Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2021-00145-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2021-00145-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 85001-23-33-000-2021-00145-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
22 de mayo de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
Demandante: GROBES REICH SAS Y OTRO
Demandada: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – FALLA REGISTRAL
– INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE
CONTROL JUDICIAL
Síntesis del caso: la parte demandante ejerció el medio de control jurisdiccional de
reparación directa por considerar que i) existió una mora en el trámite del registro de la
licencia de urbanismo no. 102.54.567 para el inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria no. 470-5713, lo cual llevó a que se registrara primero la oferta de compra de
la ANI a través de la Concesionaria Vial de Oriente Covioriente SAS y la ANI; ii) en la nota
devolutiva no. 2017-13715 del 24 de julio de 2018 de la Oficina de Registro de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal (Casanare) se debió bloquear la matrícula
inmobiliaria no. 470-5713, asimismo, no se debió registrar la oferta de compra de la ANI a
través de la Concesionaria Vial de Oriente Covioriente SAS, iii) la oferta de compra de la
ANI a través de la Concesionaria Vial de Oriente Covioriente SAS no tuvo en cuenta la
existencia de un contrato de cuentas de participación y desconoció que el vendedor no
contaba con capacidad; todas las anteriores circunstancias llevaron a que perdiera la
oportunidad de realizar el proyecto urbanismo Canaguaros.
La Sala modifica la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Transporte, declaró
no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva de la ANI,
Covioriente SAS, la Superintendencia de Notariado y Registro, declaró probadas las
excepciones de ‘orfandad probatoria por ausencia de los elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado por la demostración de un daño especial’ e
‘Inexistencia de los requisitos para que se configure la responsabilidad administrativa en
cabeza de la Concesionaria Vial de Oriente SAS’ y negó las pretensiones de la demanda,
para también declarar probada la excepción de indebida escogencia del medio de control
judicial respecto de los cargos elevados en contra los actos de registro de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Yopal (Casanare) y la oferta de compra que fue
aceptada por el señor Epimenio Silva Dueñes.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Grobes Reich
SAS1 en contra de la sentencia proferida el 7 de octubre de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Casanare2 que dispuso:
1 Índice 186 SAMAI de la primera instancia. Es pertinente poner de presente que la parte actora se
encuentra conformada por el señor Epimenio Silva Dueñes y la sociedad Grobes Reich SAS; no
obstante, solo está última presentó el recurso de apelación.
2 Índice 181 SAMAI de la primera instancia.
2
Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
Demandante: Grobes Reich SAS y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
“Primero: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Nación – Ministerio de Transporte.
Segundo: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva propuesta por Agencia Nacional de Infraestructura
‘ANI’, por la Superintendencia de Notariado y Registro, y Concesionaria
Vial del Oriente SAS.
Tercero: Declarar probadas las excepciones denominadas ‘Orfandad
probatoria por ausencia de los elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado por la demostración de un daño
especial’ propuesta por Superintendencia de Notariado y Registro; e
‘Inexistencia de los requisitos para que se configure la responsabilidad
administrativa en cabeza de la Concesionaria Vial de Oriente SAS’
planteada por Concesionaria Vial del Oriente SAS.
Cuarto: Negar las pretensiones de la demanda de reparación directa
promovida por EPIMENIO SILVA DUEÑES y GROBES REICH S.A.S. en
contra de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI),
CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE (COVIORIENTE SAS.) y
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
Quinto: Sin condena en costas en esta instancia.
Sexto: Notificar la presente sentencia a las partes, según lo previsto en
el artículo 203 del CPACA.
Séptimo: En firme esta providencia, archívese el expediente, dejando las
constancias de rigor.” (fl. 54 del PDF “226Sentencia” índice 181 SAMAI
de la primera instancia – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 1° de junio de 20213 y subsanado el 2 de agosto de
del mismo año4, el señor Epimenio Silva Dueñes y la sociedad Grobes Reich SAS5
por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de control judicial de
reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA presentaron demanda
en contra de la Nación – Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de
3 PDF “7_ED_007ACTAREPARTO” índice 3 SAMAI de la primera instancia.
4 PDF “10_RECIBEPORCORREOELECTRONICO” índice 6 SAMAI de la primera instancia. La
subsanación de la demanda se hizo para precisar las pretensiones y hechos.
5 Aunque en las pretensiones se mencionó al representante legal de la sociedad, en la identificación
de las partes se precisó que la parte demandante en realidad era la sociedad Grobes Reich SAS y
la demanda fue admitida respecto de esta entidad; asimismo, aunque el medio de control judicial de
la referencia también fue presentado por la señora María Isabelina Agúdelo, por auto del 10 de
febrero de 2022 (índice 27 SAMAI de la primera instancia) se tuvo por desistida la demanda, decisión
contra la cual no se interpuso recurso alguno y motivo por el cual no realizará ningún
pronunciamiento respecto de aquella.
3
Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
Demandante: Grobes Reich SAS y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
Infraestructura, la Concesionaria Vial del Oriente y la Superintendencia de
Notariado y Registro6 con las siguientes súplicas:
“PRIMERA: Que se DECLARE a la NACIÓN – MINISTERIO DE
TRANSPORTE, el Instituto Nacional de Vías -INVIAS, la Agencia
Nacional de Infraestructura -ANI-, COVIORIENTE SAS, la
Superintendencia de Notariado y Registro, administrativa, patrimonial y
extracontractualmente responsable por los perjuicios morales y
materiales ocasionados a los señores EPIMENIO SILVA DUEÑES, en su
calidad de propietario del predio identificado con el Folio de Matricula
Inmobiliaria No. 470-5713 y socio no gestor del contrato de cuentas en
participación firmado el 21 de abril de 2016 con GROBES REICH S.A.S.,
(…) y a JUAN ALBERTO HERNÁNDEZ BAUTISTA, mayor de edad e
identificado con la C.C. No. 74.754.718 de Aguazul, Casanare, en su
condición de representante legal de la empresa GROBES REICH SAS, y
socio gestor del contrato de cuentas en participación firmado el 21 de abril
de 2016 con EPIMENIO SILVA DUEÑES, con ocasión a la radicación
de la oferta de compra contenida en el CVY 07-356 y a la demora en
la oficina de registro de instrumentos públicos de Yopal para su
trámite.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, y a título de reparación
directa, se ORDENE a la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE,
el Instituto Nacional de Vías -INVIAS, la Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI-, COVIORIENTE SAS, la Superintendencia de
Notariado y Registro, reconocer y pagar a los demandantes, las
siguientes sumas de dinero y por los siguientes conceptos:
a) Al señor EPIMENIO SILVA DUEÑES, en su calidad de propietario del
predio identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 470-5713 y
socio no gestor del contrato de cuentas en participación firmado el 21 de
abril de 2016 con GROBES REICH SAS, a título de perjuicios materiales
(… ) el pago de las utilidades dejadas de percibir con ocasión al proyecto
urbanístico Canaguaros, el cual tenía un costo aproximado de SIETE MIL
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.200.000.000), lo que
equivale a MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($1.800.000.000) aproximadamente.
(…).
c) JUAN ALBERTO HERNÁNDEZ BAUTISTA, en su condición de
representante legal de la empresa GROBES REICH SAS, entidad que
hace parte como socio gestor del contrato de cuentas en participación del
21 de abril de 2016, a título de perjuicios materiales, lo siguiente:
i. Se le reconozca y pague el detrimento que sufrió la licencia de
urbanismo No. 102.54.567 del 27 de septiembre de 2017, aclarada y
corregida mediante Resolución No. 1002202814 del 21 de diciembre de
2018, expedida por la Alcaldía Municipal de Yopal; junto a las pérdidas y
gastos administrativos del proyecto urbanístico tasados en un valor de
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($576.515.839).
ii. Se le reconozcan y paguen las pérdidas que se puedan llegar a
producir con la suspensión e incumplimiento de contratos de promesa de
6 La demanda también fue dirigida en contra del Instituto Nacional de Vías (INVIAS); sin embargo,
mediante auto del 25 de agosto de 2023 el tribunal de primera instancia declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha entidad (índice 53 SAMAI de la
primera instancia), razón por la cual no realizará ninguna mención de dicha entidad.
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Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
Demandante: Grobes Reich SAS y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
compraventa del proyecto Canaguaros, suscritos por MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
PESOS M/CTE ($1.279.185.000).
iii. El pago de las utilidades dejadas de percibir con ocasión al proyecto
urbanístico Canaguaros, el cual tenía un costo aproximado de SIETE MIL
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.200.000.000), lo que
equivale a TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($3.600.000.000) aproximadamente.
TERCERA: Que las DEMANDADAS reconozcan y paguen a favor del
señor EPIMENIO SILVA DUEÑES (…) a título de indemnización por la
angustia y pesar de haber perdido su patrimonio líquido, como perjuicios
morales, materiales, éticos, sociales, la suma equivalente a CIEN (100)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (…).
QUINTA: Que las DEMANDADAS reconozcan y paguen a favor de
JUAN ALBERTO HERNÁNDEZ BAUTISTA, en su condición de
representante legal de la empresa GROBES REICH SAS, entidad que
hace parte como socio gestor del contrato de cuentas en participación del
21 de abril de 2016 firmado con EPIMENIO SILVA DUEÑES, a título de
indemnización por la angustia y pesar de haber sufrido el detrimento
patrimonial del proyecto urbanístico CANAGUAROS como perjuicios
morales, materiales, éticos, sociales, la suma equivalente a CIEN (100)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
SEXTA: Que las DEMANDADAS reajusten y actualicen los valores
reclamados a mis mandantes, de acuerdo al índice de precios al
consumidor, con el reconocimiento de intereses, de conformidad con los
artículos 187, 189 y 192 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
SÉPTIMA: Hacer las declaraciones ultra y extra petita por los derechos
ciertos e irrenunciables que resulten probados.
OCTAVA: Conforme a lo señalado en el artículo 188 del CPACA, se
condene en costas y agencias en derecho a las demandadas.” (fls. 7 a
10 del PDF “10_RECIBEPORCORREOELECTRONICO” negrillas y
mayúsculas sostenidas del texto original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) El 21 de febrero de 2016, los señores Epimenio Silva Dueñes, María Isabelina
Agúdelo y la sociedad Grobes Reich SAS celebraron un contrato de cuentas en
participación cuyo objeto consistió en la construcción del proyecto urbanístico
denominado “Renacer” y que de manera posterior se denominó Canaguaros, con
asiento en el municipio de Yopal (Casanare).
