado artículo 26 del Decreto 1909 de 1992, existía una situación jurídica consolidada de donde era forzoso concluir que el vehículo de placas SUK-153 fue legalmente introducido al país y que esa conclusión no podía revaluarse con fundamento en el Decreto 2685 de 1999, que era posterior.

En efecto, tal como lo consideró el Tribunal en la sentencia proferida en primera instancia, la Sala considera que el artículo 26 del Decreto 1909 de 1992, era aplicable al caso concreto, no en cuanto al procedimiento se refiere, pero si, en materia sustancial; En ese orden, la Sala pone de presente que el contenido normativo del artículo 26 ejusdem no tiene el alcance que le confirió el Tribunal a quo en la sentencia apelada.

En lo que se refiere a la firmeza de la Declaración de Importación, resulta pertinente tener en cuenta que esta Sección, en numerosos y reiterados pronunciamientos, ha puesto de presente que ese atributo se predica única y exclusivamente del valor de los tributos aduaneros y de las sanciones de tipo económico que se relacionen en la respectiva declaración. En modo alguno, ello implica que la Declaración de Importación quede blindada frente a inconsistencias u omisiones en la descripción de la mercancía que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establezca en virtud del ejercicio de las facultades de fiscalización y control posterior.

Valga traer a colación, entre otras, la sentencia de 20 de enero de 2005 (C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) en la que la Sala tuvo oportunidad de examinar un caso con supuestos fácticos análogos, también referido a un vehículo cuyo modelo era 1993, y no modelo 1994, como erróneamente se consignó en la Declaración de Importación.

En el citado pronunciamiento, la Sección precisó el exacto alcance al que se contrae la firmeza de la Declaración de Importación. Al respecto, esta Corporación sostuvo:

“[…] En lo que toca con la firmeza de la Declaración de Importación, cabe observar que del texto de los artículos 26 y 68 a 71 del Decreto 1909 de 1992, se infiere que tal firmeza guarda relación con el valor de los tributos aduaneros y las sanciones de tipo económico que deban relacionarse en la respectiva declaración.

A juicio de la Sala, si, como en este caso, lo que se discute no es el valor de los tributos aduaneros dejados de cancelar por la actora en razón de la diferencia en el año del modelo del vehículo importado, sino la deficiencia sustancial en que se incurrió y su consecuencia jurídica, no tiene cabida la firmeza de la Declaración de Importación.

De otra parte, si conforme al parágrafo del artículo 57 del Decreto 1909 de 1992 no es subsanable ni corregible la Declaración de Importación para modificar, entre otros aspectos, la omisión de la descripción, a juicio de la Sala, de considerarse sustancial el dato relativo al año del modelo del vehículo, mal podría predicarse la firmeza de la Declaración de Importación que contenga dicha omisión.

De tal manera que en este caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 1909 de 1992, podía la DIAN, hacer uso de su amplia facultad fiscalizadora, en cualquier momento.

[…] A folios 6 y 7 obra el registro de importación del INCOMEX y la Declaración de Importación del vehículo de marras, documentos estos en los cuales se relacionó el mismo como modelo 1994. Estima la Sala que en tratándose de vehículos, el modelo constituye una característica esencial o sustancial. Estima la Sala que la actora incurrió en omisión en la descripción de la mercancía al indicar en la Declaración de Importación que se trataba de un vehículo modelo 1994 cuando en realidad correspondía a un modelo 1993, lo que da lugar al decomiso,

De otra parte, según se lee a folio 110 del cuaderno principal, a través de la Circular Externa SPI No. 091 de 29 de diciembre de 1993 del INCOMEX, este organismo no autoriza bajo ningún concepto importaciones de vehículos usados o saldos de la partida arancelaria 87.03. Esta circunstancia, a juicio de la Sala, pone de manifiesto la incidencia del modelo de un vehículo en el trámite de la importación, es decir, su condición de elemento sustancial para efectos de su correcta individualización […]” (Destacado de la Sala).

Conforme con lo expuesto, la Sala observa que no resulta procedente invocar la firmeza de la Declaración de Importación para pretender enervar el decomiso de un vehículo cuando dicha situación tiene origen en la omisión sustancial al describir la mercancía pues, se reitera, conforme al antecedente previamente citado de la Sección Primera del Consejo de Estado, cuando se incurre en una deficiencia sustancial en la Declaración de Importación, no tiene cabida la firmeza de esta.

