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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2009-00872-01

Fecha
21 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2009-00872-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 18 de diciembre de 2014; en consecuencia, DECLARAR de 31 Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044) Actor: María de Jesús Arcila y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros Referencia: Acción de reparación directa oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2009-00872-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: INEPTA DEMANDA POR INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN – la
escogencia de la acción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del
origen del daño alegado / FALLO INHIBITORIO – la vía procesal adecuada para demandar
en este asunto no era la acción de reparación directa, sino la de simple nulidad / Acción
reivindicatoria – es la acción idónea para proteger la propiedad de un inmueble la cual
debe ejercerse ante la jurisdicción ordinaria / INEPTA DEMANDA POR INDEBIDA
ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN – se configuró en este caso dado que las imputaciones
formuladas no puede analizarse bajo el cauce de la acción de reparación directa.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante y por el Ministerio Público contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, a través de la cual se declaró la caducidad de
la acción.

Según la parte actora, la Administración Pública demandada ocupó de manera
permanente dos predios de su propiedad, hecho que le generó diferentes
perjuicios.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la sentencia del 18 de diciembre de 2014, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró probada la caducidad de la
acción respecto de los procesos de reparación directa acumulados bajo los
radicados Nos. 2009-00872 y 2009-008321, cuyas pretensiones, hechos y
consideraciones de derecho son, las siguientes:

Proceso 2009-00872

Pretensiones

1 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dispuso la acumulación de tales procesos mediante auto del

6 de diciembre de 2010. Folios 1199 a 1201 del cuaderno 1.

1

Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

2. Mediante escrito presentado el 17 de septiembre de 20092, los señores María
de Jesús Arcila viuda de Villegas, Baltazar de Jesús y Mario Alberto Villegas Arcila,
interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Rama
Judicial, Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Estupefacientes,
municipio de Santiago de Cali y Superintendencia de Notariado y Registro, con el
fin de que se les declare solidaria y patrimonialmente responsables por la
ocupación permanente de un bien inmueble de su propiedad3.

3. Por perjuicios morales se solicitó el pago al equivalente en pesos de cien (100)
SMLMV para cada uno de los demandantes; igualmente, se pidió por concepto de
perjuicios materiales, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, la

2 Folio 846 del cuaderno 2.
3 En concreto, en la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

“PRIMERA. La NACION - DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACION – RAMA JURISDICCIONAL - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SUBDIRECCIÓN DE
CATASTRO Y SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL – SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO son administrativamente responsables de los daños y perjuicios materiales y morales que se han
ocasionado a la familia Villegas Arcila por la ocupación permanente forzosa del lote 750 metros que se
describirá en el acápite de los hechos de propiedad de mis representados, en proindiviso con el señor Jaime
Herrera en 50% para un área de 375 m2 correspondiente a mis mandantes, que equivale al 9.91% de la
totalidad del lote en que se encuentra construido el Edificio Zulay, cuya área es 3.783.78 m2, predio que fuera
comprado por el señor Baltasar Villegas Osorio esposo y padre de mis mandantes mediante E.P. No. 100 de
21-01-1965 pasada en la Notaria Segunda de Cali, compraventa realizada entre el anteriormente descrito y el
señor Rafael Gutiérrez, predio que posteriormente pasa en 50% al dominio de mis poderdantes por sentencia
S.N. de 13 de Febrero de 1869 en sucesorio de Baltasar Villegas Osorio, predio que se distingue con la M.L. 370-2399.
“SEGUNDA. Condenar, en consecuencia, LA NACIÓN - DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES -
FISCALIA GENERAL DE LA NACION - LA RAMA JURISDICCIONAL - MUNICIPIO DE SANITIAGO DE CALI
• SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL
• SUBDIRECCION DE PLANEAMIENITO URBANISTICO, LA SUPERINI'ENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO, para que reconozcan la indemnización que repare el daño infringido a mis poderdantes o a quien
represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivados,
actuales y futuros, como se presenta a continuación: DAÑO EMERGENTE: consistente en la pérdida del predio en que se encuentra construido el Edificio Zulay,
cuyo avalúo es de $32.778.207.200.00 de acuerdo con el cálculo actual del valor del metro cuadrado que se
relaciona más adelante en el cuadro de liquidación de los perjuicios materiales. Por tanto le corresponde a
mis poderdantes el 9,91% del valor total del predio proporción que asciende a la suma de Tres mil doscientos
cuarenta y ocho millones cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos treinta y tres pesos con cincuenta y dos
centavos ($3.248'419.433,52.)
LUCRO CESANTE. la suma aproximada de Tres mil ochocientos veintinueve millones sesenta y ocho mil
ciento ochenta y cinco pesos ($3.829.068.185) M/cte., que corresponde al valor dejado de percibir por la
explotación del terreno desde el año 1.986 hasta la fecha de pago de todo lo adeudado, ya que la
ocupación del predio impidió que mis poderdantes hubieran podido derivar del suelo las utilidades que este
produjera; suma que deberá actualizarse para la fecha de la sentencia según la fórmula matemática que más
adelante se expone. Para efectos de calcular el lucro cesante de mis poderdantes con base en los arrendamientos dejados de
recibir y teniendo en cuenta la demanda y oferta de la construcción de la vivienda en edificaciones se tiene en
cuenta el valor comercial actual del edificio ZULAY sobre el terreno sobre el cual está construido y que la
familia VILLEGAS es propietaria de 375 m2, cuya proporción sobre el área total es de 9.91%, arroja el
resultado que a continuación se detalla en los cuadros siguientes …
“TERCERA. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
C.C.A. aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde
la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de la ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.
“CUARTA. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177
del C.C.A. y de conformidad con la sentencia C188 del 24 de marzo de 1999 de la Honorable Corte
Constitucional.
“QUINTA.

Con el objeto de que se dé cabal cumplimiento de lo dispuesto en las normas citadas, se expedirán
las copias de las sentencias con las respectivas constancias de ejecutoria con destino al ente demandado y
a los actores de acuerdo con lo prescrito en el artículo 115 del C.P.C.
“SEXTO. Se solicita además, la condena en costas y gastos del proceso a la parte demandada”.

2

Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

suma global de tres mil doscientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos
diecinueve mil cuatrocientos treinta y tres pesos con cincuenta y dos centavos
m/cte. (3.248’419.433.52) y tres mil ochocientos veintinueve millones sesenta y
ocho mil ciento ochenta y cinco pesos m/cte. (3.829’068.185), respectivamente.
Estos valores corresponden, al valor estimado del lote en proporción de la
propiedad de los actores, y el lucro cesante “… dejado de percibir por la
explotación del terreno desde el año 1.986 hasta la fecha de pago de todo lo
adeudado, ya que la ocupación del predio impidió que mis poderdantes
hubieran podido derivar del suelo las utilidades que este produjera; suma que
deberá actualizarse para la fecha de la sentencia según la fórmula matemática que
más adelante se expone” (se ha resaltado).

Hechos

4. Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró, en síntesis, que los
mencionados señores heredaron desde 1969 la propiedad equivalente al 50% del
inmueble inscrito en la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, identificado con
la matrícula inmobiliaria 370-23994.

5. Indicaron que, mediante sentencia proferida el 24 de febrero de 1986, el
Juzgado Décimo Civil del Circuito de Santiago de Cali, adjudicó por prescripción
adquisitiva de dominio, un lote al señor Libardo Ramírez Gutiérrez, el cual está
ubicado en la zona de Tejares de Oriente del municipio de Santiago de Cali. Esta
decisión fue confirmada por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, a través de fallo del 8 de agosto de 1986.

6. En cumplimiento de tales providencias, la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali abrió folio de matrícula inmobiliaria 370-239987. Posteriormente,
el señor Libardo Ramírez Gutiérrez, bajo maniobras “fraudulentas”, solicitó a esa
misma Oficina de Registro que, dentro de los linderos del inmueble que le fue
adjudicado, incorporara también los predios identificados con las matrículas
inmobiliarias Nos. 370-79942, 370-8371 y 370-2399, este último de propiedad de
los acá demandantes, frente a lo cual la Oficina de Registro accedió a través de
Resolución M-471 del 3 de diciembre de 1986, con la cancelación de los códigos
catastrales antes referenciados, acto administrativo que, se dijo en la demanda,
nunca fue notificado a los interesados. Así, lo indicó:

“El señor Ramírez Gutiérrez, con base en la sentencia prescriptiva solicitó a
la Oficina de Catastro del municipio de Santiago de Cali, con maniobras
fraudulentas, dentro de los mismos linderos se dieran por incorporados
varios lotes de terreno que pasaron a formar parte de un nuevo código
catastral. Los terrenos englobados fueron 370-8371 de propiedad de José
Arturo Garzón, 370-79942 de propiedad de Armando Pérez Alarcón y 370-

4 Sentencia de adjudicación de sucesión del 13 de febrero de 1969, proferida por el Juzgado Doce Civil

Municipal de Cali (se resalta).

3

Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

2399 de propiedad de mis prohijados y de Jaime Herrera Llanos. Logrando
que la oficina cancelara los códigos catastrales de dichos inmuebles
mediante acto administrativo de fecha 3-12 de 1986 resolución M-471,
que nunca le fue notificada a sus verdaderos propietarios ...”5.

7. Concluido el anterior trámite, el señor Libardo Ramírez Gutiérrez vendió el
predio con matrícula inmobiliaria 370-239987 a la inmobiliaria Betania Ltda. -hoy
Bolívar Ltda.-, por medio de la escritura pública 2781 del 17 de diciembre de 1986,
otorgada en la Notaría Sexta de Cali.

8. Al percatarse de lo sucedido, los actores formularon recurso extraordinario de
revisión ante la Corte Suprema de Justicia contra la sentencia del 8 de agosto de
1986, el cual fue declarado fundado mediante fallo del 23 de mayo de 1990 y, en
consecuencia, se dispuso la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso
ordinario, así como la cancelación de la inscripción de dicha sentencia que dio
origen al folio de matrícula inmobiliaria 370-239987.

9. En cumplimiento de esa última decisión, a través del oficio SN del 23 de mayo
de 1990, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali procedió a
cancelar la inscripción de la sentencia revisada; sin embargo, no cerró el folio de
matrícula inmobiliaria 370-239987, todo lo cual -según indicó- permitió que se
siguieran haciendo anotaciones en el mismo, incluso, que la inmobiliaria Betania
Ltda. construyera el edificio Zulay, en los predios identificados con matrículas
inmobiliarias 370-79942, 370-8371 y 370-2399. Al respecto, manifestó:

“Mediante oficio SN del 23-05 de 1990 se canceló la inscripción de la
sentencia de prescripción; anotación 001 de la M.I. No. 370-239987, a
pesar de ello la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali
no cerró la matrícula que había sido abierta con la sentencia anulada
y de manera irregular permitió que se siguieran haciendo anotaciones
en dicho folio. Es preciso considerar que en las actuaciones de la oficina
de registro de catastro municipal se violó flagrantemente el debido
proceso…

“La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali al omitir la
cancelación del folio espurio generó una serie de daños en cadena,
que aun hoy, después de 23 años siguen lesionando los intereses de
la familia Villegas Arcila …

“Se pretermitió el debido proceso registral y se omitió el cumplimiento de
lo ordenado por el alto tribunal y esa omisión es una protuberantisima
(sic) falla en el servicio que en esa misma medida amerita el reproche.

