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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-31-002-2012-00051-01

Acta de aprehensión de mercancía: modalidades de notificación: personal y por estado

Fecha
14 de junio de 2018
Consejero ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-31-002-2012-00051-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare con fundamento en los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 85001-23-31-002-2012-00051-01

Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

14 de junio de 2018

ACTA DE APREHENSIÓN DE MERCANCÍA – Modalidades de notificación: personal y por estado

El acta de aprehensión, en el marco del trámite de definición de la situación jurídica de las mercaderías confiscadas, no escapa al postulado de la publicidad, pues este acto de trámite –punto de inflexión de este tipo de actuaciones– deberá ser notificado, de conformidad con el inciso 3º del artículo 563 del Decreto 2685 de 1999, […] dos son las modalidades de notificación del acta de aprehensión, a saber: una principal, la notificación personal; otra subsidiaria, la notificación por estado, cuya operatividad dependerá de la imposibilidad de llevar a cabo la primera. En lo que atañe a la notificación personal, su puesta en marcha, a las voces del inciso reproducido, se somete a un condicionamiento espacial, pues ésta deberá ser efectuada al finalizar la diligencia de aprehensión al interesado o responsable de las obligaciones aduaneras, por lo que se realiza “in situ”, siempre y cuando el sujeto se encuentre presente en ésta; de lo contrario, procederá la notificación por anotación en Estado. En otros términos, la modalidad de notificación de este acto de trámite dependerá de la presencia en el lugar de quien dispone de interés en las resultas del procedimiento administrativo aduanero, intelección que, igualmente, se desprende del inciso 2º del artículo 504 del Estatuto Aduanero, […] Nótese que dentro de la información que deberá ser plasmada por los funcionarios de la DIAN, en cabeza de quienes se encuentra la práctica de esta diligencia, se tiene la identificación y dirección de las personas que allí intervienen; datos que se diferencian de aquellos concernientes a los titulares de derechos o responsables de los bienes involucrados. En tratándose de los primeros, habida cuenta de su participación en el desarrollo del trámite de aprehensión –partiendo de una interpretación armónica de los artículos 504 y 563 del Decreto 2685 de 1999– la notificación será de naturaleza personal; en cambio, en relación con los segundos, la notificación del acta de aprehensión se efectuará por anotación en Estado.

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA – Alcance / Base objetiva de CONFIANZA LEGÍTIMA – Presupuestos: orgánico y sustancial / DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN – Declaración de despacho para consumo en vigencia del Decreto 2666 de 1984 / DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN - Desatiende el aspecto subjetivo u orgánico que conlleva identificar la base objetiva de confianza legítima / DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN - Firmeza

En lo que respecta al primero de ellos, el actuar debe provenir del Estado, por lo que se desestimará la cristalización de base objetiva de confianza legítima, luego de que el origen del comportamiento que dice constituirla no es endilgable a una autoridad pública. En relación con el segundo, el comportamiento estatal debe contar con la entidad jurídica para producir expectativas legítimas en beneficio de los administrados. Dicho ello, y en lo que concierne a las declaraciones de importación –que en vigencia del Decreto 2666 de 1984 podían denominarse declaraciones de despacho para consumo, habida cuenta del régimen de importación–, la Sala encuentra que, en principio, no constituyen base objetiva de confianza legítima, toda vez que se incumple con los presupuestos anteriormente referidos. En efecto, la declaración de importación no resulta ser un actuar atribuible al Estado, pues se tiene que su contenido corresponde a la manifestación del importador o declarante de la mercancía, por lo que su génesis puede ser identificada en un comportamiento imputable a un particular, pero no a la DIAN, quien se encarga, únicamente, de aceptarla para emitir, posteriormente, la orden de levante, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el ordenamiento aduanero. Dicho, en otros términos, se desatiende el aspecto subjetivo u orgánico que conlleva identificar la base objetiva de confianza legítima. Ahora bien, podría pensarse que la aceptación de la declaración por parte de la autoridad aduanera conlleva la creación de expectativas legítimas, e incluso de derechos adquiridos, a favor del importador o terceros de buena fe que, con posterioridad, se hacen a la propiedad, posesión o tenencia de la mercancía decomisada. No obstante lo anterior, ello no ocurre así, pues su firmeza, que implica la consolidación de situaciones jurídicas, se predica “…única y exclusivamente del valor de los tributos aduaneros y de las sanciones de tipo económico que se relacionen en la respectiva declaración”, por lo que se excluyen los demás aspectos –v. gr. corroboración del importador– los cuales podrán ser sometidos con posterioridad a la facultad de control y fiscalización de la DIAN, de conformidad con el artículo 469 del Decreto 2685 de 1999

DECOMISO DE MERCANCÍA- Procede contra terceros cuando no prueban adquisición nacional por medios idóneos / PRESUNCION DE BUENA FE - Se desvirtúa cuando el tercero no referencia a los importadores / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[E]sta Judicatura considera que no existe en el plenario medio de convicción que permita establecer que la parte actora, a pesar de las limitaciones instrumentales que dijo padecer, hubiese puesto en marcha conductas tendientes a comprobar la regularidad de la importación del automotor FORD, línea 9000, motivo por el que la buena fe exenta de culpa alegada por el recurrente no podría enervar la legalidad de los actos administrativos demandados, por medio de los cuales se decomisó el tracto–camión de propiedad del actor. Nótese que no se hace alusión a una carga desmedida, si se toma en cuenta que los tractos negociales requieren de una diligencia calificada por parte de quienes perfeccionan contratos de compraventa de bienes de procedencia extranjera, lo que supone corroborar, a lo menos, en lo que concierne el aspecto aduanero, la debida identidad del importador, exigencia sine qua non para aducir la presunción de buena fe en estas lides, como lo ha podido expresar la Sección Primera del Consejo de Estado,

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 2 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 4 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 469 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 504 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 563 / DECRETO 2666 DE 1984 – ARTÍCULO 144

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 85001-23-31-002-2012-00051-01

Actor: GERARDO BOTERO GÓMEZ

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda Instancia

La Sala procede a resolver el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 21 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare que denegó las súplicas de la demanda.

I.ANTECEDENTES

1. Demanda

El señor GERARDO BOTERO GÓMEZ formuló, por conducto de apoderado judicial, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo del Casanare, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 035 de 15 de diciembre de 2010, y 622-900007 de 25 de mayo de 2011, a través de las cuales se definió la situación jurídica de un tracto camión de su propiedad, mediante decomiso.

1.1. Al respecto, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA.- DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos proferidos por la entidad demandada dentro del trámite aduanero que siguió en contra del demandante, estos son, la Resolución 035 del 15 de diciembre de 2010, expedida por la Jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, Dra. FLOR MARITZA CORREDOR MORENO, por la cual se decomisó una mercancía; y de la Resolución No. 622-900007 del 25 de mayo de 2011, expedida por el Despacho del Director Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Yopal - Casanare, Dra. María Antonia Cala Cocinero, por la cual se resolvió de modo adverso el Recurso de Reconsideración interpuesto en contra de la Resolución 035 del 15 de diciembre de 2010…

SEGUNDA.- Como consecuencia de la anterior declaratoria de nulidad, ORDENAR EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO a favor del demandante, señor GERARDO BOTERO GÓMEZ, que en el presente asunto, se encuentra enmarcado por las siguientes situaciones y actuaciones concretas:

1. ORDENAR a la demandada, DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, a devolver al demandante, señor GERARDO BOTERO GÓMEZ, el vehículo automotor decomisado por virtud de los actos administrativos señalados.

