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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00600-01

Fecha
23 de febrero de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00600-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 17 de octubre de 2014, proferida por la Sala en Descongestión de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, y una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente a ese Tribunal para que se pronuncie, en el término de cuarenta (40) días, establecido en el artículo 211 del CCA, respecto de la restante excepción de ‘falta de integración de litisconsorte necesario o de un tercero interesado’, propuesta por el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, así como de los cargos de nulidad incorporados en la demanda inicial por ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A., en observancia y garantía de los principios de lealtad procesal, debido proceso y doble instancia. SEGUNDO: TENER como apoderada del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA a la doctora MÓNICA GISELLA CAÑÓN GÓMEZ, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36 Número único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00600-01 Actora:ASEGURADORAROYAL&SUNALLIANCESEGUROSCOLOMBIAS.A. de conformidad con el poder y los documentos obrantes a folios 35 a 39 del cuaderno de apelación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2012-00600-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000232400020120060001
Referencia: Acción de Nulidad
Actora: ASEGURADORA ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S.A.

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA, CON FUNDAMENTO EN LA
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA ACCIÓN PROCEDENTE FRENTE
A ACTOS DE REGISTRO. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL EN CUANTO
A LA GARANTÍA DEL PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto

por el apoderado de la parte actora, contra la sentencia de 17 de

octubre de 2014, proferida por la Sala de Descongestión de la

Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por

medio de la cual se declaró probada la excepción de inepta demanda

por indebida escogencia de la acción de simple nulidad y se declaró

la caducidad de la acción respecto del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho.

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00600-01
Actora:ASEGURADORAROYAL&SUNALLIANCESEGUROSCOLOMBIAS.A.

I.-ANTECEDENTES

I.1.- La Aseguradora ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS

(COLOMBIA) S.A., a través de apoderado judicial y en ejercicio de

la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, presentó

demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

tendiente a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

a) Es nulo “[...] EL ACTO ADMINISTRATIVO DE MATRÍCULA O

REGISTRO INICIAL, DEL TRACTOCAMIÓN DE PLACAS SND 852

REALIZADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y

TRANSPORTE DE UBATÉ (HOY ZIPAQUIRÁ) EN FAVOR DEL SEÑOR

ORLANDO ESPINOSA DELGADO, POR HABER SIDO OBTENIDA POR

MEDIOS IRREGULARES […]”.

b) Como consecuencia de lo anterior, que se ordene a la Secretaría

de Tránsito y Transporte de Zipaquirá inscribir la sentencia de nulidad

del acto administrativo de registro inicial del automotor mencionado.

c) Que se oficie al Registro Único Nacional de Tránsito- RUNT- así

como al Ministerio de Transporte, para lo de su cargo.

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Actora:ASEGURADORAROYAL&SUNALLIANCESEGUROSCOLOMBIAS.A.

I.2.- La actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los

siguientes hechos:

1º. Sostuvo que en desarrollo de su objeto social aseguró el

tractocamión de placas SND 852 y, que para obtener certeza de la

legalidad de la matrícula, con la colaboración de la firma PRELINCA

LTDA., investigó la documentación que le servía de soporte,

encontrando que fue matriculado el 23 de diciembre de 2005 en la

Oficina de Tránsito de Ubaté (hoy Secretaría de Tránsito de

Zipaquirá), bajo la vigencia del Decreto 1347 de 2005, la Resolución

1150 de 27 de mayo de 2005 y el Decreto 3525 de 6 de octubre de

2005.

2º. Manifestó que al revisar la documentación que reposa en el

organismo de tránsito de Zipaquirá, encontró que el registro inicial o

matrícula del vehículo mencionado no cumplió con el pleno de los

requisitos exigidos por los artículos 1º, 3º, 6º, parágrafo 1º, de la

Resolución 1150 de 27 de mayo de 2005, así como del artículo 4º del

Decreto 3525 de 6 de octubre de 2005.

3º. Precisó que el respectivo trámite debe adelantarse a través del

sistema de reposición, conforme a lo exigido por los artículos 1º, 3º,

6º, parágrafo 1º, de la Resolución 1150 de 2005, previendo, además,

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mecanismos para el otorgamiento de una caución bancaria o póliza

de seguros.

4º. Refirió que al haber sido matriculado el vehículo sin el

cumplimiento de los requisitos exigidos en las disposiciones

mencionadas, su matrícula se tornó irregular e insubsanable

conforme a lo expresado por el Ministerio de Transporte en varios

conceptos, los cuales son aplicables al presente caso.

5º. Señaló que el 26 de abril de 2010 la Secretaría de Tránsito de

Zipaquirá, mediante el documento núm. SIETT ZIP-0760, puso de

manifiesto el incumplimiento de los requisitos de chatarrización

póliza de cumplimiento, exigidos para el registro inicial del referido

vehículo.

6º. Añadió que, ante la solicitud al organismo de tránsito de

Zipaquirá, relativa a la expedición del certificado de tradición, en aras

de conocer la fecha del registro inicial y la persona que había

solicitado dicho registro, la administración dio respuesta el 12 de abril

de 2010, con la siguiente observación: “[…} NO SE ENCONTRÓ

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS […]”.

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7º. Indicó que, por último, el 24 de febrero de 2011 solicitó la

revocatoria directa de la matrícula del tractocamión en cuestión, la

cual fue denegada a través del oficio SIETT- ZIP-JUR-685-12 de 2 de

abril de 2012.

I.3.- La parte actora señaló como disposiciones violadas por el acto

acusado, los artículos 1º del Decreto 1347 de 2 de mayo de 2005,

1º, 3º y 6º, Parágrafo 1º, de la Resolución 1150 de 27 de mayo de

2005 del Ministerio de Transporte; y 4º del Decreto 3525 de 6 de

octubre de 2005, para lo cual manifestó, en síntesis, que las

disposiciones invocadas como transgredidas regulan, entre otros, el

ingreso por reposición de vehículos al parque de servicio público de

transporte terrestre automotor de carga, previa demostración de que

el vehículo o vehículos fueron sometidos a un proceso de

desintegración física total, así como la cancelación de su Licencia de

Tránsito y Registro Nacional de Carga y que, tal reposición, también

debe surtirse en caso de pérdida total o hurto.