2) En virtud del mencionado contrato, el señor Epimenio Silva Dueñes, en la
condición de socio no gestor se obligó a aportar el bien inmueble de su propiedad
e identificado con la matrícula inmobiliaria no. 470-5713, mientras que la sociedad
5
Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
Demandante: Grobes Reich SAS y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
Grobes Reich SAS asumió la obligación de obtener todos los documentos y
licencias requeridos para ejecutar el proyecto urbanístico.
3) En cumplimiento de lo anterior, la sociedad Grobes Reich SAS adelantó los
trámites necesarios para la construcción del proyecto y, en ese contexto: i)
mediante oficio del 14 de marzo de 2017 la empresa de servicios públicos
domiciliarios Enerca SA ESP otorgó viabilidad para la respectiva conexión eléctrica
y, ii) el municipio de Yopal (Casanare) a través de la Resolución no. 102-54-567 del
27 de septiembre de 2017 concedió la licencia de urbanismo del proyecto
Canaguaros, el cual fue notificado a la sociedad Concesionaria Vial del Oriente (en
adelante Covioriente SAS) por correo electrónico del 27 de octubre de 2017; en
este correo también se informó que la licencia cumplía con los requisitos de cesión
de la franja de terreno requerida para la construcción de la doble calzada Yopal –
Aguazul.
4) El 14 de diciembre de 2017 se radicó ante la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Yopal la solicitud de inscripción de la licencia de urbanismo del
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria no. 470-5713.
5) El artículo 27 de la Ley 1579 de 2012 establece que el proceso de registro debe
cumplirse en un término mayor de diez (10) días hábiles cuando se vinculen más
de diez unidades inmobiliarias; por su parte, el artículo 18 de la misma ley dispone
que, si la calificación de un documento proveniente de una autoridad administrativa
no se ajusta a derecho, la oficina debe suspender el trámite mediante acto
administrativo motivado por un término de treinta (30) días e informar al funcionario
competente para que resuelva si acepta lo expresado por la oficina o se ratifica en
su decisión.
6) La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal no solo excedió los
términos previstos en los artículos 18 y 27 de la Ley 1579 de 2012, sino que,
tampoco suspendió el trámite registral; en su lugar, a través de la Resolución no.
0075 del 6 de junio de 2018 y la nota devolutiva no. 2017-13715 ordenó realizar
unas correcciones, las cuales fueron subsanadas por la Oficina Asesora de
Planeación Municipal de Yopal mediante Resolución no. 1002202814 del 21 de
diciembre de 2018, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 21 de enero de 2019.
6
Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
Demandante: Grobes Reich SAS y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
7) El folio de matrícula inmobiliaria no. 470-5713 no fue objeto de bloqueo y la
demora de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos permitió que la ANI a
través de Covioriente SAS registrara primero una oferta de compra, pese a conocer
de la existencia del proyecto urbanístico.
8) En efecto, desde el 27 de octubre de 2017 se le informó a Covioriente SAS sobre
el proyecto y la existencia del contrato de cuentas en participación en el cual se
estableció que el señor Epimenio Silva Dueñes, propietario del inmueble y socio no
gestor, debía contar con la autorización de los otros socios del contrato de
participación para celebrar negocios jurídicos diferentes relacionados con el bien
inmueble; no obstante, el 3 de enero de 2019, la sociedad Covioriente SAS
aprovechando que el señor Silva era un adulto mayor, que no contaba con
educación, le presentó la oferta de compra de la ANI no. CVY 07-356 y le aseguró
que aquella no afectaba el proyecto urbanístico, aspecto que fue aceptado por el
demandante, quien fue inducido en error.
9) La sociedad Grobes Reich SAS desconocía la anterior situación y el 6 de febrero
de 2019 presentó nuevamente para registro la escritura pública no. 1595 del 30 de
octubre de 2017 junto con la licencia de urbanismo aclarada y corregida por
Resolución no. 1002202814 del 21 de diciembre de 2018; sin embargo, la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal mediante nota devolutiva del 8 de
febrero de 2019 y notificada el 19 de febrero del mismo año le expresó que no era
posible registrar el documento porque en el folio de matrícula inmobiliaria no. 470-
5713 ya figuraba una oferta de compra que dejaba el bien fuera del comercio.
10) El señor Epimenio Silva Dueñes interpuso los recursos procedentes contra la
anterior decisión, los cuales fueron resueltos de forma desfavorable.
11) El 25 de febrero de 2020, luego de revisar la oferta de compra, el señor
Epimenio Silva Dueñes le informó a Covioriente SAS y a la Agencia Nacional de
Infraestructura (en adelante ANI) que en la misma se mezclaron dos predios con
matrículas inmobiliarias diferentes y titulares distintos, de modo que el trámite debía
hacerse de forma separada, sin embargo, esta situación no fue corregida.
12) Por lo anterior, se solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Yopal la cancelación de la anotación no. 9 de la matrícula inmobiliaria no. 470-5713
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Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
Demandante: Grobes Reich SAS y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
que corresponde a la oferta de compra; empero, esta fue negada mediante oficio
del 13 de agosto de 2020 en el que además se informó que, debido a
inconsistencias en los linderos entre la escritura pública no. 363 del 18 de abril de
1996 y la presentada por la ANI, se iniciaría una actuación para definir la situación
jurídica del predio.
13) La sociedad Covioriente SAS y la ANI deben responder patrimonialmente
porque presentaron una oferta de compra pese a conocer la existencia de la licencia
de urbanismo del proyecto de vivienda Canaguaros y en el cual se cedía a título
gratuito la porción de terreno requerida para las obras de la doble calzada Yopal –
Aguazul; la actuación de estas entidades impidió a los demandantes tener la
oportunidad de continuar con el proyecto urbanístico, cuya licencia fue prorrogada
por Resolución no. 100.220.2271 del 6 de julio de 2020 de la Oficina Asesora de
Planeación Municipal de Yopal.
14) Las demandadas de igual manera son responsables porque la oferta de compra
CVY-356 del 3 de enero de 2019 incluyó personas que no eran propietarios,
además, la falta de concordancia de linderos ha impedido que se pueda radicar
ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal la licencia de
urbanismo.
15) La Superintendencia de Notariado y Registro también es responsable
patrimonialmente, pues la demora en el trámite del registro de la licencia de
urbanismo permitió que se inscribiera primero la oferta de compra presentada por
la ANI a través de Covioriente SAS, lo cual impidió la continuidad del proyecto
urbanístico; la actuación de la demandada generó pérdidas económicas para los
demandantes, entre ellas la frustración de varios contratos de promesas de
compraventa. La oficina de Registros de Instrumentos Públicos tramitó con
celeridad la oferta de compra presentada por la ANI a través de Covioriente SAS,
mientras que la solicitud de los demandantes tardó más de siete meses, lo cual
vulneró el principio de igualdad de las cargas públicas7.
7 Fls. 10 a 18 del PDF “10_RECIBEPORCORREOELECTRÓNICO” índice 6 SAMAI de la primera
instancia.
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Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
Demandante: Grobes Reich SAS y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
3. Contestación de la demanda
1) Por auto del 10 de diciembre de 2021 se admitió la demanda subsanada y se
ordenó la notificación personal de las entidades demandadas8.
2) La Nación – Ministerio de Transporte manifestó que no le constaban los hechos
alegados por la parte actora y solicitó que se nieguen las pretensiones9 porque i)
no participó en la oferta de compra no. CVY-07-356, iii) no es responsable de la
posible demora en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal
(Casanare) en el trámite del registro de la licencia del proyecto urbanístico; iii)
tampoco responde por los errores cometidos por los demandantes en el trámite del
registro de la licencia y, iv) fueron los señores Epimenio Silva Dueñes y María
Isabelina Agudelo quienes aceptaron la oferta de compra; en consecuencia,
cualquier perjuicio sufrido por la sociedad Grobes Reich SAS obedece al
incumplimiento del contrato de cuentas en participación suscrito el 21 de abril de
2016. Propuso como excepciones i) “la falta de legitimación en la causa por pasiva”,
ii) “los demandantes no probaron los hechos en que fundan el medio de control” y,
iii) “la excepción genérica”.
3) Por su parte, la ANI pidió que todas las súplicas de la demanda se denieguen
por considerar que no existió alguna actuación irregular10 y en ese sentido expuso
que i) la oferta de compra presentada a través de la concesionaria Covioriente SAS
se ajustó a derecho y fue aceptada de manera íntegra por el demandante Epimenio
Silva, lo cual dio lugar a su protocolización y pago; ii) no existía impedimento para
el registro de aquella; iii) sus funciones se limitan a la administración de contratos
de concesión en los cuales la gestión predial corresponde al concesionario, quien
asume el riesgo, aspecto que ocurrió con el contrato de concesión no. 10 del 23 de
julio de 2015 celebrado con Covioriente SAS y en el cual se pactó que el
concesionario mantendría indemne a la ANI frente a reclamaciones de terceros; iv)
no se configuró la falla del servicio y, v) no se probó la pérdida de una oportunidad,
pues, no se acreditó la frustración de una expectativa cierta y razonable de obtener
una ganancia. Propuso como excepciones i) “la falta de legitimación en la causa
por pasiva” y ii) “la genérica”.
8 Índice 8 SAMAI de la primera instancia.