Ciertamente, si la Declaración de Importación no es subsanable ni corregible para modificar, entre otros aspectos, la omisión en la descripción de un elemento sustancial de la mercancía, como lo es el modelo, según lo ha reputado también la Sección en varios pronunciamientos, mal podría predicarse la firmeza de la Declaración de Importación en presencia de la omisión advertida.

Según lo expuesto, la Sala concluye que asiste razón al apoderado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en cuanto afirma que el a quo interpretó y aplicó en forma errónea al caso sub-judice el artículo 26 del Decreto 1909 de 1992, en tanto la firmeza de la Declaración de Importación no es un atributo predicable de la descripción de la mercancía que se consigna en dicho documento.

De serlo, carecería de sentido que la autoridad aduanera pudiese inspeccionarla en cualquier momento, con lo cual, por demás, se haría nugatoria la razón de ser del control posterior de la autoridad aduanera en su función fiscalizadora, que precisamente propende por asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras.

En cuanto concierne a este cargo, el recurso de apelación interpuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales también prospera.

En este punto, es importante aclarar que los mandatos procesales que contiene el Decreto 2685 de 1999 son aplicables al caso concreto porque es la norma vigente para el momento en que la autoridad aduanera inició el trámite de aprehensión y decomiso del vehículo de placas SUK-153. Por el contrario, en materia sustancial, la norma aplicable es la vigente al momento en que se realizó la importación, esto es, el Decreto 1909 de 1992.

6.3. EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1750 DE 1991 SE PREDICA DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA Y SE COMPUTA A PARTIR DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APREHENSIÓN DE LA MERCANCÍA

La Sala debe precisar que, contrario a lo que afirma el apoderado de la parte demandante, el decomiso de la mercancía no constituye una sanción en sí misma, sino una medida administrativa tendiente a definir la situación jurídica de aquella, procedimiento que materializa el derecho y facultad que tiene el Estado para ejercer las competencias de control aduanero sobre todo tipo de mercadería que pueda haber ingresado al territorio aduanero sin el lleno de los requisitos legales.

Resulta igualmente oportuno puntualizar que la prescripción no se predica in genere de las funciones de fiscalización y control posterior que ejerce la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sino de la acción administrativa sancionatoria y/o de la sanción frente a las actuaciones administrativas que en casos específicos adelante en ejercicio de las primeras.

Tampoco es cierto que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales solo pueda ejercer el control posterior respecto de las mercancías importadas a partir del 1º de julio de 2000, cuando entró en vigencia el Decreto 2685 de 1999. Estas apreciaciones son meramente subjetivas pues carecen de sustento jurídico, lo que obliga a desestimarlas.

Por el contrario, esta Sección ha puesto de presente que a la luz de lo preceptuado en los artículos 61 y 62 del Decreto 1909 de 1992, cuyo contenido normativo es coincidente con el de los artículos 469 y 470 del Decreto 2685 de 1999, en desarrollo de las facultades de fiscalización y control que se le han atribuido a la autoridad aduanera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales puede ordenar en cualquier momento la inspección física de las mercancías de procedencia extranjera, aun cuando hayan sido transformadas o incorporadas a otras mercancías, lo que descarta de plano que esté limitada en el tiempo para ordenar la aprehensión y posterior decomiso de las mismas, en caso de establecer su ilegal procedencia.

En efecto, los ya citados artículos 61 y 62 del Decreto 1909 de 1992 y 469 y 470 del Decreto 2685 de 1999 preceptúan:

“[…] Decreto 1909 de 1992

[…]

Artículo 61.- Fiscalización aduanera.- La Dirección de Aduanas Nacionales tendrá competencia para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras.

Para el ejercicio de sus funciones contará con las amplias facultades de control y fiscalización consagradas en el presente Decreto y las establecidas en el Estatuto Tributario para la Dirección de Impuestos Nacionales.

La única autoridad competente para verificar la legalidad de la importación de las mercancías que se introduzcan o circulen en el territorio nacional, será la Dirección de Aduanas Nacionales.

