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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01379-00

Fecha
19 de octubre de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01379-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los Ingenios Providencia S.A, Risaralda S.A, Incauca S.A, Carmelita S.A y Pichichí S.A, quienes actúan por intermedio de sus apoderados judiciales, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en Descongestión y la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01379-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

19 de octubre de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01379-00 y acumulados
Demandantes: INGENIO PROVIDENCIA S.A Y OTROS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01379-00, 11001-03-15-000-2023-01448-00,
11001-03-15-000-2023-01452-00, 11001-03-15-000-2023-01583-00 y
11001-03-15-000-2023-01589-00 (acumulados)
Demandantes: INGENIO PROVIDENCIA S.A, INGENIO RISARALDA S.A,
INGENIO INCAUCA, INGENIO CARMELITA S.A E INGENIO
PICHICHÍ S.A.
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN “C” EN DESCONGESTIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se cuestionan las decisiones
sancionatorias de la Superintendencia de Industria y Comercio en las
que se impuso sanción de multa por incurrir en prácticas restrictivas
de la competencia

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir las acciones de tutela
promovidas por los Ingenios Providencia S.A, Risaralda S.A, Incauca, Carmelita
S.A y Pichichí S.A, por conducto de sus apoderados judiciales, contra el Consejo
de Estado, Sección Primera y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “C” en Descongestión, en las que piden el amparo
constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de
acceso a la administración de justicia, vulnerados, supuestamente, con la
sentencia de 1° de diciembre de 2022, mediante la cual se revocó la decisión de
primera instancia de 12 de diciembre de 2014 que accedió a las pretensiones de la
demanda, y ordenó remitir el expediente al tribunal de origen “para que se
pronuncie respecto de los demás cargos que fueron objeto de demanda”, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovieron contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que
se declarara la nulidad de las resoluciones mediante las cuales les fue impuesta
una multa por incurrir en prácticas restrictivas de la competencia (rad.
25000232400020110017001).

I. ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta que los hechos descritos en los escritos de tutela son
similares y que las decisiones motivo de reproche constitucional son las mismas,
la Sala efectuará un solo relato de la situación fáctica que motivó la presentación
de las acciones de tutela.

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1. Hechos

Los ingenios accionantes manifestaron que mediante Resolución No. 6981 de 9 de
marzo de 2007, el Superintendente Delegado para la Promoción de la
Competencia abrió investigación para determinar si trece ingenios azucareros,
"(...) incurrieron en conductas contrarias a la libre competencia, entre mayo de
2005 y febrero de 2007 en el mercado de compra de caña de azúcar como materia
prima", investigación que, señalaron, se abrió para determinar si los ingenios
azucareros incurrieron en las conductas descritas en las siguientes normas:

“(i) Artículo 1 de la Ley 155 de 1959, modificado por el artículo 1 del Decreto 3307 de
1963: Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente
tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de
materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en
general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre
competencia y a mantener o determinar precios inequitativos.

(ii) Numeral 1º y 5º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1.992:

Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente
Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes
acuerdos:

1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de
precios (...)
5. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación, repartición o
limitación de fuentes de abastecimiento de insumos productivos”.

Adujeron que en la mencionada resolución la imputación fáctica realizada por la
Superintendencia de Industria y Comercio indicaba que los ingenios lncauca,
Providencia, Manuelita, Mayagüez, Pichichí y La Cabaña pagaban a los
productores de caña una suma fija equivalente a 58 kilos de azúcar por tonelada
de caña, mientras que los ingenios Riopaila Castilla, Risaralda, San Carlos y
Carmelita pagaban a los productores de caña una suma variable de acuerdo con
el rendimiento de la caña de azúcar, es decir, que existía un supuesto acuerdo de
precios para la adquisición de la caña “e hizo referencia solamente al precio de los
contratos de compraventa de caña, también denominados "caña en la mata”.

Indicaron que en el trámite de la investigación presentaron descargos, solicitaron y
aportaron pruebas para desvirtuar las imputaciones puntuales realizadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio, y solicitaron la práctica de varios
testimonios, todos ellos encaminados a desmentir que pagaban a sus proveedores
un precio fijo de 58 kilos por tonelada de caña.

Sostuvieron que el 13 de noviembre de 2009, el Superintendente Delegado para la
Promoción de la Competencia presentó el “Informe Motivado”, documento en el
que se recomendó sancionar a los 13 ingenios, pero ya no por establecer un
precio fijo de 58 kilos por tonelada de caña, “sino porque supuestamente se había
fijado un tope máximo tanto en los contratos de compraventa, como en los
contratos de cuentas en participación suscritos con los proveedores”, de la
siguiente manera:

“La Delegatura analizó las bases de datos de proveedores (terceros) con contratos
vigentes en 2007, en los cuales se paga o bien una suma fija de kilos de azúcar por
tonelada de caña o bien en función del rendimiento de la caña, requeridas por esta
Superintendencia a los investigados, encontrando, como se muestra a continuación,
que los valores de referencia de 58 kg o 50% del rendimiento (en compraventa) y
de 25 kg (en cuentas en participación) operan como cotas máximas. En contados

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contratos se pactan precios superiores”. (Subrayado y resaltado por fuera del texto
original)

Refirieron que a través del Informe Motivado la Superintendencia de Industria y
Comercio no solamente modificó la imputación en relación con el precio de los
contratos de compraventa, sino que además incluyó también los contratos de
cuentas en participación, respecto de los cuales no se hizo mención en la apertura
de la investigación y no tuvieron la oportunidad de pronunciarse para ejercer su
derecho de defensa y contradicción.

Afirmaron que esa variación “sustancial, arbitraria e ilegal de la imputación fáctica”
dio lugar a que mediante la Resolución No. 6839 de 9 de febrero de 2010, la
Superintendencia de Industria y Comercio los sancionara por supuestas
infracciones del artículo 1º de la Ley 155 de 1959 y el numeral 1º del artículo 47
del Decreto 2153 de 1992, por supuestamente haber incurrido en un acuerdo para
la fijación de los precios de la caña de azúcar, imponiéndoles una sanción
económica por $1.030.000.000 a cada uno.

Manifestaron que, comparando la Resolución No. 6981 de 9 de marzo de 2007
(apertura de la investigación), el Informe Motivado y la Resolución No. 6839 de 9
de febrero de 2010, se evidencia “una clara variación sustancial, arbitraria e ilegal,
como aparece a continuación:

Investigación Informe Motivado Resolución - Sanción

Los ingenios Incauca, (…) que los valores de (…) en los cuales se paga o
Providencia, Manuelita, referencia de 58 kilos o 50% del bien una suma fija de kilos de
Mayagüez, Pichichí, y Cabaña rendimiento (en compraventa) y azúcar por tonelada de caña o
pagan a los productores de de 25 kilos (en cuentas en bien en función del rendimiento
caña una suma fija equivalente participación) operan como de la caña o ambas, permite
a 58 kilos de azúcar por cotas máximas. concluir que para un grupo de
tonelada de caña. ingenios los valores de
referencia de 58 kilos o 50% del
rendimiento (en compraventa) y
de 25 kilos (en cuentas en
participación) operan como
cotas máximas.

Indicaron que ese cambio de imputación impidió que ejercieran un derecho de
defensa efectivo, puesto que no solicitaron ni aportaron pruebas tendientes a
desvirtuar la imputación consistente en la existencia de las llamadas "cotas
máximas", ni tampoco pudieron pronunciarse en relación con los contratos de
cuentas en participación.

Narraron que el 26 de febrero de 2010 presentaron en la vía administrativa recurso
de reposición contra la Resolución No. 6839 de 9 de febrero de 2010, y que
mediante Resolución No. 42411 de 13 de agosto de 2010 la Superintendencia de
Industria y Comercio resolvió confirmar la resolución impugnada.

Sostuvieron que, con base en lo anterior, presentaron demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho contra las Resoluciones No. 6839 de 9 de febrero de
2010 y No. 42411 de 13 de agosto de 2010, en las que argumentaron, entre otros,
que debía declararse la nulidad de los actos administrativos demandados porque
la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el principio de
congruencia y el derecho al debido proceso. Agregaron que las demandas fueron
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acumuladas y correspondieron por reparto a la Sección Primera, Subsección “C”
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Adujeron que en la demanda indicaron que la Superintendencia de Industria y
Comercio también violó el derecho al debido proceso al allegar al expediente, “de
manera extemporánea e ilegal”, el documento denominado acta de acuerdo del
año 1992, determinante en la sanción.

Señalaron que, en primera instancia, la Sección Primera, Subsección “C” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en descongestión, por medio de
sentencia de 12 de diciembre de 2014, resolvió lo siguiente:

“PRIMERO.- DECLÁRESE la nulidad parcial de los artículos primero y segundo de la
Resolución No. 6839 del 09 de febrero de 2010, por medio de los cuales la
Superintendencia de Industria y Comercio declaró que las empresas Ingenio
Providencia S.A., Ingenio Carmelita S.A., Ingenio del Cauca S.A., Ingenio Pichichí S.A.,
Ingenio Risaralda S.A. y Mayagüez S.A. infringieron el artículo 1 de la Ley 155 de 1959
y el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 y les impuso sanción
pecuniaria. Igualmente, DECLÁRESE la nulidad parcial del artículo primero de la
Resolución No. 42411 del 13 de agosto de 2010, en cuanto confirmó los artículos
primero y segundo de la Resolución No. 6839 del 09 de febrero de 2010.

