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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 19001-23-31-000-2011-00203-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 19001-23-31-000-2011-00203-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 9 de marzo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, y en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Carolina Valderruten Ospina, para actuar en representación de la SIC, en los términos y para los fines del poder a ella otorgado. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 19001-23-31-000-2011-00203-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 19001 23 31 000 2011 00203 01
Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Prácticas restrictivas de la competencia. Caducidad de la facultad
sancionatoria; principio de congruencia; aplicación concurrente del artículo
1 de la Ley 155 de 1959 y del numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153
de 1992; aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009; proporcionalidad
de la sanción; y constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 155 de 1959.
Decisión: Revocar la sentencia de primera instancia dictada el 9 de marzo de 2017
por el Tribunal Administrativo de Casanare y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la
sentencia de 9 de marzo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare 1,
por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 9 de marzo de 2011 la sociedad Ingenio La Cabaña S.A. interpuso demanda en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85
del Código Contencioso Administrativo2 en contra de la Superintendencia de Industria y
Comercio3, en la cual formuló las siguientes pretensiones:

1. PRETENSIONES PRINCIPALES

PRIMERA.- Que se declare la nulidad de las Resoluciones 6839 del 9 de febrero de 2010
y 42411 de 13 de agosto de 2010 expedidas por la SIC.

SEGUNDA.- Que como consecuencia de la declaración anterior y a título de
restablecimiento del derecho, se declare que la sociedad CABAÑA no incurrió en la
violación de las normas sobre libre competencia y se ordene la restitución a mi poderdante,
de lo que hubieren pagado al momento de la sentencia, por concepto de las sanciones
monetarias impuestas en las resoluciones demandadas.

Así mismo, y en el evento de que con fundamento en los actos administrativos demandados,
la sociedad CABAÑA sea demandada y condenada a pagar sumas de dinero en otros
procesos judiciales, tales como acciones populares, acciones de grupo o procesos

1 Este proceso fue remitido para fallo por el Tribunal Administrativo del Cauca al Tribunal Administrativo de Casanare,

en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo PSAA16-10529 de 2016.
2 En adelante, CCA.
3 En adelante, SIC.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 19001 23 31 000 2011 00203 01
Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

ordinarios, se le ordene a la SIC, que a título de restablecimiento del derecho, proceda a
pagar las sumas que mi poderdante haya cancelado o deba cancelar.

TERCERA.- Que a título de perjuicios se condene a la entidad demandada a pagar
intereses a la tasa máxima permitida por la ley y/o a la actualización monetaria sobre las
sumas a que hace referencia la pretensión anterior. Los intereses y/o la actualización
monetaria deberán liquidarse desde la fecha en que se hayan cancelado las
correspondientes sumas y hasta la fecha en que efectivamente le sean restituidos a mi
poderdante los valores cancelados.

CUARTA.- Que en el evento de que como consecuencia de los actos administrativos
demandados el buen nombre de CABAÑA se deteriore, se condene a la SIC, a título de
indemnización de perjuicios, a pagarle a CABAÑA, el valor de los efectos negativos que
sobre el patrimonio de dicha sociedad, ocasione tal deterioro, así como los perjuicios
morales. Dichos perjuicios se determinarán a través de un dictamen pericial.

Los perjuicios que se determinen en el proceso deberán actualizarse y/o generar intereses
a la tasa máxima permitida por la ley o aquella que el Tribunal determine, desde la fecha
en que se causen y hasta la fecha en que la entidad demandada efectivamente los pague.

QUINTA.- Que a título de restablecimiento del derecho se le ordene a la SIC publicar la
parte resolutiva de la sentencia que declare la nulidad de los actos demandados en los
mismos medios de comunicación que CABAÑA efectuó la publicación ordenada en las
Resoluciones.

SEXTA.- Que se precise el contenido de la orden dada en el artículo séptimo de la parte
resolutiva de la Resolución 6839 del 9 de febrero de 2010, indicando expresamente cuáles
son las conductas que CABAÑA debe suspender.

SÉPTIMA.- Que se disponga el cumplimiento de la sentencia favorable en los términos de
los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

Que se tenga como pretensiones subsidiarias de las pretensiones primera, segunda y
tercera principales, las siguientes:

Primera.- Que las Resoluciones 6839 del 9 de febrero de 2010 y 42411 del 13 de agosto
de 2010 expedidas por la SIC son nulas parcialmente en relación con la cuantía de las
multas impuestas a mi poderdante.

Segunda.- Que como consecuencia de la anterior pretensión se declare que la cuantía de
la multa impuesta a mi poderdantes (sic) debe ser la mínima posible de acuerdo con la ley;
o aquella suma inferior que el Tribunal considere procedente de acuerdo con los principios
que regulan la dosimetría de las sanciones administrativas.

Tercera.- Que como consecuencia de las pretensiones anteriores y a título de
restablecimiento del derecho se ordene la restitución de la diferencia entre la multa
impuestas por la SIC y aquellas que se hayan declarado en la pretensión segunda anterior,
debidamente actualizadas.

Cuarta.- Que a título de indemnización de perjuicios se condene a la entidad demandada a
pagar intereses a la tasa máxima permitida por la ley o aquella que el Tribunal determine,
liquidados desde la fecha en que se haya realizado el pago de las multas impuestas y hasta
la fecha en que la entidad demandada restituya la diferencia entre lo pagado y la sumas

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Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

que el Tribunal haya declarado en la pretensión segunda anterior4. (mayúsculas sostenidas
del texto original).

1.2. Hechos en que se funda la demanda

1.2.1. A través de la Resolución 6981 de 2007, la SIC abrió una investigación
administrativa en contra del Ingenio La Cabaña S.A. y otros Ingenios y sus representantes
legales por la posible comisión de prácticas contrarias a la competencia durante el
periodo comprendido entre enero de 2005 y febrero de 2007. Dicha actuación se adelantó
en el expediente administrativo 04-074580.

1.2.2. Mediante la Resolución 6839 de 9 de febrero de 2010 la SIC declaró responsable
al Ingenio La Cabaña S.A., así como a otras sociedades y a varios representantes
legales, por infringir el artículo 1 de la Ley 55 de 1959 y el numeral 1 del artículo 47 del
Decreto 2153 de 1992 al haber incurrido en un acuerdo para la fijación de los precios de
la caña de azúcar. En particular, la SIC encontró probado el acuerdo irregular para fijar
montos máximos de remuneración de la caña destinada a la producción de azúcar,
respecto de la producción adquirida por los ingenios sancionados a los agricultores del
valle geográfico del río Cauca. En el acto se indicó que con dicha conducta se
distorsionaron los precios, se restringió la libre competencia por los insumos y se causó
un daño a los consumidores finales y a la economía nacional.

1.2.3. Por medio de la Resolución 42411 de 2010 se resolvieron los recursos de
reposición interpuestos en contra del anterior acto, en el sentido de confirmarlo. Esta
decisión fue notificada el 31 de agosto de 2010.

1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de violación

1.3.1. La demandante afirmó que los actos demandados son nulos por haber sido
expedidos bajo falsa motivación, violación del debido proceso y del derecho de audiencia
y defensa, desviación de poder e infracción de las siguientes normas:

• Los artículos 6, 29, 121, 122 y 248 de la Constitución Política;
• Los artículos 3, 35, 38, 50, 59 y 267 del Código Contencioso Administrativo;
• Los artículos 4, 24, 45, 47 y 52 del Decreto 2153 de 1992;
• Los artículos 140, 185, 178, 24, 251 y 248 del Código de Procedimiento Civil 5;
• El artículo 31 de la Ley 1340 de 2009;
• La Ley 101 de 1993;
• Los artículos 2 y 43 de la Ley 153 de 1887;
• El artículo 3 del Decreto 2478 de 1999.

1.3.2. En el concepto de la violación la demandante expuso los siguientes cargos:

1.3.2.1. Los actos administrativos fueron expedidos sin competencia temporal e
infringiendo las normas en que han debido fundarse

La parte demandante indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Primera
de esta Corporación6 vigente para la época de las conductas investigadas, las entidades
administrativas tenían un plazo máximo de 3 años para expedir el acto sancionatorio,
notificarlo, resolver los recursos formulados en su contra y notificar esa decisión. En igual
4 Página 158 del cuaderno 3 del expediente de primera instancia, visible en el índice 26 de SAMAI.
5 En adelante, CPC.
6 Citó la sentencia de 5 de febrero de 2009 dictada en el proceso con radicado 2000-00643, C.P. María Claudia Rojas

Lasso.

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Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

sentido, la jurisprudencia indicaba que el término para el ejercicio de la facultad
sancionadora respecto de conductas restrictivas de la competencia se empieza a
computar a partir de la ocurrencia del último acto del comportamiento investigado. Por
ello, señaló que se debe tener en cuenta el último hecho del periodo investigado, el cual
fue acotado por la SIC entre mayo de 2005 y febrero de 2007.

A partir de ello aseveró que en el asunto bajo examen se configuró la caducidad de la
facultad sancionatoria de la SIC, pues la Resolución 42411 de 2010 -por la cual se
resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del acto sancionador– fue
notificada a la demandante el 31 de agosto de 2010, es decir, luego de trascurridos 3
años desde la supuesta realización de las conductas que le fueron imputadas, razón por
la que la demandada infringió el artículo 38 del CCA y los artículos 121, 122 y 248 de la
Constitución Política.

Refirió que la SIC adujo que ejerció la facultad sancionadora oportunamente porque la
actuación culminó con la notificación de la Resolución 6839 de 2010, por la cual se
impuso la sanción. Para sustentar dicha tesis la entidad citó la sentencia de 29 de
septiembre de 2009, dictada por la Sala Plena de Consejo de Estado 7. Con todo, la
demandante reprochó que dicha providencia se refirió a la prescripción de la facultad
sancionadora en materia disciplinaria y no al término previsto en el artículo 38 el CCA,
que es la norma aplicable en el presente caso. Además, puso de presente que la
sentencia invocada es posterior a la época de los hechos investigados y al inicio de la
indagación.

La parte actora, trajo a colación el concepto del 25 de mayo de 2005 de la Sala de
Consulta y Servicio Civil8 del Consejo de Estado, en el que se señaló que no puede
separarse el acto que pone fin a la actuación administrativa, del que decide los recursos
en la vía gubernativa, ni concluir que la sola expedición y notificación de la primera
decisión es suficiente para interrumpir la caducidad de la facultad sancionatoria, pues en
ese escenario no existe decisión en firme que constituya antecedente sancionatorio.
Igualmente, afirmó que únicamente cuando el acto adquiere firmeza es suficiente para
que la administración lo ejecute, de manera que solo entonces puede afirmarse que el
administrado ha sido sancionado.

1.3.2.2. Violación del debido proceso y del derecho de audiencia y de defensa e
infracción de las normas en que han debido fundarse los actos demandados

En este punto la demandante manifestó lo siguiente:

(i) La SIC violó el principio de congruencia al modificar los hechos objeto de la
investigación. Refirió que en la resolución de apertura de investigación se sustentó el
cargo sobre la presunta celebración de un acuerdo de precios bajo la consideración de
que el Ingenio La Cabaña S.A. hizo parte del grupo de ingenios que pagaban a los
productores de caña una suma fija equivalente a 58 kilos de azúcar por tonelada de caña.
Frente a dicha imputación, la demandante alegó que era el único ingenio que pactaba
remunerar al agricultor con el equivalente a 52, 53, 54, 55 y 56 kg por tonelada de azúcar,
sin utilizar fórmulas adicionales o variables de rendimiento que sí empleaban sus
competidores, y que no tenía contratos en los que hubiera pactado el pago de 58 kg de
azúcar por tonelada de caña. A su juicio, demostró que pagaba de manera diferente a la
forma en que lo hacían los demás ingenios y que por esa razón no tenía acuerdo alguno
con ellos.

7 Radicado: 11001-03-15-000-2003-00442-01
8 Expediente 1632.

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Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Aseveró que, luego de que la demandante demostró lo anterior, la SIC modificó la
acusación en el sentido de señalar que el supuesto acuerdo tenía por objeto pagar
máximo 58 kg de azúcar por tonelada de caña o máximo el 50% del rendimiento en
contratos de compra de caña, y máximo 25 kg en contratos de cuentas en participación.
Igualmente, la entidad modificó lo antes dicho para afirmar que el supuesto acuerdo se
pactó entre todos los ingenios investigados.

Según la demandante, dicha modificación vulneró sus derechos toda vez que la defensa
de la empresa se centró en desvirtuar las acusaciones contenidas en la resolución de
apertura de la investigación. Señaló que, en este tipo de actuaciones, la única
oportunidad para solicitar el decreto y la práctica de pruebas corresponde al traslado de
la resolución de apertura de la investigación. En consecuencia, si la autoridad modifica la
imputación con posterioridad a esa etapa procesal, el investigado carece de medios
probatorios para ejercer su defensa frente a las nuevas imputaciones.

De otra parte, manifestó que la SIC también incurrió en una falta de congruencia respecto
del presupuesto fáctico relacionado con el mercado relevante. Sostuvo que, en la
resolución de apertura de la investigación, la entidad definió una segmentación
geográfica del valle del río Cauca en dos grupos de competidores claramente
identificables. No obstante, posteriormente descartó dicha segmentación al afirmar que
las conductas anticompetitivas debían atribuirse a la totalidad de los ingenios, sin
consideración al ámbito geográfico en el que cada uno desarrollaba su actividad. Explicó
que el mercado relevante inicialmente delimitado era más amplio desde la perspectiva
del producto y más restringido desde la perspectiva geográfica.

Asimismo, argumentó que la indebida determinación del mercado relevante condujo a la
SIC a concluir que la demandante participó en un acuerdo de fijación de precios con
ingenios que no compiten entre sí, debido a la distancia territorial existente entre ellos.

(ii) La demandante sostuvo que la SIC vulneró su derecho de defensa al otorgarle valor
probatorio al documento denominado “Acta de Acuerdo” del 5 de noviembre de 1992,
pese a que este carece de firma. Destacó que dicho documento data de trece años antes
del período objeto de investigación definido por la SIC y, además, es anterior a la
expedición del Decreto 2153 de 1992.

Asimismo, señaló que la Ley dispone que cuando a un proceso se aporta un documento
privado sin firma es necesario que la parte contra la cual se aduce lo acepte de forma
expresa. En ese sentido, indicó que el artículo 289 del CPC prevé que el trámite de tacha
de falsedad no resulta aplicable a documentos carentes de firma. Con fundamento en
ello, cuestionó que la SIC hubiera reconocido valor probatorio a un documento sin firma
que nunca fue expresamente admitido por la parte contra la cual se hizo valer.

Censuró que, al resolver los recursos mediante la Resolución 42411, la SIC modificó su
postura respecto del valor probatorio del “Acta de Acuerdo”. Según explicó, la entidad
sostuvo entonces que dicho documento estaba integrado tanto por el acta como por una
carta suscrita por una secretaria de gerencia de Incauca, mediante la cual se remitía
aquella a otra empresa. A partir de esa circunstancia, la SIC concluyó que, por
encontrarse firmada la carta de remisión, el acta también debía considerarse suscrita.

(iii) La demandante sostuvo que la SIC incorporó al expediente diversos documentos
recaudados durante una averiguación preliminar que reposaban en un expediente
administrativo distinto, pese a que la etapa probatoria de la investigación ya había

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concluido. Argumentó que no procedía el traslado de dichas pruebas, toda vez que fueron
recaudadas en una fase previa del trámite, cuando las partes aún no se encontraban
vinculadas a la actuación y, por consiguiente, no tuvieron la oportunidad de
controvertirlas. A su juicio, esta circunstancia desconoció el presupuesto previsto en el
artículo 185 del CPC para el traslado de pruebas.

En consecuencia, afirmó que la SIC vulneró el derecho al debido proceso de la actora, lo
que además comportaba la nulidad de pleno derecho de tales elementos probatorios e
impedía que sirvieran de fundamento para las decisiones adoptadas. Con fundamento en
lo anterior, afirmó que la SIC debió excluir del expediente las pruebas decretadas de oficio
e incorporadas a la investigación 04-074580, por cuanto fueron obtenidas durante la
averiguación preliminar 08-131748.

Agregó que el artículo 244 del CPC dispone que, cuando en un proceso exista una
inspección judicial practicada con audiencia de las partes, ya sea dentro del proceso o
como prueba anticipada, no podrá decretarse una nueva inspección sobre los mismos
puntos, salvo que el juez la considere necesaria para su esclarecimiento. No obstante,
señaló que, dentro de la investigación identificada con el radicado 04-74580, en la cual
se expidieron los actos acusados, la SIC practicó una inspección por fuera del proceso.
Por esta razón, sostuvo que las visitas administrativas realizadas a los distintos ingenios
constituyeron una prueba ilícita obtenida con vulneración del debido proceso, al igual que
los documentos recaudados durante dichas diligencias.

(iv) La demandante sostuvo que el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 se encuentra
derogado o, en su defecto, es inconstitucional y que, si se admitiera su vigencia, la SIC
aplicó indebidamente dicha disposición. Explicó que esa norma faculta a la autoridad para
sancionar acuerdos, actos o prácticas restrictivas de la competencia que no se
encuentren tipificados de manera específica en la legislación. Por consiguiente, su
infracción presupone la realización de una conducta distinta de aquellas previstas en los
artículos 47, 48 y 50 del Decreto 2153 de 1992.

A su juicio, de los actos administrativos demandados se desprende con claridad que las
investigadas no fueron acusadas de una conducta diferente del supuesto acuerdo de
fijación de precios. En consecuencia, no podían ser sancionadas simultáneamente por la
infracción del artículo 1 de la Ley 155 de 1959. En este sentido, cuestionó la interpretación
adoptada por la SIC, según la cual la ejecución de una conducta expresamente prohibida
por el Decreto 2153 de 1992 también puede configurar una infracción autónoma del
artículo 1 de la Ley 155 de 1959.

Asimismo, argumentó que en el presente caso no puede predicarse un concurso real de
infracciones. Explicó que, de acuerdo con los actos acusados, la conducta sancionada
corresponde a un único hecho, esto es, el supuesto acuerdo de fijación de precios, y no
a una pluralidad de actos independientes susceptibles de subsumirse en distintos tipos
infracciones. Por ello, consideró improcedente la aplicación concurrente de ambas
disposiciones para sancionar un mismo comportamiento.

1.3.2.3. Los actos demandados fueron expedidos con falsa motivación e
infringiendo las normas en que han debido fundarse

La parte demandante afirmó que los motivos en los que se fundamentan los actos
demandados no son ciertos pues la SIC sustentó la decisión en el numeral 1 del artículo
47 del Decreto 2153 de 1992 que prohíbe los acuerdos para fijar directa o indirectamente
precios, siendo una de las especies de acuerdos las prácticas concertadas. Explicó que,

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teniendo cuenta la definición de lo que constituye una práctica concertada, el investigado
puede desvirtuar su existencia si acredita la ausencia de coordinación o que la conducta
tiene explicación económica alternativa a la existencia de un acuerdo anticompetitivo.

Ahora bien, en los actos acusados la SIC sostuvo que se configuró una práctica
concertada porque existían unos supuestos “valores de referencia” que empleaban los
ingenios en los contratos de compraventa de caña en mata y de cuentas en participación.
Sin embargo, la demandante controvirtió esa conclusión bajo los siguientes
planteamientos:

a. En primer lugar, las conclusiones contenidas en las resoluciones demandadas no se
derivan del análisis de los contratos que obran en el expediente. En particular, cuestionó
que la tabla 1 de la Resolución 6839 de 2010 hiciera referencia a 274 contratos, pese a
que en el expediente únicamente reposan 34 contratos de suministro de caña. Asimismo,
afirmó que la SIC omitió considerar diversos costos que inciden en la determinación del
valor efectivamente percibido por el agricultor.

Agregó que el examen de los contratos de compraventa de caña en mata permite advertir
que: (i) existen acuerdos en los que se pactó una remuneración superior a 58 kilogramos
de azúcar por tonelada de caña; y (ii) el promedio de la contraprestación corresponde a
51,3 kilogramos de azúcar por tonelada de caña, cifra inferior al supuesto valor de
referencia de 58 kilogramos utilizado por la SIC. Según indicó, la revisión de los contratos
de cuentas en participación conduce a conclusiones similares.

De igual forma, reprochó que la SIC hubiera excluido los contratos de arrendamiento del
conjunto de negocios jurídicos celebrados por la demandante para asegurar el
abastecimiento de caña. A su juicio, dicha exclusión redujo de manera injustificada el
universo contractual objeto de análisis para identificar el supuesto acuerdo
anticompetitivo, circunstancia que agravó la situación del Ingenio La Cabaña S.A. dentro
de la investigación.

b. Alegó que durante la actuación administrativa demostró que no utilizó los supuestos
“valores de referencia” identificados por la SIC y que en los actos acusados no existe
prueba ni análisis que sustente la conclusión según la cual el Ingenio La Cabaña S.A.
empleó, como parámetro de remuneración a sus proveedores, un valor de 58 kilogramos
de azúcar por tonelada de caña en los contratos de compraventa, del 50 % del
rendimiento o de 25 kilogramos en los contratos de cuentas en participación. Por el
contrario, sostuvo que los contratos de compraventa de caña en mata y de cuentas en
participación aportados a la investigación evidencian que las remuneraciones pactadas
presentan variaciones significativas y que, en la mayoría de los casos, se apartan del
supuesto valor de referencia.

A su juicio, si realmente hubiera existido un valor de referencia común, lo esperable sería
que la mayoría de los contratos reflejara dicho valor o se aproximara a él. Asimismo,
señaló que la afirmación de la SIC según la cual en ningún contrato se pactó una
contraprestación superior al 50 % del rendimiento induce a error respecto de la conducta
de la demandante, puesto que el Ingenio La Cabaña S.A. no determinó la remuneración
de sus proveedores con base en ese criterio.

c. Explicó que el esquema de remuneración utilizado por el Ingenio La Cabaña S.A. difiere
del empleado por los demás ingenios y que, aun en el evento de que existiera una fórmula
común de liquidación para los proveedores, ello no permitiría inferir la coordinación entre
los agentes del sector. Indicó que la remuneración resultante no es uniforme, pues

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depende de variables que no son definidas ni acordadas por los ingenios, tales como el
precio del azúcar en los mercados nacional e internacional, los volúmenes de venta de
cada ingenio en dichos mercados, así como la cantidad y el precio de la materia prima
destinada a la producción de alcohol, cuando el ingenio cuenta con instalaciones para
esa actividad.

d. Aseveró que la conducta del Ingenio La Cabaña S.A. responde a una justificación
económica objetiva. Explicó que la demandante remunera a sus proveedores, bajo las
modalidades de compraventa y cuentas en participación, mediante el pago de una
cantidad fija de kilogramos de azúcar por tonelada de caña, asumiendo con ello el riesgo
de que la materia prima adquirida no alcance un rendimiento suficiente para cubrir los
costos de producción y generar una utilidad razonable. Señaló que, para determinar el
valor que se puede reconocer al proveedor, el ingenio calcula previamente los costos
asociados a la producción de azúcar, incluidos los costos de cosecha, fábrica y empaque,
la depreciación, los gastos de administración y ventas, así como un margen razonable de
utilidad. Igualmente, estima el rendimiento potencial de la caña en cada predio y, con
fundamento en esas variables, establece la contraprestación correspondiente. En su
criterio, esta metodología demuestra que sus decisiones obedecen a una lógica
económica propia y no a un esquema de concertación.

Finalmente, sostuvo que las conclusiones de la SIC resultan contradictorias, pues la
entidad sugirió la existencia de dos acuerdos distintos: uno encaminado a fijar un pago
máximo de 58 kilogramos de azúcar por tonelada de caña y otro orientado a establecer
una remuneración equivalente al 50 % del rendimiento. En opinión de la demandante,
carece de lógica económica que los agentes del mercado acuerden simultáneamente dos
parámetros distintos para determinar el precio, toda vez que cada participante podría
optar por aquel que le resultara más favorable en cada caso. A su juicio, esa circunstancia
desvirtúa la hipótesis de coordinación sostenida por la autoridad, dado que permitiría a
los agentes apartarse libremente de cualquiera de los criterios supuestamente
concertados.

1.3.2.4. Desviación de poder

La demandante sostuvo que en el expediente se encuentra acreditado que la finalidad de
los funcionarios de la SIC no consistió en establecer si existió o no un acuerdo de precios,
sino en sancionar a los investigados. A su juicio, dicha conclusión se desprende de varias
actuaciones adelantadas durante el trámite administrativo, así:

(i) La SIC modificó de manera injustificada los hechos considerados constitutivos de
conductas anticompetitivas una vez concluida la etapa probatoria.

(ii) La entidad definió inicialmente un mercado relevante, pero dicha delimitación
desapareció tanto en el informe motivado como en las resoluciones sancionatorias.

(iii) La SIC practicó visitas administrativas dentro de una actuación en la que las
investigadas no participaron y, posteriormente, una vez vencido el período probatorio,
incorporó al expediente documentos obtenidos en el curso de esas diligencias.

(iv) La entidad otorgó valor probatorio al documento denominado “Acta de Acuerdo”, pese
a que este carecía de firma y su fecha era anterior al período investigado.

(v) Durante la investigación no se precisaron los hechos que supuestamente
configuraban la infracción del artículo 1 de la Ley 155 de 1959.

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(vi) La SIC afirmó la existencia de efectos graves en el mercado con fundamento en
simples conjeturas, sin sustento probatorio suficiente.

(vii) La entidad negó la práctica de diversas pruebas solicitadas por los investigados y
restringió su participación y la de sus apoderados durante la actuación administrativa.

(viii) El Superintendente omitió valorar los documentos aportados con los alegatos de
conclusión y los recursos interpuestos contra las decisiones sancionatorias.

(ix) La SIC no examinó de manera individualizada los argumentos expuestos por el
Ingenio La Cabaña S.A., pues se limitó a afirmar que coincidían con los planteados por
otros investigados representados por el mismo apoderado.

1.3.2.5. Aplicación retroactiva del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009

La parte actora cuestionó la orden impartida en los actos acusados a los investigados
para que publicaran un aviso en medios de comunicación en el que se informara que
habían sido declarados responsables por la infracción de las normas de protección de la
competencia, con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1340 de 2009.

Refirió que en la Resolución 6839 de 2010 la SIC sostuvo que dicha medida no tenía
carácter sancionatorio y que constituía únicamente una actuación de naturaleza procesal.
No obstante, la demandante afirmó que la orden en cuestión sí tiene naturaleza
sancionatoria, en la medida en que le genera un perjuicio directo de carácter reputacional.
Agregó que esta medida únicamente procede como consecuencia de una decisión que
declara la responsabilidad del investigado al término del procedimiento administrativo,
circunstancia que, a su juicio, evidencia su carácter punitivo.

1.3.2.6. Violación del principio de proporcionalidad e infracción del artículo 36 del
CCA

La demandante sostuvo que la SIC le impuso la sanción máxima prevista en la ley, sin
observar los principios de proporcionalidad y dosimetría sancionatoria. Señaló que la
autoridad justificó dicha decisión en la supuesta gravedad de la conducta, al considerar
que esta afectó de manera significativa un sector de la economía en el que los trece
ingenios investigados adquirieron el 93% de la caña molida y negociaron
aproximadamente 1,7 billones de pesos con sus proveedores.

No obstante, indicó que la participación del Ingenio La Cabaña S.A. en el mercado era
de apenas del 7%, circunstancia que no fue tenida en cuenta por la SIC. Añadió que
tampoco se explica que la demandante hubiera sido sancionada en los mismos términos
que otros ingenios respecto de los cuales se estableció la existencia de acuerdos para la
fijación de precios de compra de caña destinada a la producción de azúcar y de alcohol
carburante.

Asimismo, destacó que las utilidades netas del Ingenio La Cabaña S.A. disminuyeron de
manera significativa entre 2006 y 2007, mientras que los costos de proveeduría de caña
respecto de terceros se incrementaron sustancialmente en el 2006, lo cual, a su juicio,
resulta incompatible con la existencia de una práctica concertada orientada a la fijación
de precios de compra.

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Radicado: 19001 23 31 000 2011 00203 01
Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Agregó que los contratos de arrendamiento representaban el 58,4 % de los instrumentos
contractuales utilizados por el Ingenio La Cabaña S.A. para la obtención de la materia
prima, y que dichos contratos no fueron considerados por la SIC al momento de analizar
el supuesto acuerdo.