2. Complementando la actuación anterior, ORDENAR a la entidad demandada, DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, a pagar al demandante, señor GERARDO BOTERO GÓMEZ, la desvalorización que haya sufrido el bien decomisado, teniendo en cuenta el valor comercial que tenía al momento de su aprehensión (y que fue avaluado por la propia entidad demandada dentro del primer acto administrativo cuya nulidad se persigue por esta vía) y comparándolo con el valor comercial que tenga al momento de su entrega, según peritazgo que se efectúe sobre el automotor.

3. De manera subsidiaria a los dos puntos anteriores, ORDENAR a la entidad demandada, DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, a pagar al demandante, señor GERARDO BOTERO GÓMEZ, el valor comercial del bien decomisado, como subrogado pecuniario del mismo, según el avalúo que realizó la propia demandada en el primer acto administrativo objeto de demanda, debidamente indexado a la fecha de su pago efectivo.

TERCERA.- Como consecuencia también de la primera declaración, y a título igualmente de restablecimiento del derecho del demandante, señor GERARDO BOTERO GÓMEZ, como reparación integral del daño por él sufrido como consecuencia de la expedición de los actos administrativos objeto de esta demanda que conllevaron el decomiso del automotor de su propiedad, ORDENAR a la demandada, DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, al pago de todos los perjuicios que resulten probados dentro del proceso, tanto de orden material como inmateriales, que con la expedición de los actos administrativos demandados se le han ocasionado directamente al demandante…

CUARTA.- Todas las sumas de dinero a que sea condenada la entidad demandada (…) deberán ser objeto de actualización histórica o indexación y de aplicación de intereses legales, conforme se establece en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 (…) desde el momento de su causación efectiva y hasta tanto se verifique su pago efectivo.

QUINTA.- La sentencia se cumplirá en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

SEXTA.- CONDENAR en costas y gastos procesales a la parte demandada…”

1.2. Hechos

En apoyo de sus pretensiones, el representante judicial del demandante señaló, en síntesis, los siguientes:

1.2.1. El accionante celebró contrato de compraventa con la señora Gloria Lucía Plazas Parada para la adquisición del tracto-camión FORD, línea F–9000, modelo 1993, color rojo, de placas TET–205, el 3 de noviembre de 2006.

Para el perfeccionamiento del negocio, la vendedora aportó la declaración de despacho para consumo 3938 de 2 de diciembre de 1992, serie F0113528, debidamente autenticada por parte de la DIAN Seccional Santa Marta, que amparaba la introducción del automotor a territorio aduanero nacional, así como copia auténtica del certificado de revisión técnica del vehículo, expedido por la DIJIN, en donde se estableció que el bien “no presentaba ningún tipo de inconveniente ni problema”en lo que refería a su identificación.

1.2.2. El 23 de septiembre de 2010, el vehículo del accionante fue detenido por la Policía Nacional, en la carretera que conduce del municipio de Maní y hacia Aguazul, e incautado, por cuanto no presentaba los documentos que validaban su importación.

Una vez informada esta situación a la parte actora, éste procedió a exhibir los documentos referidos; no obstante, las autoridades policivas encontraron irregularidades, que conllevaron remitir el asunto a la DIAN – Seccional Casanare.

1.2.3. La DIAN manifestó que, entre otro tipo de inconsistencias, la declaración de importación 3938 de 2 de diciembre de 1992 en poder del demandante, no correspondía a la copia que reposaba en el archivo central de esa entidad, que amparaba la importación de materiales eléctricos y piezas para ensamblar televisores, y no vehículos de carga.

Ello, a pesar de los sellos de autenticación impuestos por la DIAN – Seccional Santa Marta a la declaración de importación presentada por el accionante.

1.2.4. Esta situación motivó a la DIAN a formular denuncia en contra del señor Botero Gómez por la presunta comisión del delito de favorecimiento de contrabando a terceros.

1.2.5. La Jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Administración de Aduanas de Yopal expidió la Resolución 035 del 15 de diciembre de 2010, mediante la cual decomisó el automotor de propiedad de la parte actora, con fundamento en la causal 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, relativo a la ausencia de declaración de importación que soportara la introducción del tracto–camión al territorio nacional.

1.2.6. Esa decisión fue integralmente confirmada por la Directora Seccional de Aduanas de Yopal, a través de Resolución 622-9000007 de 25 de mayo de 2011, en la que se decidió el recurso de reconsideración propuesto contra el acto administrativo de decomiso.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora adujo como disposiciones normativas quebrantadas aquellas contenidas en los artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 13, 21, 25, 26, 29, 42, 58, 83, 90, 121, 122, 123 y 209 de la Constitución Política; 504, 505, y 519 del Decreto 2685 de 1999; 1º, 2º, 3º, 82, 83, 84, 85, 134, 136, 137, 149 y 206 del CCA; 1613 y 1614 del Código Civil; 4º y 6º del Código de Procedimiento Civil –en adelante CPC–; y, finalmente, 16 y 23 de la Ley 446 de 1998.

Para sustentar la vulneración normativa, la demandante formuló los siguientes cuestionamientos:

1.3.1. Violación al debido proceso, al derecho de defensa y audiencia

La autoridad demandada no notificó personalmente el acta de aprehensión del vehículo automotor de su propiedad, como lo prescriben los artículos 504 y 563 del Decreto 2685 de 1999 –Estatuto Aduanero–.

En efecto, la notificación de ese acto administrativo se realizó por anotación en Estado, modalidad que es subsidiaria a la notificación personal en lo que respecta al mismo.

1.3.2. Violación del principio–derecho de confianza legítima consolidado a favor del demandante

La confianza legítima tiene fundamento constitucional en los principios de buena fe y seguridad jurídica. Su objeto se circunscribe a salvaguardar las expectativas legítimas, que tienen origen en el actuar de la administración pública.
El desconocimiento de este referente axiológico se produce luego de que se configuran los siguientes presupuestos, tal y como ocurre en el asunto de autos:

“…la existencia de una relación jurídica entre las partes en litis (i); la existencia de una palabra dada o actuación administrativa previa (ii); que a su turno implica que ésta sea cierta y legítima (ii-a); no tenga una vigencia limitada en el tiempo (ii-b), y que haya identidad entre quien fue destinatario de la actuación previa y el acto posterior que la contraria (ii-c); y finalmente, una actuación diligente y de buena fe por parte del particular en el caso concreto.”

El demandante desarrolló cada uno de estos supuestos, bajo el siguiente derrotero argumentativo:

Manifestó que el vínculo o relación jurídica entre las partes de este litigio, se encontraba acreditado con la actuación administrativa que finalizó con el decomiso del vehículo de placas TET–205.

Adujo que la declaración de importación de mercancías entregada por la señora Plazas Parada, debidamente autenticada por la DIAN – Seccional Santa Marta, se constituía en la actuación previa que no podía ser defraudada por la autoridad demandada, la cual demostraba la entrada y permanencia legal del vehículo en el territorio aduanero nacional.