Artículo 62.- Facultades de fiscalización y control.- Dentro de las facultades de fiscalización y control con que cuenta la administración aduanera, la Dirección de Aduanas Nacionales podrá:

[…]

c) Realizar las acciones necesarias para verificar la exactitud de las declaraciones y demás documentos presentados a la autoridad aduanera;

d) Ordenar en cualquier momento la inspección física de las mercancías de procedencia extranjera, aún cuando hayan sido transformadas o incorporadas a otras mercancías […] (Destacado de la Sala)”.

“[…] Decreto 2685 de 1999

[…]

Artículo 469. Fiscalización Aduanera.- La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tendrá competencia para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, simultáneamente al desarrollo de las operaciones de comercio exterior, o mediante la fiscalización posterior que se podrá llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, o integralmente, para verificar también el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cambiarias de competencia de la entidad.

Para el ejercicio de sus funciones contará con las amplias facultades de fiscalización e investigación consagradas en el presente Decreto y las establecidas en el Estatuto Tributario.

La única autoridad competente para verificar la legalidad de la importación de las mercancías que se introduzcan o circulen en el territorio aduanero nacional, será la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 470. Facultades de Fiscalización y Control.  Dentro de las facultades de fiscalización y control con que cuenta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá:

[…]

c) Verificar la exactitud de las declaraciones, documentos soporte u otros informes, cuando lo considere necesario para establecer la ocurrencia de hechos que impliquen un menor monto de la obligación tributaria aduanera o la inobservancia de los procedimientos aduaneros […] (Destacado de la Sala)”.

La Sala advierte que, ciertamente, el a quo interpretó erróneamente el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991 pues computó el término de dos (2) años de prescripción de la acción administrativa sancionatoria a partir de la fecha de presentación de la Declaración de Importación, con claro desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales de esta Sección, en los que, de manera reiterada y uniforme, ha puesto de presente que el conteo de dicho término se hace a partir de la fecha de aprehensión de la mercancía.

Valga traer a colación la sentencia de 22 de marzo de 2007 (C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) en la que, a este respecto, se precisó:

“[…]

La Sala reiteradamente ha considerado que para el cómputo de los dos años a que alude el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991, debe tomarse como fecha de ocurrencia de los hechos aquella en que la DIAN identificó la falta o tuvo conocimiento de la infracción e inició el trámite administrativo correspondiente, pues solo ella es la competente para, de acuerdo con el análisis de la documentación presentada, determinar si la introducción de la mercancía es legal o no.

En este caso, según se desprende de los actos acusados, la DIAN realizó visita de inspección el 11 de abril de 2000 y encontró que en la sala de juego Monterrey existían 17 máquinas electrónicas tragamonedas sin documento alguno que soportara su legal introducción al país, motivo por el cual procedió a su aprehensión.

Teniendo en cuenta el criterio de la Sala plasmado en diversas providencias, en el cómputo de los dos años a que alude el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991, debe tomarse como fecha de ocurrencia de los hechos la de aprehensión de la mercancía, por lo que de dicha fecha, a la de expedición de la Resolución 1183 de 25 de octubre de 2000, no había transcurrido el término de dos años previsto en el pluricitado artículo 14.

[…]” (Destacado de la Sala).

En el caso presente, para el 16 de enero de 2007, cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales expidió la Resolución que ordenó el decomiso del vehículo automotor de placas SUK-143, escasamente habían transcurrido 4 meses y 4 días desde cuando se efectuó la aprehensión, lo cual ocurrió el 13 de septiembre de 2006. Por consiguiente, la acción administrativa sancionatoria no había prescrito.

6.4. LA BUENA FE EN MATERIA DE DECOMISO

En relación con la buena fe, es importante resaltar que la parte demandante se limitó a alegar in genere que había adquirido el tracto-camión de buena fe, sin exponer argumentos específicos que puedan ser estudiados por esta Corporación en sede de apelación, lo cual imposibilita a la Sala a entrar a examinar argumentos concretos en relación con este cargo.

Específicamente, el apoderado de la parte demandante mencionó que el señor Eber Pérez Mejía, cedente de los derechos litigiosos, adquirió el tracto-camión decomisado por compra que hiciera al señor Pablo Ronald Salamanca. Esta afirmación no satisface la carga argumentativa requerida pues no explica ni prueba cómo ni por qué se configura el desconocimiento del principio de la buena fe en este caso concreto.