9 PDF “44_OFICIODEVUELTO” índice 25 SAMAI de la primera instancia.
10 PDF “45_RECIBEPORCORREOELECTRÓNICO” índice 26 SAMAI de la primera instancia.
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Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
Demandante: Grobes Reich SAS y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
4) A su turno, la Superintendencia de Notariado y Registro se opuso a las
pretensiones de la demanda11 por estimar que i) la actuación de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Yopal (Casanare) se ajustó al ordenamiento
jurídico, pues, en la nota devolutiva no. 2017-13715 se le informó al interesado la
necesidad de establecer varios aspectos técnicos, entre ellos las áreas de cesión
gratuita y las áreas destinadas a las vías; ii) la primera solicitud de registro no
prosperó por falta de diligencia del interesado y, la segunda por la tardanza del
peticionario en subsanar los aspectos técnicos; iii) el tiempo empleado por la oficina
de registro para analizar la licencia fue razonable, además, el término previsto en
el artículo 27 de la Ley 1579 de 2012 no es perentorio ni otorga derechos absolutos
a los administrados; iv) los demandantes no demostraron el cumplimiento de todos
los requisitos para desarrollar el proyecto y no pueden trasladar su propia falta de
diligencia a la entidad y, v) fue el señor Epimenio Silva, como propietario del predio,
quien aceptó la oferta de compra de la ANI a través de Covioriente SAS, lo cual dio
lugar a su inscripción y a la salida del bien del comercio, situación ajena a la entidad.
Propuso como excepciones i) “la caducidad del medio de control”, los demandantes
aducen que existió una mora en la decisión del registro del proyecto urbanístico; en
ese orden, como la solicitud les fue devuelta el 10 de junio de 2018, tenían hasta el
11 de junio de 2020 para radicar la respectiva demanda y, puesto que esta fue
ejercida el 11 de junio de 2021 es extemporánea; ii) “el servicio registral se prestó
de manera adecuada, oportuna y eficiente”; iii) “orfandad probatoria por ausencia
de los elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial del Estado por la
demostración de un daño especial”; iv) “culpa exclusiva de la víctima y hecho de un
tercero”, porque, si la demandante no obtuvo el registro de la licencia urbanismo
obedeció a su propia culpa, asimismo, fue el señor Epimenio Silva Dueñes quien
vendió el inmueble y si consideraba que la oferta de compra no debió ser registrada
debió interponer los recursos de ley; “v) inexistencia de nexo causal entre la
conducta de la Superintendencia de Notariado y Registro y los daños y perjuicios
alegados” y, vi) “la que resuelte demostrada en el proceso”.
5) La sociedad Covioriente SAS solicitó que las súplicas se nieguen12 con sustento
en los siguientes argumentos: i) el daño alegado no se encuentra demostrado, el
predio no pertenece a suelo urbano según concepto del 12 de agosto de 2016
11 PDF “52_RECIBEMEMORIALES” índice 33 SAMAI de la primera instancia.
12 PDF “53_RECIBEMEMORIALES” índice 34 SAMAI de la primera instancia.
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Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
Demandante: Grobes Reich SAS y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
emitido por la Oficina Asesora de Planeación Municipal de Yopal, en consecuencia,
la licencia no. 102-54-567 del 26 de septiembre de 2017 no cumple con las normas
urbanísticas del POT y los actores no pueden realizar en dicho predio proyectos
urbanísticos; ii) la licencia de urbanismo no fue socializada con la concesionaria y
no cumple con los requerimientos de cesión; iii) la licencia urbanística no habilita
por sí misma la celebración de promesas de compraventa y, en todo caso, los
contratos allegados por la parte actora no se ajustan a las exigencias de ley; iv) no
participó en el trámite del registro de la licencia urbanística y, en todo caso, el
periodo empleado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal
para resolverla no implica un rompimiento del principio de igualdad de las cargas
públicas; v) la nota devolutiva no configura un daño antijurídico; vi) el propietario
aceptó la oferta de compra de manera libre y voluntaria, y fue luego de su
aceptación que aquella fue registrada; vii) la escritura pública de compraventa no.
1.459 del 6 de junio de 2019 de la Notaría Primera de Yopal (Casanare) que
perfecciona la venta del bien- no pudo registrarse inicialmente por inconsistencias
en la área del predio; no obstante, luego de la actuación administrativa
correspondiente se verificó que el señor Epimenio Silva realizó ventas parciales lo
cual dejó el inmueble con una extensión de 118.110m2, mientras que la porción
adquirida por la ANI a través de Covioriente SAS fue de 5.133,91m2 y, viii) el
incumplimiento del contrato de cuentas en participación es atribuible al señor
Epimenio Silva, la entidad no tuvo ninguna injerencia en su decisión.
4. Contestación de los llamados en garantía
1) Por auto del 30 de noviembre de 202213 se aceptó el llamamiento en garantía
formulado por la ANI respecto de Covioriente SAS y la compañía de seguros La
Previsora SA.
2) La Previsora SA refutó la demanda por considerar que no existe responsabilidad
de la ANI; asimismo, se opuso al llamamiento por estimar que aquel es
improcedente dado que el tomador de la póliza es la ANI mientras que la compra
del predio la realizó Covioriente SAS por su cuenta y riesgo14; asimismo, agregó
13 Índice 37 SAMAI de la primera instancia.
14 Índice 48 SAMAI de la primera instancia.
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Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
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que en el caso de una eventual condena deben prosperar las excepciones relativas
a cobertura, límites del amparo y condiciones del contrato de seguro.
3) Covioriente SAS se opuso al llamamiento en garantía luego de afirmar que sus
actuaciones se enmarcaron en el contrato de concesión APP no. 010 de 2015 15.
4. La sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo de Casanare en sentencia del 7 de octubre de 202516
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Nación – Ministerio de Transporte, declaró no probadas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva de la ANI, Covioriente SAS, la Superintendencia
de Notariado y Registro, declaró probadas las excepciones de ‘orfandad probatoria
por ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial del
Estado por la demostración de un daño especial’ e ‘inexistencia de los requisitos
para que se configure la responsabilidad administrativa en cabeza de la
Concesionaria Vial de Oriente SAS’ y negó las pretensiones de la demanda, por las
siguientes razones:
1) El artículo 2 del Decreto 87 de 2011 establece las funciones del Ministerio de
Transporte y ninguna de ellas guarda relación con los hechos del proceso; en
consecuencia, prospera la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de dicha entidad.
2) Los demandantes afirmaron que no pudieron ejecutar el proyecto inmobiliario
porque i) el trámite a cargo de la Oficina de Instrumentos Públicos de Yopal no fue
oportuno y, ii) Covioriente SAS gestionó la oferta de compra del inmueble para la
realización de una vía nacional a cargo de la ANI, lo cual lo sacó del comercio; sin
embargo, la revisión de las pruebas obrantes en el plenario da cuenta de que los
demandantes en realidad no tenían la facultad para realizar el proyecto.
En efecto, de los elementos materiales probatorios obrantes en el expediente se
acreditó que i) los actores celebraron el contrato de cuentas en participación y sin
contar con la licencia de urbanismo debidamente registrada suscribieron varios
15 Índice 49 SAMAI de la primera instancia.
16 Índice 181 SAMAI de la primera instancia.
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contratos de promesas de venta con relación a unidades habitacionales y, ii) la
empresa Grobes Reich SAS y su representante legal fueron inhabilitados
judicialmente para realizar negocios inmobiliarios (como se evidencia en sentencias
del 20 de noviembre de 2020 y 5 de noviembre de 2021 emitidas respectivamente
por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Yopal) y, pese a ello, continuaron con actividades que afectaron a
terceros inversionistas.
3) Respecto del proyecto inmobiliario denominado Canaguaros se determinó que i)
el 21 de abril de 2016, la sociedad Grobes Reich SAS y los señores Epimenio Silva
Dueñes y María Isabelina Agudelo celebraron un contrato de cuentas en
participación cuyo objeto consistió en el desarrollo inmobiliario de un lote de terreno
sin construir, con una extensión de 15 hectáreas, denominado ‘Guafalito’ y ubicado
en la vereda El Charte del municipio de Yopal; ii) la sociedad Grobes Reiche SAS
actuó como socia gestora y entre sus obligaciones asumió la obtención de la
licencia debidamente aprobada; iii) la Oficina de Planeación Municipal de Yopal
mediante Resolución no. 1024567 del 27 de septiembre de 2017 aprobó el proyecto
urbanístico Canaguaros; iv) el 14 de diciembre de 2017 se radicó ante la Oficina de
Instrumentos Públicos de Yopal la escritura pública que contenía la licencia de
urbanismo; v) el 24 de julio de 2018, dicha oficina emitió nota devolutiva, entre otros
aspectos, por inconsistencias relacionadas con la naturaleza del suelo; vi) en
respuesta, los demandantes acudieron a la Oficina Asesora de Planeación
Municipal de Yopal quien por Resolución no. 1003302814 del 21 de diciembre de
2018, notificada el 14 de enero de 2019, precisó que el proyecto se encontraba en
suelo urbano tal como constaba en el concepto de uso de suelo emitido por esa
dependencia; vii) el 21 de enero de 2019 los demandantes radicaron nuevamente
los documentos para el registro de la licencia de urbanismo; no obstante, el trámite
fue rechazado mediante nota devolutiva del 8 de febrero de 2019 debido a la
inscripción de una oferta de compra de la ANI que dejó el inmueble por fuera del
comercio, contra esta decisión procedían los recurso de reposición y apelación, los
cuales no fueron interpuestos por los aquí actores.
4) La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos rechazó el registro de la licencia
inicial de urbanismo debido a inconsistencias relacionadas con la naturaleza del
predio (si era urbano o rural), su cabida y dimensiones, estas situaciones debían
ser subsanadas por los demandantes y, mientras ello no ocurriera, no era posible
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realizar ventas del proyecto; por consiguiente, cualquier enajenación efectuada en
esas condiciones carecía de amparo jurídico.
5) Fue el propio propietario del bien quien, de manera consciente y voluntaria
decidió aceptar la oferta de compra realizada por la ANI a través de Covioriente
SAS, la cual fue inscrita antes de que se radicara de nuevo la licencia de urbanismo
ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; por lo tanto, la imposibilidad
de inscripción obedeció a su propia actuación.
6) No hay lugar a condenar en costas por no encontrarse acreditada una conducta
irregular de la parte vencida.
5. El recurso de apelación
La sociedad Grobes Reich SAS interpuso recurso de apelación17 en el cual solicitó
la revocatoria de la sentencia impugnada con sustento en los siguientes
argumentos:
1) El tribunal de primera instancia afirmó que los actores desarrollaron la actividad
comercial sin respaldo legal, conclusión que desconoce las pruebas obrantes en el
proceso.