De igual forma, sostuvo que resulta ilógica la conclusión según la cual la conducta produjo
efectos desfavorables para los proveedores de caña, toda vez que la única evidencia
relacionada con ese aspecto indica que las utilidades percibidas por los agricultores
pasaron de 22 kg por tonelada a 24 kg por tonelada entre 2005 y 2006. Finalmente,
reprochó que la SIC no hubiera tenido en cuenta que el Ingenio La Cabaña S.A. no
registraba sanciones previas por infracciones a las normas de libre competencia.

1.3.2.7. Infracción de las normas en que ha debido fundarse por aplicar una norma
derogada

La demandante explicó que el inciso primero del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 se
entiende derogado a partir de la expedición de la Ley 1340 de 2009. En consecuencia,
sostuvo que el régimen sancionatorio vigente no incorporó la fórmula amplia prevista en
la primera disposición, según la cual eran sancionables “toda clase de prácticas y
procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o
determinar precios inequitativos”.

Indicó que, por el contrario, las conductas susceptibles de reproche en materia de
prácticas comerciales restrictivas se circunscriben a los acuerdos y actos contrarios a la
libre competencia, el abuso de posición dominante y la infracción de las normas sobre
integraciones empresariales.

1.3.2.8. Infracción de las normas en que ha debido fundarse por falta de aplicación
de la Constitución Política

La parte accionante reprochó haber sido sancionada en los actos acusados por la
infracción del artículo 1 de la Ley 155 de 1959, el cual establece la prohibición de toda
práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia y a mantener o
determinar precios inequitativos. Sostuvo que la aplicación de dicha disposición resulta
inconstitucional, por desconocer los artículos 6 y 29 de la Constitución Política, en la
medida en que los principios de legalidad y tipicidad integran el debido proceso
administrativo.

A su juicio, las expresiones contenidas en la norma son vagas e imprecisas, lo que impide
delimitar con suficiente claridad las conductas sancionables y afecta la exigencia de
determinación previa de las infracciones.

1.3.2.9. Violación del artículo 286 del Código de Procedimiento Civil (CPC)

La demandante sostuvo que los hechos utilizados por la SIC como fundamento para
concluir la existencia de un comportamiento coordinado entre el Ingenio La Cabaña S.A.
y los demás ingenios sancionados no se encontraban debidamente probados, razón por
la cual no se habría aplicado correctamente el artículo 248 del CPC. Agregó que tampoco
resulta acertada la conclusión de la autoridad según la cual no existiría una explicación
alternativa razonable de la conducta distinta de la concertación.

En ese sentido, insistió en que, aun si las fórmulas de remuneración adoptadas por el
Ingenio La Cabaña S.A. hubieran dado lugar a precios coordinados, ello no permite inferir

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Radicado: 19001 23 31 000 2011 00203 01
Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

la existencia de un acuerdo, en la medida en que dicha situación puede explicarse por la
dinámica propia de los mercados agrícolas, el rendimiento promedio de la caña en el valle
geográfico del río Cauca durante el período investigado, así como por las diferencias en
las estructuras de costos y niveles de productividad entre los distintos agentes del sector.

Por lo anterior, afirmó que tampoco se cumplía el segundo requisito exigido para la
valoración de la prueba indiciaria, motivo por el cual la SIC aplicó de manera indebida el
artículo 248 del CPC.

II. TRÁMITE DEL ASUNTO

2.1. Mediante auto del 19 de septiembre de 2011 el Tribunal Administrativo de Cauca
admitió la demanda y negó la solicitud de suspensión provisional de los actos
administrativos acusados. Además, en la providencia ordenó notificar a la entidad
demandada y al representante del Ministerio Público9.

2.2. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda oponiéndose
a las pretensiones, para lo cual expuso los siguientes argumentos10:

2.2.1. Frente al cargo relativo a la caducidad de la facultad sancionatoria, trajo a colación
la sentencia de 29 de septiembre de 200911, en la que la Sala Plena del Consejo de
Estado unificó jurisprudencia para señalar que la autoridad administrativa está obligada
a notificar el acto sancionatorio dentro del término previsto para el ejercicio de dicha
facultad, sin que ello implique la obligación de resolver los recursos interpuestos en sede
gubernativa.

Asimismo, controvirtió el argumento de la demanda según el cual dicha providencia no
resultaba aplicable al caso por haber sido proferida en el ámbito del derecho disciplinario.
Sostuvo que tal planteamiento no es de recibo, en la medida en que en el derecho
administrativo sancionador resultan aplicables los mismos principios del derecho
disciplinario. Añadió que tampoco es atendible la afirmación según la cual la sentencia
no podría aplicarse por haber sido proferida con posterioridad a los hechos investigados,
pues la jurisprudencia no está sujeta a un régimen de vigencia similar al de la ley y, en
todo caso, desde el año 2001 el Consejo de Estado ya había sostenido una tesis en el
mismo sentido.

Destacó que las conductas anticompetitivas sancionadas por la SIC correspondían a
comportamientos de ejecución continuada, en la medida en que los acuerdos
investigados se materializaron en contratos que rigieron las relaciones entre agricultores
e ingenios al menos hasta febrero de 2007. En ese sentido, precisó que, como la
actuación administrativa culminó con la Resolución 6839 de 2010, notificada dentro de
los tres años siguientes a la cesación de los hechos investigados, no se configuró la
caducidad de la facultad sancionatoria. En consecuencia, afirmó que no existió
vulneración de los artículos 121, 122 y 248 de la Constitución Política.

2.2.2. Frente a la incongruencia alegada en la demanda, sostuvo que del examen de la
resolución de apertura, el informe motivado y las resoluciones sancionatorias se
desprende que la conducta imputada fue la misma por la cual se sancionó a la
demandante, esto es, la celebración de un acuerdo de precios en la adquisición de caña
de azúcar, en los términos del numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. En

9 Folios 20 a 22 del cuaderno núm. 4 del expediente de primera instancia, visible en el índice 26 de SAMAI.
10 Folios 35 a 105 ibidem.
11 Dictada en el expediente número 11001-03-15-000-2003-00442-01.

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Radicado: 19001 23 31 000 2011 00203 01
Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

ese sentido, precisó que la imputación formulada correspondía a la participación en dicho
acuerdo y no a la fijación de un valor específico del bien.

Indicó que no es posible exigir que en la resolución de apertura se describan de manera
exhaustiva todas las circunstancias en que ocurrieron los hechos investigados, en la
medida en que dicha resolución tiene un carácter preliminar y delimitador del objeto de la
actuación. Por ello, sostuvo que ese acto no limita la competencia de la autoridad ni le
impide valorar las pruebas recaudadas durante el trámite, ni complementar la imputación
jurídica con base en los elementos de juicio obtenidos.

Adujo que los hechos sancionados corresponden con los identificados desde la decisión
de apertura, en tanto coinciden los agentes investigados, el objeto y efectos de la
conducta. Precisó que, aunque durante la investigación se evidenció que el mecanismo
utilizado para regular las transacciones era más amplio que el inicialmente considerado,
en la medida en que la suma fija o el porcentaje de productividad operaban como cotas
máximas de precio, ello no configura una incongruencia. Añadió que tampoco se presenta
incongruencia en la definición del mercado relevante, pues tanto en el acto de apertura
como en la decisión sancionatoria se hizo referencia a los mismos agentes, producto y
ámbito geográfico.

Asimismo, señaló que los investigados tuvieron conocimiento del informe motivado en el
que supuestamente se introdujeron las modificaciones cuestionadas y contaron con la
oportunidad de pronunciarse sobre el mismo, lo cual descarta la alegada vulneración del
derecho de defensa.

2.2.3. De otra parte, precisó que el documento denominado “Acta de Acuerdo” no
constituyó el único fundamento de la decisión sancionatoria, sino un indicio valorado en
conjunto con el acervo probatorio recaudado, del cual se infería la existencia de la
conducta anticompetitiva investigada. Señaló que la valoración del documento fue
realizada tras analizar los argumentos del recurso, y que su autenticidad no depende
exclusivamente de la existencia de firma, sino de la certeza sobre su origen, la cual, en
el caso concreto, se encontraba acreditada.

Añadió que la regla contenida en el inciso final del artículo 289 del CPC, relativa a la
improcedencia de la tacha respecto de documentos sin firma, fue derogada, por lo que
no resulta válido afirmar que se haya valorado indebidamente dicho documento o que se
hubiera vulnerado el debido proceso.

2.2.4. En relación con la incorporación de pruebas recaudadas en diligencias de
inspección, explicó que las visitas administrativas practicadas en la etapa de averiguación
preliminar corresponden a actuaciones unilaterales de la administración de carácter
reservado, no sometidas a las formalidades del Código de Procedimiento Civil. En
consecuencia, la entidad no estaba obligada a notificar su realización ni a permitir la
participación de los investigados en dicha fase.

Por la misma razón, consideró infundado el argumento según el cual se vulneró el
derecho de contradicción al no permitir la intervención de los investigados en dichas
visitas, así como la alegación de que estas constituían una segunda inspección judicial
dentro del proceso. En ese sentido, precisó que la investigación con radicado 04-074580
y la averiguación preliminar 08-131748 corresponden a actuaciones administrativas
distintas, por lo que no era exigible la participación de los investigados en diligencias
adelantadas en esta última. Agregó que las pruebas recaudadas fueron puestas en
conocimiento de los investigados dentro de la actuación 04-074580 mediante la

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comunicación de la Resolución 45643 de 2009, momento desde el cual tuvieron la
posibilidad de controvertirlas.

2.2.5. Explicó que el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 no fue derogado, ni expresa ni
tácitamente por la Ley 1340 de 2009, la cual, por el contrario, reconoció su vigencia en
sus artículos 4 y 5. Añadió que tampoco se configuró un concurso aparente de normas,
en la medida en que el artículo 1 de la Ley 155 constituye una cláusula general de
protección de la libre competencia, de contenido amplio, mientras que el Decreto 2153
de 1992 tipifica de manera específica ciertas conductas anticompetitivas. En ese sentido,
señaló que no existe impedimento para la aplicación concurrente de ambas disposiciones
frente a una misma conducta.

2.2.6. En cuanto al cargo en el que se acusa a los actos administrativos demandados de
haber sido expedidos con falsa motivación y con infracción de las normas en que debían
fundarse, afirmó que no era exigible acreditar la identidad de todos los elementos
contractuales ni de los resultados del ejercicio de liquidación para efectos de sustentar la
imputación de una conducta anticompetitiva. En ese sentido, señaló que la autoridad
demostró que el referente expresado en kilogramos de azúcar por tonelada de caña y/o
en el porcentaje de participación sobre la productividad, variable central en los contratos
de abastecimiento de caña, fue el elemento respecto del cual los ingenios habrían
concertado su comportamiento.

Agregó que en el expediente obran múltiples referencias a dichos valores de referencia,
entre ellas el denominado “Acta de Acuerdo” de 1992, en la que figura la demandante, la
cual daría cuenta de un intento de homogeneización de las remuneraciones a los
proveedores de caña. Indicó que el hecho de que la parte actora hubiera adquirido caña
remunerando por debajo de las cotas acordadas no desvirtúa la existencia del acuerdo,
en la medida en que el sentido económico de este se evidencia incluso a partir de la
simulación aportada por la propia parte en sede de recurso, en la cual se mostró que el
Ingenio La Cabaña S.A. podía pagar hasta 74 kg por tonelada sin incurrir en pérdidas.
Añadió que el acuerdo anticompetitivo se configura aun cuando los agentes decidan
pagar por debajo del límite pactado, pues lo relevante es la eliminación del
comportamiento competitivo en la determinación del precio.

Posteriormente, señaló que del análisis de las bases de datos de proveedores con
contratos vigentes a 2007 se desprende que, en los acuerdos de compraventa de caña
en los que la remuneración se fija en kilogramos de azúcar por tonelada o en función del
rendimiento —o en ambas modalidades—, los valores de referencia de 58 kg o del 50 %
del rendimiento, así como de 25 kg en los contratos de cuentas en participación, operaban
como cotas máximas.

Explicó que la SIC no cuestionó la razonabilidad o equidad del nivel de remuneración
reconocido a los proveedores, ni sostuvo la existencia de un precio injusto de la caña. Lo
que se reprochó a través de los actos administrativos cuestionados es que dicha
remuneración no obedeciera a condiciones de competencia, sino a parámetros
previamente concertados. Bajo esa comprensión, afirmó que la conducta atribuida a la
demandante se enmarca en un esquema de fijación de precios basado en la combinación
de dos reglas: pagar como máximo 58 kg por tonelada en contratos de suma fija y no
superar el 50 % del rendimiento en contratos por productividad o con componente de
bonificación. Indicó que dicho esquema permite variaciones en los pagos a los
proveedores, lo cual no excluye la existencia del acuerdo, sino que constituye una de sus
características.

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Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

En esa misma línea, reiteró que el hecho de que los precios del azúcar en los mercados
nacional e internacional y del etanol no sean determinados por los ingenios, así como la
existencia de diferencias en las liquidaciones para un mismo proveedor, no desvirtúa el
acuerdo de fijación de precios. Tampoco lo hace la circunstancia de que no todos los
ingenios participen en los mismos mercados. En consecuencia, sostuvo que la
uniformidad de los parámetros utilizados en la remuneración de la caña no es propia de
un escenario de libre competencia.

2.2.7. Frente al argumento de la demandante relativo a la existencia de una racionalidad
económica alternativa, señaló que los ingenios tienen incentivos para estabilizar los
costos de adquisición de la caña y capturar los beneficios derivados del incremento de
los rendimientos y de las eficiencias del proceso productivo. Añadió que, aun si se
admitiera la existencia de una práctica basada en la costumbre mercantil, extremo que
no se encuentra probado, su continuidad dependería en todo caso del acuerdo
reprochado.

Del mismo modo, incluso si se acreditara el carácter reiterado y generalizado de la
aplicación del parámetro de 58 kg por tonelada de caña, ello no excluiría la existencia del
acuerdo sancionado, pues admitir lo contrario implicaría convalidar que una eventual
costumbre mercantil puede justificar la inobservancia de las normas de protección de la
competencia.

2.2.8. La SIC reprochó que la demandante se limitó a enunciar un conjunto de hechos
que, a su juicio, configurarían una desviación de poder, sin que tales afirmaciones
hubieran sido debidamente acreditadas. En ese sentido, sostuvo que las resoluciones
acusadas se encuentran sustentadas en el análisis jurídico y económico adelantado por
la entidad, con base en el acervo probatorio recaudado durante la investigación.

Añadió que los acuerdos de precios constituyen una de las conductas más graves en
materia de libre competencia, razón por la cual pueden dar lugar a la imposición de la
sanción máxima prevista en la ley.

2.2.9. De otra parte, afirmó que no es cierto que se hubiera negado la práctica de pruebas
solicitadas por los investigados ni que se hubiera restringido la participación de sus
apoderados en las diligencias correspondientes. Asimismo, señaló que tampoco se omitió
la valoración de los documentos aportados por los investigados ni el análisis de los
argumentos expuestos a lo largo de la actuación administrativa.

2.2.10. Afirmó que las publicaciones previstas en el artículo 17 de la Ley 1340 de 2009
no tienen naturaleza sancionatoria, como lo considera la demandante, sino que
constituyen un mecanismo legal destinado a informar a los consumidores y al mercado
en general sobre actuaciones y decisiones en materia de protección de la libre
competencia que revisten especial interés público.

En apoyo de esta postura, citó pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado relativos a este tipo de publicaciones, con el
fin de demostrar que la norma aplicada tiene un carácter eminentemente procedimental
y no configura una sanción adicional a las previstas en el ordenamiento jurídico.

Adicionalmente, señaló que la Ley 1340 de 2009 entró en vigor el 24 de julio de 2009,
razón por la cual la orden impartida a las investigadas para efectuar la publicación
contemplada en dicha disposición no comporta una aplicación retroactiva de la ley.
Explicó que la medida fue adoptada cuando la norma ya se encontraba vigente, por lo

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Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
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que su aplicación se ajustó a las reglas generales sobre vigencia temporal de las
disposiciones procesales.

2.2.11. A continuación, la demandada rechazó el cargo relativo a la vulneración del
principio de proporcionalidad y a la infracción del artículo 36 del CCA. Señaló que la
normativa aplicable al caso era el Decreto 2153 de 1992, por ser la disposición vigente al
momento de ocurrencia de los hechos investigados. Asimismo, sostuvo que el principio
de favorabilidad no resulta aplicable en materia del derecho administrativo sancionador,
de conformidad con la jurisprudencia vigente sobre la materia.

Con todo, aun si se considerara aplicable el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, dicha
disposición no resultaría más favorable para la demandante. Explicó que, si bien esa
norma incorporó criterios específicos para la graduación de las sanciones, también
incrementó significativamente el monto máximo de las multas, hasta alcanzar los cien mil
salarios mínimos mensuales legales vigentes (100.000 SMLMV).

Afirmó que la SIC sí observó los criterios previstos en el artículo 36 del CCA y respetó los
principios de razonabilidad y proporcionalidad al momento de imponer la sanción. En ese
sentido, indicó que los actos acusados explicaron que la conducta sancionada revestía
una especial gravedad por tratarse de un acuerdo de precios, conducta que afecta la
formación de precios en el mercado y altera las señales económicas que orientan las
decisiones de los agentes económicos y la asignación eficiente de los recursos.

Finalmente, manifestó que la graduación de la sanción también tuvo en cuenta los efectos
acreditados de la conducta en el mercado, dado que los ingenios sancionados
procesaban la mayor parte de la producción de caña de azúcar, circunstancia que
evidenciaba la relevancia económica de la infracción investigada.

2.2.12. Insistió en que las normas de protección de la libre competencia comprenden un
ámbito de aplicación más amplio que el de las prácticas comerciales restrictivas
específicamente tipificadas, por lo que no se limitan a los acuerdos, actos o abusos de
posición dominante previstos en la legislación. En ese sentido, sostuvo que el artículo 46
del Decreto 2153 de 1992 reconoce expresamente que, en los términos de la Ley 155 de
1959 y del propio decreto, se encuentran prohibidas las conductas que afecten la libre
competencia.

A juicio de la demandada, esta disposición incorpora una formulación amplia que resulta
armónica con el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, en cuanto ambas normas consagran
una cláusula general de protección de la libre competencia destinada a proscribir
cualquier comportamiento que tenga la aptitud de restringirla o afectarla.

2.2.13. En cuanto al cargo de violación de los artículos 6 y 29 de la Constitución Política,
explicó que la demandante parte de una premisa equivocada, consistente en equiparar
el alcance del principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador al que es
propio del derecho penal. En ese sentido, señaló que la exigencia de tipicidad en materia
administrativa admite un mayor grado de flexibilidad, especialmente en ámbitos técnicos
y económicos como el de la protección de la libre competencia.

Con fundamento en lo anterior, afirmó que el hecho de que el artículo 1 de la Ley 155 de
1959 contenga expresiones de textura abierta no implica que la disposición sea
indeterminada o inconstitucional. Por el contrario, sostuvo que, mediante la aplicación de
criterios técnicos y económicos propios de la materia, es posible identificar las prácticas,

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procedimientos o sistemas susceptibles de restringir la libre competencia y, por ende, de
ser subsumidos en la hipótesis normativa prevista por dicha disposición.

Asimismo, manifestó que no es cierto que el ordenamiento carezca de una descripción
clara de las conductas contrarias a la libre competencia o de las consecuencias derivadas
de su realización. Destacó que el Decreto 2153 de 1992 establece competencias
expresas para la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección de
la competencia y contiene disposiciones dirigidas a prevenir, investigar y sancionar
conductas que afecten el adecuado funcionamiento de los mercados.

En consecuencia, concluyó que la aplicación del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 no
desconoce los principios de legalidad y tipicidad ni vulnera el debido proceso consagrado
en los artículos 6 y 29 de la Constitución Política.

2.2.14. Respecto del noveno cargo de la demanda, señaló que el artículo 286 del CPC,
cuya vulneración alega la demandante, no guarda relación con los cuestionamientos
formulados en ese cargo.

Sin perjuicio de lo anterior, al pronunciarse sobre la valoración de los indicios que
sirvieron de fundamento para la adopción de los actos acusados, sostuvo que dichos
medios de prueba no fueron apreciados de manera aislada, sino en conjunto con los
demás elementos probatorios recaudados durante la actuación administrativa. En ese
sentido, afirmó que las conclusiones derivadas de la prueba indiciaria coincidieron con
los resultados obtenidos del análisis de los contratos celebrados por los ingenios para el
abastecimiento de caña de azúcar.

Explicó que el documento denominado “Acta de Acuerdo”, lejos de constituir el único
soporte de la decisión, permitió inferir determinadas conductas que posteriormente
encontraron respaldo en otros medios de prueba incorporados al expediente. Entre ellos,
mencionó los testimonios e interrogatorios practicados, la información relativa a los
valores pactados en los contratos celebrados por los ingenios investigados, los datos
sobre el rendimiento promedio de la caña, las condiciones del mercado en el que
operaban los ingenios, la comparación entre el precio de la caña en Colombia y el
reconocido en otros países, la existencia de una práctica reiterada en el sector, así como
las reuniones y demás intercambios de información identificados durante la investigación.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que la existencia de la conducta sancionada no
se sustentó exclusivamente en indicios, sino en una valoración integral y concordante del
conjunto del material probatorio obrante en el expediente.

III. LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia de 9 de marzo de 2017 el Tribunal Administrativo de Casanare 12
resolvió lo siguiente13:

1° DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL en lo que atañe a la demandante y al monto de la
sanción de multa, únicamente, de las Resoluciones 6839 del 9 de febrero de 2010, por la
cual se declaró responsable a la actora, otras empresas y sus representantes legales, por
infracción a las normas que prohíben prácticas restrictivas de la competencia, y 42411 del
13 de agosto de 2010 que confirmó la anterior, actos expedidos por la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
12 El Tribunal Administrativo de Casanare profirió la sentencia en atención a lo dispuesto por el Acuerdo PSAA16-

10.529 de 2016.
13 Páginas 101 a 144 del cuaderno núm. 6 del expediente de primera instancia, visible en el índice 26 de SAMAI.

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2° FIJAR el importe definitivo de la sanción en la suma equivalente a QUINIENTOS
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES (500 SMLM) vigentes en el año 2010, en
cuanto concierne a la conducta de Ingenio La Cabaña S.A., por haber sido hallada
responsable de violación de reglas que preservan la competencia respecto de la adquisición
de caña de azúcar en el segmento geográfico del valle del río Cauca, en el periodo
investigado que corrió del mes de enero de 2005 hasta febrero de 2007, en los términos y
por las razones consignadas en la motivación.

3° ORDENAR a la SIC que mediante acto de ejecución que se expida como lo señala el art.
176 del C.C.A., precise y disponga la devolución del excedente de la suma que haya
consignado la actora por concepto de la multa impuesta en los actos acusados, actualizada
a valor presente a fecha de ejecutoria de este fallo, según se indicó en la parte
considerativa. El importe neto actualizado de lo que deba devolverse causará intereses de
mora, a partir de ejecutoria de la sentencia, conforme a lo previsto en el art. 177 del C.C.A.

4° DENEGAR las demás pretensiones de la demandante.

5° SIN costas en la instancia. […]”

La decisión adoptada por el Tribunal se sustentó en las siguientes consideraciones.

3.1. En el asunto no se configuró la caducidad de la facultad sancionatoria de la SIC.
Explicó que, para interrumpir el término previsto en el artículo 38 del CCA, basta con la
expedición y notificación del acto administrativo definitivo dentro del plazo de tres años
establecido por la norma. En el caso concreto, la Resolución 6839 de 2010 fue notificada
personalmente al representante legal de la demandante el 11 de febrero de 2010, esto
es, antes de que transcurrieran tres años desde la ocurrencia del último hecho imputado,
identificado el 28 de febrero de 2007.

Precisó que, aunque la sentencia de unificación de 29 de septiembre de 2009 fue
proferida en un asunto disciplinario, en ella se definió el alcance general del artículo 38
del CCA, sin restringir su aplicación a dicha materia. Añadió que, si bien esa providencia
fue cuestionada mediante acción de tutela, la decisión adoptada en ese trámite
únicamente produjo efectos inter partes. Asimismo, destacó que la interpretación acogida
corresponde a una posición reiterada de la Sección Primera del Consejo de Estado.

3.2. Al estudiar el cargo de violación del principio de congruencia, examinó la sentencia
de 12 de diciembre de 2014 proferida por la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca14, en la que se resolvieron demandas
promovidas por otros ingenios contra los mismos actos administrativos. Aunque en esa
oportunidad se declaró la vulneración del principio de tipicidad por incongruencia entre la
imputación y la sanción, el a quo decidió apartarse de dicha conclusión.

A su juicio, no existe una diferencia sustancial entre las conductas descritas en el artículo
1 de la Ley 155 de 1959 y aquellas previstas en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto
2153 de 1992. Consideró que ambas disposiciones son complementarias y que la
conducta tipificada en esta última constituye una manifestación específica de la
prohibición general contenida en la Ley 155. En consecuencia, estimó que no se trata de
infracciones autónomas que exijan fundamentos fácticos o jurídicos distintos.

Tras revisar la resolución de apertura, el informe motivado y los actos sancionatorios
demandados, concluyó que la demandante no fue sorprendida con hechos nuevos, sino

14 Radicado: 25000232400020110017001

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Radicado: 19001 23 31 000 2011 00203 01
Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

que durante toda la actuación se le atribuyó la participación en un acuerdo de precios
orientado a alterar artificialmente la remuneración pagada a los proveedores de caña de
azúcar en el valle geográfico del río Cauca. Agregó que la demandante tuvo plena
oportunidad de ejercer su defensa y que las variaciones identificadas durante la
investigación respecto de las modalidades contractuales o de los mecanismos de fijación
del precio no alteraron la esencia de la imputación.

Asimismo, destacó que la sola variación en la modalidad específica de los contratos
examinados y el hecho de que la conducta sancionada se hubiera concretado mediante
una franja de precios o una cota máxima, y no a través de un valor único, no eran
circunstancias suficientes para desvirtuar la existencia de un acuerdo de precios ni para
configurar una incongruencia entre la imputación y la sanción.

3.3. En relación con el cuestionamiento formulado respecto del documento denominado
“Acta de Acuerdo”, advirtió que dicho reproche fue planteado como una presunta
vulneración del debido proceso. No obstante, consideró que el documento no constituyó
el único soporte de las decisiones demandadas. En esa medida, estimó que no existía
razón para excluir su valoración por el hecho de haber sido elaborado aproximadamente
diez años antes del período investigado, pues sus efectos habrían continuado
proyectándose sobre el comportamiento de los agentes económicos involucrados.

Añadió que el documento fue apreciado conjuntamente con otras pruebas, especialmente
testimonios y documentos contractuales, lo que permitió establecer la existencia de
mecanismos destinados a limitar la competencia en la adquisición de caña de azúcar.
También destacó que el acta hacía parte de un documento cuya autoría se encontraba
identificada y respecto de cuyo contenido no existía controversia.

3.4. De igual forma, descartó la alegada vulneración del debido proceso derivada de la
incorporación de pruebas recaudadas durante la averiguación preliminar identificada con
el radicado 08-131748. Señaló que, dentro de la actuación sancionatoria, la incorporación
de dichas pruebas fue formalmente decretada, notificada y sometida a los mecanismos
ordinarios de contradicción y control. Por consiguiente, consideró que la validez de tales
elementos probatorios no dependía de la participación de la demandante en las
diligencias de inspección donde fueron obtenidos, sino de que esta hubiera tenido la
oportunidad de conocerlos y controvertirlos dentro de la actuación administrativa en la
que finalmente fueron valorados.

3.5. Seguidamente, rechazó el argumento según el cual el artículo 1 de la Ley 155 de
1959 habría perdido vigencia con ocasión de la expedición de la Ley 1340 de 2009. Al
respecto, señaló que el artículo 4 de esta última identificó expresamente la Ley 155 como
una de las fuentes normativas del régimen de protección de la competencia. Del mismo
modo, destacó que el artículo 5 de la Ley 1340 reconoció expresamente la aplicabilidad
del artículo 1 de la Ley 155 y que el artículo 34 únicamente derogó las disposiciones
incompatibles con la nueva regulación. Con fundamento en ello, concluyó que no existían
razones para considerar derogada la disposición invocada por la SIC ni para sostener
que la conducta prevista en ella dejó de ser sancionable.

3.6. En relación con la alegada vulneración del principio de tipicidad, el Tribunal consideró
que la conducta investigada se encontraba suficientemente descrita mediante la
interpretación conjunta del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y el numeral 1 del artículo 47
del Decreto 2153 de 1992. En su criterio, ambas normas permiten identificar con claridad
el comportamiento prohibido y satisfacen las exigencias de determinación propias del

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Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

derecho administrativo sancionador. Asimismo, indicó que la Ley 155 resulta compatible
con el artículo 333 de la Constitución Política.