“Después de una serie de impases y de observar con estupor que a pesar
del pronunciamiento de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se
levantó sobre los tres inmuebles (ya englobados) un edificio de 40
apartamentos, 56 garajes, 5 locales comerciales, los perjudicados inician

5 Folio 800 del cuaderno 1 del expediente 2009-00872-01.

4

Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

separadamente procesos reivindicatorios contra Libardo Ramírez
Gutiérrez” 6 (se resalta).

10. Agregó que, los propietarios de los predios 370-8371 y 370-2399 iniciaron los
respectivos procesos reivindicatorios en contra del señor Libardo Ramírez
Gutiérrez, los cuales culminaron con las sentencias proferidas el 12 de julio de
1990 por el Juzgado Once Civil del Circuito de Cali y el 4 de marzo de 1992 por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, respectivamente, mediante las que se
accedió a la pretensión reivindicatoria formulada en contra de dicha persona.

11. Se indicó que, posteriormente, el 10 de julio de 1998, la Fiscalía General de la
Nación inició trámite de extinción del derecho de dominio de los bienes del señor
Helmer Herrera Buitrago, procesado por narcotráfico, quien para ese momento era
socio principal de la inmobiliaria Betania Ltda. y, por tanto, del edificio Zulay,
procedimiento dentro del cual se ordenaron medidas cautelares que fueron
anotadas en el folio de matrícula 370-239987, el cual aún se encontraba abierto a
pesar de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia; no obstante, no se hizo
anotación alguna en los folios de matrícula inmobiliaria 370-79942, 370-8371 y
370-2399. Así se indicó:

“LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN inicia trámite de extinción del
derecho de dominio en fecha julio 10 de 1.998, ordenando las medidas
cautelares pertinentes y la suspensión del poder dispositivo sobre gran
cantidad de bienes del extinto Helmer Herrera Buitrago, entre los que se
encuentra el Edificio Zulay, construcción levantada en el predio de mis
mandantes y en los predios de los otros perjudicados, ordenando mediante
oficio E-599 del 10-07-1.998 medidas cautelares que fueron anotadas No 11
en el folio de M.I No 370239987 espurio, el que permanecía abierto a pesar
que por orden de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se había
ordenado la cancelación de dicha matrícula; quedando (la medida
cautelar) inscrita en un folio inexistente, medida que no fue anotada en
los folios de M.l. Nos 370-2399, 370-8371 y 370-79942, folios sobre los
cuales nunca hubo inscripción alguna al respecto7 (se resalta).

12. Meses después de iniciado el trámite de la extinción de domino, mediante
escritura pública 3624 del 27 de noviembre de 1998 de la Notaria Primera de Cali,
se suscribió contrato de dación en pago entre los acá demandantes y la
inmobiliaria Bolívar Ltda. -se itera- antes inmobiliaria Betania Ltda., la cual indicó
que, en atención a las sentencias proferidas el 12 de julio de 1990 por el Juzgado
Once Civil del Circuito de Cali y el 4 de marzo de 1992 por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Cali y a fin de resarcir los perjuicios ocasionados a los aquí
demandantes derivados de la posesión irregular de sus predios, cedía todos los
derechos que tenía y ejercía sobre la edificación levantada en los inmuebles de
éstos -edifico Zulay- y que constaba de 40 apartamentos, 5 locales, 56
parqueaderos privados, 8 de visitantes y 6 de comercio, sótano y semisótano. No

6 Folios 801 y 802 del cuaderno 1 del expediente 2009-00872-01.
7 Folio 804 del cuaderno 1 del expediente 2009-00872.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
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Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

obstante, se indicó en la demanda que dicha escritura pública “nunca se llevó a
registro, pues habilidosamente la mencionada inmobiliaria citó como M.I. la espuria
239987, que para esa época ni existía, pero a pesar de ello aparecía una anotación
de una medida cautelar de la Fiscalía General de la Nación”.

13. Posteriormente, mediante sentencia del 25 de noviembre de 2003, el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali declaró improcedente la
extinción del derecho de dominio sobre los predios donde se encontraba
construido el edifico Zulay, esto es, los de propiedad de quienes se vieron
perjudicados con el actuar irregular del señor Libardo Ramírez Gutiérrez; sin
embargo, la declaró procedente frente a las mejoras levantadas sobre tales lotes,
es decir, de la edificación de propiedad del señor Helmer Herrera Buitrago en su
calidad de socio principal de la inmobiliaria Betania Ltda., decisión que fue
confirmada mediante fallo del 31 de marzo de 2008 de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, aclarada mediante auto del 15 de agosto siguiente -notificado
el 17 de septiembre próximo-, por lo que dicha edificación pasó a nombre de la
Nación a través del FRISCO. Frente a este punto, se señaló en la demanda lo
siguiente:

“El 31 de marzo de 2008 la Sala Penal de Descongestión de Extinción de
Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, conoce de la apelación y consulta
de la Sentencia de Extinción de Dominio de noviembre 25 de 2003,
proveniente del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Santiago de Cali, que dispuso la Extinción del Derecho de Dominio de
únicamente LAS MEJORAS construidas sobre los lotes, es decir EL EDIFICIO
ZULAY. El Tribunal acoge las decisiones del Juzgado Segundo, y tiene en
cuenta el pronunciamiento de la Sala Civil De La Corte Suprema de Justicia
que nulito la sentencia prescriptiva que permitió la apertura del folio espurio
M.1 370239987, reconociendo la titularidad del predio en cabeza de los
perjudicados y afirma que es IMPROCEDENTE la extinción del derecho de
Dominio sobre los lotes de terreno en el que se encuentra construido el
Edificio. Invitando a sus propietarios que acudan ante la justicia para
dirimir dicha controversia8 (Se resalta)”.

14. Con todo, se sostuvo que, desde 1998 hasta la fecha de presentación de la
demanda, el Estado colombiano se ha encargado de administrar y explotar
económicamente el edificio Zulay, a pesar de que, se adujó, es propiedad de los
demandantes dueños de los predios 370-79942, 370-8371 y 370-2399, puesto que
debía aplicarse la regla general de que lo accesorio pertenece a lo principal, es
decir, que en este caso, tal edificación pertenece a los lotes donde se encuentra
construida. Al respecto, sostuvo:

“… desde el año de 1.998 el Estado a través de la fiscalía Gral. de la Nación
y de la D.N.E. tiene la explotación económica y reemplazaron a los
delincuentes que los ocupaban, recibiendo cuantiosas sumas por concepto
de arrendamientos de los aptos y locales comerciales, el edificio Zulay

8 Folio 804 del cuaderno 1 del expediente 2009-00872.

6

Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

(mejoras) debe soportar carga del pago de la indemnización de los
perjuicios ocasionados a los propietarios de los predios en los que se
levantó su estructura, mejoras hoy del Estado al extinguirse su domino, es
el Estado entonces el responsable del pago de los perjuicios y del valor de
la totalidad del lote.

“(…)

“En nuestro caso particular debemos atender las voces del ordenamiento
civil respecto de lo que se junta a la cosa; es decir los materiales utilizados
en la construcción del Edificio Zulay, puesto que esa accesión de mueble
a inmueble se realizó por edificación y no en suelo propio sino en ajeno, y
al quedar esos materiales incorporados nace a la vida jurídica en favor del
propietario del suelo el fenómeno adquisitivo porque así lo reza el aforismo
que ‘lo accesorio sigue la suerte de lo principal’. Y es sabia la
conceptualización porque en todas las legislaciones del mundo siempre se
ha considerado principal el inmueble, que tiene la virtud de existir por si
mismo mientras que lo accesorio requiere la existencia de lo principal para
tener vida propia”9.

15. Finalmente, indicó la demanda que los entes demandados contribuyeron a la
ocupación permanente del predio identificado con la matrícula inmobiliaria 370-
2399, toda vez que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no cerró el folio
de matrícula 370-239987 y la Fiscalía General de la Nación junto con la Rama
Judicial desconocieron las sentencias favorables reivindicatorias, lo cual hubiera
evitado la construcción del edifico Zulay en ese predio y la extinción de dominio,
por lo que ahora pasó a ser propiedad de la Nación, la cual actualmente se lucra
con los cánones de arrendamiento de los apartamentos de ese edificio, sin
reconocer el valor del lote y todos los perjuicios derivados de tal ocupación a los
demandantes. Así lo dijo:

“En consecuencia el daño, es decir, el valor del lote, el lucro cesante y los
perjuicios morales como se probará debidamente en el proceso, aunado a la
responsabilidad que por los hechos recae sobre otros entes estatales, los que
por acción u omisión por la tardanza en dilucidar las conductas desplegadas
por quienes llevaron a cabo la construcción de mejoras en suelo ajeno,
consintieron en que el estado de cosas se halle en la situación actual, después
de transcurridos veintitrés años, son circunstancias que obligan al Estado a
pagar en su totalidad los dineros que mis clientes reclaman como víctimas del
injusto.

“(…)

“El oficio E-599 de 10-07 de 1998 emitido por la Fiscalía General de la Nación
ordena el registro de la medida cautelar y suspensión del poder dispositivo
del inmueble, sin percatarse que había una sentencia del máximo tribunal de
justicia que reconoció derecho de dominio, del grupo de personas que han
venido solicitando se les respete su derecho. Tanto la Fiscalía General de la
Nación como la D.N.E. han dilatado por muchos años la solución del conflicto.

9 Folios 807 y 808 del cuaderno 1 del expediente 2009-00872.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

“(…)

“Digo que es ocupación permanente forzosa por cuanto hay una edificación
que no es propiedad de mis mandantes sino del Estado Colombiano, la que
no pueden ellos separar de lote de su propiedad, ni demolerla, ni ocuparla…

“(…)

“Es incomprensible que la rama jurisdiccional Sala Penal de
Descongestión del Tribunal superior de Bogotá, cómo a estas alturas
aún no se percate que el folio 730-239987 ‘nació a la vida jurídica’ de
manera ilegal y que así permaneció por espacio de 4 años hasta que la
Corte Suprema Justicia ordenó su cancelación, lo cual no se hizo por la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, si en la anotación No 007
de esta M.I. claramente se aprecia que la Sala Civil de la Honorable Corte
Suprema de Justicia ordena la cancelación de la inscripción de la sentencia
prescriptiva de Libardo Ramírez Gutiérrez, y como consecuencia la
CANCELACION DEL FOLIO ESPURIO abierto con ocasión de dicha
sentencia10.

