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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00326-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00326-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: 7 “[…] Registro del proyecto. Artículo 211. Modificado por el artículo 50, Decreto Nacional 2304 de 1989. Vencido el término de traslado al fiscal, se enviará el expediente al ponente para que elabore proyecto de sentencia. Este se deberá registrar dentro de los cuarenta (40) días siguientes. La Sala, sección o subsección tendrá veinte (20) días para fallar […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Número único de radicación: 25000 23 24 000 2011 00326 01 Actor: LUIS MIGUEL MARTÍN ALBARRACÍN PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 27 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se dispone: REMITIR el expediente al Tribunal de origen para que se pronuncie respecto de los demás cargos que fueron objeto de demanda y registre proyecto dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la recepción del expediente, en los términos del artículo 211 del CCA. TERCERO: TENER al doctor GIOVANNY ANDRÉS GARCÍA RODRÍGUEZ como apoderado de la Secretaría de Movilidad de Bogotá D.C., de conformidad con el poder y los documentos anexos visibles a folios 76 a 80 del cuaderno físico. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00326-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

9 de mayo de 2024

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
Radicación número: 25000-23-24-000-2011-00326-01
Actor: LUIS MIGUEL MARTÍN ALBARRACÍN

TESIS: SE REVOCA EL FALLO APELADO, PUES EL TRIBUNAL INCURRIÓ EN UN
ERROR AL CONTABILIZAR EL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. SE
ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL PARA QUE SE PRONUNCIE
RESPECTO DE LOS CARGOS DE LA DEMANDA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado

de la parte actora contra la sentencia de 27 de junio de 2013,

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca1, que

declaró probada la excepción de caducidad de la acción y, en

consecuencia, se inhibió de fallar de fondo.

En adelante el Tribunal.
1

2

Número único de radicación: 25000 23 24 000 2011 00326 01
Actor: LUIS MIGUEL MARTÍN ALBARRACÍN

I.- ANTECEDENTES

I.1- El señor LUIS MIGUEL MARTÍN ALBARRACÍN, mediante

apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso

Administrativo2, presentó demanda contra BOGOTÁ D.C. –

SECRETARÍA DE MOVILIDAD, en la que formuló las siguientes

pretensiones:

“1.– DECLARAR NULA la Resolución No. – 9225 del once (11) de
noviembre de dos mil nueve (2009), expedida por el señor Subdirector
de Investigaciones de Transporte Público de Bogotá, D.C., la cual
ORDENÓ la desvinculación administrativa del vehículo de placas VEQ
213 a solicitud de la COOPERATIVA TRANSPORTADORA BOGOTÁ –
KENNEDY LTDA.

2.– DECLARAR NULA la Resolución No.– 14415, del 23 de abril de
2010, por la cual se calificó desfavorablemente el recurso de
REPOSICIÓN interpuesto por el señor LUÍS MIGUEL MARTÍN
ALBARRACÍN.

3.– DECLARAR NULA la Resolución No.– 3586/02, del 30 de junio de
2010, por la cual conceptuó desfavorablemente el recurso de
APELACIÓN interpuesto por el señor LUIS MIGUEL.

4.– Que como consecuencia de lo anterior y a título del
restablecimiento del derecho, se ordene a la Secretaría de Movilidad
reintegrar el vehículo de placas VEQ 213, al REGISTRO DISTRITAL
AUTOMOTOR dentro de la capacidad transportadora de la

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En adelante CCA.

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Actor: LUIS MIGUEL MARTÍN ALBARRACÍN

COOPERATIVA TRANSPORTADORA BOGOTÁ – KENNEDY LTDA., en
idénticas condiciones a las que tenía al momento de su desvinculación.
(…)

7. Que se condene a la Secretaría de Movilidad a título del
restablecimiento del derecho, al pago de los ingresos dejados de
percibir del vehículo de placas VEQ 213 y demás emolumentos que
LUÍS MIGUEL MARTÍN ALBARRACÍN dejó de percibir, desde la fecha
de su ilegal desvinculación y hasta que se produzca el reintegro.

8. Que se condene a la Secretaría de Movilidad y a título del
restablecimiento del derecho, al pago de los salarios y prestaciones
sociales, reajustes o aumentos de salario y demás emolumentos que
el señor LUÍS MIGUEL MARTÍN ALBARRACÍN dejó de percibir, desde la
fecha de su ilegal desvinculación y hasta que se produzca el reintegro.

9.– Que se condene a la Secretaría de Movilidad y a título del
restablecimiento del derecho, al pago de las cuotas, intereses
corrientes e intereses moratorios, que se dejaron de pagar a la
financiera “FINANZAUTO” por el crédito del chasis.

10.– Que se condene a la Secretaría de Movilidad y a título del
restablecimiento del derecho, al pago de las cuotas, intereses
corrientes e intereses moratorios, que se dejaron de pagar a
“INCONCAR” por el crédito de la carrocería.

