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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02246-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02246-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “A”, que negó las pretensiones de la demanda, según las razones analizadas en la parte considerativa. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la resolución núm. 669-2110-01- 2152 del 21 de diciembre de 2012 y la resolución núm. 10029 del 9 de abril de 2013. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho habrá que declararse que la AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A., SIAP S.A., no está obligada al pago de la sanción impuesta a través de los actos administrativos señalados en el numeral anterior, y, en caso de qué la misma ya se haya hecho efectiva, ordénese el reintegro de la suma que le corresponda al demandante, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. CUARTO: CONDENAR en costas a la DIAN, por concepto de agencias en derecho, así: (i) para la primera instancia al pago de la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente y, (ii) para la segunda instancia, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a favor de la AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A., SIAP S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 Radicación: 25000-23-41-000-2013-02246-01 Demandante: AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A., SIAP S.A. QUINTO: ACEPTAR la renuncia presentada por el abogado YUMER YOEL AGUILAR VARGAS al poder que le fue conferido para representar a la DIAN en el presente trámite, teniendo en cuenta que cumple con el requisito del inciso 4º del artículo 76 del CGP. SEXTO: RECONOCER personería a la abogada María Consuelo De Arcos León como apoderada de la DIAN, en los términos y para los fines establecidos en el poder judicial a ella conferido. SEPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2013-02246-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de abril de 2025

Radicación: 25000-23-41-000-2013-02246-01
Demandante: AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A., SIAP S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-41-000-2013-02246-01
Demandante: AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A., SIAP S.A.
Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
• DIAN

Tesis: Son nulos los actos proferidos por la DIAN mediante los
cuales sancionaron a la actora, en atención a que estos
fueron expedidos cuando ya había caducado la potestad
sancionatoria establecida en el artículo 478 del Decreto
2685 de 1999.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia de 22 de septiembre de 20161,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “A”, negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A., SIAP S.A., actuando por
conducto de apoderado judicial, presentó demanda2 en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo

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79_ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_52FALLO
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30_ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_03DEMANDA
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Radicación: 25000-23-41-000-2013-02246-01
Demandante: AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A., SIAP S.A.

138 de la Ley 1437 de 2011 en contra de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN, en la cual formuló las siguientes:

1.1.1. Pretensiones

“PRIMERA: Que se declare que la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1.-Resolución No. 669-2110-01-2152 del 21 de diciembre de 2012, por medio de
la cual la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas
de Bogotá de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), le impuso
una multa a la Agencia de Aduanas PROFESIONAL S.A., Nivel 1., SIAP S.A., por
la suma de $286'250.514., bajo el argumento de haber incurrido en la infracción
prevista en el numeral 2.1 del artículo 485 del Decreto 2685 de 1999.

2.-Resolución No. 10029 del 9 de abril de 2013, por medio de la cual la
Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), resolvió
negativamente el Recurso de Recurso de Reconsideración que en su momento se
interpuso contra la Resolución No. 669-2110-01- 2152 del 21 de diciembre de
2012.

SEGUNDA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
Restablecimiento del Derecho se hagan los siguientes pronunciamientos:

a) Que la Agencia de Aduanas PROFESIONAL S.A., SIAP S.A. no debe pagar
ninguna suma por concepto de la sanción impuesta mediante los actos
demandados y que por lo tanto las autoridades de la Unidad Administrativa
Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, no le pueden
exigir a la citada Sociedad el pago de ninguna suma por ese concepto.

b) Que en el evento de que la Agencia de Aduanas PROFESIONAL S.A., SIAP S.A.
llegare a cancelar el valor de la sanción impuesta mediante los actos
demandados, se condene a LA NACIÓN - U. A. E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES - DIAN, a restituir a la parte demandante las sumas de
dinero que hubiere cancelado por este concepto, debidamente indexadas o
actualizadas, teniendo en cuenta la inflación o la pérdida del poder adquisitivo de
la moneda, junto con los intereses a que haya lugar, desde la fecha en que se
efectuó el pago hasta la fecha en que se produzca su devolución por parte de le
entidad demanda.

TERCERA: Que se condene a LA NACION - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES - DIAN, a pagar las Costas, Agencias en Derecho y demás
gastos que se generen en este proceso.

CUARTA: Que en el evento de una sentencia favorable a la parte demandante, se
ordene a la parte demandada darle cumplimiento a la misma dentro del término
y con sujeción a lo previsto en el Código Contencioso Administrativo.”

1.1.2. Hechos fundamento de la demanda

1.1.2.1. Explicó la demandante que, mediante visita realizada por la DIAN
bajo el Auto Comisorio No. 109-885 del 1 de octubre de 2009, expedido
por la División de Gestión Operación Aduanera de la Dirección Seccional
de Aduanas de Bogotá, se practicó a las instalaciones de la AGENCIA DE
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ADUANAS PROFESIONAL S.A., Nivel 1, SIAP S.A., visita de supervisión y
Control, en la cual se encontró que, "Una vez revisados aleatoriamente
las carpetas se encontró que se diligencia el formato y los documentos
soportes, realiza visita y actualiza la información dando cumplimento a la
Circular 170 de 2002, artículo 27-1 del Decreto 2883 de 2008 y artículo
14-3 de la Resolución 08274 de 2008, excepto para los siguientes clientes
no se encontró dentro de las carpetas el formato y/o en otras dichos
formatos se encontraron expirados o desactualizados y/o sin firma tanto
de parte del importador como de la Agencia de Aduanas, como son Ec
(sic), convirtiéndose en una posible infracción aduanera contemplada en
el numeral 2.1. artículo 485 del Decreto 2685 de 2009."3

1.1.2.2. De acuerdo con la anterior visita, la División de Gestión de
Fiscalización de la DIAN de Bogotá expidió el Requerimiento Especial
Aduanero No. 438-02-6083 del 4 de octubre de 2012, proponiendo
sancionar a la Agencia de Aduanas Profesional S.A. - SIAP S.A., con una
multa por la suma de $286.250.514, por la supuesta comisión de la
infracción prevista en el numeral 2.1 del Artículo 485 del Decreto 2685 de
1999, modificado por el artículo 6o del Decreto 2883 de 2008. Dicho
requerimiento se contestó mediante memorial radicado bajo el número
17097 del 29 de octubre de 2012.

1.1.2.3. Mediante la Resolución 2152 del 21 de diciembre de 2012, la
División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas
de Bogotá le impuso la multa a la AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL
S.A., Nivel 1, SIAP S.A., por la suma de $286.250.514, bajo el argumento
de haber incurrido en la comisión de la infracción prevista en el numeral
2.1 del Artículo 485 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo
6o del Decreto 2883 de 2008.

1.1.2.4. La demandante interpuso recurso de reconsideración en contra
de la anterior resolución mediante escrito identificado bajo el número 075
del 23 de enero de 2013.

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1.1.2.5. A través de la Resolución 10029 de 9 de abril de 2013, la
Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión
Jurídica de la DIAN confirmó en todas sus partes el acto recurrido.

1.1.3. Concepto de la violación

La parte demandante fundamentó el concepto de la violación a partir de
los siguientes cargos:

En primer lugar, señaló que la DIAN había vulnerado los artículos 2 y 6
de la Constitución Política, por cuanto, en su consideración, el hecho de
exigirle a la Agencia de Aduanas Profesional S.A. - SIAP S.A. el pago de
la sanción impuesta mediante los actos acusados lesiona sin justa causa
y con expresa violación de los principios de legalidad, justicia, equidad y
el patrimonio económico de la actora.