3.7. Posteriormente, examinó conjuntamente los cargos de falsa motivación y desviación
de poder y concluyó que ninguno de ellos estaba llamado a prosperar. Explicó que los
actos administrativos identificaron la existencia de un acuerdo entre los ingenios
investigados, vigente desde 1992, mediante el cual se establecieron mecanismos
homogéneos para determinar la remuneración pagada por la caña de azúcar, tanto en
contratos de compraventa como en contratos de cuentas en participación.

Indicó que la decisión administrativa explicó suficientemente la forma en que se configuró
dicho acuerdo, sus efectos en el mercado y los medios probatorios que permitían
acreditarlo. Por su parte, la demandante no logró demostrar errores en la valoración
probatoria ni desvirtuar las conclusiones de la autoridad. Destacó, que durante el proceso
judicial no se recaudaron los testimonios por inasistencia de los testigos y del apoderado
del peticionario y tampoco se realizó el dictamen pericial orientado a acreditar los efectos
económicos de la conducta investigada.

En consecuencia, concluyó que tampoco se demostró la existencia de una finalidad
oculta o ilegítima que permitiera configurar la desviación de poder alegada.

3.8. A continuación, consideró que la obligación de publicar la decisión sancionatoria
prevista en el artículo 17 de la Ley 1340 de 2009 tiene naturaleza procesal y no
sancionatoria. Por tal razón, concluyó que la medida estaba sometida al principio de
aplicación inmediata de las normas procesales y podía imponerse válidamente en
actuaciones administrativas en curso al momento de la entrada en vigencia de dicha ley.

3.9. Respecto del cargo relacionado con la dosificación de la multa, el Tribunal consideró
infundada la tesis de la SIC según la cual disponía de una facultad discrecional irrestricta
para imponer la sanción máxima prevista en la ley. En contraste, estimó procedente
aplicar los criterios de graduación establecidos en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009,
por resultar más favorables para la demandante que los previstos en el Decreto 2153 de
1992. Bajo esa premisa, concluyó que los actos acusados no justificaron adecuadamente
la imposición de la sanción máxima.

En particular, observó la ausencia de un análisis individualizado de la participación del
Ingenio La Cabaña S.A. en el mercado, la falta de depuración de ciertas variables
macroeconómicas utilizadas en la motivación de la sanción y la inexistencia de una
evaluación integral de los contratos celebrados por la demandante para la adquisición de
caña de azúcar. Por ello, concluyó que la graduación de la multa adolecía de insuficiente
motivación.

En aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998,
de los criterios establecidos en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009 y de lo dispuesto en
el artículo 36 del CCA, redujo la sanción al equivalente al 25% del máximo legal, esto es,
a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV). Para ello tuvo
en cuenta que la participación de la demandante en el mercado era del 7%, que el 58,4%
de los contratos utilizados para abastecerse de materia prima correspondía a contratos
de arrendamiento, modalidad no cuestionada por la SIC, y que únicamente el 43,7% de
los contratos analizados fue objeto de reproche respecto del Ingenio La Cabaña S.A.

3.10. Finalmente, el Tribunal se abstuvo de imponer condena en costas teniendo en
cuenta que las pretensiones prosperaron de manera parcial y que no se evidenció una

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conducta procesal indebida por parte de la demandante, quien resultó vencida en la
mayor parte de sus pretensiones.

IV. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. De la parte demandante15

La demandante solicitó revocar la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia
con fundamento en las siguientes razones:

4.1.1. Los actos administrativos fueron expedidos sin competencia temporal e
infringiendo las normas en que han debido fundarse. La demandante criticó que el
Tribunal hubiera descartado la configuración de la caducidad de la facultad sancionatoria
con fundamento en providencias que, en su criterio, no constituían un soporte
jurisprudencial válido para sustentar esa conclusión. Al respecto, afirmó que la sentencia
de unificación del Consejo de Estado citada por el a quo fue posteriormente dejada sin
efectos mediante un fallo de tutela y que las demás decisiones invocadas fueron
proferidas con posterioridad a los hechos objeto de investigación, circunstancia que
impedía su aplicación al presente asunto.

Sostuvo que esa circunstancia desconoce los principios de seguridad jurídica, igualdad y
confianza legítima, en la medida en que la interpretación acogida por el a quo no
correspondía al entendimiento vigente al momento de ocurrencia de los hechos ni al
marco jurídico bajo el cual actuaron los investigados.

Asimismo, insistió en que la interpretación según la cual la facultad sancionatoria se
ejerce válidamente con la sola expedición y notificación del acto administrativo
sancionatorio dentro del término previsto en el artículo 38 del CCA resulta contraria a los
artículos 121, 122 y 248 de la Constitución Política, así como a la citada disposición legal.
En apoyo de su postura, invocó el concepto de 25 de mayo de 2005 emitido por la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dentro del expediente 1632.

4.1.2. Violación del debido proceso y del derecho de audiencia y de defensa e infracción
de las normas en que han debido fundarse los actos demandados.

4.1.2.1. La demandante cuestionó la conclusión del Tribunal según la cual no se vulneró
el principio de congruencia porque las modificaciones a la imputación fueron introducidas
en el informe motivado y, por tanto, el Ingenio La Cabaña S.A. no fue sorprendido con
hechos nuevos. A su juicio, esa apreciación parte de una comprensión equivocada del
procedimiento administrativo previsto en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, toda
vez que la única oportunidad procesal con la que cuentan los investigados para solicitar
el decreto y práctica de pruebas corresponde al traslado de la resolución que ordena la
apertura de la investigación.

En ese contexto, sostuvo que durante el traslado del informe motivado no existe la
posibilidad de solicitar pruebas ni de promover actividad probatoria alguna, razón por la
cual la incorporación de hechos distintos a los consignados en la resolución de apertura
vulneró su derecho de defensa y el debido proceso.

Reiteró que, en la resolución de apertura, el Ingenio La Cabaña S.A. fue identificado como
uno de los agentes que remuneraban a sus proveedores mediante contratos de
compraventa de caña en mata con una suma fija equivalente a 58 kilogramos de azúcar
15 Páginas 150 a 190 del cuaderno núm. 6 del expediente de primera instancia, visible en el índice 26 de SAMAI.

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por tonelada de caña, imputación frente a la cual estructuró su defensa. Sin embargo,
señaló que la Resolución 6839 de 2010 concluyó que el acuerdo investigado consistía en
pagar, como máximo, 58 kilogramos de azúcar por tonelada de caña o el 50% del
rendimiento en los contratos de compraventa, así como un máximo de 25 kilogramos en
los contratos de cuentas en participación. Por ello, afirmó que la sanción se fundamentó
en hechos distintos de aquellos que dieron lugar a la apertura de la investigación.

Asimismo, insistió en que la actuación administrativa adoleció de falta de congruencia en
relación con la definición del mercado relevante. Explicó que, en la resolución de apertura,
la SIC identificó dos grupos de competidores dentro del valle geográfico del río Cauca,
diferenciados por su ubicación y ámbito de competencia. No obstante, en los actos
posteriores abandonó dicha segmentación y consideró que las conductas investigadas
comprometían a todos los ingenios, con independencia de la zona geográfica en la que
desarrollaban sus actividades.

Según la demandante, esa modificación obedeció a un cambio en la delimitación del
mercado relevante, que pasó de ser más amplio desde la perspectiva del producto y más
restringido desde el punto de vista geográfico, definición distinta que ignoró las
condiciones reales de competencia entre los agentes económicos involucrados. Como
consecuencia de ello, la SIC concluyó erróneamente que el Ingenio La Cabaña S.A.
participó en acuerdos de precios con ingenios con los cuales no compite por la
adquisición de caña de azúcar, dado que la distancia existente entre ellos excluye
cualquier posibilidad real de competencia por la tierra y por el suministro de la materia
prima.

4.1.2.2. Insistió en que la valoración del documento denominado “Acta de Acuerdo”
vulneró su derecho de defensa y el debido proceso. En sustento de esa afirmación,
señaló, en primer lugar, que dicho documento no hacía parte de otro instrumento cuya
autoría estuviera plenamente identificada. En segundo lugar, sostuvo que la
comunicación mediante la cual se remitió el acta fue suscrita por una secretaria de otro
ingenio, quien carecía de facultades de representación legal y, por tanto, no podía conferir
autenticidad o valor probatorio a su contenido.

Asimismo, afirmó que el documento no estaba firmado por ningún representante de la
demandante ni por las personas a quienes se atribuía la celebración del supuesto
acuerdo, razón por la cual carecía de eficacia probatoria frente a ella. En esa medida,
reiteró que tampoco era procedente acudir al trámite de tacha de falsedad, toda vez que,
conforme a las reglas procesales invocadas, dicho mecanismo no resultaba aplicable
respecto de documentos que no contaran con firma atribuible a la parte contra la cual se
pretendían hacer valer.

Finalmente, sostuvo que la relevancia otorgada por la SIC al mencionado documento
resulta evidente a partir de la motivación contenida en los actos acusados, en los cuales
el “Acta de Acuerdo” fue empleada como uno de los principales elementos para sustentar
la existencia de la conducta investigada. Por ello, consideró que las irregularidades que
afectaban su valoración incidieron directamente en la legalidad de las decisiones
sancionatorias.

4.1.2.3. También señaló que fue ilegal la incorporación al expediente de las pruebas
obtenidas en el trámite identificado con el número 08-131748. Explicó que dichos
elementos probatorios fueron recaudados durante una averiguación preliminar, esto es,
en una etapa previa a la existencia formal de un proceso administrativo con partes
determinadas. Por esa razón, consideró que no podían ser objeto de traslado a la

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investigación posterior, toda vez que las reglas aplicables a la prueba trasladada exigen
que esta haya sido practicada dentro de un proceso y que las partes hayan contado con
la posibilidad de ejercer contradicción respecto de ella.

A su juicio, como las pruebas fueron obtenidas en una actuación en la que no existían
sujetos procesales vinculados ni oportunidades de contradicción, se desconoció el debido
proceso desde el momento mismo de su recaudo. En consecuencia, afirmó que tales
elementos carecían de validez jurídica y debían ser excluidos del expediente, por lo que
no podían servir de fundamento para las decisiones adoptadas por la SIC.

4.1.2.4. Posteriormente, cuestionó la conclusión del Tribunal según la cual una misma
conducta puede configurar simultáneamente una infracción al artículo 1 de la Ley 155 de
1959 y al numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. Explicó que, en una
situación de esa naturaleza, lo que realmente se presenta es un concurso aparente de
normas, el cual debe resolverse mediante la aplicación de los principios de especialidad
o subsidiariedad.

En ese sentido, sostuvo que la conducta atribuida en el presente asunto corresponde a
un único hecho, consistente en un supuesto acuerdo de precios. Por tratarse de una sola
actuación y no de conductas autónomas e independientes, consideró improcedente la
aplicación concurrente de varias disposiciones para fundamentar una misma sanción.

4.1.3. Falsa motivación e infracción de las normas en que han debido fundarse respecto
del supuesto acuerdo de precios. Luego, discutió la conclusión del Tribunal respecto del
cargo de falsa motivación. Sostuvo que en la demanda acreditó suficientemente que el
Ingenio La Cabaña S.A. no utilizó los denominados “valores de referencia”, que la
remuneración reconocida a sus proveedores difería de la empleada por los demás
ingenios, que incluso la aplicación de una misma fórmula no conducía necesariamente a
resultados equivalentes para los proveedores y que la conducta investigada respondía a
una explicación económica razonable, distinta de cualquier acuerdo anticompetitivo.

En desarrollo de ese planteamiento, reiteró que las conclusiones contenidas en el informe
motivado y en las resoluciones demandadas no se derivan del análisis de los contratos
obrantes en el expediente. Señaló que la revisión de dichos documentos evidencia la
existencia de contratos en los que se pactaron remuneraciones superiores a 58
kilogramos de azúcar por tonelada de caña y que el promedio de contraprestación
reconocido a los proveedores ascendía a 51,3 kilogramos de azúcar por tonelada de
caña, cifra significativamente inferior al supuesto valor de referencia identificado por la
SIC.

Asimismo, reprochó que el Tribunal omitiera examinar el archivo denominado “contratos
vigentes caña en mata 1.xls”, el cual, según afirmó, contiene la información relativa a los
contratos de compraventa y de cuentas en participación celebrados por el Ingenio La
Cabaña S.A. y demuestra que no existía uniformidad en los valores pactados ni la
utilización de parámetros de referencia comunes.

De igual manera, sostuvo que la sentencia desconoció que, aun en el evento de admitirse
la existencia de una fórmula común para la determinación de los pagos, la remuneración
efectivamente recibida por los proveedores no era idéntica. Explicó que el resultado de
las liquidaciones dependía de múltiples variables de mercado, ajenas a la voluntad de los
ingenios y no concertadas entre ellos. Destacó, además, que la propia SIC reconoció que
los precios pagados en dinero por los distintos ingenios diferían entre sí, circunstancia

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que, a su juicio, resulta incompatible con la existencia de un acuerdo de fijación de
precios.

En esa línea, solicitó al juez de segunda instancia valorar la legalidad de los actos
demandados prescindiendo del documento denominado “Acta de Acuerdo”. Afirmó que,
una vez excluido dicho documento, se evidencia la falsa motivación de las decisiones
administrativas, toda vez que la SIC sustentó sus conclusiones en cuadros y tablas que
omitieron considerar los contratos de arrendamiento —los cuales representaban
aproximadamente el 55% de los contratos utilizados por la demandante para abastecerse
de materia prima— y dejaron de lado el contenido integral de los contratos, incluyendo
los costos y gastos que incidían en la remuneración efectivamente reconocida a los
proveedores.

Según la demandante, esa metodología condujo a la SIC a concluir que en el 99% de los
contratos celebrados por el Ingenio La Cabaña S.A. se pactaban valores inferiores a 58
kilogramos de azúcar por tonelada de caña, para luego inferir que todo agente económico
que remunerara por debajo de dicho umbral, o por debajo del 50% del rendimiento, hacía
parte del acuerdo investigado. A su juicio, esa inferencia carece de sustento fáctico y
constituye una manifestación de la falsa motivación que afecta los actos administrativos
demandados.

4.1.4. Violación de normas por aplicar retroactivamente el artículo 17 de la Ley 1340 de
2009. La demandante también cuestionó la conclusión del Tribunal relativa a la aplicación
del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009. En particular, reprochó la remisión efectuada al
artículo 40 de la Ley 153 de 1887 para justificar la aplicación inmediata de dicha
disposición y sostuvo que el mencionado artículo 17 no tiene naturaleza procesal.

A su juicio, la obligación impuesta a los investigados de publicar en medios de
comunicación masiva la decisión sancionatoria únicamente opera una vez concluido el
procedimiento administrativo, razón por la cual no puede ser considerada una regla de
trámite o de procedimiento. En consecuencia, afirmó que la disposición no podía
aplicarse a hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1340 de
2009, especialmente si se tiene en cuenta que la apertura de la investigación
administrativa tuvo lugar el 9 de marzo de 2007.

Adicionalmente, insistió en que la orden de divulgar públicamente la sanción impuesta
constituye una medida que afecta de manera directa los intereses y la reputación de los
sujetos obligados a cumplirla. Por tal razón, sostuvo que dicha obligación tiene naturaleza
materialmente sancionatoria y no meramente procesal o informativa.

Con fundamento en lo anterior, reiteró que la aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de
2009 al presente asunto implicó una aplicación retroactiva de una disposición
desfavorable, circunstancia que, en su criterio, resulta contraria a los principios que rigen
el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración.

4.1.5. Violación del principio de proporcionalidad e infracción del artículo 36 del CCA.
Respecto de la multa impuesta en los actos administrativos acusados, la demandante
cuestionó la decisión del Tribunal de reducirla al equivalente del 25% del máximo legal,
al considerar que debía aplicarse el criterio que le resultaba más favorable, consistente
en su participación en el mercado al momento de los hechos, correspondiente al 7,79%.
Sostuvo que, de haberse acogido dicho parámetro, la sanción no habría superado la
suma de $80.237.000.

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4.1.6. Infracción de las normas en que ha debido fundarse por falta de aplicación de la
Constitución Política de Colombia. Finalmente, la demandante cuestionó que el Tribunal
no hubiera emitido pronunciamiento alguno respecto del cargo mediante el cual alegó la
inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 155 de 1959. En su criterio, dicha disposición
no satisface las exigencias derivadas del principio de tipicidad previsto en los artículos 6
y 29 de la Constitución Política, razón por la cual su aplicación en los actos
administrativos demandados dio lugar a la vulneración de tales preceptos superiores.

4.2. De la parte demandada16

La SIC solicitó la revocatoria parcial de la sentencia de primera instancia para que, en su
lugar, se negaran íntegramente las pretensiones de la demanda. En particular, cuestionó
la decisión del Tribunal de reducir la multa impuesta al Ingenio La Cabaña S.A. al
equivalente al 25% del máximo legal previsto en el numeral 15 del artículo 4 del Decreto
2153 de 1992.

Sostuvo que el a quo incurrió en un error al aplicar de manera retrospectiva el artículo 25
de la Ley 1340 de 2009 con fundamento en el principio de favorabilidad. A su juicio, la
providencia construyó una lex tertia inadmisible, al combinar disposiciones
pertenecientes a regímenes sancionatorios distintos y seleccionar únicamente aquellos
elementos que resultaban favorables para la demandante.

Explicó que el Tribunal tomó el límite máximo de la sanción previsto en el numeral 15 del
artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, equivalente a 2.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, y simultáneamente aplicó los criterios de graduación contenidos en
el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. Según la entidad, esa integración normativa carece
de sustento jurídico, pues los criterios de dosificación introducidos por la Ley 1340 forman
parte de un régimen sancionatorio integral cuyo rasgo principal fue el incremento del tope
máximo de las multas hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Asimismo, señaló que la Ley 1340 de 2009 fortaleció expresamente la capacidad
sancionatoria de la SIC mediante el incremento sustancial de los montos máximos de las
multas. En consecuencia, sostuvo que los criterios de graduación previstos en el artículo
25 de dicha ley solo pueden aplicarse dentro del marco sancionatorio diseñado por el
propio legislador, esto es, cuando la autoridad cuenta con la facultad de imponer multas
de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Agregó que una sanción equivalente al 25% del máximo legal aplicable resultaría
insuficiente para cumplir los fines de prevención y disuasión propios del régimen de
protección de la competencia. A su juicio, una multa de esa magnitud podría incluso
generar incentivos para la comisión de conductas anticompetitivas, al reducir
significativamente el costo esperado de la infracción.

En respaldo de su posición, recordó que, según la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), los carteles empresariales constituyen una de las
infracciones más graves contra la libre competencia. Añadió que las sanciones impuestas
en esta materia cumplen finalidades de prevención, represión y eliminación de los
beneficios económicos obtenidos mediante conductas ilícitas. Desde esa perspectiva,
consideró que la reducción de la multa efectuada por el Tribunal desconoce la gravedad
de la conducta acreditada, consistente en la concertación entre ingenios azucareros para
fijar el precio de adquisición de la caña destinada a la producción de azúcar y alcohol
carburante.
16 Páginas 191 a 214 del cuaderno núm. 6 del expediente de primera instancia, visible en el índice 26 de SAMAI.

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Por otra parte, sostuvo que el análisis de proporcionalidad debía efectuarse a la luz del
artículo 36 del CCA, norma que, según afirmó, fue observada por la entidad al momento
de imponer la sanción. Precisó que la circunstancia de haber impuesto una multa cercana
al máximo legal no implica, por sí sola, que la decisión resulte arbitraria o
desproporcionada, siempre que la gravedad de la conducta sancionada justifique
razonablemente esa determinación.

Finalmente, insistió en que la dimensión económica de la conducta acreditada justificaba
plenamente la sanción impuesta. Indicó que, durante el año 2007, diez de los trece
ingenios investigados —entre ellos el Ingenio La Cabaña S.A.— concentraron el 93% de
la producción de caña molida. Añadió que el sector azucarero negoció aproximadamente
1,7 billones de pesos con sus proveedores y procesó 21,1 millones de litros de etanol,
registrando utilidades cercanas a $148.000 millones. En ese contexto, sostuvo que la
multa de $1.030.000.000 impuesta a la demandante resultaba reducida frente a la
magnitud económica de las operaciones involucradas, razón por la cual consideró que la
sanción se ajustaba a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto de 17 de julio de 2018, se admitieron los recursos de apelación
interpuestos por las partes demandante y demandada17.

Seguido a esto, por auto del 8 de octubre de 2018, el Despacho sustanciador ordenó
correr traslado a las partes por el término de diez días para alegar de conclusión. En
dicha etapa, la parte demandante presentó escrito en el que reiteró los argumentos que
expuso en el recurso de apelación. La parte demandada y el Ministerio Público no
allegaron pronunciamiento.

VI. CONSIDERACIONES

6.1. Competencia

De conformidad con el artículo 129 del CCA y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024, expedidos por la Sala Plena de esta Corporación,
esta Sección es competente para conocer del asunto de la referencia, en segunda
instancia.

6.2. Los actos administrativos acusados

6.2.1. Resolución 6839 de 9 de febrero de 2010, en cuanto declaró responsable a la
sociedad Ingenio La Cabaña S.A. En lo que respecta al objeto de la demanda, en la parte
resolutiva se señaló lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que las empresas INGENIO DEL CAUCA S.A., INGENIO
PROVIDENCIA S.A., INGENIO MANUELITA S.A., INGENIO MAYAGÜEZ S.A., INGENIO
RIOPAILA S.A., INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A., INGENIO PICHICHÍ S.A., INGENIO
LA CABAÑA S.A., INGENIO RISARALDA S.A. e INGENIO CARMELITA S.A., infringieron
el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992,
por haber incurrido en un acuerdo para la fijación de los precios de la caña de azúcar.

17 Página 16 del cuaderno de segunda instancia, visible en el índice 26 de SAMAI.

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Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia, de conformidad con el numeral 15 del artículo 4
del Decreto 2153 de 1992, imponer a cada una de las empresas relacionadas en el artículo
primero de la parte resolutiva de la presente resolución, una multa equivalente a la suma
de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, MIL TREINTA MILLONES
DE PESOS ($1.030.000.000,00). Las empresas multadas se identifican a continuación, así:

[…]
INGENIO LA CABAÑA S.A., identificado con NIT 891.501.133-4

[…]

PARÁGRAFO: El valor de la multa que por esta resolución se impone deberá consignarse
en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, cuenta corriente No. 062-
754387, formato de recaudo nacional, código de referencia para pago 03, a nombre de la
Superintendencia de Industria y Comercio, y acreditarse ante la ventanilla de recaudos de
esta Superintendencia, mezzanine 2° piso mediante presentación del original de dicha
consignación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la
resolución.

[…]

ARTÍCULO SÉPTIMO: Las empresas sancionadas y sus representantes legales deberán
poner término a la infracción de forma inmediata, si aún no lo han hecho. Adicionalmente
deberán abstenerse de acordar directa o indirectamente los precios de compra de materia
prima o cualquier otro tipo de colaboración tendiente a generar similar efecto anticompetitivo
en el mercado, en los términos de la presente resolución.

ARTÍCULO OCTAVO: Ordenar a las empresas sancionadas y a sus representantes legales
que implementen las medidas que fueren necesarias para que la información confidencial
o reservada que suministren a las sociedades y asociaciones a las que se encuentran
vinculadas directa o indirectamente, no sea retransmitida a sus competidores de forma que
elimine la incertidumbre propia de un mercado en competencia y, en consecuencia, se
utilice con estricto cumplimiento de la ley, de las finalidades legitimas del derecho de
asociación y, en particular, de las normas relacionadas con el régimen de protección de la
competencia.

ARTÍCULO NOVENO: Ordenar que, de conformidad con el numeral 3 (sic) artículo 17 de la
Ley 1430 y a costa las personas naturales y jurídicas sancionadas, una vez en firme la
presente resolución, se publique en un diario de amplia circulación regional en los
departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Risaralda, el siguiente texto:

"Por instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio las empresas INGENIO
DEL CAUCA S.A., INGENIO PROVIDENCIA S.A., INGENIO MANUELITA S.A., INGENIO
MAYAGÜEZ S.A., INGENIO RIOPAILA S.A., INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A.,
INGENIO PICHICHÍ S.A., INGENIO LA CABAÑA S.A., INGENIO RISARALDA S.A. e
INGENIO CARMELITA S.A. y las personas naturales Juan José Lülle Suárez, Gonzalo Ortiz
Aristizábal, Adolfo León Vélez Vélez, Mauricio Iragorri Rizo y César Augusto Arango Isaza,
informan que:

Mediante Resolución 6839 de 9 de febrero de 2010, la Superintendencia de Industria y
Comercio declaró responsables administrativamente a los ingenios y personas naturales
que se mencionan a continuación, de haber incurrido en una práctica restrictiva de la
competencia en el mercado de la compra de caña de azúcar en el valle geográfica del Río
Cauca, de conformidad con la parte motiva de la referida resolución, así:

1. Las empresas INGENIO DEL CAUCA S.A., INGENIO PROVIDENCIA S.A., INGENIO
MANUELITA S.A., INGENIO MAYAGÜEZ S.A. por haber incurrido en un acuerdo para la

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

fijación de precios de la caña de azúcar destinada a la producción de azúcar y alcohol
carburante, infringiendo el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.

2. Las empresas INGENIO RIOPAILA S.A., INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A., INGENIO
PICHICHI S.A., INGENIO LA CABAÑA S.A. e INGENIO CARMELITA S.A. por haber
incurrido en un acuerdo para la fijación de precios de la caña de azúcar destinada a la
producción de azúcar infringiendo el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.

3. La empresa INGENIO RISARALDA S.A. por haber incurrido en un acuerdo para la fijación
de precios de la caña de azúcar destinada a la producción de alcohol carburante,
infringiendo el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.

4. Las personas naturales Juan José Lülle Suárez, Gonzalo Ortiz Aristizábal, Adolfo León
Vélez Vélez, Mauricio Iragorri Rizo y César Augusto Arango Isaza, por haber incurrido en
un acuerdo para la fijación de precios de la caña de azúcar destinada a la producción de
alcohol carburante, por haber incurrido en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del
artículo 4 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 […]”.

6.2.2. Resolución 42411 de 13 de agosto de 2010. Mediante la cual el Superintendente
de Industria y Comercio resolvió los recursos de reposición formulados por la
demandante y otras empresas en contra del anterior acto y en su parte resolutiva, en
cuanto atañe a la parte actora, dispuso lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la Resolución 6839 de 9 de febrero de 2010 frente a la
responsabilidad de las sociedades INGENIO DEL CAUCA S.A., INGENIO PROVIDENCIA
S.A., INGENIO MANUELITA S.A., INGENIO MAYAGÜEZ S.A., INGENIO PICHICHI S.A.,
INGENIO LA CABAÑA S.A., INGENIO RISÁRALDA S.A. e INGENIO CARMELITA S.A., y
de los señores Juan José Lülle, Gonzalo Ortiz, Adolfo León Vélez, Mauricio Iragorri y César
Augusto Arango […]”

6.3. Planteamiento del asunto

En el recurso de apelación, la demandante solicitó revocar la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declarar la nulidad de las Resoluciones 6839 del 9 de febrero de
2010 y 42411 del 13 de agosto de 2010, mediante las cuales la SIC le impuso, entre otras
medidas, una sanción por haber participado en un acuerdo de fijación de precios para la
adquisición de caña de azúcar, conducta que la entidad consideró constitutiva de
infracción al artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y al numeral 1 del artículo 47 del Decreto
2153 de 1992.

Con ese propósito, la demandante cuestionó las conclusiones del Tribunal respecto de
varios de los cargos formulados en la demanda. En particular, insistió en: (i) la
configuración de la caducidad de la facultad sancionatoria de la SIC; (ii) la vulneración
del principio de congruencia, derivada de la modificación de los hechos imputados entre
la resolución de apertura de la investigación y el informe motivado; (iii) la violación de los
derechos de defensa y debido proceso por la valoración del documento denominado
“Acta de Acuerdo” y por la incorporación de pruebas obtenidas en una actuación
administrativa distinta; (iv) la improcedencia de aplicar concurrentemente el artículo 1 de
la Ley 155 de 1959 y el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992; (v) la falsa
motivación de los actos administrativos y la desviación de poder en la actuación de la
SIC, por cuanto, según afirmó, la conducta investigada obedecía a razones económicas
legítimas y no a un acuerdo anticompetitivo; (vi) la aplicación retroactiva e indebida del
artículo 17 de la Ley 1340 de 2009; (vii) la vulneración del principio de proporcionalidad
en la determinación de la sanción; y (viii) la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley

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155 de 1959 y la consecuente infracción de los artículos 6 y 29 de la Constitución Política
derivada de su aplicación en los actos demandados.