Al respectó, la jurisprudencia de esta Sección ha puesto de presente que no basta con afirmar que se es adquirente de buena fe para efectos de enervar las consecuencias de un decomiso. Para que esa exculpación ofrezca credibilidad es necesario que quien la alega demuestre que obró de manera precavida y diligente dentro de la práctica usual y la costumbre en el giro de los negocios de los automotores usados en Colombia.

En ese orden, la jurisprudencia ha exigido a quien alega la buena fe la carga de demostrar que, de manera previa a la adquisición de un vehículo usado, lo hizo revisar por el Grupo de Automotores de la SIJIN, allegando a la actuación administrativa o al proceso judicial los resultados del respectivo experticio o de las revisiones técnicas practicadas y la constancia de que la autoridad de policía judicial certificó que los guarismos del chasis del vehículo eran originales.

Con todo, la Sala considera que la buena fe con la que el actor afirma haber adquirido el tracto-camión decomisado por la DIAN, no subsana la situación de ilegalidad en la que se encontraba el vehículo, por tratarse de una mercancía importada e introducida sin el cumplimiento de las obligaciones aduaneras.

En efecto, en la ya citada sentencia de 11 de febrero de 2016, la Sección, al referirse al adquirente de buena fe, consideró lo siguiente:

“[…]

Encuentra la Sala que la buena fe con la que dice el actor haber adquirido los buses decomisados por la DIAN, no resulta suficiente argumento para sanear la situación de ilegalidad en la que se encontraban por tratarse de mercancía importada e introducida sin el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, de allí que le correspondía a la demandada expedir los actos administrativos que definieran la situación jurídica de la mercancía, en los términos en que lo hizo mediante las resoluciones demandadas

[…]” (Destacado de la Sala).

En ese orden, la buena fe no excluye el cumplimiento de las obligaciones legales, al punto que las obligaciones aduaneras se hacen exigibles inclusive frente al comprador o tenedor, como responsable de la obligación aduanera, según el artículo 3.º del Decreto 2685 de 1999. Así lo ha puesto de presente la Sección, entre otras, en la ya citada sentencia de 14 de febrero de 2016 (C.P. María Claudia Rojas Lasso) que prohijó la sentencia del 31 de Julio de 2014 (número único de radicación 54001-23-31-000-2003-00581-01).

Cosa diferente es que, en ese evento, a la parte actora le asista el derecho de interponer las acciones judiciales respectivas para repetir contra el importador o el vendedor del tracto-camión que le fue decomisado, para reclamar el resarcimiento del daño patrimonial que le ocasionó la importación irregular de la mercancía.

No está demás poner de presente que, a través de distintas campañas y medios de divulgación, las autoridades de policía y de tránsito han exhortado a la ciudadanía para que, como medida de precaución, de manera previa a la celebración de negocios jurídicos relacionados con vehículos automotores importados y usados, verifiquen su situación legal y aduanera.

Según lo expuesto, se impone revocar la sentencia apelada, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda; en consecuencia, esta Sala se encuentra relevada de examinar las pretensiones resarcitorias de la parte actora.

7. RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA

Visto el poder conferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al abogado Edwin Mauricio Torres Prieto, identificado con cédula de ciudadanía 79.797.554 de Bogotá y Tarjeta Profesional 129.808 del Consejo Superior de la Judicatura; y, el poder otorgado por el señor Gerardo Antonio Alvarado Parra, cesionario de los derechos litigiosos del demandante, Eber Pérez Mejía, al abogado Fredy Ricardo Iregui Aguirre, identificado con cédula de ciudadanía 86.054.261 de Villavicencio y Tarjeta Profesional 151.486 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala les reconocerá personería.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 15 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En su lugar, DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: RECONOCER personería jurídica al abogado Edwin Mauricio Torres Prieto, identificado con cédula de ciudadanía 79.797.554 de Bogotá y Tarjeta Profesional 129.808 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder conferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

TERCERO: RECONOCER personería al abogado Fredy Ricardo Iregui Aguirre, identificado con cédula de ciudadanía 86.054.261 de Villavicencio y Tarjeta Profesional 151.486 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder conferido por el señor Gerardo Antonio Alvarado Parra, cesionario de los derechos litigiosos del demandante Eber Pérez Mejía.