Las promesas de compraventa del proyecto inmobiliario Canaguaros tenían como
sustento la licencia urbanística válida expedida por la autoridad competente, esto
es, se contaba con un acto administrativo habilitante y la comercialización de los
bienes estaba determinada por la vigencia de aquel; cosa diferente es que la
licencia no se pudo registrar debido al bloqueo derivado de la oferta de compra no.
CVY-07-356 inscrita por la concesionaria Covioriente SAS y que conllevó a que la
sociedad gestora perdiera la oportunidad de culminar el plan de ventas del proyecto
inmobiliario.
2) La jurisprudencia del Consejo de Estado reconoce la pérdida de oportunidad
como un daño autónomo e indemnizable cuando se acredita la frustración de una
probabilidad seria por una actuación estatal, situación que se presenta en este
17 Índice 63 SAMAI de la primera instancia.
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caso. El fallo de primera instancia impone indebidamente a la demandante la carga
de demostrar el resultado final, lo cual contradice el artículo 90 de la Constitución
Política.
3) El a quo negó las pretensiones de la demanda en una supuesta inhabilidad para
contratar de la sociedad Grobes Reich SAS y su representante legal; pero i) dicha
inferencia se apoya en documentos aportados de manera extemporánea por la
sociedad Covioriente SAS, los cuales fueron valorados sin que cumplieran los
estándares de necesidad, oficiosidad, pertinencia, contemporaneidad y oportunidad
probatorias; los artículos 165 y subsiguientes del CPACA y el artículo 173 del CGP
disponen que la decisión debe fundarse en pruebas debidamente incorporadas,
salvo prueba sobreviniente que haya sido plenamente controvertida, aspecto que
no ocurrió en el proceso de la referencia; ii) en todo caso, la supuesta inhabilidad
es sobreviniente, pues, aquella se registró en la Cámara de Comercio de Yopal
(Casanare) el 21 de julio de 2025, es decir, con posterioridad a los hechos que se
alegan como generadores daño; para la fecha de celebración del contrato de
cuentas en participación del trámite de la licencia de urbanización no existía
ninguna inhabilidad, además, las sentencias civiles citadas por el tribunal se
refieren a un proyecto distinto al de Canaguaros.
4) El tribunal también negó las súplicas de la demanda sobre la base de establecer
que el señor Epimenio Silva Dueñes era plenamente capaz, pero omitió valorar de
manera integral los elementos probatorios, en particular que i) la oferta de compra
fue la que generó el bloqueo registral que impidió a la sociedad demandante
inscribir la licencia subsanada; ii) los demandantes actuaron con diligencia pues,
gestionaron las correcciones pedidas por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Yopal ante la Oficina de Planeación de Yopal, solicitaron la prórroga de
la licencia de urbanismo ante el municipio, presentaron peticiones para obtener la
cancelación de la anotación de la oferta de compra por vencimiento de términos y
presentaron los recursos contra la nota devolutiva y, iii) la actuación de la
administración frustró la posibilidad real de desarrollar el proyecto inmobiliario.
5) Debe declararse la nulidad parcial de la actuación por vulneración del debido
proceso ya que, se incorporaron y valoraron documentos relacionados con una
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inhabilidad de Grobes Reich SAS por fuera de la oportunidad legal; asimismo, se
debe ejercer un control de convencionalidad sobre la sentencia impugnada.
6. Actuación surtida en segunda instancia
El 23 de enero de 2026 se admitió el recurso de apelación18 y el 17 de febrero de
2026 ingresó el expediente al despacho para dictar sentencia, según lo dispuesto
en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 202119.
En esta oportunidad procesal Covioriente SAS20 y la Superintendencia de Notariado
y Registro pidieron confirmar la sentencia impugnada21; en ese sentido, esta última
entidad, además de los argumentos dados por el tribunal de primera instancia, puso
de presente que i) el daño sufrido por la parte demandante en realidad tiene fuente
en dos actos administrativos (la nota devolutiva de la inscripción de la licencia de
urbanismo y el registro de la oferta de compra), de modo que el medio de control
judicial procedente en realidad es el de nulidad y restablecimiento del derecho; ii)
en la hipótesis de que se aceptara la existencia de un daño, lo cierto es que, este
es jurídico y proviene del cumplimiento de un deber legal, la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Yopal no podía registrar la licencia de urbanismo por la
sencilla razón de que no se cumplían los requisitos exigidos por la ley para su
inscripción, iii) aún sin la oferta de compra de la ANI el proyecto urbanístico
Canaguaros estaría suspendido porque se pretendía realizar una urbanización en
suelo rural y, iv) si bien el trámite del registro de la licencia de urbanismo ante la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos tuvo una duración de más de siete
meses, también es cierto que en ese tiempo la entidad ofició en repetidas
oportunidades a varias entidades para que respondieran diversas solicitudes.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, procede la Sala a resolver el presente
asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) asunto previo, la
18 Índice 3 SAMAI.
19 Índice 14 SAMAI.
20 Índice 11 SAMAI.
21 Índice 9 SAMAI
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nulidad alegada por la parte demandante; 2) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 3) medio de control judicial procedente, ineptitud parcial de la demanda
respecto de imputaciones que tienen origen en actos administrativos y contratos, 4)
análisis de la imputación que tiene como fuente un hecho de la administración, 5)
conclusión y, 6) condena en costas.
1. Asunto previo, la nulidad alegada por la demandante
1) La sociedad Grobes Reich SAS considera que existe una nulidad de la sentencia
de primera instancia, por el hecho de que el a quo en la providencia impugnada dio
pleno valor probatorio a los documentos aportados por la sociedad Covioriente SAS
y visibles en los índices 152 y 167 SAMAI 22.
2) Sobre el particular, la revisión del expediente de la referencia da cuenta que
i) mediante memoriales del 21 de julio y 4 de agosto de 2025 (visibles en los índices
152 y 167 SAMAI) Covioriente SAS aportó los documentos y refirió que si bien estos
no fueron solicitados en la contestación de la demanda como pruebas, se trataba
de elementos materiales que surgieron con posterioridad a la contestación, los
cuales consideraba pertinentes para el proceso de la referencia; ii) el Tribunal
Administrativo de Casanare mediante auto del 16 de septiembre de 2025 los
incorporó como pruebas, junto con otros documentos allegados por la parte actora
(índice 170 SAMAI de la primera instancia) y, iii) la anterior decisión fue notificada
a las partes (índices 174, 175 y 177 del SAMAI de la primera instancia) quienes no
interpusieron ningún recurso contra la decisión.
3) Del anterior recuento, para la Sala es evidente que no existió ninguna nulidad
porque el tribunal de primera instancia por auto debidamente justificado indicó las
razones por las cuales incorporaba como pruebas tanto los documentos aportados
por la parte actora como aquellos allegados por Covioriente SAS, esta decisión fue
debidamente notificada a las partes quienes no controvirtieron la decisión de
tribunal; de modo que no se puede ahora en la segunda instancia cuestionar la
22 En concreto, estos fueron el certificado de existencia y representación legal de la empresa Grobes
Reich SAS del 21 de julio de 2025, la sentencia de primera instancia del 20 de noviembre de 2020
emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal en el expediente no. 2016-00232; la
sentencia de segundo grado del 5 de diciembre de 2021 dictada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Yopal que confirma la providencia anterior y, el oficio no. 200 del 9 de marzo de 2022
expedido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal con destino a la Cámara de Comercio
de Yopal (Casanare).
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incorporación de unas pruebas frente a las cuales en la oportunidad legal no se
realizó ningún cuestionamiento, circunstancia por la cual cualquier irregularidad que
hubiera podido existir quedó saneada.
4) Sobre esto último es importante precisar que lo alegado por la parte actora no se
encuentra en ninguna de las causales de nulidad del artículo 133 del CGP, aplicable
a esta jurisdicción por remisión directa del artículo 306 del CPACA.
2. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
1) Precisado lo anterior, presentada como fue la demanda de manera oportuna23,
corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la Superintendencia de
Notariado y Registro, la ANI y la sociedad Covioriente SAS son patrimonial y
extracontractualmente responsables por el daño reclamado por la sociedad Grobes
Reich SAS consistente en que perdió la oportunidad de continuar con el proyecto
inmobiliario Canaguaros, lo cual atribuye a la actuación de las demandadas.
2) Sobre esto último, la revisión de la demanda y su subsanación evidencia que la
parte actora sostiene que perdió la oportunidad de continuar con el proyecto
urbanístico Canaguaros por cuatro circunstancias distintas: i) por uno lado, por la
mora de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (Yopal) en tramitar el
registro de la licencia de urbanismo no. 102.54.567 y presentada por la sociedad
Grobes Reich SAS, situación que, según afirma, permitió que se registrara primero
la oferta de compra de la ANI a través de la sociedad Covioriente SAS en la
matrícula inmobiliaria no. 470-5713; ii) por la expedición de la nota devolutiva no.
2017-13715 del 24 de julio de 2018 por parte de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos (Yopal), en la que no se bloqueó la citada matrícula
inmobiliaria; iii) por la oferta de compra no. CVY07-356 por parte de la sociedad
Covioriente SAS, avalada por la ANI, pues, a su juicio, estas entidades
desconocieron la existencia de la licencia de urbanismo y “se aprovecharon” de la
23 La apelante refiere que el daño se encuentra en la imposibilidad de continuar con el proyecto
inmobiliario Canaguaros, aspecto del cual tuvo conocimiento con la nota devolutiva del registro de
la licencia de urbanismo que le fue notificada el 19 de febrero de 2019 y en la cual se enteró que el
predio quedó por fuera del comercio; en ese sentido, de conformidad con el literal i) del numeral 2
del artículo 164 del CPACA la demandante contaba en principio hasta el 20 de febrero de 2021 para
radicar la demanda; sin embargo, por efectos de la pandemia COVID-19 los términos se ampliaron
hasta el 5 de junio de 2021, de modo que la demanda radicada el 1° de junio de 2021 fue oportuna
(PDF “07_ED_ACTADEPARTO” índice 3 SAMAI de la primera instancia), esto sin contar que los
términos se ampliaron aún más por efectos de la conciliación prejudicial.
18
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condición del señor Epimenio Silva Dueñes como adulto mayor sin formación
académica y, iv) por el registro de la oferta de compra no. CVY07-356 de la ANI a
través de la sociedad Covioriente SAS en la matrícula inmobiliaria no. 470-5713.