Dicha declaración resulta ser cierta y legítima, pues fue expedida por la propia entidad accionada, de conformidad con las potestades que el ordenamiento le atribuye.

Asimismo, sostuvo que este documento –presentado por el accionante para amparar el ingreso del vehículo decomisado– se cuenta como un acto atemporal, que permite adoptar decisiones que merecen ser protegidas por el orden jurídico.

Señaló que el destinatario de este actuar de la administración es la sociedad en general, “…por la potísima razón de que cualquier particular puede, posteriormente, pretender adquirir el bien que fue objeto de tal importación.”
Igualmente, el actor afirmó que estaba demostrada su diligencia, por cuanto en el contexto de las tratativas del contrato de compraventa, adquirió los documentos que corroboraran el legal ingreso de la mercancía al país –declaración de importación de mercancía 3938 de 2 de diciembre de 1992– y su correcta identificación, por medio de la revisión técnica solicitada a instancias de la Policía Nacional.

Finalmente, el demandante refirió que cualquier error contenido en la declaración de importación extendida por la DIAN, era atribuible a los funcionarios de ese ente administrativo, razón por la cual resultaba inoponible a él, ya que se trataría de un error invencible, que impedía a la autoridad demandada desplegar la actuación, en el marco de la cual fue decomisado su vehículo.

2. Admisión de la demanda

A través de providencia de 12 de abril de 2012, el Tribunal Administrativo del Casanare admitió la demanda y ordenó las notificaciones de rigor.

3. Contestación

La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones elevadas por el accionante con fundamento en los siguientes argumentos:

3.1. La notificación del acta de aprehensión puede efectuarse a través de cualquiera de los medios establecidos en el inciso final del artículo 504 del Decreto 2685 de 1999. No existe vulneración al debido proceso del demandante, pues pudo controvertir el acto administrativo de decomiso, mediante la formulación del recurso de reconsideración, al tenor de lo dispuesto en el artículo 515 ejusdem.

En todo caso, manifestó: “Por lo anterior no se puede dar la nulidad de los actos discutidos en el entendido de que fueron actos legalmente notificados y en caso de haber existido alguna irregularidad, el señor BOTERO a través de apoderado, agotó el recurso en sede gubernativa, lo cual indica que para el caso en concreto opera la CONDUCTA CONCLUYENTE.”

3.2. La aprehensión y decomiso del vehículo del demandante tiene como fundamento jurídico la causal 1.6 del Estatuto Tributario relativa a la carencia de declaración de importación del bien que ampare su ingreso al territorio aduanero nacional.

En efecto, la DIAN encontró que la declaración del despacho para el consumo 3938 de 2 de diciembre de 1992, serie F-0113528, presentada por la parte actora para sustentar la legítima introducción del tractocamión, adolecía de irregularidades, dentro de las cuales podían identificarse las siguientes:

No se logra hallar información alguna respecto del presunto importador de éste en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y en el Registro Único Tributario. Ello motivó la formulación de denuncia en contra del demandante.

La fecha de aceptación de la declaración –2 de diciembre de 1992– exhibida no guarda correspondencia con la fecha de aceptación de la mercancía –9 de febrero de 1993–, lo que no es lógico, por cuanto ello se lleva a cabo –en todos los casos– el mismo día.

El cotejo entre la declaración de importación presentada por el accionante y aquella que reposa en el archivo central de la entidad demandada, permite concluir que éstas distan, argumento adicional que motivó el decomiso del bien mueble.

En ese sentido, la declaración obrante en el archivo de la DIAN corresponde a partes y piezas eléctricas y no hace referencia a automotores.

El registro de importación que amparó la declaración de 3938, serie F–0113528 de 2 de diciembre de 1992, no se encuentra registrado en las bases de datos del Ministerio de Comercio Exterior.

3.3. La revisión técnica del vehículo D-0195766 de 1º de diciembre de 2006, expedida por la Policía Nacional, establece dentro de sus observaciones que “el interesado debe confirmar la documentación que ampara la matrícula del vehículo…”, por lo que no puede ser tenida como plena prueba.

3.4. El hecho de que la mercancía se encuentre en manos de un tenedor o poseedor de buena fe, no impide la operatividad de la medida cautelar de aprehensión o del decomiso.

3.5. La actuación administrativa cuestionada fue respetuosa del debido proceso, pues no hubo extralimitación de funciones y la parte actora hizo uso de los recursos administrativos pertinentes.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

Por auto de 26 de junio de 2014, el Despacho sustanciador del proceso en el seno del Tribunal Administrativo de Casanare ordenó correr traslado a las partes con el propósito de que formularan sus alegatos de conclusión, los que fueron allegados oportunamente.

En lo que respecta la demandante replicó los argumentos esgrimidos en su libelo introductorio.

En cuanto a la demandada adujo que sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el actor había operado el fenómeno de la caducidad, pues entre la ejecutoria del acto administrativo, por medio del cual se resolvió el recurso de reconsideración –31 de mayo de 2011– y la fecha de presentación de la demanda –7 de diciembre de 2011– habían transcurrido más de cuatro meses.

Por otro lado, manifestó que en el asunto de autos la solicitud de conciliación formulada por el representante judicial del demandante no había suspendido el término de presentación oportuna de la demanda, ya que los asuntos aduaneros relativos a la definición de la situación jurídica de la mercancía, no son pasibles de conciliación, a las voces de los artículos 38 de la Ley 863 de 2003 y 6º del Decreto 412 de 2004.

5. Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto en esta instancia.

6. Fundamentos de la sentencia recurrida

Mediante sentencia de 21 de agosto de 2014, el Tribunal Administrativo del Casanare negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los razonamientos que se resumen a continuación:

6.1. El Tribunal desestimó la configuración de la caducidad respecto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para lo cual explicó:

6.1.1. Los asuntos “tributarios” no se encuentran sometidos al requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto 1716 de 2009.

6.1.2. No obstante, puede ocurrir que, ante las solicitudes de conciliación presentadas en el contexto de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho de naturaleza tributaria, el Ministerio Público fije audiencia de conciliación, sin percibir que lo normativamente correcto es expedir certificación en la que se exprese que el asunto no resulta ser conciliable.

6.1.3. En estos casos, el vencimiento del término de caducidad no puede ser endilgado a la parte demandante, sino a la autoridad pública a la que se refiere.

6.1.4. Esta circunstancia se presentó en el asunto de marras, pues si bien el término de caducidad corrió entre el 31 de mayo y el 1º de octubre de 2011, lo cierto es que en el interregno –21 de septiembre de 2011– el actor formuló solicitud de conciliación, y la Procuraduría fijó audiencia para el 29 de noviembre de ese año, que declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio.

6.1.5. De allí que deba entenderse que el plazo de presentación oportuna de la demanda estuvo suspendido desde el 21 de septiembre y hasta el 29 de noviembre de 2011, por lo que la presentación de la demanda –7 de diciembre de ese año– resulta apropiada desde una perspectiva temporal.

6.1.6. Esta posición fue expuesta por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en decisión de 5 de septiembre de 2013, Rad. 19001-23-31-000-2011-00514-01.