CUARTO: En firme esta providencia, se ordena DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previa las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Reformada mediante escrito de 28 de enero de 2008. Fls 363 a 386 Cdno. Pal.
Este es el nombre correcto del actor, conforme consta en su cédula de ciudadanía
Oficio de 13 de septiembre de 2006, Fls. 65 y 66, Cdno Pal.
Fls. 77 a 81, Cdno Pal.
“[…] Artículo 502. Causales de Aprehensión y Decomiso de Mercancías.  Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:
En el Régimen de Importación:
…
1.25 Numeral adicionado el artículo 10 del Decreto 4431 de 2004. El nuevo texto es el siguiente: Cuando dentro de los términos a que se refiere el numeral 9 del artículo 128 del presente Decreto, o dentro de los procesos de control posterior se determine que los documentos soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior declarada o, cuando vencidos los términos señalados en los numerales 6 y 9 del mismo artículo no se presentaron en debida forma los documentos soporte que acreditan que no se encuentra incurso en restricción legal o administrativa.
[…]” (Destacado de la Sala].
Mediante Decreto 1071 de 26 de junio de 1999 “[…] Se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y se dictan otras disposiciones […]”.
El nro. correcto del artículo que regula la referida temática es 26.
“Por el cual se modifica parcialmente la legislación aduanera”.
“Por el cual se ejercen facultades extraordinarias en materia Penal Aduanera”. Derogado por el Decreto 2685 de 28 de diciembre de 1999.
Fl. 452
Fls. 355 a 359
Fls. 465 y 466
Fls. 445 a 462
Denominado internacionalmente Vehicle Identification Number (VIN) es una secuencia de dígitos que identifica los vehículos de motor de cualquier tipo. El VIN es conocido comúnmente como el nro. de chasís. Este nro. está estandarizado por las normas ISO 3780 y 3779 (sus equivalentes en Colombia son las normas NTC 1501 y 1502).

“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999 y se dictan otras disposiciones”. Citó erróneamente el Decreto 1272. Fls. 534 a 540, Cdno. Pal. En virtud de contrato de cesión de derechos litigiosos celebrado el 24 de septiembre de 2010 y allegado al expediente el 9 de noviembre de 2011. Fls. 529 y 530 Cdno Pal. Fl. 77, Cdno Pal. Fls. 579 a 583, Cdno Pal. Fls 1 a 8, Cdno 4. El actor la citó equivocadamente como C-549/99
“Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil”. Fls 546 a 554, Cdno Pal. Fl.7, Cdno 2. Fls. 8 a 18, Cdno 2. Folios 309 a 331, Cdno. Pal. Citó las sentencias de 31 de octubre de 2002 y 31 de julio de 2003. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Nros. Únicos de Radicación 7346 y 7900, respectivamente. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Omite indicar el Nro. único de Radicación e identificar al demandante y/o al demandado. Expediente 68001-23-15-000-2001-02752-01
Nro. único de Radicación 25000-23-24-000-2008-00176-01
Fls 39 a 46. Cdno 2
Cfr. Informe de Secretaría que obra a Fl 47, Cdno. 2
“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”. Resolución nro. 001 de 1995 (Enero 2) "Por la cual se establecen las condiciones y requisitos que deben cumplir las solicitudes de registro o licencia de importación".
“[…] El Consejo Superior de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confieren los artículos 76, 79 y 82 del Decreto Ley 444 de 1967, numerales 7 y 12 del artículo 14 de la ley 7ª de 1991, resuelve: Artículo 7º. En las solicitudes de registro o licencia de importación, como parte de la descripción de las mercancías deberá indicarse si se trata de mercancía usada, imperfecta, saldos de inventario, desperdicios o sobrantes, señalando la clase de imperfección, el año de referencia o de fabricación, el valor que tenía cuando nueva y el que pudiera corresponder normalmente si fuera mercancía de primera calidad o de temporada. Cuando no se haya declaración expresa en la solicitud de registro o licencia de importación de las circunstancias a que se refiere el inciso anterior, se entenderá para todos los efectos legales a que hubiere lugar, que se trata de mercancías de primera calidad y de temporada. Las solicitudes de registro o licencia de importación que amparen mercancías imperfectas, saldos de inventario, desperdicios o sobrantes, que estén sometidas al cumplimiento de normas técnicas oficiales colombianas obligatorias, serán evaluadas al amparo de las mismas para su aprobación por parte del Comité de Importaciones. Parágrafo.- Para los efectos previstos en el presente artículo se considera saldo la mercancía cuyo año de fabricación sea anterior al de presentación de la solicitud de importación, por cuanto pertenece a un inventario que corresponde a un ejercicio cerrado. Tratándose de vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, constituyen saldo aquellos cuyo modelo sea anterior al año en que se radica la solicitud de importación […]”. Folios 309 a 331
Fl. 68, Cdno. 1
Fl. 69, Cdno. 1
Folio 12
Fls 282 a 286, Cdno. 3
Para la época de los hechos regía el Arancel de Aduanas contenido en el Decreto 3104 de 1990. La citada Partida comprendía: “[…]
87.03
Coches de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida no 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras […]”.