Posteriormente argumentó lo siguiente:

1.1.3.1. Violación del artículo 478 del Decreto 2685 de 1999 y 52 del
Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, por su falta
de aplicación

La demandante adujo que, para la fecha en que las autoridades de la
Aduana de Bogotá le impusieron a la Agencia de Aduanas Profesional S.A.
la multa por la supuesta comisión de la infracción prevista en el numeral
2.1 del artículo 485 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo
6o del Decreto 2883 de 2008, ya había caducado la acción sancionatoria.

Al respeto explicó que, de conformidad con el artículo 478 del Decreto
2685 de 1999, la acción administrativa sancionatoria caduca en el término
de tres 3 años contados a partir de la comisión del hecho u omisión
constitutivo de infracción administrativa aduanera y en los eventos que
no fuere posible determinar la fecha de ocurrencia del hecho, se tomará
como tal la fecha en que las autoridades aduaneras hubieren tenido

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conocimiento del mismo, y finalizó señalando que, cuando se trate de
hechos de ejecución sucesiva o permanente, el término de caducidad se
contará a partir de la ocurrencia del último hecho u omisión.

Teniendo presente lo anterior, en el caso bajo estudio las autoridades de
la Aduana tuvieron conocimiento de que la Agencia de Aduanas
Profesional S.A. había incurrido en la supuesta comisión de la infracción
en octubre 1 de 2009, por ser esa la fecha que figura en el
encabezamiento de la mencionada Acta; el plazo que la Aduana tenía para
la imposición de la correspondiente multa vencía en octubre 1 de 2012, y
como la sanción se impuso el 21 de diciembre de 2012, mediante la
resolución 2152, era evidente que se había impuesto por fuera del término
establecido para tal fin y, por ende, el anterior argumento, en su
consideración, era suficiente para declarar la nulidad de los actos
demandados.

1.1.3.2. La sanción se fundamentó en hechos no planteados durante la
visita de supervisión y control a las instalaciones de la Agencia de
Aduanas PROFESIONAL S.A.

En este punto la demandante planteó que, en la respuesta que se le dio
al Requerimiento Especial Aduanero y al escrito del recurso de
reconsideración que en su momento se interpuso contra la resolución de
sanción núm. 2152 de diciembre 21 de 2012, se argumentó que la sanción
impuesta se había fundamentado en hechos nuevos o no planteados
durante la visita de supervisión y control, y que esa situación
evidentemente vulneraba el principio de concordancia que debe existir
entre los hechos o cargos imputados en el acta de visita y los actos
administrativos en los que finalmente se imputa la comisión de una
infracción, en la medida en que se debe garantizar al investigado el debido
proceso y asegurarle el adecuado ejercicio de su derecho de defensa, pues
los supuestos fácticos deben ser claros desde el inicio y de esta manera
saber a ciencia cierta cuáles son los cargos o la acusación de la que
realmente se imputa y de la cual se debe defender.

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Al respecto indicó que, por una parte, en el Acta de Visita, Supervisión y
Control del 1 de octubre de 2009, se dijo que en los casos de los
importadores EXRO LTDA, FICHET COLOMBIA S.A., JHONSON DIVERSEY
COLOMBIA LTDA, NICOMAR ELECTRONICS S.A, PINTUBLER DE
COLOMBIA S.A., SOLARTE LTDA Y UNIRED QUIMICAS S.A., el formato
sobre conocimiento del cliente se encontró en algunos casos expirados,
desactualizados y/o sin firma tanto del importador como de la Agencia de
Aduanas, y por la otra, en el Requerimiento Especial Aduanero núm. 6083
de octubre 4 de 2012 se mencionó frente a esa mismas empresas una
documentación diferente a la señalada en el acta de visita.

A lo anterior se suma que la DIAN, al momento de responder el Recurso
de Reconsideración que se interpuso contra la Resolución sanción núm.
2152 de diciembre 21 de 2012, manifestó que no era importante lo
indicado en el Acta de Visita de Verificación y Control, puesto que en ese
documento solamente se consignan los hallazgos de una posible
infracción, en tanto que en el Requerimiento Especial Aduanero se
puntualizan o individualizan las conductas infractoras; lo cual, en su
consideración, vulneraba el debido proceso y el derecho de defensa y
contradicción de la actora, ya que, si durante la visita practicada se
hubiera puesto de presente lo que posteriormente se dijo en el
requerimiento respecto de los hechos o documentos de cada uno de los
importadores que allí se mencionan, seguramente que se hubieran hecho
las aclaraciones o dejado las constancias del caso.

En suma, indicó la actora que, en los actos administrativos acusados, se
mencionó la ausencia de unos documentos que en ningún momento
fueron requeridos en la visita de control y verificación, con el agravante
de que, al aportarlos con la respuesta al Requerimiento Especial
Aduanero, la Aduana no los aceptó bajo el argumento de ser
extemporáneos.

1.1.3.3. Violación del artículo 27-1 del Decreto 2685 de 1999,
adicionado por el artículo 1 del Decreto 2883 de 2008.

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La parte actora explicó que dentro del procedimiento administrativo había
argumentado ampliamente que sí contaba con los mecanismos de control
que le permitían conocer a sus clientes para garantizar el cumplimiento
de las disposiciones que pretenden evitar las prácticas relacionadas con
el lavado de activos, identificando plenamente a sus clientes, ya sean
estos habituales u ocasionales, indagando o teniendo conocimiento sobre
sus actividades económicas y la coherencia de estas con las operaciones
de comercio exterior que realizan, lo cual se hace mediante visitas a las
empresas, solicitud de documentos de conformidad con el artículo 27-1
del Decreto 2685 de 1999.

A lo anterior indicó que, en respuesta al requerimiento aduanero, la parte
actora había aportado todos los documentos indicados por la DIAN frente
a los clientes FICHET COLOMBIA S.A., UNIRED QUIMICAS S.A.,
PINTUBLER DE COLOMBIA S.A., DIVERSEY COLOMBIA LTDA., EXRO
S.A.S., SOL-ARS SAS, NICOMAR ELECTRONICS S.A. y SCANDINAVIA
PHARMA LTDA; no obstante, insistió en señalar que de haber sido
requeridos durante la comentada visita se habrían aportado, pero en
dicha diligencia solo se cuestionó tener desactualizados los formatos
sobre conocimiento del cliente o sin firma del importador o de la agencia
de Aduanas.

De otra parte señaló que, de conformidad con el artículo 42 del CPACA,
las autoridades de la administración pública tienen la obligación de
adoptar sus decisiones con base en las pruebas e informes disponibles y,
en ese medida, debió aceptar las pruebas aportadas al momento de
contestar el requerimiento especial aduanero; y, en suma, trajo a colación
el expediente núm. IS 2009 2012 457, interesado SERVADE S.A., en
donde la misma División de Gestión de Liquidación de la DIAN de Bogotá
había aceptado los documentos para demostrar el conocimiento del
cliente aportados por el interesado en dicha investigación junto con la
respuesta al Requerimiento Especial Aduanero, lo cual, en su
consideración, violaba el derecho a la igualdad de la actora.

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II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

2.1. La demanda fue admitida a través de auto de 21 de mayo de 20144,
en el que se ordenó su notificación a la DIAN, al Ministerio Público, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Con posterioridad la parte actora presentó reforma5 de la demanda en el
sentido de complementar el cargo de nulidad correspondiente a la
caducidad de la facultad sancionatoria de la DIAN. La reforma a la
demanda fue admitida mediante auto del 28 de julio de 20156

2.2. La DIAN contestó la demanda y su reforma oponiéndose a las
pretensiones, para lo cual expuso los siguientes argumentos7:

Explicó que la conducta que reprocha la DIAN es la consistente en "No
cumplir con los requerimientos mínimos para el conocimiento del cliente",
puesto que, para el caso de las agencias de aduanas, es su obligación
establecer mecanismos de control para la verificación de los requisitos
que les permitan tener el conocimiento de su cliente como lo son (i)
nombres y apellidos o razón social del cliente; (ii) número del documento
de identificación o NIT; (iii) domicilio y residencia; (iv) nombres, apellidos,
identificación de los socios y representantes legales; (v) cuando se trate
de sociedades anónimas, nombre, identificación y dirección de
representantes legales; (vi) actividad económica, y (vii) capital social
registrado, a fin de protegerse de prácticas relacionadas con lavado de
activos, contrabando, evasión y cualquier otra conducta irregular, eventos
que podrían darse en sus actuaciones como declarantes o en las demás
actividades inherentes al agenciamiento aduanero.