6.2. En lo que respecta al cargo de la indebida notificación del acta de aprehensión, el a quo consideró que, si bien ésta no fue notificada personalmente a la parte actora, “…tal circunstancia se subsanó posteriormente cuando el interesado recurrió el acto administrativo de decomiso, decisión de fondo que definió la situación jurídica del bien aprehendido, por lo que tuvo la oportunidad de presentar los reparos respecto de la medida sancionatoria y ejercer su derecho de defensa.”

6.3. El Tribunal sostuvo que las diversas irregularidades detectadas en la declaración de importación del tracto camión facultaban a la DIAN a aprehenderlo y, posteriormente, a decomisarlo, de conformidad con el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

En efecto, de un cotejo entre la declaración presentada por el particular demandante y aquella que reposa en los archivos de la DIAN, se detectan las siguientes inconsistencias: el número de formulario es distinto, así como el nombre del importador. La descripción de la mercancía dista en estos documentos.

6.4. En relación con la presunta defraudación de la confianza legítima, el fallador de primera instancia precisó que no resultaba posible admitir ello en el asunto de autos, habida cuenta de que la falsedad ostensible de la declaración de importación, hacía imposible la configuración de ese referente axiológico en favor del demandante.

En ese sentido, refirió que esta circunstancia –la falsedad evidente de la declaración de importación– impedía dar crédito a la nota de autenticación impuestas por la DIAN el 1º de septiembre de 2006 en Santa Marta, así como que el demandante había omitido demostrar que esa situación resultaba imputable a algún funcionario del ente demandado.

6.5. Sostuvo que la naturaleza objetiva del procedimiento administrativo para la definición de la situación jurídica de las mercancías conllevaba excluir cualquier argumento de buena fe del comprador o adquirente. De allí que para ello el ordenamiento establezca otro tipo de mecanismos judiciales que escapan a esta jurisdicción “para que el demandante alegue error invencible y persiga las eventuales responsabilidades respecto del vendedor del bien decomisado.”

7. Fundamentos del recurso de apelación

La parte demandante formuló, con escrito de 9 de septiembre de 2014, recurso de alzada en los términos que pasan a exponerse:

7.1. La indebida notificación del acta de aprehensión no puede ser subsanada, como de manera equivocada lo señala el Tribunal, a través de la interposición del recurso de reconsideración en contra del acto administrativo, por medio del cual se decretó el decomiso del vehículo automotor de mi poderdante.
Al respecto, expresó:

“…no resulta acertado sostener que, en el trámite aduanero sancionatorio complejo que implica el decomiso de mercancía, toda irregularidad o violación a las garantías supraconstitucionales, como lo es la flagrante vulneración al debido proceso y al derecho de defensa del señor Gerardo Botero que incluso el propio Tribunal advierte, se pueda subsanar por el ejercicio del derecho de defensa en etapas posteriores, es decir, cuando ha precluido y cerrado la etapa que adolece de la violación de los derechos del investigado.”

7.2. Se acepta que la declaración de despacho para consumo 3938, Serie F0113528, con la que presuntamente se amparó el ingreso del bien decomisado a territorio aduanero nacional, presenta inconsistencias en relación con su contenido –falsedad ideológica–.

No obstante, el recurrente afirma que la falsedad de la que adolece el contenido no puede extenderse a los sellos y firmas que aparecen en ésta, por lo que desde un punto de vista “material”, dicho documento debe ser tenido como veraz.

Se trata de un asunto configurativo del ilícito de “gemeliada de documento” atribuible a los propios funcionarios de la DIAN que, por contera, no puede transmitirse al demandante.

Sin la acreditación de la falsedad material –sellos y firmas espurios– en el trámite administrativo y jurisdiccional, no puede negarse la materialización de confianza legítima a favor del accionante.

7.3. Ahora bien, el Tribunal sostiene que correspondía al recurrente probar la autenticidad material, esto es, la autoría por parte de funcionarios de la DIAN de los sellos y firmas visibles en la comunicación 7019023 de 1º de septiembre de 2006 y en la declaración de despacho para consumo 3938, serie F0113528 de 2 de diciembre de 1992, para imputar a dichos servidores las inconsistencias existentes en su contenido.

No obstante, el a quo olvida que el demandante solicitó el decreto de diferentes medios de convicción en ese sentido, en especial un dictamen pericial grafológico, pruebas que fueron negadas, toda vez que estos documentos, en lo que respecta las firmas y sellos, no habían sido tachados de falsos.

Finalmente, huelga advertir que, disponiendo de naturaleza pública, los documentos a que se hace referencia deben ser presumidos de auténticos, sin perjuicio de la tacha de falsedad que pueda invocarse en ese sentido, lo que no ocurrió en el asunto de autos. Ello, de conformidad con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

9. Trámite en segunda instancia

El recurso propuesto fue admitido por la Sección Primera, Despacho del Dr. Guillermo Vargas Ayala, mediante auto de 19 de noviembre de 2014, en el que ordenó notificar la providencia, de conformidad con el inciso 3º del artículo 212 del CCA.

10. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La autoridad demandada presentó memorial de alegatos de conclusión en los que pidió confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Casanare bajo la línea argumental propuesta en la contestación de la demanda y en sus alegaciones de primera instancia.

11. Concepto del agente del Ministerio Público en segunda instancia

En esta etapa procesal la Agencia del Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 21 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, en los términos del artículo 129 del C.C.A., en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.

2. Actos demandados

La parte recurrente solicita la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 035 de 15 de diciembre de 2010 y 622-900007 de 25 de mayo de 2011, por medio de las cuales la DIAN – Seccional Yopal decomisó el tracto–camión de propiedad del demandante.

3. Problema jurídico

Se contrae a determinar si, a la luz de los argumentos expuestos en el recurso de alzada, el fallo de 21 de agosto de 2014 debe ser revocado

La Sala advierte, de entrada, que su análisis girará en torno a las consideraciones expuestas en la sentencia de primera instancia y a los cuestionamientos formulados en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto en las normas adjetivas que regulan la materia.

Dicho ello, se abordará el análisis del caso en concreto, como sigue:

4. Caso concreto

Contrario a lo expuesto por el Tribunal Administrativo del Casanare en su providencia de 21 de agosto de 2014, la parte actora manifiesta que los actos administrativos demandados deben ser anulados por esta Judicatura, por cuanto quebrantan (i) el debido proceso; (ii) y el principio de confianza legítima, corolario de la buena fe.

En consonancia, se examinarán de forma independiente cada uno de estos cargos a la luz de las consideraciones que se siguen:

3.1. De la presunta vulneración del debido proceso

El desconocimiento de este referente axiológico en el procedimiento administrativo aduanero que se cuestiona, se centra en la indebida notificación del acta de aprehensión al demandante, pues lejos de haber intentado notificarla personalmente, la autoridad demandada la notificó por anotación en estado fijado entre el 26 y 28 de octubre de 2006.

Ello, conllevó el quebrantamiento de los artículos 504 y 563 del Decreto 2685 de 1999 y, por contera, del debido proceso, pues se le impidió a la parte actora ejercer los derechos de defensa y contradicción en contra de ese acto administrativo.