SEGUNDO.- DECLÁRESE la nulidad parcial de los artículos quinto y sexto de la
Resolución No. 6839 del 09 de febrero de 2010, por medio de los cuales la
Superintendencia de Industria y Comercio declaró que los señores Cesar Augusto
Arango lsaza y Mauricio lragorri Rizo infringieron el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y
el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. De igual forma DECLÁRESE la
nulidad parcial del artículo primero de la Resolución No. 42411 del 13 de agosto de
2010, por cuanto confirmó los artículos quinto y sexto de la Resolución No. 6839 del 09
de febrero de 2010”.

Adujeron que en la parte considerativa de la precitada sentencia, el Tribunal indicó
que, efectivamente, existió una violación del derecho al debido proceso porque en
la apertura de la investigación, la Superintendencia de Industria y Comercio
formuló cargos por la violación de dos normas -el artículo 1º de la Ley 155 de 1959
y el numeral 1º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992-; sin embargo, en la
resolución que impuso la sanción argumentó y motivó una infracción al numeral 1º
del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, sin mencionar la supuesta violación del
artículo 1º de la Ley 155 de 1959.

Expresaron que en la sentencia también se anotó que la formulación de cargos
estuvo incorrectamente realizada porque desde la apertura de la investigación las
sociedades investigadas no podían conocer cuál de las disposiciones normativas
señaladas era la aplicable al supuesto incumplimiento en que habían incurrido, lo
que impidió que durante todo el trámite del procedimiento administrativo
sancionatorio pudieran ejercer adecuadamente su derecho de defensa y
contradicción.

Refirieron que la Superintendencia de Industria y Comercio presentó recurso de
apelación contra la sentencia de 12 de diciembre de 2014, el cual correspondió a
la Sección Primera del Consejo de Estado que, en sentencia de 1º de diciembre
de 2022, revocó la decisión impugnada respecto del cargo analizado y ordenó
remitir el expediente al juez de primera instancia, en los siguientes términos:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada de 12 de diciembre de 2014, proferida por
la Sección Primera, Subsección "C", En Descongestión, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por cuanto no prospera el cargo de desconocimiento de las garantías
constitucionales del debido proceso en concordancia con el derecho de contradicción y

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el principio de tipicidad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se dispone: REMITIR el expediente al
Tribunal de origen para que se pronuncie respecto de los demás cargos que fueron
objeto de demanda y registre proyecto dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la
recepción del expediente, en los términos del artículo 211 del CCA”.

Afirmaron que la Sección Primera del Consejo de Estado consideró que tanto en la
resolución de apertura de la investigación como en la resolución expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio en la que se impuso la sanción, esta
última entidad hizo referencia a la prohibición general establecida en el artículo 1º
de la Ley 155 de 1959, por lo que, a su juicio, existió congruencia en el
procedimiento administrativo sancionatorio, “en tanto que ambos actos
administrativos coinciden en establecer que dicha conducta consiste en que los
Ingenios investigados en mención infringieron la prohibición general, prevista en el
artículo 1° de la Ley 155, y el numeral 1°del artículo 47 del Decreto 2153, por
haber incurrido en un acuerdo para la fijación de los precios pagados por la caña
de azúcar, destinada a la producción de azúcar, como para la producción de
alcohol carburante”.

Finalmente, señalaron que, de otra parte, la Sección Primera del Consejo de
Estado precisó que la imputación realizada en la apertura de la investigación
correspondió a una única conducta (celebrar acuerdos contrarios a la libre
competencia) y no a dos infracciones, como lo indicó la sentencia de 12 de
diciembre de 2014 emanada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “C” en descongestión, esto es, (i) acuerdos para
obtener precios inequitativos y (ii) acuerdos para fijar directa o indirectamente un
precio.

2. Fundamentos de la acción

Los Ingenios Providencia S.A, Risaralda S.A, Incauca, Carmelita S.A y Pichichí
S.A, por conducto de sus apoderados judiciales, presentaron demandas de tutela
con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de
defensa y de acceso a la administración de justicia, vulnerados, supuestamente,
con la sentencia de 1° de diciembre de 2022, por medio de la cual la Sección
Primera del Consejo de Estado revocó la decisión de 12 de diciembre de 2014, en
la que el juzgador de primera instancia había accedido a las pretensiones respecto
del cargo analizado, y ordenó remitir el expediente al tribunal de origen “para que
se pronuncie respecto de los demás cargos que fueron objeto de demanda”, en
el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovieron contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que
se declarara la nulidad de las resoluciones mediante las cuales les fue impuesta
una sanción de multa por incurrir en prácticas restrictivas de la competencia.

2.1. Expediente 2023-01379-00 (Ingenio Providencia S.A)

En primer lugar, el apoderado de la sociedad demandante sostuvo que la solicitud
cumple con los requisitos de procedibilidad, de los que resaltó que se cumple con
el de subsidiariedad, en tanto, refirió, “no existe ningún recurso adicional (ordinario
o extraordinario) que pueda interponer INGENIO PROVIDENCIA para poner de
presente que: (i) no se ha estudiado el cargo de violación al debido proceso y el
principio de congruencia que en su demanda formuló; (ii) por lo tanto, la Sección
Primera del Consejo de Estado no podía limitar o restringir la competencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para estudiar el cargo de violación del
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debido proceso. Igualmente, como fue detallado en los hechos de la presente
acción de tutela, el expediente del proceso ya fue remitido al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el mismo ingresó al Despacho para que se
profiera la nueva sentencia del proceso con las limitaciones expuestas por la
sentencia del 1º de diciembre de 2022, por lo que tampoco existe, en primera
instancia, ningún recurso o mecanismo judicial para lograr la protección de los
derechos fundamentales de INGENIO PROVIDENCIA”.

De otra parte, señaló que la providencia objetada incurre en los defectos (i)
decisión sin motivación; (ii) violación directa de la Constitución y (iii) defecto
sustantivo o material, los cuales sustentó así:

En relación con la decisión sin motivación, sostuvo que la sentencia de 1º de
diciembre de 2022 se limitó exclusivamente a analizar la ratio decidendi y los
obiter dicta de la decisión de primera instancia y a determinar que existió una
congruencia normativa entre la resolución de apertura de la investigación frente al
acto administrativo que impuso la sanción de multa, por lo que se limitó a rebatir
los argumentos del tribunal y a establecer que sí existía armonía entre las normas
supuestamente violadas e indicadas en la formulación de la imputación y las
normas estudiadas y consideradas como infringidas.

Sostuvo que, en ese sentido, la sentencia de 1º de diciembre de 2022 no realizó
una valoración detallada y juiciosa de los fundamentos de hecho presentados por
el Ingenio Providencia en su demanda, que sustentaban el cargo de violación al
debido proceso por incongruencia entre las conductas atribuidas en la resolución
de apertura de la investigación y las conductas que finalmente fueron reprochadas
en la resolución que le impuso la sanción.

Agregó que la imputación fáctica y la imputación jurídica son dos conceptos
totalmente diferentes y autónomos, pues el primero corresponde a la conducta
(acciones u omisiones) que se le atribuyen al sujeto investigado y el segundo a la
aplicación de una norma jurídica que imponía un mandato o criterio de
comportamiento y que ha sido supuestamente desconocido por el sujeto
investigado.

Indicó que, en ese sentido, es imposible afirmar que las sentencias del 12 de
diciembre de 2014 y del 1º de diciembre de 2022 ya se pronunciaron sobre el
cargo de violación al debido proceso, “puesto que, a la fecha las autoridades
judiciales no han hecho mención alguna a los hechos, pretensiones, cargos
formulados y pruebas presentadas en la demanda de INGENIO PROVIDENCIA y
que se referían a una variación o alteración ilegal y arbitraria de la imputación
fáctica (no jurídica) indicada en la apertura de la investigación frente a las
conductas endilgadas en la resolución que impuso la sanción”.

Respecto de la violación directa de la Constitución indicó que en el caso se
configura un desconocimiento al derecho de acceso efectivo a la administración de
justicia y a que se resuelvan de fondo las peticiones presentadas ante los
funcionarios judiciales, pues, sostuvo, “la sentencia de 1º de diciembre de 2022
inadvertidamente vetó cualquier posibilidad de que el juez de primera instancia
resuelva la falta de congruencia fáctica planteada por INGENIO PROVIDENCIA;
pues le prohibió manifestarse sobre el cargo de violación al debido proceso y limitó
su competencia exclusivamente a los demás cargos propuestos”.

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En lo atinente al defecto sustantivo manifestó que en el caso se omitió aplicar el
artículo 305 del Código de Procedimiento Civil que ordena que las sentencias
sean coherentes con los hechos y pretensiones expuestos en la respectiva
demanda, norma que era totalmente aplicable al caso, debido a la remisión
expresa a ese código que se encuentra en el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo y habida cuenta que esta última norma no establece nada en
relación con el contenido de las sentencias, “por lo que, tanto las sentencias del 12
de diciembre de 2014 como la del 1º de diciembre de 2022 debían realizar una
verificación de que las decisiones estuvieran acorde con lo pedido, los hechos
presentados y probados, y finalmente, las pruebas aportadas y practicadas”.

Sostuvo que, de haberse aplicado esta norma, no se habría dejado de lado el
cargo de violación al debido proceso por incongruencia fáctica tantas veces
alegado por Ingenio Providencia “y, seguramente, el fallo de segunda instancia
habría sido otro”.