11.– Que se condene a la Secretaría de Movilidad y a título del
restablecimiento del derecho, y al pago de los perjuicios morales.

12.– Que se condene a la Secretaría de Movilidad y a título del
restablecimiento del derecho, y al pago de perjuicios psicológicos”[…].

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los

siguientes:

El 9 de enero de 2008 se suscribió, entre el señor Luís Miguel Martín

Albarracín y la Cooperativa Transportadora Bogotá – Kennedy Ltda.,

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el contrato de vinculación del vehículo de placas VEQ 213, para

prestar el servicio público de pasajeros.

El 5 de diciembre de 2008, la Cooperativa Transportadora Bogotá –

Kennedy Ltda., terminó de forma unilateral el contrato de vinculación

del vehículo de placas VEQ 213.

Mediante la Resolución núm. 9225 de 11 de noviembre de 2009, la

Secretaría de Movilidad de Bogotá D.C., ordenó la desvinculación del

vehículo de placas VEQ 213, el cual se encontraba afiliado a la

Cooperativa Transportadora Bogotá – Kennedy Ltda.

Dicha decisión fue confirmada por la Secretaría de Movilidad de

Bogotá D.C., a través de la Resolución núm. 14415 de 23 de abril de

2010, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la

misma.

Mediante la Resolución núm. 3586–02 de 30 de junio de 2010, la

Secretaría de Movilidad de Bogotá D.C. no concedió el recurso de

apelación interpuesto contra la Resolución 9225 de 11 de noviembre

de 2009 y ordenó la desvinculación del citado vehículo. La anterior

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decisión le fue notificada al demandante el 5 de noviembre de 2010;

y el 7 de marzo de 2011 el actor radicó la solicitud de conciliación

prejudicial.

I.3.- Fundamentos de derecho

La parte actora considera que los actos acusados infringieron los

artículos 25 y 29 de la Constitución Política; 2°, 4°, 21, 22 y 57 de la

Ley 79 de 1988; 8° y 50 de la Ley 336 de 1996; 1° del Decreto 2556

de 2001; parágrafo 1° del artículo 51 y 52 del Decreto 170 de 2001.

Como fundamento de lo anterior, formuló los siguientes cargos de

violación:

–. Violación al debido proceso

La parte actora consideró que se le vulneró el debido proceso, pues

en su sentir la demandada debió archivar la actuación que tenía como

objeto la desvinculación del vehículo de placas VEQ 213.

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Actor: LUIS MIGUEL MARTÍN ALBARRACÍN

De igual forma, señaló que en los actos demandados se tuvo como

referente un certificado de 27 de octubre de 2005, el cual hacía

referencia al vehículo de placas SGQ 939.

–. Violación del derecho al trabajo

Dicho cargo se fundamentó en el hecho de que el actor era trabajador

aportante y gestor de la Cooperativa Transportadora Bogotá –

Kennedy Ltda., pues conducía un vehículo de servicio público de

pasajeros, labor con la cual satisfacía sus necesidades y las de su

familia.

Señaló que a la demandada se le demostró que la Cooperativa

Transportadora Bogotá – Kennedy Ltda. no le permitió continuar su

trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° del

artículo 51 del Decreto 170 de 2001.

Resaltó que la solicitud que formuló la empresa transportadora a la

Secretaría de Movilidad de Bogotá D.C. no rompió el vínculo

contractual, pues las obligaciones del propietario del vehículo y la

empresa continuaban hasta que la administración comunicara su

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decisión mediante acto administrativo motivado, dado que “Es con

base a este acto administrativo que termina el vínculo contractual y

este reemplaza el paz y salvo que debe expedir la empresa”.

–. Violación del Decreto 114 de 2003

Indicó que la empresa de transporte no lo requirió con anterioridad

al 5 de diciembre de 2008; y que en el contrato de vinculación no se

estipularon los cobros y pagos a los que se comprometieron las

partes, contrato este que, además, no tenía aprobación de la

Secretaría de Movilidad de Bogotá D.C., por lo que no podía ser

utilizado por la empresa.

–. Violación de la Resolución núm. 688 de 2001

Señaló que la parte demandada omitió, en las comunicaciones de 8

de diciembre de 2008 y de 16 de enero de 2009, citar expresamente

la causal y la prueba del hecho que se alegó, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 51 del Decreto 170 de 2001; y que la

demandada debió informar a la empresa transportadora que la

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solicitud no reunía los requisitos previstos en el artículo 51 del

Decreto 170 de 2001.

–. Violación de la Resolución núm. 416 de 2003

Sostuvo que la Secretaría de Movilidad de Bogotá D.C. omitió

impartir la aprobación del contrato de vinculación entre la empresa

de transporte y el propietario del vehículo; y que, además, en el

contrato de vinculación se omitieron “los preavisos requeridos, los

mecanismos alternativos de solución de conflictos y de igual manera

no se detalló los ítems que conformarían los cobros y pagos que se

comprometían las partes y su periocidad (sic)”.