Relató que esas normas establecen, luego de verificados los

requisitos, la obligación de obtener una certificación de cumplimiento

expedida por el Ministerio de Transporte para efectos del registro

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inicial, constancia que puede ser sustituida suscribiendo una garantía

bancaria o una póliza de seguros.

Precisó que el señor ORLANDO ESPINOSA DELGADO matriculó, de

forma ilegal, el tractocamión de placas SND 852, pues inobservó los

preceptos legales al no presentar la respectiva certificación de

cumplimiento para el registro inicial o, en su defecto, la garantía

bancaria o póliza de seguros.

I.4.- El Departamento de Cundinamarca, a través de apoderado

judicial, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de esta,

para lo cual sostuvo, después de hacer referencia a los artículos 3º y

4º del Decreto 3525 de 6 de octubre de 2005, que el procedimiento

aplicado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Zipaquirá no

conllevaba exigir una actuación diferente a la realizada, debido a que

la Ley no reclamaba de otras autoridades la revisión de los

antecedentes de la reposición previa para el registro.

Propuso las excepciones denominadas ‘Ineptitud Sustantiva de la

demanda por indebida selección de la acción’; y ‘falta de vinculación

a litisconsorte necesario o tercero con interés legítimo’.

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La primera de ellas la hizo consistir en el hecho de que, si bien se

instauró la acción de simple nulidad contra un acto administrativo de

carácter particular, el mismo carece de especial trascendencia al no

involucrar derechos de naturaleza colectiva o vinculados con el

bienestar general.

Añadió que la eventual declaratoria de nulidad del registro de

matrícula del camión de placas SND 852, sí generaría un

restablecimiento automático del derecho de la demandante, aunque

esta no lo hubiera solicitado, pues se daría al configurarse una

especie de causal que justifique que la misma no pagara eventuales

siniestros reclamados o el reembolso de aquellos que hubiere pagado

en virtud de la póliza suscrita el 8 de abril de 2010, de lo cual se

colige que la acción incoada es improcedente.

En cuanto a la segunda excepción, la hizo consistir en el hecho de

que si bien en el presente asunto se citó al proceso al señor

ORLANDO ESPINOSA DELGADO, quien hizo el registro inicial del

vehículo mencionado y a REYES DE JESÚS CRUZ OJEDA, quien

figura como actual propietario, no se vinculó a la Financiera

Internacional S.A. que fue el tomador y a su vez beneficiario de la

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póliza de seguro 20061 suscrita el “08/04/12”, persona jurídica que

podría verse afectada con la nulidad solicitada.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

A través de sentencia de 17 de octubre de 2014, la Sala en

Descongestión de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca declaró probada la excepción de inepta demanda por

indebida escogencia de la acción, propuesta por el Departamento de

Cundinamarca y, en consecuencia, declaró la caducidad de la acción

respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho, toda vez que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 84 del

CCA, el medio de control adecuado para controvertir la legalidad de

los actos de registro, era la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho.

Explicó que la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de

Estado, cuyos apartes pertinentes transcribe, ha considerado que la

acción procedente para controvertir la legalidad de los actos de

registro, verbigracia, los instrumentos tales como las escrituras

públicas, es la acción de simple nulidad pese a ser actos

administrativos de naturaleza particular y concreta.

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Trajo a colación, igualmente, la teoría de los móviles y finalidades y

la sentencia de la Sala Plena de esta Corporación, proferida dentro

del expediente núm. 11001-03-25-000-2006-00020-00 (0404-06)

(Consejero Ponente Gustavo E. Gómez Aranguren), según las cuales

la naturaleza del acto no interesa para ejercer uno u otro medio de

control, sino el propósito perseguido por quien demanda, así como el

hecho de si el actor sólo persigue que se mantenga el orden jurídico,

caso en el cual podría intentar la acción de simple nulidad contra

actos administrativos de carácter particular, con la salvedad de que

no se vislumbre un restablecimiento automático de derechos

subjetivos; y que la acción de simple nulidad también procede

cuando la situación de carácter individual a que se refiere el acto,

comporta un especial interés para la comunidad de tal naturaleza e

importancia que vaya aparejado con el afán de legalidad.

Añadió que la Corte Constitucional en el año 2002 profirió la

sentencia C-426, en la que hizo un análisis de constitucionalidad del

artículo 84 del CCA y lo declaró exequible bajo la siguiente condición

: “[…]siempre y cuando se entienda que la acción de nulidad también

procede contra los actos de contenido particular y concreto, cuando

la pretensión es exclusivamente el control de legalidad en abstracto

del acto […]”.

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Indicó que la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de 4 de

marzo de 2003 (Expediente núm. 11001-03-24-000-1999-05683-02

(IJ-030), Consejero Ponente Manuel Santiago Urueta Ayola), cuyos

apartes pertinentes transcribió, no compartió la posición de la Corte

Constitucional en la sentencia citada, por cuanto (i) desconoció el

carácter de orden público de las normas procesales al permitirle a los

actores escoger a discreción el tipo de acción, lo que implica la

alteración de la reglas de competencia, (ii) institucionaliza las vías de

hecho como generadoras de derecho, pues considera que a pesar de

que un acto administrativo de orden particular se declare nulo, en la

respectiva sentencia el juez está obligado a mantener intangible el

derecho en cuestión, quedando de esta manera una situación creada

a favor de un ciudadano pero sin el respaldo de un acto de la

administración, (iii) la decisión de la Corte pasa por alto la figura del

decaimiento del acto administrativo, lo que provocaría situaciones

paradigmáticas, (iv) desconoce la noción de la legitimación en la

causa de la parte demandante, debido a que las situaciones creadas

por actos particulares podrían discutirse en cualquier tiempo por los

interesados o por terceros que nada tienen que ver con el asunto

planteado, acarreando una peligrosa inseguridad jurídica y

eliminando los términos de caducidad de la acción y (v) desnaturaliza

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el procedimiento de la vía gubernativa cuyo agotamiento es

necesario para acudir, en ejercicio de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, para darle la oportunidad a la

Administración de revisar sus propios actos.