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Índice 26 del Sistema de Gestión Documental SAMAI archivo denominado -
37_ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_10AUTOADMISORIO
5
Índice 26 del Sistema de Gestión Documental SAMAI archivo denominado - 37_E
65_ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_38MEMORIAL-
INTEGRACIÓNREFORMADEMANDAYDEMANDA
6
Índice 26 del Sistema de Gestión Documental SAMAI archivo denominado -
67_ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_40AUTOADMISORIO-
ADMITEREFORMADEMANDA
7
Índice 26 del Sistema de Gestión Documental SAMAI archivo denominado -
61_ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_34CONTESTACIONDEMAND y
69_ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_42CONTESTACIONDEMAND-
CONTESTACIÓNINTEGRACIÓNDEMANDA
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Al respecto, frente al caso en concreto señaló que en el acta de visita de
verificación y control adelantada a la actora entre los días 1 y 6 de octubre
de 2009, al verificar aleatoriamente las carpetas de los clientes, no se
encontró la información actualizada de los mismos, incurriéndose de tal
forma en el incumplimiento de lo establecido en el artículo 27-1 del
Decreto 2685 de 1999, adicionado por el Decreto 2883 de 2008, y lo
señalado en el numeral 5.2 de la Circular Externa No. 170 del 10 de
octubre de 2012 de la DIAN, conducta que se encuentra prevista como
infracción aduanera establecida en el numeral 2.1 del artículo 485 del
Decreto 2685 de 1999, al “No cumplir con los requerimientos mínimos
para el conocimiento del cliente."

De otra parte, en relación con el cargo consistente en que la DIAN expidió
la sanción con fundamentos distintos a los expuestos en la visita de
supervisión y control, explicó que dicho argumento carece de sustento
legal, puesto que en dicho documento se plasman los resultados de la
visita de verificación y control a una sociedad investigada y no tiene la
calidad de un requerimiento especial aduanero mediante el cual la
autoridad aduanera identifica la conducta de manera clara y precisa y
propone al investigado la imposición de una sanción, como es el caso que
nos ocupa.

2.3. La audiencia inicial y de alegaciones y juzgamiento

2.3.1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 de la Ley 1437
de 2011, el despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, celebró audiencia inicial
el 14 de octubre de 20158. Agotadas las etapas de saneamiento y decisión
de excepciones previas, el despacho fijó el litigio en el siguiente sentido:

“El Despacho precisa que el asunto objeto del litigio se concreta en el estudio de
la legalidad de: (i) la Resolución No. 669-2110-01-2152 del 21 de diciembre de
2012, mediante la cual la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales le impuso una multa a la Agencia de Aduanas Profesional S.A., por la

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Índice 26 del Sistema de Gestión Documental SAMAI archivo denominado -
74_ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_47AUDIENCIAINICIALP-
CERTIFICADOESTUDIOCONCILIACIÓN
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suma de $286’250.514, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral
2.1. del artículo 485 del Decreto 2685 de 1999; (¡i) la Resolución No. 10029 del
9 de abril de 2013, mediante la cual la Subdirección de Gestión de Recursos
Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, resolvió el recurso de reconsideración presentado contra la
decisión sancionatoria.

En concreto, se debe determinar, teniendo en cuenta para ello las normas que se
citan como violadas y el concepto de violación expuesto: (i) Si la sanción impuesta
en los actos acusados violó los principios de legalidad, justicia y equidad previstos
en los artículos 2 y 6 C.P.; (ii) si la facultad sancionatoria de la DIAN había
caducado para el momento en que se impuso la sanción, conforme al artículo 478
del Decreto 2685 de 1999; (iii) si en el requerimiento especial aduanero y en los
actos demandados se incluyeron hechos no planteados en la visita de supervisión
y control efectuada a la actora con violación del debido proceso y el derecho de
defensa y contradicción; y (iv) si la DIAN al no aceptar las pruebas presentadas
por la actora con la respuesta al requerimiento especial aduanero violó los
principios del debido proceso, derecho de defensa, igualdad y legalidad de la
sanción.”

Seguidamente se decidió sobre las solicitudes probatorias de las partes y
ordenó correr traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para la emisión de su concepto, al encontrar innecesaria la realización de
la audiencia de alegaciones y juzgamiento.

La parte actora9 y la DIAN10 presentaron alegatos de conclusión
reiterando los argumentos expuestos en la demanda y contestación,
respectivamente.

III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia de 22 de septiembre de 201611 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”,
resolvió lo siguiente:

“PRIMERO. NIÉGANSE las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho incoada por la Agencia de Aduanas Profesional S.A., SIAP S.A., contra
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

SEGUNDO.- CONDÉNASE en costas a la Agencia de Aduanas Profesional S.A.,
SIAP S.A., por Secretaría liquídense las mismas de conformidad con el Código
General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 188 del C.P.A.C.A.

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77_ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_50ALEGATOS
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Ibidem
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79_ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_52FALLO
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TERCERO. Por Secretaría, efectúese la liquidación de los gastos del proceso y
devuélvanse los remanentes si a ello hay lugar.

CUARTO. En firme esta providencia archívese el expediente y devuélvanse los
anexos sin necesidad de desglose.”

En la providencia se expusieron las siguientes consideraciones como
fundamento de las decisiones adoptadas:

3.1 En primer lugar el a-quo señaló que, ante la falta de explicación clara,
adecuada y suficiente del concepto de violación del cargo denominado
“ARTÍCULOS 2o Y 6o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA”, no
puede haber un pronunciamiento de fondo respecto de este.

3.2 En segundo lugar, el tribunal advirtió frente a la caducidad de la
facultad sancionatoria de la DIAN que, de conformidad con el artículo 478
del Decreto 2685 de 28 de diciembre de 1999, la acción administrativa
sancionatoria caduca en un término de tres (3) años, contado a partir de:
(i) la comisión del hecho u omisión constitutivo de infracción
administrativa aduanera; (ii) cuando no fuere posible determinar la fecha
de la ocurrencia del hecho, se tomará como tal cuando las autoridades
tuvieron conocimiento del mismo; (iii) cuando se trate de hechos de
ejecución sucesiva o permanente, se contará a partir de la ocurrencia del
último hecho u omisión.

Teniendo presente lo anterior, el tribunal señaló que, luego de la revisión
del expediente administrativo, se advertía que la conducta por la cual se
sancionó a la Agencia de Aduanas Profesional S.A. consistió en no cumplir
con la obligación de conocer al cliente obteniendo la información, y que
dicha conducta es de carácter continuo, consistente en carecer del
conocimiento suficiente sobre el cliente, por cuanto la información de
varios de ellos se encontraba desactualizada o incompleta.

En consecuencia, el a-quo consideró que, para contabilizar el término de
caducidad de la facultad sancionatoria, se debía recurrir a la tercera de
las hipótesis que establece el artículo 478 del Decreto 2685 de 1999, esto
es, que la caducidad debe contarse a partir de la ocurrencia del último

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hecho u omisión, dado que la infracción persistió en el tiempo; y como no
hay prueba acerca de que se haya subsanado dicha circunstancia, para el
presente caso, no era posible contabilizar un término de caducidad y en
esa medida el cargo no estaba llamado a prosperar.