A pesar de haber constatado tal irregularidad, el Tribunal Administrativo del Casanare explicó, en su decisión de 21 de agosto de 2014, que ésta fue subsanada, por cuanto, en el contexto del procedimiento administrativo aduanero, el demandante tuvo la posibilidad de interponer el recurso de reconsideración contra la Resolución 035 de 2010, por medio de la cual se decomisó su tracto–camión.

Ello, impone esbozar algunas ideas en relación con las modalidades de notificación del acta de aprehensión, bajo la égida del Decreto 2685 de 1999, como pasa a hacerse enseguida:

3.1.1. De las modalidades de notificación del acta de aprehensión en el Estatuto Aduanero

La publicidad es uno de los ejes axiales de los procedimientos administrativos, a través de los cuales se define la situación jurídica de los bienes incautados.

Su materialización se traduce en el establecimiento de diversas modalidades de notificación que permiten informar a los interesados de las decisiones que allí se producen a fin de que puedan objetarlas, mediante la utilización de los medios impugnatorios que establece el sistema.

El acta de aprehensión, en el marco del trámite de definición de la situación jurídica de las mercaderías confiscadas, no escapa al postulado de la publicidad, pues este acto de trámite –punto de inflexión de este tipo de actuaciones– deberá ser notificado, de conformidad con el inciso 3º del artículo 563 del Decreto 2685 de 1999, el cual en su tenor literal prescribe:

“El acta de aprehensión y el acta de aprehensión, reconocimiento, avalúo y decomiso directo, se notificarán personalmente al finalizar la diligencia al interesado o responsable de las obligaciones aduaneras. Cuando no sea posible la notificación personal, se notificará por estado.”

Del aparte transcrito se colige que dos son las modalidades de notificación del acta de aprehensión, a saber: una principal, la notificación personal; otra subsidiaria, la notificación por estado, cuya operatividad dependerá de la imposibilidad de llevar a cabo la primera.

En lo que atañe a la notificación personal, su puesta en marcha, a las voces del inciso reproducido, se somete a un condicionamiento espacial, pues ésta deberá ser efectuada al finalizar la diligencia de aprehensión al interesado o responsable de las obligaciones aduaneras, por lo que se realiza “in situ”, siempre y cuando el sujeto se encuentre presente en ésta; de lo contrario, procederá la notificación por anotación en Estado.

En otros términos, la modalidad de notificación de este acto de trámite dependerá de la presencia en el lugar de quien dispone de interés en las resultas del procedimiento administrativo aduanero, intelección que, igualmente, se desprende del inciso 2º del artículo 504 del Estatuto Aduanero, que consagra:

“Establecida la configuración de alguna de las causales de aprehensión y decomiso de mercancías de que trata el artículo 502 del presente Decreto, la autoridad aduanera expedirá un acta con la que se inicia el proceso para definir la situación jurídica de mercancías y que contenga: lugar y fecha de la aprehensión; causal de aprehensión; identificación del medio de transporte en que se moviliza la mercancía, cuando a ello hubiere lugar; identificación y dirección de las personas que intervienen en la diligencia y de las que aparezcan como titulares de derechos o responsables de las mercancías involucradas; descripción de las mercancías en forma tal que se identifiquen plenamente; cantidad, peso cuando se requiera, precio unitario y precio total de la mercancía, las objeciones del interesado durante la diligencia, la relación de las pruebas practicadas por la Administración o aportadas por el interesado durante la diligencia de aprehensión.” (Negrilla y subraya fuera de texto)

Nótese que dentro de la información que deberá ser plasmada por los funcionarios de la DIAN, en cabeza de quienes se encuentra la práctica de esta diligencia, se tiene la identificación y dirección de las personas que allí intervienen; datos que se diferencian de aquellos concernientes a los titulares de derechos o responsables de los bienes involucrados.

En tratándose de los primeros, habida cuenta de su participación en el desarrollo del trámite de aprehensión –partiendo de una interpretación armónica de los artículos 504 y 563 del Decreto 2685 de 1999– la notificación será de naturaleza personal; en cambio, en relación con los segundos, la notificación del acta de aprehensión se efectuará por anotación en Estado.

En punto a ello, la Sección Primera del Consejo de Estado ha sostenido:

“[…] Sobre el particular, de conformidad con lo previsto en el artículo 563 del Decreto 2685 de 1999, la notificación del Acta de Aprehensión (sic) debe hacerse personalmente al interesado al finalizar la diligencia, pero cuando no es posible, como lo afirma la demandada, puede hacerse por estado, como ocurrió en este caso, en el cual, como lo indica la actora en la demanda, se fijó a nombre de la señora Julieth Yaneth González, con quien, como ya se observó, se adelantaron todas las diligencias en representación de los intereses de la Agencia de Aduana CICOREX LTDA. NIVEL 1…” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

Precisado lo anterior, la Sala despachará el cuestionamiento elevado por el recurrente.

3.1.2. Del análisis particular del cargo

La Sala anticipa que el cuestionamiento formulado por la parte actora no dispone de la entidad jurídica necesaria para revocar la providencia de 21 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, por las razones que se exponen a continuación:

Del análisis detallado de los elementos de convicción allegados al plenario, se tiene que la aprehensión del automotor FORD F–9000, identificado con la placa TET–205, fue efectuada por funcionarios de la DIAN, el 11 de octubre de 2010; diligencia que quedó plasmada en el acta 44-00129 FISCA de ese mismo día, suscrita por el señor Juan Orlando Cárdenas Borda, servidor de la Seccional Yopal de la autoridad demandada.

De su lectura se observa que se identifica como “Titular o responsable de la mercancía” al hoy demandante, ciudadano GERARDO BOTERO GÓMEZ, con domicilio en la ciudad de Neiva – Huila, persona que, sin embargo, no participó personalmente en la diligencia de aprehensión, como se desprende de una revisión detenida del acta.

A la luz de los parámetros normativos y jurisprudenciales referidos en el epígrafe anterior, la notificación personal del acta de aprehensión se produce al finalizar la diligencia, lo que implica que tendrá lugar respecto de quienes intervienen allí; de lo contrario, procederá la notificación por anotación en estado, ante la imposibilidad de llevar a cabo la primera, esto es, la notificación personal.

De allí la corrección de la notificación por estado del acta de aprehensión 44–00129 FISCA de 11 de octubre de 2010, ante la ausencia en la diligencia del titular o responsable del tracto–camión incautado, como se decanta de las pruebas aportadas al expediente, y es ratificado por la parte actora, habida cuenta de la carencia de argumentos en este preciso sentido.

Por lo anterior, no existe en este aspecto procedimental irregularidad alguna –como erróneamente lo consideró el a quo– que conlleve acceder a las pretensiones elevadas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

En ese orden, el cargo no prospera.

3.2. Del quebrantamiento de los principios de confianza legítima y buena fe

El recurrente sostiene, en este punto, que la declaración de despacho para consumo 3938 de 2 de diciembre de 1992, serie F0113528, por medio de la cual pretendió amparar el ingreso y permanencia del automotor de placas TET–205, se constituye en base de confianza legítima, que impedía al ente accionado adelantar el procedimiento de decomiso en su contra.