3) La Sala modificará la decisión apelada en el siguiente sentido: i) respecto de la
imputación relacionada con la mora en el trámite del registro de la licencia de
urbanismo no. 102.54.567 se negarán las pretensiones de la demanda por la falta
de acreditación del daño antijurídico alegado; ii) en cuanto a las imputaciones
relativas a la nota de devolución no. 2017-13715 y el acto de registro de la oferta
de compra realizada por la ANI en la matrícula inmobiliaria no. 470-5713 no se hará
un pronunciamiento de fondo y se declarará probada la excepción de indebida
escogencia del medio de control judicial, por razón de que la fuente del daño
alegado proviene de sendos actos administrativos que debieron cuestionarse por
la vía de la nulidad y restablecimiento del derecho, no a través de la reparación
directa y, iii) en relación con la oferta de compra no. CVY07-356 presentada por la
ANI a través de la sociedad Covioriente SAS24, también se declarará probada la
excepción de indebida escogencia del medio de control judicial, puesto que la
fuente del daño es de naturaleza jurídica contractual.
4) De otra parte, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró probada
la ausencia de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de
Transporte por no ser objeto del recurso de apelación; asimismo, no se emitirá
pronunciamiento respecto de las pretensiones del señor Epimenio Silva Dueñes,
debido a que no interpuso recurso en contra de la sentencia de primera instancia.
3. Medio de control judicial procedente, ineptitud parcial de la demanda
respecto de imputaciones que tienen origen en actos administrativos y
contratos
1) Como previamente se anotó, entre los cargos de la demanda y su subsanación
se acusa a la Superintendencia de Notariado y Registro de incurrir en una falla del
servicio registral porque i) mediante la nota devolutiva no. 2017-1375 rechazó el
24 La ANI fue la entidad que adquirió el inmueble, mientras que Covioriente SAS actúo en
representación de aquella por la modalidad de delegación de funciones para la adquisición de
predios destinados al proyecto de infraestructura de transporte ‘Proyecto Corredor Vial Villavicencio-
Yopal”, tal como se aprecia entre otros documentos, en la escritura pública de compraventa parcial
no. 1459 del 6 de junio de 2019 de la Notaría Primera del Círculo de Yopal (Casanare) (fls. 572 a
585 PDF “53_Recibememoriales” expediente digital).
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registro de la licencia de urbanismo no. 102.54.567 sin bloquear la matrícula
inmobiliaria no. 470-5713 (para la demandante, la solicitud no debía devolverse sino
suspenderse, al tiempo que se debía bloquear dicha matrícula inmobiliaria para
impedir nuevos actos de registro25) y, ii) registró en el folio de matrícula inmobiliaria
no. 470-5713 la oferta de compra no. CVY07-356 de la ANI a través de la sociedad
Covioriente SAS pese a que, en su criterio, involucraba dos predios distintos con
titulares de dominio diferentes26.
2) Frente a lo anterior, la Sala advierte que el medio de control jurisdiccional de
reparación directa consagrado en el artículo 140 del CCA está concebido para
procurar la indemnización del daño derivado de un hecho, una omisión, una
operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmuebles por
causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa, siempre que esta última no
consista en un acto administrativo, porque, cuando este constituye la fuente de un
daño, por regla general, la ley prevé como medio de control pertinente y procedente
la de nulidad y restablecimiento del derecho.
25 En la demanda en concreto se indicó que “la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Yopal, en abierto desconocimiento de la ley y rompiendo el principio de igualdad entre las cargas
públicas, mantuvo la petición de registro de la aludida licencia por más de ciento cincuenta y dos
días hábiles, es decir, un poco más de siete meses (7) y dieciocho (18) días, decidiendo a través
de la Resolución No. 0075 del 06 de junio de 2018 y la nota devolutiva No. 2017-13715 la
necesidad de subsanar, entre otros ‘las áreas de cesión gratuita’ y ‘la cesión expresa de las áreas
destinadas a las vías, equipamentos colectivos y espacio público en general’. La Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Yopal, no solo excedió el límite previsto en el artículo 27 de la ley 1579
de 2012 -es decir, los diez (10) días hábiles que tenía para protocolizar la inscripción-, sino que
tampoco suspendió el trámite registral de conformidad con el artículo 181 de la ya referida norma
-que debió haber sido por treinta (30) días-, de haberse realizado el trámite legal previsto, el folio
de matrícula inmobiliaria se hubiera bloqueado, protegiendo los derechos adquiridos en la
licencia, situación que sí se hizo con Covioriente S.A.S al bloquear el folio con la oferta de compra”
(fl. 12 del PDF “10_RECIBEPORCORREOELECTRONICO” índice 6 SAMAI de la primera instancia
– negrillas fuera de texto).
26 Se manifestó en la demanda que “Al revisarse la información contenida en el CVY 07-356, el
señor SILVA DUEÑES con asesoría de GROBES REICH S.A.S., a través de su representante legal
(socio gestor), se percataron que el equipo jurídico de COVIORIENTE S.A.S mezcló dentro de la
oferta de compra, dos predios con matrícula inmobiliaria diferente y cuyos titulares del derecho real
de dominio son distintos, situación que los hace excluyentes entre sí (…). Se presentó derecho de
petición a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal, donde se solicitó
cancelar la anotación No. 009 en la que figura la oferta de compra hecha por la ANI
representada por COVIORIENTE S.A.S; sin embargo, mediante oficio No.
ORIPYOP4702020EE01828 del 13 de agosto de 2020, dicha oficina informó la no procedencia de
la cancelación solicitada y, asimismo, indicó que no se había radicado la correspondiente escritura
pública de compraventa del terreno y menos aún, la Resolución de Expropiación, tal como lo
establece la norma (…) En ese sentido, se advierte el obrar malicioso por parte de la
Superintendencia de Notariado y Registro, la ANI y COVIORIENTE S.A.S, comoquiera que no
se ha podido legalizar la oferta de compra, atendiendo a que no coincide la información del
folio de matrícula inmobiliaria con la que contiene el CVY 7-356, lo que está generando el
detrimento patrimonial a mis clientes” (fls. 14 a 16 del PDF
“10_RECIBEPORCORREOELECTRONICO” índice 6 SAMAI de la primera instancia – negrillas
fuera de texto).
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3) De manera excepcional, la jurisprudencia de esta Corporación ha puesto de
presente que existen algunos eventos en los cuales el medio de control
jurisdiccional de reparación directa es procedente cuando el daño proviene de actos
administrativos, así:
“A modo de epílogo, son cuatro las excepciones que hasta este
momento se han identificado en la jurisprudencia y que permiten
afirmar que la acción de reparación directa es el cauce procesal
idóneo cuando el origen del daño lo constituya una actuación
administrativa: (i) reparación de perjuicios causados por la ejecución de
actos administrativos consonantes con el ordenamiento jurídico en los
que no se controvierta su legalidad y se atente contra el principio de
igualdad frente a las cargas públicas; (ii) reparación de perjuicios
causados por la expedición y ejecución del acto administrativo ilegal que
haya sido anulado o haya sido objeto de revocatoria directa por la propia
administración, sin incidencia de la conducta del sujeto pasivo del acto
administrativo; (iii) reparación como consecuencia de la configuración de
un daño derivado de una manifestación de la administración contra la cual
no procede la acción de legalidad pertinente, como ocurre con los actos
preparatorios o de trámite; (iv) reparación de los perjuicios causados por
la anulación o revocatoria directa de un acto administrativo que hubiere
beneficiado al actor, cuando la anulación o revocatoria directa hubiere
sido causada por la inobservancia de las reglas propias del procedimiento
administrativo o de las normas que rigen el ejercicio de la actividad
administrativa”27.
4) En punto de la naturaleza jurídica de los “actos de registro”, esta Corporación ha
considerado que ostentan el carácter de verdaderos actos administrativos por el
hecho de que con ellos se pone fin a las actuaciones administrativas de registro y
que, además, son pasibles de control jurisdiccional28 en aplicación del artículo 84
del CCA, hoy 137 del CPACA, según el cual la legalidad de estos actos es
susceptible de revisión por parte del juez de lo contencioso administrativo:
“ARTÍCULO 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por
medio de representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en
que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los
profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019,
expediente 46.806, MP Ramiro Pazos Guerrero.
28 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de octubre de 2010, expediente 11001-03-
24-000-2004-00300-01, MP Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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servicio y de los actos de certificación y registro (…).” (destaca la
Sala).
5) En ese contexto, en relación con los dos cargos antes referidos, resulta claro que
la fuente invocada como causa o fundamento del daño corresponde a sendos actos
administrativos relacionados con el registro, pues, se trata de decisiones emitidas
por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal (Casanare) en
ejercicio de función administrativa a través de las cuales se resolvieron unas
situaciones jurídicas particulares y concretas, en este caso relacionadas con el
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria no. 470-5713 de propiedad del
señor Epimenio Silva Dueñes, respuestas de las cuales se formulan reproches de
irregularidad o ilegalidad.
6) Los supuestos de la pretendida falla del servicio aducidos en la demanda se
concretan, por una parte, en la devolución de la solicitud del registro de licencia
urbanística29 -en lugar de la suspensión del trámite y el bloqueó de la matrícula
inmobiliaria no. 470-5713- y, de otra, en el registro de la oferta de compra
presentada por la ANI a través de la sociedad Covioriente SAS; no obstante, estas
dos circunstancias en realidad son expresiones de la administración producidas a
través de sendos actos administrativos con presunción de legalidad y no
propiamente hechos administrativos.
7) Aunque la parte actora indicó que no pretendía la nulidad de los actos
administrativos, lo cierto es que, en realidad sí controvierte la legalidad de estos
cuando sostiene que i) el trámite del registro de la licencia debía suspender y la
matrícula inmobiliaria debía bloquearse, lo cual implica un reproche al acto de
devolución- y, ii) la oferta de compra presentada por la ANI a través la sociedad
Covioriente SAS fue irregular y no cumplía los requisitos de ley, lo que evidencia
un cuestionamiento al acto de registro de aquella.