Por su parte, la SIC interpuso recurso de apelación con el fin de obtener la revocatoria
parcial de la sentencia. En concreto, cuestionó la decisión del Tribunal de reducir la multa
impuesta a la demandante al equivalente al 25 % del máximo legal previsto en el numeral
15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992. Según la entidad, el a quo aplicó de manera
incorrecta el principio de favorabilidad al acudir retrospectivamente a los criterios de
graduación previstos en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, pese a que la conducta
investigada se encontraba sometida al régimen sancionatorio establecido en el Decreto
2153 de 1992.

En consecuencia, la entidad demandada solicitó que se revocara la decisión adoptada
respecto de la reducción de la multa y que, en su lugar, se negaran en su totalidad las
pretensiones de la demanda.

6.4. Análisis del Asunto

6.4.1. Caducidad de la facultad de la SIC para sancionar a la demandante a través
de los actos administrativos demandados.

En la sentencia del 9 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de Casanare concluyó
que no se configuró la caducidad de la facultad sancionatoria de la SIC, en la medida en
que la Resolución 6839 de 2010, mediante la cual se impuso la sanción, fue notificada
personalmente al representante legal de la demandante antes de que transcurrieran tres
años desde el último hecho investigado, ocurrido el 28 de febrero de 2007. Para sustentar
esta conclusión, el a quo consideró aplicable la sentencia de unificación del 29 de
septiembre de 2009, proferida por esta Corporación dentro del expediente 11001-03-15-
000-2003-00442-01, en la cual se fijó el alcance del artículo 38 del CCA, y precisó que,
aunque dicha regla jurisprudencial fue emitida en un asunto disciplinario, no se restringía
exclusivamente a ese ámbito.

Frente a esta decisión, la parte demandante sostuvo en su recurso de apelación que el
Tribunal incurrió en error al fundarse en una providencia que, a su juicio, fue dejada sin
efectos en virtud de un fallo de tutela. Asimismo, afirmó que el a quo acudió a decisiones
judiciales expedidas con posterioridad a los hechos objeto de investigación, con lo cual
desconoció los principios de seguridad jurídica, igualdad y confianza legítima.
Finalmente, insistió en que la interpretación adoptada en la sentencia resulta contraria a
los artículos 121, 122 y 248 de la Constitución Política y 38 del CCA, en la medida en
que, según su entendimiento, el término de tres años debía comprender no solo la
expedición del acto sancionatorio, sino también la resolución de los recursos y la
notificación de todas las decisiones dentro de la actuación administrativa.

Al respecto sea lo primero precisar que no es cierto que la sentencia de unificación de 29
de septiembre de 2009 haya quedado sin efectos pues, aunque fue objeto de una acción
de tutela18 en la que se adoptó una primera decisión en ese sentido, esta resultó
finalmente revocada a través de la sentencia de segunda instancia del 6 de marzo de
2014 en la que, en su lugar, se dispuso negar “por improcedente la solicitud de tutela
instaurada por Álvaro Hernán Velandia Hurtado contra el fallo del 29 de septiembre de
2009 proferido Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.

18 Tramitada bajo el radicado 11001-03-15-000-2010-00076-01/03 (AC).

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Ahora bien, en relación con el término con el que contaba la administración para imponer
la sanción controvertida, resulta pertinente recordar que en la sentencia de unificación
del 29 de septiembre de 2009 la Sala Plena de esta Corporación fijó el criterio según el
cual la potestad sancionatoria se ejerce oportunamente cuando, dentro del término legal
previsto, se expide y notifica el acto administrativo que pone fin a la actuación
sancionatoria —esto es, el acto principal o definitivo—, sin que para tales efectos sea
exigible la notificación de la decisión que resuelve los recursos en vía gubernativa.

Esta Sección ha precisado que, aunque dicha línea jurisprudencial se construyó a partir
de la interpretación de los artículos 12 de la Ley 25 de 1974 y 6 de la Ley 13 de 1984,
referidos al régimen disciplinario, lo cierto es que ha sido acogida de manera reiterada,
uniforme y pacífica como criterio de interpretación del artículo 38 del CCA. En ese sentido,
su alcance no se circunscribe exclusivamente al ámbito disciplinario, sino que resulta
aplicable al ejercicio de la potestad sancionatoria general de la administración.

Lo anterior, tal como se dijo en la sentencia del 9 de junio de 201119:

Es importante destacar de esta sentencia la unificación de las diferentes posturas que antes
se habían adoptado, y por cuanto a pesar de que no se refiere al artículo 38 antes citado
que se ocupa de la caducidad y no de la prescripción enunciada en la norma disciplinaria,
es perfectamente aplicable al caso que en esta oportunidad se ventila.

En este orden de ideas, tal como lo señala la jurisprudencia descrita, la sanción se
considera oportunamente impuesta si dentro del término de tres años indicado en la norma
se ejerce esta potestad, es decir, se expide y se notifica el acto administrativo que concluye
la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal, el cual, en el caso sub
examine, es la Resolución 682 emitida el 13 de febrero de 2004 y, notificada el 23 de marzo
de 2004, con la cual se concluye la actuación administrativa por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Así las cosas, la postura reiterada de esta Corporación y de esta Sección corresponde a
la interpretación del artículo 38 del CCA conforme a la cual, el término de tres años
previsto para el ejercicio de la potestad sancionatoria se predica exclusivamente de la
actuación administrativa principal. En ese sentido, la sanción se entiende válidamente
impuesta cuando dentro de dicho plazo se expide y notifica el acto administrativo que
decide de fondo el procedimiento.

Lo anterior obedece a que es dicho acto el que agota la actuación sancionatoria, en
cuanto resuelve la controversia en sede administrativa, con independencia de que el
debate pueda prolongarse eventualmente en la vía gubernativa si el interesado decide
interponer los recursos procedentes20.

Por lo anterior, no resulta de recibo el argumento de la parte demandante, en la medida
en que, además de no haberse sustentado de manera suficiente la presunta infracción
de los artículos 121, 122 y 248 de la Constitución Política, las conclusiones relativas a la

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011,

radicado: 25000-23-24-000-2004-00986-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. En el mismo sentido las siguientes
providencias de la Sección: (i) Sentencia de 23 de febrero de 2012, radicado: 25000-23-24-000-2004-00344-01, C.P.
María Elizabeth García González,; (ii) Sentencia de 14 de febrero de 2013, radicado: 25000-23-24-000-2003-91003-
01 C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; (iii) Sentencia de 28 de agosto de 2014, radicación número: 25000-23-24-000-
2008-00369-01 C.P. Guillermo Vargas Ayala; (iv) Sentencia de 29 de septiembre de 2016, radicado: 25000-23-24-000-
2004-00370-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; (v) Sentencia de 12 de septiembre de 2019, radicado: 25000-23-24-
000-2011-00494-01, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón; (vi) Sentencia de 13 de agosto de 2020, radicado: 25000-23-
24-000-2003-00330-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de agosto de 2014,

radicado: 25000-23-24-000-2008-00369-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

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oportunidad en el ejercicio de la potestad sancionatoria se ajustan a la interpretación que
de manera reiterada ha adoptado esta Corporación respecto del artículo 38 del CCA.

Tampoco prospera el reproche relativo a la vulneración de los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima, toda vez que, como regla general, el precedente
jurisprudencial es de aplicación inmediata y retrospectiva. En consecuencia, el juez de
primera instancia se encontraba habilitado para acudir a las reglas jurisprudenciales
vigentes al momento de proferir la decisión, sin que ello implique desconocimiento de los
principios invocados por la parte actora.

6.4.2. Violación del debido proceso y del derecho de audiencia y de defensa e
infracción de las normas en que han debido fundarse los actos demandados.

6.4.2.1. Vulneración del principio de congruencia

En la providencia apelada, el Tribunal Administrativo de Casanare consideró infundado
el cargo relativo a la violación del principio de congruencia, al estimar que la sociedad
demandante no fue sorprendida con hechos nuevos. Por el contrario, concluyó que la
investigación se estructuró en torno a una misma imputación consistente en la
participación en un acuerdo de precios destinado a alterar artificialmente el valor pagado
a los proveedores de caña de azúcar para su proceso industrial, frente a la cual la
demandante tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa. En ese sentido, advirtió
que las variaciones en la modalidad específica del acuerdo no resultaban suficientes para
desvirtuar la identidad de la conducta investigada.

En el recurso de apelación, la parte actora sostuvo que la modificación de la calificación
jurídica de la imputación, realizada con posterioridad al cierre de la etapa probatoria,
resultaba antijurídica y vulneraba su derecho de defensa. Señaló que la única
oportunidad para solicitar el decreto y práctica de pruebas se encontraba en el traslado
de la resolución de apertura de la investigación, razón por la cual no era posible introducir
variaciones sustanciales en el informe motivado sin afectar el debido proceso.

En concreto, la parte actora afirmó que en la resolución de apertura el Ingenio La Cabaña
S.A. fue identificado como uno de los agentes que pagaba una suma fija equivalente a
58 kilos de azúcar por tonelada de caña en los contratos de compraventa de caña en
mata, mientras que en la resolución sancionatoria se amplió la imputación para incluir un
tope de 50% del rendimiento en dichos contratos y un límite de 25 kilos en los contratos
de cuentas en participación. Asimismo, cuestionó que la SIC hubiera pasado de una
segmentación del mercado entre dos grupos de competidores a una imputación dirigida
contra todos los ingenios, sin consideración a dicha diferenciación geográfica inicial.

Ahora bien, esta Sección ha precisado que el respeto por el principio de congruencia en
los procesos sancionatorios por prácticas contrarias a la libre competencia exige la
existencia de correspondencia entre los cargos formulados y la decisión sancionatoria,
así como entre esta última y los elementos fácticos y jurídicos que la sustentan. Sobre el
particular, en sentencia de 3 de diciembre de 202021 se explicó:

365. Para la Sala, el alcance que debe darse al principio de congruencia entre el acto
administrativo de apertura de la investigación y aquel que resuelve la actuación, está
determinado por los cargos que se consignen en el primero. En esa medida, le estará

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de 2020,

radicado: 25000-23-24-000-2012-00678-03, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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vedado a la autoridad administrativa imponer una sanción por una conducta que no
se encuentre dentro de los cargos formulados en la apertura de la investigación.

366. Por tanto, los hechos que se plantean en el acto de inicio de investigación y las
pruebas que los sustentan, en tanto justifican la decisión de la autoridad
administrativa de empezar una averiguación tendiente a esclarecer la ocurrencia de
la conducta que reprocha, no constituyen una «camisa de fuerza» para la
Administración frente a la incorporación de otros elementos probatorios durante la etapa
de indagación.

367. Así, lo que condiciona el alcance y procedencia las pruebas que deban practicarse en
el curso de la investigación y de los hechos que deben analizarse, es el cargo o cargos
sobre conductas restrictivas de la competencia a que se refiere la apertura de la misma. La
investigación se abre precisamente para determinar si la conducta tuvo lugar y quiénes son
responsables de tal comportamiento.

368. En ese orden de ideas, tanto de oficio como a petición de parte, se practicarán
durante esa etapa de investigación, aquellas pruebas que permitan profundizar o
controvertir las razones fácticas y jurídicas que motivaron la apertura. Una
interpretación distinta llevaría al absurdo de dejar sin propósito la etapa de indagación, por
cuanto es durante su desarrollo que se recaba la mayor cantidad de evidencias, ya sea
para desvirtuar la conducta endilgada o para reforzar los argumentos que prueban su
ocurrencia.

369. En ese sentido, sería impropio referirse a la evidencia recaudada como «hechos
nuevos» frente a los indicados en el acto de apertura de la investigación, toda vez que las
pruebas que se incorporen en el expediente administrativo serán exclusivamente aquellas
que tengan relación con los cargos. Son esas pruebas las que constituyen el sustento
fáctico y jurídico que permitirá a la administración tener los elementos de juicio para decidir
imponer o no la sanción.

370. En consecuencia, conforme a las normas que regulan el debido proceso en materia
de prácticas restrictivas de la competencia, para la Sala las pruebas de la etapa
investigativa están circunscritas a los cargos contenidos en la resolución de apertura. Por
lo que, tanto la información recogida durante la averiguación preliminar, así como las
pruebas decretadas una vez dictada la resolución de apertura de investigación,
constituyen los presupuestos fácticos y jurídicos que sustentarán la decisión que
ponga final a la actuación administrativa. Lo anterior, bajo el presupuesto de que tales
pruebas hubieren estado a disposición de las investigadas y contra ellas pudieron ejercer
su derecho a la defensa presentando las explicaciones que controvirtieran la evidencia
recaudada. (Negrillas de la Sala).

En el asunto bajo examen, mediante la Resolución 6981 de 9 de marzo de 200722 la SIC
ordenó abrir investigación en contra del Ingenio la Cabaña S.A. y otras sociedades
identificadas como competidores en el mercado de compra de caña de azúcar como
materia prima en el valle geográfico del río Cauca.

En cuanto atañe al objeto de este proceso, dicha indagación tenía por objeto determinar
si las empresas investigadas habían incurrido en las conductas descritas en el artículo 1
de la Ley 155 de 195923, así como en los numerales 1 y 5 del artículo 47 del Decreto 2153

22 Páginas 1 a 26 del Cuaderno público 13.
23 Artículo 1. Quedan prohibidos los acuerdos o convenios (sic) que directa o indirectamente tengan por objeto limitar

la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios
nacionales o extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre
competencia y a mantener o determinar precios inequitativos.

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de 199224, al haber celebrado un acuerdo contrario a la libre competencia. La
concertación versaba sobre la determinación de condiciones de compra de caña de
azúcar, particularmente en el componente del precio a pagar.

En el acto de apertura de la investigación se refirió que, a partir de la información
recaudada en el desarrollo de la averiguación preliminar sobre el comportamiento de los
ingenios Incauca, Manuelita, Mayagüez, Providencia, Pichichí, Riopaila, Castilla,
Risaralda, La Cabaña, San Carlos, Carmelita, María Luisa y Tumaco en el mercado de
la caña de azúcar, se pudo observar lo siguiente:

• Existía similitud en los contratos para la compra de caña de azúcar, en cuanto a dos
criterios para determinar la remuneración del proveedor de caña, los cuales corresponden
a que: (i) la proporción en las ventas del ingenio en el mercado interno y externo servía
para determinar la remuneración del proveedor de caña y (ii) se usaba una misma
metodología para la estimación del precio interno y externo.

• En cuanto a los cinco ingenios que producen alcohol carburante, se evidenció identidad
de metodología para liquidar la caña destinada por el ingenio a esa producción.

• Con relación a la conducta de los investigados relacionada con la presunta repartición
de proveedores de caña se indicó que las condiciones estipuladas en los contratos de
compra de caña analizados (plazo, cláusula penal y venta exclusiva), así como las
aplicadas al vencimiento de tales contratos, sugerían permanencia no voluntaria de
proveedores de caña frente a un determinado ingenio, sin que los proveedores pudieran
escoger a quien ofrecer su producto.

Así, en la Resolución de apertura de investigación se advirtió que la fórmula de pago
presuntamente había sido aplicada de manera uniforme por los ingenios cuando
compraban caña de azúcar, pues la similitud de condiciones y variables indicaba que el
precio pagado al productor había sido determinado de manera indirecta y conjunta por
los investigados.

En particular, en el acto administrativo en comento se dijo que, según la información
recaudada, para el pago en función del criterio de productividad de la caña, los ingenios
investigados podrían agruparse en dos, según su conducta. Fue entonces cuando se
señaló que “los ingenios Incauca, Providencia, Manuelita, Mayagüez, Pichichi y Cabaña
pagan a los productores de caña una suma fija equivalente a 58 kilos de azúcar por
tonelada de caña. Por contrario, los ingenios Riopaila, Castilla, Risaralda, San Carlos y
Carmelita, pagan a los productores de caña una suma variable de acuerdo con el
rendimiento de la caña de azúcar”.

Por su parte, en el informe motivado25 el Superintendente Delegado para la Promoción
de la Competencia, al exponer sus conclusiones en relación con el precio de la caña
destinada a la producción de azúcar, señaló lo siguiente:

24 Artículo 47. Acuerdos contrarios a la libre competencia. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el

artículo 44 del presente Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios.
[…]
5. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento
de insumos productivos.
25 Página 52 del cuaderno público 102.

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En el valle geográfico del río Cauca existen […] valores de referencia para la determinación
de los precios de la caña en las modalidades de compraventa de caña y cuentas en
participación: 58 kg y 25 kg de azúcar por tonelada de caña respectivamente.

[…]

Si bien en muchos contratos de compraventa se pacta una suma fija de 58 kg de azúcar
por tonelada de caña, la diversidad de características de los predios, en relación con las
variables que ya se señalaron (distancia, calidad de la tierra, etc.), hace que asimismo el
precio pactado varíe. Se encuentra evidencia en el expediente de contratos de suma fija en
esa modalidad que van desde 48 kg hasta 62 kg de azúcar por tonelada de caña. En ese
sentido, la suma fija de 58 kg puede considerarse, en principio, un valor de referencia
explicado por un “rendimiento promedio” de la caña y por una distribución “50-50” empleada
en el negocio desde sus orígenes.

En ese contexto, en el informe motivado se recomendó sancionar a los trece ingenios
investigados por considerar que celebraron un acuerdo para la fijación del precio de la
compra de la caña destinada a la producción de azúcar, en contravención del artículo 47
numeral 1 del Decreto 2153 de 1992.

Finalmente, en la Resolución 6839 de 9 de febrero de 2010, “por la cual se imponen unas
sanciones”26, se indicó lo siguiente en cuanto a la conducta imputada:

8. LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS INVESTIGADAS

La investigación se llevó a cabo con el fin de determinar si los trece ingenios infringieron el
artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y los numerales 1 y 5 del artículo 47 del Decreto 2153 de
1992, que se refieren a la realización de acuerdos que tengan por objeto o por efecto la
fijación directa o indirecta de precios y los que tengan por objeto o tengan como efecto la
asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de insumos productivos.

[…]

8.1. Acuerdo para la fijación del precio de la caña de azúcar

8.1.1. Caña destinada a la producción de azúcar

Uno de los objetivos de la presente actuación administrativa fue determinar la existencia de
un acuerdo para la fijación del precio de la caña destinada a la producción de azúcar entre
los trece ingenios investigados, en contravención del numeral 1 del artículo 47 del Decreto
2153 de 1992.

8.1.1.1. Imputación realizada en la resolución de apertura de investigación

En la resolución de apertura de investigación se consideró que la similitud de los contratos
de compra de caña de azúcar y de la metodología para liquidarla era indicativa de la
existencia de un acuerdo de fijación de precios. Se concluyó preliminarmente que algunos
ingenios pactaban una suma fija de 58 kilos de azúcar por tonelada de caña, mientras que
otros pagaban una suma variable dependiendo del rendimiento de la caña.

"De esta manera, la fórmula de pago presuntamente es aplicada de manera uniforme
por los ingenios cuando compran caña de azúcar. La igualdad o similitud de
condiciones y variables indica que presuntamente el precio pagado al productor de
caña ha sido determinado de manera indirecta y conjunta por los investigados, no de
manera independiente por cada uno [21].

26 Páginas 22 a 178 del cuaderno núm. 1.

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8.1.1.2. Actividad probatoria en la actuación administrativa

La actividad probatoria estuvo encaminada a establecer si la contraprestación pactada en
los contratos entre ingenios y proveedores era o no producto de un acuerdo entre los
investigados para fijar el precio al cual adquieren la caña de azúcar.

[…]

Se aportaron, decretaron y practicaron pruebas destinadas a establecer si existía una
explicación razonable, distinta de la concertación, de los precios pactados en las
modalidades contractuales empleadas por los ingenios para adquirir caña de azúcar.

[…]

8.1.1.6. Conclusión en relación con el acuerdo para la fijación del precio de compra de caña
destinada a la producción de azúcar

En síntesis, con fundamento en el material que obra en el expediente puede concluirse que
está acreditada la existencia de un acuerdo, en la modalidad de práctica concertada, para
la fijación de los precios pagados por la caña destinada a la producción de azúcar, por parte
de los ingenios INCAUCA, MAYAGÜEZ, MANUELITA, PROVIDENCIA, LA CABAÑA,
RIOPAILA, CASTILLA, CARMELITA y PICHICHÍ.

Existen prácticas homogéneas a partir de las cuales esta Superintendencia acreditó que se
limita la pugna por la caña de azúcar. La existencia de valores de referencia comunes,
que disciplinan la remuneración de la caña adquirida por los ingenios, no encuentra
explicación razonable distinta a la concertación.

[…]

11. Sanción

[…]

En el caso concreto, se ha establecido que los ingenios CARMELITA, CASTILLA,
INCAUCA, LA CABAÑA, MANUELITA, MAYAGÜEZ, PICHICHI, PROVIDENCIA,
RIOPAILA y RISARALDA, infringieron lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y
el numeral 1 del articulo 47 del Decreto 2153 de 1992, por haber realizado acuerdos para
la fijación del precio de compra de caña.

A juicio del Despacho esta conducta es especialmente negativa para el mercado, pues
afecta de forma importante un sector significativo de la economía. […] Los hechos probados
dan cuenta de un acuerdo continuado por los menos durante el periodo investigado para
evitar competir vía precio por la caña disponible en el mercado, logrando así que la
remuneración de dicha materia prima correspondiera a un precio artificial, razón por la cual
debe imponerse una sanción que tenga efectos suficientemente disuasivos en el mercado.

Basado en lo anterior, este Despacho considera necesario imponer a las empresas
CARMELITA, CASTILLA, INCAUCA, LA CABAÑA, MANUELITA, MAYAGÜEZ, PICHICHI,
PROVIDENCIA, RIOPAILA y RISARALDA una multa por 2.000 salarios mínimos mensuales
legales vigentes, equivalente a MIL TREINTA MILLONES DE PESOS ($1.030.000.000,00)
a cada una. (negritas de la Sala).

El recuento de la actuación administrativa permite a la Sala concluir que no le asiste razón
a la demandante en su alegación de vulneración del principio de congruencia en el trámite
adelantado por la SIC. En efecto, se encuentra acreditado que desde la resolución de
apertura de la investigación la conducta imputada consistió en la presunta existencia de
un acuerdo destinado a determinar de manera uniforme la remuneración de la caña de

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azúcar utilizada en la producción de azúcar, y que en dicho acto se indicó, además, que
esa conducta podía configurar infracción del numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153
de 1992, así como de la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de
1959.

De igual forma, se advierte que en la Resolución 6839 del 9 de febrero de 2010 la SIC
sancionó a la demandante por la realización de acuerdos con otros ingenios orientados
a la fijación del precio de compra de caña, al considerar acreditada la infracción de las
normas antes mencionadas.

En este punto, resulta pertinente precisar que, conforme a la jurisprudencia de esta
Sección sobre el alcance del principio de congruencia en materia de libre competencia,
dicha exigencia se predica de la correspondencia entre los cargos formulados en el acto
de apertura de la investigación y aquellos que sirven de fundamento a la decisión
sancionatoria. En consecuencia, no resulta procedente estructurar el reproche de
incongruencia a partir de eventuales diferencias entre la resolución de apertura y el
informe motivado.

Bajo esa perspectiva, tampoco es de recibo el argumento de la demandante según el
cual existió una modificación sustancial de la imputación por el solo hecho de que en la
resolución de apertura se hiciera referencia a un pago fijo equivalente a 58 kilos de azúcar
por tonelada de caña, mientras que en la decisión sancionatoria se precisara que el
acuerdo comprendía la fijación de un valor máximo de 58 kilos o del 50% del rendimiento
en los contratos de compraventa, así como un límite de 25 kilos en los contratos de
cuentas en participación. Ello por cuanto los actos de apertura no constituyen un marco
inmodificable o exhaustivo de la investigación, sino que delimitan la conducta objeto de
indagación, dentro de la cual la administración puede precisar sus contornos a partir del
acervo probatorio recaudado, siempre que se mantenga la identidad sustancial de la
imputación.

En ese sentido, la precisión efectuada en la resolución sancionatoria, en cuanto a las
modalidades concretas del esquema de remuneración concertado, no implicó la
introducción de un hecho nuevo, sino el desarrollo y concreción de la conducta
inicialmente investigada, referida en todo caso a la existencia de un acuerdo de precios
en el mercado de adquisición de caña.

Al respecto conviene tener en cuenta las consideraciones de esta Sección en la sentencia
de 1 de diciembre de 2022, dictada en el proceso adelantado por el Ingenio Providencia
S.A. y otros con el fin de obtener la nulidad de los mismos actos que aquí se analizan, la
cual se prohíja en esta oportunidad. En dicha ocasión se explicó lo siguiente:

Por consiguiente, no acertó el Tribunal en la sentencia apelada cuando indicó que se habían
imputado dos conductas totalmente diferentes. Por un lado, la celebración de acuerdos para
obtener precios inequitativos y, por el otro lado, la celebración de acuerdos para fijar directa
o indirectamente un precio; y sí le asiste razón a la Superintendencia de Industria y
Comercio, al alegar en su recurso de apelación que cuando una conducta se encuadra
dentro de las prácticas restrictivas de la competencia previstas en el artículo 47 del Decreto
2153, también lo está en lo dispuesto en la prohibición general del artículo 1º de la Ley 155;
y que esta última disposición prohíbe toda práctica tendiente a limitar la libre competencia
y no solo las que resulten en precios inequitativos.

Lo anterior, por las siguientes razones: en primer lugar, en la resolución de apertura, así
como en el acto que impuso la sanción se imputó una única conducta (celebrar un acuerdo
para la fijación de los precios pagados por la caña de azúcar, destinada tanto a la

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producción de azúcar, como la de alcohol carburante, -acuerdos contrarios a la libre
competencia-); en segundo lugar, no se formularon cargos por la celebración de acuerdos
para obtener precios inequitativos, sino como se dijo anteriormente, por celebrar acuerdos
contrarios a la libre competencia o anticompetitivos; en tercer lugar, si bien es cierto que
dichos acuerdos contrarios a la libre competencia implican la violación de dos normas
(artículo 47, numeral 1 del Decreto 2153 y artículo 1º de la Ley 155), también lo es que la
celebración o realización de esos acuerdos constituyen una sola conducta.

Además, no puede perderse de vista que con posterioridad a la apertura de investigación
es posible que surjan pruebas o elementos probatorios que permitan precisar las
circunstancias de hecho y de derecho de la conducta imputada, toda vez que en el auto de
apertura de investigación la conducta se imputa de manera provisional y supeditada al
material probatorio que se recaude durante dicha etapa.

Ciertamente, en la Apertura de Investigación, la Administración tiene por objeto esclarecer
si la conducta tuvo lugar, las circunstancias de hecho y de derecho en que se dio la misma,
quiénes son responsables de tal comportamiento y recaudar las pruebas o la evidencia,
relacionada con los cargos o conducta imputada, que le permita tener elementos de juicio
para determinar la existencia o no de ella y, por ende, para decidir imponer o no la sanción,
y solo es hasta el acto que resuelve la actuación administrativa, -Fallo sancionatorio-, luego
de practicadas las pruebas, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio determina
o establece en forma precisa la existencia de la conducta imputada, las circunstancias de
hecho y de derecho en que se realizó esa conducta, así como la responsabilidad de los
investigados.

A este respecto, es del caso reiterar lo señalado por esta Sección en la citada sentencia de
3 de diciembre de 2020, en la que se puntualizó lo siguiente:

“[…] Dicha apertura, sin embargo, no es el escenario para establecer de manera rígida
y exhaustiva todos los hechos que deban ser analizados por la entidad para
determinar la existencia de una conducta anticompetitiva. Serán los elementos
recaudados durante la investigación los que permitan a la entidad establecer
los hechos que deban ser analizados para determinar la existencia o no de la
conducta. […]” (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, para la Sala existió plena correspondencia o congruencia entre los cargos
formulados en la Resolución núm. 06981 de 9 de marzo de 2007, “Por la cual se abre una
investigación”, y la conducta objeto de la Resolución núm. 6839 de 9 de febrero de 2010,
“Por la cual se impone una sanción”27. (Subrayas y negritas fuera del texto original)

En sentido similar, recientemente esta Sección precisó que “una vez agotada la etapa
probatoria [la autoridad demandada] podía hacer referencia a nuevos hechos probados
que guardan relación con la imputación inicial, sin que ello implique una violación del
principio de congruencia y coherencia que debe existir entre el auto de apertura y la
sanción”28.