Ello, por cuanto la declaración (i) fue autenticada y expedida por la DIAN – Seccional Santa Marta y su autenticidad material no fue desvirtuada; (ii) las irregularidades que allí se encuentran no son atribuibles a la parte actora, pues, de un lado, no disponía de los medios para corroborar la información allí contenida; de otro, se trata de un hecho delictivo –“gemeliada de documentos”– imputable a los funcionarios de la autoridad demandada.

Por otro lado, el demandante manifiesta que, habida cuenta de la naturaleza pública de esa declaración, la DIAN debía desvirtuar la presunción de autenticidad que pesaba sobre ésta, de conformidad con el artículo 252 del CPC.

Bajo este contexto litigioso, la Sala se permite hilvanar algunas ideas respecto de la noción de base objetiva de confianza legítima y si ello resulta predicable de la declaración de importación.

3.2.1. Base objetiva de confianza legítima y declaración de importación

Lejos de constituir un fruto del azar, la protección de la confianza legítima, en el régimen jurídico colombiano, se presenta como una de las manifestaciones del establecimiento de un orden justo, de conformidad con el artículo 2º Superior, que supone la existencia de “un marco de reglas estables y previsibles”, en el que los asociados puedan evolucionar; pues lo contrario conllevaría a la anarquía y a la confusión social.

De allí que esta facultad en cabeza de los ciudadanos, consistente en fundar sus comportamientos y sus conductas en un ambiente jurídico constante y duradero, comporte la aparición de la confianza en las relaciones entre las autoridades y los administrados, como bien jurídico tutelable en el ordenamiento, pues “la confianza en el Estado no es sólo deseable, sino también jurídicamente exigible”.

Así las cosas, el principio de la confianza legítima “propugna por la edificación de un ambiente de tranquilidad en la relación que construyen los asociados frente a las autoridades públicas o los particulares (…)”.

Dentro de los presupuestos que permiten identificar la confianza legítima, la jurisprudencia ha explicado que su génesis debe encontrase en acciones estatales ininterrumpidas y coherentes que permitan crear en el particular la convicción de que la situación que somete a instancias de la administración pública, será tratada de la misma manera cómo lo ha venido siendo hasta ese momento, sin que puedan presentarse cambios inesperados.

Es lo que se conoce con el nombre de base objetiva de confianza, caracterizada por la existencia de comportamientos “homogéneo(s) y constante(s)”, atribuibles a los órganos públicos, que disponen de la vocación de generar expectativas legítimas a favor de los particulares que interactúan con ellos.

Su configuraciónrequiere entonces de dos tipos de presupuestos, a saber, orgánico y sustancial.

En lo que respecta al primero de ellos, el actuar debe provenir del Estado, por lo que se desestimará la cristalización de base objetiva de confianza legítima, luego de que el origen del comportamiento que dice constituirla no es endilgable a una autoridad pública.

En relación con el segundo, el comportamiento estatal debe contar con la entidad jurídica para producir expectativas legítimas en beneficio de los administrados.

Dicho ello, y en lo que concierne a las declaraciones de importación –que en vigencia del Decreto 2666 de 1984 podían denominarse declaraciones de despacho para consumo, habida cuenta del régimen de importación–, la Sala encuentra que, en principio, no constituyen base objetiva de confianza legítima, toda vez que se incumple con los presupuestos anteriormente referidos.

En efecto, la declaración de importación no resulta ser un actuar atribuible al Estado, pues se tiene que su contenido corresponde a la manifestación del importador o declarante de la mercancía, por lo que su génesis puede ser identificada en un comportamiento imputable a un particular, pero no a la DIAN, quien se encarga, únicamente, de aceptarla para emitir, posteriormente, la orden de levante, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el ordenamiento aduanero.

Dicho, en otros términos, se desatiende el aspecto subjetivo u orgánico que conlleva identificar la base objetiva de confianza legítima.

Ahora bien, podría pensarse que la aceptación de la declaración por parte de la autoridad aduanera conlleva la creación de expectativas legítimas, e incluso de derechos adquiridos, a favor del importador o terceros de buena fe que, con posterioridad, se hacen a la propiedad, posesión o tenencia de la mercancía decomisada.

No obstante lo anterior, ello no ocurre así, pues su firmeza, que implica la consolidación de situaciones jurídicas, se predica “…única y exclusivamente del valor de los tributos aduaneros y de las sanciones de tipo económico que se relacionen en la respectiva declaración”, por lo que se excluyen los demás aspectos –v. gr. corroboración del importador– los cuales podrán ser sometidos con posterioridad a la facultad de control y fiscalización de la DIAN, de conformidad con el artículo 469 del Decreto 2685 de 1999.

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado:

“Conforme con lo expuesto, la Sala observa que no resulta procedente invocar la firmeza de la Declaración de Importación para pretender enervar el decomiso de un vehículo cuando dicha situación tiene origen en la omisión sustancial al describir la mercancía pues, se reitera, conforme al antecedente previamente citado de la Sección Primera del Consejo de Estado, cuando se incurre en una deficiencia sustancial en la Declaración de Importación, no tiene cabida la firmeza de esta.

(…)

De serlo, carecería de sentido que la autoridad aduanera pudiese inspeccionarla en cualquier momento, con lo cual, por demás, se haría nugatoria la razón de ser del control posterior de la autoridad aduanera en su función fiscalizadora, que precisamente propende por asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras.” (Negrilla fuera de texto)

A la luz de estas elucubraciones, la Sala emprenderá el estudio de los argumentos expuestos en la apelación.

3.2.2. Del análisis particular de los cargos

Bajo la denominación de vulneración del principio de confianza legítima, el demandante formula dos tipos de cuestionamientos, que serán estudiados por esta Sala de Sección de la forma como sigue, anticipando que no cuentan con la entidad jurídica para revocar el fallo de 21 de agosto de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Casanare.

3.2.2.1. Los sellos y firmas de la declaración de importación NO conllevan una base objetiva de confianza en beneficio del demandante

La Sala evidencia que, a la manera como lo sostiene en el recurso de alzada el demandante, la declaración de importación 3938 de 2 de diciembre de 1992, serie 0113528, cuenta con sellos y firmas provenientes del Coordinador de Documentación de la División Financiera y Administrativa de la DIAN – Seccional Santa Marta, de 1º de septiembre de 2006.

Igualmente, esta Judicatura advierte que la expedición de este documento correspondió a la petición de 8 de agosto de 2006, por medio de la cual el señor José Octavio Castroelevó solicitud de copias en ese sentido.

No obstante ello, la Sala encuentra que esta circunstancia no se presenta como base objetiva de confianza legítima que permita desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados, pues incumple con el segundo de los requisitos referidos en el aparte dogmático que precede, relativo a la entidad del actuar administrativo de crear expectativas legítimas en beneficio del demandante.

Ello, por cuanto de una lectura detenida de la documental en referencia, la Sala observa que los sellos y firmas a los que aduce la parte actora, se relacionan con la correspondencia de la copia extendida respecto del original que reposa en los archivos de la Seccional Santa Marta de la DIAN, sin que de ello pueda desprenderse la legalidad de la entrada y permanencia del tracto–camión decomisado al territorio aduanero nacional, que se constituye en definitiva en el propósito del procedimiento administrativo de definición de la situación jurídica de los bienes incautados.