Adujo que a partir de los argumentos en los que se sustentó la decisión de la
Sección Primera del Consejo de Estado, los fundamentos de hecho de los cargos
formulados en la demanda del Ingenio Providencia no han sido valorados ni
estudiados por ninguna autoridad judicial, “puesto que la sentencia del 1º de
diciembre de 2022, de forma inadvertida, indicó que no prosperaban los cargos de
violación al debido proceso, derecho de contradicción y principio de tipicidad y
ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que estudiara exclusivamente
los demás cargos de la demanda”.

Por último, indicó que al tener por negada la violación a las garantías
fundamentales al debido proceso y ordenarle al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” fallar los demás cargos, se
generó “una violación a los derechos fundamentales del INGENIO PROVIDENCIA;
dado que, ni en primera o segunda instancia se han estudiado puntualmente las
pretensiones y cargos presentados por la Accionante y que se refieren a la
congruencia fáctica y la alteración arbitraria e ilegal de los hechos contenidos en la
Resolución de Apertura de la Investigación y la Resolución – Sanción”.

2.2. Expedientes 2023-01448-00 y 2023-01452-00 (Ingenios Risaralda S.A. y
del Cauca SAS)

Los Ingenios Risaralda S.A. y del Cauca SAS, quienes actúan por conducto de
apoderado judicial, sostuvieron que en la sentencia de 12 de julio de 2012 el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, solo
tuvo en cuenta los argumentos esgrimidos por los otros accionantes, de
conformidad con los cuales la resolución atacada habría quebrantado el principio
de congruencia debido a que en el curso de la investigación se habría modificado
la imputación jurídica con base en la cual se abrió la investigación, aun cuando,
aducen, a diferencia de los otros demandantes, esos ingenios alegaron como
fundamento de la violación del principio de congruencia, no la modificación de la
imputación jurídica que realizó la autoridad, sino la modificación de los hechos
imputados.

Afirmaron que, en ese sentido, en su fallo el tribunal no tuvo en cuenta ninguno de
los cargos y argumentos que formularon (modificación de los hechos), sino que
solo consideró aquellos esgrimidos por los otros ingenios (modificación de la
imputación jurídica), por lo que, declararon, a la fecha ninguna autoridad judicial
ha tenido en cuenta ni se ha pronunciado sobre sus argumentos de defensa.

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Sobre el particular, explicaron que, cerrada la etapa de pruebas, la Delegatura
para la Promoción de la Competencia de la Superintendencia de Industria y
Comercio expidió el Informe Motivado y modificó los hechos imputados, pues en
ese documento acusó a Incauca ya no de celebrar un acuerdo para fijar un precio
único de 58 kilos de azúcar por tonelada de caña, sino que el acuerdo, según la
entidad, tuvo ahora como propósito fijar un precio techo de 58 kilos por tonelada
de caña.

Señalaron que la modificación de los hechos también se dio respecto del cargo
relacionado con el precio de compra de la caña destinada a la producción de
alcohol carburante, frente al que la Superintendencia de Industria y Comercio
modificó los hechos imputados originalmente y procedió a acusarlos, “ya no de
haber celebrado, con los demás ingenios, acuerdos tendientes a “aplicar”, sino a
“ofrecer” las formas para liquidar la caña”.

Conforme con lo anterior y luego de hacer referencia al cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvieron que, a su juicio, las sentencias objetadas incurren en i)
defecto sustantivo, por desconocer lo dispuesto en los artículos 280 y 281 del
Código General del Proceso, conforme con los cuales la sentencia “deberá
contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la
demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y
perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que
corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código”, y deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las
demás oportunidades contempladas en la ley.

Adujeron que, en línea con lo anterior, el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 -
CPACA-, es claro en ordenar que en la sentencia se debe exponer un resumen de
la demanda y de su contestación, así como un “análisis crítico de las pruebas y de
los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios
para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y
citando los textos legales que se apliquen”.

Concluyó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron esas
disposiciones al no estudiar ni decidir ninguno de los argumentos que conformaron
su defensa, ni tuvieron en cuenta los hechos de la demanda relativos a la violación
del principio de congruencia, en tanto “se limitaron a estudiar los argumentos y
cargos de otros demandantes”.

Como segundo reparo, sostuvieron que las sentencias objeto de tutela incurren en
ii) violación directa de la Constitución, porque en el caso se violaron los
derechos a la defensa y al acceso a la administración de justicia, así como el
debido proceso, “toda vez que ni el juez de primera ni el de segunda instancia se
pronunciaron acerca de ninguno de los argumentos que fueron formulados por el
demandante, en especial, aquellos relacionados con el desconocimiento del
principio de congruencia entre los hechos imputados y los que sirvieron de
fundamento para sancionarla (violación del derecho de defensa)”.

Finalmente, señalaron que prevén que cuando el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca expida el fallo que ordenó la Sección Primera del Consejo de
Estado, “tampoco considerará ni resolverá los argumentos de mi mandante, en
relación con la violación del principio de congruencia, toda vez que el Máximo
Tribunal de lo Contencioso Administrativo expresamente ordenó al Tribunal
resolver los demás cargos diferentes al de la congruencia”.
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2.4. Expedientes 2023-01583-00 y 2023-01589-00 (Ingenios Carmelita S.A. y
Pichichí S.A)

Los Ingenios Carmelita S.A y Pichichí S.A, quienes actúan por intermedio de
apoderado judicial, presentaron acción de tutela únicamente contra la sentencia de
1º de diciembre de 2022, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
en tanto, manifestaron, dicha determinación desechó el control de legalidad
efectuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “C” en la sentencia de primera instancia, y socavó los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, “al
haber convalidado la legalidad de las sanciones que la SUPERINTENDENCIA le
impuso a mi mandante, todas las cuales surgieron de una Investigación
Administrativa en la que (i) se realizó una imputación de cargos deficiente e
incompleta de forma tal que CARMELITA [y Pichichí] no conoció sobre qué debía
defenderse en la investigación; (ii) se le imputó cargos al INGENIO por haber
transgredido la prohibición general del artículo 1 de la Ley 155 de 1997, pero ni
siquiera le especificó sobre cuál o cuáles de las tres conductas que se restringen
en tal precepto, versaba la investigación; (iii) se emitieron sanciones al INGENIO
con base en una disposición normativa (artículo 1 de la Ley 155 de 1959) que no
fue analizada y sobre la cual ni siquiera se realizó el ejercicio de adecuación típica
para derribar la presunción de inocencia del INGENIO y (iii) las sanciones
impuestas no guardan correspondencia o correlación con los cargos imputados en
el Pliego de Cargos dado que se terminó endilgando responsabilidad al INGENIO
por supuestos normativos y fácticos que no fueron desarrollados en la imputación”.

En su criterio, el fallo objetado incurre en i) defecto sustantivo, por haber
concluido sin la debida sustentación que la imputación realizada por la
Superintendencia de Industria y Comercio garantizó el derecho de defensa en el
marco de la investigación que terminó con la sanción que se le impuso. Sobre el
particular, señaló que más allá de la manifestación de la demandada sobre que en
la investigación administrativa “siempre hubo claridad en cuanto a la conducta y
normas infringidas desde el auto de apertura”, en todo el texto de la sentencia de
segunda instancia “no se encuentra una sola razón que desdiga la conclusión del
ad quem, la cual -por el contrario- sí fue debidamente sustentada”.

Adujeron que a pesar de que en la sentencia de segunda instancia se analizó la
aplicación del principio de congruencia en la actuación administrativa, “por más de
que el anterior principio y el requisito de una imputación válida devengan del
mismo derecho (el del debido proceso), lo cierto es que con dicho análisis el Ad
quem no estudió en lo más mínimo el problema jurídico encomendado, esto es: si
la formulación de cargos se había realizado acorde al debido proceso”.

De otra parte, sostuvieron que la providencia de 1º de diciembre de 2022 incurre
en ii) defecto fáctico, “en tanto que se valoró de forma indebida y arbitraria
pruebas esenciales del proceso como lo fueron el Pliego de Cargos y la
Resolución Sancionatoria”, y por cuanto, a su juicio, en el caso se omitió valorar
todas las pruebas que demostraban que la formulación de cargos que realizó la
Superintendencia de Industria y Comercio fue confusa e incompleta, lo que le
impidió a los ingenios conocer los cargos sobre los que debía defenderse.

Indicaron que en el fallo proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado
se omitió revisar que la imputación realizada por la Superintendencia de Industria
y Comercio resultó insuficiente para efectos de garantizar su derecho de
contradicción, puesto que en esta no se les explicaron todos los elementos que

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conformaban la imputación jurídica respecto de la presunta infracción a lo
establecido en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.

Afirmaron que existen tres tipos de conductas que prohíbe el mencionado artículo
1º de la Ley 155 de 1959, estos es, (i) los acuerdos o convenios que directa o
indirectamente tengan por objeto limitar alguno de los eslabones del mercado, (ii)
toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre
competencia, y (iii) toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes
a mantener o determinar precios inequitativos, caso en el cual la referida
Superintendencia debe precisar en qué consistió esa práctica, procedimiento o
sistema y cómo la misma condujo al mantenimiento o a la determinación de
precios inequitativos, por lo que, en su criterio, la forma como en el pliego de
cargos se imputó la infracción a la prohibición general es imprecisa y no le permitió
a esos ingenios conocer sobre qué debían defenderse.