3.3 En tercer lugar, frente al cargo referente a la incongruencia entre el
acta de visita supervisión y control y el requerimiento especial aduanero,
explicó el tribunal que, una vez revisados los mencionados documentos,
se podía advertir que en el acta se aducía que, luego de revisadas de
manera aleatoria las carpetas, no se encontró para algunos clientes el
formato correspondiente, o este se encontraba expirado, desactualizado
y/o sin firma tanto de parte del importador como de la Agencia de
Aduanas, lo que hace que se incurra en una posible infracción aduanera
contemplada en el numeral 2.1 del artículo 435 del Decreto 2685 de 2009
(sic); tales clientes EXRO LTDA., FICHET COLOMBIA S.A.,
JHONSONDIVERSEY COLOMBIA LTDA., NICOMAR ELECTONICS S.A.,
PINTUBLER DE COLOMBIA S.A., SOLARTE LTDA. y UNIRED QUÍMICAS
S.A., y en suma señaló que en lo referente a la Circular 170 de 2002 para
los clientes citados no se estaba llevando a cabo lo previsto en el artículo
27-1 del Decreto 2685 de 1999.

En ese orden, el tribunal consideró que la descripción que hizo la DIAN de
los hallazgos que verificó al momento de revisar las carpetas encontradas
en las instalaciones de la demandante fue general, lo que no implicaba
vulnerado alguno de los derechos alegados, con base en las siguientes
razones: (i) en el requerimiento especial aduanero la entidad aduanera
señaló de manera detallada la información desactualizada o que faltaba
respecto de cada uno de los clientes mencionados en el acta de visita de
supervisión y control, incluyendo al cliente SCANDINAVIA PHARMA LTDA.,
y (ii) el requerimiento especial aduanero fue notificado de conformidad
con lo establecido en artículo 510 del Decreto 2685 de 1999.

Con base en lo anterior, adujo el tribunal que en el presente caso no había
existido incongruencia por parte de la DIAN en la medida en que en el
requerimiento especial aduanero se indicó de manera detallada los hechos
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u omisiones en los que incurrió la actora, así como los fundamentos
normativos y las pruebas previamente analizadas, de conformidad con el
artículo 1 del Decreto 2685 de 1999, mientras que en el acta simplemente
se indican los hallazgos encontrados con los que se abre la posibilidad de
iniciar un procedimiento sancionatorio y, en tal sentido, dicha acta sirve
como soporte probatorio para la expedición del requerimiento.

De igual manera señaló que el requerimiento especial aduanero se puso
en conocimiento de la demandante, que ejerció su derecho de defensa al
contestarlo y plantear los argumentos que pretendía hacer valer dentro
del procedimiento administrativo sancionatorio, con lo cual se advierte
que la demandada no vulneró el derecho de contradicción y defensa y en
esa medida adujo que ese cargo no estaba llamado a prosperar.

3.4 En cuarto lugar, frente al cargo de violación del artículo 27-1 del
Decreto 2685 de 1999, adicionado por el artículo 1 del Decreto 2883 de
2008, explicó que la parte actora manifestó que con la contestación del
requerimiento especial aduanero había aportado algunos documentos que
permitían conocer la información de cada uno de sus clientes, los cuales
no fueron aceptados bajo el argumento de que eran extemporáneos, lo
que, en consideración de la actora, resultaba inexplicable, porque no
puede ser extemporáneo lo que hasta ahora se requiere.

Para resolver lo anterior, el tribunal trajo a colación el artículo 27-1 del
Decreto 2685 de 1999, para señalar que las Agencias de Aduanas deben
contar con la información de sus clientes debidamente soportada, la cual
consiste en: (i) existencia de la persona natural o jurídica, (ii) nombres y
apellidos completos o razón social, (iii) dirección, domicilio y teléfonos de
la persona natural o jurídica, (iv) profesión, oficio o actividad económica,
(v) capacidad financiera para realizar la operación de comercio exterior.

Adicionalmente señaló, por una parte, que en la Circular Externa núm.
0170 de 10 de octubre de 2002 de la DIAN se podía advertir que, además
de la información requerida en el Decreto 2685 de 1999, las agencias de
aduanas deben indagar acerca de los datos personales, comerciales y
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financieros relevantes que permitan establecer quién es, qué hace y a qué
se dedica en realidad, datos que deben verificarse, estar documentados y
actualizados; y por otra, que en el artículo 14-3 de la resolución núm.
08274 de 4 de septiembre de 2008, expedida por la DIAN, se establece
que las agencias de aduanas podrán realizar visitas a los usuarios –
clientes y solicitarles la exhibición del RUT para asegurar la validez de la
información por ellos suministrada.

Por lo anterior, el tribunal explicó que era claro que las agencias de
aduanas debían diseñar y mantener actualizado dentro de sus archivos e
información comercial un "formato de identificación del cliente" con la
información antes mencionada en el momento de la vista de control de la
DIAN.

En consecuencia, el tribunal consideró como acertada la negativa de
recibir la documentación con la respuesta del requerimiento especial
aduanero, por cuanto la misma no se allegó en la etapa y en el momento
procesal oportuno, esto es, cuando se efectuó la visita de control y
supervisión en las instalaciones de la demandante, en la que se constató
la actualización de la información mínima requerida por la normatividad
aduanera, la cual debía tener para el momento de la visita la información
de sus clientes actualizada y así poder acreditar el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la normatividad aduanera y no pretender
demostrar el acatamiento de estas disposiciones con documentos
allegados con posterioridad junto con la respuesta al Requerimiento
Especial Aduanero, por cuanto ya se había configurado el incumplimiento
desde el momento de la visita. En suma, de lo anterior el tribunal señaló
que, luego de la revisión de los documentos aportados con el
Requerimiento Especial Aduanero, en todo caso los mismos no hubieran
acreditado el cumplimiento de la normatividad aduanera.

3.5. Frente a la presunta vulneración del principio de igualdad por cuanto,
en un caso similar, concretamente en el expediente No. IS 20092012457,
interesado SERVADE, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
aceptó los documentos que se aportaron junto con la respuesta al
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Requerimiento Especial Aduanero, lo que redujo sustancialmente la
sanción inicialmente propuesta, el tribunal adujo que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional12, la parte actora debía demostrar un criterio
de comparación que pruebe su situación de tratamiento diferenciado e
injustificado, situación que no se observó en el presente asunto, pues
dentro del expediente no obraba prueba alguna con la cual se acreditara
la afirmación hecha por la actora y la sola circunstancia de afirmar la
existencia de un caso similar no cumplía con la carga probatoria que le
corresponde.

3.6. Finalmente negó las pretensiones y condenó en costas a la parte
demandante por resultar vencida en esa instancia.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación13 contra
la sentencia de 22 de septiembre de 2016 con sustento en los siguientes
argumentos:

4.1 Sobre la caducidad de la facultad sancionatoria de la DIAN, explicó
que la entidad aduanera tuvo conocimiento de que la Agencia de Aduanas
Profesional S.A. había incurrido en la supuesta comisión de la infracción
prevista en el numeral 2.1 del artículo 485 del Decreto 2685 de 1999 en
octubre 1 de 2009, por ser esa la fecha que figura en el encabezamiento
de la mencionada Acta, y en esa medida el plazo que tenía para la
imposición de la correspondiente multa vencía en octubre 1 de 2012; y,
como en el presente caso, la sanción se profirió el 21 de diciembre de
2012, mediante la resolución 2151 (acusada), era evidente que le había
caducado a la DIAN la facultad de sancionar a la investigada.