En ese orden, la pretendida autenticidad material de la declaración de importación 3938 de 2 de diciembre de 1992, serie 0113528, no enervaba el desarrollo la facultad de fiscalización y control a cargo de la DIAN, pues se tiene que, esta circunstancia, no impedía a ésta el escrutinio de los requisitos presentados para la legalización del automotor con placas TET–205 de propiedad de la parte actora y, por consiguiente, su aprehensión y posterior decomiso, de cara a la multiplicidad de irregularidades encontradas por la autoridad que obra como accionada, dentro de las cuales, y a título de ejemplo, puede mencionarse la no identificación de quien allí obraba como importador, situaciones que no fueron objetadas por el recurrente en su memorial impugnatorio.

De allí que, contrario a lo sostenido por la parte actora, de los sellos y firmas impuestos a la declaración de importación por él recibida de manos de la vendedora del vehículo, no pueda decantarse la existencia de base objetiva de confianza que lleva a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados.

Ahora bien, la Sala expresa que, lejos de tratarse de un documento público, como lo pretende hacer ver el demandante, la declaración de importación no es un documento público, del cual puede predicarse la presunción de autenticidad a que hace referencia el artículo 252 del CPC, pues, como se manifestó en precedencia, su origen se encuentra en la manifestación que para el efecto realiza el importador o declarante, que no disponen de naturaleza pública.

En ese contexto, el cargo se despacha negativamente.

3.2.2.2. Las irregularidades no resultan atribuibles al demandante

La parte accionante sostiene que las inconsistencias contenidas en la declaración de importación presentada por ella para amparar la entrada y permanencia del vehículo FORD, línea 9000, decomisado, no pueden serle endilgadas, habida cuenta de que no disponía de las herramientas para poder establecer su legalidad. Por otro lado, señala que las irregularidades corresponden a un actuar delictivo de miembros de la DIAN.

En este punto, huelga advertir que, lejos de ser un juicio de responsabilidad subjetiva, el procedimiento administrativo que distingue la definición de la situación jurídica de las mercaderías que son importadas al territorio aduanero nacional, pretende fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, por lo que su desatención se materializa sobre los bienes ingresados ilegalmente al país.

Al respecto, el artículo 4º del Decreto 2685 de 1999 consagra:

“La obligación aduanera es de carácter personal, sin perjuicio de que se pueda hacer efectivo su cumplimiento sobre la mercancía, mediante el abandono o el decomiso, con preferencia sobre cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella.” (Negrilla fuera de texto)

No se trata de un trámite administrativo en el que se pretenda establecer el grado de responsabilidad personal en la inobservancia de las cargas aduaneras, pues lo que se indaga es la legalidad de la introducción de las mercaderías a territorio colombiano, con el propósito de evitar conductas que atenten, en principio, contra el comercio nacional.

De lo anterior resulta que, por regla general, y sin importar la imputabilidad de las inconsistencias que puedan evidenciarse en las operaciones de importación, corresponde a la DIAN aprehender y decomisar las mercaderías que no se encuentren amparadas en declaraciones de importación –numeral 1.6, artículo 502 del Decreto 2685 de 1999–, siguiendo para ello las cuerdas procedimentales establecidas en el ordenamiento jurídico.

Pero más allá de lo anterior, la Sala estima, de cara a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, que no asiste razón a la parte demandante, luego de que afirma que la carencia de instrumentos técnicos, le impedía efectuar un análisis exhaustivo de las anomalías de la declaración de consumo 3938 de 2 de diciembre de 1992, serie F0113528, pues lo cierto es que contaba con la posibilidad de corroborar el contenido del documento que amparaba la importación del vehículo a instancias de la propia DIAN, de forma anticipada a la suscripción del contrato de compraventa, razón que dificulta la configuración de la buena fe exenta de culpa que, en definitiva, pregona el accionante.

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido:

“La buena fe exenta de culpa se acredita demostrando no solo la conciencia de haber actuado correctamente sino también la presencia de un comportamiento encaminado a verificar la regularidad de la situación.” (Negrilla fuera de texto)

De conformidad con el aparte jurisprudencial reproducido, esta Judicatura considera que no existe en el plenario medio de convicción que permita establecer que la parte actora, a pesar de las limitaciones instrumentales que dijo padecer, hubiese puesto en marcha conductas tendientes a comprobar la regularidad de la importación del automotor FORD, línea 9000, motivo por el que la buena fe exenta de culpa alegada por el recurrente no podría enervar la legalidad de los actos administrativos demandados, por medio de los cuales se decomisó el tracto–camión de propiedad del actor.

Nótese que no se hace alusión a una carga desmedida, si se toma en cuenta que los tractos negociales requieren de una diligencia calificada por parte de quienes perfeccionan contratos de compraventa de bienes de procedencia extranjera, lo que supone corroborar, a lo menos, en lo que concierne el aspecto aduanero, la debida identidad del importador, exigencia sine qua non para aducir la presunción de buena fe en estas lides, como lo ha podido expresar la Sección Primera del Consejo de Estado, lo que no ocurrió en el asunto de marras:

“La anterior decisión precisa la posición que la Sala había venido adoptando, particularmente en las sentencias de 14 de junio de 2001, exp. núm. 6506; actor, Comercializadora P.S.S.A., Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade; y de 14 de marzo de 2002, exp. núm. 7086, actor, Javier Valencia Hoyos, Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, en el sentido de que la mercancía puede ser decomisada sin que interesen las circunstancias en que la tenga la persona en cuyo poder se encuentre, y, en su lugar, se concluye que sólo procederá el decomiso en la medida en que el propietario de una mercancía de origen extranjero no demuestre mediante medios idóneos la adquisición nacional de la misma y tampoco referencie a los importadores de ella, con lo cual quedaría desvirtuada la presunción de buena fe que ampara la operación negocial correspondiente.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

Ahora bien, la Sala estima pertinente mencionar que la rigurosidad del trámite administrativo de definición de la situación jurídica de las mercaderías incautadas, no supone una desprotección en contra del ciudadano que las tiene en su poder, por cuanto, como de manera reiterada, lo ha manifestado esta Corporación:

“No está demás advertir que la interdicción de que es susceptible toda mercancía extranjera introducida en el territorio nacional, independientemente de quien la tenga y la condición de dicha tenencia, no conlleva desprotección de los tenedores de buena fe de la misma, por cuanto en caso de que sea objeto de decomiso por resultar de contrabando, éstos tienen a su alcance las acciones que prevé la ley contra el vendedor, entre ellas la de repetición, así como las relativas a la protección del consumidor.” (Negrilla fuera de texto)