8) En ese contexto, frente a las imputaciones relacionadas con el acto de devolución
y el acto de registro dado que la parte demandante considera que son contrarios al
ordenamiento jurídico e incidieron en su situación particular y concreta la vía
29 Esta Corporación en diferentes oportunidades ha expresado que las notas devolutivas de las
Oficinas de Registros de Instrumentos Públicos son actos administrativos; al respecto se puede
consultar Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 30 de mayo de 2024, expediente no.
2007-00391-01 MP Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
22
Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
Demandante: Grobes Reich SAS y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
procesal procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida
que de modo consecuencial se persigue una indemnización de perjuicios.
Sobre el punto, es pertinente señalar que no se está en presencia de ninguno de
los eventos en los que, por excepción, es viable el ejercicio del medio de control de
reparación directa. En efecto, no se invocan como sustento de la demanda i) la
causación de un daño por el hecho de la expedición de un acto administrativo lícito,
ii) tampoco actos administrativos previamente declarado nulos, iii) actos de trámite,
preparatorios o no susceptibles de control jurisdiccional, iv) actos administrativos
que hubieran sido objeto de revocatoria directa por la administración o, v) que el
perjuicio patrimonial alegado provenga de una operación administrativa donde no
se discuta la legalidad del acto que dio lugar a ella.
9) Estas consideraciones son congruentes con el precedente jurisprudencial
emitido por distintas Secciones de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo
de Estado que, a través de sendos pronunciamientos han sido coincidentes en
precisar que el medio de control jurisdiccional idóneo para solicitar indemnización
patrimonial, cuando el daño reclamado proviene de actos de registro cuya legalidad
se cuestiona30 es el de nulidad y restablecimiento del derecho31 y, si no se pretende
el restablecimiento de un derecho subjetivo o este no se repara de manera
necesaria o automática como consecuencia de la anulación del respectivo acto, el
30 La Sección Tercera del Consejo de Estado en varias oportunidades ha indicado que la reparación
directa es procedente, de manera excepcional, cuando no se cuestiona la legalidad de las
decisiones relacionadas con la función registral, verbigracia en los casos correspondientes a actos
de registro que fueron anulados por una autoridad judicial. Al respecto se puede consultar Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2012, expediente 25000-
23-26-000-1996-03282-01 (20.042), MP Hernán Andrade Rincón, en esta sentencia se reitera el
pronunciamiento de la Sección Primera del Consejo de Estado del 3 de noviembre de 2011,
expediente 23001-23-31-000-2005-00641-01, MP Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2016, expediente 13001-
23-31-000-1999-01205-01 (35.941), MP Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de mayo de 2017, expediente 88001-23-31-000-2004-
00013-01 (35.090), MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 18 de mayo de 2017, expediente 08001-23-31-000-1996-11294-01
(46.132), MP María Adriana Marín.
31
Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 20 de noviembre de 2019, expediente 11001-03-
24-000-2013-00215-00, MP Nubia Margoth Peña Garzón; Consejo de Estado, Sección Primera,
auto del 28 de febrero de 2020, expediente 11001-03-24-000-2018-00263-00, MP Hernando
Sánchez Sánchez; Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 13 de marzo de 2020, expediente
11001-03-24-000-2018-00446-00, MP Roberto Augusto Serrato y Consejo de Estado, Sección
Primera, auto del 13 de octubre de 2021, expediente 11001-03-24-000-2021-00112-00, MP Oswaldo
Giraldo López.
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Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
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control de la legalidad de este puede provocarse, válidamente, a través del medio
de control jurisdiccional de simple nulidad32.
10) Por lo tanto, aunque la parte actora dijo ejercer, nominalmente, el medio de
control judicial de reparación directa por considerar que existió un rompimiento del
principio de igualdad de las cargas públicas, lo cierto es que, del contenido integral
de la demanda y de su subsanación, la Sala advierte que lo que realmente se
pretendió fue la reclamación de los perjuicios generados con i) la nota devolutiva
no. 2017-1375 de la solicitud de registro del proyecto urbanístico Canaguaros y ii)
el acto de registro de la oferta de compra de la ANI a través la sociedad Covioriente
SAS en la matrícula inmobiliaria no. 470-5713, actos frente a los cuales la parte
actora sí esgrime reproches de ilegalidad.
11) Lo anterior implica, necesaria e indefectiblemente, que el medio de control
jurisdiccional de reparación directa resulte improcedente, pues la fuente del daño
cuya reparación se reclama se encuentra en sendos actos administrativos que, por
su naturaleza jurídica están amparados con presunción de legalidad; por
consiguiente, para acceder a las pretensiones de reparación, la parte actora
ineludiblemente debía demandar la nulidad de tales actos.
12) En consecuencia, desde el punto de vista material, las correspondientes
pretensiones debieron recabarse a través del medio de control jurisdiccional de
nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual la Sala encuentra que
parcialmente se configura una indebida escogencia del medio de control, situación
que torna improcedente un pronunciamiento de fondo en relación con aquellos
planteamientos de la demanda relativos a i) los actos administrativos por los cuales
32 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 3 de agosto de 2006, expediente 11001-03-
24-000-1995-00208-01, MP Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencia del 7 de octubre de 2010, expediente 11001-03-24-000-2004-00300-01, MP
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 3 de
noviembre de 2011, expediente 23001-23-31-000-2005- 00641-01, MP Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de mayo de 2018, expediente
25000-23-24-000-2008-00408-01, MP Oswaldo Giraldo López; Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencia del 23 de febrero de 2023, expediente 25000-23-24-000-2012-00600-01, MP
Nubia Margoth Peña Garzón; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21
de noviembre de 2022,expediente 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044), MP José Roberto
Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 31 de enero de 2020,
expediente 25000-23-36-000-2018-000857-01 (64.337), MP Jaime Enrique Rodríguez Navas y
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 31 de mayo de 2018, radicación número: 25000-
23-24-000-2008-00408-01, MP Lucy Jeanette Bermúdez Bermúdez.
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Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
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se decidió no registrar la licencia de urbanismo relativa al proyecto Canaguaro y ii)
el acto registro de la oferta de compra por parte de la ANI en el folio de matrícula
inmobiliaria no. 470-5713, por cuanto, la adecuada escogencia del medio de control
judicial constituye presupuesto de la sentencia de mérito, como lo ha sostenido esta
Sección del Consejo de Estado33.
13) De otro lado, la indebida escogencia del medio de control judicial de reparación
directa, también se predica de la oferta de compra realizada por la ANI a través de
la sociedad Covioriente SAS al señor Epimenio Silva Dueñes.
14) Ciertamente, la demandante sostuvo que i) el señor Silva Dueñes suscribió un
contrato de cuentas en participación con la sociedad Grobes Reich SAS mediante
el cual aportaba el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria no. 470-5713
para el desarrollo del proyecto urbanístico Canaguaros; ii) en virtud de dicho
contrato el señor Epimenio Silva Dueñes “no estaba facultado para realizar
negocios jurídicos diferentes al acordado con la sociedad Grobes Reich SA y, en
caso de presentarse alguno, debía contar con la autorización de los otros socios
del contrato de cuentas en participación, so pena de las sanciones señaladas en el
artículo 511 del C. de Co”34; iii) el 27 de octubre de 2017 remitió a Covioriente SAS
la licencia de urbanismo no. 102.54.567 del 27 de septiembre de 2017 junto con la
documentación del proyecto, incluido el contrato de cuentas en participación35, iv)
pese a conocer la anterior información, “de manera sagaz la ANI a través de la
concesionaria Covioriente SAS, el 03 de enero de 2019, le presentaron al señor
Silva Dueñes una oferta de compra sin que se hubiera explicado de manera clara
el motivo de la misma (…) por lo cual es evidente la mala fe con la que se actuó por
parte del departamento jurídico y predial de Covioriente SAS (…) el señor Silva
Dueñes fue inducido al error”36 y, v) la oferta de compra no. CVY 07-356 fue
aceptada por el señor Epimenio Silva Dueñes, quien recibió el pago
correspondiente por la franja de terreno adquirida por la ANI.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de abril de 2010, expediente
17.811, MP Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 23 de noviembre de 2022, expediente 57.906, MP Fredy Ibarra Martínez.
34
Fl. 13 del PDF “10_RECIBEPORCORREOELECTRONICO” índice 6 SAMAI de la primera
instancia – negrillas fuera de texto.
35 Fl. 11 del PDF “10_RECIBEPORCORREOELECTRONICO” índice 6 SAMAI de la primera
instancia – negrillas fuera de texto.
36
Fl. 13 del PDF “10_RECIBEPORCORREOELECTRONICO” índice 6 SAMAI de la primera
instancia – negrillas fuera de texto.
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Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
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15) La parte actora sostiene que la ANI y la sociedad Covioriente SAS
desconocieron la existencia del contrato de cuentas en participación y formularon
una oferta de compra que fue aceptada por el señor Silva Dueñes, aspecto que dio
lugar a la escritura pública de compraventa parcial no. 1401 del 15 de mayo de
2023 de la Notaría Primera de Yopal (Casanare)37; para la sociedad Grobes Reich
SAS la oferta y su aceptación no eran procedentes porque el vendedor carecía de
capacidad jurídica para tal proceder y fue inducido en error.
16) En ese sentido, la Sala advierte que la demandante cuestiona el negocio
jurídico de compraventa celebrado entre el señor Epimenio Silva Dueñes y la ANI,
entre otras razones, por la existencia de posibles vicios del consentimiento, de
modo que el medio de control procedente es el de controversias contractuales y no
el de reparación directa38, razón por la cual se declarará probada la excepción de
indebida escogencia del medio de control jurisdiccional ejercido con la demanda en
cuanto a ese punto de la controversia se refiere.
17) Finalmente, la Sala precisa que en virtud de lo dispuesto en el artículo 165 del
CPACA se pueden acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y restablecimiento
del derecho, contractuales y de reparación directa, siempre y cuando se satisfagan
las siguientes condiciones: i) que sean conexas; ii) que el juez sea competente para
conocer de todas; iii) que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se
formulen como principales y subsidiarias; iii) que no haya operado la caducidad
37 En el plenario no reposa dicha escritura, empero se sabe de su existencia por la anotación no. 13
en el folio de matrícula inmobiliaria no. 470-5713 (fl. 6 del PDF “127_MemorialWeb” índice 102
SAMAI de la primera instancia).