Adujo que tal posición no ha perdido vigencia, por cuanto ha sido

reiterada en recientes sentencias del Consejo de Estado las cuales

referencia. Del recuento jurisprudencial, el Tribunal estimó

pertinente acoger el precedente jurisprudencial vertical, desarrollado

por el Consejo de Estado como organismo de cierre de la jurisdicción

contencioso administrativa, respecto del cual procede la acción de

simple nulidad contra actos administrativos de índole particular, bajo

la teoría de los móviles y finalidades que ha establecido que procede

en los eventos en que con la demanda no se persiga la pretensión

litigiosa; o de los efectos de la sentencia que se emitiere no se

produzca un restablecimiento automático a favor del actor o de un

tercero y cuando se advierta un perjuicio inminente al orden público

económico social y cultural de la Nación.

Mencionó que bajo este marco y según las sentencias de la Sección

Primera proferidas dentro de los expedientes núms. 11001-03-24-

000-2000-06531-01 (6531) (Consejera Ponente Olga Inés Navarrete

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Barrero) y 19001-23-31-000-2007-00116-01 (Consejero Ponente

Marco Antonio Velilla Moreno), las cuales trascribe, a pesar de que

se trate de actos administrativos de registro, bajo la teoría de los

móviles y finalidades, la acción de simple nulidad procederá siempre

y cuando se produzca la afectación de un interés colectivo o del

medio ambiente, pero no así cuando se persiga un interés particular

y con la anulación del acto se produzca un restablecimiento

automático para quien demanda.

Anotó que consta en el proceso que el 8 de abril de 2010, la sociedad

ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S.A. expidió la

póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual con el

objeto de amparar el vehículo de marca Kenworth, identificado con

la placa número SND 852, cuyo tomador y beneficiario sería la

Financiera Internacional S.A. y el asegurado, el señor REYES DE

JESÚS CRUZ OJEDA.

Sostuvo que en el caso sub lite, en los hechos de la demanda la

actora expresó, claramente, que en desarrollo de su objeto social

aseguró el tractocamión mencionado; y que para obtener certeza

sobre la legalidad de su matrícula investigó a través de la firma

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PRELINCA LTDA la documentación soporte del registro inicial o

matrícula.

Acotó que, el 20 de abril de 2010, la precitada firma solicitó ante la

Secretaría de Tránsito de Zipaquirá la información acerca del registro

inicial del vehículo mencionado, explicando que la misma obedecía al

hecho de que atendían una reclamación por daños al vehículo de

placas SND 852, presentada por la compañía RSA S.A. la que “para

efectos de indemnización deberá revisar la matrícula del rodante para

evento al traspaso a la compañía”.

Refirió que lo anterior pone en evidencia que existe de por medio una

póliza de seguros, por la cual debe responder la accionante; que ésta

tiene gran interés en que se declare la nulidad del registro inicial del

citado vehículo realizado el 23 de diciembre de 2005, para efectos de

atender la reclamación por daños formulada respecto del mismo, por

lo que se infiere que no se pretende la defensa del ordenamiento

legal, sino el restablecimiento automático que se produciría con la

nulidad del aludido acto de registro pese a que tal pretensión no se

propuso en la demanda; y que, además, tampoco se advierte de qué

manera el acto acusado puede tener implicaciones más allá de la

esfera de los particulares y afectar el orden público, social y

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económico, toda vez que si se observa con cuidado el registro

demandado sólo incidiría en los intereses que sobre el rodante

tuviera su propietario, beneficiario de la prenda y la aseguradora.

Por lo anterior, consideró que, si bien la demanda había sido

inicialmente admitida como acción de simple nulidad, después de

haberse surtido la etapa probatoria, existían mayores elementos

jurídicos fácticos que conducían a inferir que la acción procedente era

la de nulidad y restablecimiento del derecho. Que, en ese orden de

ideas, debe entenderse que la acción procedente es la de nulidad y

restablecimiento del derecho, razón por la cual procedió a efectuar el

análisis legal correspondiente del acto frente a la normatividad que

regula dicha acción.

Señaló que el artículo 136, numeral 2, del CCA establece que la

acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducará al cabo de

cuatro meses contados a partir del día siguiente al de la publicación,

notificación, comunicación o ejecución de acto, según el caso. Que

en tratándose de actos de registro, se tiene que el artículo 44 ibidem

prevé que su notificación se entiende ejercida de manera diferente,

esto es que los actos de inscripción realizados por las entidades

encargadas de llevar registros públicos se entenderán notificados el

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día en que se efectúe la correspondiente anotación; sin embargo, la

Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencias de 31 de enero

de 2013 (Expediente núm. 25000-23-24-000-2002-0231-01 (8162),

Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y de 6 de

junio de 2003 (Expediente núm. 2011-00168, Magistrado Ponente

Marco Antonio Velilla Moreno), ha considerado que en casos de

demanda de un acto de registro debe tenerse como punto de partida,

de dicho cómputo, el momento en que el interesado conoció dicho

acto.