En el mismo sentido, esta Sección también ha explicado:

185. En esta medida no se trata de cargos nuevos sino de hechos que surgen en el
desarrollo de la fase probatoria y que permiten a la autoridad hacer un análisis íntegro de
los cargos, de los descargos, las defensas y de todo el material probatorio obrante en el
expediente, lo cual tiene lugar en un primer momento cuando se elabora el Informe

27 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1 de diciembre de 2022, radicado 2011-00170, C.P. Nubia

Margoth Peña Garzón.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2026,

radicado: 25000-23-41-000-2013-00414-01, C.P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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Motivado y, en un segundo instante cuando se expide el acto que contiene la decisión por
parte del Superintendente de Industria y Comercio29.

Por otra parte, del contenido de la resolución de apertura no se observa que se haya
definido el mercado relevante a partir de una segmentación geográfica del valle del río
Cauca en dos grupos de competidores. En efecto, la división en dos grupos a la que alude
en recurrente en realidad obedeció a la identificación de las dos modalidades en las que
se desarrollaba el presunto acuerdo entre los ingenios azucareros para establecer las
condiciones en la compra de caña de azúcar, esto es, que un grupo pagaba una suma
fija equivalente a 58 kilos de azúcar por tonelada de caña y el otro pagaba una suma
variable según el rendimiento de la caña, sin que en dicha segmentación se aludiera al
factor geográfico.

Así las cosas, la Sala advierte que la clasificación de los ingenios contenida en la
resolución de apertura no correspondía a una delimitación o segmentación del
mencionado mercado relevante, sino a una descripción de las distintas modalidades de
remuneración de la caña de azúcar. En ese sentido, las referencias a los mecanismos
como el pago de 58 kg, el 50% del rendimiento o las cuentas en participación no
implicaron la ampliación del mercado ni la incorporación de nuevos competidores, sino
que corresponden a la identificación de las diferentes conductas a las cuales hizo
referencia la SIC previamente, esto es, aquellas en las que se ejecutó un mismo acuerdo
horizontal dentro del mismo mercado de adquisición de caña de azúcar.

En todo caso, se tiene que, en el acto de apertura de la investigación, luego de identificar
a las sociedades investigadas, se indicó que “Las personas jurídicas citadas son
competidores en el mercado de compra de caña de azúcar como materia prima en el
valle geográfico del río Cauca”. Esta determinación resulta consistente con el
planteamiento de la Resolución sancionatoria en la que se dijo que “los trece ingenios
investigados se encuentran ubicados en el valle geográfico del río Cauca, que abarca 33
municipios desde el norte del Departamento del Cauca, pasando por el centro del
Departamento del valle hasta llegar al sur del Departamento de Risaralda”, por lo que no
se evidencia la aludida infracción al principio de congruencia.

En consecuencia, el argumento referente al desconocimiento de las garantías
constitucionales del debido proceso y del derecho de audiencia y de defensa e infracción
de las normas en que han debido fundarse los actos demandados, por violación del
principio de congruencia, no tiene vocación de prosperidad.

6.4.2.2. Indebida valoración del documento denominado “acta de acuerdo” y de la
incorporación de las pruebas obtenidas en una actuación preliminar adelantada en otra
actuación administrativa.

El Tribunal Administrativo de Casanare descartó los reproches de la demanda contra la
valoración del documento denominado “acta de acuerdo” y de las pruebas recaudadas
en la actuación administrativa que se realizó en el expediente 08-131748, cuya
incorporación al trámite en el que resultó sancionada la demandante se decretó de oficio.

Frente al primer aspecto, el Tribunal destacó que el denominado “acta de acuerdo” no
constituyó el único elemento de convicción en el que se sustentaron los actos
administrativos acusados, pues la decisión sancionatoria obedeció a la valoración
conjunta de múltiples pruebas recaudadas durante la actuación. Asimismo, señaló que

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 5 de febrero de 2026,

radicado: 25000 23 24 000 2012 00763 02, C.P.: Pablo Andrés Córdoba Acosta.

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dicho documento hacía parte de una comunicación identificable en cuanto a su autoría y
contenido, cuya autenticidad o fidelidad no fue controvertida por la demandante, pese a
haber contado con la oportunidad procesal para hacerlo.

En cuanto al segundo aspecto, el Tribunal puso de presente que en la actuación
administrativa que culminó con la imposición de la sanción se incorporaron hallazgos
obtenidos durante una visita administrativa practicada en otro trámite, consistentes en
evidencia documental. Precisó que tales elementos de convicción fueron formalmente
decretados e incorporados al expediente mediante decisión debidamente notificada,
frente a la cual procedían los recursos correspondientes. De hecho, la propia demandante
promovió un incidente de nulidad respecto de dicha actuación, circunstancia que
evidencia que tuvo conocimiento de la prueba y la posibilidad de controvertirla, por lo que
no puede afirmarse que se hubiera vulnerado su derecho al debido proceso.

En su recurso de apelación la parte actora planteó que la argumentación de la SIC en los
actos acusados se basó en el “acta de acuerdo”, lo que demuestra su importancia en la
actuación, e insistió en que la valoración de ese documento fue indebida porque (i) no
hacía parte de otro documento con autor; (ii) quien lo suscribió era una secretaria de otro
ingenio que no tenía facultades de representación legal del Ingenio La Cabaña S.A.; y
(iii) al no estar firmado por ningún representante de la demandante, el documento no
tenía ningún valor probatorio y no era procedente la tacha de falsedad.

También reiteró su reproche por la incorporación de las pruebas obtenidas en el curso
del trámite 08-131748 pues estimó que como fueron recaudadas en una averiguación
preliminar y no en el marco de un proceso en el cual existieran partes, no se cumple con
el supuesto de las reglas de traslado del artículo 185 del CPC, esto es, que la prueba
trasladada haya sido practicada dentro de un proceso y sea llevada a otro diferente en el
cual las partes hubieran tenido posibilidad de contradicción. En concreto, afirmó que “En
la medida en que las visitas no se efectuaron en el marco de una investigación, mis
representados no tuvieron la oportunidad de intervenir en la práctica de las mismas de
manera directa o a través de apoderado, para ejercer el derecho de contradicción, y por
consiguiente, el derecho a la defensa”.

En orden a resolver los reparos de la demandante en este punto conviene referirse al
alcance del documento “acta de acuerdo” en la Resolución 6839 de 2010. En dicho acto
la SIC, primeramente, al exponer las conclusiones sobre la existencia de un acuerdo de
precios para la remuneración de la caña, dijo lo siguiente:

8.1.1.5.1. La existencia de un acuerdo de precios para la remuneración de la caña destinada
a la producción de azúcar

Teniéndose referencia clara de la existencia de dichos parámetros, el Despacho procedió
a verificar si estos disciplinan de alguna manera el precio ofrecido por los ingenios
investigados a sus proveedores de caña. El análisis de las bases de datos de proveedores
(terceros) con contratos vigentes a 2007, en los cuales se paga o bien una suma fija de
kilos de azúcar por tonelada de caña o bien en función del rendimiento de la caña o ambas,
permite concluir que para un grupo de ingenios los valores de referencia de 58 kg o 50%
del rendimiento (en compraventa) y de 25 kg (en cuentas en participación) operan como
cotas máximas. En contados contratos se pactan precios superiores.

Tomando en consideración los comentarios realizados por los apoderados al Informe
Motivado en relación con la información de las bases de datos de contratos de compraventa
y cuentas en participación y revisado el expediente, se procedió a analizar todos los
contratos, independientemente de su modalidad. El resultado del ejercicio se resume en la
Tabla 1.

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[…]

La regla de fijación de precios a que hace referencia la Tabla 1 coincide además con un
aparente intento de parametrización de 1992 por parte de algunos ingenios. La
comparación de los datos de los contratos vigentes en 2007, con lo establecido en un
documento cuyo valor probatorio no puede desconocerse, titulado “ACTA DE ACUERDO”
de noviembre 5 de 1992, hallado en las instalaciones de MANUELITA, es elocuente:

"Los representantes de los siguientes Ingenios Azucareros acuerdan precio de las
cañas para los contratos de modalidad Caña en la Mata y Cuentas en Participación:

Por Ingenio La Cabaña Abraham Seinjet Translateur, por Central Castilla S.A.
Humberto Vásquez Q., por Ingenio del Cauca S.A. Juan José Lülle Suárez, por
Manuelita S.A. Alberto Anzola Jiménez, por Mayagüez S.A. Alfonso Muñoz Córdoba
y por Ingenio Providencia S.A. Aicardo Molina Abadía.

1. CAÑA EN LA MATA

Precio máximo por tonelada de caña 58 Kg de azúcar sulfitado o el 50% del
rendimiento en fábrica, aclarando que no existirá prima por distancia ni bonificaciones
por rendimiento que resulten en pagos superiores a los 58 Kg ni al 50% del
rendimiento.

2. CUENTAS EN PARTICIPACIÓN

Duración 10 años.

Precio máximo por tonelada de caña 25 Kq de azúcar sulfitado.

Anticipo máximo 1 qq de azúcar por plaza y por mes vencido área bruta.

El propietario de la tierra participa con los siguientes porcentajes de los costos.

OBRAS DE RIEGO: 50% del valor de las obras civiles. 50% del valor de pozos
profundos que incluye le perforación, entubado, motor, transmisión, bomba, caseta
de cubierta de todo el equipo. 50% del valor del reservorio y obras de reparto.

OBRAS DE DRENAJE: 50% del valor de las obras civiles. 50% de! valor de los
equipos. 50% del valor de los canales.

OBRAS DE DEFENSA. 100% del valor de los jarillones.

CORRECCIÓN DE LOS SUELOS: 100% del valor de las enmiendas.

INSTALACIONES QUE SE ENCUENTREN CONSTRUIDAS EN EL PREDIO: 100%
del valor de las reparaciones. Durante la vigencia del contrato el mantenimiento corre
totalmente por cuenta del Ingenio.

PUENTES Y OTRAS OBRAS CIVILES: 100% del valor de éstas.

Cuando el ingenio financie total o parcialmente la parte de los costos que son a cargo
del propietario, estos serán cancelados con un plazo máximo de cuatro cortes,
abonando con el valor de las cañas de cada uno el 25% del valor del capital más los
intereses causados por la totalidad de la deuda al momento de la liquidación.

Para constancia firmamos la presente a los cinco (5) días del mes de noviembre de
1992.

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ABRAHAM SEINJET TRANSLATEUR
Ingenio La Cabaña

HUMBERTO VÁSQUEZ Q.
Central Castilla S.A.

JUAN JOSÉ LÜLLE SUÁREZ
Ingenio del Cauca S.A.

ALBERTO ANZOLA JIMÉNEZ
Manuelita S.A.

ALFONSO MUÑOZ CÓRDOBA
Mayagüez S.A.

AICARDO MOLINA ABADÍA
Ingenio Providencia S.A.”37

Es importante señalar que si bien no todos los ingenios aparecen referidos en el documento,
los lineamientos fundamentales allí establecidos coinciden con los parámetros de referencia
acreditados en numerosas piezas del expediente que, como ya se mostró, disciplinaron
efectivamente el comportamiento de algunos de los ingenios relacionados en la Tabla 1.

El documento "Acta de Acuerdo" evidentemente no data del periodo investigado, lo que no
obsta para considerarlo; es una prueba más que, valorada junto con todo el material que
obra en el expediente, permite al Despacho reafirmar la existencia de una práctica
concertada. No es una “prueba reina", como lo define el apoderado de CARMELITA,
PICHICHÍ y MARÍA LUISA, sin la cual no puede imputársele responsabilidad alguna a los
investigados, y no ha sido ese el valor probatorio asignado por este Despacho. De acuerdo
con el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC), en nuestro
ordenamiento no opera el sistema de tarifa legal [38]. (negritas y resaltados fuera del texto
original).

Mas adelante, al resolver las objeciones presentadas por los ingenios investigados frente
a las consideraciones del informe motivado, en la misma Resolución 6839 se decidió en
el siguiente sentido:

Los apoderados afirmaron que el documento "Acta de Acuerdo" de 5 noviembre de 1992
carece de valor probatorio, argumentando que no está firmado, fue obtenido en violación
del debido proceso y está fuera del periodo de investigación.

En ese sentido el apoderado de LA CABAÑA, MAYAGÜEZ, RIOPAILA, CASTILLA y
MANUELITA afirmó:

"El Informe Motivado fundamenta igualmente la existencia del supuesto acuerdo en
un documento encontrado en el archivo de MANUELITA titulado "ACTA DE
ACUERDO", de noviembre 5 de 1992.

En relación con dicho documento debo señalar que el mismo no se encuentra firmado.

(…)

Claramente la Corte explica la ausencia de valor probatorio de un documento sin firma
como el que cita el Informe Motivado.

(…)

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Pero peor aún, el mencionado documento fue obtenido durante una diligencia
realizada en un expediente en el que mis representados no tuvieron la oportunidad
de participar, es decir, es una prueba que fue obtenida con violación del debido
proceso y que a la luz del artículo 29 de la Constitución Política es nula de pleno
derecho.

[...]

Finalmente, el documento tiene fecha de 1992 y según la Resolución de apertura de
la investigación, el periodo investigado va desde mayo de 2005 a febrero de 2007”.

[…]

Para abordar los argumentos de los apoderados es preciso señalar que, tal y como lo ha
establecido la jurisprudencia, en armonía con los artículos 252, 253, 254, 264, 268 y 279
del CPC, los documentos de carácter privado, independientemente de su naturaleza, solo
pueden ser apreciados por el juez en la medida en que sean auténticos, condición que
podrá derivarse del "reconocimiento implícito (art. 276 C. P. C.), tácito (núm. 3° inc. 2º, art.
252, ib.), expreso (art. 272, ib.); presunto (art. 274, ib.), o porque así lo declare el juez (art.
275, ib.)" (subrayado fuera del texto).

De ello se sigue que si un documento es incorporado a la actuación -en original o en copia-
sin que la parte contra quien se opone lo tache de falso oportunamente, la prueba en
cuestión se entiende reconocida tácitamente y, en consecuencia, queda dotada de
autenticidad.

Así pues, con relación al valor probatorio del documento "Acta de Acuerdo" de 5 de
noviembre de 1992, debe precisarse que fue recaudado por la Delegatura en el curso de
una visita administrativa, en el archivo físico de MANUELITA, e incorporado al presente
trámite mediante Resolución 45643 de 2009, que lo decretó de oficio como prueba, decisión
que fue comunicada a todos los investigados a través de sus apoderados cumpliendo así
el requisito de publicidad.

En adición, es importante resaltar que las partes no procedieron a tachar de falso el
contenido de esta prueba documental, tal como estaba a su alcance de haber querido
discutir su autenticidad, dentro de los cinco días siguientes a la comunicación de la
Resolución 45643 de 2009. En estas condiciones, conforme al numeral 3 del artículo 252
del mencionado Código, se colige su autenticidad y, por supuesto, la posibilidad de
apreciarla y asignarle el valor probatorio que corresponde.

Acreditada como está la posibilidad de apreciar la denominada "Acta de Acuerdo", poco
sentido tiene que se eche de menos que esté firmada, cuando el alcance probatorio que se
le ha asignado, precisamente por la ausencia de las firmas, no es el de un contrato o
acuerdo perfeccionado, sino el de un intento de parametrización que ha sido valorado junto
con las demás pruebas.

A partir de la revisión efectuada, la Sala estima que le asistió razón al a quo al considerar
infundados los reproches formulados por la demandante respecto del alcance probatorio
de la denominada “acta de acuerdo”, documento que daría cuenta de un presunto
acuerdo de precios entre varios ingenios, incluido el Ingenio La Cabaña. Si bien dicho
documento carece de firmas, fue hallado como anexo de un mensaje de correo
electrónico remitido por una funcionaria de un ingenio (secretaria de gerencia de Incauca)
a otro ingenio (Manuelita), ambos investigados en la misma actuación.

En ese contexto, aunque el referido documento consigna precios máximos para la
compra de caña en mata —equivalentes a 58 kg de azúcar sulfitado por tonelada de caña
o el 50% de rendimiento en fábrica, así como hasta 25 kg de azúcar por tonelada de caña

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en la modalidad de cuentas en participación— entre los presuntos participantes del
acuerdo, dentro de los cuales se relaciona el Ingenio La Cabaña, la Sala advierte que su
valoración por parte de la SIC no constituyó el único fundamento de la decisión
sancionatoria.

Por el contrario, dicho elemento fue apreciado como parte de la construcción probatoria
sobre las condiciones en las que se habría configurado el acuerdo de precios sancionado,
de manera que las conclusiones sobre la conducta investigada no se sustentan
exclusivamente en ese documento, sino en la valoración conjunta del mismo con el
acervo probatorio recaudado en la actuación administrativa.

En particular, dentro del trámite administrativo se practicaron múltiples testimonios de
proveedores de caña, así como de trabajadores y ex trabajadores de los ingenios
investigados; se recibió interrogatorio de parte a los representantes legales y demás
personas naturales vinculadas a la investigación; se llevaron a cabo visitas de inspección
en las instalaciones de los ingenios; y se incorporaron y valoraron los documentos
aportados por los investigados.

En relación con el reparo por la presunta vulneración del debido proceso derivada de la
incorporación oficiosa de pruebas mediante la Resolución 45643 de 2009, la demandante
sostuvo que tales elementos de convicción fueron recaudados en el marco de una
averiguación preliminar que, no constituía un proceso en el que existieran partes
formalmente vinculadas, por lo que las sociedades posteriormente investigadas no
tuvieron la oportunidad de intervenir en dichas diligencias, ni de ejercer su derecho de
contradicción respecto de las actuaciones mediante las cuales se obtuvo el material
probatorio.

Con fundamento en ello, afirmó que no era jurídicamente procedente trasladar dichas
pruebas a una investigación administrativa posterior, por cuanto no se cumplía el
presupuesto que rige la figura del traslado probatorio, esto es, que la prueba haya sido
practicada dentro de un proceso y posteriormente incorporada a otro distinto en el que
las partes hubieran contado con la posibilidad de ejercer contradicción.

Al respecto, la Sala advierte que el argumento de la parte actora parte de una premisa
incorrecta, consistente en considerar que la única forma de garantizar el derecho de
contradicción era permitir su intervención en la práctica de las visitas administrativas
realizadas en el expediente 08-131748.

Tal entendimiento desconoce que, en materia probatoria, la garantía del debido proceso
no exige necesariamente la presencia o participación de los investigados en la diligencia
de recaudo, sino la posibilidad efectiva de controvertir el material probatorio una vez
incorporado al expediente. En el caso de la prueba incorporada oficiosamente, el derecho
de defensa se satisface cuando a la parte se le pone en conocimiento el acervo probatorio
recaudado y se le otorga la oportunidad de pronunciarse sobre su contenido, solicitar su
exclusión o controvertir su valor demostrativo.

En el sub judice se advierte que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante
la Resolución 45643 de 2009, ordenó de oficio la incorporación al expediente de los
documentos obrantes a folios 22 a 248 del Cuaderno 96 y 1 a 228 del Cuaderno Público
97, correspondientes al trámite radicado 08-131748. Esta decisión fue debidamente
comunicada a la demandante, con lo cual el material probatorio quedó a su disposición
dentro de la actuación administrativa sancionatoria, permitiéndole conocer su contenido
y ejercer oportunamente los derechos de contradicción y defensa, así:

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

ARTÍCULO TERCERO: Decretar de oficio, incorporar al expediente y tener como prueba
los documentos obrantes a folios 22 a 248 del Cuaderno 96 y folios 1 a 228 del Cuaderno
Publico 97, que hacen parte del trámite radicado con No. 08-131748.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente resolución a (…) INGENIO
LA CABAÑA S.A. (…). (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).

Sobre el decreto de pruebas de oficio esta Corporación ha dicho:

(…) el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil precisa que “las pruebas pueden ser
decretadas a petición de parte o de oficio cuando el magistrado o juez las considere útiles
para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes...”.

Asimismo, ha indicado la jurisprudencia constitucional que “el juez no desplaza a las partes
ni asume la defensa de sus intereses privados. Desde el punto de vista de la Constitución
Política, la facultad de decretar pruebas de oficio implica un compromiso del juez con la
verdad, ergo con el derecho sustancial, y no con las partes del proceso. Por ello, el decreto
de pruebas no afecta la imparcialidad del juez, ya que el funcionario puede decretar pruebas
que favorezcan a cualquiera de las partes siempre que le ofrezca a la otra la posibilidad de
ejercer el derecho de defensa y contradicción30.

En conclusión, el Juez de la causa tiene el deber de efectuar todos los actos procesales
que estén a su alcance para esclarecer la verdad del proceso y garantizar un real y efectivo
goce y acceso a la administración de justicia, y de contera, proveer el debido proceso en
todas sus dimensiones31. (negritas y subrayas del original).

Ahora bien, la circunstancia de que las pruebas incorporadas mediante la Resolución
45643 de 2009 hubieran sido recaudadas en el curso de una averiguación preliminar no
implica, por sí sola, la vulneración del debido proceso ni determina su nulidad. El
argumento de la actora parte de considerar que la validez de tales elementos de
convicción dependía necesariamente de que las sociedades posteriormente investigadas
hubieran participado en su práctica. Sin embargo, esa exigencia no se deriva de las
garantías constitucionales que integran el derecho de defensa y contradicción.

La actora reprocha que las pruebas incorporadas fueron recaudadas en una averiguación
preliminar en la que no fue parte, frente a lo que debe aclararse que este tipo de
actuaciones constituye una etapa previa destinada a verificar la posible ocurrencia de
conductas contrarias al ordenamiento jurídico y a establecer la procedencia de la apertura
de una investigación formal. Por su propia naturaleza, en dicha fase no existen partes
procesales en sentido estricto ni sujetos formalmente vinculados a una actuación
administrativa sancionatoria. En consecuencia, no resulta jurídicamente exigible la
intervención de quienes eventualmente podrían resultar investigados en las diligencias
adelantadas durante esa etapa.

Ahora bien, la ausencia de participación en el recaudo inicial de la prueba no comporta
una restricción del derecho de contradicción cuando, como en el presente caso, una vez
decretado de oficio e incorporado el material probatorio a la actuación administrativa
sancionatoria, este es puesto en conocimiento de los investigados y se les concede una
oportunidad real y efectiva para controvertirlo. En tales eventos, la garantía constitucional
se satisface mediante la posibilidad de cuestionar la autenticidad, legalidad, pertinencia,

30 Sentencia C-159 de 2007.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de mayo de 2011,

radicado 11001-03-15-000-2011-00388-00 (AC), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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conducencia y fuerza demostrativa de los elementos de convicción recaudados, así como
de solicitar y aportar las pruebas que se estimen necesarias para desvirtuarlos.

Por ello, aun si se admitiera que las pruebas obtenidas durante la averiguación preliminar
no encajan estrictamente en la figura procesal del traslado probatorio entre actuaciones
con partes determinadas, ello no conduce a su invalidez. Lo relevante para efectos del
debido proceso es establecer si la investigada tuvo la oportunidad de conocer y
controvertir el material probatorio una vez incorporado al expediente sancionatorio, como
en efecto ocurrió en el caso concreto.

Así las cosas, la Sala observa que las pruebas recaudadas durante la averiguación
preliminar fueron incorporadas formalmente a la investigación administrativa y puestas
en conocimiento de la sociedad investigada, la cual contó con oportunidades procesales
para pronunciarse sobre su contenido, objetar su valor probatorio y ejercer plenamente
su derecho de defensa. En esas condiciones, no puede afirmarse que la obtención o
incorporación de dichas pruebas hubiera desconocido el artículo 29 de la Constitución
Política ni que se trate de pruebas nulas de pleno derecho.

6.4.3. Improcedencia de aplicar concurrentemente el artículo 1 de la Ley 155 de
1959 y el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.

Sobre este punto, la sentencia de primera instancia concluyó que los hechos objeto de
sanción no fueron subsumidos en dos conductas autónomas e independientes, sino en
una única conducta anticompetitiva descrita de manera general en el artículo 1 de la Ley
155 de 1959 y desarrollada de forma específica en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto
2153 de 1992. En tal sentido, consideró que ambas disposiciones se complementan y
permiten identificar con suficiente claridad la conducta reprochada, por lo que descartó la
vulneración del principio de tipicidad. Agregó que el artículo 1 de la Ley 155 de 1959
resulta compatible con el artículo 333 de la Constitución Política, pues no ha sido retirado
del ordenamiento por razones de inconstitucionalidad y fue incorporado por el legislador
al régimen de protección de la competencia previsto en la Ley 1340 de 2009.

El apelante cuestionó esa conclusión al sostener que una misma conducta no puede dar
lugar a la aplicación concurrente del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y del numeral 1 del
artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. A su juicio, se está ante un concurso aparente de
normas que debe resolverse con fundamento en los criterios de especialidad o
subsidiariedad, toda vez que el acuerdo de precios imputado constituye un único hecho.

Asimismo, señaló que la interpretación acogida por la SIC y avalada por el Tribunal
generaría que toda conducta tipificada en el Decreto 2153 de 1992 implica
necesariamente la infracción del artículo 1 de la Ley 155 de 1959. En consecuencia,
cuestionó la utilidad de las descripciones específicas contenidas en dicho decreto, pues,
de aceptarse esa tesis, la autoridad estaría llamada a aplicar en todos los casos la
prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.

Sobre el particular, la Sala advierte que la SIC sustentó la investigación y la sanción en
la infracción tanto del numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 como del
artículo 1 de la Ley 155 de 1959. En la Resolución 6839 del 9 de febrero de 2010,
concluyó que los ingenios investigados celebraron acuerdos para fijar el precio de compra
de la caña de azúcar, conducta que calificó como contraria a la libre competencia.

Asimismo, la entidad explicó que el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 consagra una
prohibición general que comprende toda práctica restrictiva de la competencia, incluidas

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aquellas descritas de manera específica en el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. En
consecuencia, consideró que la acreditación de una conducta anticompetitiva comporta,
por lo menos, la vulneración de la prohibición general prevista en la disposición
mencionada de la Ley 155 de 1959.

Así lo señaló la SIC en la Resolución 6839 del 9 de febrero de 2010:

6.2.1. Prohibición general

Establece el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 que “quedan prohibidos los acuerdos o
convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción,
abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o
servicios nacionales o extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o
sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios
inequitativos.”

Esta autoridad de competencia ha interpretado como cláusula general del régimen de
protección de la competencia el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. En este sentido, la norma
estipula que cualquier práctica que restrinja la libre competencia se encuentra prohibida.
Además de esta norma, el Decreto 2153 de 1992 define un conjunto de conductas que, con
la denominación de acuerdos, limitan la libre competencia y comportan una infracción de la
mencionada cláusula general dispuesta en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.

En este orden de ideas las disposiciones de la norma general no tienen un carácter residual,
es decir, el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 abarca tanto las conductas del Decreto 2153
de 1992 como cualquier otra que, a pesar de no estar prevista en el citado Decreto, termine
afectando la competencia en los mercados. Por lo tanto, si la autoridad de competencia
concluye que una conducta es anticompetitiva al menos se estaría violando la disposición
general.

6.2.2. Acuerdos de fijación de precios

Señala el numeral 1º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, se consideran contrarios a
la libre competencia los acuerdos que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación
directa o indirecta de precios. […]”.

En ese contexto, a través de los actos administrativos demandados, la SIC reprochó a la
demandante y a otros ingenios la celebración de acuerdos para fijar los precios de compra
de la caña de azúcar, conducta que calificó como una práctica concertada contraria a la
libre competencia y que subsumió en la prohibición general prevista en el artículo 1 de la
Ley 155 de 1959.

Lo anterior, por cuanto dicha disposición proscribe, de manera general, toda clase de
acuerdos, prácticas, procedimientos o sistemas encaminados a restringir o limitar la libre
competencia.

Esta Sección al analizar un cargo por indebida aplicación del artículo 1 de la Ley 155 de
1959 y del numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, precisó que los acuerdos
previstos en este último constituyen conductas contrarias a la libre competencia que, a
su vez, configuran una infracción del régimen general consagrado en el artículo 1 de la
Ley 155 de 1959, en los siguientes términos:

Así las cosas, la Sala estima que la conducta jurídicamente endilgada a las empresas
demandantes sí se realizó, toda vez que la situación descrita pone en evidencia una práctica
paralela y consciente por parte suya, cuyo efecto fue la fijación indirecta de precios, lo cual
constituye un acuerdo contrario a la libre competencia, de acuerdo con lo señalado en el

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artículo 47, numeral 1, del Decreto 2153, y como tal un comportamiento prohibido, según lo
previsto en el artículo 1º de la Ley 155.

