RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-01660-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01660-00

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01660-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

11 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / Ausencia de defectos sustantivo y
violación directa de la Constitución

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

1. La acción de tutela

El señor César Augusto Arango Isaza a través de apoderado, promueve acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de
justicia.

1.1. Pretensiones

PRIMERO. Que se DECLARE que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y al acceso a la
administración de justicia del señor CÉSAR AUGUSTO ARANGO ISAZA.

SEGUNDO. Que, en consecuencia, se PROTEJAN los derechos fundamentales al
debido proceso, la defensa y al acceso a la administración de justicia del señor
CÉSAR AUGUSTO ARANGO ISAZA.

2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza

TERCERO. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al CONSEJO DE
ESTADO que MODIFIQUE la sentencia del primero (1) de diciembre del año 2022,
proferida por el CONSEJO DE ESTADO -Sección primera y, que en consecuencia,
disponga que el expediente sea devuelto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA para que esta última corporación decida de fondo sobre TODOS los
cargos y argumentos que fueron esbozados por el señor CÉSAR AUGUSTO ARANGO
ISAZA, de manera precisa, concreta e individualizada, lo que debe incluir el cargo y
argumento de la violación a su derecho de defensa (congruencia de los hechos)
plasmado en el escrito de demanda respecto de los hechos imputados a mi
poderdante por la SIC.

CUARTA. Como consecuencia de lo anterior, que se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA acatar la decisión que expida el CONSEJO DE
ESTADO en los términos solicitados en la anterior pretensión, en el plazo máximo
contemplado en el artículo 211 del CCA.

QUINTA. En virtud de la condición de mi mandante de sujeto de especial protección
constitucional, que se les ordene a las autoridades judiciales accionadas que
impriman un trámite preferencial y prioritario al procedimiento contencioso
administrativo de nulidad y restablecimiento, llevado por el señor ARANGO ISAZA
ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes la parte accionante señaló los siguientes:

i) El 9 de febrero de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la
Resolución número 6839, le impuso al señor César Augusto Arango Isaza en su
calidad de representante legal de la sociedad Ingenio Risaralda S. A. multa equivalente
a $154.500.000, al determinar que había tolerado conductas restrictivas de la
competencia entre el mes de mayo de 2005 y febrero de 2007 en el mercado de
compra de caña de azúcar como materia prima. El 13 de agosto de 2010, por
Resolución número 42411, esa autoridad confirmó lo dispuesto.

ii) Los Ingenios Providencia S. A., Carmelita S. A., Cauca S. A., Pichichí S. A., Risaralda
S. A., Mayaguez S. A., y los señores César Augusto Arango Isaza y Mauricio Irragorri

Rizo, por medio de sus respectivos apoderados judiciales interpusieron el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

iii) El 12 de diciembre de 2014 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, accedió a las pretensiones de la demanda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza

iv) El 1.° de diciembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Primera revocó la
sentencia proferida por el juez a quo al considerar que «no prospera el cargo de
desconocimiento de las garantías constitucionales del debido proceso, en
concordancia con el derecho de contradicción y el principio de tipicidad» y, como
consecuencia de lo anterior, dispuso «[r]emitir el expediente al Tribunal de origen para
que se pronuncie respecto de los demás cargos que fueron objeto de demanda y
registre proyecto dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la recepción del
expediente, en los términos del artículo 211 del CCA».

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante

Luego de un extenso recuento del proceso administrativo sancionatorio adelantado por
la Superintendencia de Industria y Comercio, en particular lo que atañe a las
actuaciones adelantadas en contra del accionante, resaltó que la providencia objeto
de litis incurrió en los siguientes defectos:

1.3.1. Defecto sustantivo

Se omitió cumplir con lo dispuesto en los artículos 280 y 281 del CGP y 187 de la Ley
1437 de 2011, toda vez que no se estudiaron ni decidieron ninguno de los argumentos
expuestos por la defensa del señor Arango Isaza, ni se tuvieron en cuenta los hechos
de la demanda relativos a la violación del principio de congruencia y del debido proceso
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en el acto administrativo
sancionatorio, con fundamento en lo cual se alegó: i) la indebida imputación realizada
por la SIC a lo largo de toda la actuación administrativa; y ii) que al haber demostrado
el Ingenio de Risaralda S. A. no ser responsable de las conductas que se le imputaron,
no resultaba procedente sancionar al accionante por haber presuntamente tolerado
unos acuerdos que nunca se realizaron, por lo que el cambio en la imputación fáctica
realizado por la autoridad en relación con el Ingenio de Risaralda afectó de manera
directa al señor Arango Isaza, en tanto las providencias solo se limitaron a
pronunciarse respecto de los cargos invocados por los demás demandantes del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza

1.3.2. Violación directa de la Constitución

Reiteró los argumentos relativos con el desconocimiento del principio de congruencia
entre los hechos imputados y los que sirvieron de fundamento para imponerle la
sanción pecuniaria.

Finalmente, solicitó ordenar a las autoridades judiciales que impriman un trámite
preferencial y prioritario al procedimiento contencioso administrativo de nulidad y
restablecimiento, en virtud de que el señor César Arango Mejía es un sujeto de
especial protección constitucional, dada su edad de 73 años, y que le hallaron, hace
pocos años, una masa tumoral maligna en el riñón derecho que requiere de controles
urgentes y, por consiguiente, de un amparo urgente de sus derechos fundamentales.

1.4. Actuación procesal

Por auto del 14 de abril de 2023 se ordenó notificar i) como demandados a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Primera y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, quienes conocieron del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el radicado 25000
23 24 000 2011 00170 00 [01] (acumulados),1 ii) como tercero interesado a la
Superintendencia de Industria y Comercio al haber actuado como demandando en el
proceso en mención, y iii) comisionó al Tribunal para que notificara el trámite
constitucional a todas las personas que intervinieron dentro del medio de control, para
que dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el
respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1 Mediante proveído de 12 de julio de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, decretó la acumulación de los procesos número 25000-23-24-000-2011-00168, 25000- 23-24-000-
2011-00118, 25000-23-24-000-2011-00104 y 25000-23-24-000-2011-00185 al radicado número 25000-23-24-000-
2011-00170, para que fueran tramitados y decididos conjuntamente bajo la misma cuerda procesal (folios 263 a
274 del C.1).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza

1.5.1. La magistrada del Consejo de Estado, Sección Primera,2 Nubia Margoth
Peña Garzón, ponente de la providencia objeto de litis señaló que esa entidad no
vulneró o amenazó los derechos fundamentales del accionante, lo que configura la
improcedencia de la acción de tutela ante la inexistencia de una conducta respecto de
la cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad.

Advirtió que la sentencia de segunda instancia -de manera precisa- se refirió a los
argumentos del actor en cuanto a la violación a su derecho defensa, por la pretendida
incongruencia entre la resolución de apertura de investigación y la que le impuso la
sanción en lo relacionado con la conducta imputada, razón por la cual no resulta cierto,
como lo aduce en la acción de tutela, que la citada providencia solo hizo referencia a
los argumentos de los demás demandantes.

Conforme lo expuesto solicitó desestimar las pretensiones de la tutela de la referencia.

1.5.2. La coordinadora del Grupo de Gestión Judicial de la Superintendencia de
Industria y Comercio,3 Neyireth Briceño Ramírez, manifestó que se alegó la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante aduciendo
que las autoridades judiciales, en la providencia objeto de estudio, solo se
pronunciaron acerca de la imputación jurídica, por la posible violación al principio de
congruencia, dejando de lado la supuesta variación en la imputación fáctica.

Al efecto adujo que contrario a lo señalado por el señor César Arango Isaza, la Sección
Primera del Consejo de Estado concluyó que sí existió congruencia entre la resolución
de apertura y la resolución sancionatoria, ya que ambos actos administrativos
coincidieron al establecer la conducta investigada y sancionada, esto es, celebrar un
acuerdo para la fijación de precios pagados por la caña de azúcar, destinada tanto a
la producción de azúcar, como de alcohol carburante.

Reiteró que los derechos fundamentales del accionante fueron respetados en el curso
del proceso judicial, dado que los jueces de primera y segunda instancia resolvieron

2Expediente digital de tutela.
3 Expediente digital de tutela.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza

de fondo, de manera juiciosa y exhaustiva, todos los argumentos propuestos por este
y todos los demás demandantes.