Por otro lado, y frente al cuestionamiento según el cual las irregularidades de la declaración de importación 3938 de 2 de diciembre de 1992, serie F0113528, deben serle atribuidas a funcionarios de la autoridad demandada, la Sala observa que se trata de una simple afirmación que no cuenta con refrendación probatoria en el plenario, pues, a pesar de que obran medios de convicción que permiten entrever la formulación de denuncias por las inconsistencias encontradas en ese documento, no se cuenta con documentales que acrediten la responsabilidad penal de servidores en particular.
Las consideraciones que preceden redundan en mérito para confirmar el fallo de 21 de agosto de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Casanare.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare con fundamento en los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folios 482-492 cuaderno 2
Folio 1 cuaderno 1. Acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante C.C.A
“Por medio de la cual se decomisa una mercancía”, dictada por el Jefe de la División de Fiscalización de la Administración de Aduanas de Yopal.
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración…”, dictada por la Directora Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Yopal. Folio 154 cuaderno 1. De 1º de diciembre de 2006. Sala Técnica. Folio 154 cuaderno 1. Estos dos municipios ubicados en el Departamento del Casanare. Por parte del conductor del automotor. Declaración de importación para consumo. El accionante manifiesta igualmente que, para el momento de la incautación del automotor de su propiedad, éste desarrollaba un contrato de transporte de productos petrolíferos con la compañía Transportes Líquidos de Colombia. Los beneficios económicos provenientes de la ejecución del referido contrato se constituían en la única fuente de ingresos de la familia del demandante. Por ejemplo, que la impronta del motor había sido regrabada, lo que impedía su identificación. Adujo que desde la incautación del vehículo, trascurrieron 4 meses en los que la entidad demandada no le notificó acto administrativo alguno, lo que motivó al accionante a incoar acción de tutela, en cuya contestación la DIAN manifestó que el acta de aprehensión le había sido notificada por Estado. Se hace referencia al acta de aprehensión. Las denominaciones de los cargos corresponden a aquella ofrecida por el demandante en su libelo introductorio. Folio 176 cuaderno 1. Declaración de importación. Folio 177 cuaderno 1. Nº. D 0195766 de 1º de diciembre de 2006. Folios 212–214 cuaderno 1. Folios 81-8
Folio 227 cuaderno 1. Folio 223 cuaderno 1: “Dentro del proceso de verificación por parte de la DIAN, se establece que el importador señor NELSON BARRETO HERRERA según certificación de la Registradora Estado Civil, no existe información número de cédula 7.424.947 este nombre corresponde EDUARDO JOSÉ GUERRERO VEGA, de lo que se evidencia que la declaración de importación de despacho para consumo aportada para el señor BOTERO es falsa.”
Folio 225 vuelto cuaderno 1. “…el mismo día que se acepta la declaración y el mismo día se autoriza el levante de la respectiva mercancía.”
Nº 3938 de 2 de diciembre de 1992, serie F-0077702. Nº. 042165 de 5 de noviembre de 1992. Folio 418 cuaderno 2. Folios 463-475 cuaderno 2. Folios 365-381. Se desprende de la literalidad del análisis efectuado por el Tribunal Administrativo del Casanare. Folio 470 cuaderno 2. “Así las cosas, no queda más que concluir que de conformidad con la jurisprudencia vertical vigente y dadas las circunstancias especiales bajo estudio, operó la suspensión del término de caducidad hasta el 29 de noviembre de 2011, reanudándose dicho término el día 30 de noviembre de la misma vigencia, por lo que aún le quedaban 10 días para instaurar la demanda, como efectivamente se hizo el 7 de diciembre de 2011.”
Ibídem. Folio 471 cuaderno 2. Folios 482-492 cuaderno 2. Folio 483 cuaderno 2. Folio 4 cuaderno 3. Folios 8-9 Cdno. 2.
“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.”
“Por medio de la cual se decomisa una mercancía”, dictada por el Jefe de la División de Fiscalización de la Administración de Aduanas de Yopal.
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración…”, dictada por la Directora Seccional De Impuestos y Aduanas Nacionales de Yopal. Ley 1564 de 2012. “Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.”
Folio 266 cuaderno 1. Ello, por cuanto se trata de la puesta en marcha de función administrativa. Ver, en ese sentido, la literalidad del artículo 209 de la Constitución Política.
“ARTICULO 504. ACTA DE APREHENSIÓN. El proceso para definir la situación jurídica de mercancías se inicia con el acta de aprehensión. (…) Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el acta de aprehensión es un acto administrativo de trámite y contra él no procede recurso alguno en la vía gubernativa.”
Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 25000-23-41-000-2013-02078-01, Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Sentencia de 16 de julio de 2013. Folios 264–265 cuaderno 2. Calle 21ª Nº. 34ª–41 Barrio Buganviles. Fijado entre los días 26 y 28 de octubre de 2010. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. 2014-01114. 26 de febrero de 2015. Corte Constitucional. C-131 de 2004. M.P: Clara Inés Vargas. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2014-00034-00. 26 de marzo de 2015. C.P: Alberto Yepes Barreiro (E). Corte Constitucional. T-308 de 2011. M.P: Humberto Sierra Porto. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Rad. 22367(AC): 31 de agosto de 2015. C.P: Ramiro de Jesús Pasos Guerrero. Ibídem. Se hace referencia a la base objetiva de confianza legítima.
“Por el cual se revisa parcialmente la legislación aduanera.”
“Decreto 2666 de 1984. Artículo 144. Definición. Se entiende por despacho para consumo el régimen en virtud del cual las mercancías importadas quedan indefinidamente en territorio aduanero colombiano, en libre circulación.”
La Sala se refiere a la declaración de importación. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. 76001-23-31-000-2007-01423-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 8 de marzo de 2018.
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tendrá competencia para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, simultáneamente al desarrollo de las operaciones de comercio exterior, o mediante la fiscalización posterior que se podrá llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, o integralmente, para verificar también el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cambiarias de competencia de la entidad.”
Folio 28 cuaderno 1. Quien según el relato de la demanda es el marido de la señora Gloria Lucía Plazas Parada, vendedora del tracto–camión. Señor Nelson Barreto Herrera. Circunstancias que fueron incluso admitidas por el apelante único, luego de que admite que: “Así las cosas, siendo un hecho que se acepta y que reconocemos que pudo haber ocurrido [la falsedad de la declaración de importación] eso sí, sin ninguna injerencia, participación o responsabilidad de parte de mi representado, es posible o muy seguramente dicho documento adolezca de falsedad.” Folio 486 cuaderno 2. Corte Constitucional. Sentencia C–820 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo. Se recuerda, en este punto que, dentro de las irregularidades, corroboradas por la DIAN para dictar la aprehensión y posterior decomiso del vehículo FORD, de placas TET–205, ésta aquella relativa a la no identificación del importador, como se desprende de la literalidad de la Resolución 622–90007 de 2011, demandada en el asunto de autos: “El Nº. de la cédula del importador no corresponde al nombre que figura en la DECLARACIÓN;

Se desprende a folios (10) consulta del Sistema Operativo de la Policía Nacional y a folio (68) certificación de la Registraduría del Estado Civil, donde certifican dichos organismos que el Nº. de cédula 7.424.947 corresponde a EDUARDO JOSE GUERRERO y según consulta realizada por parte de la Registradora del Estado Civil, con el nombre de NELSON BARRETO HERRERA no se encontró ningún tipo de relación, evidenciándose que el nombre del importador que aparece en la presunta declaración fue suplantado.”
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. 25000-23-24-000-2001-00161-01(8987). C.P. Rafael Ostau de Lafont Pianetta. Actor: FRONTIER DE COLOMBIA S.A. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. 7086. C.P. Manuel S. Urueta Ayola. Sentencia de 14 de marzo de 2002.

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