Refirieron que sin perjuicio de lo errada que resulta ser la teoría desarrollada en la
sentencia objetada respecto de la imputación de la Superintendencia de Industria
y Comercio, tal desarrollo de la prohibición general solo se presentó en la
resolución sancionatoria, momento para el cual había fenecido toda posibilidad de
que pudieran ejercer su derecho de contradicción y defensa.

Realizaron un comparativo entre la imputación personal, la imputación fáctica y la
imputación jurídica, para concluir que el haber imputado de manera genérica la
infracción al artículo 1 de la Ley 155 de 1959, “sin detenerse a precisar en cuál de
las conductas prohibidas por esa norma habían incurrido los ingenios”, condujo a
la Superintendencia de Industria y Comercio a incurrir en una violación al debido
proceso y al derecho de defensa al sancionar por un tipo administrativo frente al
cual no desplegó ninguna consideración, análisis, ni demostración de su
ocurrencia.

Agregaron que el defecto fáctico también se configura en tanto, antes que realizar
un control de legalidad pleno y judicial de legalidad sobre los actos demandados,
la autoridad judicial demandada “terminó por hacer un ejercicio de citación y
parafraseo de los mismos, replicando y adhiriéndose a rajatabla a las
manifestaciones que la Superintendencia hacía en tales actos sin analizar la
legalidad y veracidad de los mismos”, para lo cual hicieron unos cuadros
comparativos en los que evidencia supuestos errores frente a (i) la forma cómo se
decidió la indebida formulación de cargos surtida en el pliego de cargos; (ii) el
hecho de que en el pliego de cargos la Superintendencia de Industria y Comercio
formuló cargos con base en dos preceptos normativos sobre los cuales no explicó
de forma suficiente el porqué de su imputación; (iii) el hecho de que la deficiente
formulación de cargos le impidió al ingenio ejercer su derecho de defensa y (iv) la
falta de congruencia entre el pliego de cargos y la resolución sancionatoria.

De otra parte, señalaron que la sentencia objetada incurre en iii) violación directa
de la Constitución, por permitir emitir sanciones sin realizar el juicio de tipicidad,
en tanto prohijó la doctrina de la Superintendencia de Industria y Comercio, según
la cual cuando se incurra en un acuerdo anticompetitivo automáticamente también
se genera la transgresión de las conductas previstas en el artículo 1 de la Ley 155
de 1959, y añadió que “Inclusive, el Ad quem fue más allá de lo anterior y aseveró
que en estos casos lo que ocurre es que se está en presencia de “(…) una única
conducta (…)” que es objeto de doble reproche (una vez por infringir las conductas
del artículo 1 ibíd., y otra vez por ir en contra de las conductas del artículo 47 del
Decreto 2153 de 1992)”.

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Señalaron que en el caso se está ante una “vía de hecho” por la falta de
valoración de las pruebas que demostraban la falta de congruencia entre los
cargos y las sanciones impuestas, pues, sostuvieron, más allá de que en la
sentencia que originó la presente acción se concluyó que en la investigación
administrativa “(…) existió congruencia entre la resolución de apertura de
investigación y la que impuso la sanción (…), lo cierto es que tal aseveración no
se apoyó en un análisis probatorio de los cargos imputados en el Pliego de Cargos
ni mucho menos de los fundamentos que tuvo la SIC para sancionar al INGENIO”.

Luego de hacer un cuadro comparativo entre el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y
el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, relativos, en su orden, a la
prohibición general de celebrar acuerdos o convenios que directa o indirectamente
tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de
materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y a
los acuerdos contrarios a la libre competencia, indicó que fue el mismo legislador
quien expresamente estipuló que cada una de las normas restringe conductas
diferentes, por lo que “lo que la entidad accionada debió haber realizado fue
verificar si frente a cada una de las mencionadas normas las SIC sí había
realizado o no ese ejercicio de tipificación entre la conducta reprochada al Ingenio
(acuerdo de fijación de precios para compra de caña de azúcar) y alguno
cualquiera de los supuestos de hechos previstos”, en ese marco normativo.

Finalmente, adujeron que en la sentencia objetada no se cumplió con el deber de
efectuar el control judicial pleno e integral de las resoluciones demandadas frente
a los puntos que fueron decididos en primera instancia, pues en esta i) se omitió
resolver sobre todos los puntos que estaban a su cargo, “por ejemplo, no se
realizó el debido control sobre la imputación realizada en el Pliego de Cargos;
tampoco se surtió el examen comparativo que exige la misma jurisprudencia del
Consejo de Estado para verificar la falta de congruencia entre este último y la
Resolución Sancionatoria”, y ii) se realizó un análisis deficiente y arbitrario de las
pruebas, en tanto “se acogieron varias consideraciones que la SIC expresó en la
Resolución Sancionatoria, como si se trataran de verdades absolutas, omitiendo el
deber de analizar si tales consideraciones estaban o no sustentadas en la ley”.

3. Pretensiones

En los escritos de tutela se formulan las siguientes:

3.1. Expediente 2023-01379-00 (Ingenio Providencia S.A):

“2.1. Declarar que la Sección Primera del Consejo de Estado y la Subsección C de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconocieron los
derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y al acceso a la administración de
justicia de la sociedad INGENIO PROVIDENCIA S.A.

2.2. Amparar los derechos fundamentales de INGENIO PROVIDENCIA S.A. al debido
proceso, la defensa y al acceso a la administración de justicia de la accionante.

2.3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar que la Sección Primera, Subsección C
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceder a resolver todos los cargos
formulados por INGENIO PROVIDENCIA en la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra las Resoluciones No. 6839 del 9 de febrero de 2010 y No. 42411 del
13 de agosto de 2010 incluyendo el cargo por violación del principio de congruencia y
debido proceso”.

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3.2. Expedientes 2023-01448-00 y 2023-01452-00 (Ingenios Risaralda S.A. y
del Cauca SAS):
“PRIMERO. Que se DECLARE que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y al acceso a la
administración de justicia de INGENIO RISARALDA S.A [e INGENIO DEL CAUCA
S.A.S].

SEGUNDO. Que, en consecuencia, se PROTEJAN los derechos fundamentales al
debido proceso, la defensa y al acceso a la administración de justicia de la accionante.

TERCERO. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al CONSEJO DE
ESTADO que MODIFIQUE la sentencia del primero (1) de diciembre del año 2022,
proferida por el CONSEJO DE ESTADO -Sección Primera- y, que en consecuencia,
disponga que el expediente sea devuelto al TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DE
CUNDINAMARCA para que esta última corporación decida de fondo sobre TODOS los
cargos y argumentos que fueron esbozados por IRISA, de manera precisa, concreta e
individualizada, lo que debe incluir el cargo y argumento de la violación al principio de
congruencia plasmado en el escrito de demanda respecto de los hechos imputados a
mi poderdante por la SIC.

CUARTA. Como consecuencia de lo anterior, que se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINSITRATIVO DE CUNDINAMARCA acatar la decisión que expida el CONSEJO
DE ESTADO en los términos solicitados en la anterior pretensión, en el plazo máximo
contemplado en el artículo 211 del CCA.”.

3.3. Expedientes 2023-01583-00 y 2023-01589-00 (Ingenios Carmelita S.A. y
Pichichí S.A):

“7.1. Respetuosamente solicito a la Sección del Consejo de Estado competente de esta
acción, tutelar los derechos fundamentales del INGENIO al debido proceso, el derecho
de contradicción y defensa, el acceso a la administración de justicia y la tutela efectiva,
vulnerados por las vías de hecho en que incurrió la Sección Primera del Consejo de
Estado con ocasión de la sentencia proferida el 1 de diciembre de 2022 en el proceso
identificado con el número de radicación 25000-23-24-000-2011-00170-01
(Acumulados).

7.2. Que como consecuencia de lo anterior, y solamente en lo relacionado con el
INGENIO CARMELITA [Y PICHICHI S.A.]:

7.2.1. Se declare la nulidad parcial del inciso PRIMERO de la sentencia proferida el 1
de diciembre de 2022 por la Sección Primera del Consejo de Estado en el marco del
proceso identificado con el número de radicación 25000-23-24-000- 2011-00170-01
(Acumulados), de manera tal que frente al mencionado INGENIO se mantengan los
mismos efectos que emanaban de la sentencia proferida en la primera instancia del
referido proceso judicial, antes de esta fuera revocada.

7.2.2. Se declare la nulidad parcial del inciso SEGUNDO de la sentencia proferida el
1 de diciembre de 2022 por la Sección Primera del Consejo de Estado en el marco del
proceso identificado con el número de radicación 25000-23-24-000-2011-00170-01
(Acumulados), y se le ordene al Tribunal de la primera instancia que se abstenga de
emitir un nuevo pronunciamiento frente a los cargos formulados por INGENIO
CARMELITA S.A [e INGENIO PICHICHI S.A].

7.3. En subsidio de las peticiones 7.2, 7.2.1 y 7.2.2 anteriores, solicito que se le
ordene a la Corporación competente de la segunda instancia del proceso identificado
con el número de radicación 25000-23-24-000- 2011-00170-01 (Acumulados) a que,
solamente en lo relacionado con el INGENIO CARMELITA S.A. [e INGENIO PICHICHI
S.A], dicte sentencia que sustituya todas las decisiones que se hayan adoptado en el
fallo de apelación proferido el 1 de diciembre de 2022 en el proceso en mención,
sentencia sustitutiva en la cual la entidad requerida deberá respetar todos los derechos
fundamentales del mencionado ingenio.