12
Sentencia T-430 de 1 de junio de 2006, H. Corte Constitucional, Referencia No. expediente T-1277149,
Magistrado Ponente, Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
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En este punto, adujo que no compartía el argumentó del tribunal que
señalaba la conducta investigada como de ejecución continuada por
cuanto, del análisis de las pruebas obrantes en el expediente, se tiene
que la omisión en la actualización de los datos de los clientes se presenta
instantáneamente en el momento en que no se actualiza la información
de los clientes en el año inmediatamente anterior y, en ese sentido, para
el caso que nos ocupa no se encontraba el certificado de existencia y
representación legal con una vigencia no inferior a un año.

Concluyó explicando en este punto que si, en gracia a discusión, se
tomara la conducta investigada como de ejecución continuada, se debía
establecer como fecha para contar el término de caducidad la última
omisión presentada, la cual, como se dijo con anterioridad, se evidenció
el 01 de octubre de 2009, es decir, en el momento en que se levantó el
acta de visita de supervisión y control, en atención a que en ese momento
cesó toda vulneración a las normas legales; entenderlo como lo hizo el
fallador de primera instancia atentaría contra el derecho al debido
proceso, representado en la vulneración del principio de la presunción de
inocencia, lo cual se catalogaría como una vía de hecho por violación
directa de la Constitución.

4.2. Frente a la afirmación del a-quo relacionada con la falta de
argumentación de la vulneración de los artículos 2 y 6 de la Constitución
Política o los principios de Legalidad, Justicia y Equidad, adujo el apelante
que en la demanda se había precisado el concepto de violación explicando
que con los actos demandados se incurrió en la violación de las citadas
normas constitucionales, toda vez que, al exigirse en contra de la actora
el pago de la sanción impuesta, lesionaba sin justa causa su patrimonio
económico, infringiendo consecuencialmente la obligación de protección
que le deben otorgar a los bienes y el patrimonio de todas las personas
residentes en Colombia.

4.3. Insistió en señalar que en el proceso administrativo sancionatorio
había existido incongruencia entre el acta de visita y el requerimiento
especial aduanero, puesto que, en su consideración, al haber incluido
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hechos nuevos en el requerimiento le había violado el derecho de
contradicción y defensa.

4.4. Reiteró que la DIAN desconoció que, en un caso similar, el
Expediente No. IS 2009 2012 457, interesado SERVADE S.A., había
aceptado los documentos aportados para demostrar el conocimiento del
cliente junto con la respuesta al Requerimiento Especial Aduanero, y que,
para el caso bajo estudio, no había actuado de igual manera, vulnerando
de esta manera el derecho a la igualdad de la actora.

4.5. Manifestó que el desconocimiento de las pruebas o documentos
aportados con la respuesta al requerimiento especial aduanero conllevó
la violación del debido proceso y derecho de defensa y, en suma,
configuró una vía de hecho que afecta por igual la legalidad de las
Resoluciones acusadas.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5.1. El recurso de apelación fue concedido y repartido14 el 16 de febrero
de 2017. La impugnación fue admitida a través de proveído de 12 mayo
de 201715 y, mediante auto de 18 de septiembre de 201716, el despacho
sustanciador ordenó correr traslado a las partes por el término de diez
días para la presentación de sus alegatos de conclusión, y al Ministerio
Público para que rindiera concepto. En dicha etapa se obtuvo lo siguiente:

5.1.1. La parte demandante17 solicitó que se revoque la sentencia
apelada para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

14
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PARA ALEGAR DE CONCLUSIÓN
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5.1.2. La DIAN 18 manifestó que el tribunal había acertado en el estudio
de la caducidad de la facultad sancionatoria puesto que, en su
consideración, en el caso concreto se debía tener presente que a la fecha
de la respuesta al Requerimiento Especial Aduanero, esto es, el 29 de
octubre de 2012, habían pasado más de tres (3) años desde que fue
practicada la visita de control, y aun así la actora persistía en la
inobservancia de la obligación legal contenida en el artículo 27-1 del
Decreto 2685 de 1999, adicionado por el artículo 1 del Decreto 2883 de
2008.

Adicionalmente señaló que el parágrafo del artículo 20 del Decreto 4048
de 2008 indica que la caducidad se cuenta a partir de la notificación del
Requerimiento Especial Aduanero, el cual enerva la ocurrencia de tal
fenómeno jurídico.

De otra parte, reiteró los argumentos planteados en la contestación de la
demanda y alegatos de conclusión de primera instancia.

5.1.3. El Ministerio Público guardó silencio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 19 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de
esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.

6.2. Los actos administrativos acusados

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Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se
modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
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6.2.1. Resolución núm. 669-2110-01-2152 del 21 de diciembre de
201220, mediante el cual la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá ordenó “SANCIONAR a la
sociedad AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A. NIVEL 1 con NIT.
830.003.079-6, con multa a favor de la Nación Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN, por valor DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS
MCTE. ($286.250.514,oo), por la comisión de la infracción contemplada
en el numeral 2.1 del Artículo 485 del Decreto 2685 de 1999, por las
razones expuestas en la parte motiva de este proveído”.

6.2.2. Resolución núm. 10029 de 09 de abril de 201321, por la cual
la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de
Gestión Jurídica resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la
demandante en contra del anterior acto, en el sentido de confirmarlo.

6.3. Planteamiento del asunto y problema jurídico a resolver

De conformidad con los fundamentos del fallo de primera instancia y en
atención a lo alegado en el recurso de apelación, la Sala advierte que
existe discrepancia en torno a los siguientes aspectos: (i) la fecha en cual
la DIAN tuvo conocimiento efectivo de la comisión de la infracción
investigada, (ii) caducidad de la facultad sancionatoria de la DIAN, (iii) la
congruencia entre el acta de visita y el requerimiento especial aduanero,
(iv) la oportunidad para presentar pruebas, (v) si la DIAN debía tener en
cuenta procedimientos administrativos de casos análogos.

En esa medida, corresponde a la Sala determinar si son nulos, por
violación de normas superiores, los actos que sancionaron a la actora por
la comisión de la infracción contemplada en el numeral 2.1 del Artículo
485 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 6 del Decreto
2883 de 2008.

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6.4. Análisis del asunto

6.4.1. En este punto la Sala procederá en primer lugar a determinar la
fecha en cual la DIAN tuvo conocimiento efectivo de la comisión de la
infracción investigada, consistente en no cumplir con los requerimientos
mínimos para el conocimiento del cliente, y posteriormente se analizará
si en el presente caso la potestad sancionatoria de la DIAN se encontraba
o no caducada.

6.4.1.1 En ese orden, es preciso señalar que las conductas instantáneas
se agotan en un solo momento, en tanto que las de ejecución sucesiva se
prolongan en el tiempo. Por lo tanto, la Sala procederá a determinar si la
conducta reprochada por la DIAN en los actos acusados de “no cumplir
con los requerimientos mínimos para el conocimiento del cliente” resulta
ser de carácter instantánea o sucesiva, así:

En primer término, se procederá a estudiar en qué consistía la obligación
para las agencias de aduanas, referente al conocimiento del cliente,
establecidas en el artículo 27-1 del Decreto 2685 de 1999, modificado por
el artículo 1 del Decreto 2883 de 2008 y la Circular Externa núm. 0170
de 10 de octubre de 2002 de la DIAN, las cuales son del siguiente tenor:

• Artículo 27-1 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el
artículo 1 del Decreto 2883 de 2008

“Artículo 27-1. Conocimiento del cliente. Con el propósito de protegerse de
prácticas relacionadas con lavado de activos, contrabando, evasión y cualquier
otra conducta irregular, las agencias de aduanas tienen la obligación de
establecer mecanismos de control que les permita asegurar una relación
contractual transparente con sus clientes.