En otras palabras, como quiera que existió un acuerdo contrario a la libre competencia se
violó el citado artículo 47, numeral 1, del Decreto 2153, así como el artículo 1º de la Ley
15532.

De acuerdo con la jurisprudencia citada, la Sala considera que la infracción del numeral
1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 por la celebración de acuerdos de fijación de
precios comporta, a su vez, la vulneración del artículo 1 de la Ley 155 de 1959, en cuanto
este consagra una prohibición general de las conductas restrictivas de la competencia.
En tal sentido, las conductas previstas en el artículo 47 del Decreto 2153 constituyen
manifestaciones específicas de dicha prohibición general. Por ello, el que la misma
conducta pueda subsumirse en ambas disposiciones, no desconoce que se trate de un
único comportamiento anticompetitivo.

En el presente caso, tanto en la apertura de la investigación como en el acto sancionatorio
se imputó a la parte actora una sola conducta consistente en la celebración de acuerdos
para fijar los precios de compra de la caña de azúcar. En consecuencia, la infracción de
la norma especial prevista en el Decreto 2153 de 1992, comporta igualmente la
vulneración de la cláusula general de protección de la competencia contenida en la Ley
155 de 1959.

Así, el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 no tiene carácter residual, en la medida en que
comprende tanto las conductas expresamente tipificadas en el Decreto 2153 de 1992
como cualquier otra práctica que restrinja la libre competencia. En consecuencia,
acreditada una conducta anticompetitiva, se configura, como mínimo, la infracción de
dicha prohibición general.

Lo anterior, tal como lo explicó esta Sección en la sentencia de 1 de diciembre de 2022,
dictada en el proceso adelantado por el Ingenio Providencia S.A. y otros con el fin de
obtener la nulidad de los mismos actos que aquí se analizan, así:

Por consiguiente, no acertó el Tribunal en la sentencia apelada cuando indicó que se habían
imputado dos conductas totalmente diferentes. Por un lado, la celebración de acuerdos para
obtener precios inequitativos y, por el otro lado, la celebración de acuerdos para fijar directa
o indirectamente un precio; y sí le asiste razón a la Superintendencia de Industria y
Comercio, al alegar en su recurso de apelación que cuando una conducta se encuadra
dentro de las prácticas restrictivas de la competencia previstas en el artículo 47 del Decreto
2153, también lo está en lo dispuesto en la prohibición general del artículo 1º de la Ley 155;
y que esta última disposición prohíbe toda práctica tendiente a limitar la libre competencia
y no solo las que resulten en precios inequitativos33. (Subrayas fuera del texto original).

La anotada conclusión guarda correspondencia con el criterio expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia C-032 de 2017, en la cual resolvió: “Declarar exequibles
las expresiones ‘y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas
tendientes a limitar la libre competencia’, contenidas en el artículo 1 de la Ley 155 de
1959, como fue reformado por el artículo 1 del Decreto 3307 de 1963”. Dicha
exequibilidad se sustentó en que el referido aparte normativo no vulnera los principios

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019,

radicación 25000-23-24-000-2010-00161 01 y 05001-23-31-000-2010-00487-01 (Acumulados), C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón.
33 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1 de diciembre de 2022, radicado 2011-00170, C.P. Nubia

Margoth Peña Garzón.

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de tipicidad ni de debido proceso. En el acápite denominado “síntesis del fallo” de la
providencia, la Corte precisó:

9.6. La Corte concluye que la prohibición demandada es exequible y que por lo
mismo, no es violatoria del principio de tipicidad ni del debido proceso. Para el efecto
afirma que no se estaba frente a un enunciado indeterminado y ambiguo, sino frente a una
prohibición general, que forma parte del “régimen general de la competencia”, creado por
el artículo 4 de la Ley 1340 de 2009, que es un subsistema particular, contenido dentro del
sistema jurídico conformado por la Ley 155 de 1959, el Decreto ley 2153 de 1992, la Ley
1340 de 2009, el Decreto 3523 de 2009, el Decreto 1687 de 2010 y el Decreto 4886 de
2011, como normas básicas. Dentro de esta comprensión, la interpretación de las
expresiones “y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes
a limitar la libre competencia”, debe ser leída, interpretada y aplicada, en relación con el
subsistema normativo al que pertenece, como lo dispone el artículo 4 de la Ley 1340 de
2009, con lo cual se satisface el parámetro de control establecido por la Corte
Constitucional para esa clase de enunciados. (negritas y subrayas de la Sala).

Para la Corte Constitucional, la expresión “y en general, toda clase de prácticas,
procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia” corresponde a una
prohibición general que integra el régimen de protección de la competencia previsto en
el artículo 4 de la Ley 1340 de 2009, concebido como un subsistema normativo
conformado, entre otras disposiciones, por la Ley 155 de 1959, la Ley 1340 de 2009 y los
Decretos 2153 de 1992, 3523 de 2009, 1687 de 2010 y 4886 de 2011.

6.4.4. Falsa motivación de los actos administrativos, por cuanto, la conducta
investigada obedecía a razones económicas legítimas y no a un acuerdo
anticompetitivo.

6.4.4.1. El Tribunal concluyó que la SIC acreditó la existencia de una concertación entre
los ingenios azucareros —incluida La Cabaña— orientada a la utilización de mecanismos
homogéneos de determinación de precios con la fijación de un techo o cota máxima tanto
para la compra de caña en mata como para cuentas en participación. Según dicha
decisión, este esquema habría distorsionado la formación de precios en el mercado,
sustituyendo la competencia entre ingenios por la sujeción de los productores a límites
previamente establecidos, sin atender plenamente a las particularidades de los predios,
a las condiciones de riesgo ni a las variables propias de un mercado competitivo.

Asimismo, el Tribunal destacó que los actos administrativos demandados expusieron de
manera detallada la forma en que se configuró la conducta investigada, las pruebas que
la sustentan y los fundamentos jurídicos de la decisión, actos que gozan de presunción
de legalidad. En ese contexto, precisó que correspondía a la parte actora desvirtuar los
hechos y las premisas fácticas que sirvieron de sustento a la actuación administrativa, de
conformidad con las reglas sobre carga de la prueba aplicables. No obstante, dicha carga
no fue satisfecha en el caso concreto.

Por su parte, la actora controvirtió la decisión del Tribunal, al considerar que en la
demanda se demostró suficientemente que el Ingenio La Cabaña no utiliza “valores de
referencia” y que la remuneración a sus proveedores difiere de la aplicada por sus
competidores. Sostuvo además que, incluso si existiera una fórmula común de cálculo,
las participaciones efectivamente reconocidas a los proveedores no son iguales entre
ingenios, y que la conducta de la demandante tiene una explicación económica objetiva
y razonable.

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Afirmó que las conclusiones del informe motivado y de los actos administrativos
demandados no se derivan de un análisis adecuado de los contratos obrantes en el
expediente. Señaló que de dichos contratos se evidencia que en varios casos la
remuneración supera los 58 kg de azúcar por tonelada de caña y que el promedio general
es de 51,3 kg, cifra inferior al supuesto valor de referencia, lo que, a su juicio, desvirtúa
la existencia de un acuerdo de precios.

Finalmente, reprochó que no se haya valorado el archivo “contratos vigentes caña en
mata 1.xls”, el cual demostraría la inexistencia de valores de referencia, y que tampoco
se haya tenido en cuenta que cerca del 55% de los contratos corresponden a
arrendamientos con estructuras distintas. Con base en ello, sostuvo que las tablas
elaboradas por la demandada desconocen el contenido real de los contratos y que el
hecho de que la mayoría de los pagos sean inferiores a 58 kg no puede interpretarse
como prueba de participación en el acuerdo alegado.

Frente al reparo de la actora, la Sala encuentra necesario hacer referencia a las
conclusiones a las que llegó la SIC a través de los actos administrativos demandados,
así:

6.4.4.2. En la Resolución 6839 de 2009, se dijo:

Del mismo modo, otras afirmaciones según las cuales el parámetro de 58 kilos por tonelada
de azúcar se aplica desde hace treinta o más años, como lo declaró el señor exministro
Gabriel Rosas Vega, lo sugirió Guillermo Arias Vallejo quien trabajó para MANUELITA y los
mismos proveedores que reconocieron su aplicación de tiempo atrás, tampoco desvirtúan
que aquel pudo tener por causa entonces, como se estableció que la tuvo en el periodo
investigado, un acuerdo restrictivo de la competencia. Y es que, si bien un uso o práctica
en materia mercantil puede adquirir la condición de costumbre, si la autoridad observa y
acredita que su materialización o continuidad es el resultado de un acuerdo restrictivo de la
competencia, bien puede entrar a establecerlo y sancionarlo.

En este caso, como atrás se reseñó, los ingenios tienen incentivos para congelar los costos
asociados a la adquisición de la caña y beneficiarse de la fundada expectativa del mayor
margen provocado por el incremento de los rendimientos del insumo, como de las
eficiencias del proceso industrial. Así, si acaso pudiera concederse que la mencionada
fórmula de pago tuvo un remoto origen o explicación en una costumbre mercantil, lo cual
no se probó, es claro que por lo menos su continuidad dependió del acuerdo que ahora se
reprocha a los ingenios.

(…)

Así pues, sin dejar de reconocer que una costumbre mercantil bien podría terminar sirviendo
de referente generalizado de algunas condiciones contractuales, es lo cierto que nada
impide a la autoridad de competencia indagar y reprochar alguna de ellas, si encuentra
acreditado que son en realidad el resultado de un acuerdo contrario a la libre competencia,
o que de este dependió su aplicación continuada en el tiempo.

(…)

Por otra parte, debe llamarse la atención sobre el hecho de que un acuerdo que restrinja la
libre competencia tiene objeto ilícito, porque vulnera el derecho que amparan los artículos
88 y 333 de la Constitución Política, de manera que toda condición que provenga del mismo
y discipline una relación jurídica, sin importar cuánto tiempo haya perdurado, no puede
entenderse saneada por dicha circunstancia.

(…)

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En conclusión, sobre este punto se tiene que: (i) los apoderados no cumplieron con los
rigores que impone la ley para la prueba de una costumbre a través de testimonios; (ii) si
se pudiera obviar esa circunstancia, las pruebas testimoniales no dan cuenta de la
existencia de costumbre alguna; (iii) el alegado carácter inveterado de la fórmula de pagar
58 kg de azúcar por tonelada de caña, no controvierte la prueba y las consideraciones
traídas por el Despacho para acreditar que dicha fórmula tiene por causa un acuerdo
restrictivo de la competencia; (iv) las reglas o condiciones que se imponen como resultado
de un cartel, no tienen la vocación de convertirse en precepto consuetudinario, pues tienen
objeto ilícito y no se sanean por ratificación o prescripción, lo que supone un escenario de
costumbre contra legem, proscrito como vinculante por nuestro régimen legal.

8.1.1.6. Conclusión en relación con el acuerdo para la fijación del precio de compra
de caña destinada a la producción de azúcar

En síntesis, con fundamento en el material que obra en el expediente puede concluirse que
está acreditada la existencia de un acuerdo, en la modalidad de práctica concertada, para
la fijación de los precios pagados por la caña destinada a la producción de azúcar, por parte
de los ingenios INCAUCA, MAYAGÜEZ, MANUELITA, PROVIDENCIA, LA CABAÑA,
RIOPAILA, CASTILLA, CARMELITA y PICHICHÍ.

Existen prácticas homogéneas a partir de las cuales esta Superintendencia acreditó que se
limita la pugna por la caña de azúcar. La existencia de valores de referencia comunes, que
disciplinan la remuneración de la caña adquirida por los ingenios, no encuentra explicación
razonable distinta a la concertación.

Partiendo de lo que se ha dicho hasta ahora y habiendo analizado las explicaciones que los
apoderados han dado desde la apertura de investigación hasta los comentarios al Informe
Motivado, se concluye lo siguiente:

a. No existe sustento técnico que dé cuenta de un rendimiento promedio de la caña igual a
116 kg/t, en contraste con lo alegado por los apoderados.

b. De aceptarse que la distribución entre ingenio y proveedor es "50-50", la suma fija de
referencia (kg/t) debería variar conforme varía el rendimiento de la caña.

c. En gracia de discusión, si bien es posible que en algún periodo el rendimiento promedio
de la caña haya sido igual a 116 kg/t, cada ingenio tiene particularidades relacionadas con
las características de los predios que contrata y con su eficiencia en el proceso de molienda,
que descartan una explicación razonable de la existencia de un parámetro de referencia
para la proveeduría de caña en la industria.

d. Sin perjuicio de que así haya sido en los orígenes del negocio, no es una práctica
inveterada distribuir el producto "50-50" entre ingenio y proveedor, contrario a lo
argumentado por los apoderados.

e. En la modalidad cuentas en participación el precio pactado debería variar en función de
cada negociación individual y de las condiciones de cada predio.

f. Las justificaciones ofrecidas para los contratos de compraventa (rendimiento promedio
igual a 116 kg/t y participación "50-50") y las pruebas que obran al respecto, permiten
descartar que el parámetro 25 kg/t se explique objetivamente por las características del
mercado.

g. El mercado que acá se analiza es deficitario, lo que debería presionar a intensificar la
competencia entre ingenios por la caña de azúcar. No hay pugna por el recurso como
producto de la concertación.

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h. Para efectos de la aplicación de las normas de competencia, el concepto "precio" debe
entenderse en su definición económica, es decir, como una relación de intercambio. Así,
que el valor en pesos pagado por la caña sea diferente entre ingenios, producto de una
liquidación que involucra variables "fuera de su control", es irrelevante en la presente
investigación.

i. Acreditado el acuerdo anticompetitivo, la relación entre los precios de la caña en el valle
geográfico del río Cauca y los de otros países es irrelevante. En todo caso, y suponiendo
que las cifras fueran susceptibles de comparación, los estudios aportados por los
apoderados contradicen el argumento según el cual el precio de la caña en Colombia es
uno de los más altos del mundo.

j. Los acuerdos restrictivos de la competencia se encuentran expresamente prohibidos. El
hecho de que por años los ingenios hayan usado una práctica no la hace legal durante el
periodo investigado puesto que tal costumbre, de existir, en ningún caso prevalece ni tiene
fuerza de ley sobre el Decreto 2153 de 1992. (mayúsculas sostenidas y negritas son del
texto original).

Por su parte, en la Resolución 42411 de 2010 la SIC explicó34:

4.1.1. Sobre el valor en pesos recibido por los proveedores de caña y las variables que
inciden en su decisión de venta

Algunos apoderados argumentaron que, aunque existan fórmulas o parámetros similares
entre ingenios, estas derivan en pagos diferentes a los proveedores en la medida en que
hay variables que o están fuera del control de los ingenios (precios del azúcar) o
simplemente tienen un tratamiento distinto entre los investigados (participación en los
mercados en los que se comercializan azúcar y etanol, cláusulas sobre peajes, cláusulas
sobre descuentos por materia extraña, entre otros). Afirman que estas variables son
determinantes en la decisión de venta del proveedor.

(…)

Consideraciones del Despacho:

(i) Aceptar que el precio del azúcar en los mercados nacional e internacional y el precio del
etanol no son fijados por los ingenios y, en consecuencia, que incluso para un mismo
proveedor el valor en pesos es diferente para cada liquidación, no desvirtúa el acuerdo
anticompetitivo de fijación de precios, como tampoco lo hace el que no todos los ingenios
participen en los mismos mercados (azúcar refinado, alcohol carburante, azúcar de
exportación).

El acuerdo entre ingenios se hizo sobre un precio expresado en kilos de azúcar por tonelada
de caña y/o en un porcentaje de participación sobre la productividad de la misma. Como lo
señalan los apoderados, sería irracional que los ingenios acordaran el número de pesos a
pagar por tonelada de caña, si se asume que los ingenios sancionados no fijan el precio de
sus productos finales; no sería lógico acordar sobre una variable que no se pude controlar.

Aceptar la tesis de los apoderados llevaría al absurdo de considerar que la autoridad de
competencia debe acreditar entonces que todas las variables que inciden en el valor qué
se paga en pesos están disciplinadas por el acuerdo para poder censurarlo. En esa lógica,
debería entonces descartarse la posibilidad de investigar por acuerdo de fijación de precios
a todos los agentes que pactan obligaciones en moneda extranjera y que se liquiden al
momento de exigibilidad de la obligación o del pago. Los apoderados que esgrimieron el
argumento sustentarían entonces que no sería reprochable, por ejemplo; que las empresas
compradoras de cacao en grano acordaran pagar a los cultivadores colombianos el 40%

34 Página 191 del cuaderno principal 2.

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del valor del cacao en la bolsa de Nueva York, porque el "precio efectivamente pagado"
seria función de otro que está "fuera de su control”.

Desde luego la autoridad de competencia no puede conceder tal posición. Los acuerdos
sobré referentes son tan reprochables como los que se hacen sobre precios finales en
unidades monetarias.

(ii) La SIC analizó los elementos de los contratos que los ingenios celebran con cultivadores
para adquirir caña y encontró que la variable fundamental de los contratos está disciplinada
por una concertación entre los ingenios sancionados.

En la lógica del anterior literal, no debe esta Superintendencia acreditar la identidad de
todos los elementos del contrato, y, de todos los resultados del ejercicio de liquidación, para
poder reprochar una concertación anticompetitiva. De acuerdo con las normas de libre
competencia, esta autoridad podría igualmente reprochar que los ingenios convinieran los
descuentos por "materia extraña" y ello no comportaría acreditar, por ejemplo, la existencia
de un acuerdo para pagar la misma suma de kilos de azúcar por tonelada de caña.
Eventualmente un acuerdo sobre tal referente podría no tener los mismos efectos sobre el
mercado, pero no por eso dejaría de ser censurable.

(iii) Esta Superintendencia no cuestiona que los proveedores de caña eventualmente
consideren diversas variables para tomar su decisión de venta. Es más, se entiende que un
agente económicamente racional consultaría todos aquellos elementos que pueden llegar
a determinar el resultado de su elección; incluso aquellos que no pueden ser medidos, como
la confianza que genera contratar con un ingenio reputado.

El análisis de serie de tiempo de los precios de los productos finales que comercializa el
ingenio debería ser un elemento a considerar por un cultivador que se preocupe por la
viabilidad de su negocio. Sin embargo, el proveedor no conoce ex ante los precios que se
emplearán para liquidar sus cañas ni qué tan eficientes estas serán en producción de
azúcar, como sí tiene certeza del referente en kilos de azúcar por tonelada de caña y/o del
porcentaje de participación que se le reconocerá sobre la productividad de la misma, que
es sin duda la variable fundamental de los contratos a través de los cuales los ingenios se
abastecen de caña.

De ser el precio de liquidación la variable determinante de la decisión de los proveedores y
siguiendo el argumento del apoderado de CARMELITA y PICHICHI en relación con la
participación de los ingenios en los mercados nacional e internacional, teniéndose
acreditado que los kilos de azúcar por tonelada de caña que pagan los ingenios es muy
similar, todos los cultivadores buscarían contratar exclusivamente con "los ingenios que
venden en el mercado nacional. Sin embargo, no se encuentra en el expediente prueba
alguna de una pugna entre los productores de caña del valle geográfico del río Cauca por
contratar con aquellos ingenios que no exportan su producción de azúcar.

Que existan otras variables relevantes para el proveedor, lo cual no se niega, nada dice de
la existencia del acuerdo para determinar alguna de estas. La autoridad de competencia
también reprocharía un convenio entre competidores sobre cláusulas de peajes, y no sería
una condición necesaria acreditar que la competencia sobre lo demás elementos del
contrato también ha sido limitada.

(…)

Cuando se examinan estos contratos a la luz del derecho de la competencia, lo sancionable
no es el recurso a una fórmula u operación aritmética para determinar el precio, sino el
hecho de que dicha fórmula haya sido acordada entre competidores.

(…)

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En el caso bajo examen, la uniformidad de los parámetros aplicados en el esquema de
remuneración establecido por los ingenios para determinar el precio de compra de la caña
no se puede enmarcar dentro de las condiciones que caracterizan la libre competencia.

(…)

4.1.4. La supuesta independencia de los ingenios en el establecimiento de las formas de
remuneración

Algunos apoderados argumentaron que el ingenio que representan estableció la forma de
remuneración de la caña de manera autónoma, consultando sus particularidades y de
acuerdo con una racionalidad económica.

(…)

• Consideraciones del Despacho:

Finalmente, el apoderado de LA CABAÑA sostiene que el ingenio hace un análisis de costos
y de rentabilidad y que así define la remuneración de la caña. Agrega que la calidad de las
tierras contratadas por el ingenio explica la baja remuneración y asegura si LA CABAÑA
pagara más por sus cañas el negocio no sería viable.

Es necesario precisar que el archivo que el apoderado pone de presente,
"COSTOSPORSUERTE2005-2006.2007.xls" no desvirtúa la concertación de LA CABAÑA
con sus competidores. Según el apoderado, dicha hoja de cálculo ilustra "de manera
diáfana" la lógica económica que motiva las decisiones de su representado. Lo cierto es
que allí lo que hay es un registro de alguna información de cada contrato de caña en mata,
de los costos asociados y, de la utilidad bruta y neta de cada uno. Una de las columnas de
la matriz es el número de kilos de azúcar por tonelada de caña que se paga en cada
contrato. Este campo es un parámetro en la matriz y el ejercicio de registro y la operación
contable que allí se realiza nada dice respecto de la racionalidad económica que lleva a fijar
determinado número de kg/t, ni da cuenta del actuar independiente de LA CABAÑA.

El apoderado insiste en que por haber en ese archivo algunos contratos que registran
utilidades netas negativas (por ejemplo, en 2005, se trata de 2 contratos de 151), no puede
estar acordado el ingenio que representa.

Sin embargo, el apoderado propone un ejercicio de simulación que le reporta que LA
CABAÑA puede remunerar todos sus contratos a precios superiores a los 58 kg/t y aún
recibir utilidades. Desde luego estas se ven mermadas por el aumento en el costo de
adquisición del insumo, pero el ingenio está en la capacidad de hacerlo. Esto refuerza la
racionalidad económica del acuerdo anticompetitivo, cuando se considera que LA CABAÑA
tiene capacidad instalada ociosa y que las tierras para sembrar caña están prácticamente
agotadas en la región. Según el mismo apoderado, "se puede verificar que a partir del
valor de 74 kilogramos de azúcar por tonelada de caña LA CABAÑA estaría produciendo
a pérdida".

Esto es especialmente llamativo, pues sugiere que LA CABAÑA, el ingenio que cosecha
las cañas de peor rendimiento de la región, está en condiciones de ofrecer casi 30% más
kilos de azúcar por tonelada de caña respecto del referente de 58 kg/t.

Esto refuerza el hecho de que los ingenios acordaron disciplinarla remuneración de la caña
en la región y que es económicamente viable pagar más del 50% del rendimiento de la
caña; no se trata de una cota "natural" sobre la cual se hace inviable el negocio de los
ingenios.

El resultado del ejercicio propuesto por el apoderado pone de relieve la racionalidad
económica del acuerdo. Los ingenios tienen incentivos para adquirir más caña y es

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económicamente viable hacerlo ofreciendo atractivos esquemas de remuneración o incluso
un mayor precio en kilogramos. Sin embargo, en consideración a que se trata de un insumo
escaso, eligen evitar la pugna por la caña y remplazan la competencia por una cooperación
práctica entre ellos.

(…)

Adicionalmente, el argumento del apoderado para desvirtuar la participación de su
representado en el acuerdo es que LA CABAÑA paga sistemáticamente por debajo de los
58 kg/t. Evidentemente, el que ese ingenio tenga la posibilidad de adquirir caña
remunerando por debajo de las cotas acordadas no desvirtúa la colusión. De hecho, el
sentido económico del acuerdo se pone de relieve con la simulación que el mismo
apoderado presenta en su recurso, con la que concluye que LA CABAÑA puede pagar, sin
incurrir en pérdidas, hasta 74 kg/t. (mayúsculas sostenidas y negritas son del texto original).

6.4.4.3. Ahora bien, el Ingenio demandante soportó los reparos expuestos en su
apelación en lo siguiente:

De acuerdo con el archivo "CONTRATOS VIGENTES caña en mata 1.xls" contenido el CD
que se encuentra en el en CD (sic) que contiene cuaderno 56 CD1 - Cabaña, los valores
pactados en los contratos de compraventa y cuentas en participación de CABAÑA, se
concluye lo siguiente:

a) Las sumas pactadas en los 225 contratos de compraventa de caña en mata que se
informaron a la SIC varían de manera importante en los valores remunerados.
b) La mayoría (93,78%) de los contratos de compraventa de caña en mata se pactaron con
una suma fija que oscila entre los 50 y 56 kilogramos de azúcar por tonelada de caña.
c) La mayor parte (65,8%) de los contratos están fijados en sumas de 52, 55 y 56 kilogramos
de azúcar por tonelada de caña, lejos del supuesto de "valor de referencia" de 58 kilogramos
que mencionan los actos demandados.
d) Solo 2,67% de los contratos de compraventa de caña en mata fijan una remuneración de
58 kilogramos de azúcar por tonelada de caña.
e) Efectivamente, ninguno de los contratos de compraventa se paga por encima de 58 kg,
como tampoco se paga por encima de 59, 60, 61, 62....n kilogramos. Si el Señor
Superintendente hubiera considerado que el supuesto "valor de referencia" está por encima
de 69 kg, igual resultado hubiera arrojado la Tabla 1 de la resolución recurrida respecto de
CABAÑA. Así las cosas, no es cierto aseverar que CABAÑA
f) Así las cosas, no es cierto aseverar que CABAÑA emplea un supuesto "valor de
referencia" cercano a los 58 kilogramos de azúcar por tonelada de caña en sus contratos
de compraventa de caña en mata.
g) Si fuese una referencia lo normal es que la mayoría de contratos estuviera en esa
referencia o muy cerca a ella.

(…)

Ahora, con la información sobre los contratos de cuentas en participación que obra en el
expediente administrativo (ver CD que contiene cuaderno 56 CD1 - Cabaña), se concluye
lo siguiente:

a) Las sumas pactadas en los 49 contratos de cuentas en participación que se informaron
a la SIC varían de manera importante en los valores remunerados.
b) La mayoría (83,67%) de los contratos de cuentas en participación se pactaron con una
suma fija que oscila entre los 18 y 22 kilogramos de azúcar por tonelada de caña.
c) En contraste el 16,33% de los contratos se remuneran por encima de los 22 kilogramos
de azúcar por tonelada de caña.

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d) 2,04% de los contratos se remuneran por encima de los 25 kilogramos de azúcar por
tonelada de caña, el supuesto "valor de referencia" que la SIC afirma que CABAÑA aplica
como "cuota máxima".35

Agregó que los actos acusados no explican cómo es posible que la demandante haga
parte de una práctica concertada si sus decisiones respecto de la remuneración a sus
proveedores difieren de la empleada por los otros ingenios. Para el efecto, aportó el
siguiente cuadro:

De lo anterior se desprende que el reparo formulado por la parte actora consiste en
afirmar que el análisis del archivo denominado “CONTRATOS VIGENTES caña en mata
1.xls” demuestra la inexistencia de un “valor de referencia” en los contratos suscritos por
el Ingenio La Cabaña. Según sostiene, las remuneraciones pactadas en los contratos de
compraventa de caña en mata presentan una dispersión significativa pues el 93,78% de
los contratos se ubica entre 50 y 56 kilogramos de azúcar por tonelada de caña, el 65,8%
se concentra entre 52, 55 y 56 kilogramos, y únicamente el 2,67% corresponde a 58
kilogramos. Con fundamento en ello, concluye que no existía un valor de referencia
cercano a los 58 kilogramos, ya que, de ser así, la mayoría de los contratos debería
concentrarse en dicho valor o en su entorno inmediato.

Para la Sala, este razonamiento parte de una premisa equivocada, al equiparar la
existencia de un valor de referencia con la necesaria concentración mayoritaria de los
contratos en un único punto de remuneración. Al respecto, conviene precisar que la
sanción impuesta a la demandante no se fundamentó en la existencia de un precio único
y rígido aplicable a la totalidad de los contratos, sino en la acreditación de un parámetro
máximo de remuneración destinado a disciplinar el comportamiento de los ingenios en el
mercado de adquisición de caña.