Aclaró que el 30 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, dio cumplimiento a las órdenes dadas en la sentencia
de segunda instancia -proferida el 1.° de diciembre de 2012 por el Consejo de Estado,
Sección Primera-, y estudió los demás cargos no abordados en su momento relativos
a la caducidad, la desviación de poder y la falta de competencia, así como los de
violación al debido proceso, y se pronunció de manera favorable a los intereses de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

En virtud de lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con el numeral 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por
el Decreto 33 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento
en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión,
Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se
refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto».

2.2. Cuestión previa

Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el municipio accionante, la Sala aclara que solo realizará
el análisis de la decisión adoptada en segunda instancia por el Consejo de Estado,
Sección Primera, órgano de cierre en el presente asunto.

2.3. Problema jurídico

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza

Se contrae a determinar si el Consejo de Estado, Sección Primera quebrantó los
derechos fundamentales invocados por el accionante al proferir la sentencia del 1.° de
diciembre de 2022 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 25000 23 24 000 201100170 00 [01], por medio de la cual
revocó la providencia proferida el 12 de diciembre de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció, en sus artículos 11, 12
y 40, la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de la cosa juzgada y de seguridad jurídica, además de trasgredir
la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas
por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad,
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no
puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza

consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la
Sentencia C-590 de 2005,4 en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la
procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la infracción así como los derechos quebrantados y que se hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012,5 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,6 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de

4 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
5Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente

radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza

inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

Conforme a la Sentencia SU-157 de 2022, es indispensable verificar que la acción de
tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías judiciales
ordinarias, parámetro conforme al cual el caso objeto de estudio reviste suficiente
relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la
administración de justicia.

La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad,
debido a que se dirige contra el fallo proferido por el Consejo de Estado, Sección
Primera, además conforme a las causales de nulidad de la sentencia contenidas en el
artículo 294 del CPACA,7 no procede el recurso extraordinario de revisión, de modo que
la parte accionante agotó todos los medios ordinarios de defensa, es decir, acudió al
juez constitucional de forma subsidiaria.

De otra parte, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, en cuanto la
providencia acusada fue dictada el 1.° de diciembre de 2022, mientras que la acción
de tutela de la referencia fue radicada el 31 de marzo de 2023,8 es decir, dentro de los
6 meses siguientes, término que ha sido acogido por esta corporación como prudencial
para acudir al medio de amparo constitucional.

La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con
fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en
la sentencia enjuiciada.

7 Artículo 294. Nulidades originadas en la sentencia. La nulidad procesal originada en la sentencia únicamente

procederá por incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a
su representante, por omisión de la etapa de alegaciones y cuando la sentencia haya sido adoptada por un número
inferior de Magistrados al previsto por la ley.
Mediante auto no susceptible de recuso, el juez o Magistrado Ponente rechazará de plano por improcedente la
solicitud de nulidad contra la sentencia que se funde en causal distinta de las mencionadas.
8https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002023016600

01100103

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza

El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión que se
cuestiona se profirió dentro del trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

2.5. Hechos probados

De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.5.1. El 9 de marzo de 2007, el Superintendente Delegado para la Promoción de la
Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución
número 06981 de 9 de marzo de 2007, abrió investigación contra los Ingenios
Providencia S. A., Cauca S. A., Carmelita S. A., Manuelita S. A., Mayaguez S. A., Riopaila,
Central Castilla, Pichichí S. A.., Risaralda S. A., La Cabaña S. A., San Carlos S. A.,
Carmelita S. A., María Luisa y Central Tumaco S. A., así como contra sus representantes
legales, entre ellos el señor César Augusto Arango Isaza, con el fin de determinar si
incurrieron en conductas contrarias a la libre competencia, entre mayo de 2005 y
febrero de 2007, en el mercado de compra de caña de azúcar como materia prima.

2.5.2. El 9 de febrero de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la
Resolución número 6839 de 2010, por medio de la cual resolvió sancionar al Ingenio
Risaralda con multa que ascendió a la suma de mil treinta millones de pesos
($1.030.000.000), y a su representante legal, el señor César Augusto Arango Isaza,
con multa de ciento cincuenta y cuatro millones quinientos mil pesos ($154.500.000).

