RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04759-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04759-00

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04759-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación de la abogada Sandy Johana Daza Romero para actuar en representación del señor Epimenio Silva Dueñes. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la sociedad Grobes Reich S.A.S. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04759-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04759-00
Accionante: GROBES REICH S.A.S.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedente por ausencia de
relevancia constitucional – Simple inconformidad con el resultado de la valoración
probatoria y la metodología de la decisión.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. La Sala declarará improcedente la acción de tutela. Los argumentos que la
sustentan expresan una simple inconformidad con el análisis de la autoridad judicial
accionada sobre las distintas fuentes del daño y la valoración probatoria que la
condujo a negar las pretensiones de mora registral por ausencia de prueba del daño.

II. ANTECEDENTES

La demanda

2. El 19 de junio de 2026, la sociedad Grobes Reich S.A.S. presentó acción de tutela
para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, vulnerados
por la sentencia del 22 de mayo de 2026, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa con
radicado 85001-23-33-000-2021-00145-01.

Hechos relevantes

3. La sociedad Grobes Reich S.A.S. y el señor Epimenio Silva Dueñes1 demandaron
a la Nación – Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de Vías (en adelante,
INVÍAS), a la Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante, ANI), a la
Concesionaria Vial del Oriente (en adelante, Covioriente) y a la Superintendencia
de Notariado y Registro por los daños y perjuicios derivados de una falla en el
servicio registral que frustró un proyecto urbanístico.

1 Inicialmente la demanda también se presentó por la señora María Isabelina Agudelo; sin embargo, su
desistimiento fue admitido por auto del 10 de febrero de 2022. Samai, índice 27 del expediente ordinario de
primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04759-00
Accionante: Grobes Reich S.A.S.

4. Según la demanda, en febrero de 2016 los señores Epimenio Silva Dueñes y
María Isabelina Agudelo celebraron un contrato de cuentas en participación con la
sociedad Grobes Reich S.A.S. para el desarrollo de un proyecto urbanístico. En
diciembre de 2017, la sociedad radicó ante la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Yopal la solicitud de inscripción de la licencia de urbanismo. En nota
devolutiva 2017-13715, la referida oficina ordenó efectuar correcciones a la licencia.

5. En Resolución 1002202814 del 21 de diciembre de 2018 se subsanaron las
irregularidades advertidas. Sin embargo, dicho acto no pudo ser inscrito en el folio
de matrícula del inmueble, porque previamente se registró una oferta de compra de
la ANI, a través de la sociedad Covioriente S.A.S., que sacó el bien del comercio.

6. La pérdida de oportunidad para desarrollar el proyecto se produjo por la demora
en el trámite de inscripción inicial de la licencia, así como por la omisión de
suspender el procedimiento de registro y de bloquear el folio de matrícula, mientras
se efectuaba el trámite de subsanación. Además, la ANI y Covioriente S.A.S.
indujeron a error al señor Epimenio Silva Dueñes para que firmara la oferta de
compra que, a la postre, impidió el registro de la licencia.

7. En sentencia del 7 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare
negó las pretensiones. Consideró que el daño alegado no era antijurídico, pues los
demandantes comercializaron los lotes sin registrar la licencia urbanística, en
contravía de lo dispuesto en la ley. La licencia que se presentó inicialmente tenía
inconsistencias, entre ellas, las relacionadas con la naturaleza del suelo; y precisó
que la solicitud de subsanación fue rechazada porque previamente se había inscrito
la oferta de compra presentada por la ANI a través de Covioriente S.A.S., decisión
frente a la cual los actores no interpusieron los recursos procedentes. Además,
destacó que en el certificado de existencia y representación legal de Grobes Reich
S.A.S. obraba una inhabilidad para desarrollar actividades inmobiliarias, lo que
tornaba más incierta la posibilidad de desarrollo del proyecto.