En desarrollo de lo anterior, deberán conocer a su cliente y obtener como
mínimo la siguiente información debidamente soportada:

1. Existencia de la persona natural o jurídica.
2. Nombres y apellidos completos o razón social.
3. Dirección, domicilio y teléfonos de la persona natural o jurídica.
4. Profesión, oficio o actividad económica.
5. Capacidad financiera para realizar la operación de comercio exterior.

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Parágrafo. Las agencias de aduanas podrán adicionar otros requisitos que
consideren necesarios y pertinentes para un adecuado conocimiento y control de
sus clientes.

La información a que se refiere este artículo deberá verificarse, y actualizarse,
por lo menos una vez al año, en los términos indicados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.” (resaltado de la Sala)

• Circular Externa núm. 0170 de 10 de octubre de 2002 de la
DIAN

“5.2 CONOCIMIENTO DEL CLIENTE:

Las personas o empresas que presten servicios inherentes o relacionados con
operaciones de comercio exterior o cambiarias tienen el deber de establecer
mecanismos de control orientados a seleccionar y conocer a sus clientes, ya sean
estos habituales u ocasionales, identificarlos y tener conocimiento de sus
actividades económicas en aras de establecer la coherencia entre éstas y las
operaciones de comercio exterior que realizan. Lo anterior considerando las
características de los diferentes servicios o productos que ofrezcan.

Por lo expuesto, es necesario indagar acerca de datos personales, comerciales y
financieros relevantes que permitan establecer quién es, qué hace y a qué se
dedica en realidad. Todos esos datos deben verificarse, estar documentados y
actualizarse.

5.2.1 Para tal efecto los auxiliares de la función aduanera deberán
diseñar y mantener actualizado dentro de sus archivos e información
comercial "formato de identificación del cliente", el cual contendrá como
mínimo la siguiente información:

Nombres y apellidos o razón social del cliente;

Número del documento de identificación o NIT;

Domicilio y residencia;

Nombres, apellidos, identificación de los socios y representantes legales;

Cuando se trate de sociedades anónimas, nombre, identificación y dirección de
representantes legales;

Actividad económica;

Capital social registrado;

Número de declaración de Importación y Exportación tramitada al cliente,
descripción resumida de las mercancías objeto de trámite;

El origen de los recursos y forma de pago de las operaciones de comercio exterior
identificando el medio e individualizando el instrumento de pago, entidad
financiera emisora o pagadora, ciudad donde está localizada;

Nombre, identificación y dirección de las personas o empresas beneficiarias de
las operaciones de comercio exterior.

Los profesionales del cambio de divisas tendrán un "formato de identificación del
cliente" con requisitos similares a los antes citados, ajustados en la naturaleza de
su negocio.” (resaltado de la Sala)

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De las anteriores disposiciones se puede establecer que la obligación de
las agencias de aduana es la de conocer a sus clientes en el momento que
empiezan a tener una relación comercial con los mismos y para tal fin
debe diligenciar un "formato de identificación del cliente", lo cual
significa que dicho procedimiento se debe realizar antes de comenzar las
actividades comerciales con cada uno de sus clientes, es decir, que se
concreta de manera instantánea.

De igual forma, el hecho que la información plasmada inicialmente en el
“formato de identificación del cliente" se deba actualizar por las
agencias de aduanas, por lo menos una vez al año, no significa que la
convierta de ejecución sucesiva o que se prolongue en el tiempo, como
equivocadamente lo consideró el tribunal en la sentencia apelada, por
cuanto la obligación de actualización y/o verificación solamente va dirigida
a los clientes vigentes de las agencias de aduanas, es decir, que la
conducta se consolida al momento en que se actualiza o deba actualizarse
o verificarse el formulario de identificación del cliente y para cada periodo
(anual).

Por lo anterior, la conducta reprochada por la DIAN correspondiente al
incumplimiento de los requerimientos mínimos para el conocimiento del
cliente es de carácter instantáneo por cuanto la misma se consolida al
momento en que se debe diligenciar y archivar el "formato de
identificación del cliente", con sus respetivos soportes.

Ello explica precisamente que se considere incumplida la obligación
cuando, dentro de los plazos que las disposiciones otorgan, no se ha
producido el diligenciamiento de los formatos respectivos, y es lo que le
permite entonces a la DIAN proceder a investigar y a sancionar; pues de
lo contrario, si la entidad no puede determinar incumplimiento alguno,
porque no se ha cumplido plazo o condición para la obligación, la DIAN
no podría ejercer facultad sancionatoria derivada de tal hecho.

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Pero, es más, desde la perspectiva del derecho de las obligaciones es un
error confundir el carácter instantáneo de la específica ejecución de una
obligación con el tiempo en mora que ha transcurrido para cumplirla; o,
para decirlo en otros términos, la omisión en el cumplimiento de una
obligación no tiene como consecuencia que la que es de ejecución
instantánea mude su condición a obligación sucesiva o permanente, por
efecto del incumplimiento, pues tal razonamiento haría de todas las
obligaciones de ejecución instantánea obligaciones de ejecución sucesiva
o permanente una vez se incumplan, con la lógica consecuencia de la
imposibilidad de predicar de ellas cualquier prescripción o caducidad.

6.4.1.2 Teniendo presente lo anterior, la Sala procederá a determinar si
en el presente caso había operado la caducidad de la potestad
sancionatoria de la DIAN establecida en el artículo 478 del Decreto 2685
de 1999, como lo aduce el apelante. La anterior norma citada es del
siguiente tenor:

“ARTÍCULO 478. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA
SANCIONATORIA. La acción administrativa sancionatoria prevista en este
Decreto, caduca en el término de tres (3) años contados a partir de la comisión
del hecho u omisión constitutivo de infracción administrativa aduanera. Cuando
no fuere posible determinar la fecha de ocurrencia del hecho, se tomará como tal
la fecha en que las autoridades aduaneras hubieren tenido conocimiento del
mismo. Cuando se trate de hechos de ejecución sucesiva o permanente, el
término de caducidad se contará a partir de la ocurrencia del último hecho u
omisión.

< Inciso adicionado por el artículo 14 del Decreto 4136 de 2004. El nuevo texto
es el siguiente:> La acción administrativa sancionatoria prevista en el artículo
482-1 del presente Decreto caduca en el término de tres años contados a partir
del vencimiento del plazo de la importación temporal señalado en la declaración.”

De la lectura de la norma transcrita se puede advertir que hace una
delimitación temporal del momento en que inicia y termina la potestad
sancionatoria. Por tal motivo es necesario identificar plenamente dichos
extremos (inicial y final) para cada caso, de la siguiente manera:

En primer lugar, en relación con el extremo inicial, el artículo 478
contempla tres supuestos fácticos: (i) se refiere al evento en que existe
certeza del hecho o de la omisión constitutiva de la infracción
administrativa aduanera, en cuyo caso el conteo inicia desde su comisión,

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(ii) se refiere al escenario en que no es posible determinar la fecha
de ocurrencia de la infracción administrativa, oportunidad en la
que el conteo partirá del momento en que las autoridades
conocieron efectivamente la conducta reprochable, y, (iii) se refiere
al escenario de infracciones sucesivas o permanentes, en cuyo caso se
tendrá en cuenta la ocurrencia del último hecho u omisión constitutivo de
infracción administrativa aduanera.

Al respecto esta Sección22, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que,
en tratándose de investigaciones de una conducta de ejecución
instantánea se debe realizar un juicio valorativo previo. En tal análisis, la
facultad sancionatoria estará en el primer supuesto normativo donde es
posible identificar la contravención sin requerir de un análisis probatorio.
Por el contrario, aquellos escenarios que demanden de una
indagación o control posterior estarán cobijados por la causal a
que se refiere la segunda oración del artículo 478 del Decreto
2685, es decir, desde el momento en que la entidad aduanera
conoció de la conducta.