2.5.3. El Ingenio Risaralda S. A. y el señor César Augusto Arango Isaza,9a través de
apoderado, radicaron el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el propósito de obtener las
siguientes declaraciones y condenas:

[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 6839 del 9 de febrero de
2010, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, notificada por edicto
que se desfijó el 19 de febrero de 2010, por medio de los cual se impuso una sanción de
mil treinta millones de pesos, ($1.030.000.000) al INGENIO RISARALDA y ciento cincuenta

9
El 12 de julio de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C decretó la
acumulación de los procesos iniciados por los Ingenios Providencia S. A., Carmelita S. A., Cauca S. A., Pichichí S. A.,
Mayaguez S. A., y el señor Mauricio Iragorri Rizo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza

y cuatro millones quinientos mil pesos ($154.500.000) al señor CÉSAR AUGUSTO ARANGO
ISAZA. SEGUNDA: Que se declare la nulidad de las Resolución No. 42411 del 13 de agosto
de 2010, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, notificada el día 23
de agosto de 2010, por medio del cual se resolvió el recurso de reposición, interpuesto
por mis representados, en contra de la Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010,
confirmando en todas sus partes el acto recurrido. TERCERA: Que como consecuencia
de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se realicen los
siguientes pronunciamientos: 1. Que se decrete que mis poderdantes no incurrieron en
las conductas sancionadas por medio de los actos administrativos demandados. 2. Que
se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio reembolsar al INGENIO DEL
CAUCA S. A. la suma mil treinta y siete millones quinientos cincuenta y tres mil trescientos
treinta y dos pesos, ($1.037.553.332), correspondiente a la multa impuesta más los
intereses causados hasta la fecha de su pago por mi poderdante, el 6 de octubre de
2010. La misma deberá reembolsarse indexada, y con los correspondientes intereses a
que haya lugar. 3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio
reembolsar al señor CÉSAR AUGUSTO ARANGO ISAZA, la suma de ciento cincuenta y cinco
millones seis cientos treinta y tres mil pesos ($155.633.000) correspondiente a la multa
impuesta más los intereses causados hasta la fecha de su pago por mi poderdante, el
12 de octubre de 2010. La misma deberá reembolsarse indexada, y con los
correspondientes intereses a que haya lugar. 4. Que se ordene a la Superintendencia de
Industria y Comercio publicar a su costa, un aviso en los mismos diarios en que los
publicó mis poderdantes, en el que se indique que aquel no incurrió en conducta alguna
contraria a las normas de promoción de la competencia. CUARTA: Que se condene a la
Entidad demandada a pagar las costas que generen en este proceso.

2.5.4. El 12 de diciembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, resolvió:

PRIMERO. Declarar la nulidad parcial de los artículos primero y segundo de la
Resolución núm. 6839 de 9 de febrero de 2010, por medio de la cual la SIC declaró
que las empresas INGENIO PROVIDENCIA S. A. INGENIO CARMELITA S. A., INGENIO DEL
CAUCA S. A., INGENIO PICHICHÍ S. A., INGENIO RISARALDA S. A. Y MAYAGUEZ S. A. infringieron
el artículo 1.º de la Ley 155 y el numeral 1.° del artículo 47 del Decreto 2153 y les
impuso sanción pecuniaria. Asimismo, declarar la nulidad parcial del artículo primero
de la Resolución núm. 42411 de 13 de agosto de 2010, en cuanto confirmó los artículos
primero y segundo de la Resolución núm. 6839 de 9 de febrero de 2010.

SEGUNDO. Declarar la nulidad parcial de los artículos quinto y sexto de la Resolución
núm. 6839 de 9 de febrero de 2010, por medio de la cual la SIC determinó que los
señores CÉSAR AUGUSTO ARANGO ISAZA y MAURICIO IRAGORRI RIZO infringieron el artículo
1.º de la Ley 155 y el numeral 1.° del artículo 47 del Decreto 2153 y les impuso sanción
pecuniaria. Igualmente, declarar la nulidad parcial del artículo primero de la Resolución
núm. 42411 de 13 de agosto de 2010, en cuanto confirmó los artículos quinto y sexto
de la Resolución núm. 6839 de 9 de febrero de 2010.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, declaró que las empresas INGENIO
PROVIDENCIA S. A. INGENIO CARMELITA S. A., INGENIO DEL CAUCA S. A., INGENIO PICHICHÍ S.
A., INGENIO RISARALDA S. A. Y MAYAGUEZ S. A, así como los señores CÉSAR AUGUSTO
ARANGO ISZA y MAURICIO IRAGORRI RIZO no están obligados a pagar la sanción impuesta
en los actos administrativos anulados; por ende, en caso de haber cancelado esos
valores, se ordena devolver el monto que se hubiese pagado por concepto de multa,
de conformidad con lo establecido en los artículos 177 y 178 del CCA, de manera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza

indexada, desde el momento del pago efectivo, a la fecha de ejecutoria de la presente
sentencia, aplicando la fórmula esbozada en la parte considerativa de dicho proveído.

CUARTO: Ordenar a la SIC retirar los registros o antecedentes respectivos con base en
la sanción impuesta relacionados con el INGENIO CARMELITA S. A. e INGENIO PICHICHI S.
A.
QUINTO: Denegar las demás pretensiones de las demandas promovidas contra la SIC;
y abstenerse de condenar en costas.

2.5.5. El 1.° de diciembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Primera, al resolver
el recurso de alzada interpuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio
decidió:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada de 12 de diciembre de 2014, proferida por la
Sección Primera, Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
cuanto no prospera el cargo de desconocimiento de las garantías constitucionales del
debido proceso, en concordancia con el derecho de contradicción y el principio de
tipicidad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se dispone: REMITIR el expediente al
Tribunal de origen para que se pronuncie respecto de los demás cargos que fueron
objeto de demanda y registre proyecto dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la
recepción del expediente, en los términos del artículo 211 del CCA.

2.5.6. El 30 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, dio cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo de Estado en
providencia del 1° de diciembre de 2022, y en tal virtud profirió sentencia
complementaria de primera instancia, en donde abordó el estudio de los cargos de
nulidad que no fueron desarrollados en la sentencia del 12 de diciembre de 2014. Al
efecto, decidió:

PRIMERO.- OBEDÉZCASE Y CUMPLÁSE lo resuelto por el Honorable Consejo de Estado en
la sentencia de primero (1°) de diciembre de dos mil veintidós (2022), que revocó la
sentencia de doce (12) de diciembre de dos mil catorce (2014) proferida por la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y
ordenó pronunciarse sobre los cargos restantes de nulidad.
SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda,
por las razones contenidas en la presente providencia.

TERCERO.- No se impondrá costas del proceso, por la actuación proba de las partes.

TERCERO.- (SIC) Por Secretaría DEVUÉLVASE al actor el remanente de los gastos de
proceso, previa liquidación.

CUARTO.- ARCHÍVESE, previa ejecutoria.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza

2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto

El accionante interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera,
en procura de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
de defensa y de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con
la sentencia del 1.° de diciembre de 2022, dictada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 25000 23 24 000 2011 00170 00
[01] (acumulados), que revocó la sentencia apelada de 12 de diciembre de 2014,
proferida por la Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca respecto de los cargos relacionados con el desconocimiento de las
garantías constitucionales al debido proceso, en concordancia con el derecho de
contradicción y el principio de tipicidad y ordenó al juez a quo pronunciarse sobre los
demás reproches de nulidad elevados por la parte actora, dado que aquellos no fueron
analizados por el Tribunal, autoridad a la que le correspondía adelantar dicho estudio.

Ahora bien, en esta instancia el señor César Augusto Arango Isaza manifestó que la
Sección Primera de esta corporación incurrió en un defecto sustantivo, en cuanto la
providencia objeto de litis se limitó a estudiar los argumentos y cargos de otros
demandantes, absteniéndose de considerar y decidir los por él alegados, relacionados
con el cargo de violación a los derechos del debido proceso y de defensa, en especial
lo relacionado con el principio de congruencia con ocasión de las modificaciones en
las imputaciones fáctico-jurídicas realizadas en los actos administrativos expedidos por
la Superintendencia de Industria y Comercio, todo lo cual desconoció lo dispuesto en
los artículos 280 y 281 del Código General del Proceso y 187 de la Ley 1437 de 2011.