–. Vulneración de la Resolución 444 de 2003

Adujo que la empresa transportadora no presentó el contrato de

vinculación para su correspondiente aprobación; y que el contrato

transgredió el artículo 48 del Decreto 170 de 2001, pues omitió los

preavisos y los mecanismos alternativos de solución de conflictos, ni

tampoco se detallaron los ítems que conformarían los cobros y pagos

entre las partes.

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Agregó que los documentos relacionados en el estado de cuenta del

20 de marzo de 2009, corresponden a facturas cambiarias de

compraventa; y que “Con base en lo anterior, y lo señalado en el

acápite del contrato de vinculación entre la empresa y LUIS MIGUEL,

existió una relación comercial, cotejando los estados de cuenta y las

facturas que es totalmente ajena al proceso de desvinculación

administrativa y por lo tanto se debió sustraerse la Secretaría

Distrital de Movilidad de iniciar y finiquitar la actuación

administrativa”.

Afirmó que existía cláusula compromisoria en la regulación de

transporte, al igual que la empresa transportadora no le entregó al

demandante los extractos discriminados de los montos cobrados y

pagados por cada uno de los conceptos, por lo que se configuró la

falsa motivación en los actos administrativos demandados.

I.4.- Contestación de la demanda

La demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la

demanda, bajo el argumento de que los actos administrativos

demandados no estaban afectados de ninguna causal de nulidad.

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Respecto de la desvinculación de los vehículos de transporte público,

señaló que la empresa transportadora o el propietario del vehículo

solo pueden presentar la solicitud de desvinculación administrativa

ante la Subdirección de Investigaciones de Transporte Público,

invocando algunas de las causales imputables al propietario o la

empresa transportadora, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 50, 51 y 52 del Decreto 170 de 2001.

Destacó que en el proceso administrativo, a través del cual se

desvinculó al vehículo de placas VEQ 213, se cumplió con lo previsto

en el Decreto 170 de 2001, por lo que no le asistía razón al

demandante.

Finalmente, formuló la excepción de caducidad de la acción debido a

que la demanda se presentó con posterioridad al término de cuatro

meses que se tenía para ello.

II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de

27 de junio de 2013, declaró probada la excepción de caducidad de

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la acción propuesta por la parte demandada y, en consecuencia, se

inhibió de hacer pronunciamiento de fondo.

Indicó que de conformidad con lo previsto en el artículo 136 del CCA,

el término de caducidad de la acción debía contarse a partir de la

notificación o publicación del acto, lo cual dependía de si el acto era

de contenido particular o general, no desde su ejecutoria.

Sostuvo que en el caso bajo examen el acto demandado se le notificó

al demandante el 5 de noviembre de 2010, por lo que el término de

caducidad debía contarse a partir el día siguiente. En consecuencia,

los cuatro meses vencían el 6 de marzo de 2011, pero como dicho

día no era hábil, el término se corría para el 7 de marzo de ese año.

Precisó que la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el

mismo 7 de marzo de 2011 y la constancia se expidió el 30 de mayo

de 2011, por lo que el término de cuatro meses vencía el 31 de mayo

de 2011.

Concluyó que al presentarse la demanda el 3 de junio de 2011,

transcurrió más de los cuatro meses previstos en el artículo 136,

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numeral 2, del CCA, para el ejercicio oportuno de la acción, razón por

la cual declaró probada la excepción de caducidad.

Ahora bien, en providencia del 25 de julio de 2013, el Tribunal

resolvió la solicitud de aclaración de la sentencia que formuló la parte

demandante, en la que se consideró respecto de la fecha de

presentación de la demanda y la configuración de la caducidad, lo

siguiente (folio 539 c.1):

“La Sala tomó como fecha de la presentación de la demanda el 3 de
junio de 2011, pues esa es la fecha que se evidencia en el acta de
reparto que obra a folio 101, en consideración a que el deber ser es
que en el mismo momento y de manera inmediata a la presentación
de la demanda, la misma se someta a reparto.

(…)

Así las cosas, como la sentencia de primera instancia es nítida en su
parte resolutiva, y además, es congruente con la parte motiva, se hace
imperioso que la Sala deniegue la solicitud de aclaración, ya que no
es posible reabrir el debate materia de decisión.

Aunado a lo anterior, no es procedente manifestarse sobre la solicitud
de aclaración de la fecha en que se presentó la demanda y de su
oportunidad, puesto que comportaría evaluar nuevamente los
fundamentos fácticos y jurídicos de la providencia, asunto que es
ajeno a la finalidad de la solicitud, pues se itera (sic), se trata de
aclarar los puntos oscuros y no modificar el sentido de la decisión. Por
lo analizado, no es procedente aclarar la sentencia, en tanto que la
petición se encamina a que se reconsideren los supuestos fácticos en
que se basó la sentencia, esto es, la fecha y oportunidad de la
presentación de la demanda”.