35 Páginas 172 y 173 del cuaderno núm. 6 del expediente de primera instancia.

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En particular, el reproche de la autoridad de competencia se sustentó en la existencia de
un acuerdo encaminado a fijar límites máximos de remuneración, consistentes en: “(i)
pagar máximo 58 kilos por tonelada de caña cuando se tratara de contratos de suma fija
y/o (ii) pagar máximo el 50 % del rendimiento de la caña, ya fuera mediante contratos por
rendimiento o mediante contratos con bonificación por rendimiento”. Por consiguiente, la
conducta investigada no exigía la adopción de una remuneración uniforme por parte de
todos los ingenios, sino la observancia de topes comunes que restringieran la posibilidad
de competir mediante ofertas superiores a los límites concertados.

En ese contexto, el hecho de que la mayoría de los contratos suscritos por el Ingenio La
Cabaña se ubicaran por debajo de los 58 kilogramos no desvirtúa la existencia del
acuerdo investigado. Por el contrario, tal circunstancia resulta plenamente compatible con
la naturaleza de un techo máximo de remuneración. El efecto de este tipo de acuerdos
no consiste en generar uniformidad absoluta entre los agentes económicos, sino en
restringir la competencia hacia arriba mediante la eliminación de incentivos para ofrecer
condiciones económicas superiores al límite concertado. Desde esta perspectiva, la
ausencia de contratos que excedan dicho umbral constituye un elemento de mayor
relevancia competitiva que la distribución de los valores pactados por debajo de él.

La misma conclusión se impone respecto del argumento relacionado con las cuentas en
participación. El hecho de que el 83,67 % de los contratos se ubicara entre 18 y 22
kilogramos por tonelada de caña y que únicamente el 2,04 % superara los 25 kilogramos
no demuestra la inexistencia de un parámetro de referencia. Por el contrario, evidencia
la consolidación de un rango de remuneración compatible con un límite máximo
previamente definido, que operaba como una restricción efectiva a la competencia en la
determinación del precio de adquisición de la materia prima.

En consecuencia, las variaciones observadas en los contratos suscritos por el Ingenio La
Cabaña, según las explicaciones ofrecidas por la parte actora, no desvirtúan la existencia
del acuerdo investigado ni la configuración de un valor de referencia. Para la Sala, la
concentración de los contratos en torno al techo máximo demuestra que dicho límite
operó efectivamente como un parámetro común para los agentes participantes en el
mercado de adquisición de caña. La diversidad de remuneraciones pactadas por debajo
de ese límite no excluye la concertación; por el contrario, resulta compatible con una
práctica orientada a impedir la formulación de ofertas que superaran los parámetros
acordados.

Por ello, el hecho de que el Ingenio La Cabaña no hubiera pactado de manera uniforme
una remuneración de 58 kilogramos de azúcar por tonelada de caña ni de 25 kilogramos
en los contratos de cuentas en participación no desvirtúa su participación en el acuerdo
investigado. La observancia de remuneraciones inferiores a los máximos concertados
resulta compatible con el objeto de una práctica de fijación de topes, pues esta no exige
la adopción de un valor uniforme, sino la eliminación de la posibilidad de competir
mediante ofertas superiores a los límites establecidos. Así, la circunstancia de que La
Cabaña remunerara a sus proveedores dentro de rangos inferiores a los máximos
acordados no constituye un elemento excluyente de su participación en la conducta.

Finalmente, la aptitud anticompetitiva del acuerdo no dependía de que todos los ingenios
pagaran idénticas remuneraciones, sino de que ninguno pudiera superar los límites
concertados. La fijación de topes máximos restringía la capacidad de los agentes
económicos para competir por la adquisición de caña mediante mejores condiciones
económicas para los proveedores y, por esa vía, reducía la presión competitiva existente
entre los ingenios en dicho mercado.

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6.4.4.4. De otra parte, el Ingenio demandante sostuvo que:

El Tribunal también desconoce que aún en el evento de que los contratos de todos los
ingenios tuvieran las mismas cantidades de kilogramos de azúcar por tonelada de caña la
remuneración que resulta de ellos no resulta igual.

Lo anterior, en la medida en que la liquidación depende de la aplicación de una serie de
variables de mercado que no dependen de los Ingenios ni son pactadas por ellos, como es
el caso del precio del azúcar en el mercado interno, en el mercado internacional, así como
las cantidades de azúcar que el Ingenio va a vender en cada uno de esos mercados, y en
ciertos casos, la cantidad y el precio de la materia prima que se convierte en alcohol si el
Ingenio cuenta con una planta del producción del alcohol.

Sobre el particular, añadió el recurrente:

La diferencia en las remuneraciones se presenta incluso al interior del propio Ingenio. Así,
en las liquidaciones que obran en el expediente de la SIC, un mismo proveedor que tiene
pactado un precio equivalente a 52 kilos de azúcar, el valor unitario resulta diferente
dependiendo del mes en el cual se liquide debido a la variación del precio del azúcar en el
mercado interno y externo y a la participación del Ingenio en estos dos mercados. El
siguiente ejemplo ilustra lo aquí dicho:

En las liquidaciones que se adjuntaron como Anexo No. 8 a los descargos presentados por
LA CABAÑA que obra en el expediente en Cuaderno Público No. 25 y Reservado No. 18,
un mismo proveedor que tiene pactado un precio equivalente a 52 kilos de azúcar, el valor
unitario resulta diferente dependiendo del mes en el cual se liquide debido a la variación del
precio del azúcar en el mercado interno y externo y a la participación del Ingenio en estos
dos mercados. Así, la liquidación del mes de junio de 2005, el señor Víctor Andrés
Piedrahita obtuvo un precio de $45.320 por tonelada de caña para el azúcar vendido en el
mercado interno y de $16.500 por tonelada de caña para el azúcar vendido en el mercado
de exportación, mientras que en el mes de agosto de 2006, el mismo señor obtuvo un precio
de $68.491 por tonelada de caña para el azúcar vendido en el mercado interno y de $20.000
por tonelada de caña para el azúcar vendido en el mercado de exportación.

Para explicar sus conclusiones trajo el siguiente cuadro:

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Para la Sala, el reparo formulado por el apelante consiste en que el Tribunal habría
desconocido que, aun en el evento de que los contratos de los Ingenios incluyeran
idénticas cantidades de kilogramos de azúcar por tonelada de caña, ello no implicaría la
existencia de remuneraciones efectivamente iguales, en la medida en que el valor final
de la liquidación depende de variables de mercado no controladas ni pactadas por los
Ingenios, tales como el precio del azúcar en el mercado interno e internacional, la
proporción de ventas en cada uno de dichos mercados, y, en algunos casos, la
destinación de parte de la producción a la fabricación de alcohol cuando el ingenio cuenta
con dicha infraestructura.

Así las cosas, para el recurrente las diferencias en las remuneraciones se presentan
incluso al interior de un mismo ingenio, al punto en el que un mismo proveedor con un
contrato equivalente a 52 kilogramos de azúcar por tonelada de caña puede recibir
valores monetarios distintos dependiendo del mes de liquidación, como consecuencia de
la variación de los precios del azúcar y de la composición de las ventas entre mercado
interno y externo. Para sustentar esta afirmación, citó liquidaciones correspondientes a
los años 2005 y 2006, en las cuales se observa que un mismo proveedor obtuvo valores
diferentes por tonelada de caña en distintos periodos, pese a mantener constante el
parámetro contractual en kilogramos de azúcar.

Sobre el particular, la Sala advierte que el argumento del apelante no desvirtúa la
existencia de un acuerdo entre competidores respecto del referente base de
remuneración. Ello obedece a que deben distinguirse dos aspectos: por una parte, la
determinación del parámetro contractual de remuneración de la caña, expresado en
kilogramos de azúcar por tonelada; y, por otra, el resultado monetario de la liquidación,
que efectivamente puede variar a lo largo del tiempo como consecuencia de factores de
mercado ajenos al acuerdo.

En efecto, las variaciones en el valor final pagado en pesos o en dólares no desvirtúan la
existencia del acuerdo, puesto que este no recae sobre el precio final del azúcar ni sobre
las variables de comercialización del producto terminado. Por el contrario, su objeto

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consiste en establecer la regla de conversión o el parámetro de pago aplicable a la
materia prima.

En ese sentido, el hecho de que un mismo contrato pueda arrojar resultados monetarios
distintos en diferentes periodos no resulta pertinente para desvirtuar la imputación
formulada, en la medida en que tales variaciones son inherentes al modelo de liquidación
adoptado por el propio sector y afectan por igual a todos los ingenios, sin que ello permita
inferir ausencia de concertación respecto del elemento estructural del precio de compra
de la caña. Por el contrario, dicha circunstancia es compatible con la existencia de un
acuerdo sobre el parámetro de remuneración, el cual permanece inalterado y constituye
el verdadero elemento susceptible de coordinación entre competidores.

En consecuencia, la Sala concluye que el reparo del apelante no tiene la virtualidad de
desvirtuar las consideraciones de la decisión impugnada, en tanto confunde la
variabilidad del resultado económico de la liquidación con la existencia del acuerdo sobre
un criterio de remuneración, que es el aspecto relevante en la investigación adelantada
por la SIC.

Adicionalmente, la Sala considera que el cuadro elaborado por el apelante para
demostrar la supuesta inexistencia de remuneraciones iguales debería limitarse a los
ingenios respecto de los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio encontró
configurada la conducta sancionada. En efecto, la comparación con agentes económicos
que no fueron objeto de sanción carece de aptitud para desvirtuar las conclusiones de la
autoridad, pues la imputación y la consecuente declaratoria de responsabilidad se
circunscribieron a aquellos ingenios respecto de los cuales se acreditó su participación
en el acuerdo investigado.

Bajo esta precisión metodológica, el ejercicio comparativo propuesto por la parte actora
arrojaría los siguientes resultados:

Ingenio Precio ponderado por Kg del mes Precio ponderado por Kg del año
de mayo de 2006
LA CABAÑA 64,926 689,49
CARMELITA ---------- ---------
CASTILLA 66,652 803,64
INCAUCA 63,926 788,94
MANUELITA 64,400 787,93
MAYAGUEZ 65,608 778,50
PICHICHI 63,670 755,79
PROVIDENCIA 64,223 779,43
RIOPAILA 64,373 789,91
RISARALDA 62,165 763,38

Bajo este contexto, sin perjuicio de las consideraciones anteriores, a partir de la
información aportada por el apelante —acotada por la Sala a los Ingenios sancionados
por la SIC—, se observa un elevado grado de homogeneidad en los precios ponderados
por kilogramo de azúcar para el mes de mayo de 2006. En efecto, la mayoría de los
valores se concentran en un rango particularmente estrecho, entre 62 y 66 kilogramos
aproximadamente, sin diferencias relevantes que permitan identificar políticas de
remuneración sustancialmente diferenciadas entre los ingenios.

Al respecto, el Ingenio demandante no explica por qué, al comparar las remuneraciones
observadas entre los distintos ingenios durante un mismo período de tiempo —mayo de
2006—, estos convergen en valores notablemente similares. El cuadro aportado con la

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apelación no permite comprender la marcada proximidad existente entre las condiciones
económicas ofrecidas por los demás competidores.

Desde una perspectiva probatoria, el ejemplo expuesto por la demandante puede explicar
la formación de sus propios precios, pero resulta insuficiente para desvirtuar la evidencia
relativa a la similitud observada entre los distintos ingenios. En particular, no aporta
elementos que permitan justificar por qué agentes económicos que actúan de manera
independiente en el mercado terminan ubicándose de forma consistente dentro de rangos
de remuneración estrechos y altamente coincidentes.

Esta convergencia en los niveles de remuneración resulta especialmente significativa
desde la perspectiva competitiva, pues evidencia una marcada proximidad en las
condiciones económicas ofrecidas a los proveedores de caña. Lejos de reflejar un
escenario caracterizado por decisiones autónomas e independientes de cada agente
económico, la concentración de los valores dentro de un margen reducido constituye un
indicio de uniformidad en el comportamiento de mercado, más compatible con la
existencia de parámetros comunes de remuneración que con la dispersión normalmente
esperable en un entorno de competencia efectiva por la adquisición de la materia prima.

6.4.4.5. También reprocha el actor que: “En la contestación de la demanda la SIC es
capaz de sostener que así el valor (pesos) que recibe cada agricultor sea diferente
aunque la fórmula sea idéntica, ello no desvirtúa que los investigados llegaron a un
acuerdo de precios”, resaltando que a su parecer “Este si sería el acuerdo de precios
más extraño del mundo. En efecto, un acuerdo de precios donde el valor pagado por cada
una de las partes del supuesto acuerdo es totalmente distinto”.

Para la Sala, no es de recibo el argumento del apelante según el cual resultaría ilógico
afirmar la existencia de un acuerdo de precios cuando el valor final en pesos recibido por
cada agricultor o proveedor puede variar entre ingenios e incluso entre distintas
liquidaciones efectuadas por un mismo ingenio, circunstancia que, en su criterio,
conduciría al “acuerdo de precios más extraño del mundo”, dado que los resultados
económicos efectivamente pagados no son uniformes.

Al respecto, es preciso reiterar que la sanción impuesta al demandante no obedeció a la
fijación de un precio único expresado en moneda legal que debiera reflejarse de manera
idéntica en todos los pagos efectuados a los proveedores. La conducta reprochada
consistió en la concertación de parámetros máximos de remuneración de la caña,
expresados en kilogramos de azúcar por tonelada, que operaban como referentes para
la determinación del precio y como límites a la competencia entre los ingenios.

Bajo esa premisa, la circunstancia de que el valor efectivamente pagado en pesos variara
entre operaciones o períodos no desvirtúa la existencia del acuerdo. Tales diferencias
pueden explicarse por factores propios de la liquidación, entre ellos las condiciones
contractuales, la calidad de la materia prima, los rendimientos obtenidos, el
comportamiento de los precios del azúcar en los mercados interno y externo, la
composición de ventas de cada ingenio y las demás variables comerciales que inciden
en el resultado final.

Sin embargo, dichos factores afectan únicamente la cuantía monetaria reconocida al
proveedor y no el elemento que la autoridad encontró concertado. En efecto, la restricción
investigada no recaía sobre el valor final pagado en cada operación, sino sobre los
parámetros utilizados para determinar la remuneración de la caña y, particularmente,

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sobre la imposibilidad de ofrecer condiciones superiores a los límites previamente
acordados.

Por esta razón, la comparación pertinente para establecer la existencia y alcance de la
conducta no debe centrarse en las diferencias observadas en las liquidaciones
individuales, sino en las condiciones contractuales que servían de base para fijar la
remuneración. Desde esta perspectiva, las explicaciones ofrecidas por La Cabaña acerca
de las variaciones en los valores reconocidos por tonelada de caña no controvierten las
conclusiones de la investigación, pues corresponden a circunstancias inherentes al
sistema de liquidación utilizado por los ingenios y compatibles con la aplicación de
parámetros comunes.

En consecuencia, no le asiste razón al apelante al sostener que la diversidad de valores
pagados excluye la existencia de un acuerdo. Por el contrario, dicha circunstancia resulta
compatible con un esquema en el que todos los agentes se encontraban expuestos a las
mismas fluctuaciones del mercado, mientras mantenían referentes comunes para la
determinación de la remuneración de la materia prima.

6.4.4.6. La parte actora añadió:

Como se indicó anteriormente, CABAÑA remunera a sus proveedores (bajo las
modalidades de compraventa y cuentas en participación) a partir de una suma fija en
kilogramos de azúcar por tonelada de caña. Es decir, CABAÑA asume el riesgo de que la
caña que adquiera no tenga un rendimiento suficiente para cubrir los costos de producción
del azúcar y una utilidad razonable para el Ingenio.

El establecimiento de una fórmula en la cual se contempla el pago de la caña de azúcar en
función de los kilos de azúcar que con ella se produce, obedece a que la caña es una
materia prima para producir azúcar, y su calidad se define de acuerdo con la cantidad de
azúcar que pueda producirse con la misma.

Por su parte, la utilización del precio del azúcar para efectos de liquidar el precio de la caña
de azúcar es consecuencia de la fluctuación de los precios del azúcar y de la inexistencia
de mercados de futuros de caña de azúcar o derivados que permitan cubrirse de los riesgos
generados por esa fluctuación.

Pues bien, en el expediente quedó demostrado que CABAÑA calcula cuanto le cuesta
producir el azúcar proveniente de la caña, de acuerdo con una estructura de los costos de
cosecha, los costos de fábrica y empaque, la depreciación, los costos de administración y
venta y un margen de utilidad razonable. Teniendo esto, y calculando el rendimiento que
podría obtener determinada caña de azúcar en determinado predio de acuerdo con
variables individualmente consideradas de acuerdo con el predio en estudio, CABAÑA
puede establecer cuánto se le podría pagar al proveedor de la caña en referencia.

Para la Sala, el planteamiento de la apelante sobre la utilización de una fórmula de
remuneración basada en kilogramos de azúcar por tonelada de caña, así como la
consideración de costos, rendimientos y riesgos propios del negocio, no resulta suficiente
para descartar la existencia del acuerdo investigado. En efecto, el hecho de que el Ingenio
La Cabaña emplee un modelo económico interno de valoración de la caña, fundado en
la estimación de costos de producción, eficiencia industrial y fluctuaciones del mercado
del azúcar, no desvirtúa que el elemento relevante desde la perspectiva del derecho de
la competencia no es la existencia de una fórmula en sí misma, sino la eventual
concertación de dicha fórmula o de sus parámetros esenciales entre competidores.

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En ese sentido, la explicación relativa a la asunción del riesgo empresarial, la inexistencia
de mercados de cobertura para la caña de azúcar, o la utilización del precio del azúcar
como variable de referencia para la liquidación, puede dar cuenta de la racionalidad
individual del modelo adoptado por un agente económico, pero no excluye que un
componente de dicho esquema haya sido objeto de coordinación con otros agentes del
mercado. Precisamente, la imputación de la autoridad no recae sobre la validez
económica del método de cálculo, sino sobre la existencia de un acuerdo entre
competidores que habría delimitado de manera común el parámetro de remuneración de
la caña.

Así, aun aceptando que el modelo descrito por La Cabaña sea económicamente eficiente
o explicable desde la lógica empresarial, ello no resulta suficiente para desvirtuar la
conclusión administrativa, en la medida en que en materia de libre competencia lo
reprochable no es la utilización de fórmulas de remuneración basadas en variables
económicas, sino su adopción coordinada entre agentes que deberían competir de
manera independiente en la determinación de las condiciones de compra de los insumos.

Para la Sala, la explicación sustentada en los costos de producción, los rendimientos
obtenidos y las fluctuaciones del mercado únicamente da cuenta de las variables
empleadas para determinar la remuneración de los proveedores, pero no desvirtúa la
existencia de parámetros máximos de remuneración concertados entre los ingenios. En
efecto, tales factores pueden explicar las diferencias observadas en las liquidaciones
individuales o en la cuantificación final de los pagos, pero resultan insuficientes para
descartar la existencia de límites comunes que restringían la posibilidad de competir
mediante el ofrecimiento de condiciones económicas superiores a las acordadas.

6.4.4.7. Finalmente, frente al reparo de la actora consistente en que:

Pues bien, si lo que un acuerdo de precios busca es que los agentes no compitan en el
mercado utilizando el precio, lo lógico económicamente es que el acuerdo implique que
todos los agentes que forman parte del acuerdo tengan el mismo precio.

Como se ve, la afirmación del Superintendente anteriormente transcrita da a entender que
hubo no un supuesto acuerdo si no dos (2) supuestos acuerdos diferentes, (i) uno
consistente en que los Ingenios se pusieron de acuerdo para pagar máximo 58Kg/t y otro
(ii) en el que los Ingenios se pusieron de acuerdo para pagar el 50% del rendimiento.

Por lo tanto, no tiene sentido que una serie de agentes económicos se pongan de acuerdo
en la fijación de dos precios diferentes de manera indirecta, especialmente cuando son tan
diferentes, puesto que quedaría al libre arbitrio de cada participante dentro del acuerdo
escoger a cuál precio pagar, con lo cual no sería posible que se encontraran coordinados.
En ese juego, cualquiera de las partes, sea el Ingenio o el proveedor, puede escoger el
precio más rentable, hacia el cual se desviará la oferta.

Frente al reparo de la demandante, según el cual la decisión impugnada incurriría en una
contradicción lógica al sostener que los ingenios concertaron parámetros máximos de
remuneración consistentes en pagar hasta 58 kilogramos de azúcar por tonelada de caña
en los contratos de suma fija y hasta el 50% del rendimiento de la caña en los contratos
por rendimiento o con bonificación por rendimiento, la Sala considera que dicho
planteamiento parte de una comprensión equivocada del alcance de la conducta
imputada.

En efecto, el apelante asume que la existencia de un acuerdo de fijación de condiciones
de compra exige necesariamente la uniformidad absoluta de todos los elementos que
intervienen en la determinación del precio o, incluso, la adopción de un único mecanismo

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de remuneración por parte de todos los agentes económicos. Sin embargo, esa no fue la
conducta atribuida ni el fundamento de la sanción impuesta.

Como se ha señalado, la sanción impuesta al demandante a través de los actos
administrativos demandados no se sustentó en la existencia de un sistema uniforme de
cálculo ni en la eliminación total de la autonomía empresarial de los ingenios. Lo que se
acreditó fue la concertación de parámetros máximos de remuneración que actuaban
como límites comunes dentro del proceso de negociación con los proveedores de caña,
restringiendo la posibilidad de competir mediante ofertas superiores a dichos umbrales.

Desde esta perspectiva, no existe incompatibilidad alguna entre la utilización de fórmulas
económicas propias por parte de cada ingenio y la existencia de parámetros concertados
de remuneración. Los ingenios podían conservar espacios de decisión individual en
aspectos relacionados con la estructura de sus contratos, los factores de cálculo
empleados o las variables económicas consideradas para la liquidación de la caña. No
obstante, esa autonomía operaba dentro de un marco previamente delimitado por los
topes de remuneración acordados, los cuales restringían la capacidad de los agentes
para competir por encima de determinados niveles de pago.

En consecuencia, la referencia efectuada en la actuación administrativa a los criterios
económicos utilizados por el Ingenio La Cabaña para determinar la remuneración de sus
proveedores no demuestra la existencia de un acuerdo distinto ni resulta incompatible
con la conducta investigada. Por el contrario, evidencia que los mecanismos particulares
de cálculo coexistían con los parámetros máximos concertados, circunstancia que no
excluye la configuración de la práctica restrictiva de la competencia atribuida por la
autoridad.

En ese contexto, la coexistencia de dos formas de expresión del acuerdo —un límite
máximo de 58 kilogramos de azúcar por tonelada de caña o el equivalente al 50% del
rendimiento— no supone la existencia de acuerdos independientes ni excluyentes, sino
la configuración de un mismo parámetro de restricción competitiva expresado de manera
alternativa, cuya finalidad es precisamente establecer un techo común a la remuneración
de la materia prima, independientemente del método específico de cálculo utilizado por
cada ingenio.

Por otra parte, el hecho de que cada ingenio internamente implementara fórmulas de
costos, rendimiento o eficiencia para determinar el valor final a pagar a sus proveedores
no desvirtúa la existencia del acuerdo, en la medida en que dichas fórmulas operan dentro
del marco previamente delimitado por los parámetros concertados. En consecuencia, no
se trata de que los agentes económicos “escojan libremente” entre dos precios distintos,
como sugiere el apelante, sino de que todos ellos se encuentran sujetos a un mismo
límite competitivo que restringe la posibilidad de competir por encima de dicho umbral.

Así las cosas, el reproche del apelante no logra desvirtuar la conclusión de la autoridad,
pues confunde la coexistencia de metodologías internas de liquidación con la existencia
del acuerdo restrictivo, cuando lo relevante desde la perspectiva del derecho de la
competencia es la existencia de un parámetro común que disciplina el comportamiento
de los agentes en el mercado de compra de caña. Lo anterior tal como lo sostuvo la SIC
a través de la Resolución 42411 de 2010 en la que señaló:

De acuerdo con la regla que concertaron los ingenios, es cierto que un cultivador que
considera que sus cañas rendirán más de 116 kg/t y esté dispuesto a asumir el riesgo,
preferirá un contrato por rendimiento del 50% sobre uno de suma fija de 58 kg/t y,

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asumiendo que no: considera otras variables, preferirá al ingenio que ofrezca la primera
forma de remuneración. Esto no desvirtúa el acuerdo.

6.4.5. Aplicación retroactiva e indebida del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009.

En cuanto a este aspecto, el Tribunal señaló que el artículo 17 de la Ley 1340 de 2009
es una disposición de carácter procesal y no una norma sancionatoria. Por tal razón,
estimó que le resultaba aplicable la regla de vigencia inmediata de las normas procesales
respecto de las actuaciones administrativas que se encontraban en curso cuando entró
a regir dicha ley, sin diferir ni condicionar sus efectos.

El apelante sostuvo que el artículo 17 de la Ley 1340 de 2009 no tiene naturaleza procesal
y, por tanto, no podía aplicarse a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en
vigencia, máxime cuando la investigación administrativa se inició el 9 de marzo de 2007.
Asimismo, afirmó que la orden de publicar la sanción en medios masivos de comunicación
tiene naturaleza sancionatoria, en la medida en que genera efectos adversos para el
sujeto destinatario.

Al respecto, la Sala advierte que la Ley 1340 de 2009 está integrada por 34 artículos
distribuidos en seis títulos. En particular, el Título IV, denominado “Disposiciones
Procedimentales” comprende los artículos 17 a 24 y regula aspectos procedimentales de
las actuaciones adelantadas por la SIC, entre ellos la publicidad de las actuaciones, las
medidas cautelares, la intervención de terceros, los actos de trámite, las irregularidades
procesales, la contribución de seguimiento y las notificaciones.

La norma referida a la publicación que cuestiona la parte actora señala:

Artículo 17. Publicación de Actuaciones Administrativas. La Superintendencia de Industria
y Comercio deberá atendiendo a las condiciones particulares del mercado de que se trate
y el interés de los consumidores, ordenar la publicación de un aviso en un diario de
circulación regional o nacional, dependiendo las circunstancias, y a costa de los
investigados o de los interesados, según corresponda, en el que se informe acerca de:

236. El inicio de un procedimiento de autorización de una operación de integración, así como
el condicionamiento impuesto a un proceso de integración empresarial. En el último caso,
una vez en firme el acto administrativo correspondiente.

3. La apertura de una investigación por infracciones a las normas sobre protección de la
competencia, así como la decisión de imponer una sanción, una vez en firme los actos
administrativos correspondientes.

4. Las garantías aceptadas, cuando su publicación sea considerada por la autoridad como
necesaria para respaldar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los
interesados.

Para la Sala, el artículo 17 de la Ley 1340 de 2009 tiene naturaleza eminentemente
procesal e instrumental, pues su finalidad es garantizar la publicidad de las actuaciones
administrativas adelantadas por la SIC. En consecuencia, como norma procedimental,
produce efectos inmediatos respecto de las actuaciones en curso.

En ese orden, la Sala considera que el artículo 17 de la Ley 1340 de 2009 resulta aplicable
en virtud de la regla de vigencia inmediata de las normas procesales prevista en el artículo
40 de la Ley 153 de 1887, que dispone:
36 La versión original del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, previas las modificaciones del artículo 156 del Decreto 19

de 2012, no contiene numeral 1.

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Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren
empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán
por la ley vigente al tiempo de su iniciación37.

Por ello, cuando la SIC expide el acto administrativo que ordena la publicación de la
decisión, como ocurrió en el presente caso, debe aplicar la normativa vigente al momento
de adoptar dicha medida. Esta conclusión no se ve alterada por el hecho de que las
conductas investigadas hubieran tenido lugar con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 1340 de 2009, toda vez que la orden de publicación constituye una
consecuencia jurídica que se rige por las disposiciones vigentes al tiempo de su
expedición. En consecuencia, no prospera el reproche que en ese sentido planteó la
demandante.

6.4.6. Proporcionalidad de la sanción.

El Tribunal redujo la multa impuesta por la SIC contra el Ingenio demandante a 500
salarios mínimos legales mensuales vigentes, correspondientes al 25% del tope máximo
establecido en el Decreto 2153 de 1992, con fundamento en los criterios de dosificación
incorporados por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. A juicio del a quo, dichos criterios
debían aplicarse por resultar más favorables para la demandante, aun cuando reconoció
que la misma disposición elevó de manera considerable el límite máximo de las multas.