La defensa

16. La Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, por
considerar que los fallos judiciales referidos en la demanda cuentan con sustento
normativo y probatorio, por lo que no se podría hablar de un error judicial, en
atención a los parámetros fijados para tal efecto por la jurisprudencia de esta
Corporación. Con fundamento en lo anterior, propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, en consideración a que en la demanda no se
atribuyó una actuación irregular de parte de funcionarios de la Rama Judicial que
tuviera relación con el daño alegado por la parte actora11.

17. Por su parte, el municipio de Santiago de Cali también se opuso a las
pretensiones de la demanda, para cuyo efecto manifestó que en el escrito de la
misma solo se le endilgó responsabilidad por la ocupación permanente a la Rama
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, por tanto, como no hizo alusión a
ningún actuar de ese ente territorial, del cual se hubiera derivado un daño
antijurídico, solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva;
asimismo, propuso la excepción de caducidad de la acción, dado que si lo que se
atribuye es una falla en el servicio de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, debía tenerse en cuenta que los hechos ocurrieron entre 1986 y 1990,
es decir, casi veinte (20) años antes de interponerse la demanda de la referencia12.

18. A su turno, la Superintendencia de Notariado y Registro sostuvo que no
incurrió en ninguna falla del servicio en los trámites administrativos en cuestión, y

10 Folios 808, 811, 812 y 814 del cuaderno 1 del expediente 2009-00872.
11 Folios 912 a 924 del cuaderno 1 del expediente 2009-00872.
12 Folios 994 a 960 del cuaderno 1 del expediente 2009-00872.

8

Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

actuó en estricto cumplimiento al fallo de revisión proferido el 23 de mayo de 1990
por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali “la cancelación de la inscripción de la sentencia
revisada …”, lo cual, dijo, se ejecutó con la anotación No. 7 del 29 de junio de
1990, radicado 36552, que se hizo en el registro así: “SIN INFORMACIÓN S.N.
DEL 23 DE MAYO DE 1990, CORTE SUP. DE JUST (SALA CIVIL DE BOGOTÁ)
ESPECIFICACIÓN 999 CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA
SENTENCIA DE PRESCRIPCIÓN (ANOTACIÓN 001) RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN”.

19. Adicionalmente, indicó que en el fallo de revisión nunca se ordenó anular folio
alguno, tal como lo alega la parte actora, y que una cosa es la cancelación de un
registro y otra cosa muy diferente es la anulación de un folio. En ese orden, indicó
que al haberle dado estricto cumplimiento al fallo referido, no es dable endilgarle
ningún tipo de responsabilidad. Finalmente, propuso, entre otras, las excepciones
de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, pues aseguró que la demanda
debía dirigirse únicamente contra la entidades que emitieron las ordenes de
afectación del bien inmueble en cuestión, (ii) inepta demanda, pues si lo que se
endilga es un error en cuanto a los folios de matrícula, se debió ejercer fue la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos
emitidos por la oficina de registro y, finalmente, (iii) la caducidad, ya que el término
para ejercer dicha acción es de cuatro (4) meses, una vez publicado, notificado,
comunicado o ejecutado el acto administrativo de registro13.

20. Finalmente, la Dirección Nacional de Estupefacientes sostuvo que, de
conformidad con los Decretos 1856 y 2390 de 1989, 042 de 1990, 2271 y 2272 de
1991, en cumplimiento de sus funciones legales recibió para la administración el
edificio Zulay, pero no participó en las órdenes de comiso, retención ni en la
incautación de bien inmueble alguno. En ese orden, concluyó que no existió acto,
omisión u operación administrativa por la que pueda endilgársele responsabilidad
y que, en todo caso, si llegara a probarse un perjuicio que se le haya causado a la
parte actora, éste solo podía derivarse de la acción desplegada por la Fiscalía
General de la Nación y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Cali14.

Proceso 2009-00832

Pretensiones

21. El 4 de septiembre de 200915, los señores José Arturo Garzón, María Aurora
Riaño Larrota, Johanna Brigitte, Zulma Gigliola y Gloria Patricia Garzón Riaño,

13 Folios 993 a 1003 del cuaderno 1 del expediente 2009-00872.
14 Folios 1023 a 1044 del cuaderno 1 del expediente 2009-00872.
1515 Folio 64 del cuaderno 1.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Hermelinda Garzón Quintero y Paola Andrea Garzón Cardona, en ejercicio de la
acción de reparación directa, interpusieron demanda contra la Nación – Rama
Judicial, Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Estupefacientes,
municipio de Santiago de Cali y Superintendencia de Notariado y Registro, con el
fin de que se les declare patrimonialmente responsables por la ocupación
permanente de un bien inmueble de su propiedad16.

22. Por concepto de perjuicios morales solicitó la suma de cien (100) SMLMV para
cada uno de los demandantes; igualmente, por concepto de perjuicios materiales,
en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, se deprecaron las sumas
de cinco mil seiscientos noventa millones doscientos noventa y seis mil pesos con
setecientos setenta centavos m/cte. ($5.690’296.770) y seis mil setecientos siete
millones doscientos treinta y un mil con cuarenta y ocho centavos m/cte.
(6.707’231.048), respectivamente. Estos valores corresponden al valor estimado
del lote en proporción de la propiedad de los actores, y el lucro cesante “… dejado

16 En la demanda se incluyeron las siguientes, “Declaraciones y condenas:

“PRIMERA. La NACION - DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACION – RAMA JURISDICCIONAL - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SUBDIRECCIÓN DE
CATASTRO Y SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL – SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO son administrativamente responsables de los daños y perjuicios materiales y morales que se han
ocasionado al sr José Arturo Garzón y sus hijos legítimos y extramatrimoniales por la ocupación permanente
forzosa del lote 657 M2 que se describirá en el acápite de los hechos de propiedad de mis representados,
correspondiente a mis mandantes, que equivale al 17.36 % de la totalidad del lote en que se encuentra
construido el Edificio Zulay, cuya área es 3.783.78 m2, predio que fuera comprado por el señor José Arturo
Garzón mediante escritura pública No. 547 de fecha 28-04-1978 de la Notaria Segunda de Buga, por
compraventa hecha al Sr. Jaime Grajales Santa.
“SEGUNDA. Condenar, en consecuencia, LA NACIÓN - DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES -
FISCALIA GENERAL DE LA NACION - LA RAMA JURISDICCIONAL - MUNICIPIO DE SANITIAGO DE CALI
• SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL
• SUBDIRECCION DE PLANEAMIENITO URBANISTICO, LA SUPERINI'ENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO, para que reconozcan la indemnización que repare el daño infringido a mis poderdantes o a quien
represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivados,
actuales y futuros, como se presenta a continuación:
DAÑO EMERGENTE: consistente en la pérdida del predio en que se encuentra construido el Edificio Zulay,
cuyo avalúo es de $32.778.207.200.00 de acuerdo con el cálculo actual del valor del metro cuadrado que se
relaciona más adelante en el cuadro de liquidación de los perjuicios materiales. Por tanto le corresponde a
mis poderdantes el 17,36% del valor total del predio proporción que asciende a la suma de $5.690.296.770.oo.
LUCRO CESANTE. la suma aproximada de $6.707.631.048.oo que corresponde al valor dejado de percibir
por la explotación del terreno desde el año 1.986 hasta la fecha de pago de todo lo adeudado, ya que la
ocupación del predio impidió que mis poderdantes hubieran podido derivar del suelo las utilidades que este
produjera; suma que deberá actualizarse para la fecha de la sentencia según la fórmula matemática que más
adelante se expone.
Para efectos de calcular el lucro cesante de mis poderdantes con base en los arrendamientos dejados de
recibir y teniendo en cuenta la demanda y oferta de la construcción de la vivienda en edificaciones se tiene en
cuenta el valor comercial actual del edificio ZULAY sobre el terreno sobre el cual está construido y que el
señor José Arturo Garzón es propietario de 657 m2, cuya proporción sobre el área total es de 17.36%, arroja
el resultado …
“TERCERA. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
C.C.A. aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde
la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de la ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.
“CUARTA. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177
del C.C.A. y de conformidad con la sentencia C188 del 24 de marzo de 1999 de la Honorable Corte
Constitucional.
“QUINTA. Con el objeto de que se dé cabal cumplimiento de lo dispuesto en las normas citadas, se expedirán
las copias de las sentencias con las respectivas constancias de ejecutoria con destino al ente demandado y
a los actores de acuerdo con lo prescrito en el artículo 115 del C.P.C.
“SEXTO. Se solicita además, la condena en costas y gastos del proceso a la parte demandada”.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

de percibir por la explotación del terreno desde el año 1.986 hasta la fecha de pago
de todo lo adeudado, ya que la ocupación del predio impidió que mis poderdantes
hubieran podido derivar del suelo las utilidades que este produjera; suma que
deberá actualizarse para la fecha de la sentencia según la fórmula matemática que
más adelante se expone”.

Hechos

23. Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante manifestó que el
señor José Arturo Garzón es propietario de un inmueble inscrito en la Oficina de
Instrumentos Públicos bajo la matrícula inmobiliaria 370-8371, el cual consta de
un área aproximada de 657 metros cuadrados.

24. Bajo idénticos supuestos fácticos y argumentos de la demanda 2009-00872,
sostuvo que el predio del señor José Arturo Garzón fue ocupado de manera
permanente por las demandadas y que, por tanto, debían reconocer el valor del
lote y todos los perjuicios derivados de tal ocupación.

La defensa

25. La Nación – Rama Judicial, el municipio de Santiago de Cali, la Dirección
Nacional de Estupefacientes y la Fiscalía General de la Nación contestaron la
demanda, con base en los mismos argumentos que expusieron en defensa dentro
del proceso radicado 2009-0087217.

26. La Superintendencia de Notariado y Registro guardó silencio18.

Alegatos de conclusión

27. En esa oportunidad, los demandantes insistieron en la responsabilidad de la
Administración Pública por la ocupación permanente de sus predios, mientras que
las demandadas reiteraron lo expuesto en sus respectivas contestaciones de
demanda.

28. El Ministerio Público rindió concepto favorable a las pretensiones de las
demandas, por considerar que la Fiscalía General de la Nación, previo a iniciar el
procedimiento para la extinción de dominio del edificio Zulay, debió hacer un
análisis de la titularidad de los predios en los que éste se encontraba construido y,
por tanto, evitar el daño alegado por los actores, el cual, dijo, debía ser atribuido a
la Dirección Nacional de Estupefacientes19.