38 La Subsección B del Consejo de Estado en sentencia del 6 de julio de 2020, expediente no.
55.504, MP Alberto Montaña Plata, estudió el caso de una persona natural que a través de la acción
de controversias contractuales solicitaba se le indemnizara una serie de perjuicios que aducía le
fueron causados con la celebración de un contrato de compraventa de inmueble, el cual aceptó
enajenar voluntariamente en un procedimiento de expropiación administrativa. En dicha oportunidad
se explicó que el propietario de un inmueble cuya adquisición pretende realizarse mediante el
procedimiento de expropiación administrativa puede adoptar uno de dos comportamientos: (1)
aceptar la oferta de compra tendiente a lograr la enajenación voluntaria o; (2) rechazar o guardar
silencio ante la oferta de compra efectuada y, posteriormente, discutir la decisión de expropiación
administrativa o el precio indemnizatorio mediante la interposición de recurso de reposición o a
través de la acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de
1997. De optar por enajenar voluntariamente el inmueble, una vez celebrados la promesa de
compraventa o el contrato de compraventa, según el caso, el vendedor no puede controvertir
judicialmente el precio acordado, salvo que solicite la rescisión del contrato de compraventa por
lesión enorme, en los términos de los artículos 1946 y siguientes del Código Civil; asimismo, se
puede discutir la existencia de vicios del consentimiento; en la providencia aludida estos últimos no
se estudiaron porque aunque el tribunal de primera instancia los estudio, lo cierto es que en la
demanda de controversias contractuales no se incluyó alguna pretensión sobre los vicios del
consentimiento.
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Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
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respecto de alguna de ellas; y, iv) que todas puedan tramitarse mediante el mismo
procedimiento.
18) En el asunto objeto de estudio se advierte que i) la parte demandante no formuló
las pretensiones de reparación directa, de nulidad y restablecimiento del derecho y
las contractuales como principales y subsidiarias, sino que, las presentó
únicamente como de reparación directa y, ii) tales pretensiones no provienen de
una misma situación fáctica y jurídica, por lo cual carecen de conexidad, pues, la
reparación directa se fundamenta en la supuesta mora de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos en tramitar el registro de la licencia urbanística presentada
por la actora, pero al mismo tiempo se hacen cargos de ilegalidad contra los actos
administrativos relacionados con el registro proferidos por aquella, lo cual es propio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; mientras que la
formulada contra la ANI y la sociedad COVIORIENTE SAS se sustenta en la oferta
de compra realizada al señor Epimenio Silva Dueñes.
19) En consecuencia, no es procedente examinar las súplicas de nulidad y
restablecimiento del derecho ni las contractuales; por tanto, se declarará probada
la indebida escogencia del medio de control judicial respecto de estas39.
4. Análisis de la imputación que tiene como fuente un hecho de la
administración
1) En la demanda y en el recurso de apelación se afirma que la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Yopal (Casanare) tardó más de siete meses en
tramitar el registro de la licencia de urbanismo no. 102.54.567 para el inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria no. 470-5713, circunstancia que llevó a
que se registrara primero la oferta de compra CVY07-356 de la ANI y de la sociedad
Coviorente SAS, lo que le hizo perder la oportunidad de desarrollar el proyecto
urbanístico Canaguaros.
39 Se pone de presente que esta Sala en un asunto en el que se formularon pretensiones de nulidad
y restablecimiento del derecho, cuando era de reparación directa, declaró probada la excepción de
indebida escogencia del medio de control. Al respecto ver Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 7 de diciembre de 2023, expediente no. 61.166 MP Alberto Montaña
Plata.
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2) La Sala precisa que lo antedicho y alegado por la demandante no deriva de un
acto de registro, sino de una presunta mora en la actuación administrativa en la cual
el medio de control de reparación directa es procedente, motivo por la cual se
procederá a verificar si se reúnen los elementos requeridos para declarar la
responsabilidad patrimonial extracontractual de la Superintendencia de Notariado y
Registro y, en ese sentido, se concluye que no se encuentra acreditado el daño
antijurídico deprecado por la demandante.
3) En efecto, del examen del material probatorio obrante en el expediente se
advierte que si bien la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal
(Casanare) tardó siete meses en responder la solicitud de registro de la licencia de
urbanismo no. 102.54.567, no lo es menos que i) mediante la nota devolutiva no.
2017-1371540 del 24 de julio de 2018 informó las razones por las cuales se abstuvo
de registrar la licencia en la matrícula inmobiliaria no. 470-5713, entre ellas porque
a) se hizo una división o fraccionamiento de un inmueble rural con cabidas inferiores
a las autorizadas por la Agencia Nacional de Tierras para el municipio de Yopal
(Casanare); b) por la ausencia de constancia de autorización de la escritura por
parte del INCODER; c) por la falta de certificación de la Secretaría de Planeación
Municipal mediante la cual se acreditara la ubicación del predio en suelo urbano
conforme el POT y, d) por la inexistencia de cesión de áreas destinadas a vías,
equipamientos colectivos y espacio público; ii) la demandante no controvirtió41
dichas razones y, por el contrario, intentó subsanarlas, por lo cual el 21 de enero
de 2019 radicó de nuevo para su registro la licencia urbanística, esta vez aclarada
y corregida mediante la Resolución no. 1002202814 del 21 de diciembre de 2018
de la Oficina de Planeación Municipal de Yopal; sin embargo, esta fue devuelta otra
vez debido a que el 3 de enero de 2019 se inscribió la oferta de compra de la ANI
que dejó el inmueble fuera del comercio42 y, iii) el señor Epimenio Silva Dueñes
mediante escritura pública no. 1401 del 15 de mayo de 2023 de la Notaría Primera
de Yopal (Casanare), vendió a la ANI una franja de terreno de 5.133,91 mts2,
mientras que el área restante equivalente a 112.966,09 mts243 fue transferida a la
sociedad Ceta Company SAS mediante escritura pública de compraventa no. 2704
40 Fls. 112 a 113 del PDF “2_ED_002ANEXO” índice 3 SAMAI de la primera instancia.
41 No controvirtió dichas razones en la actuación administrativa, ni tampoco las cuestiona en el
proceso de la referencia.
42 Fls. 11 a 12 del PDF “3_ED_003ANEXO” índice 3 SAMAI de la primera instancia.
43 Fl. 6 del PDF “127_MemorialWeb” índice 102 SAMAI de la primera instancia.
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Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
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del 8 de octubre de 2024 de la Notaría de Aguazul44, tal como lo informó en su
momento la apoderada de la parte demandante en escrito de solicitud de medida
cautelar.
4) La sociedad Grobes Reich SAS estima que el proyecto urbanístico Canaguaros
habría podido ejecutarse de no existir la mora de la administración; pero, esta
afirmación carece de sustento probatorio, pues, no hay elementos que acrediten
que con independencia de la oferta de compra de la ANI a través de la sociedad
Covioriente SAS, la Oficina de Instrumentos Públicos de Yopal (Casanare) habría
aprobado el registro del proyecto.
5) El artículo 5 de la Ley 9 de 1989, modificado por el artículo 117 de la Ley 388 de
199745, establece que el espacio público resultante de los procesos de urbanización
y construcción se entenderá incorporado con el solo registro de la escritura de
constitución de la urbanización en la Oficina de Instrumentos Públicos respectiva,
escritura que deberá otorgarse y registrarse con antelación a la iniciación de las
ventas del respectivo proyecto.
6) Sobre lo antedicho, esta Corporación ha expresado lo siguiente en relación con
cesiones urbanísticas46:
“El artículo 5 de la Ley 9 de 1989 define el espacio público como «el
conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y
naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza,
por uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses,
individuales de los habitantes». La misma norma enuncia las áreas
que constituyen el espacio público, de las cuales se destacan las
«requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas
para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y
tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las
vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares […]».
A su turno, el artículo 117 de la Ley 388 de 1997 adicionó un parágrafo a
la norma antes citada, el cual dispuso que «[e]l espacio público resultante
de los procesos de urbanización y construcción se incorporará con el solo
procedimiento de registro de la escritura de constitución de la
urbanización en la Oficina de Instrumentos Públicos, en la cual se
determinen las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por
44 PDF “192_MemorialWeb” índice 155 SAMAI de la primera instancia.
45 Vigente para la época de los hechos, sin la modificación introducida por el artículo 22 de la Ley
2044 de 2020.
46 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2024, expediente no. 2021-
00150-01 (27.064) MP Stella Jeannette Carvajal Basto.
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su localización y linderos. La escritura correspondiente deberá otorgarse
y registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo».
El artículo 37 de la citada Ley 388 se refiere al espacio público en
actuaciones urbanísticas y dispone que «las reglamentaciones distritales
o municipales determinarán, para las diferentes actuaciones urbanísticas,
las cesiones gratuitas que los propietarios de inmuebles deben hacer con
destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público en
general».
(…)
Del anterior recuento normativo se tiene que:
(i) El espacio público originado en los procesos de urbanización,
parcelación y construcción se incorporará con el registro de la
escritura pública de constitución de la urbanización en la respectiva
oficina de registro. Escritura que deberá otorgarse y registrarse
antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo.
(ii) En la anterior escritura pública de constitución constarán las
áreas privadas y las que serán objeto de cesión obligatoria al
municipio o distrito. En la misma se deberán incluir dos cláusulas: una
en la que se expresará que el acto de constitución de la urbanización
implica cesión gratuita de las zonas públicas objeto de cesión obligatoria
al municipio o distrito, y otra en la que se manifieste que el acto de cesión
está sujeto a condición resolutoria, en el evento en que las obras y/o
dotación de las zonas de cesión no se ejecuten en su totalidad durante el
término de vigencia de la licencia o su revalidación. Acreditada esa
condición resolutoria, se entenderá incumplida la obligación de entrega
de la zona de cesión y, por tanto, no se tendrá por urbanizado el predio.
(iii) El urbanizador deberá poner en conocimiento de la entidad territorial
el otorgamiento de la escritura de constitución de la urbanización, y la
oficina de registro abrirá los folios de matrícula que correspondan a la
cesión en los que figure el municipio o distrito como propietario de los
respectivos bienes.