Al respecto dijo el Tribunal:

En ese espectro reducirá la sanción, dentro del rango que va hasta 2.000 SMLM vigentes
cuando se impuso, a un veinticinco (25%) por ciento del tope (500 SMLM), con base en las
siguientes determinantes fácticas no refutadas por la pasiva, la que por el contrario al
contestar demanda aceptó que corresponden a la realidad del periodo investigado en lo
que atañe a la actora:

i) Su participación global en el mercado de la caña de azúcar en el periodo y sector
investigado fue del 7%;
ii) De sus contratos para adquirir esa materia prima, el 58,4% fueron de arrendamiento,
modalidad no censurada;
iii) De los que fueron objeto de reproche, a la de compra en mata correspondieron el 36,4%
y el 7,3% a cuentas en participación, entre los que se glosaron a La Cabaña; esto es,
combinados arrojan el 43,7% del universo examinado.

La demandante cuestionó en su recurso de apelación la decisión del Tribunal, al
considerar que este debió aplicar el criterio de dosificación que le resultaba más
favorable, consistente en su participación en el mercado al momento de los hechos, esto
es, el 7,79 %, pues ello habría conducido a la imposición de una sanción no superior a
$80.237.000.

37 Esta norma fue modificada por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, en adelante

“CGP”, norma que establece lo siguiente:
“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde
el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron
las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse
las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

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La SIC, por su parte, sostuvo en su recurso de apelación que el Tribunal aplicó de manera
indebida el principio de favorabilidad al otorgar efectos retroactivos al artículo 25 de la
Ley 1340 de 2009. Afirmó que la decisión impugnada configuró una lex tertia, al combinar
el régimen previsto en el Decreto 2153 de 1992 con disposiciones de la Ley 1340 de 2009
y seleccionar de ambas normas, únicamente aquellos aspectos que resultaban
favorables para la demandante.

Indicó que el régimen anterior establecía como límite máximo de las sanciones
económicas 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, mientras que la Ley
1340 de 2009 elevó dicho tope a 100.000 salarios mínimos e incorporó criterios de
graduación concebidos para operar exclusivamente dentro de ese nuevo marco
normativo sancionatorio.

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que los criterios previstos en el artículo 25 de la
Ley 1340 de 2009 solo pueden aplicarse respecto de sanciones impuestas bajo el
régimen que contempla el referido límite de 100.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes. En consecuencia, consideró jurídicamente improcedente utilizarlos para reducir
la multa en el presente asunto.

Asimismo, advirtió que fijar la sanción en el 25% del máximo legal afecta la finalidad
disuasoria del régimen sancionatorio, al generar incentivos para el incumplimiento de las
normas de protección de la libre competencia. Añadió que el examen de proporcionalidad
debía efectuarse conforme al artículo 36 del CCA, disposición que, a su juicio, fue
correctamente aplicada por la entidad.

Finalmente, resaltó la gravedad de la conducta investigada y la relevancia económica del
sector involucrado, para concluir que la sanción impuesta no resultaba desproporcionada
ni arbitraria, sino acorde con la magnitud de los hechos y con los principios de legalidad,
proporcionalidad y razonabilidad.

La Sala abordará de manera conjunta los cuestionamientos formulados por las partes.
Para tal efecto, determinará, en primer lugar, si los criterios de dosificación incorporados
por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009 resultan aplicables al caso concreto y, de ser
así, si procede acoger el criterio invocado por la demandante, consistente en su
participación en el mercado al momento de los hechos.

Para la Sala, dado que la conducta sancionada cesó en el año 2007, el marco normativo
aplicable para resolver de fondo la controversia es el Decreto 2153 de 1992. Bajo ese
régimen, la determinación de la sanción no se encontraba sometida a criterios legales
específicos de dosificación, sino a los parámetros generales previstos en el artículo 36
del CCA, según los cuales la medida adoptada debía ser adecuada a los fines de la norma
que la autorizaba y proporcional a los hechos que se sancionaban.

Lo anterior, tal como lo dijo esta Sección:

(…) la Sala estima que la sanción impuesta es proporcional a los hechos sancionados,
siendo conveniente advertir que la proporcionalidad no está determinada por la
argumentación o retórica que alrededor de ella se haga o no en los actos sancionatorios,
sino por la relación de la magnitud de la sanción con las características y circunstancias de
los hechos que le sirvan de fundamento, atendiendo los parámetros señalados en el artículo
36 del C.C.A., esto es, que sea adecuada a los fines de la norma que la autoriza y
proporcional a esos hechos. Es, entonces, ante todo un problema de relación axiológica
entre la situación fáctica del caso y la sanción impuesta, que en principio se presume
ajustada a la normativa pertinente, dada la presunción de legalidad del acto administrativo,

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y que por lo mismo el afectado debe desvirtuar cuando la controvierta, debiéndose decir
que por las razones antes expuestas no ha sido desvirtuada en este caso38.

Ahora bien, habida cuenta del alegato sobre la aplicabilidad del principio de favorabilidad,
conviene tener en cuenta que el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, en su redacción
original, disponía:

Por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia,
incluidas la omisión en acatar en debida forma las solicitudes de información, órdenes e
instrucciones que imparta, la obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento de las
obligaciones de informar una operación de integración empresarial o las derivadas de su
aprobación bajo condiciones o de la terminación de una investigación por aceptación de
garantías, imponer, por cada violación y a cada infractor, multas a favor de la
Superintendencia de Industria y Comercio hasta por la suma de 100.000 salarios mínimos
mensuales vigentes o, si resulta ser mayor, hasta por el 150% de la utilidad derivada de la
conducta por parte del infractor.

Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.
2. La dimensión del mercado afectado.
3. El beneficio obtenido por el infractor con la conducta.
4. El grado de participación del implicado.
5. La conducta procesal de los investigados.
6. La cuota de mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus activos y/o de
sus ventas involucrados en la infracción.
7. El Patrimonio del infractor.

PARÁGRAFO. Serán circunstancias de agravación para efectos de la graduación de la
sanción. La persistencia en la conducta infractora; la existencia de antecedentes en relación
con infracciones al régimen de protección de la competencia o con incumplimiento de
compromisos adquiridos o de órdenes de las autoridades de competencia; el haber actuado
como líder, instigador o en cualquier forma promotor de la conducta. La colaboración con
las autoridades en el conocimiento o en la investigación de la conducta será circunstancia
de atenuación de la sanción.

Pues bien, la Sala encuentra que los topes sancionatorios de hasta 100.000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes o, si esta cuantía resultare inferior, hasta por el
150% de la utilidad obtenida por el infractor con ocasión de la conducta, así como los
siete (7) criterios de graduación previstos en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009,
integran un mismo régimen sancionatorio y, por tanto, no pueden ser entendidos ni
aplicados de manera aislada. En efecto, la disposición que incorporó los criterios de
dosificación de las multas fue la misma que modificó sustancialmente el marco de las
sanciones económicas, al facultar a la SIC para imponer multas hasta por las cuantías
allí previstas. Se trata, entonces, de elementos normativos que responden a una misma
lógica regulatoria y que deben ser interpretados y aplicados de manera integral.

En ese contexto, no resulta jurídicamente admisible combinar elementos pertenecientes
a regímenes normativos distintos, esto es, aplicar el límite de la multa previsto en el
Decreto 2153 de 1992 —equivalente a 2.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes— y, simultáneamente, acudir a los criterios de graduación introducidos por el
artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. Una integración de esa naturaleza conduciría a la
construcción de una lex tertia ajena al diseño legislativo y, por ende, incompatible con los

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de agosto de 2005,

radicación 2002-00524-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

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principios de legalidad y debido proceso que rigen el ejercicio de la potestad
sancionadora.

Lo anterior obedece a que el juicio de favorabilidad debe recaer sobre regímenes
normativos considerados en su integridad y no sobre fragmentos aislados de distintas
disposiciones seleccionados en función de su mayor conveniencia para el infractor.

Al respecto, sobre el principio de integridad normativa, esta Corporación ha explicado lo
siguiente:

Ahora bien, la demandante no puede pretender que se le aplique lo favorable de la norma
que rige exclusivamente el caso en caso en concreto, que como ya lo advertimos no es otra
que el Decreto 4433 de 2004 y, después de otorgada la pensión de sobrevivientes, reclamar
un ascenso póstumo previsto en otra norma que no es aplicable al caso en concreto y que
además se encuentra derogada por ser contraria a la estructura jurídica del Decreto 4433
de 2004.

Refuerza lo anterior, el hecho de que el principio de favorabilidad trae aparejado el
consolidado principio de inescindibilidad o conglobamiento, según el cual una vez escogida
la norma más favorable al trabajador esta se debe aplicar en su integridad y no beneficiarse
de lo favorable de otra norma, porque tal hecho conllevaría la creación de un tercer régimen,
constituido por fragmentos de otras dos normatividades, situación que entraría en contravía
del mismo principio de favorabilidad y su relacionado principio de inescindibilidad.

El principio de inescindibilidad fue resaltado por el Consejo de Estado en reciente sentencia
de unificación de la Sala Plena de la Sección Segunda39, de la siguiente forma:

(…)

«En efecto, una de las consecuencias de beneficiarse de determinado régimen pensional
es precisamente el hecho de someterse a este en la totalidad de sus disposiciones,
condición conocida como principio de inescindibilidad o conglobamento, sin que le esté
dado pretender que se fragmenten las normas, tomando lo más favorable de las
disposiciones en conflicto, como se explicó en precedencia.»

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en varias sentencias que
han consolidado la precedente postura, por ejemplo en la sentencia T832 A- 2013 en la se
manifestó lo siguiente:

«El principio de favorabilidad se aplica en aquellos casos en que surge duda en el operador
jurídico sobre cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto
sometido a su conocimiento, al encontrar que dos o más textos legislativos vigentes al
momento de causarse el derecho, gobiernan la solución del caso concreto. En estos
eventos los cánones protectores de los derechos del trabajador y la seguridad social
ordenan la elección de la disposición jurídica que mayor provecho otorgue al trabajador, o
al afiliado o beneficiario del sistema de seguridad social. El texto legal así escogido debe
emplearse respetando el principio de inescindibilidad o conglobamento, es decir, aplicarse
de manera íntegra en su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece,
sin que sea admisible escisiones o fragmentaciones tomando lo más favorable de las
disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones jurídicas contenidas en un régimen
normativo distinto al elegido.»40

39 Sentencia de unificación por Importancia jurídica, CE-SUJ-SII-009-2018, del 1 de marzo de 2018. Expediente 68001-

23-33-000-2015-00965-01(3760-16). Actor: Araceli del Carmen Llanos García. Demandado: Nación - Ministerio de
Defensa - Armada Nacional.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 2 de

mayo de 2019, radicación: 17001-23-33-000-2013-00635-01 (0441-15), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha expuesto lo siguiente sobre la
improcedencia de aplicar una lex tertia:

Para fijar el alcance del principio de favorabilidad tratándose de disposiciones de contenido
sustancial en el campo penal, la Corte ha mantenido una postura teórica tradicional de
acuerdo con la cual el derecho a la aplicación de la ley más favorable en términos del art.
29 superior, está a su vez condicionado por el principio de integridad del ordenamiento
jurídico, es decir, que ha rechazado la combinación o mixtura de preceptos de un instituto
regulado en una ley vigente y preceptos relacionados con el mismo instituto previstos por
una nueva legislación, haciendo de esta manera predominar la universalidad de la
regulación en un mismo cuerpo normativo frente a la aceptación de una ley híbrida o tercera
ley construida con fragmentos de ambas.

La aplicación de preceptos completos a la vez que propugna por la integridad y sentido
normativos preserva la seguridad jurídica del sistema al que pertenecen y evita la dispersión
a que puede dar lugar el fraccionamiento de institutos que han obedecido en cada
oportunidad a un específico contexto fundacional y en la política criminal que los ha
inspirado en cada momento legislativo.

(…)

En este sentido, se atiene el fallo al criterio de la Sala, pues la aspiración de obtener la
prisión domiciliaria parcelando los presupuestos previstos en la ley (arts.38 y 38B y 23 de
la Ley 1709) y sometiendo solamente a escrutinio aquellos requisitos que asume el actor le
resultaban favorables, implica ni más ni menos la creación de una lex tertia, que no tiene
en dicha hipótesis justificación alguna, menos con el argumento según el cual se trata de
preceptos que no regían en el momento de los hechos, pues ciertamente aun cuando
tampoco existía la propia sustitutiva, siempre que de verificar su viabilidad se trata esto,
sólo es posible aplicando la figura en la forma como las diferentes reformas la han
contemplado en su integridad, pero no extrayendo aquellos requisitos que se estima lo
posibilitan indistintamente de cada una y menos que esto sea viable aduciendo el principio
de favorabilidad.

Esta ha sido la postura de la Sala, que descarta por improcedente una propuesta por
favorabilidad con el alcance que se ha señalado, entre otras decisiones en proveído del 24
de febrero de 2014, rad. 34099 (…)41.

En consecuencia, la Sala advierte que en el sub judice correspondía aplicar de manera
exclusiva el régimen previsto en el Decreto 2153 de 1992, por tratarse de una conducta
consolidada en el año 2007. Por tanto, la determinación de la sanción debía realizarse
con fundamento en los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad vigentes para la
época de los hechos, sin que fuera jurídicamente procedente acudir a los criterios de
dosificación incorporados posteriormente por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, como
lo solicitó la parte actora y lo acogió el Tribunal.

Así las cosas, la Sala concluye que la integración normativa efectuada por el Tribunal,
que sirvió de sustento para la reducción de la multa, resulta improcedente y, en
consecuencia, debe ser revocada.

Por las mismas razones, no se accederá a la solicitud de la demandante encaminada a
que se aplicara el criterio relativo a su participación en el mercado al momento de los
hechos, pues este igualmente hace parte del régimen sancionatorio introducido por la
Ley 1340 de 2009 y no resulta aplicable al presente asunto.

41 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 17 de septiembre de 2025, radicación: SP1888-2025, Casación 63238,

M.P. Gerardo Barbosa Castillo.

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Para la Sala, la sanción impuesta resulta proporcional a los hechos que le sirvieron de
fundamento. En primer lugar, la demandante no acreditó que la conducta sancionada
justificara la imposición de una sanción menor, conforme a los criterios previstos en el
Decreto 2153 de 1992 y en el artículo 36 del C.C.A., en tanto su solicitud de reducción
de la multa se basó exclusivamente en su cuota de mercado, criterio que, como se indicó,
no resulta aplicable al caso concreto. En segundo lugar, del análisis de los actos
administrativos acusados se advierte que la SIC efectuó una valoración integral del
acervo probatorio, de las explicaciones presentadas por la investigada y del alcance de
las disposiciones de la Ley 155 de 1959 y del Decreto 2153 de 1992 que se estimaron
vulneradas.

Asimismo, la entidad tuvo en consideración la naturaleza de la conducta, las
circunstancias en las que esta se desarrolló y la importancia de los bienes jurídicos
protegidos por el régimen de libre competencia económica. Con fundamento en tales
elementos, concluyó que la infracción acreditada ameritaba la imposición de una sanción
efectiva, habida cuenta de los efectos que este tipo de prácticas genera sobre las
condiciones de competencia en el mercado y de la responsabilidad atribuible a la
demandante por su participación en la conducta sancionada.

Lo anterior, tal como se señaló en la Resolución 6839 de 2009:

De acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, el Superintendente
de Industria y Comercio podrá “imponer sanciones pecuniarias hasta por dos mil (2.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, a las empresas infractoras de las normas
sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que se refiere el
presente decreto".

A su vez, el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, establece la facultad del
Superintendente de Industria y Comercio, para "[imponer a los administradores, directores,
representantes legales, revisores fiscales y demás personas naturales que autoricen,
ejecuten o toleren conductas violatorias de las normas sobre promoción de la competencia
y prácticas comerciales restrictivas, multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos
legales mensuales vigentes en el momento de la imposición de la sanción (...)

En el caso concreto, se ha establecido que los ingenios (…) LA CABAÑA (…) infringieron
lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y el numeral 1 del artículo 47 del Decreto
2153 de 1992, por haber realizado acuerdos para la fijación del precio de compra de caña.

A juicio del Despacho esta conducta es especialmente negativa para el mercado, pues
afecta de forma importante un sector significativo de la economía. De acuerdo con
Fedesarrollo, durante el año 2007 diez de los trece ingenios investigados del valle
geográfico del río Cauca aportaron el 93% de la producción de caña molida y el gremio
azucarero negoció 1,7 billones de pesos con sus proveedores. El informe anual de Asocaña
2007-2008 señala que en el año 2007 los ingenios molieron 21,1 ~ millones de toneladas
de caña, produciendo 2,28 millones de toneladas de azúcar y 275 millones de litros de
etanol, con lo cual el sector registró utilidades por 148 mil millones de pesos. Los hechos
probados dan cuenta de un acuerdo continuado por los menos durante el periodo
investigado para evitar competir vía precio por la caña disponible en el mercado, logrando
así que la remuneración de dicha materia prima correspondiera a un precio artificial, razón
por la cual debe imponerse una sanción que tenga efectos suficientemente disuasivos en
el mercado.

Basado en lo anterior, este Despacho considera necesario imponer a las empresas (…) LA
CABAÑA (…) una multa por 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes,
equivalente a MIL TREINTA MILLONES DE PESOS ($1.030.000.000,00) a cada una.
(mayúsculas sostenidas y negritas son del original).

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Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

En esas condiciones, la Sala no encuentra que la multa impuesta resulte arbitraria o
desproporcionada, pues guarda correspondencia con la gravedad de la conducta
acreditada y con los fines preventivos y correctivos que orientan el ejercicio de la potestad
sancionadora de la administración.

6.4.7. Inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y la consecuente
infracción de los artículos 6 y 29 de la Constitución Política derivada de su
aplicación en los actos demandados.

El apelante cuestionó que la sentencia de primera instancia no se hubiera pronunciado
sobre el cargo de inconstitucionalidad formulado contra el artículo 1 de la Ley 155 de
1959, por presunta vulneración de los artículos 6 y 29 de la Constitución Política. A su
juicio, dicha disposición desconoce el principio de tipicidad al consagrar una prohibición
amplia e indeterminada. Sobre este aspecto, en los alegatos de conclusión presentados
en segunda instancia manifestó lo siguiente:

Es importante advertir que mediante sentencia C-032 de 2017, la Corte Constitucional
declaró la exequibilidad de esta norma, pero solamente analizó si los términos "práctica,
procedimiento o sistema", eran imprecisos, pero no se pronunció sobre el aspecto relevante
de este cargo que es considerar que es restrictivo de la competencia aquello que resulte
"tendiente a limitar la libre competencia o a fijar precios inequitativos"

(…)

Expresiones como "tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar
precios inequitativos", son demasiado vagas e imprecisas. Sobre lo que debe entenderse
como limitativo de la libre competencia existen tratados, tanto de derecho como de
economía, con posiciones absolutamente diversas.

La Sala considera que la lectura propuesta por la parte actora respecto de la sentencia
C-032 de 2017 no corresponde al contenido ni al alcance de la decisión adoptada por la
Corte Constitucional. Por el contrario, de la referida providencia se desprende que el
Tribunal Constitucional resolvió: “Primero.- Declarar Exequibles las expresiones “y en
general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre
competencia”, contenidas en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, como fue reformado por
el artículo 1 del Decreto 3307 de 1963”, lo cual corresponde a la inconformidad de la parte
actora sobre la norma.

Lo anterior, tal como consta en la síntesis del fallo contenida en la sentencia de
exequibilidad en mención, así:

9. Síntesis del fallo

9.1. La Corte ha examinado la demanda de inconstitucionalidad propuesta en contra de una
de las prohibiciones dispuestas por el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, de acuerdo con la
cual, se prohíbe “en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes
a limitar la libre competencia”, la que fue demandada por un ciudadano, quien consideró
que es violatoria de los principios de legalidad y tipicidad, que forman parte del derecho
fundamental al debido proceso.

9.2 Inicialmente la Corte examinó el cargo de uno de los intervienes, quien le solicitó a la
Corte que se declarara inhibida, por considerar que el artículo 1 de la Ley 155 de 1959
había sido derogado por la Ley 1340 de 2009. Para resolver la Corte examinó la tres
modalidades de derogación reconocidas, concluyendo que la norma demandada no había
sido derogada, (i) porque el artículo 34 de la Ley 1340 de 2009 no derogó expresamente

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Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

el artículo 1 de la Ley 155 de 1959; (ii) porque los enunciados contenidos en el artículo 1
de la Ley 155 de 1959 y en la Ley 1340 de 2009 son concurrentes alrededor del mismo
objeto, de la protección del derecho a la libertad económica, cada uno en distintos niveles;
(iii) porque la expedición de la Ley 1340 de 2009, lo que propicia es la coexistencia de dos
niveles de prohibiciones alrededor de la libertad de competencia, el general de la Ley 155
de 1959 y el especial de la segunda ley y de otras concurrentes; y finalmente (iv), porque
no existe ninguna certeza acerca de la derogatoria tácita.

9.3. Procediendo al análisis de fondo, la Corte examinó el derecho a la libertad de
competencia, señalando desde su jurisprudencia, que se trata de uno de los derechos que
se despliega junto con la libertad de empresa. Así dijo que se trata propiamente de la
libertad de concurrir al mercado ofreciendo determinados bienes y servicios, en el marco
de la regulación y en la ausencia de barreras u obstáculos que impidan el despliegue de la
actividad económica lícita que ha sido escogida por el participante. La Corte identificó sus
contenidos, señalando que esta libertad comprende al menos tres prerrogativas: (i) la
posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas
comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la posibilidad de contratar con cualquier
consumidor o usuario, señalando igualmente desde la Sentencia C-228 de 2010, que “el
núcleo esencial del derecho a la libre competencia económica consiste en la posibilidad de
acceso al mercado por parte de los oferentes sin barreras injustificadas.”

9.4. Precisado lo anterior, la Corte se ocupó del régimen de protección del derecho a la
libertad de competencia. De este modo examinó la Ley 155 de 1959 Por la cual se dictan
algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas, que es la primera ley
integral sobre la materia; la Ley 256 de 1996 Por la cual se dictan normas sobre
competencia desleal; La Ley 1340 de 2009 Por medio de la cual se dictan normas en
materia de protección de la competencia, que en el artículo 4 estableció el concepto
de “régimen general de protección de la competencia”, identificando las normas que lo
integran, disponiendo además en el artículo 6, la competencia privativa de la
Superintendencia de Industria y Comercio para la investigación y sanción de las conductas
que infrinjan el régimen de protección de la competencia. También fueron examinados el
Decreto 2153 de 1992, que fijó la estructura de la SIC, referenciado el Capítulo V, que
desarrolla los artículos 44 a 52, que enumeran las conductas violatorias de la libertad de
competencia; Decreto 3523 de 2009, el Decreto 1687 de 2010 y el Decreto 4886 de 2011,
que modificaron la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, precisando
y ampliando la protección de ese derecho y las funciones de la Superintendencia de
Industria y Comercio, del Superintendente y de la Superintendencia Delegada para la
Competencia.

9.5. Fijado el “régimen general de protección de la competencia”, el fallo examinó el
derecho al debido proceso alrededor de los principios de legalidad y tipicidad. Para el efecto
la Corte diferenció entre el debido proceso judicial y el debido proceso administrativo,
señalando que este presenta un mayor grado de flexibilidad en la tipificación de sus
conductas, lo que también fue referido a la distinción entre el derecho penal y el derecho
administrativo sancionatorio.

En lo que tuvo que ver específicamente con los principios de legalidad y tipicidad, la Sala
precisó desde su jurisprudencia, que se satisfacen tales principios “cuando concurren tres
elementos: (i) “Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa,
bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable
a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) “Que exista una sanción cuyo
contenido material esté definido en la ley”; (iii) “Que exista correlación entre la conducta y
la sanción”, destacando además, que “las conductas o comportamientos que constituyen
falta administrativa, no tienen por qué ser descritos con la misma minuciosidad y detalle
que se exige en materia penal, permitiendo así una mayor flexibilidad en la adecuación
típica”. Bajo este parámetro, la Corte entraría en la solución del caso concreto.

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

9.6. La Corte concluye que la prohibición demandada es exequible y que por lo
mismo, no es violatoria del principio de tipicidad ni del debido proceso. Para el efecto
afirma que no se estaba frente a un enunciado indeterminado y ambiguo, sino frente a una
prohibición general, que forma parte del “régimen general de la competencia”, creado por
el artículo 4 de la Ley 1340 de 2009, que es un subsistema particular, contenido dentro del
sistema jurídico conformado por la Ley 155 de 1959, el Decreto ley 2153 de 1992, la Ley
1340 de 2009, el Decreto 3523 de 2009, el Decreto 1687 de 2010 y el Decreto 4886 de
2011, como normas básicas. Dentro de esta comprensión, la interpretación de las
expresiones “y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes
a limitar la libre competencia”, debe ser leída, interpretada y aplicada, en relación con el
subsistema normativo al que pertenece, como lo dispone el artículo 4 de la Ley 1340 de
2009, con lo cual se satisface el parámetro de control establecido por la Corte
Constitucional para esa clase de enunciados. (negritas y subrayas de la Sala).

Así las cosas, contrario a lo sostenido por la demandante, la Corte Constitucional,
mediante la sentencia C-032 de 2017, declaró exequible la expresión “y, en general, toda
clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia”,
contenida en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. Para tal efecto, consideró que dicha
expresión no vulnera los principios de tipicidad ni de debido proceso, en la medida en que
no constituye un enunciado ambiguo o indeterminado, sino una cláusula general de
prohibición que se integra al régimen de protección de la competencia.

Asimismo, precisó que dicho régimen se estructura como un sistema normativo
compuesto, entre otras disposiciones, por la Ley 155 de 1959, el Decreto Ley 2153 de
1992, la Ley 1340 de 2009, el Decreto 3523 de 2009, el Decreto 1687 de 2010 y el
Decreto 4886 de 2011.

En consecuencia, no resulta procedente reabrir el debate sobre la constitucionalidad de
una disposición cuya validez ya fue definida por el juez constitucional. Por tanto, la Sala
debe estarse a lo resuelto en la referida providencia, la cual produce efectos erga omnes
y es vinculante para todas las autoridades y particulares42.

6.5. Conclusión
La demandante no logró desvirtuar la legalidad de las Resoluciones 6839 del 9 de febrero
de 2010 y 42411 del 13 de agosto de 2010, expedidas por la SIC, mediante las cuales se
sancionó la existencia de un acuerdo entre ingenios azucareros orientado a la fijación de
límites máximos de remuneración en la compra de caña de azúcar.

Para la Sala, no prosperan los reparos formulados por la parte actora contra la sentencia
de primera instancia, relacionados con (i) la caducidad de la facultad sancionatoria de la
SIC; (ii) la vulneración del principio de congruencia, derivada de la modificación de los
hechos imputados entre la resolución de apertura de la investigación y el informe
motivado; (iii) la afectación de los derechos de defensa y debido proceso por la valoración
del documento denominado “Acta de Acuerdo” y la incorporación de pruebas
provenientes de otra actuación administrativa; (iv) la improcedencia de la aplicación
concurrente del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y del numeral 1 del artículo 47 del
Decreto 2153 de 1992; (v) la falsa motivación de los actos administrativos porque la
conducta obedecía a razones económicas legítimas y no a un acuerdo anticompetitivo;
(vi) la aplicación retroactiva e indebida del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009; (vii) la
vulneración del principio de proporcionalidad en la imposición de la sanción; y (viii) la
inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y la consecuente infracción de
los artículos 6 y 29 de la Constitución Política.

42 Corte Constitucional, sentencia C-560 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Radicado: 19001 23 31 000 2011 00203 01
Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Por su parte, la Sala comparte el argumento expuesto por la SIC en su recurso de
apelación, en cuanto el Tribunal no podía combinar elementos pertenecientes a
regímenes sancionatorios distintos, esto es, aplicar el límite máximo de la multa previsto
en el Decreto 2153 de 1992 —equivalente a 2.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes— y, simultáneamente, acudir a los criterios de graduación introducidos por el
artículo 25 de la Ley 1340 de 2009 para, con base en una construcción de naturaleza
híbrida o “lex tertia”, reducir la sanción impuesta a la parte actora a 500 SMLMV.

En consecuencia, habrá lugar a revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
negar en su integridad las pretensiones de la demanda.

6.6. Costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes,
la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo
171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

6.7. Reconocimiento de personería

Mediante memorial visible en el índice 28 del proceso en Samai, la abogada Carolina
Valderruten Ospina allegó el poder que le confirió la SIC. Por tanto, la Sala le reconocerá
personería para actuar en representación de la entidad, de conformidad con lo previsto
en el artículo 74 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 9 de marzo de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, y en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Carolina Valderruten Ospina, para
actuar en representación de la SIC, en los términos y para los fines del poder a ella
otorgado.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión del 3 de julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

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Radicado: 19001 23 31 000 2011 00203 01
Demandante: Ingenio La Cabaña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.

74

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