De otra parte, frente a la conducta reiterada o sucesiva, es preciso
señalar que la misma consiste en la incursión de varias actuaciones
homogéneas, resaltando que la norma es clara en señalar que la
reiteración se toma como un hecho único, por lo que su conteo se hará a
partir de la ocurrencia de la última infracción.

En segundo término, respecto al extremo temporal final, esto es, el
momento hasta el cual se extiende la competencia de la DIAN, la Sala
destaca que, en la sentencia de 6 de noviembre de 202023, la Sección
Primera aclaró que la norma ibidem regula el plazo para iniciar la acción
administrativa sancionatoria, pero no el de imponer la sanción.

22
Ver entre otras - Expediente núm. 2003-01631-02, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno - -
Consejo de Estado, Sección Primera, Bogotá, D.C., 24 de octubre de 2019, CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH
PEÑA GARZÓN, Número único de radicación: 05001-23-31-000-2011-01603-01.- -
sentencia de 22 de marzo de 2007 (C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) reiterada en la Sentencia del 8 de marzo de
2018. Radicación número: 76001-23-31-000-2007-01423-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
23
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente:
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número:
13001-33-31-004-2012-00238-01
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24

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“ (…) es claro que el término contemplado en el artículo 478 del Decreto 2685, se
refiere a la caducidad de la acción administrativa sancionatoria en materia
aduanera y no a la caducidad para la imposición de la sanción mediante
acto administrativo en firme. Es decir, este límite se refiere al inicio de la acción
sancionatoria, materializado con la notificación del correspondiente requerimiento
especial aduanero dentro del término allí previsto.(…)” (se destaca y resalta)

Por todo lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 478 del
Decreto 2685 de 1999, según lo ha precisado la Sección Primera, prevé en
efecto el término para que la autoridad aduanera ejerza su facultad
sancionatoria, lo que se concreta a través de la expedición del
correspondiente requerimiento especial aduanero.

6.4.1.3 Caso concreto frente a la caducidad de la potestad
sancionatoria de la DIAN

Ahora bien, de acuerdo con la demanda y el escrito de apelación, la
Agencia de Aduanas estimó que la DIAN contabilizó en forma errónea el
término de caducidad de la potestad sancionadora reglado por el artículo
478 del Estatuto Aduanero.

Concretamente, la sociedad demandante aduce que su conducta se
encuentra reglada por el segundo supuesto del artículo 478 del estatuto
Aduanero, y que, a pesar de ello, la resolución sancionatoria núm. 669-
2110-01-2152 fue proferida el 21 de diciembre de 2012. Es decir,
después de 3 años desde que la DIAN realizara la visita de control y
fiscalización el 1 de octubre de 2009, fecha que, en su consideración, la
DIAN conoció de la conducta reprochada.

En este punto es preciso traer a colación la sentencia de 24 de octubre
de 201924, mediante la cual esta Sección se pronunció respecto del
momento a partir del cual inicia el conteo a que se refiere el artículo 478
del Estatuto Aduanero, en los eventos en que la DIAN tiene
conocimiento del hecho sancionable en virtud del ejercicio de sus
facultades fiscalizadoras, en los siguientes términos:

24
Consejo de Estado, Sección Primera, Bogotá, D.C., 24 de octubre de 2019, CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH
PEÑA GARZÓN, Número único de radicación: 05001-23-31-000-2011-01603-01.
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[…] Entonces, en aplicación del criterio de la Sala, expuesto en los referidos
pronunciamientos, para el cómputo de los tres años a que alude el
artículo 478 del Estatuto Aduanero, debe tomarse como fecha inicial
la de la ocurrencia de los hechos, en este caso, el momento en que
la DIAN, en uso de su facultad fiscalizadora, identificó o tuvo
conocimiento de la infracción e inició el trámite administrativo, esto
es, el 28 de noviembre de 2008.

Así las cosas, al contabilizar el término de caducidad, los tres años
para el inicio de la acción administrativa sancionatoria en virtud del
artículo 478 del Estatuto Aduanero, concluían el 28 de noviembre de
2011. […] (negrilla y subrayas de la Sala)

En ese orden, y atendiendo a lo expuesto supra, es necesario identificar
plenamente la fecha en la cual la DIAN conoció de la conducta objeto de
investigación, con el fin de establecer desde que momento empezó a
correr el término de caducidad para ejercer la potestad sancionatoria.

Ahora bien, luego del análisis del material probatorio, la Sala advierte
que la DIAN conoció de la conducta reprochada el día 1 de octubre de
2009, fecha en la cual los funcionarios del Grupo Interno de Trabajo de
Registro y Control a Usuarios de la Dirección Seccional de Aduanas de
Bogotá se hicieron presentes en las instalaciones de la demandante y
empezaron la visita de verificación y control, así:

25

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Dentro de la diligencia de verificación y control la DIAN realizó las
siguientes anotaciones:

“III. ANÁLISIS DOCUMENTAL Y OPERATIVO

(…)

3. ¿Cómo verifica la Agencia de Aduanas PROFESIONAL S.A. NIVEL 1 “SIAP” la
existencia y/o representación legal y domicilio del importador o exportador en
cuyo nombre y por encargo actúa ante la DIAN? (verificar que se haya solicitado
información de los clientes y se conserven en archivos organizados.)

OBSERVACIONES: UNA VEZ REVISADOS ALEATORIAMENTE LAS CARPETAS SE
ENCONTRO QUE SE DILIGENCIA EL FORMATO Y LOS DOCUMENTOS SOPORTES,
REALIZA VISITA Y ACTUALIZA LA INFORMACION DANDO CUMPLIMIENTO A LA
CIRCULAR 170 DE 2002, ARTICULO 27-1 DEL DECRETO 2883 DE 2008 Y
ARTICULO 14-3 DE LA RESOLUCION 08274 DE 2008. EXCEPTO PARA LOS
SIGUIENTES CLIENTES NO SE ENCONTRO DENTRO DE LAS CARPETAS EL
FORMATO Y/O EN OTRAS DICHOS FORMATOS SE ENCONTRABAN EXPIRADOS O
DESACTUALIZADOS Y/O SIN FIRMA TANTO DE PARTE DEL IMPORTADOR COMO
DE LA AGENCIA DE ADUANAS, COMO SON EXRO LTDA., FICHET COLOMBIA S.A.,
JHONSONDIVERSEY COLOMBIA LTDA, NICOMAR ELECTONICS S.A., PINTUBLER
DE COLOMBIA S.A., SOLARTE LTDA Y UNIRED QUÍMICAS S.A.
CONVIRTIÉNDOSE EN UNA POSIBLE INFRACCIÓN ADUANERA
CONTEMPLADA EN EL NUMERAL 2.1. ARTICULO 435 DEL DECRETO 2685
DE 2009”

4. Verificar con los documentos soportes de las declaraciones de importación el
tiempo que transcurre entré la fecha en que el importador o exportador contrata
la sociedad y la entrega de la mercancía al cliente, ya declarada aduaneramente.

OBSERVACIONES: EN EL CASO DE UNA OPERACIÓN AEREA ENTRE UNO Y TRES
DIAS, EN EL CASO DE UNA OPERACIÓN MARITIMA ENTRE DOS Y CINCO DIAS.

5. ¿Cuenta al momento de presentar las declaraciones de importación,
exportación o tránsito, con todos los documentos soporte requeridos para
amparar las mercancías cuyo despacho se solicita? SI X NO

NOTA: UTILIZAR HOJA DE TRABAJO 2, RELACION DE DECLARACIONES Y SUS
DOCUMENTOS SOPORTES

OBSERVACIONES: CON EXCEPCION LAS DECLARACIONES DE IMPORTACION
CON STICKER No. 23231018342601 DEL 5 DE JUNIO DE 2009 A LA CUAL LE
FALTA DENTRO DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES EL INVIMA INCURRIENDO EN
UNA POSIBLEE INFRACCION ADMINISTRATIVA ADUANERA CONTEMPLADA EN EL
ARTICULO 482 NUMERAL 2,4 DEL DECRETO 2685 DE 1999

6. De la muestra de declaraciones de exportación, se puede concluir:

OBSERVACION: VERIFICACION ALEATORIA DE LAS DECLARACIONES DE
EXPORTACIÓN DEL PERIODO AUDITADO DE ENERO 25 DE 2008 AL 1 DE
OCTUBRE DE 2009.