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III.- RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante, a través de apoderado, solicitó revocar la

sentencia de primera instancia, por estimar que el Tribunal incurrió

en un error al contabilizar el término de caducidad, dado que tomó

como fecha de presentación de la demanda el 3 de junio 2011, día

en que se realizó el reparto del asunto, a pesar de existir claridad de

que la demanda se radicó el 31 de mayo de 2011, de ahí que la haya

promovido oportunamente y proceda el estudio de fondo.

De igual forma, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda,

pues no vulneró lo previsto en el numeral 3 del artículo 51 del

Decreto 170 de 2001, norma que declaró nula el Consejo de Estado

en sentencia de 22 de septiembre de 2011.

Destacó que la actuación administrativa, a través de la cual se

desvinculó el vehículo de placas VEQ 213 del registro distrital

automotor, fue contraría a derecho y vulneró sus derechos.

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Finalmente, indicó que dentro de esa actuación administrativa se

omitió el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo

de Estado de 7 de septiembre de 2006.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

–. La parte actora en su escrito de alegatos de conclusión reiteró lo

expuesto en el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia

del Tribunal, esto es, que la demanda se presentó oportunamente,

por lo que no había lugar a declarar probada la excepción de

caducidad de la acción; y que en la actuación administrativa en la

que se ordenó desvincular el vehículo de placas VEQ 213 se le

vulneraron sus derechos.

–. La parte demandada solicitó confirmar la sentencia de primera

instancia, que declaró probada la excepción de caducidad, por cuanto

la demanda ha debido presentarse hasta el día 31 de mayo de 2011,

por lo que al radicarse el 3 de junio de ese año resultó extemporánea.

-. El Ministerio Público, guardó silencio.

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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. ACTOS ACUSADOS

• La Resolución núm. 9225 de 11 de noviembre de 2009, “Por la

cual se resuelve el trámite de desvinculación administrativa del

vehículo del vehículo de placas VEQ–213 afiliado a la empresa

COOPERATIVA TRANSPORTADORA BOGOTÁ KENNEDY”, expedida

por el Subdirector de Investigaciones de Transporte Público de

Bogotá Secretaría Distrital de Movilidad, a través de la cual se

ordenó la desvinculación administrativa del vehículo de placas

VEQ–213, por solicitud de la empresa Transportadora Bogotá

Kennedy.

• La Resolución núm. 14415 de 23 de abril de 2010, “Por la cual se

resuelve sobre un recurso de reposición interpuesto contra la

Resolución No. 9225 del 11 de noviembre de 2009, dentro del

procedimiento de solicitud de desvinculación administrativa del

vehículo de placa VEQ–213”, expedida por el Subdirector de

Investigaciones de Transporte Público de Bogotá Secretaría

Distrital de Movilidad, a través de la cual se confirmó la citada

resolución y se concedió el recurso de apelación.

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• La Resolución núm. 3586/02 de 30 de junio de 2010, “Por medio

de la cual se resuelve un recurso de apelación dentro del proceso

por trámite de desvinculación administrativa del vehículo de placa

VEQ 213 vinculado a la empresa Cooperativa transportadora

Bogotá – Kennedy Ltda.”, expedida por el Director de Procesos

Administrativos de la Secretaría Distrital de Movilidad, en la que

se confirmó la Resolución núm. 9225 de 11 de noviembre de

2009.

V.2. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandante, la Sala debe resolver si la demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho incoada se presentó dentro del término

de los cuatro meses, de que trata el artículo 136, numeral 2, del

CCA, o si, por el contrario, se configuró la excepción de caducidad,

como lo consideró el Tribunal en la sentencia de primera instancia.

En el evento de concluirse que la demanda se presentó

oportunamente, la Sala debe resolver si es procedente o no declarar

la nulidad de los actos administrativos demandados.

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V.3. CASO CONCRETO

El 20 de marzo de 2009, el gerente de la empresa Cooperativa

Transportadora Bogotá - Kennedy Ltda. solicitó a la Secretaría de

Movilidad de Bogotá D.C. la desvinculación administrativa del

vehículo de placas VEQ 213, por la terminación del contrato de

vinculación que se suscribió con el propietario del mismo y por

configurarse la causal 3ª establecida en el artículo 51 del Decreto

núm. 170 de 2001.