7.4. Que adopte cualquier otra medida que considere necesaria para proteger los
derechos fundamentales vulnerados a INGENIO CARMELITA S.A. [e INGENIO
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Demandantes: INGENIO PROVIDENCIA S.A Y OTROS

PICHICHI S.A] con la sentencia proferida el 1 de diciembre de 2022 por la Sección
Primera del Consejo de Estado en el marco del proceso identificado con el número de
radicación 25000-23-24-000- 2011-00170-01 (Acumulados)”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia del expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado con el Nº 25000-23-24-000-2011-00170-01 (y acumulados),
demandantes: Ingenios Providencia S.A., Pichichí S.A., Carmelita S.A., del Cauca
S.A., Risaralda S.A, Mayagüez S.A., y los señores César Augusto Arango Isaza y
Mauricio Iragorri Rizo.

5. Trámite procesal

5.1. Por auto de 24 de marzo de 2023, el despacho admitió la demanda de tutela
con radicado No. 2023-01379-00 interpuesta por el Ingenio Providencia S.A. En la
misma decisión se ordenó notificar a la sociedad accionante, a las autoridades
judiciales accionadas, a la Superintendencia de Industria y Comercio, así como al
resto de demandantes en el proceso que originó la controversia y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el
resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas
Nos. 28989 a 28992 y 29013 a 29015, todas de 30 de marzo de 2023, con el fin de
notificar a las partes1.

5.2. Encontrándose el expediente para proferir sentencia de primera instancia,
mediante auto de 27 de marzo de 2023 ingresó al despacho el expediente 2023-
01448-00, en el que actúa como accionante el Ingenio Risaralda S.A, proveniente
del despacho de la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello, con el fin de que
se estudiara la posibilidad de acumularlo al expediente 2023-01379-00. En
proveído de 12 de mayo de 2023 se ordenó acumular el expediente 2023-01448-
00 al expediente de tutela con radicado 2023-01379-002, se admitió la tutela
acumulada y se ordenó notificar a los accionantes, a las autoridades judiciales
accionadas, así como a los terceros con interés y a la Agencia de Defensa
Jurídica del Estado.

El auto de 12 de mayo de 2023 fue objeto de recurso de reposición por parte del
apoderado del Ingenio Risaralda, en el que manifestó que “las pretensiones
formuladas por cada uno de los accionantes no son conexas por lo que no era
procedente su acumulación”. Por medio de auto de 27 de junio de 2023, se
declaró improcedente el recurso presentado, luego de considerar que el mismo

1
La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: eMail:
notificacionesjudiciales@providenciaco.com; andres.fernandezdesoto@dentons.com;
notifogiraldo@consejodeestado.gov.co; dpuentest@consejodeestado.gov.co;
paulabogada314@gmail.com; mguauquer@consejodeestado.gov.co;
notifrserrato@consejodeestado.gov.co; lilimardussan@gmail.com;
notifhsanchez@consejodeestado.gov.co; sharah3000@hotmail.com, : notificacionesjud@sic.gov.co;
contactenos@sic.gov.co; dfmartinez@sic.gov.co, julian.avila@dentons.com; juan.solorzano@dentons.com,
rmemorialesposec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co; scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co.
2
“De acuerdo con la norma citada se tiene que los mencionados procesos cumplen los presupuestos para la
acumulación, en tanto que i) corresponden a acciones de tutela susceptibles de ser tramitadas en primera
instancia, ii) las pretensiones son conexas ya que, cuestionan la legalidad de la sentencia de 1° de diciembre
de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera, en la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado No. 25000-23-24-000-2011-00170-01 y, iii) las solicitudes de amparo constitucional se
dirigen contra la misma autoridad judicial, esto es, el Consejo de Estado – Sección Primera. En tal virtud,
existe unidad de materia, por lo que el asunto se puede resolver en una sola decisión.”
13

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desconocía el carácter preferente y sumario de la acción de tutela, conforme con
los cuales se debe privilegiar la celeridad en su trámite.

De otra parte, mediante auto de 30 de marzo de 2023, el consejero Nicolás Yepes
Corrales de la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado remitió el
expediente No. 2023-01583-00, en el que actúa como demandante el Ingenio
Carmelita S.A. con el fin de que se estudiara la posibilidad de acumularlo al
expediente 2023-01379-00. Mediante auto de 27 de abril de 2023 se ordenó
acumular el expediente 2023-01583-00 al expediente de tutela con radicado 2023-
01379-00, se admitió la tutela acumulada y se ordenó notificar a los accionantes, a
las autoridades judiciales accionadas, así como a los terceros con interés y a la
Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

En auto de 23 de mayo de 2023, el consejero José Roberto Sáchica Méndez envió
el expediente No. 2023-01589-00, en el que actúa como parte actora el Ingenio
Pichichí, para acumulación. Mediante auto de 8 de junio de 2023 se ordenó
acumular el expediente 2023-01589-00 al expediente de tutela con radicado 2023-
01379-00, se admitió la tutela acumulada y se ordenó notificar a los accionantes, a
las autoridades judiciales accionadas, así como a los terceros con interés y a la
Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Finalmente, por auto de 17 de julio de 2023, el consejero Martín Bermúdez Muñoz
remitió el expediente No. 2023-01452-00, en el que actúa como demandante el
Ingenio Incauca S.A, para acumulación. En proveído de 1° de agosto de 2023 se
ordenó acumular el expediente 2023-01452-00 al expediente de tutela con
radicado 2023-01379-00, se admitió la tutela acumulada y se ordenó notificar a los
accionantes, a las autoridades judiciales accionadas, así como a los terceros con
interés y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 80682 a 80693 de 9 de
agosto de 2023, con el fin notificar a las partes y el expediente pasó a despacho
para fallo el 18 de agosto de 2023.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Sección Primera del Consejo de Estado

La ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara
la improcedencia de la solicitud, por cuanto, adujo, lo que pretende la parte actora es
reabrir un nuevo debate dentro de un proceso en el que no se desconocieron las
garantías procesales que amparan el debido proceso, derecho de defensa y de
acceso a la administración de justicia, “ni se advierte la configuración de los defectos
aducidos, habida cuenta que la sentencia sí resolvió el cargo formulado por la actora,
referente a la violación del principio de congruencia y al debido proceso, por
variación o modificación de la imputación fáctica o de los hechos imputados, entre la
resolución de apertura y la resolución que impuso la sanción”.

Sostuvo que la sentencia objeto de tutela sí se refirió, analizó y resolvió de manera
clara y precisa el cargo de violación al principio de congruencia y al debido proceso
formulado por las sociedades accionantes, respecto de la variación o modificación de
la conducta imputada o de la imputación fáctica, es decir, de los hechos contenidos
tanto en la resolución de apertura de la investigación como en la resolución
sancionatoria.

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Indicó que al analizar dicho cargo se puntualizó en la sentencia objetada que sí
existió plena correspondencia o congruencia entre los cargos formulados en la
resolución de apertura de investigación y la que impuso la sanción a los ingenios
demandantes, por cuanto ambos actos administrativos coinciden en establecer la
misma conducta imputada, la cual consiste en que infringieron la prohibición general
prevista en el artículo 1º de la Ley 155 de 1959 y el numeral 1 del artículo 47 del
Decreto 2153 de 1992, por haber incurrido en un acuerdo para la fijación de los
precios pagados por la caña de azúcar, destinada a la producción de azúcar, como
para la producción de alcohol carburante, acuerdos contrarios a la libre competencia.

Refirió que, adicionalmente, en la sentencia se indicó que en la apertura de
investigación la Administración debe esclarecer si la conducta tuvo lugar, las
circunstancias de hecho y de derecho en que se dio la misma, quiénes son
responsables de tal comportamiento y recaudar las pruebas o la evidencia
relacionada con los cargos o conducta imputada, que le permita tener elementos de
juicio para determinar la existencia o no de ella y, por ende, para decidir imponer o
no la sanción, “y que solo es hasta el acto que resuelve la actuación administrativa, -
Fallo sancionatorio-, luego de practicadas las pruebas, cuando la Superintendencia
de Industria y Comercio determina o establece en forma precisa la existencia de la
conducta imputada, las circunstancias de hecho y de derecho en que se realizó esa
conducta, así como la responsabilidad de los investigados”.

Luego de hacer una extensa transcripción del fallo objeto de tutela, afirmó que lo que
pretende la parte actora es reabrir un debate ya superado dentro del proceso que
originó la controversia, por lo que solicitó que se declarara la improcedencia de la
solicitud.

6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “A”

El ponente de la decisión de primera instancia objetada rindió informe en el que
aclaró que la Subsección “C” de la Sección Primera de esa Corporación fue creada
en descongestión, y que la medida ya fue finalizada, por lo que los asuntos a ella
remitidos, como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
originó la presente controversia regresaron a la Sección Primera, Subsección “A” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, razón por la cual rinde el informe.

Solicitó que la acción se declarara improcedente, por cuanto, señaló, la parte actora
pretende contar con cuatro instancias judiciales para el estudio del cargo de nulidad
de violación al principio de congruencia y al debido proceso. Agregó que en el caso
la Sección Primera del Consejo de Estado al revocar la sentencia de primera
instancia, que únicamente desarrolló un cargo de la demanda, en defensa de los
derechos al debido proceso y doble instancia que le asiste a las partes, decidió
devolver el expediente para que esa Corporación se pronunciara sobre los demás
cargos de nulidad, los que en su momento no fueron estudiados.