Sostuvo que de las pruebas obrantes en el expediente, tales como el

oficio de 12 de abril de 2010, suscrito por el Asistente Especializado

de automóviles de la aseguradora en el que se le encomienda la

misión a la sociedad PRELINCA LTDA., para atender las labores de

investigación derivadas del vehículo de placas SND 852; el derecho

de petición radicado por la empresa PRELINCA LTDA., de 20 de abril

de 2010 ante el Administrador de Sede Operativo Regional Zipaquirá,

en el que solicita información respecto de la matrícula del vehículo

mencionado y la respuesta al mismo de 26 de abril de 2010 por parte

del Administrador SIETT Sede Zipaquirá, se infiere que para el 26 de

abril de 2010 la demandante ya conocía la anotación del registro

inicial del vehículo en cuestión; y como quiera que desde esa fecha

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hasta la presentación de la demanda (4 de mayo de 2012)

transcurrieron más de los cuatro meses, la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho se encontraba caducada.

Concluyó que, comoquiera que estaba probada la excepción de

inepta demanda, por indebida escogencia de la acción, y la caducidad

respecto al medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho, se abstuvo de evaluar la segunda excepción concerniente a

la falta de vinculación de un tercero, por sustracción de materia.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La demandante manifiesta no compartir la sentencia recurrida, en

síntesis, porque la acción de simple nulidad impetrada es la correcta,

que ninguna de las pretensiones de la demanda formulada expresa,

aspira o insinúa siquiera un restablecimiento del derecho de la

sociedad accionante, y que, en tal sentido, la demanda se inscribe

perfectamente dentro del obiter dicta y la ratio decidendi de la

sentencia de constitucionalidad C-426 de 2012 de la Corte

Constitucional, que sí produce efectos erga omnes y su observancia

resulta forzosa para todos los operadores judiciales.

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Insiste en que no pretende el restablecimiento automático de un

derecho subjetivo suyo, pues resulta evidente que, para derivar

provecho de un eventual fallo de nulidad, la accionante y los terceros

tendrían que acudir a la respectiva acción jurisdiccional de naturaleza

contractual ante la jurisdicción especializada civil, por lo que no

resulta acertado lo que aduce el fallador de instancia en el sentido de

que se produciría automáticamente un restablecimiento del derecho.

Añade que la acción de nulidad se perfila como el único remedio

jurídico para hacer valer el principio de estricta legalidad, en la

medida en que lo que se busca es proteger la buena fe pública

registral de la cual se nutre la totalidad de los ciudadanos para el

desarrollo de sus negocios jurídicos y el libre tráfico de los bienes; y

que el acto demandado sí es de especial trascendencia social puesto

que sí involucra derechos de naturaleza colectiva, entre ellos, la fe

pública, la seguridad jurídica, el imperio de la legalidad propia del

Estado Social y Democrático de Derecho y el control de ingreso de

vehículos automotores de carga.

Indica que el hecho de que hayan transcurrido, incluso, varios años,

desde la expedición del acto registro, superando los pocos meses que

otorga la Ley para incoar la acción de nulidad y restablecimiento del

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derecho, no impide que se ejercite la acción de simple nulidad, pues

el acto particular y concreto, que es abiertamente contrario a

derecho, sigue produciendo efectos jurídicos, se sigue proyectando

en el tiempo causando la lesión al bien jurídico que, para el caso, es

el principio de legalidad.

Aduce que teniendo en cuenta lo anterior y aunado al hecho de que

se encuentra demostrado que el automotor mencionado fue

registrado en forma ilegal, se debe acceder a las pretensiones de la

demanda.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1- Dentro de la oportunidad procesal, la parte demandada

presentó alegatos de conclusión, en los cuales, en síntesis, reiteró

los argumentos expuestos en la contestación de la demanda por lo

que solicita que se confirme el fallo apelado.

IV.2.- Vencido el término para alegar de conclusión la parte actora

y el Ministerio Público, guardaron silencio.

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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del acto de

registro inicial del tractocamión de placas SMD 852 de 23 de diciembre

de 2005, expedido por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Ubaté,

hoy Secretaría de Tránsito de Zipaquirá, en favor de ORLANDO

ESPINOSA DELGADO.

En el precitado acto aparecen las características del vehículo

mencionado, tales como la marca, línea, modelo, combustible, la clase

de vehículo, entre otros (folio 204 del cuaderno 1).

Previamente, cabe señalar que según lo establecido en el artículo

357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por expresa

remisión del artículo 267 del CCA, el recurso de apelación se

entiende interpuesto en lo desfavorable a la apelante, por lo cual el

superior, en principio, no puede pronunciarse sobre aspectos que no

fueron objeto de este.

Como ya se indicó, la censura de la apelante se resume en el hecho

de que, a su juicio, sí resulta procedente demandar vía acción de

nulidad simple el acto registral acusado, dado que la eventual

declaratoria de nulidad del mismo no comporta un restablecimiento

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automático y, además, el acto es de especial trascendencia social

puesto que sí involucra derechos de naturaleza colectiva, entre ellos,

la fe pública, la seguridad jurídica y el imperio de la legalidad, por lo

que la decisión del a quo de declarar probada la excepción de inepta

demanda por indebida escogencia de la acción y, en consecuencia, la

caducidad de la acción, debe ser revocada.

En este orden de ideas, como el asunto se contrae a establecer la

procedencia o no de las excepciones de inepta demanda por indebida

escogencia de la acción y caducidad de la acción, declaradas

probadas por el Tribunal en la sentencia apelada, la Sala, en orden a

dirimir la controversia, analizará las normas atinentes a los medios

de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, frente

a los actos de registro, la jurisprudencia sobre el particular y las

pruebas obrantes en el proceso, así:

El artículo 84 del CCA, prevé:

“[…] Artículo 84. Acción de nulidad. Toda persona podrá
solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la
nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando
los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían
fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por
funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular,
o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o
mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones
propias del funcionario o corporación que los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las

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circulares de servicio y de los actos de certificación y
registro. […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Por su parte, el artículo 85 ibidem, preceptúa:

“[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del
derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.