17 Folios 170 a 180 del cuaderno 1 del expediente 2009-00832.
18 Folio 199 del cuaderno 1 del expediente 2009-00832.
19 Folios 1382 a 1401 del cuaderno 3 del expediente acumulado.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

La sentencia de primera instancia

29. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró
probada la excepción de caducidad de la acción; para tal efecto, sostuvo que,
como los demandantes iniciaron los respectivos procesos reivindicatorios que
culminaron con las sentencias proferidas el 12 de julio de 1990 por el Juzgado
Once Civil del Circuito de Cali y el 4 de marzo de 1992 por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Cali, respectivamente, mediante las cuales se ordenó la
reivindicación de los predios, se imponía concluir que para ese instante ya tenían
conocimiento de la construcción del edificio Zulay en sus predios, dado que ya les
había sido reconocida la titularidad respecto de tales bienes, razón por la cual, a
partir de la expedición de las sentencias fue que se conoció el daño derivado de la
afectación a su propiedad, por manera que, como las demandas se presentaron el
4 de septiembre y 17 de septiembre de 2009, respectivamente, para ese momento
ya se encontraba ostensiblemente vencido el término legal de los dos (2) años que
tenían para demandar en ejercicio de la acción de reparación directa por la
ocupación de sus predios20.

II. LOS RECURSOS INTERPUESTOS

Síntesis de los recursos de apelación

30. La Procuraduría General de la Nación21 y los demandantes22 formularon
sendos recursos de apelación, en los cuales cuestionaron el análisis realizado por
el a quo con respecto a la caducidad de la acción, para lo cual manifestaron que
el daño se concretó en una oportunidad distinta a la señalada en la sentencia
objeto de alzada, en tanto la ocupación permanente sobre los predios en cuestión
inició desde el momento en que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá
decretó la extinción de dominio del edificio Zulay y, el mismo, pasó a ser propiedad
de la Nación, quien, desde esa época, lo administra y explota económicamente,
edificación que se reiteró, estaba construida en los predios reconocidos a través
de sentencia judicial como propiedad de los actores.

31. Así pues, los apelantes coincidieron en señalar que la demanda fue
interpuesta en la oportunidad legal correspondiente, por cuanto, como el daño
alegado se concretó a partir del fallo proferido el 31 de marzo de 2008 por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá, aclarada por medio de auto del 15 de
agosto siguiente y notificado el 17 de septiembre próximo, entonces, se tenía hasta
el 18 de septiembre de 2010 para presentar las demandas de reparación directa
y, como las mismas se presentaron el 4 y 17 de septiembre de 2009, fueron
oportunas.

20 Folios 243 a 270 del cuaderno principal.
21 Folios 1417 a 1426 del cuaderno del Consejo de Estado.
22 Folios 1427 a 1442 y 1445 a 1461 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Los alegatos de conclusión

32. Los demandantes reiteraron los argumentos expuestos durante el proceso e
insistieron en la responsabilidad de las demandadas por la ocupación del predio
de los demandantes23.

33. La Fiscalía General de la Nación24 y la Sociedad de Activos Especiales
S.A.S.25 manifestaron que se debe mantener incólume la decisión de primera
instancia, pues, como lo aseguró el Tribunal a quo, la acción de reparación directa
se encuentra caducada, dado que el terminó para demandar inició a correr una
vez terminó el proceso reivindicatorio.

34. Las demás partes y el Ministerio Púbico guardaron silencio en esta etapa
procesal26.

III. CONSIDERACIONES

35. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver los recursos de apelación formulados.

Cuestión previa: La determinación del interés del Ministerio Público para
apelar la decisión de primera instancia

36. La Constitución Política de 1991, en su artículo 277, le atribuye al Ministerio
Público algunas funciones generales, entre estas, “intervenir en los procesos y
ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en
defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías
fundamentales” (subrayado fuera del texto).

37. Así mismo, el artículo 127 del Código Contencioso Administrativo reitera dicha
función en relación con la intervención de la Procuraduría en los procesos que se
adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, estableciendo
que “es parte y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se
adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en las
conciliaciones extrajudiciales ante los centros de conciliación e intervendrá en
éstos en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y
garantías fundamentales”.

23 Folios 1532 a 1539 del cuaderno del Consejo de Estado.
24 Folios 1555 a 1558 del cuaderno del Consejo de Estado.
25 Folio 1545 a 1548 del cuaderno del Consejo de Estado.
26 Folio 1570 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

38. A su turno, la Sección Tercera de esta Corporación27 ha reiterado
ampliamente la facultad que tiene el Ministerio Público para intervenir en procesos
adelantados en esta jurisdicción y para formular recursos contra decisiones
judiciales, pero sin que ello represente una trasgresión al derecho de igualdad de
las partes y siempre que su actuación esté dirigida a: i) la protección del patrimonio
público ii) la defensa del orden jurídico y iii) la protección y garantía de los
derechos fundamentales; además, iv) puede solicitar la vinculación al proceso de
los servidores o ex servidores públicos cuando, con su actuar doloso o
gravemente culposo, hayan dado lugar a las demandas en las cuales se pretenda
la reparación patrimonial del Estado.

39. Así, pues, resalta la Sala que la sola facultad o titularidad del Ministerio Público
para recurrir o impugnar la sentencia de primera instancia, no puede servir de
razón para que ese órgano asuma la posición de uno de los extremos de la litis,
so pena de transgredir los principios constitucionales de igualdad y al debido
proceso. Así las cosas, solo cuando el fundamento de la apelación resida en una
defensa objetiva y general del ordenamiento jurídico, aislada por completo de los
intereses individuales, particulares y concretos de las partes –sin importar que uno
de los sujetos procesales sea la Administración Pública–, será posible hablar de
interés jurídico para apelar por parte del Ministerio Público.

40. Así las cosas, la Sala no estudiará el recurso formulado en esta ocasión por
el Agente del Ministerio Público, toda vez que en el caso concreto no le asiste
interés jurídico para impugnar la decisión de primera instancia, pues resulta
evidente que la apelación va dirigida a proteger los intereses patrimoniales de la
parte actora, cuya titularidad y defensa le corresponden, de forma exclusiva, a la
parte demandante. Adicionalmente, se advierte que, en tanto los intereses
discutidos en el presente asunto son estrictamente patrimoniales (supuesta
ocupación de un inmueble), no se vislumbra afectación alguna de los derechos
fundamentales de los demandantes (v. gr. debido proceso, igualdad o el acceso a
la administración de justicia), aspecto para lo que sí está facultado intervenir. Por

27Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 27 de septiembre de 2012, expediente 44541.

“En consecuencia, las tres misiones referidas del Ministerio Público al interior (sic) de toda actuación judicial,
no propenden por el rompimiento del equilibrio o la igualdad que garantiza todo proceso, sino que tienen u
ostentan un alcance superior. Su fundamentación reside en que, con independencia de las partes que se
vinculan a los procesos judiciales, exista un tercero independiente y autónomo, a cuyo cargo se encuentra
una función de control jurídico y moral que propende porque no se lesione el patrimonio público (verificación
de la prevalencia del interés general sobre el particular), no se adopten decisiones que representen una
vulneración o trasgresión al orden jurídico (garante de legalidad en sentido material), y las garantías
esenciales de los individuos sean una materialidad a lo largo del juicio (labores de garantía y protección de
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). “(…). Quiere significar lo anterior, que los
agentes o delegados del Procurador General de la Nación, en la intervención judicial, no son terceros frente
al trámite sino que ostentan la condición de parte y, por lo tanto, como sujetos procesales su interés recae
sobre la protección del patrimonio público, el orden jurídico y los derechos y garantías fundamentales.
“En esa perspectiva, el Ministerio Público no puede ser asimilado a un coadyuvante o tercero en el proceso,
por cuanto es la propia ley la que le asigna la condición de parte en el proceso contencioso administrativo. De
tal manera que, bajo esa calidad, ostenta todas las capacidades de intervención y participación que son
propias de los restantes sujetos procesales, sin que esta asimilación o equivalencia suponga una vulneración
o afectación del principio de igualdad”.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

lo tanto, como su reparo se limita a cuestionar la providencia de primera instancia
en punto a que la demanda de la referencia fue presentada dentro de la
oportunidad legal correspondiente, se infiere que dicha impugnación no está
relacionada con el cumplimiento de los deberes funcionales y las razones de
orden constitucional y legal que llaman a su intervención en los procesos
judiciales, todo lo cual hace que la impugnación presentada por el Agente del
Ministerio Público resulte improcedente.

Objeto de la apelación

41. Ante la diversidad de reparos frente a actuaciones judiciales y administrativas,
muchas de ellas anteriores a la época en que se declaró la extinción de dominio
en favor de la Nación del edificio Zulay, la Sala verificará el acierto o no de lo
manifestado en el recurso de apelación bajo el cual se alega, por una parte, que
la ocupación de los predios de los actores se dio con la declaratoria de extinción
del derecho de dominio de tal edificación, así como se analizará la procedencia
de la acción de reparación directa frente a las imputaciones relacionadas con las
supuestas omisiones de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, hecho
que, en su criterio, también habría propiciado la mentada ocupación de sus
predios. Estima la Sala que, solo de esta manera se podrá determinar el acierto
de lo definido por el a quo en punto a la declaratoria de caducidad de la acción
interpuesta

Análisis probatorio

42. Con base en los elementos de convicción allegados en legal forma al proceso,
se tienen acreditados los siguientes hechos relevantes:

43. Mediante sentencia proferida el 14 de febrero de 1986 28, el Juzgado Décimo
Civil del Circuito de Santiago de Cali adjudicó, por prescripción adquisitiva de
dominio, un lote al señor Libardo Ramírez Gutiérrez, el cual está ubicado en la
zona de Tejares de Oriente del municipio de Santiago de Cali. Decisión confirmada
por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a
través de fallo del 8 de agosto de 198629.

44. La inscripción de la mentada sentencia en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos generó el código de matrícula inmobiliaria 370-239987.

45. Posteriormente, el señor Ramírez Gutiérrez vendió el predio que le fue
adjudicado a través de fallo del 8 de agosto de 1986 a la inmobiliaria Betania Ltda.
-hoy inmobiliaria Bolívar Ltda.-, cuyo socio principal era el señor Helmer Herrera

28 Folios 38 a 89 del cuaderno de pruebas.
29 Folios 49 a 52 del cuaderno de pruebas.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Buitrago, por medio de la escritura pública 2781 del 17 de diciembre de 1896 de la
Notaría Sexta de Cali30.

46. Luego, a través de fallo del 23 de mayo de 1990 31, la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del
proceso ordinario de pertenencia en el que se profirió la sentencia del 8 de agosto
de 1886 y, en consecuencia, ordenó la cancelación de su inscripción a la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, acto que, como se dijo, había dado
apertura al folio de matrícula inmobiliaria 370-239987.