Adujo que, en este sentido, lo que las accionantes pretenden es que en esta primera
instancia se vuelva a estudiar el cargo de “violación al principio de congruencia y
debido proceso”, “pretendiendo tener una ‘tercera instancia’ y que en caso de no
prosperar su argumentación, pueda apelar la decisión y ese cargo de nulidad tendría
una ‘cuarta instancia’.

Agregó que en el asunto es claro que el debate propuesto es enteramente legal y lo
pretendido es que se revoquen las decisiones adoptadas en derecho por los jueces
contencioso administrativos, así como también que se realice el estudio de legalidad,
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en sede de tutela de las Resoluciones Nos. 6839 de 9 de febrero de 2010 y 42411
de 13 de agosto de 2010.

Finalmente, indicó que esa Sala obedeció lo dispuesto por la Sección Primera del
Consejo de Estado en sentencia de 1º de diciembre de 2022, y se cumplió con lo
ordenado dentro del plazo otorgado -40 días-, expidiendo la sentencia
complementaria de primera instancia el 30 de marzo de 2023, en donde se estudió
los cargos de nulidad que no fueron desarrollados en la sentencia de 12 de
diciembre de 2014 por la Subsección “C” en Descongestión de la Sección Primera
de ese Tribunal.

6.3. Respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio

El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la solicitud por incumplir el requisito de inmediatez, en tanto,
señaló, entre la notificación de la decisión sancionatoria y la interposición de la tutela
transcurrieron más de 3 meses, término que, a su juicio, desconoce el desarrollo
sobre la materia efectuado por la Corte Constitucional, conforme con el cual la tutela
debe presentarse apenas se tenga conocimiento de la irregularidad en el acto que
afecta los derechos del demandante.

Adujo, que, en caso de estudiar de fondo los argumentos propuestos por las
demandantes, las pretensiones deben negarse porque no se han vulnerado los
derechos fundamentales de los ingenios accionantes.

Sostuvo que en la sentencia de segunda instancia objetada se sostuvo que el
principio de congruencia, en los procesos sancionatorios, debe “verse reflejado en
una correspondencia entre los cargos imputados en el acto administrativo de
apertura y aquel que resuelve la actuación”, por lo que, contrario a lo que pretenden
hacer ver los accionantes, “para que esto suceda, debe existir una consonancia
también entre la sanción y los elementos fácticos y jurídicos que la sustentan, como
se precisó en dicha oportunidad, citando jurisprudencia reciente”.

Adujo que, en ese sentido, en el caso concreto del fallo de segunda instancia se
concluyó que “sí existió congruencia entre los cargos formulados en la
resolución de apertura de investigación y la conducta objeto de la resolución
de imposición de la sanción”.

Luego de citar el fallo objetado, señaló que, en ese sentido, no puede hablarse
entonces de una supuesta violación al derecho fundamental al debido proceso en
sede judicial en el caso concreto, pues hacerlo sería desconocer el trabajo de
análisis y argumentación desplegado por el juez de segunda instancia quien
concluyó que había una correspondencia fáctica y jurídica entre la resolución de
apertura y la resolución sancionatoria.

Concluyó indicando que, en su criterio, es evidente que los ingenios azucareros
accionantes y sus representantes legales tenían plena claridad frente a los cargos
que rodeaban la investigación y tuvieron la oportunidad de desplegar ampliamente
su derecho de defensa, acompañada de una actividad probatoria con la finalidad de
desvirtuar que la contraprestación pactada en los contratos entre los ingenios y
proveedores era producto de un acuerdo entre los investigados para fijar el precio al
cual adquirían la caña de azúcar, por lo que en ningún momento hubo amplitud o
confusión respecto al objeto de la investigación que finalmente terminó en una
sanción.

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6.4. Pronunciamiento de los Ingenios Risaralda S.A e Incauca S.A

A través de apoderado los Ingenios Risaralda S.A e Incauca S.A allegaron
pronunciamiento en relación con la acción de tutela presentada por el Ingenio
Providencia S.A, en el que manifestaron que “es menester que se decidan de fondo
las acciones de tutela presentadas, y que se acceda a sus pretensiones”.

Adujeron que, contrario a lo manifestado por el tribunal accionado en la contestación,
más que estudiar la legalidad de los actos administrativos, lo que pretende el Ingenio
Providencia es que se amparen sus derechos fundamentales, “toda vez que según la
actora ninguna autoridad judicial ha resuelto sus argumentos de nulidad relacionados
con la incongruencia en los hechos imputados por la SIC en la actuación
administrativa”, argumento que, manifestaron, acompañan.

De otra parte, pusieron de manifiesto que promovieron acciones de tutela similares
contra la sentencia proferida por la misma autoridad judicial accionada en el radicado
2023-01379-00, aun cuando, señalaron, si bien la violación de los derechos cuyo
amparo solicita el Ingenio Providencia coincide con la alegada por ellos, la suya “se
concentró en buscar que se ordenara al CONSEJO DE ESTADO que modificara la
sentencia del primero (1) de diciembre del año 2022, proferida por esa corporación y,
que en consecuencia, disponga que el expediente sea devuelto al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA para que esta última autoridad sea quien
decida de fondo sobre todos los cargos y argumentos que fueron alegados por
RISARALDA [e INCAUCA], de manera precisa, concreta e individualizada, lo que
incluye resolver sobre el argumento de la violación al principio de congruencia
plasmado en el escrito de demanda respecto de los hechos imputados por la SIC a
IRISA”.

6.5. Pronunciamiento del señor Cesar Augusto Arango Isaza

A través de apoderado, el vinculado como tercero con interés rindió informe en el
que replicó los argumentos allegados por los Ingenios Risaralda S.A e Incauca S.A, y
añadió que el 31 de marzo de 2023 presentó una acción de tutela similar en contra
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, la cual
correspondió a la Sección Segunda del Consejo de Estado (radicado
11001031500020230166000).

Indicó que, en los mismos términos del Ingenio Providencia, pretende “que se
protejan mis derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y el acceso a la
administración de justicia ya que a la fecha ninguna autoridad judicial ha tenido en
cuenta ni se ha pronunciado sobre mi defensa, en lo que tiene que ver con mis
argumentos de violación al principio de congruencia por cambios en los hechos
imputados por la SIC”.

Finalmente, adujo que es un sujeto de especial protección constitucional, por lo que
solicitó que se les ordenara a las autoridades judiciales accionadas que impriman un
trámite preferencial y prioritario al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho adelantado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

6.6. Pronunciamiento del Ingenio Carmelita S.A

En calidad de tercero con interés vinculado manifestó que también interpuso acción
de tutela en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado con ocasión de la
expedición de la providencia del 1 de diciembre de 2022 en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2011-00170-00, aun cuando
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aclaró, coadyuva la acción de tutela únicamente respecto a la sentencia proferida el
1º de diciembre de 2022 por parte de la Sección Primera del Consejo de Estado,
“como quiera que en virtud de la misma se configuraron diversas vías de hecho por
violación al debido proceso, al derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia y diversas normas constitucionales, tal como se explicó en detalle en la
acción de tutela interpuesta por el Ingenio Carmelita y que adjunto al presente
memorial”.

6.7. Los demás vinculados aun cuando fueron debidamente notificados de los autos
admisorios de las acciones de tutela, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1 De la lectura de los escritos de tutela, la Sala evidencia dos debates
principales a ser resueltos. El primero, propuesto por los Ingenios Providencia,
Incauca y Risaralda, relativo a la modificación de los hechos que les fueron
imputados en la investigación, conforme con el cual en la sentencia objetada dicha
modificación no fue tenida en cuenta, sino que solo se consideraron los
argumentos relativos a la modificación de la imputación jurídica, por lo que,
relatan, a la fecha ninguna autoridad judicial ha tenido en cuenta ni se ha
pronunciado sobre sus argumentos de defensa.

El segundo, formulado por los Ingenios Carmelita S.A. y Pichichí S.A., en virtud del
cual en las providencias objetadas se valoraron de forma indebida y arbitraria
pruebas esenciales del proceso como lo fueron el pliego de cargos y la resolución
sancionatoria.

Precisado lo anterior, respecto del primer grupo, de superarse los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, le
corresponde a la Sala determinar si la Sección Primera del Consejo de Estado y la
Sección Primera, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
descongestión, en las sentencias de 1° de diciembre de 2022 y 12 de diciembre de
2014, en su orden, incurrieron en i) decisión sin motivación, por cuanto la
sentencia de 1º de diciembre de 2022 se limitó exclusivamente a analizar la ratio
decidendi y los obiter dicta de la decisión de primera instancia y a determinar que
existió una congruencia normativa entre la resolución de apertura de la
investigación frente al acto administrativo que impuso la sanción de multa, por lo
que no realizó una valoración detallada y juiciosa de los fundamentos de hecho
presentados que sustentaban el cargo de violación al debido proceso por
incongruencia entre las conductas atribuidas en la resolución de apertura de la
investigación y las conductas que finalmente fueron reprochadas en la resolución
que le impuso la sanción, ii) violación directa de la Constitución, en específico
del derecho de acceso efectivo a la administración de justicia y a que se resuelvan
de fondo las peticiones presentadas ante los funcionarios judiciales, y iii) defecto
sustantivo, por cuanto se omitió aplicar el artículo 305 del Código de
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Procedimiento Civil que ordena que las sentencias sean coherentes con los
hechos y pretensiones expuestos en la respectiva demanda.