Mediante la Resolución núm. 9225 de 11 de noviembre de 2009, el

Subdirector de Investigaciones de Transporte Público de Bogotá

Secretaría Distrital de Movilidad, ordenó la desvinculación

administrativa del vehículo de placas VEQ–213, al considerar que el

contrato que se suscribió entre la empresa transportadora y el

propietario del mismo venció, además de que aquél no pagó

oportunamente los valores pactados en el contrato. En ese sentido,

se indicó lo siguiente (folios 275 y 276):

“[…] En el contrato de vinculación del vehículo de placas VEQ–213
suscrito por la COOPERATIVA TRANSPORTADORA BOGOTÁ –
KENNEDY LTDA en su calidad de contratante vinculante y el señor
LUIS MIGUEL MARTÍN ALBARRACÍN en calidad de propietario, el

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09/01/2008, en la CLÁUSULA OCTAVA se pactó que el término de
duración y vigencia del presente contrato será de un año contado
desde la fecha en que se firme este documento y se entenderá
prorrogado cuando ninguna de las partes que lo suscribe manifieste
por escrito a la otra la voluntad de darlo por terminado con una
antelación mínima de treinta (30) días calendario a la fecha de
vencimiento (…).

En el sub–examine, el término de duración comprendía del
09/01/2008 al 09/02/2009. Habría lugar a prórroga por períodos
iguales, si ninguna de las partes hubiese hecho manifestación o
hubiese dado aviso por escrito de su deseo de la no prórroga con una
antelación de por lo menos treinta (30) días al vencimiento.

Conforme a la prueba documental allegada por la empresa
peticionaria, queda demostrado que la prórroga del contrato de
vinculación solo se produjo hasta el 09/02/2009, toda vez que la
empresa COOPERATIVA TRANSPORTADORA BOGOTÁ – KENNEDY
LTDA., el día 5 de diciembre de 2008, envió comunicación recibida el
08/12/2008 al propietario contratista señor LUIS MIGUEL MARTÍN
ALBARRACÍN, por medio de la cual le comunicó la determinación de
no renovación del contrato de vinculación y en consecuencia darlo por
terminado.

Así las cosas, y siendo evidente que se cumple con el requisito de
procedibilidad de vencimiento del contrato, el Despacho dará
viabilidad a la desvinculación solicitada, por esta primera causal.

En cuanto al incumplimiento del numeral 3 del Artículo 51 del Decreto
170 de 2001, que establece como causales de desvinculación
administrativa por solicitud de la empresa, las siguientes:

(…)

3. No cancelar oportunamente a la empresa los valores pactados en
el contrato de vinculación.

(…)

Para el Despacho queda claro la violación de la causal tercera del
numeral anteriormente mencionado imputable al propietario del
vehículo, ya que con el certificado expedido por el director operativo
de la empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE BOGOTÁ – KENNEDY
LTDA., con certificado expedido por el Gerente de fecha 27 de octubre
de 2005, en el cual consta que el propietario del automotor adeudaba

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Actor: LUIS MIGUEL MARTÍN ALBARRACÍN

esa fecha a la empresa y el certificado expedido por el Jefe
Departamento Financiero del estado de cuenta de fecha 20 de marzo
de 2009, en el que consta que a la fecha el señor propietario del
vehículo adeuda a la empresa la suma de $2.296.761, configurándose
con esta prueba la figura de la desvinculación administrativa a
solicitud de la empresa del vehículo de placas VEQ–213[…]”.

Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de

reposición y, en subsidio, de apelación, en el que indicó que la

comunicación de 27 de octubre de 2005 correspondía al vehículo de

placas SGQ–939, por lo que se incurrió en un error en ese punto. De

igual forma, cuestionó que se aplicara la causal 3ª del artículo 51 del

Decreto 170 de 2001.

En la Resolución núm. 14415 de 23 de abril de 2010, expedida por

la Secretaría Distrital de Movilidad, se confirmó la Resolución núm.

9225 de 11 de noviembre de 2009 y se concedió el recurso de

apelación. En esa decisión, la demandada adujo lo siguiente (folios

309 y 310):

“[…] Si bien es cierto que en la comunicación de fecha 27 de octubre
de 2005 aparece como asunto: caso vehículo 41104, no es cierto que
corresponda exclusivamente al contrato de vinculación del vehículo
SGQ–939, ya que se puede apreciar en los dos contratos de
vinculación de vehículos SGQ–939 y VEQ–213 (folio 68 y 193)
anexados a este expediente figura asignado como número interno del
contrato el número 41104.
Es claro para el despacho que el contrato de vinculación del vehículo
de placas SGQ–939, no tiene ninguna pertinencia o relevancia con el

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objeto de la investigación, toda vez que la desvinculación del vehículo
que nos ocupa recae sobre el automotor de placas VEQ–213.

(…)

COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 5 DE 2008

La cláusula OCTAVA del contrato de vinculación del 09 de enero de
2008 señala “… y se entenderá prorrogado cuando ninguna de las
partes que lo suscribe manifieste por escrito a la otra la voluntad de
darlo por terminado con una antelación mínima de treinta (30) días
calendario a la fecha de vencimiento, para lo cual deberá estar a paz
y salvo en todas y cada una de las obligaciones adquiridas en virtud
de ese contrato o por relación contractual diferente”.

Esta comunicación del 05 de diciembre de 2008, está dando
cumplimiento a la cláusula octava de este contrato, siendo este un
requisito indispensable para dar por terminado el contrato, así como
también es una exigencia para comprobar que el contrato de
vinculación efectivamente se encuentre vencido y se proceda a iniciar
el trámite de desvinculación.