47. Según consta en el certificado de tradición del 13 de julio de 2009 32 , en
cumplimiento del fallo extraordinario de revisión referido anteriormente, a través
de la anotación No. 007 del 26 de junio de 1990 se canceló la inscripción de la
sentencia del 8 de agosto de 1986.

48. Días después, esto es, a través de sentencia del 12 de julio de 1990, el
Juzgado Once Civil del Circuito de Cali declaró dueño al señor José Arturo Garzón
del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 370-8371 -en
discusión- y ordenó al señor Libardo Ramírez Gutiérrez que se lo restituyera33. En
aquella decisión, el juez sostuvo que el poseedor vencido era de mala fe y, por
tanto, estaba obligado a restituir los frutos naturales y civiles del terreno, a partir
del 7 de noviembre de 1986, fecha en la que había tumbado los cercos del terreno
para colocar una tapia de ladrillo y cemento. Por otro lado, indicó que, al
encontrarse el predio enmalezado y deshabitado, no había lugar al reconocimiento
de expensas invertidas en la conservación del terreno ni tampoco ordenar la
cancelación de expensas, trasferencias de propiedad o registros de demanda
hechos después de la inscripción de la demanda, por cuanto se desconocían, de
lo cual se puede inferir que para ese momento aún no se había construido el
referido edificio Zulay.

49. En ese mismo sentido, fue proferido el fallo del 3 de marzo de 1992, por medio
del cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali declaró que le pertenecía el
dominio pleno y absoluto del lote con folio de matrícula inmobiliaria 370-2399 a
los señores María de Jesús Arcila viuda de Villegas, Baltazar y Mario Alberto
Villegas Arcila y, por tanto, ordenó al señor Libardo Ramírez Gutiérrez restituirlo
dentro de los seis (6) días siguientes a la ejecutoria de esa providencia34.

50. La Fiscalía General de la Nación, a través de Resolución del 10 de julio de
1998, de oficio dispuso iniciar trámite de extinción de dominio sobre los bienes de
propiedad del señor Helmer Herrera Buitrago, entre los cuales se encontraba el

30 Folios 53 y 54 del cuaderno de pruebas.
31 Folios 71 a 79 del cuaderno de pruebas.
32 Folios 305 a 307 del cuaderno 9.
33 Folios 120 a 123 del cuaderno de pruebas.
34 Folios 91 a 99 del cuaderno de pruebas.

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Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

edificio Zulay construido en los predios identificados con las matrículas
inmobiliarias 370-79942, 370-8371 y 370-2399. Posteriormente, mediante
proveído del 22 de junio de 200135 decidió declarar procedente la extinción del
derecho de dominio de los bienes del mencionado señor.

51. Por medio de oficio 2420 del 17 de septiembre de 1998 la Fiscalía General de
la Nación dejó a disposición de la Agencia Nacional de Estupefacientes los bienes
construidos en el predio con matrícula inmobiliaria “370-239987”, esto es, 40
apartamentos, 56 parqueaderos, 5 locales y 13 depósitos del edificio Zulay36.

52. Durante el trámite anterior, a través de escritura pública 3624 del 27 de
noviembre de 1998 de la Notaria Primera de Cali, entre los actores y la inmobiliaria
Bolívar Ltda. se suscribió contrato de dación en pago, en la que consta que, la
segunda según su dicho, en consideración a lo resuelto en las sentencias
proferidas el 12 de julio de 1990 por el Juzgado Once Civil del Circuito de Cali y
el 4 de marzo de 1992 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, a fin de
resarcir los perjuicios ocasionados a los aquí demandantes con la posesión
irregular de sus predios, cedía los derechos que tenía y ejercía sobre la edificación
Zulay; sin embargo, no se observa registro de la mentada escritura pública. Al
respecto, en dicha escritura pública consta lo siguiente:

“SEPTIMO: Teniendo en cuenta lo relacionado anteriormente, como
representante legal de la sociedad Inmobiliaria Bolívar Limitada [NOMBRE
DEL REPRESENTANTE] he conciliado con los señores María Jesús Arcila
Vda de Villegas, Mario Alberto Villegas, Jaime Herrera Llano, Baltazar de
Jesús Villegas y José Arturo Garzón, todo lo relacionado con los perjuicios,
los frutos civiles y naturales que los mismos han sufrido por razón de la
perdida de la posesión de los inmuebles que se han determinado, los cuales
fueron liquidados a partir del siete (7) de noviembre de mil novecientos
ochenta y seis (1986) y que ascendieron a la suma de TRES MIL
QUINIENTOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL TREINTA PESOS …

OCTAVO: Para cancelarles a los señores María Jesús Arcila Vda. de Villegas,
Mario Alberto Villegas, Jaime Herrera Llano, Baltazar de Jesús Villegas y José
Arturo Garzón, les CEDE todos los derechos que tiene y ejerce la
sociedad que represento sobre las mejoras que hay levantadas,
consistente en una edificación que esta sobre la carrera 24 F, Cra. 25 y
Carrera 24 D con la calle 6ª, la que consta de 40 unidades de vivienda, 5
locales, 56 parqueaderos privados, 8 parqueaderos para visitantes 6
parqueaderos para comercio, un sótano, y un semisótano. Sobre los
citados inmuebles les reconoce la posesión y el dominio pleno y
absoluto, teniendo en cuenta lo resulto por la Honorable Corte Suprema de
Justicia - Sala de Casación Civil en el fallo de mayo 23 de 1990 y el Juzgado
11 Civil del Circuito de Cali en la sentencia de julio 12 del mismo año. Predios
que se terminan así el determinado con la Matrícula Inmobiliaria 370-0002399
… El identificado con la matricula inmobiliaria 370 -0008371 …

35 Folios 109 a 505 del cuaderno de pruebas.
36 Folios 142 y 143 del cuaderno del expediente 2008-00832.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Noveno: La Inmobiliaria Bolívar Limitada ha hecho entrega real y material a
los señores María Jesús Arcila Vda. de Villegas, Mario Alberto Villegas, Jaime
Herrera Llano, Baltazar de Jesús Villegas y José Arturo Garzón de los predios
y las mejoras a los cuales se refiere el punto anterior., quienes lo declaran
recibidos a su entera satisfacción.

(…)” (se resalta).

53. Luego, mediante fallo del 25 de noviembre de 2003, el Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado de Cali declaró improcedente la extinción del
derecho dominio sobre el predio con código de matrícula inmobiliaria 370-239987
y, en cambio, declaró procedente la extinción del derecho de dominio sobre las
mejoras construidas en el mismo, correspondiente al edificio Zulay37. Decisión que
fue confirmada a través del fallo del 31 de marzo de 2008, proferido por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá38, providencia que fue aclarada por medio
de auto del 15 de agosto de 200839, notificado el 17 de septiembre próximo40.

54. Durante el trámite del mentado proceso intervinieron los aquí actores, quienes
fundaron su oposición a la extinción del domino del edificio Zulay en el artículo
739 del Código Civil, el cual reza que: “El dueño del terreno en que otra persona,
sin su conocimiento hubiere edificado, plantado o sembrado, tendrá derecho de
hacer suyo el edificio, plantación o sementera, mediante las indemnizaciones
prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe en el título de la
reivindicación, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del
terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder,
y al que sembró a pagarle la renta y a indemnizarle los perjuicios. Si se ha
edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será
este obligado, para recobrarlo, a pagar el valor del edificio, plantación o
sementera”. Al respecto, las mentadas autoridades judiciales resolvieron:

“Se desprende del legajo que los afectados en mención iniciaron un proceso
ordinario reivindicatorio en contra de Libardo Ramírez Gutiérrez y la empresa
Inmobiliaria Bolívar Ltda., en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Santiago
de Cali, el cual concluyó con perención, sin que se advierta en el
encuadramiento a la fecha constancia alguna que a éstos por ese
diligenciamiento, se les hubiere restaurado la posesión del terreno que
demandan.

Ahora, mírese que según escritura pública No. 3624 del 27 de noviembre de
1998 de la Notaría Primera del Circuito de Cali, la sociedad entregó la referida
edificación por el rubro de indemnización de perjuicios como dación en pago
por la suma de tres mil quinientos noventa y seis millones doscientos sesenta
y tres mil treinta pesos ($3.596.263.030) a quienes figuran como reclamantes
37 Folios 308 a 470 del cuaderno de pruebas.
38 Folios 2 a 282 del cuaderno 9.
39 Folios 283 a 298 del cuaderno 9.
40 Folio 298 del cuaderno 9.

18

Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

en el sub examine, y anotados en antecedencia, en razón al proceso que
instauraron contra el mencionado Ramírez Gutiérrez y la sociedad
constructora.

Nótese que sobre el mencionado predio imperaba ya una medida cautelar de
ocupación y suspensión del poder dispositivo generada de la Fiscalía General
de la Nación, la cual había sido registrada en el correspondiente folio de
matrícula inmobiliaria el 13 de julio de 1998, esto es, estaba fuera del
comercio, para la época que se presume se efectuó el pregonado convenio

Resáltese que la exigencia legal para que se perfeccione el fenómeno jurídico
de la ’dación en pago’ el guarismo antes expresado debe mediar un proceso
judicial, acorde con las directrices del canon 554 y s.s. de la Codificación
Procesal Civil, y ello no se deduce del acopio probatorio arrimado al paginario,
luego esta circunstancia emerge como un acto simulado y estrategia para
evitar la acción de extinción de dominio, de los actuales propietarios de las
mejoras reclamadas, es decir, la firma Inmobiliaria Bolívar Ltda., en cabeza
de la familia Herrera Buitrago, refulgiendo que el origen de los dineros con los
que el susodicho clan obtuvo los bienes en debate es ilícito, como se
encuentra suficientemente explicado en el decurso de este pronunciamiento.

(…)

El susodicho acto además no se sujeta a las exigencias que demanda nuestro
ordenamiento jurídico pues la escritura de la supuesta dación en pago tiene
como fundamento la cancelación de los presuntos perjuicios, cuando la
legislación regula la figura pregonada para los ejecutivos con título hipotecario
o prendario y no como cancelación de probables agravios civiles. Por ende la
decisión no puede ser otra que coadyuvar la determinación de la
dispensadora de justicia de primera sede.

(…)

Téngase en cuenta que el tema de la accesión de las cosas muebles a
inmuebles la regula el Estatuto Civil en su capítulo IV, cánones 738 y 739.
Sobre el particular se refresca la memoria con la jurisprudencia de la
Honorable Corte Suprema de Justicia en sede de Casación Civil de mayo 18
de 1982 al referirse a la edificación, plantación y siembra en el suelo ajeno en
la que analizó las dos hipótesis que se presentan … sin que podamos
predicar que en lo concerniente al suelo en debate, el asunto no se ajusta a
ninguna de las causales que establece el artículo 2 de la ley 793 de 2002
para exigir el derecho de domino sobre éste, como ello no acontece, se
confirmará la improcedencia decretada en el numeral cuarto del fallo
examinado”.