En relación con el segundo grupo, la Sala debe establecer si las providencias
objetadas incurrieron en iv) defecto fáctico, “en tanto que se valoró de forma
indebida y arbitraria pruebas esenciales del proceso como lo fueron el Pliego de
Cargos y la Resolución Sancionatoria”, y por cuanto, en su criterio, en el caso se
omitió valorar todas las pruebas que demostraban que la formulación de cargos
que realizó la Superintendencia de Industria y Comercio fue confusa e incompleta,
lo que le impidió a los ingenios conocer los cargos sobre los que debía
defenderse, y en tanto, adujeron, antes que realizar un control de legalidad pleno y
judicial de legalidad sobre los actos demandados, la Sección Primera del Consejo
de Estado “terminó por hacer un ejercicio de citación y parafraseo de los mismos,
replicando y adhiriéndose a rajatabla a las manifestaciones que la
Superintendencia hacía en tales actos sin analizar la legalidad y veracidad de los
mismos”.

Igualmente, debe establecerse si en el caso se configuró una v) violación directa
de la Constitución, por permitir emitir sanciones sin realizar el juicio de tipicidad,
en tanto, adujeron, prohijó la doctrina de la Superintendencia de Industria y
Comercio según la cual cuando se incurra en un acuerdo anticompetitivo
automáticamente también se genera la transgresión de las conductas previstas en
el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.

2.2. Previo a un eventual estudio de fondo, corresponde a la Sala verificar si las
solicitudes de amparo constitucional cumplen con el requisito general de
procedencia de la subsidiariedad.

3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se
cuestionan providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
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Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros
mecanismos jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del
actor.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de
20223, la Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado
de manera alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o
especiales, por cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para
solicitar la protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial,
“pues el ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de
órganos de la rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento
se activa a partir de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que
buscan garantizar la corrección de las providencias judiciales”4.

Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha
precisado tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse
al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional
para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en
el ordenamiento jurídico5.

En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al
interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue
la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el
amparo de dichas garantías dentro del proceso6.

Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de
acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para
ello. Esta exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia
adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace
aquellos diseñados por el Legislador”7.

Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.

En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más
exigente, cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial

3
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
4
Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
5
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P
Carlos Bernal Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
6
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
7
Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
20

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ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que
“asegura que el recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más
dentro del trámite jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás
diseñados por el legislador o, como un instrumento para solucionar errores u
omisiones de las partes en los procesos ordinarios”8.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
dictaron las providencias objeto de tutela

Los Ingenios Providencia S.A, Risaralda S.A, Incauca S.A, Carmelita S.A y
Pichichí S.A, en escritos separados, presentaron demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nos. 6839 de 9 de febrero
de 2010 y 42411 de 13 de agosto de 2010, mediante las cuales la
Superintendencia de Industria y Comercio les impuso y confirmó una sanción en
contra de cada uno de ellos por $1’030.000.000, por haber hecho un acuerdo para
la fijación de los precios de la caña de azúcar para la producción de azúcar y
alcohol carburante, en las que alegaron que en dichos actos administrativos se
desconoció el principio de congruencia y el derecho al debido proceso, en el
marco de la investigación que se adelantó en su contra.

Como causales de nulidad de las resoluciones atacadas invocaron i) la caducidad
de la facultad de la Superintendencia de Industria y Comercio -violación del
artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, ii) violación al debido proceso,
por cuanto en el auto de apertura de investigación la Superintendencia elevó
cargos por la presunta existencia de un acuerdo entre los ingenios para fijar el
precio de compra de caña de azúcar, pero que en el curso de la actuación se
cambió esa imputación, iii) desviación de poder, pues “la intención del
Superintendente fue obtener un mejor precio de remuneración para los
cañicultores, de tal forma que la interferencia en el mercado de la SIC excedió sus
funciones con transgresión de los artículos 333 de la Constitución Política, 2º,
numeral 1, del Decreto 2153, y 3º de la Ley 1340 de 2009”, y iv) falsa motivación,
en tanto la entidad demandada fundamentó su decisión, en lo relacionado con la
caña destinada para la producción de azúcar, en premisas falsas, como lo son “1)
“Que las llamadas cotas máximas de 58 kg/t o 20% de rendimiento eliminan la
competencia”; 2) “Que no existe sustento técnico que de cuenta de un rendimiento
promedio de la caña igual a 116 kg/t”; 3) “Que el pago de 52 kilos de azúcar por
tonelada de caña no es una costumbre mercantil”.

Luego de que fueran acumulados los procesos, en primera instancia el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en
Descongestión, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró
la nulidad parcial de las resoluciones demandadas, luego de considerar que en el
caso existió una violación al debido proceso, en tanto, a su juicio, no existía
congruencia entre las normas en las que se basó la apertura de la investigación en
contra de los demandados, y aquellas por las que fueron sancionadas.

La referida autoridad judicial indicó que en las resoluciones cuestionadas se
advertía que la Superintendencia de Industria y Comercio aseveraba que la
conducta endilgada desde un principio correspondía a la descrita en el numeral 1°
del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, pero, sostuvo, solo hasta el momento de
sancionar es que se valió de esa normatividad para calificar la actuación de los
ingenios investigados, misma que “con anterioridad, había sido ambigua respecto

8
Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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a las disposiciones que entendía transgredidas, confusión que se ve reflejada en
la parte resolutiva del acto sancionatorio y que es precisamente la causa que
imprime razón a la violación al debido proceso deprecada”.

Luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio interpusiera recurso de
apelación, la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 1º de
diciembre de 2022 revocó la decisión impugnada, al considerar que no prosperaba
el cargo de desconocimiento de las garantías constitucionales al debido proceso,
el derecho de contradicción y el principio de tipicidad, y ordenó remitir el
expediente al despacho judicial de primera instancia para que se pronunciara
respecto de los demás cargos que fueron objeto de demanda.

La precitada autoridad judicial consideró que en el caso existió plena
correspondencia y congruencia entre los cargos formulados en la Resolución No.
06981 de 9 de marzo de 2007, “Por la cual se abre una investigación”, y la
conducta objeto de la Resolución No. 6839 de 9 de febrero de 2010, “Por la cual
se impone una sanción”, pues, sostuvo, en estas se explicó con claridad que la
prohibición general se contraviene o infringe cuando se realizan conductas
contrarias a la libre competencia, que la restringen o la limitan, entre ellas las
indicadas en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, “habida
cuenta de que el citado artículo 1º de la Ley 155 comprende cualquier práctica que
restrinja la libre competencia o anticompetitiva; y que si la autoridad concluye que
una conducta es anticompetitiva, al menos se estaría violando la disposición de
prohibición general del artículo 1º de la Ley 155”.

Afirmó que esa Sala en sentencia de 18 de julio de 2019, al analizar un cargo de
indebida aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 1º de la Ley
155 de 1959 y 47, numeral 1 del Decreto 2153 de 1992, precisó que los acuerdos
a los que hace referencia esta última disposición son conductas contrarias a la
libre competencia, que implican una infracción al régimen general previsto en el
artículo 1º de la Ley 155 de 1959.

Finalmente, señaló que no era posible emitir pronunciamiento sobre los demás
reproches de nulidad elevados por la parte actora, dado que aquellos no fueron
analizados por el tribunal, a quien le correspondía adelantar dicho estudio, pues
no fueron objeto de los recursos de apelación. Por lo anterior, en aplicación de la
jurisprudencia de esa Sección sobre la materia, remitió el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para que se pronunciara respecto de los demás
cargos que fueron objeto de demanda y registrara proyecto dentro de los 40 días
siguientes a la recepción del expediente, en los términos del artículo 211 del
Código Contencioso Administrativo.

Mediante providencia de 30 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, profirió sentencia
complementaria de primera instancia, en donde abordó el estudio de los cargos de
nulidad que no fueron desarrollados en la sentencia del 12 de diciembre de 2014,
decisión en la que negó las pretensiones, luego de considerar que ninguno de los
cargos estudiados prosperaba.

Contra dicha decisión, los Ingenios Providencia, Incauca S.A., Risaralda S.A. y
Mayagüez presentaron recursos de apelación, por lo que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, por medio de auto de 25 de
agosto de 2023, concedió los interpuestos por los Ingenios Incauca S.A y
Risaralda S.A, y negó los de los Ingenios Providencia y Mayagüez, por haberse
presentado antes de la ejecutoria de la sentencia.

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De igual forma, se observa que el 7 de septiembre de 2023, el expediente ingresó
al despacho en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “A”, con el fin de que se resuelva sobre los recursos de reposición y
en subsidio de queja que interpusieron los Ingenios Carmelita, Providencia y
Mayagüez contra el auto de 25 de agosto de 2023.