La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una
obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó
indebidamente […]”.

A su vez, la Ley 769 de 6 de julio de 20021, respecto de la naturaleza

del registro que aquí se analiza, determinó lo siguiente:

“[…] Artículo 2o. Definiciones. Para la aplicación e
interpretación de este código, se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones:
(…)

Matrícula: Procedimiento destinado a registro inicial de
un vehículo automotor ante un organismo de tránsito en
ella se consignan las características, tanto internas
como externas del vehículo, así como los datos e
identificación del propietario.
(…)

Registro nacional automotor: Es el conjunto de datos
necesarios para determinar la propiedad, características y
situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En
él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial,
administrativa o arbitral, adjudicación, modificación,
limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o
extinción del dominio u otro derecho real, principal o
accesorio sobre vehículos automotores terrestres para
que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros.

Registro terrestre automotor: Es el conjunto de datos
necesarios para determinar la propiedad, características y

1 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones […]”.

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situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En
él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial,
administrativa o arbitral, adjudicación, modificación,
limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o
extinción del dominio u otro derecho real, principal o
accesorio sobre vehículos automotores terrestres para
que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

“[…] Artículo 37. Registro inicial. El registro inicial de un
vehículo se podrá hacer en cualquier organismo de
tránsito y sus características técnicas y de capacidad
deben estar homologadas por el Ministerio de
Transporte para su operación en las vías del territorio
nacional […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

“[…] CAPÍTULO VII.
REGISTRO NACIONAL AUTOMOTOR

Artículo 46. Inscripción en el registro. Todo vehículo
automotor, registrado y autorizado para, circular por el
territorio nacional, incluyendo la maquinaria capaz de
desplazarse, deberá ser inscrito por parte de la
autoridad competente en el Registro Nacional
Automotor que llevará el Ministerio de Transporte.
También deberán inscribirse los remolques y semi-remolques.
Todo vehículo automotor registrado y autorizado deberá
presentar el certificado vigente de la revisión técnico-mecánica,
que cumpla con los términos previstos en este código […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Como se observa del texto del artículo 84 del CCA, el legislador

dispuso, en forma expresa, que los actos de registro fueran pasibles

de ser enjuiciados a través de la acción de nulidad. Sobre este

aspecto cabe traer a colación lo expuesto por esta Sección, en

sentencia de 3 de agosto de 2006 (consejero ponente Rafael E.

Ostau De Lafont Pianeta), en la cual se precisó:

“[…] Sobre el particular se ha de advertir que además de
que los actos de registro pueden ser demandados en

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acción de simple nulidad según lo prevé el artículo 84 del
C.C.A., esto es, mediante acción objetiva y que por lo
mismo no requiere un interés directo en el asunto, vista
la presente como acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, la cuestión planteada en dicha excepción implica
aspectos que corresponden a terceros que se consideren
vulnerados en sus derechos por un acto registral y que por lo
mismo afecte la legalidad de éste, de allí que sean parte del
fondo del asunto, por lo cual tienen la vocación de ser resueltos
en la decisión sobre la controversia, de suerte que si es del caso
lo que se concluya sobre ellos puede verse afectado con el
sentido de dicha decisión. Por esa razón, la excepción no tiene
vocación de prosperar.

1.2. Igual ocurre y con más claridad con la segunda
excepción, esto es, la falta de causa u objeto de la litis,
pues es evidente que en este caso la causa u objeto está
dado por los actos registrales demandados, todas que
como tales son susceptibles de enjuiciamiento ante esta
jurisdicción en virtud de los artículos 84 y 85 del C.C.A.
De allí que esta excepción también se declare como no probada
[…]”2 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En este mismo sentido, ahondando en las consideraciones

precedentes, frente a los actos de registro, independientemente de

los efectos particulares que produzcan y teniendo en cuenta la

enorme trascendencia que se reconoce al derecho de propiedad en

nuestro sistema jurídico, político, económico y social, la Sección se

pronunció así:

“[…] Para poder realizar un pronunciamiento de fondo frente a
los argumentos expuestos en la apelación, es preciso tener
en cuenta que por expresa disposición del inciso tercero
del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la
acción adecuada para controvertir la legalidad de los
actos de registro, es la acción de nulidad. La norma en cita
establece ad pedem literae lo siguiente:

2Sección Primera, sentencia de 3 de agosto de 2006, Radicado Nro. 11001-03-24-000-
1995-00208-01, consejero ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

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(…)
A propósito del tema, es pertinente poner de relieve que todas
las anotaciones que las Oficinas de Registro realizan en los
folios de matrícula inmobiliaria, impactan necesariamente los
intereses particulares, individuales y concretos de las personas
naturales o jurídicas, al crear, modificar o extinguir situaciones
jurídicas directamente relacionadas con el derecho de dominio.
Aún a pesar de lo anterior y con independencia de los
efectos particulares que pueda acarrear un acto de tal
naturaleza, el legislador quiso contemplar de manera
expresa la posibilidad de controvertir la legalidad de ese
tipo de actos particulares a través de la acción de simple
nulidad, teniendo en cuenta la enorme trascendencia
que se reconoce al derecho de propiedad en nuestro
sistema jurídico, político, económico y social. Así las
cosas, independientemente de que la declaratoria de
nulidad de un acto de registro produzca efectos de
carácter particular y concreto, la acción a incoar es la de
nulidad.