Imputación frente a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali

55. Del análisis de los escritos de demandas acumuladas y del material probatorio
relacionado, se puede inferir que con ocasión de la expedición de las sentencias
proferidas el 14 de febrero de 1986 por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de
Santiago de Cali y del 8 de agosto de 1986 por la Sala Civil de Decisión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, se abrió el folio de matrícula inmobiliaria 370-

19

Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

239987, al cual fueron englobados los predios con códigos de matrícula
inmobiliaria 370-8371 y 370-2399, de propiedad de los demandantes.

56. Asimismo, se observa que, por orden judicial, se canceló la inscripción de la
sentencia del 8 de agosto de 1986, actuación que, según la demanda, se dio a
través del oficio SN del 23 de mayo de 1990 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali; sin embargo, a pesar de ello -de la cancelación de
la inscripción del fallo-, indican los demandantes, no se cerró el folio de matrícula
inmobiliaria 370-239987.

57. Lo anterior, abrió paso a que la inmobiliaria Betania Ltda. construyera en el
predio identificado con el folio de matrícula 370-239987 el edificio Zulay, con el que
se ocuparon los predios identificados con las matrículas inmobiliarias 370-8371 y
370-2399, pero no se tiene conocimiento de la fecha en que inició tal obra ni
cuando culminó.

58. Los actores iniciaron los respectivos procesos reivindicatorios que culminaron
por medio de las sentencias proferidas el 12 de julio de 1990 por el Juzgado Once
Civil del Circuito de Cali y el 4 de marzo de 1992 por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Cali, mediante las cuales se accedieron a las pretensiones
reivindicatorias a su favor.

59. Bajo esta óptica, se advierte que, a partir de la lectura de las imputaciones
señaladas en la demanda, así como del acervo probatorio, la “ocupación” de la
que se habla en la demanda se desprende en un inicio de la actuación de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali que omitió la cancelación del folio de
matrícula inmobiliaria 370-239987 y, con ello, según el dicho del actor, se permitió
que en los predios identificados con las matrículas inmobiliarias 370-8371 y 370-
2399 se construyera el edificio Zulay por parte de unos particulares.

60. Coincidente con lo indicado, en un apartado de las demandas se señaló que,
dicha omisión por parte de la Oficina de Registro “pretermitió el debido proceso
registral y omitió el cumplimiento de lo ordenado por el alto tribunal y esa omisión
es una protuberantisima (sic) falla en el servicio que en esa misma medida
amerita el reproche”.

61. En el mismo sentido, indicó el demandante que “nos encontramos ante una
falla del servicio puesto que la Oficina de Registro falló en la prestación del servicio,
porque dejó folios abiertos, abrió uno sin análisis y no cerró el espurio cuya
obligación era hacerlo y eso dio lugar a folios paralelos en relación con el mismo
predio; y peor aún hacer inscripciones de otras actuaciones jurídicas en el folio que
carecía de eficacia 370-239987”41.

41 Folio 822 del cuaderno 2.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

62. En la demanda también se indica que por orden judicial se canceló la
inscripción en registro de instrumentos públicos de la sentencia del 8 de agosto de
1986; sin embargo, no obraba anotación alguna del cierre del folio de matrícula
inmobiliaria 370-239987, lo cual, según el libelo introductorio, abrió como hecho
desencadenante una serie de situaciones, como que se siguieran haciendo
anotaciones en el mismo y que la inmobiliaria Betania Ltda. construyera en aquél
predio el edificio Zulay, hecho material de ocupación de los predios identificados
con las matrículas inmobiliarias 370-8371 y 370-2399, los cuales -se itera- fueron
reivindicados a los aquí actores en forma posterior por medio de las sentencias
proferidas el 12 de julio de 1990 por el Juzgado Once Civil del Circuito de Cali y el
4 de marzo de 1992 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali.

63. Bajo dicha óptica, el daño alegado y que se imputa a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, se identifica a partir de la apertura del folio de
matrícula 370-239987, lo que, según los actores, permitió la ocupación de los
predios identificados con las matrículas inmobiliarias 370-8371 y 370-2399 por
parte de unos particulares, quienes construyeron el edificio Zulay, hecho que
ocurrió mucho antes de que tal edificación pasara a ser propiedad de la Nación.

64. La descripción antes referida se hace de manera coherente con la reclamación
que por daños se hace en las demandas, en las que al unívoco reclaman como
daño emergente, el derivado de la pérdida del inmueble, y como lucro cesante, los
beneficios dejados de recibir desde el año 1986, según el siguiente tenor literal
de las pretensiones de la demanda:

Proceso 2009-0087

“SEGUNDA. Condenar, en consecuencia, LA NACIÓN - DIRECCION
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - FISCALIA GENERAL DE LA NACION
• LA RAMA JURISDICCIONAL - MUNICIPIO DE SANITIAGO DE CALI -
SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACION MUNICIPAL - SUBDIRECCION DE PLANEAMIENITO
URBANISTICO, LA SUPERINI'ENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO,
para que reconozcan la indemnización que repare el daño infringido a mis
poderdantes o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de
orden material y moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, como se
presenta a continuación:

DAÑO EMERGENTE: consistente en la pérdida del predio en que se
encuentra construido el Edificio Zulay, cuyo avalúo es de $32.778.207.200.00
de acuerdo con el cálculo actual del valor del metro cuadrado que se relaciona
más adelante en el cuadro de liquidación de los perjuicios materiales. Por
tanto le corresponde a mis poderdantes el 9,91% del valor total del predio
proporción que asciende a la suma de Tres mil doscientos cuarenta y ocho

21

Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

millones cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos treinta y tres pesos con
cincuenta y dos centavos ($3.248'419.433,52.)

LUCRO CESANTE. la suma aproximada de Tres mil ochocientos veintinueve
millones sesenta y ocho mil ciento ochenta y cinco pesos ($3.829.068.185)
M/cte., que corresponde al valor dejado de percibir por la explotación del
terreno desde el año 1.986 hasta la fecha de pago de todo lo adeudado,
ya que la ocupación del predio impidió que mis poderdantes hubieran
podido derivar del suelo las utilidades que este produjera; suma que
deberá actualizarse para la fecha de la sentencia según la fórmula matemática
que más adelante se expone.

Para efectos de calcular el lucro cesante de mis poderdantes con base en los
arrendamientos dejados de recibir y teniendo en cuenta la demanda y oferta
de la construcción de la vivienda en edificaciones se tiene en cuenta el valor
comercial actual del edificio ZULAY sobre el terreno sobre el cual está
construido y que la familia VILLEGAS es propietaria de 375 m2, cuya
proporción sobre el área total es de 9.91%, arroja el resultado que a
continuación se detalla en los cuadros siguientes …” (resaltado fuera del
texto)

Proceso 2009-00832

“SEGUNDA. Condenar, en consecuencia, LA NACIÓN - DIRECCION
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - FISCALIA GENERAL DE LA NACION
• LA RAMA JURISDICCIONAL - MUNICIPIO DE SANITIAGO DE CALI -
SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACION MUNICIPAL - SUBDIRECCION DE PLANEAMIENITO
URBANISTICO, LA SUPERINI'ENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO,
para que reconozcan la indemnización que repare el daño infringido a mis
poderdantes o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de
orden material y moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, como se
presenta a continuación:

DAÑO EMERGENTE: consistente en la pérdida del predio en que se
encuentra construido el Edificio Zulay, cuyo avalúo es de $32.778.207.200.00
de acuerdo con el cálculo actual del valor del metro cuadrado que se relaciona
más adelante en el cuadro de liquidación de los perjuicios materiales. Por
tanto le corresponde a mis poderdantes el 17,36% del valor total del predio
proporción que asciende a la suma de $5.690.296. 770.oo.

LUCRO CESANTE. la suma aproximada de $6.707.631.048.oo que
corresponde al valor dejado de percibir por la explotación del terreno
desde el año 1.986 hasta la fecha de pago de todo lo adeudado, ya que la
ocupación del predio impidió que mis poderdantes hubieran podido derivar del
suelo las utilidades que este produjera; suma que deberá actualizarse para la

22

Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

fecha de la sentencia según la fórmula matemática que más adelante se
expone.

Para efectos de calcular el lucro cesante de mis poderdantes con base en los
arrendamientos dejados de recibir y teniendo en cuenta la demanda y oferta
de la construcción de la vivienda en edificaciones se tiene en cuenta el valor
comercial actual del edificio ZULAY sobre el terreno sobre el cual está
construido y que el señor José Arturo Garzón es propietario de 657 m2, cuya
proporción sobre el área total es de 17.36%, arroja el resultado…” (resaltado
fuera de texto)

65. Respecto a lo dilucidado hasta este punto, resulta necesario señalar que, por
un lado, el inciso tercero del artículo 84 del C.C.A., norma vigente parta la época
de los hechos, preceptuaba que los actos de registro eran susceptibles de ser
controvertidos a través de la acción de nulidad, tal como reza su tenor literal bajo
el cual se indica que: “Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. // “También
puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos
de certificación y registro”. De igual manera, y ya cuando el interés que mediaba
era de orden particular y concreto, en tanto apuntaba a restablecer un derecho o
a reparar un perjuicio derivado de la ilegalidad del acto, ese mismo estatuto
procesal prescribía bajo el artículo 85 siguiente, que el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho era el pertinente para lograr tal cometido.

66. De esta forma, reclamándose la causación de un daño atribuible a la actividad
registral del Estado, concretada en la actuación de la oficina de registro de
instrumentos públicos de la ciudad de Cali, tal como se ha explicitado, la acción
adecuada para controvertir la legalidad de los actos de registro debió ser la de
nulidad.

67. A propósito de lo antes indicado, es pertinente resaltar que todas las
anotaciones que realizan las Oficinas de Registro en los folios de matrícula
inmobiliaria impactan necesariamente los intereses particulares, individuales y
concretos de las personas naturales o jurídicas, al crear, modificar o extinguir
situaciones jurídicas directamente relacionadas con el derecho de dominio y, por
ello, nada obsta para deprecar y encausar pretensiones que recauden la situación
registral al panorama adecuado de los hechos y negocios que se plasman en el
folio de matrícula inmobiliaria.

68. En ese orden, las imputaciones que se hacen a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, encaminadas a obtener el restablecimiento del
derecho de propiedad de los actores y la reparación del daño con motivo de los
actos de registro derivados de la inscripción de la sentencia del 8 de agosto de
1986, proferida la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali, debieron ser encausadas mediante el ejercicio de la acción de nulidad

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

contenida en el artículo 84 del C.C.A. (inciso 3), por lo que las pretensiones frente
a la oficina en mención resultan ineptas por indebida escogencia de la acción, sin
opción para que la Sala adecúe la demanda a tal cauce procesal.