(…)

HALLAZGOS

(…)

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• LO REFERENTE A LA CIRCULAR 170 DE 2002 SE VERIFICO ALEATORIAMENTE
ENCONTRÁNDOSE QUE PARA LOS SIGUIENTES CLIENTES- EXRO LTDA., FICHET
COLOMBIA S.A., JHONSONDIVERSEY COLOMBIA LTDA, NICOMAR ELECTONICS
S.A., PINTUBLER DE COLOMBIA S.A., SOLARTE LTDA Y UNIRED QUÍMICAS S.A.
NO SE ESTA LLEVANDO A CABO LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 27-1
DEL DECRETO 2685 DE 1999, CONVIRTIÉNDOSE EN UNA POSIBLE
INFRACCIÓN ADUANERA CONTEMPLADA EN EL NUMERAL 2.1 ARTICULO
435 DEL DECRETO 2685 DE 2009 LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN
DESARROLLO DE LA VISITA SERÁN ENVIADOS A LA DIVISIÓN DE
FISCALIZACIÓN PARA SU COMPETENCIA.” (resaltado de la Sala)26

Por lo anterior, la Sala considera que la DIAN no ejerció la acción
administrativa sancionatoria oportunamente, dado que la División de
Fiscalización Aduanera conoció efectivamente de los hechos desde el 01
de octubre de 2009, e inicio la actuación administrativa sancionatoria
el 04 de octubre de 2012 a través del requerimiento Especial Aduanero
núm. 006083, así:

27.

Siendo ello así, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional disponía de
un término de tres (3) años para el ejercicio de la acción administrativa

26
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sancionatoria por razón de dicha conducta. Es decir, que contaba como
máximo hasta el día 01 de octubre de 2012 para expedir el requerimiento
especial aduanero (acto éste con el que se materializa el ejercicio de su
potestad sancionatoria). Sin embargo, como la actuación administrativa
se inició tan solo hasta el 4 de octubre de 2012, cuando se profirió el
requerimiento especial aduanero, es claro que se encontraba caducada la
acción administrativa sancionatoria.

Visto así el asunto, ante la prosperidad del referido cargo correspondiente
a la caducidad de la facultad sancionatoria de la DIAN, el cual resulta
suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos
administrativos demandados, habrá que declararse la nulidad de la:

(i) Resolución núm. 669-2110-01-2152 del 21 de diciembre de
2012, por medio de la cual la División de Gestión de
Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
le impuso una multa a la Agencia de Aduanas PROFESIONAL
S.A., Nivel 1., SIAP S.A., por la suma de $286'250.514., bajo
el argumento de haber incurrido en la infracción prevista en
el numeral 2.1 del artículo 485 del Decreto 2685 de 1999 y,

(ii) Resolución núm. 10029 del 9 de abril de 2013, por medio de
la cual la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la
Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), confirmó en todas sus partes la
resolución núm. 669-2110-01- 2152 del 21 de diciembre de
2012.

Por tal motivo, se revocará la sentencia de 22 de septiembre de 2016
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Primera – Subsección A negó las pretensiones de la demanda.

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6.4.2 Ahora bien, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado
anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados
en el escrito de apelación, criterio consolidado por esta Sección y
adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero
de 2016.28

6.4.3. Del restablecimiento del derecho

La Sala, a título de restablecimiento del derecho, declarará que la
AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A., SIAP S.A. no está obligada al
pago de la referida sanción, y en caso de que la misma ya se haya hecho
efectiva, habrá de ordenarse el reintegro de aquella al demandante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

6.5 Condena en costas

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y el
numeral 4 del artículo 365 del CGP, “Cuando la sentencia de segunda
instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias”

Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las
agencias en derecho, y solo habrá lugar a su imposición, de acuerdo con
el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación”.

En este asunto, el recurso fue resuelto de manera favorable a quien lo
propuso y, comoquiera que no está acreditada la causación de gastos
procesales, la Sala no condenará en costas por dicho concepto. Por otra
parte, en cuanto a las agencias en derecho, revisado el expediente, se

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de
2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. En dicha providencia
se dijo: “[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto
1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas
que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión
resulten desconocidos sus derechos [.]”
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30

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advierte que la intervención de la demandante se encuentra probada en la
primera instancia con la presentación de la demanda y el escrito de
apelación y, en segunda instancia con la radicación del memorial de
alegatos de conclusión por parte de su apoderado29.

Así las cosas, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4° del
artículo 366 del CGP30, se condenará en costas a la DIAN, por concepto
de agencias en derecho, así: (i) para la primera instancia al pago de la
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente y, (ii)
para la segunda instancia, la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente, a favor de la AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL
S.A., SIAP S.A. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el capítulo III,
artículo sexto, del Acuerdo núm. 1887 de 27 de agosto de 2003, sobre
las tarifas de las agencias en derecho para los procesos Contencioso
Administrativos31.

6.6. Otros pronunciamientos

6.6.1. En consideración al memorial que obra en la anotación núm. 17 del
historial de actuaciones del proceso disponible en SAMAI, se tendrá por
debidamente presentada la renuncia presentada por el abogado YUMER
YOEL AGUILAR VARGAS al poder que le fue conferido para representar a
la DIAN en el presente trámite, teniendo en cuenta que cumple con el
requisito del inciso 4º del artículo 76 del CGP.

29
Índice 26 del Sistema de Gestión Documental SAMAI archivo denominado -
19_ED_CUADERNO1_11ALEGATOS
30
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas:
(…)
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de
la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas.”
31
“ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […]
III
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […]
3.1.3. Segunda instancia.
[…]
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia.”
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31

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6.6.2. De otra parte, se reconocerá a la abogada María Consuelo De Arcos
León como apoderada de la DIAN, en los términos y para los fines del
poder a ella conferido, visible la anotación núm. 19 del historial de
actuaciones del proceso disponible en SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2016
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección “A”, que negó las pretensiones de la demanda, según las
razones analizadas en la parte considerativa.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la resolución núm. 669-2110-01-
2152 del 21 de diciembre de 2012 y la resolución núm. 10029 del 9 de
abril de 2013.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho habrá que declararse
que la AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A., SIAP S.A., no está
obligada al pago de la sanción impuesta a través de los actos
administrativos señalados en el numeral anterior, y, en caso de qué la
misma ya se haya hecho efectiva, ordénese el reintegro de la suma que
le corresponda al demandante, de conformidad con lo establecido en el
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: CONDENAR en costas a la DIAN, por concepto de agencias en
derecho, así: (i) para la primera instancia al pago de la suma equivalente
a un (1) salario mínimo legal mensual vigente y, (ii) para la segunda
instancia, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, a favor de la AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A., SIAP
S.A.

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QUINTO: ACEPTAR la renuncia presentada por el abogado YUMER YOEL
AGUILAR VARGAS al poder que le fue conferido para representar a la DIAN
en el presente trámite, teniendo en cuenta que cumple con el requisito
del inciso 4º del artículo 76 del CGP.

SEXTO: RECONOCER personería a la abogada María Consuelo De Arcos
León como apoderada de la DIAN, en los términos y para los fines
establecidos en el poder judicial a ella conferido.

SEPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclaración de voto Aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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