Esta Sala considera pertinente destacar que la Sección Primera de esta corporación,
luego de analizar en la sentencia cada uno de los cargos expuestos por los seis
ingenios demandantes, en particular, el denominado «RESPONSABILIDAD DEL DOCTOR
CÉSAR AUGUSTO ARANGO»,10 especificó que sí existió plena correspondencia y
congruencia entre los cargos formulados por la Superintendencia en la resolución de
apertura de investigación y los fundamentos mediante los cuales le impuso la sanción
pecuniaria en atención a la conducta imputada al accionante en su condición de

10 Folio 52, sentencia de 1.° de diciembre de 2022 del Consejo de Estado, Sección Primera.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza

representante legal del Ingenio Risaralda S. A., en tanto ambos actos administrativos
coincidieron en establecer que la conducta investigada consistió en que los ingenios
incurrieron en un acuerdo para la fijación de los precios pagados por la caña de azúcar
destinada tanto a la producción de azúcar como de alcohol carburante, razón por la
cual consideró que habían infringido la prohibición general prevista en el artículo 1.º de
la Ley 155 y el numeral 1.º del artículo 47 del Decreto 2153.

Al efecto, resulta claro que para configurar la responsabilidad y la imposición de la
sanción al señor Arango Isaza en su condición de representante legal del Ingenio
Risaralda S. A.,11 en la resolución de apertura, le fue imputada la comisión de la
conducta señalada en el artículo 4.º, numeral 16 del Decreto 2153 de 1992, y la
incursión en la violación de las normas sobre protección de la competencia, contenidas
en los artículos 47, numeral 1.° del Decreto 2153 de 1992 y 1.° de la Ley 155 de 1959,
de ahí que se concluyera que también podía estar incurso en la violación de estas
últimas disposiciones, al tolerar acuerdos contrarios a la libre competencia, lo que
constituía una vulneración a las normas en cita.

Así las cosas, para la Sección Primera sí existió congruencia entre los cargos
formulados por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución número
06981 de 9 de marzo de 2007,12 y la conducta objeto de la Resolución número 6839
de 9 de febrero de 2010,13 al definir que «ambos actos administrativos coinciden en
establecer que los mencionados investigados incurrieron en tolerar acuerdos para la
fijación de los precios de la caña de azúcar, contrarios a la libre competencia, así como
en la responsabilidad prevista en el artículo 4º, numeral 16, del Decreto 2153», postura
idéntica a la sostenida antes por esa Sección en sentencia del 18 de julio de 2019.14
Al efecto, discurrió como sigue:

[…]

11 Así como al representante legal del ingenio Mayaguez S.A.
12 «Por la cual se abre una investigación»
13 «Por la cual se impone una sanción»
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019,

C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2010-00161- 01 y 05001-23-31-000-
2010-00487-01 (Acumulados). «“[…] cabe precisar que para que se configure la responsabilidad y haya lugar a
imponer una sanción, de acuerdo con el artículo 4º, numeral 16, del Decreto 2153, se requiere que él haya
colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado conductas violatorias de las normas sobre protección de la
competencia a que se refiere la Ley 155».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza

Ahora, en lo concerniente a los señores MAURICIO IRAGORRI RIZO, representante legal del
INGENIO MAYAGUEZ S.A., y CÉSAR AUGUSTO ARANGO, representante legal del INGENIO
RISARALDA S.A., se considera que también existió congruencia o concordancia entre la
resolución de apertura de investigación y la que impuso la sanción, en lo correspondiente
a la conducta imputada, toda vez que ambos actos administrativos coinciden en
establecer que los mencionados investigados incurrieron en tolerar acuerdos para la
fijación de los precios de la caña de azúcar, contrarios a la libre competencia, así como
en la responsabilidad prevista en el artículo 4º, numeral 16, del Decreto 2153.

Sobre este asunto, se debe aclarar que para que se configure la responsabilidad y haya
lugar a imponer una sanción de acuerdo con el indicado artículo 4º, numeral 16, del
Decreto 215344 se requiere que los representantes legales hayan colaborado, facilitado,
autorizado, ejecutado o tolerado conductas violatorias de las normas sobre protección
de la competencia o anticompetitivas a que se refiere la Ley 155.