Adoptado mediante la Resolución nro. 355 de 1994 de la Junta del Acuerdo de Cartagena.
“Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”.
“Por el cual se modifica la legislación aduanera”.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 573 ídem
“Por el cual se modifica la Legislación Aduanera”.
El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 fue modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”; no obstante, la norma aplicable es la vigente al momento en que se inició el trámite de decomiso, esto es, la Ley 153 de 1887, sin la modificación introducida por la Ley 1564.
Nro. único de Radicación: 25000-23-24-000-2001-07956-01(7956) Actora: Euro Time S.A. Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN.

Es importante resaltar que la facultad de control posterior de la Autoridad Aduanera fue establecida en el artículo 62 del Decreto 1909 de 1992 y se mantuvo en el marco del Decreto 2685 de 1999.
“[…] Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos: […] 1.25 Cuando dentro de los términos a que se refiere el numeral 9 del artículo 128 del presente Decreto, o dentro de los procesos de control posterior se determine que los documentos soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior declarada o, cuando vencidos los términos señalados en los numerales 6 y 9 del mismo artículo no se presentaron en debida forma los documentos soporte que acreditan que no se encuentra incurso en restricción legal o administrativa […]”.
“[…] Artículo 61.Fiscalización aduanera. Dentro de las facultades de fiscalización y control con que cuenta la administración aduanera, la Dirección de Aduanas Nacionales podrá: […] k) Tomar las medidas cautelares necesarias para la debida conservación de la prueba, incluyendo la aprehensión de la mercancía […]”.
“[…] Artículo 72. Mercancía no declarada o no presentada. Se entenderá que la mercancía no fue declarada, cuando no se encuentra amparada por una declaración de importación, cuando en la declaración se haya omitido la descripción de la mercancía o ésta no corresponda con la descripción declarada, o cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración.
Se entenderá que la mercancía no fue presentada, cuando no se entregaron los documentos de transporte a la Aduana, cuando la introducción se realizó por lugar no habilitado del territorio nacional, o cuando la mercancía no se relacionó en el manifiesto de carga o fue descargada sin la previa entrega del manifiesto de carga a la Aduana.
En estos eventos, así como en los demás que se encuentran previstos en el literal a) del artículo 1º del Decreto 1750 de 1991, procederá la multa de que trata el inciso primero del artículo 3º del citado Decreto, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía, sin perjuicio de su aprehensión y decomiso. Lo anterior, siempre que la mercancía no haya sido legalizada mediante el rescate […]”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 26 de febrero de 2015. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Expediente 11001-03-15-000-2014-01114-01.
Cfr. La sentencia del 20 de enero de 2005. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Nro. único de Radicación 1542 (8825).
Nro. único de Radicación: 76001-23-24-000-2000-01542-01(8825) Actora: Adriana Arana Izquierdo. Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
Sentencia de 6 de diciembre de 2007. C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Nro. único de Radicación: 05001-23-31-000-2000-03129-01 Actor: Guillermo López Jaramillo. Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN.
Nro. único de Radicación: 25000-23-27-000-2002-01500-01 Actor: Jaime Salamanca Pire. Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Folio 19, Cdno. 2
Folio 544, Cdno Pal.

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