(iv) La entrega material de las zonas de cesión se verificará mediante
inspección realizada por la entidad territorial, previa solicitud presentada
por el urbanizador o el titular de la licencia. El acta de esa diligencia
equivaldrá al recibo a satisfacción del municipio sobre las áreas cedidas.
(v) Los municipios y distritos están facultados para establecer las
condiciones y procedimientos para garantizar que las áreas de terreno
determinadas como espacio público objeto de cesión obligatoria ingresen
al inventario inmobiliario municipal o distrital.
Conforme a lo anterior, se tiene que, por una parte, es necesario que se
realice la transferencia jurídica del bien a través del registro de la escritura
de constitución de urbanismo, pero, además, se debe entregar de forma
material y a satisfacción ante la autoridad competente las obras y
dotaciones aprobadas para dichas áreas de cesión. Esto último se
encuentra sujeto a condición resolutoria, lo que significa que el acto de
cesión se condiciona a dicho recibo por parte del municipio o distrito”.
(negrillas de la Sala)
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Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
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7) Conforme lo expuesto, el mencionado proyecto urbanístico Canaguaros debía
precisar de manera clara las áreas de cesión obligatoria destinadas para el espacio
público y, precisamente, una de las razones por las cuales la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Yopal (Casanare) devolvió la solicitud de registro de
la licencia urbanística no. 102.54.567, a través de la nota devolutiva no. 2017-13715
del 24 de julio de 2018, radicó en la falta de delimitación de dichas áreas.
8) Por lo tanto, se advierte especialmente que la licencia de urbanismo no podía
ser registrada hasta que dicha situación se solventara y, sobre este punto debe
destacarse que la demandante en el proceso de reparación directa de la referencia
en ningún momento cuestiona que la licencia carecía de los elementos señalados
por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal (Casanare) y, por el
contrario, buscó subsanarlos.
9) Ahora bien, la demandante sostiene que con la Resolución no. 1002202814 del
21 de diciembre de 2018 de la Oficina de Planeación Municipal Yopal (Casanare) y
radicada el 21 de enero de 2019 ante la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Yopal subsanó la totalidad de los requerimientos formulados, de
manera que, en su criterio, de no haber mediado la oferta de compra de la ANI el
proyecto urbanístico habría continuado su desarrollo.
Al respecto, la Sala observa que no existen pruebas que respalden dicha
afirmación, pues, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal debía
realizar un nuevo estudio sobre la legalidad de los documentos presentados y
verificar el cumplimiento de los requisitos legales para proceder al registro; en
consecuencia, no existía certeza de que la entidad hubiera inscrito la licencia
urbanística en la matrícula inmobiliaria no. 470-5713, máxime si toma en cuenta el
hecho de que para el año 2025 persistían los cuestionamientos sobre la naturaleza
rural o urbana del predio.
En efecto, el señor Epimenio Silva Dueñes mediante escritura pública no. 2704 del
8 de octubre de 2024 de la Notaría de Aguazul vendió el inmueble a la sociedad
Ceta Company SAS; posteriormente, esta sociedad promovió un nuevo proyecto
urbanístico sobre el mismo bien; sin embargo, mediante auto del 17 de julio de 2025
proferido en el proceso de acción popular no. 85001-23-33-000-2025-00052-00
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Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
Demandante: Grobes Reich SAS y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
seguido por el Tribunal Administrativo del Casanare se decretó como medida
cautelar el sellamiento inmediato de varias urbanizaciones y parcelaciones
consideradas como ilegales, entre ellas la desarrollada en el predio denominado
Guafalito, ubicado en la vereda el Charte47 e identificado con número de referencia
catastral 00100170039000, por razón de contravenir la normatividad vigente sobre
el uso del suelo.
En consecuencia, incluso para el año 2025 subsistían dudas sobre la viabilidad de
urbanizar el inmueble; por lo tanto, el daño alegado por la demandante no se
encuentra acreditado, ya que, no existe prueba de que el proyecto Canaguaros
pudiera desarrollarse.
10) Aunado a lo anterior, la Sala destaca que el 24 de julio de 2018, fecha en la
cual se expidió la nota devolutiva no. 2017-13715, la oferta de compra de la ANI a
través de Covioriente SAS aún no se había formulado; dicha oferta se presentó al
señor Epimenio Silva Dueñes en enero de 2019; de modo que, el tiempo empleado
por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal (Casanare) para emitir
la nota devolutiva no incidió en el desarrollo del proyecto, el cual, se insiste, no
podía ser desarrollado hasta que se cumpliera previamente con todos los requisitos
de ley exigidos para ese propósito.
11) De otro lado, una vez se presentó la oferta de compra esta se inscribió en la
respectiva matrícula inmobiliaria, lo cual produjo el bloqueo del bien por mandato
legal; si la parte actora consideraba irregular dicho registro, como ya se explicó en
el acápite anterior, debió presentar los recursos administrativos correspondientes e
incoar el medio de control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho.
12) En el recurso de apelación, la sociedad Grobes Reich SAS alegó la existencia
de pérdidas económicas derivadas de la actuación de la demandada por motivo de
haber suscrito varias promesas de compraventa del proyecto inmobiliario para las
cuales consideraba suficiente la sola expedición de la licencia urbanística.
47 La referencia providencia se encuentra en folios 6 a 31 del PDF “192_MemorialWeb” índice 155
SAMAI de la primera instancia, la alusión al predio Guafalito en la vereda Chartre del municipio de
Yopal (Casanare) se encuentra en los folios 22 y 23 del PDF “192_MemorialWeb” índice 155 SAMAI
de la primera instancia; en el certificado de tradición y libertad aportado en el plenario se menciona
que el predio se llama Guafalito y se encuentra ubicado en Guafalito en la vereda Chartre del
municipio de Yopal (Casanare) (fl. 4 del PDF “127_Memorial expediente digital).
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Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
Demandante: Grobes Reich SAS y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
En relación con ese preciso punto, la Sala advierte que, como bien lo señaló el
tribunal de primera instancia, no era posible activar y realizar ventas mientras el
proyecto no estuviera registrado, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 9 de
1989; no obstante, la sociedad actora suscribió varias promesas de venta sin que
el proyecto contara con dicho registro, y sin que se tuviera la certeza de que el actor
Epimenio Silva Dueñes continuaría con el contrato de cuentas en participación.
En relación con esto último, se destaca que, aunque existiera un contrato de
cuentas en participación, el propio actor Epimenio Silva Dueñes decidió transferir
la titularidad del predio a otra sociedad distinta a Grobes Reich SA; por tanto, la no
ejecución del proyecto Canaguaros también obedece a actuaciones atribuibles a
quienes integran la parte actora.
13) Por otra parte, otro de los argumentos del tribunal para negar las pretensiones
de la demanda consistió en el hecho de que la sociedad Grobes Reich SAS y su
representante legal fueron sancionados con inhabilidad para ejercer actividades
inmobiliarias; la demandante sostiene que dicha circunstancia no incide en su
reclamación por tratarse de una inhabilidad sobreviniente.
Al respecto, debe anotarse que le asiste razón a la demandante en señalar que
para las anualidades de 2018 a 2019 podía realizar actividades de urbanización,
pues, la inhabilidad para ejercer actividades inmobiliarias tan solo se registró en el
año 2025 como consta en el certificado de existencia de representación legal
emitido por la Cámara de Comercio de Casanare (índices 152 y 167 SAMAI de la
primera instancia); sin embargo, esta circunstancia no conduce a la prosperidad de
las pretensiones ya que, como se explicó no se acreditó la existencia de un daño
antijurídico, sumado al hecho de todas las otras razones antes expuestas son
idóneas y suficientes para denegar las súplicas de la demanda.
5. Conclusión
La Sala modificará la sentencia de primera instancia en el sentido de que se
declarará probada la excepción de “ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
escogencia del medio de control” respecto de las imputaciones que se refieren a
errores contenidos en los actos administrativos de registro, debido a que en relación
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Expediente 85001-23-33-000-2021-00145-01 (73.889)
Demandante: Grobes Reich SAS y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
con estas debió formularse el medio de control judicial de nulidad y restablecimiento
del derecho, mientras que en el relativo al contrato de compraventa suscrito con la
ANI se debió ejercer el medio de control de controversias contractuales. Las demás
decisiones del tribunal de primera instancia serán confirmadas.
6. Condena en costas
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como
se desestimó el recurso de apelación de la parte demandante, esta asumirá las
costas procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en
forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:
1º) Modíficase la sentencia proferida el 7 de octubre de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Casanare, la cual queda así:
“PRIMERO: Declárase probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva propuesta por La Nación – Ministerio de Transporte.
SEGUNDO: Declárase probada la excepción de indebida escogencia del
medio de control de reparación directa en relación con las imputaciones
que se derivan de actos administrativos de registro y el contrato de
compraventa por el cual se aceptó la oferta de la ANI.
TERCERO: Declárase no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por Agencia Nacional de Infraestructura
‘ANI’, por la Superintendencia de Notariado y Registro, y Concesionaria
Vial del Oriente SAS.
CUARTO: Declárase probada las excepciones denominadas ‘Orfandad
probatoria por ausencia de los elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado por la demostración de un daño
especial’ propuesta por Superintendencia de Notariado y Registro; e
‘Inexistencia de los requisitos para que se configure la responsabilidad
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Demandante: Grobes Reich SAS y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
administrativa en cabeza de la Concesionaria Vial de Oriente SAS’
planteada por Concesionaria Vial del Oriente SAS.
QUINTO: Niéganse las pretensiones de la demanda de reparación
directa promovida por EPIMENIO SILVA DUEÑES y GROBES REICH
S.A.S. en contra de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
(ANI), CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE (COVIORIENTE SAS.) y
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia, en relación con
las imputaciones que tienen su fuente en hechos administrativos.
SEXTO: Sin condena en costas en esta instancia.
SÉPTIMO: Notifíquese la presente sentencia a las partes, según lo
previsto en el artículo 203 del CPACA.
OCTAVO: En firme esta providencia, archívese el expediente, dejando
las constancias de rigor.”
2°) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte actora, tásense de
manera concentrada por el tribunal de primera instancia.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Presidente de la Subsección
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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