69. Para la Sala resulta importante recordar que bajo el ordenamiento procesal
que acompaña el inicio y trámite del presente proceso, no es permitido al juez
adelantar un juicio de legalidad distinto al que se promueve, teniendo en cuenta el
principio de congruencia que rige esta jurisdicción y que ata al juez a pronunciarse
y resolver exclusivamente respecto de la causa petendi y el petitum que formula el
interesado y las excepciones que plantee el demandado.

70. Así pues, como las pretensiones formuladas en la demanda no están dirigidas
a obtener la declaratoria de ilegalidad de los actos de registro que se acusan de
propiciar el daño reclamado se declarara la ineptitud sustantiva de la demanda.

Imputación a la Administración Pública por la ocupación del edificio Zulay

71. Del cúmulo de hechos contenidos en el relato de la demanda, los actores
apuntalan su inconformidad con la sentencia del a quo, para indicar que la
ocupación reclamada se dio a partir de la declaratoria de extinción de dominio del
edificio Zulay, por parte de la Fiscalía General de la Nación.

72. Al identificar el daño, los actores sostienen que los predios con números de
matrícula 370-8371 y 370-2399, donde se encuentra construido el edifico Zulay,
fueron reivindicados por medio de sentencia judicial, de ahí que, en consideración
a la regla general de que lo accesorio pertenece a lo principal, dicha edificación
pertenece a tales lotes, esto es, a los aquí demandantes, a quienes, por tanto, se
les debe reconocer el valor de sus predios, máxime que el Estado es quien se
está lucrando con los frutos que produce el mentado edificio, todo lo cual no fue
tenido en cuenta por la Fiscalía General de la Nación ni la Rama Judicial al
momento de declarar la extinción del derecho de dominio sobre el edificio Zulay
que -se insiste- pasó a nombre de la Nación a través del FRISCO.

73. La acusación antes referida, además de confusa pues entremezcla hechos
antecedentes a la extinción de dominio, acompañándolos con relatos del resultado
de diversos procesos y una fallida dación en pago, lo que podría llevar a
considerar que la fuente del daño reside en la determinación judicial que extinguió
el dominio del inmueble Zulay a favor de la Nación, opción para la cual el actor no
presenta los elementos de la responsabilidad por error judicial deprecada,
prefiriendo acudir al título de imputación de responsabilidad por ocupación
permanente el inmueble.

74. Sobre la acusación antes indicada la Sala repara en que la decisión que
declaró la extinción de dominio del bien reclamado no puede ser concebida como

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
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Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

un acto de ocupación, pues la materialidad de la decisión judicial correspondió a
la de un acto judicial de extinción de dominio, la supresión del derechos de
propiedad si indemnización, contraprestación o compensación, a causa de las
actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social.

75. Diferente es el título de imputación de responsabilidad extracontractual del
Estado por ocupación temporal o permanente, en el que media como acción
lesiva, una operación material o jurídica del Estado, que afecta uno o varios de los
componentes del derecho de propiedad, a saber, el ius utendi, ius fruendi y el ius
abutendi, o un derecho de distinta naturaleza, derivado del contrato (v. gr. el mero
tenedor bajo el contrato de arrendamiento) o de actos materiales de señor y dueño
(poseedor).

75. Con la precisión antes anotada, la Sala se propone verificar, entonces, sobre
el acierto de los alegado por los demandantes en su recurso de apelación, en el
sentido de que el daño se concretó en una oportunidad distinta a la señalada en
la sentencia objeto de alzada, en tanto la ocupación permanente sobre los predios
en cuestión inició desde el momento en que la Sala Penal del Tribunal Superior
de Bogotá decretó la extinción de dominio del edificio Zulay y, el mismo, pasó a
ser propiedad de la Nación, quien, desde esa época, lo administra y explota
económicamente, edificación que se reiteró, estaba construida en los predios
reconocidos a través de sentencia judicial como propiedad de los actores.

76. Tal como se infiere del acervo probatorio, antes las acciones del ciudadano
Libardo Rodríguez Gutiérrez, los demandantes promovieron los respectivos
procesos reivindicatorios que fueron definidos por medio de las sentencias
proferidas el 12 de julio de 1990 por el Juzgado Once Civil del Circuito de Cali y
el 4 de marzo de 1992 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, a través
de las que se accedió a las pretensiones reivindicatorias y se ordenó al obligado
a restituir los frutos naturales y civiles de los terrenos, a partir del 7 de noviembre
de 1986, fecha en la que había iniciado la posesión de mala fe.

77. En tales providencias no se ordenó el reconocimiento de expensas invertidas
en la conservación del terreno ni mucho menos la cancelación de expensas,
trasferencias de propiedad o registros de demanda, por cuanto se desconocían.

78. La evidencia probatoria que se arrimó al proceso, no permite determinar si
para el momento en que fueron dictadas las precitadas sentencias se había
construido o no el edifico Zulay, pues nada se mencionó al respecto en tales
proveídos; además, las demandas reivindicatorias no se dirigieron contra la
inmobiliaria Betania Ltda., la cual se sindica de haber construido dicha edificación,
sino que se encauzó solamente contra el señor Ramírez Gutiérrez, quien vendió
a aquella inmobiliaria el predio con el folio de matrícula 370-239987, a través de
la escritura pública 2781 del 17 de diciembre de 1986 de la Notaría Sexta de Cali,

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
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Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

esto es, años antes de que se profirieran los fallos judiciales dictados por los
Juzgados Once Civil del Circuito de Cali y Segundo Civil del Circuito de Cali.

79. Posteriormente a que fueran proferidas las sentencias del 12 de julio de 1990
y del 4 de marzo de 1992, la Fiscalía General de la Nación, a través de Resolución
del 10 de julio de 1998, dispuso iniciar trámite de extinción de dominio sobre los
bienes de propiedad del señor Helmer Herrera Buitrago -socio de la inmobiliaria
Betania Ltda.-, entre los cuales se encontraba el edificio Zulay.

80. En esta secuencia fáctica de los hechos, salta a la vista que fue entre los años
1992 y 1998, y en todo caso, antes de 1998, que el edificio Zulay fue levantado
en los predios identificados con las matrículas inmobiliarias 370-8371 y 370-2399,
de manera que, si la reclamación que se ha elevado en este proceso se concreta
por insistencia del apoderado de los actores en un acto de ocupación de su
propiedad inmueble, la materialidad física de ello indica que tal acontecimiento
ocurrió tiempo antes de que la Fiscalía General de la Nación, diera inicio al trámite
judicial de extinción de dominio, pues, entre otras cosas, con la misma obviedad
de este hallazgo probatorio, tal actuación debía partir de la preexistencia de un
bien cuya procedencia se estimaba ilícita.

81. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no puede dejar de reparar en que los
actores sustentan su reclamo en la afectación de su derecho real de dominio sobre
los predios en los que un particular construyó un inmueble, soportados en las
prescripciones contenidas en los artículos 738 y 739 del Código Civil 42 , que
constituyen una regulación completa y diferente a aquella que se invoca en las
demandas acumuladas, cuyo centro de imputación de responsabilidad pregona
un acto de ocupación por parte del Estado, aspecto que como se ha señalado
difiere de la materialidad de un proceso de extinción de dominio, que como se ha
comprobado, no compendió los predios de los actores sino el edificio Zulay.

42 “Articulo 738. CONSTRUCCION Y SIEMBRA CON MATERIALES AJENOS. Si se edifica con materiales

ajenos en suelo propio, el dueño del suelo se hará dueño de los materiales por el hecho de incorporarlos en
la construcción, pero estará obligado a pagar al dueño de los materiales su justo precio u otro tanto de la
misma naturaleza, calidad y aptitud.
Si por su parte no hubo justa causa de error, será obligado al resarcimiento de perjuicios, y si ha procedido a
sabiendas, quedará también sujeto a la acción criminal competente; pero si el dueño de los materiales tuvo
conocimiento del uso que se hacía de ellos, sólo habrá lugar a la disposición de este artículo.
La misma regla se aplica al que planta o siembra en suelo propio vegetales o semillas ajenas.
Mientras los materiales no están incorporados en la construcción o los vegetales arraigados en el suelo, podrá
reclamarlos el dueño”.
“CONSTRUCCION Y SIEMBRA EN SUELO AJENO. El dueño del terreno en que otra persona, sin su
conocimiento hubiere edificado, plantado o sembrado, tendrá derecho de hacer suyo el edificio, plantación o
sementera, mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe en el título
de la reivindicación, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del terreno con los intereses
legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder, y al que sembró a pagarle la renta y a indemnizarle
los perjuicios.
Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será este obligado, para
recobrarlo, a pagar el valor del edificio, plantación o sementera”.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

82. Al hilo con lo anterior, se debe precisar que el ordenamiento jurídico prevé
mecanismos judiciales y policivos 43 para garantizar los derechos reales sobre
bienes inmuebles, y sin que sea menester entrar a analizar con detalle cada uno
de ellos, la Sala encuentra pertinente resaltar entre ellos, la acción reivindicatoria.

83. Basados en las prescripciones normativas, la doctrina y la jurisprudencia
pregonan de manera pacífica, cuatro presupuestos básicos de la acción
reivindicatoria, a saber:

• Que el demandante sea titular del derecho de propiedad de la cosa cuya
restitución se demanda.

• Que medie la existencia de una cosa singular reivindicable o cuota determinada
de cosa singular.

• Que exista Identidad entre lo poseído y lo pretendido.

• Y, finalmente, que el demandado tenga la calidad jurídica de poseedor44.

84. Por otra parte, el ordenamiento jurídico colombiano también consagraba
mecanismos policivos como los señalados en el Decreto Ley 1355 de 1970
(Código Nacional de Policía), tanto de naturaleza civil para proteger la posesión y
tenencia de inmuebles, rurales y urbanos, en caso de perturbación, como el juicio
policivo de lanzamiento por ocupación de hecho que buscaba evitar la
perturbación de la posesión o de la mera tenencia sobre un bien y reestablecer la
situación que existía antes de la perturbación.

85. Bajo la generalidad de este marco normativo, la Sala resalta el papel que está
llamado a desempeñar quien ve afectado su derecho de propiedad, posesión o
tenencia, no solo para impulsar los mecanismos judiciales y policivos, sino
también para reclamar los daños irrogados frente a actos de perturbación de la
propiedad y/o de las situaciones fácticas jurídicamente protegidas, acciones todas
ellas que difieren de aquellas como las que dieron inicio al presente proceso, en
el que apoyados en la supuesta ventaja que les daba la extinción de dominio
sobre un bien inmueble que afectaba su propiedad, optaron por reclamar del
Estado un acto de ocupación, cuando la materialidad de los hechos acredita que
la construcción del edificio sobre los lotes fue de su conocimiento, era atribuible a
un particular, y acaeció tiempo antes de que el edificio pasara a la titularidad del
Estado.