El registro público inmobiliario, fue establecido en nuestro país
como un mecanismo de protección jurídica del derecho de
dominio y como un instrumento de información de acceso
público que permite conocer la verdadera situación legal de los
bienes raíces, contribuyendo con ello a la seguridad de los
negocios jurídicos, tema que desborda, por razón de su
impacto y trascendencia los simples límites del interés
particular, proyectándose hacia la esfera del interés
general, lo cual explica que el Congreso de la República,
en ejercicio de su potestad de configuración normativa,
haya previsto la procedencia de la acción de nulidad en
estos casos. En ese orden de ideas, cualquier anotación
que se haga en los folios de matrícula inmobiliaria,
puede llegar a producir un impacto en el orden público
social o económico de la Nación.
(…)
Por su parte, el criterio de la “Regulación Legal” igualmente
implica una extensión de la teoría de los motivos y finalidades
por cuanto la precisa en el sentido de que, bajo el ejercicio de
su potestad normativa, el Legislador ha contemplado
expresamente diversas situaciones en las que se
considera que ciertos Actos Administrativos de carácter
Particular pueden afectar gravemente el orden jurídico y
la vida social, razones por las cuales consagra la
posibilidad de impugnarlos judicialmente por vía de la
acción de Nulidad, referenciando para ello los casos de la
Acción Electoral, los Actos de Nombramiento, las Cartas de
Naturaleza y los de Marcas, a los cuales se puede agregar hoy

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el caso de la acción de Nulidad Ambiental a la que se refiere la
Ley 99 de 1993.
(…)
En este caso se observa que el planteamiento adoptado
(…) se sustenta en los graves y nocivos impactos que se
generan con la decisión contenida en el Acto
Administrativo Particular, efectos cuya magnitud es de
una trascendencia tal que atenta contra los superiores
postulados del orden público de la Nación, sin que
aquellos puedan confundirse con el interés general
propio que implícitamente acompaña a toda decisión de
una autoridad pública.
(…)
En ese contexto, la Sala considera que el Tribunal
Administrativo de Córdoba actuó en forma equivocada al
declarar probada la excepción de caducidad de la acción, pues
es claro que las acciones de simple nulidad pueden
incoarse en cualquier tiempo y que en tratándose del
cuestionamiento de la legalidad de los actos
administrativos de registro, el mismo legislador señaló
que la acción procedente es la acción de nulidad simple,
independientemente de los efectos particulares que
pudieren llegar a derivarse de la anulación del acto
demandado […]”3 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Esta posición fue reiterada por la Sección Quinta de esta Corporación

que, al estudiar los asuntos remitidos por la Sección Primera, en

virtud del de Descongestión núm.357 de 5 de diciembre de 2017,

prohijó íntegramente la posición jurídica de esta última en temas

referentes a actos de registro, Así, en el punto en mención,

consideró:

3 Sección Primera, sentencias de 3 de noviembre de 2011, Radicado Nro. 23001-23-31-000-

2005-00641-01, consejero ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; de 7 de
octubre de 2010, Radicado Nro. 11001-03-24-000-2004-00300-01, consejero ponente
doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; y de 15 de diciembre de 2017, Radicado Nro.
13001-23-33-000-2014-00252-01, consejera ponente doctora María Elizabeth García
González.

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“[…] Así las cosas, descendiendo a las particularidades del
asunto sub exámine, tal y como lo ha señalado la Sección
Primera en otras oportunidades4, los actos acusados, todos
registrales, revisten un interés que desborda el subjetivo,
representado en el aumento en la conformación e integración
de la masa del pasivo que incluso se predica frente a una
entidad que entró en liquidación como propietaria de los
mentados bienes, cuyos contratos y actos fueron objeto de la
actividad registral que la parte actora califica y glosa como
irregular, por lo que se advierte la abstracción necesaria que
se debe evidenciar de defensa del interés general superior de
cara a la comunidad.

Ahora bien, es preciso tener en cuenta que por expresa
disposición del inciso tercero del artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo, la acción adecuada para
controvertir la legalidad de los actos de registro, es la
acción de nulidad. A propósito del tema, es pertinente
poner de relieve que todas las anotaciones que las
Oficinas de Registro realizan en los folios de matrícula
inmobiliaria, impactan necesariamente los intereses
particulares, individuales y concretos de las personas
naturales o jurídicas, al crear, modificar o extinguir
situaciones jurídicas directamente relacionadas con el
derecho de dominio y por ello nada obstaría para
deprecar y encausar pretensiones que recauden la
situación registral al panorama adecuado de los hechos
y negocios que se plasman en el folio de matrícula
inmobiliaria […]”5 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

En el caso sub lite, de acuerdo con el acervo probatorio que obra en

el expediente, se destaca lo siguiente:

Con fecha 8 de abril de 2010, la sociedad ROYAL & SUN ALLIANCE

SEGUROS COLOMBIA S.A., expidió la póliza de responsabilidad

4 Ídem.
5 Sección Quinta, sentencias de 17 de mayo de 2018, radicado núm. 25000-23-24-000-
2008-00408-01, consejera ponente doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y de 31 de
mayo de 2018, radicado núm. 20001-23-31-000-2011-00420-01, consejero ponente doctor
Alberto Yepes Barreiro.

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civil extracontractual núm. 20061, con vigencia desde el 24 de marzo

de 2010 hasta 24 de marzo de 2011, con el objeto de amparar el

vehículo marca Kenworth, Clase Remolcador, Color Azul, modelo

2006, servicio público de placas SND 852, cuyo tomador es la

Financiera Internacional S.A. y el beneficiario el señor REYES DE

JESÚS CRUZ OJEDA (folios 12 y 13 del cuaderno 1).

Según el dicho de la demandante, luego de asegurar el automotor

mencionado, a fin de obtener certeza sobre la legalidad de su

matrícula, a través de la empresa PRELINCA LTDA, investigó la

documentación del registro inicial, verificando que este había sido

matriculado el 23 de diciembre de 2005, en la Oficina de Tránsito de

Ubaté (hoy Oficina de Tránsito de Zipaquirá), bajo la vigencia de los

Decretos 1437 de 2005 y 3525 de 2005, así como de la Resolución

1150 de 27 de mayo de 2005, esto es, que era necesario hacerlo por

reposición.