8. La sociedad Grobes Reich S.A.S. interpuso recurso de apelación. El daño,
consistente en la pérdida de oportunidad de desarrollar el proyecto urbanístico, era
antijurídico. Se demostró que la actuación de la administración frustró la posibilidad
de ejecutar el proyecto, por lo que la exigencia de demostrar el éxito definitivo
resultaba desproporcionada. El Tribunal ignoró las gestiones que desplegó para
subsanar la licencia, así como las acciones encaminadas a levantar la oferta de
compra. Las sanciones por inhabilidad eran posteriores a la fecha de ocurrencia de
los hechos.

9. El 22 de mayo de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado modificó la sentencia de primera instancia. Declaró probada la excepción de
indebida escogencia del medio de control respecto de algunos hechos generadores
del daño y negó las pretensiones relacionadas con la mora en el trámite registral.

10. Explicó que la parte demandante señaló cuatro eventos distintos como fuentes
del daño, así: a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos le atribuyó la (i)
mora en el trámite de registro de la licencia; (ii) la expedición de la nota devolutiva

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04759-00
Accionante: Grobes Reich S.A.S.

sin bloquear la matrícula inmobiliaria y; (iii) el registro irregular de la oferta de
compra que impidió la inscripción. A la ANI y a Covioriente S.A.S., por su parte, les
reprochó (iv) hacer la oferta de compra, induciendo a error al señor Epimenio Silva
Dueñas y desconociendo la licencia.

11. Se abstuvo de analizar los cargos relacionados con las imputaciones derivadas
de la nota devolutiva y de registro de la oferta de compra, así como de las
relacionadas con el contrato que materializó dicha oferta, por considerar que
debieron plantearse a través de los medios de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y de controversias contractuales. Descartó la posibilidad de analizar
dichos reproches por el medio de control de reparación directa, por incompatibilidad
en la acumulación de pretensiones y desvirtuó la responsabilidad por la mora
registral, por considerar que no se probó el daño.

Pretensiones

12. La accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales, dejar sin efectos
la sentencia del 22 de mayo de 2026 y ordenar a la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado proferir una providencia de reemplazo que se
acompase con el principio de congruencia, sin incurrir «en mutación de la causa
petendi, sin exigir un estándar probatorio ajeno a la pérdida de oportunidad y
valorando integralmente el material probatorio pertinente».

Fundamentos de la acción de tutela

13. La acción de tutela es procedente para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, por cuanto el señor Epimenio Silva Dueñes es un sujeto de especial
protección constitucional, por su avanzada edad y su «escaso» grado de
escolaridad.

14. La sentencia del 22 de mayo de 2026 adolece de defecto sustantivo, por
interpretar de manera restrictiva y desproporcionada del artículo 140 del CPACA.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó la causa
petendi de la demanda al fraccionar los hechos que integraban una misma fuente
del daño: la mora registral, la omisión del bloqueo de la matrícula inmobiliaria, la
«secuencia registral» y la consecuente frustración del proyecto urbanístico. Por las
mismas razones, la providencia cuestionada incurre en defecto procedimental
absoluto.

15. La autoridad judicial accionada también incurrió en defecto fáctico, al otorgar
mérito probatorio a elementos sobrevinientes relativos a inhabilidades posteriores a
los hechos y restó valor a pruebas e indicios determinantes para acreditar la
frustración del proyecto y la incidencia causal de la mora registral en la producción
del daño. En concreto, indicó que la sanación de inhabilidad para ejercer actividades
inmobiliarias se registró en el año 2025, mientras que los hechos que sustentaron
sus pretensiones datan de 2018 y 2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04759-00
Accionante: Grobes Reich S.A.S.

16. La sentencia desconoce el precedente jurisprudencial sobre la carga probatoria
para acreditar la pérdida de oportunidad, porque se le exigió demostrar el éxito
definitivo del proyecto. Citó las sentencias C-590 de 2005, SU-813 de 2007 y SU-
479 de 2019.

17. La decisión censurada viola directamente los artículos 28, 83, 228 y 229 de la
Constitución porque privilegió un formalismo procesal excesivo sobre el examen
material del asunto.

Trámite impartido

18. En auto del 24 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, vinculó
a los terceros con interés y solicitó a la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Casanare copia del expediente del proceso objeto de esta controversia.