[…]

En el presente caso, en virtud de que a los representantes legales de los Ingenios
MAYAGUEZ S.A. y RISARALDA S.A., en la resolución de apertura, se les imputó la
responsabilidad señalada en el artículo 4º, numeral 16, del Decreto 2153, la cual se
deriva de conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia, como
lo son los artículos 47, numeral 1, del Decreto 2153, y 1º de la Ley 155, no cabe duda
de que también podían estar incursos en la violación de estas últimas disposiciones,
pues los mismos toleraron acuerdos contrarios a la libre competencia, los cuales
constituyen violación al citado artículo 47, numeral 1, del Decreto 2153 y al artículo 1º de
la Ley 155.
[…]

Así las cosas, para la Sala existió plena correspondencia o congruencia entre los cargos
formulados en la Resolución núm. 06981 de 9 de marzo de 2007, “Por la cual se abre
una investigación”, y la conducta objeto de la Resolución núm. 6839 de 9 de febrero de
2010, “Por la cual se impone una sanción”.

En este estado de cosas, la Sala estima que la providencia proferida por la autoridad
judicial accionada no incurrió en una actuación constitutiva de vía de hecho que vulnere
los derechos fundamentales de la parte accionante, considerando que de acuerdo con
el indicado artículo 4º, numeral 16, del Decreto 2153 de 1992, se requiere que los
representantes legales hayan colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado
conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia o
anticompetitivas a que se refiere la Ley 155 de 1959, asunto analizado ampliamente
en la providencia cuestionada.

Conforme lo expuesto, contrario a lo argumentado por el accionante, la Sala considera
razonable la interpretación del Consejo de Estado, Sección Primera por cuanto,
efectuado un estudio ajustado a la normatividad vigente y a la jurisprudencia de esta
corporación, se evidenció que si existió congruencia entre la resolución de apertura de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza

investigación y la que le impuso la sanción, en lo correspondiente a la conducta
imputada. En estas condiciones el defecto sustantivo alegado no es de recibo y, por
tal razón, no se advierte ninguna vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

De otra parte, respecto de la presunta violación directa de la Constitución -en la que
habría incurrido la providencia enjuiciada-, la jurisprudencia constitucional ha explicado
que se configura cuando un juez ordinario adopta una decisión que desconoce la carta
ya sea porque i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o
ii) aplica la ley al margen de los dictados de la carta.

Conforme a lo expuesto en líneas precedentes, se precisa que la Sección Primera de
esta corporación no desconoció ningún precepto constitucional, ni realizó una
interpretación de la normatividad contraria a la Constitución, como tampoco dejó de
aplicar una disposición legal desconociendo el precedente constitucional; por el
contrario, atendió el deber que le asiste a todas las autoridades judiciales de velar por
el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4.° de la Constitución.

Ahora bien, el tutelante solicita ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C que imprima un trámite preferencial y prioritario a la
sentencia complementaria en acatamiento de lo dispuesto por el Consejo de Estado
en la providencia del 1.° de diciembre de 2022, en el término contemplado en el artículo
211 del CCA, dado que el señor César Arango Mejía es un sujeto de especial
protección en razón a que tiene 73 años «para que decida de fondo sobre TODOS los
cargos y argumentos que fueron esbozados por el señor CÉSAR AUGUSTO ARANGO ISAZA,
de manera precisa, concreta e individualizada, lo que debe incluir el cargo y argumento
de la violación a su derecho de defensa (congruencia de los hechos) plasmado en el
escrito de demanda respecto de los hechos imputados a mi poderdante por la SIC».

Sobre el particular se advierte que el 30 de marzo de 2023 el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, obedeció lo dispuesto por la
Sección Primera de esta corporación y resolvió negar las pretensiones de la demanda
una vez analizó los cargos relacionados con -caducidad, desviación de poder, falsa
motivación, infracción de las normas en que debía fundarse, violación al debido

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01660 00
Demandante: César Augusto Arango Isaza

proceso y falta de competencia-, razón por la cual la Sala está eximida de pronunciarse
respecto de las pretensiones elevadas en relación con el cumplimiento de la orden de
dictar sentencia complementaria impartida por la Sección Primera.

3. Conclusión

La Sala concluye que la providencia del 1.° de diciembre de 2022 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, no vulneró los derechos fundamentales
invocados por el señor César Augusto Arango Isaza.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Denegar el amparo de los derechos fundamentales impetrados por el señor
César Augusto Arango Isaza, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte
motiva de esta decisión.

Segundo: En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CRG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.