(…)

Evidentemente de enero a marzo, fecha esta última en la que la
empresa COOPERATIVA TRANSPORTADORA BOGOTÁ – KENNEDY
LTDA, realizó la solicitud formal de la desvinculación, el propietario
dejó de cancelar los valores pactados en el contrato de vinculación
desde el mes de enero de 2009, como se puede apreciar en los estados
de cuenta aportados al expediente incurriendo de esta manera en el
incumplimiento previsto en el artículo 51 numeral 3 del Decreto 170
de 2001, por lo que no es aceptable los argumentos que nos plantea
el recurrente, toda vez que incurrió en dicho incumplimiento.

Para este despacho no son de recibo los argumentos expuestos por el
señor MARTIN, del vehículo de placa SGQ–939, ya que no hacen parte
de la solicitud de desvinculación que se está adelantando […].

Mediante la Resolución núm. 3586/02 de 30 de junio de 2010, la

Secretaría Distrital de Movilidad confirmó la Resolución núm. 9225

de 11 de noviembre de 2009, al considerar que era procedente

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desvincular el vehículo de placas VEQ–213, pues el contrato de

vinculación se venció sin acuerdo entre las partes y se configuró la

causal 3ª del artículo 51 del Decreto 170 de 2001. Así, en esa

decisión se indicó lo siguiente (folios 317 y 318):

“[…] Advierte este Despacho que según la cláusula octava del contrato
afiliación suscrito el 09 de enero de 2008, el término de duración del
mismo es de UN (1) AÑO y para su terminación se requiere aviso de
30 días de antelación, lo que tuvo ocurrencia según comunicado de la
empresa Cooperativa Transportadora Bogotá – Kennedy Ltda., de
fecha 5 de diciembre de 2008 que si bien es cierto como lo argumenta
el apelante esa día era festivo, igualmente lo es que no se trata de
una notificación por lo cual no hay lugar a dicha alusión, sin embargo
y retomando el tema es evidente que el requisito sine qua non tuvo
ocurrencia, por lo cual se prosigue a fin de determinar si la causal
tercera del artículo 51 de Decreto 170 de 2001 se encuentra probada,
para lo cual el despacho realiza un análisis del material probatorio
obrante dentro del expediente, observando que a folios 36, 37 y 67
reposa el estado de cuenta del vehículo de placa VEQ 213 que
discrimina de manera pormenorizada los rubros adeudados y que
corresponden a prestaciones sociales, planillas de administración,
aporte ordinario, abono serviteca, multa de asamblea inhábiles y que
corresponden desde el 12 de enero de 2008 al 13 de mayo de 2009
documentos que o fueron (sic) desvirtuados por el aquí recurrente y
que permiten inferir que en efecto la causal invocada por la empresa
COOPERATIVA TRANSPORTADORA BOGOTÁ – KENNEDY LTDA., tuvo
ocurrencia por lo cual hay lugar a confirmar la providencia recurrida.

En cuanto a los argumentos esbozados en el recurso de apelación,
esta instancia se permite indicarle al señor LUIS MIGUEL MARTÍN
ALBARRACÍN que el paz y salvo de fecha 27 de octubre de 2005 al
que hace alusión corresponde al vehículo de placa SGQ 939, hecho
que no tiene relevancia en la presente investigación por lo que no hay
lugar a un análisis más profundo.

Respecto al contrato de vinculación y el paz y salvo final entregado
con la comunicación de intención de la empresa de no continuar con
el mismo, efectuado por este despacho un análisis de dichos
documentos se deduce que si bien es cierto la empresa COOPERATIVA
TRANSPORTADORA BOGOTÁ – KENNEDY LTDA., otorgó el aludido paz

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y salvo se debe entender que con el mismo se pretendía la
desvinculación administrativa por acuerdo entre las partes evitando
un desgaste inoficioso, no obstante se vislumbra que existen unas
obligaciones de carácter económico a cargo del aquí recurrente a favor
de la empresa afiliadora, que no fueron rebatidas por el señor LUIS
MIGUEL MARTÍN ALBARRACÍN y menos aún se aportó prueba alguna
que demuestre la inexistencia de dicha obligación, por lo cual no se
puede amparar la justificación aludida, ni tampoco desconocer el
incumplimiento del aquí recurrente […]”.

El 5 de noviembre de 2010, la Secretaría de Movilidad de Bogotá le

notificó personalmente al señor Luis Miguel Martín Albarracín la

Resolución núm. 3586/02 de 30 de junio de 2010 (folio 326).

El 7 de marzo de 2011, el demandante presentó solicitud de

conciliación prejudicial, la cual se declaró fallida por la Procuraduría

Judicial 85 Delegada ante los Juzgados Administrativos de Bogotá,

según constancia de 30 de mayo de 2011 (folios 52 y 53).

DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

El Tribunal consideró que la demanda de nulidad y restablecimiento

del derecho se presentó extemporáneamente, por lo que declaró

probada la excepción de caducidad. En consecuencia, la Sala pasa a

referirse al término que establecía el CCA, Decreto 01 de 1984, para

presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

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El numeral 2 del artículo 136 del CCA disponía respecto de la

caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo

siguiente “[…] La de restablecimiento del derecho caducará al cabo

de los cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la

publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el

caso”.

Así, el término de caducidad de cuatro meses de que trata la norma

citada, con el que contaba la parte actora para la presentación de la

demanda objeto del presente asunto, debe contarse a partir del día

siguiente al de la notificación de la Resolución núm. 3586/02 de 30

de junio de 2010, que confirmó la decisión de desvincular el vehículo

de placas VEQ–213. Como la notificación se produjo el 5 de

noviembre de 2010, a partir del día 6 de ese mes y año empezó a

correr el término de caducidad de la acción.

Así las cosas, el término de los cuatro meses para la presentación de

la demanda vencía el 6 marzo de 2011, pero al no ser ese día hábil

el término se trasladó al día siguiente, esto es, el lunes 7 de marzo

de 2011, fecha máxima con que contaba el accionante para presentar

la demanda.

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En cuanto a la solicitud de conciliación extrajudicial, la Sala encuentra

que ésta se radicó ante la Procuraduría General de la Nación el mismo

7 de marzo de 2011, expidiéndose la constancia que la declaró fallida

el 30 de mayo de 2011 (folio 52), por lo que se tenía hasta el 31 de

mayo de 2011, para presentar oportunamente la demanda. Por lo

tanto, como la parte demandante presentó la demanda el 31 de mayo

de 2011 (folio 14), conforme se evidencia en el sello de recibido de

la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal, forzoso es concluir

que en el presente caso no operó el fenómeno de la caducidad.

En efecto, la Sala encuentra que le asiste razón al apelante al indicar

que el Tribunal incurrió en un error al tomar como fecha de

presentación de la demanda el 3 de junio de 2011, pues la misma

corresponde a la del acta de reparto del proceso (folio 101) y no a la

de presentación de la demanda, que lo fue el 31 de mayo de 2011.

Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia de 27 de junio de 2013,

que declaró probada la excepción de caducidad de la acción.

Ahora, sería del caso entrar a examinar los demás cargos propuestos

en la demanda. Sin embargo, la Sala encuentra que no es posible

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emitir pronunciamiento sobre los reproches de nulidad elevados por

la parte actora, toda vez que el Tribunal se inhibió del análisis de los

cargos debidamente formulados por la parte actora en

desconocimiento del derecho constitucional al debido proceso.

Al respecto, cabe resaltar que la Sección ha señalado que la

imposibilidad de abordar censuras en segunda instancia, que no

fueron analizadas en primera, no constituye una omisión sino, por el

contrario, la garantía de los principios de limitación de la competencia

del Juez superior, de la doble instancia y del debido proceso, toda

vez que “[…] resolver de fondo la controversia en la segunda

instancia, implica reemplazar al a quo en el estudio de los cargos de

la demanda que no realizó y equivale a convertirla en única instancia,

privando a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer

legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al

acceso a la Administración de Justicia […]”3.

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de abril
de 2013, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 50001233100020060100401.
Criterio reiterado en sentencia de 1° de diciembre de 2022 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm.
único de radicación 25000 23 24 000 2011 00170 01).

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Asimismo, la Sala ha precisado que se debe devolver el expediente

al juez de primer grado, para que se ocupe de resolver los cargos de

la demanda que se plantearon contra los actos acusados, que no

resolvió, en tratándose de recursos de apelación respecto de FALLOS

INHIBITORIOS, en los cuales no hubo decisión alguna de fondo,

respecto de dichos reproches endilgados contra los actos

demandados, como ocurrió en este caso, pues resolver de fondo la

controversia en segunda instancia, en ese caso sí equivaldría a

convertirla en única instancia y se privaría de esta manera a la parte

desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente su

defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, en consonancia con el principio de

congruencia.

En efecto, en sentencia de 26 de abril de 20134, la Sección Primera

precisó:

“[…] en tratándose de recursos de apelación respecto de
FALLOS INHIBITORIOS INJUSTIFICADOS, COMO
OCURRE EN EL SUB LITE, SE DEBE DEVOLVER EL
EXPEDIENTE AL A QUO PARA QUE ESTUDIE LOS
CARGOS DE LA DEMANDA QUE NO REALIZÓ, PUES

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de abril

de 2013 C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2006-01004-01.

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RESOLVER DE FONDO LA CONTROVERSIA EN SEGUNDA
INSTANCIA, equivaldría a convertirla en única instancia,
privando de esta manera a la parte desfavorecida del derecho
fundamental de ejercer legítimamente su defensa,
íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la
Administración de Justicia […]” (Destacado fuera de texto).