Obra a folio 112 del cuaderno 1, el derecho de petición de 20 de abril

de 2010, elevado por PRELINCA LTDA al Administrador Sede

Operativo Regional Zipaquirá, a través del cual solicita que se

certifique “[…] con qué oficio el Ministerio de Transporte autorizó

(certificado de requisitos y/o aprobación de caución) el registro

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Inicial del rodante de placas SND-852. Lo anterior obedece a que

atendemos una reclamación por daños del vehículo … presentado por

la Compañía RSA SEGUROS S.A., quien para efectos de la

indemnización debe revisar la matrícula del rodante para eventual

traspaso a la Compañía.”.

Al derecho de petición antes mencionado se dio respuesta mediante

Oficio SIETT ZTP-0760-2010 de 26 de abril de 2010, suscrito por el

Administrador SIETT Sede Zipaquirá, en el cual se le informa que “

[…] no se encontró Resolución de Cumplimiento de requisitos de

chatarrización Póliza de Cumplimiento, emitida por la compañía de

seguros.”

Del texto del artículo 84 del CCA, así como de la reiterada

jurisprudencia de la Corporación que ha quedado reseñada, y de las

pruebas relacionadas, se colige que la acción de nulidad es la

procedente para demandar los actos de registro, como el que ocupa

en esta oportunidad la atención de la Sala, pues si bien es cierto que

la demandante tiene un interés y unos derechos subjetivos sobre la

eventual anulación del acto acusado, el objetivo perseguido

trasciende los intereses particulares. Por lo tanto, al margen de que

la declaratoria de nulidad de un acto de registro produzca efectos de

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carácter particular y concreto, la acción a incoar en el caso bajo

examen sí es la de nulidad simple, resultando improcedente acudir

a la teoría de los móviles y finalidades ante la evidente habilitación

legal del artículo 84 CCA frente a tales actos.

Con base en lo anterior, observa la Sala que si bien es cierto que erró

el Tribunal al decretar la excepción de ‘inepta demanda por indebida

escogencia de la acción’ al interpretar que la acción a incoar era la

de nulidad y restablecimiento del derecho, -ya que no es procedente

analizar la acción interpuesta por la actora a la luz de un medio de

control distinto al que impone el CCA-, y, por ende, declarar la

caducidad de dicho medio de control, absteniéndose de estudiar los

cargos de la demanda, no es posible proferir, en esta instancia,

pronunciamiento sobre el particular, por ser ello del resorte del a

quo, lo cual no constituye una omisión sino la garantía de los

principios de limitación de la competencia del Juez superior, de la

doble instancia y del debido proceso.

En efecto, esta Sección en sentencia de 26 de abril de 2013

(Expediente núm. 2006-01004-01, Magistrada Ponente María

Elizabeth García González), que ha sido reiterada en otros

pronunciamientos, precisó:

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“[…] Cabe advertir que esta Corporación, al estudiar en
segunda instancia los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
por los Tribunales Contencioso Administrativos, en las
cuales no se ha resuelto el fondo del asunto -ello ha sido
considerado injustificado-, en su lugar, ha procedido a
proferir la providencia de mérito que corresponda, en
aplicación del ultimo inciso del artículo 357 del C. de
P.C., el cual prevé:

“Cuando se hubiere apelado una sentencia inhibitoria y la
revocare el superior, éste deberá proferir decisión de
mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante”.

Sin embargo, la Sala observa que esta norma resulta
incompatible con el texto de los artículos 29 y 31 de la Carta
Política, que consagran el principio de la doble instancia.

Sobre este principio, la Corte Constitucional en sentencia C-095
de 2003 (Expediente D-4172, Magistrado ponente, doctor
Rodrigo Escobar Gil), precisó:

“… 6.3. De la doble instancia, del debido proceso y
del acceso a la administración de justicia.
4. El principio de la doble instancia está previsto en el
artículo 31 de la Constitución Política, a cuyo tenor: "Toda
sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las
excepciones que consagre la ley", en armonía con el
artículo 29 del mismo ordenamiento, que consagra que
toda persona tiene derecho a "... impugnar la sentencia
condenatoria...".

Dicho principio no sólo se encuentra previsto en los
artículos 29 y 31 de la Carta Fundamental, sino que
también aparece consagrado en las normas de derecho
internacional humanitario, concretamente, en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de
San José) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, los cuales le otorgan el carácter de garantía
judicial y de mecanismo de protección, destinado a hacer
efectivos los derechos consagrados en el ordenamiento
jurídico y a velar por la recta actuación de la
administración, máxime en aquellos casos en los cuales a
partir del ejercicio de sus funciones puede imponer
sanciones (v.gr. en los procesos penales).

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Así, en torno al desarrollo del procedimiento penal, el
artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José), dispone que: "Garantías
judiciales. (...) 2. Toda persona inculpada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso
toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas: (...) h) Derecho a recurrir el
fallo ante juez o tribunal superior". A su vez, el artículo 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establece que: " (...)5. Toda persona declarada culpable de
un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la
pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal
superior, conforme a lo prescrito por la ley(...).

Luego, la misma Convención Americana sobre Derechos
Humanos, de manera genérica y en relación con todo tipo
de procedimientos, determina que: "Artículo 25.
Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
convención, aun cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados parte se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga el recurso;
b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso".

Es claro que a partir de la interpretación armónica y
sistemática de la Constitución Política y de los tratados
internacionales de derechos humanos, el principio de la
doble instancia se erige en una garantía esencial para
preservar el debido proceso y, además, para mantener
incólume la integridad de los derechos e intereses de los
asociados.