43 La legislación civil regula las acciones posesorias y la reivindicatoria o de dominio. Las primeras buscan

conservar o recuperar la posesión de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en ellos (art. 972 a
1007 C.C.). La segunda, la tiene el dueño de una cosa singular, raíz o mueble, para que el poseedor sea
condenado a restituirla y también puede ejercerla el titular de otros derechos reales, excepto el de herencia,
y quien ha perdido la posesión regular de la cosa (art. 946 a 971 C.C.).
44 Luis Guillermo Velásquez Jaramillo, Bienes. Edit. Ibáñez, 2015, p. 512.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

86. En ese orden, la acción idónea para recuperar la posesión de los predios de
los actores era la reivindicatoria, en tanto su condición de propietarios de los
predios con números de matrícula 370-8371 y 370-2399, los legitimaba para
perseguirlos al haber perdido la posesión -lo que permitió la construcción del
edificio varias veces mencionado-, lo que comprendía poder solicitar que se
condenara a los ocupantes a la restitución del mismo o, a obtener la respectiva
indemnización.

87. La Sala precisa que la consideración que se acaba de exponer, se da en el
marco de lo que se alega en el recurso y los hechos que respaldaron la demanda,
de aquí que si lo que la parte actora reclama es el daño por la afectación de su
propiedad, representada en los lotes sobre los que está construido el edifico, debió
acudir al juez ordinario competente, a través del ejercicio de la acción
reivindicatoria, con la precisión de que esta acción es distinta a aquella que inició
en contra del señor Libardo Ramírez Gutiérrez, quien resultó condenado a restituir
los frutos naturales y civiles de los terrenos, a partir del 7 de noviembre de 1986.

88. No deja de preguntarse la Sala, por qué si a los actores se les restituyó su
derecho, no lo ejercieron, pero en cambio, a partir del año 1998 -cuando se inició
el proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación-
decidieron reivindicar derechos sobre el edificio Zulay, pretensión que tal como se
ha reseñado en esta providencia, fue rechazada por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, que al definir la acción de extinción de
dominio cuestionó que los actores no hubieran adelantado un proceso
reivindicatorio previo, criticando el intento de la inmobiliaria de formalizar una
dación en pago de perjuicios a través de la entrega del edificio a los ahora
demandantes:

“Se desprende del legajo que los afectados en mención iniciaron un proceso
ordinario reivindicatorio en contra de Libardo Ramírez Gutiérrez y la empresa
Inmobiliaria Bolívar Ltda., en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Santiago
de Cali, el cual concluyó con perención, sin que se advierta en el
encuadramiento a la fecha constancia alguna que a éstos por ese
diligenciamiento, se les hubiere restaurado la posesión del terreno que
demandan.

Ahora, mírese que según escritura pública No. 3624 del 27 de noviembre de
1998 de la Notaría Primera del Circuito de Cali, la sociedad entregó la referida
edificación por el rubro de indemnización de perjuicios como dación en pago
por la suma de tres mil quinientos noventa y seis millones doscientos sesenta
y tres mil treinta pesos ($3.596.263.030) a quienes figuran como reclamantes
en el sub examine, y anotados en antecedencia, en razón al proceso que
instauraron contra el mencionado Ramírez Gutiérrez y la sociedad
constructora.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Nótese que sobre el mencionado predio imperaba ya una medida cautelar de
ocupación y suspensión del poder dispositivo generada de la Fiscalía General
de la Nación, la cual había sido registrada en el correspondiente folio de
matrícula inmobiliaria el 13 de julio de 1998, esto es, estaba fuera del
comercio, para la época que se presume se efectuó el pregonado convenio

Resáltese que la exigencia legal para que se perfeccione el fenómeno jurídico
de la ’dación en pago’ el guarismo antes expresado debe mediar un proceso
judicial, acorde con las directrices del canon 554 y s.s. de la Codificación
Procesal Civil, y ello no se deduce del acopio probatorio arrimado al paginario,
luego esta circunstancia emerge como un acto simulado y estrategia para
evitar la acción de extinción de dominio, de los actuales propietarios de las
mejoras reclamadas, es decir, la firma Inmobiliaria Bolívar Ltda., en cabeza
de la familia Herrera Buitrago, refulgiendo que el origen de los dineros con los
que el susodicho clan obtuvo los bienes en debate es ilícito, como se
encuentra suficientemente explicado en el decurso de este pronunciamiento.

(…)

El susodicho acto además no se sujeta a las exigencias que demanda nuestro
ordenamiento jurídico pues la escritura de la supuesta dación en pago tiene
como fundamento la cancelación de los presuntos perjuicios, cuando la
legislación regula la figura pregonada para los ejecutivos con título hipotecario
o prendario y no como cancelación de probables agravios civiles. Por ende la
decisión no puede ser otra que coadyuvar la determinación de la
dispensadora de justicia de primera sede.

(…)

Téngase en cuenta que el tema de la accesión de las cosas muebles a
inmuebles la regula el Estatuto Civil en su capítulo IV, cánones 738 y 739.
Sobre el particular se refresca la memoria con la jurisprudencia de la
Honorable Corte Suprema de Justicia en sede de Casación Civil de mayo 18
de 1982 al referirse a la edificación, plantación y siembra en el suelo ajeno en
la que analizó las dos hipótesis que se presentan (…) sin que podamos
predicar que en lo concerniente al suelo en debate, el asunto no se ajusta a
ninguna de las causales que establece el artículo 2 de la ley 793 de 2002 para
exigir el derecho de domino sobre éste, como ello no acontece, se confirmará
la improcedencia decretada en el numeral cuarto del fallo examinado”.

89. Es de resaltar que, según lo manifestado por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá en la providencia antes referida, “los afectados en mención
iniciaron un proceso ordinario reivindicatorio en contra de Libardo Ramírez
Gutiérrez y la empresa Inmobiliaria Bolívar Ltda., en el Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Santiago de Cali, el cual concluyó con perención”. Así, causa
extrañeza para la Sala que en las demandas acumuladas no se hubiere hecho
referencia sobre este punto que resulta de cardinal importancia, pues lo que
acredita es que el daño reclamado no tuvo causa ni génesis en la extinción de
dominio, sino en la pasiva actitud los hoy demandantes, que habiendo promovido
una acción reivindicatoria contra los ocupantes de sus predios, dejaron que el
proceso civil terminara por perención, figura que como se sabe, sanciona la

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Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

parálisis del proceso civil debido a que no se realizan e impulsan los actos
procesales de la parte demandante.

90. Entonces, como se indicó, los demandantes sostienen haber perdido sus
predios de manera definitiva porque sobre los mismos está construido el edificio
Zulay, se tiene que en atención a que para el momento en que inició dicho trámite
de extinción la propiedad del edificio Zulay estaba en cabeza de un tercero y la
posesión del bien solo podía ser definida de manera definitiva por un juez civil,
mediante el ejercicio de las acciones correspondientes, al no ejercerse las
acciones pertinentes, no procede que se considere que el medio de control
encaminado a proteger tal derecho sea el de la reparación directa, pues según se
tiene probado sus predios fueron ocupados por un tercero tiempo antes.

91. Téngase en cuenta que, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha
precisado que la acción reivindicatoria no es susceptible de extinguirse como
consecuencia del mero paso del tiempo, ya sea por caducidad o por prescripción,
toda vez que, por ser inherente al dominio, dura mientras subsista el derecho,
habida cuenta que la pasividad del titular no acarrea, por sí sola, la pérdida de la
potestad, pues tal circunstancia solo puede tener ocurrencia si una persona
distinta al dueño ha ganado el respectivo bien por usucapión. Esto al haberlo
poseído por el tiempo y en las condiciones previstas en la ley45.

92. Entonces, mientras el propietario mantenga su condición de tal, lo que
depende de que otra persona no se haya hecho al dominio en la forma indicada,
aquel está asistido de la facultad de perseguir el bien del que es dueño y de
recuperarlo de las manos de quien lo tenga o para solicitar la indemnización de
daños y perjuicios, para lo cual cuenta siempre con la acción reivindicatoria.

93. En ese orden, como no existe una relación de causalidad entre la pérdida del
derecho de propiedad perturbado por un tercero y las actuaciones de la Nación
quien, en cumplimiento de decisiones jurisdiccionales, pasó a ser propietaria del
edifico Zulay, la acción de reparación directa no es la idónea para debatir la
titularidad o propiedad de los bienes en cuestión.

94. Lo anterior no implica, bajo ningún concepto ni interpretación posible, que la Sala
prohíje las ocupaciones ilegales de bienes privados o de terrenos ajenos, como
tampoco que se consolide una postura que asuma que el Estado debe asumir una
responsabilidad genérica y absoluta por los conflictos entre particulares; de lo que
se trata es de dejar consignada la claridad de que un conflicto como el que se ha
traído a la sala es, a no dudarlo, de naturaleza privada.

45 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia SC-21222021, proferida dentro del expediente con número

de radicado 52001310300420050016201.

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Radicación: 76001-23-31-000-2009-00872-01 (54.044)
Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

95. Finalmente no pueda soslayar la sala que en el presente caso, atendido a los
postulados de buena fe y su presunción en las actuaciones que se adelantan
frente a las autoridades, que medio una evidente pasividad de los actores que
contribuyó eficazmente en que los nuevos ocupantes de sus predios mantuvieran
la posesión respecto de los mismos, pues no se explica cómo transcurrieron 6
años desde que los actores recuperaron sus predios, una vez fue declarado
poseedor de mala fe el señor Libardo Ramírez Gutiérrez y el momento en que se
inició el trámite de extinción derecho de dominio por parte de la Fiscalía General
de la Nación del edificio Zulay, tiempo en el cual debió acudir al juez civil o, en su
defecto, iniciar el proceso policivo correspondiente, para recuperar la posesión o
hacer cesar la segunda ocupación de sus predios con la edificación en comento.

96. De igual manera deja consignando la Sala, como colofón del análisis hecho,
que la declaración de extinción del derecho de dominio que el actor pretende
traducir un de un acto de ocupación, no fue la causa de afectación del dominio de
los lotes de propiedad de los aquí demandante, pues a no dudarlo, fue la
ocupación por parte de un tercero, aspecto que ha debido ser dirimido ante el juez
ordinario.

97. Por consiguiente, como resulta abiertamente improcedente emitir un
pronunciamiento de fondo en el presente asunto, dado que está demostrada la
indebida escogencia de la acción en cualquiera de los supuestos de
responsabilidad que se reclaman contra las autoridades públicas demandadas, la
cual constituye presupuesto necesario de la sentencia de mérito, se impone la
necesidad de revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar probada la
excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción.

Condena en costas

98. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca el 18 de diciembre de 2014; en consecuencia, DECLARAR de

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Actor: María de Jesús Arcila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia
de la acción.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclaración de voto

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

VF

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