Posteriormente, en sentencia de 15 de diciembre de 20235, bajo el

mismo criterio, la Sección Primera indicó que en los casos en que la

primera instancia se inhiba del análisis de los cargos debidamente

formulados por los accionantes en desconocimiento del derecho

constitucional al debido proceso, se debe devolver el proceso en aras

de garantizar la doble instancia, el debido proceso, el derecho de

defensa y el acceso a la administración de justicia, para que el a quo

se pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de la demanda.

Así discurrió la Sala:

“[…] Bajo tal contexto, a juicio de la Sala, con la declaratoria
de la excepción de cosa juzgada en la sentencia recurrida sin
que se hubieran reunido los requisitos fijados en el
ordenamiento jurídico para esos efectos, lo que hizo en
realidad el Tribunal fue inhibirse del análisis de los
cargos debidamente formulados por los accionantes
en desconocimiento del derecho constitucional al
debido proceso.

Ello es así, pues dicha autoridad judicial omitió su
deber de resolver de fondo la totalidad de reproches
enrostrados frente a los actos que se cuestionan sin

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2023, C.P. Oswaldo López Giraldo, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2005 00891
01 acumulado con el proceso 25000 23 24 000 2005 00886 01.

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tener ninguna justificación para ello; por el contrario, se
limitó a señalar que “carecía de competencia” para absolver
la litis debido a que existían pronunciamientos de esta
Corporación Judicial que declararon la legalidad de los actos
demandados, pero sin detenerse a comprobar si
efectivamente esas providencias reunían los requerimientos
que ha previsto el orden jurídico para que opere una figura
como la de cosa juzgada.

Aceptar lo contrario, esto es, que esta Corporación debe
acometer el estudio de los cargos que pasó por alto el a quo,
iría en detrimento del derecho al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de las partes, quienes no
podrían controvertir los argumentos expuestos en esta sede
para desatar dichos cargos, lo que implicaría un
desconocimiento de su derecho de defensa y por supuesto a
la doble instancia.

8.5. Devolución del proceso
Así pues, y en orden a garantizar la doble instancia, el debido
proceso, el derecho de defensa y el acceso a la
administración de justicia, se dispone, tal y como se ha
ordenado por esta Sala en otras oportunidades, que el a quo
se pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de la
demanda. La decisión de fondo deberá proferirse,
conjuntamente con el auto de obedecimiento, dentro de los
cuarenta (40) días siguientes a la fecha que el expediente
ingrese al despacho para tal fin. […]” (Destacado fuera de
texto).

En este orden de ideas, acogiendo la reiterada tesis de la Sala 6, se

remitirá el presente expediente al Tribunal Administrativo de

6
Entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias
de 12 de diciembre de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación
76001233100020060203901; y de 24 de mayo de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único
de radicación 25000232400020040068401. Reiteradas en sentencias de 6 de noviembre de 2020
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón, número único de radicación 25000234100020140028401); de 23 de febrero de 2023 (C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2012 00600 01); y 15 de diciembre
de 2023 (C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2005 00891
(acumulados).

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Cundinamarca, que fungió como juez de primera instancia de esta

causa, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia, para que se pronuncie respecto de los cargos que fueron

objeto de demanda y registre proyecto dentro de los cuarenta (40)

días siguientes a la recepción del expediente, en los términos del

artículo 211 del CCA7.

Finalmente, se reconocerá personería al doctor GIOVANNY

ANDRÉS GARCÍA RODRÍGUEZ como apoderado de la Secretaría

de Movilidad de Bogotá D.C., de conformidad con el poder y los

documentos anexos visibles a folios 76 a 80 del cuaderno físico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

7
“[…] Registro del proyecto. Artículo 211. Modificado por el artículo 50, Decreto Nacional
2304 de 1989. Vencido el término de traslado al fiscal, se enviará el expediente al ponente para que
elabore proyecto de sentencia. Este se deberá registrar dentro de los cuarenta (40) días siguientes.
La Sala, sección o subsección tendrá veinte (20) días para fallar […]”.

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30

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Actor: LUIS MIGUEL MARTÍN ALBARRACÍN

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 27 de junio de 2013, proferida

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró

probada la excepción de caducidad de la acción, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se dispone: REMITIR

el expediente al Tribunal de origen para que se pronuncie respecto

de los demás cargos que fueron objeto de demanda y registre

proyecto dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la recepción

del expediente, en los términos del artículo 211 del CCA.

TERCERO: TENER al doctor GIOVANNY ANDRÉS GARCÍA

RODRÍGUEZ como apoderado de la Secretaría de Movilidad de

Bogotá D.C., de conformidad con el poder y los documentos anexos

visibles a folios 76 a 80 del cuaderno físico.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente

al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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31

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Actor: LUIS MIGUEL MARTÍN ALBARRACÍN

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de mayo de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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