4.2. Las acciones de tutela no cumplen con el presupuesto general de la
subsidiariedad

4.2.1. Los Ingenios Providencia, Incauca y Risaralda manifestaron que las
autoridades judiciales accionadas en las sentencias de 1° de diciembre de 2022 y
12 de diciembre de 2014, incurrieron en i) decisión sin motivación, por cuanto la
sentencia de 1º de diciembre de 2022 se limitó exclusivamente a analizar la ratio
decidendi y los obiter dicta de la decisión de primera instancia y a determinar que
existió una congruencia normativa entre la resolución de apertura de la
investigación frente al acto administrativo que impuso la sanción de multa, por lo
que no realizó una valoración detallada y juiciosa de los fundamentos de hecho
presentados que sustentaban el cargo de violación al debido proceso por
incongruencia entre las conductas atribuidas en la resolución de apertura de la
investigación y las conductas que finalmente fueron reprochadas en la resolución
que le impuso la sanción, ii) violación directa de la Constitución, en específico
del derecho de acceso efectivo a la administración de justicia y a que se resuelvan
de fondo las peticiones presentadas ante los funcionarios judiciales, y iii) defecto
sustantivo, por cuanto se omitió aplicar el artículo 305 del Código de
Procedimiento Civil que ordena que las sentencias sean coherentes con los
hechos y pretensiones expuestos en la respectiva demanda.

Por su parte, los Ingenios Carmelita S.A y Pichichí S.A consideran que las
providencias objetadas incurrieron en iv) defecto fáctico, “en tanto que se valoró
de forma indebida y arbitraria pruebas esenciales del proceso como lo fueron el
Pliego de Cargos y la Resolución Sancionatoria”, y por cuanto, a su juicio, en el
caso se omitió valorar todas las pruebas que demostraban que la formulación de
los cargos que realizó la Superintendencia de Industria y Comercio fue confusa e
incompleta, lo que le impidió a los ingenios conocer los cargos sobre los que debía
defenderse, y en tanto, adujeron, antes que realizar un control de legalidad pleno y
judicial de legalidad sobre los actos demandados, la Sección Primera del Consejo
de Estado “terminó por hacer un ejercicio de citación y parafraseo de los mismos,
replicando y adhiriéndose a rajatabla a las manifestaciones que la
Superintendencia hacía en tales actos sin analizar la legalidad y veracidad de los
mismos”.

Igualmente, manifestaron que en el caso se configuró una v) violación directa de
la Constitución, por permitir emitir sanciones sin realizar el juicio de tipicidad, en
tanto, adujeron, prohijó la doctrina de la Superintendencia de Industria y Comercio
según la cual cuando se incurra en un acuerdo anticompetitivo automáticamente
también se genera la transgresión de las conductas previstas en el artículo 1 de la
Ley 155 de 1959.

4.2.2. Para la Sala, en el presente caso el requisito de la subsidiariedad se
encuentra incumplido, porque en la actualidad está en trámite el proceso judicial
del que los ingenios actores derivan la vulneración de sus derechos, pendiente de
surtir el trámite del recurso de apelación interpuesto por estos frente al fallo
complementario de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, con ocasión de la orden

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emanada del fallo de 1° de diciembre de 2022 de la Sección Primera de esta
Corporación.

En efecto, como se adelantó, revisadas las actuaciones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que originó la controversia, se observa que mediante
sentencia de 30 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A”, en cumplimiento de lo ordenado por la Sección
Primera de esta Corporación, profirió fallo complementario de primera instancia,
en el que negó las pretensiones, luego de considerar que i) en el asunto no se
presentó el fenómeno de la caducidad, puesto que la resolución que resuelve la
investigación administrativa fue proferida y notificada dentro de los 3 años
siguientes a los hechos objeto de estudio, conforme con lo dispuesto en el artículo
38 del Código Contencioso Administrativo, ii) no hubo abuso de poder porque la
investigación no se encaminó a intervenir el mercado de la caña en contravía de
las disposiciones del artículo 333 de la Constitución Política, sino que fue el
resultado del ejercicio de vigilancia, control y protección a la libre competencia con
las que cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio, iii) no hubo falsa
motivación o infracción de las normas en que debía fundarse el acto, iv) no se
configuró la violación al debido proceso, en tanto el trámite impartido a la
investigación se basó en las normas aplicables a las actuaciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio, y v) no se suscitó falta de competencia,
pues la sanción fue impuesta por el Superintendente Delegado para la Promoción
de la Competencia, quien era el encargado de iniciar la actuación e instruirla.

Contra dicha decisión, los Ingenios Incauca y Risaralda presentaron recursos de
apelación que fueron concedidos mediante auto de 25 de agosto de 2023, en el
que también no se tuvieron en término los interpuestos por los Ingenios
Providencia y Mayagüez, por haberse presentado por fuera del término habilitado
para ese efecto. El 7 de septiembre de 2023 el expediente ingresó al despacho del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, para
que resolviera sobre los recursos de reposición y en subsidio de queja que
interpusieron los Ingenios Carmelita, Providencia y Mayagüez contra el auto de 25
de agosto de 2023, luego de lo cual se surtirá el trámite de los recursos de
apelación que ya fueron admitidos.

En ese sentido, conforme con la particularidad del caso, en el que las pretensiones
de la acción presentada gravitan en torno a que se deje sin efectos la sentencia de
1º de diciembre de 2022, por medio de la cual la Sección Primera del Consejo de
Estado revocó el fallo favorable de primera instancia y negó las pretensiones del
caso que originó la controversia, el análisis de procedencia de la acción se debe
hacer a partir del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad, teniendo en
cuenta que se encuentra en curso el medio de defensa judicial, como se
evidenció.

Conforme ha sido decantado por la jurisprudencia constitucional, “la acción de
tutela solo resulta procedente cuando no existen o se han agotado todos los
mecanismos judiciales y administrativos que resultan efectivos para la protección
de los derechos fundamentales, a no ser que se demuestre la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio. Ello
con el fin de evitar que este mecanismo excepcional, se convierta en principal9”.

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática y
reiterativa en señalar que la acción de tutela no procede de manera directa cuando

9
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2014.
24

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el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los
medios de defensa previstos en el ordenamiento. En la sentencia T-103 de 201410,
dicha Corporación sostuvo que el requisito de subsidiariedad cuando se atacan
decisiones judiciales se puede presentar en dos escenarios i) cuando el proceso
ha concluido, o ii) cuando se encuentra en curso, escenario en el que “la
intervención del juez constitucional está vedada en principio, toda vez que la
acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver
problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario”.

Esta postura fue reafirmada en la sentencia T-126 de 201911, en la que se señaló
que “la acción de tutela no procede en principio de manera directa cuando el
asunto está en trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los
medios de defensa previstos en el ordenamiento; solo resulta procedente cuando
no existen o se han agotado todos los mecanismos judiciales y administrativos que
resultan efectivos para la protección de los derechos fundamentales, a no ser que
se demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable y la excepcionalidad de la
procedencia, está supeditada únicamente a su presentación como mecanismo
transitorio”.

No obstante lo anterior, conforme con la jurisprudencia constitucional 12, “si bien por
regla general la tutela es improcedente para cuestionar decisiones judiciales
cuando el trámite procesal se encuentra en curso o cuando no se han agotado
todos los medios de defensa judicial definidos por el legislador, lo cierto es que en
aquellos casos en los cuales el actor logre demostrar que el amparo lo intenta
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable o que tales medios de
defensa no son idóneos ni eficaces para superar la amenaza a los derechos
fundamentales, es posible habilitar excepcionalmente la procedencia de la acción
de tutela, realizando el juez constitucional una evaluación fáctica del asunto
puesto a su consideración”.

De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política se ha admitido la
procedencia excepcional de la acción de tutela a pesar de que existan
mecanismos judiciales, con el fin de evitar un perjuicio irremediable. Cabe resaltar
que en cuanto al perjuicio irremediable, se deben seguir los criterios
jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-695 de
201513, según la cual debe comprobarse que el perjuicio alegado sea (i)
inminente, es decir, que amenaza o está por suceder prontamente, esto es,
tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la
inminencia; (ii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o
remedio de forma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii) grave, pues el
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, debe ser
de gran intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la gravedad hagan que la
acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.

Al respecto, se observa que un perjuicio de esa naturaleza no fue alegado en la
solicitud de tutela por ninguno de los ingenios, ni las solicitudes fueron
interpuestas como mecanismo transitorio, lo que reafirma su improcedencia. Para
la Sala, en el presente caso los alegatos presentados por los ingenios accionantes
no demuestran que el proceso judicial que en la actualidad se encuentra en
10
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
11
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
12
Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019.
13
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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trámite no sea eficaz para precaver la eventual vulneración de derechos
fundamentales que alegan con ocasión de las providencias que atacan por vía de
tutela por lo que declarará su improcedencia.

Lo anterior, conforme con lo establecido en la sentencia T-127 de 201414 de la
Corte Constitucional respecto de la prueba del perjuicio irremediable, en donde se
indicó que “quien afirma una vulneración de sus derechos fundamentales con
estas características debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos
sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar,
aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones”.

En conclusión, la acción de tutela fue presentada con desconocimiento del
requisito de subsidiariedad, en tanto en la actualidad se encuentra en curso un
medio de defensa judicial idóneo y eficaz, y no se probó que para el momento de
la presentación de la solicitud de amparo se estuviera frente a un perjuicio
irremediable que la hiciera procedente como mecanismo transitorio.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los
Ingenios Providencia S.A, Risaralda S.A, Incauca S.A, Carmelita S.A y Pichichí
S.A, quienes actúan por intermedio de sus apoderados judiciales, contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en
Descongestión y la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del
Consejo.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Ausente en comisión Presidenta (E)

14
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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