Intervenciones

19. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado2 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. La
accionante pretende reabrir el debate sobre los cargos formulados en la demanda
de reparación directa y las conclusiones relacionadas con la ausencia de prueba del
daño antijurídico. La sentencia identificó distintas fuentes del daño y, por esa razón,
declaró la indebida escogencia del medio de control respecto de los reproches
derivados de los actos de registro y del contrato de compraventa celebrado entre el
señor Epimenio Silva Dueñas y Covioriente S.A.S.

20. La ANI3 y el Ministerio de Transporte4 solicitaron declarar la falta de legitimación
en la causa por pasiva. No existe una relación entre los hechos a los que la parte
accionante atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales y sus acciones
u omisiones.

21. El INVÍAS5, Covioriente S.A.S.6 y la Superintendencia de Notariado y Registro7
solicitaron declarar improcedente la solicitud de amparo. La accionante cuestiona la
valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial accionada, pero no
demuestra una omisión o actuación judicial caprichosa o irrazonable. Aunque se
alegó el riesgo de configuración de un perjuicio irremediable por la condición de
adulto mayor del señor Epimenio Silva Dueñas, no se allegó prueba alguna de su
situación actual. Además, el señor Silva no es el accionante.

2 Samai, índice 12.
3 Samai, índice 16.
4 Samai, índice 17.
5 Samai, índice 19.
6 Samai, índice 20.
7 Samai, índice 22.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04759-00
Accionante: Grobes Reich S.A.S.

22. La Previsora S.A.8 sostuvo que la acción es improcedente. Carece de
subsidiariedad y de relevancia constitucional porque no se agotó el recurso
extraordinario de revisión y se limita a expresar una inconformidad con el resultado
de la valoración probatoria que efecutó el juez natural.

23. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Casanare9 allegó copia digitalizada
del expediente objeto de esta controversia.

24. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los demás vinculados no
intervinieron.

III. CONSIDERACIONES
Cuestión previa

25. En la acción de tutela, la apoderada de la parte actora aseguró que esta acción
es procedente para evitar la configuración de un perjuicio irremediable por la
avanzada edad del señor Epimenio Silva Dueñes, quien, por esa circunstancia sería
un sujeto de especial protección constitucional.

26. Revisado el poder conferido a la abogada Sandy Jhoana Daza Romero se
advierte que únicamente fue otorgado por la sociedad Grobes Reich S.A.S. En
consecuencia, la profesional no está legitimada para solicitar la protección de los
derechos fundamentales del señor Epimenio Silva Dueñes o invocar circunstancias
asociadas a sus condiciones personales como fundamento para flexibilizar la
procedencia del amparo.

27. Tampoco se alegó ni se demostró que el señor Silva Dueñes se encuentre en
condiciones que le impidan acudir directamente a la acción de tutela y que, por esa
razón, deba actuar a través de un agente oficioso.

Competencia

28. Esta Subsección es competente para resolver la acción de tutela, conforme a
los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991,
concordantes con el Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento
interno de esta Corporación.

Problema jurídico

29. La Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el
de relevancia constitucional. Superado ese examen, estudiará si se configuran los
defectos: sustantivo, procedimental absoluto, fáctico y por violación directa a la
constitución invocados por la accionante.

8 Samai, índice 25.
9 Samai, índice 15.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04759-00
Accionante: Grobes Reich S.A.S.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto

30. Se cumple el requisito de legitimación en la causa por activa respecto de la
sociedad Grobes Reich S.A.S., porque es la titular de los derechos cuya protección
reclama. Se satisface la legitimación por pasiva, pues la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado es la autoridad judicial a la que se atribuye la
vulneración.

31. También se satisface el requisito de inmediatez. La sentencia cuestionada fue
proferida el 22 de mayo de 2026 y la accionante presentó la solicitud de amparo el
siguiente 19 de junio, es decir, dentro de un término razonable.

32. También se cumple el requisito de subsidiariedad. La sentencia cuestionada
resolvió el recurso de apelación y puso fin al proceso ordinario. La accionante no
dispone de otro mecanismo judicial idóneo para formular los reparos expuestos en
la solicitud de amparo.