En esta medida, el principio de la doble instancia se
convierte en una garantía constitucional que informa el
ejercicio del ius puniendi del Estado en todas sus
manifestaciones, no sólo cuando se trata de la aplicación

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del derecho penal por los órganos judiciales sino también
en el derecho administrativo sancionatorio y,
específicamente, en tratándose del desarrollo y práctica del
derecho disciplinario1

5. La doble instancia surgió ante la necesidad de preservar
el principio de legalidad y la integridad en la aplicación del
derecho, ya que asegura la posibilidad de corregir los
errores en que pueda incurrir el juez o fallador en la
adopción de una decisión judicial o administrativa, y
permite enmendar la aplicación indebida que se haga por
parte de una autoridad de la Constitución o la ley. Con este
propósito, el citado principio - según lo expuesto -, se
constituye en una garantía contra la arbitrariedad, y en
mecanismo principal, idóneo y eficaz para la corrección de
los yerros en que pueda incurrir una autoridad pública.

6. Es, entonces, indudable que en el origen de la institución
de la doble instancia subyacen los derechos de impugnación
y de contradicción. En efecto, la garantía del derecho de
impugnación y la posibilidad de controvertir una decisión,
exigen la presencia de una estructura jerárquica que
permita la participación de una autoridad independiente,
imparcial y de distinta categoría en la revisión de una
actuación previa, sea porque los interesados interpusieron
el recurso de apelación o resulte forzosa la consulta.

La Corte, en relación con el tema, ha determinado que:
"[t]radicionalmente se ha aceptado que el recurso de
apelación forma parte de la garantía universal de
impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o
están legitimados para intervenir en la causa, con el fin de
poder obtener la tutela de un interés jurídico propio, previo
análisis del juez superior quien revisa y corrige los defectos,
vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la
sentencia en que hubiere podido incurrir el a-quo..."2

7. Por otra parte, el citado principio permite hacer efectivo
el derecho de acceso a la administración de justicia, ya que
éste por su esencia, implica la posibilidad del afectado con
una decisión errónea o arbitraria, de solicitarle al juez o
autoridad competente la protección y restablecimiento de
los derechos consagrados en la Constitución y la ley3. Así
mismo, la doble instancia tiene una relación estrecha con
el derecho de defensa, ya que, a través del establecimiento
de un mecanismo idóneo y efectivo para asegurar la recta
administración de justicia, garantiza la protección de los

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derechos e intereses de quienes acceden al aparato
estatal4.

Por consiguiente, mediante la ponderación y aplicación
armónica de estos derechos, se logra comprometer a las
autoridades públicas en el logro de los fines propios del
Estado Social de Derecho, entre los cuales, se destacan la
efectividad de los principios y derechos consagrados en la
Constitución, la vigencia de un orden justo y el respeto de
la dignidad humana (artículo 2 C.P.)…”.

Como quiera que el asunto a que se contrae la sentencia
dictada en el proceso de la referencia, no está
considerado dentro de los casos que deban ventilarse en
única instancia, resolver de fondo la controversia en la
segunda instancia, implica reemplazar al a quo en el
estudio de los cargos de la demanda que no realizó y
equivale a convertirla en única instancia, privando a la
parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer
legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido
proceso y al acceso a la Administración de Justicia.

Por estas razones, en cumplimiento de lo normado en el
artículo 4º de la Carta Política6, debe la Sala inaplicar el
último inciso del artículo 357 del C. de P.C., para este
caso concreto […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Este criterio también ha sido reiterado en varios pronunciamientos

por la Sección Quinta de esta Corporación7.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, y comoquiera que

la acción de nulidad simple interpuesta por la actora sí es idónea para

6 Dicho artículo prevé: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales…”.
7 En similar sentido, esta Sala profirió las sentencias de 7 de junio de 2018, radicado Nro.

25000-23-24-000-2009-00287-01, consejero ponente doctor Alberto Yepes Barreiro, actor:
La Previsora S.A. Compañía de Seguros; demandado: Nación-Contraloría General de la
República y de 12 de julio de 2018, radicado Nro. 25000-23-24-000-2012-00796-02,
consejero ponente doctor Alberto Yepes Barreiro.

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formular y tramitar la pretensión de nulidad del acto administrativo

de registro constituido por la matrícula o registro inicial del

tractocamión de placa SND 852, expedido por la Secretaría de

Tránsito y Transporte de Ubaté (hoy Zipaquirá), en favor del señor

ORLANDO ESPINOSA DELGADO, la Sala procederá a revocar la

sentencia de 17 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, dispondrá que una

vez ejecutoriada esta providencia, se devuelva el expediente a ese

Tribunal para que se pronuncie, en el término de cuarenta (40) días,

establecido en el artículo 211 del CCA, respecto de la restante

excepción de ‘falta de integración de litisconsorte necesario o de un

tercero interesado’, propuesta por el DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA, así como de los cargos de nulidad incorporados

en la demanda inicial por ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS

(COLOMBIA) S.A., en observancia y garantía de los principios de

lealtad procesal, debido proceso y doble instancia, tal como se

ordenará en la parte resolutiva de esta providencia.

Por último, se tendrá como apoderada del DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA a la doctora MÓNICA GISELLA CAÑÓN GÓMEZ,

de conformidad con el poder y los documentos obrantes a folios 35 a

39 del cuaderno de apelación.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 17 de octubre de 2014,

proferida por la Sala en Descongestión de la Sección Primera del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, y una vez

ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente a ese

Tribunal para que se pronuncie, en el término de cuarenta (40) días,

establecido en el artículo 211 del CCA, respecto de la restante

excepción de ‘falta de integración de litisconsorte necesario o de un

tercero interesado’, propuesta por el DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA, así como de los cargos de nulidad incorporados

en la demanda inicial por ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS

(COLOMBIA) S.A., en observancia y garantía de los principios de

lealtad procesal, debido proceso y doble instancia.

SEGUNDO: TENER como apoderada del DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA a la doctora MÓNICA GISELLA CAÑÓN GÓMEZ,

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de conformidad con el poder y los documentos obrantes a folios 35 a

39 del cuaderno de apelación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión de 23 de febrero de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Salva voto

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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