33. Sin embargo, los reproches formulados por la accionante no cumplen el requisito
de relevancia constitucional. La tutela contra providencias judiciales no es una
instancia adicional para discutir aspectos económicos, de mera legalidad o la
interpretación legítima de los jueces naturales10. Este mecanismo solo procede
cuando surjan serias dudas sobre la arbitrariedad, capricho o irracionalidad de una
decisión judicial.

34. Aunque la accionante invocó la configuración de varios defectos, su
inconformidad radica en los siguientes aspectos: (i) modificación de la causa petendi
y fraccionamiento indebido de la «operación administrativa compleja» que originó el
daño; (ii) indebida valoración probatoria, respecto del nexo causal entre la mora
registral y la frustración del proyecto y por otorgar mérito probatorio a unas
sanciones por inhabilidad posteriores a los hechos; (iii) desconocimiento del
precedente sobre la exigencia probatoria para acreditar pérdida de oportunidad; y
(iv) prevalencia de consideraciones procesales sobre el análisis de fondo del asunto.

35. Ninguno de esos cuestionamientos plantea una controversia por la eventual
vulneración de derechos fundamentales. Al contrario, se dirigen a controvertir la
interpretación jurídica y probatoria que efectuó la autoridad judicial accionada.

36. Sobre la alteración de la causa petendi por la fragmentación de los hechos a los
que se atribuyó el daño, se advierte que se trata de una simple inconformidad con
la metodología bajo la que la autoridad judicial accionada abordó el análisis de las
imputaciones de la demanda. Conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
el juez de la responsabilidad está facultado para examinar si las fuentes del daño
«se encuentran comprendidas bajo una misma unidad fáctica o si son circunstancias

10 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades judiciales de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación
de los derechos fundamentales e (iii) impedir que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04759-00
Accionante: Grobes Reich S.A.S.

particulares cuyo estudio puede desagregarse teniendo en cuenta, entre otros
factores, el daño alegado, el título de imputación y el sujeto responsable»11.

37. De ese modo, la determinación acerca de si las fuentes del daño constituyen
imputaciones diferenciadas corresponde al ámbito de autonomía del juez natural,
quien, en este caso, analizó los hechos a los que la parte demandante atribuyó el
daño, consistente en la frustración del proyecto inmobiliario, y consideró que eran
situaciones distintas cuyo estudio podía desglosarse. Este análisis, lejos de ser
caprichoso, constituye el ejercicio razonable y esperado en la valoración de los
elementos necesarios para adelantar el juicio de responsabilidad estatal, por lo que
no merece reproche alguno desde el punto de vista constitucional.

38. El cargo por indebida valoración probatoria de las sanciones de inhabilidad
posterior y ausencia de análisis sobre la existencia del nexo causal tampoco tiene
relevancia constitucional, pues es incongruente con la razón de la decisión y
reproduce el debate del proceso ordinario.

39. En la sentencia que se cuestiona, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado reconoció que las sanciones por inhabilidad para ejercer
actividades inmobiliarias se registraron en 2025, por lo que para la época de
ocurrencia de los hechos sus efectos no estaban vigentes. Sin embargo, señaló que
esa circunstancia no era suficiente para acceder a las pretensiones en vista de que
no se acreditó el daño. Por tanto, ante la inexistencia del primer elemento de la
responsabilidad, el análisis sobre la «incidencia causal de la mora registral» que la
accionante extraña era inviable.

40. El desconocimiento del precedente jurisprudencial por exceso de carga
probatoria para acreditar la pérdida de oportunidad tampoco tiene trascendencia
constitucional. La accionante se limitó a citar providencias de la Corte Constitucional
sin identificar la regla o subregla supuestamente desconocida o la identidad fáctica
y jurídica que hacían vinculantes al caso concreto los pronunciamientos invocados
como precedentes.

41. Por tanto, dicho reproche carece de una carga argumentativa mínima que
permita abordar su análisis y evidencia la inconformidad de la accionante con el
juicio de apreciación que condujo a la autoridad judicial accionada a negar las
pretensiones relacionadas con la mora registral por ausencia de daño.
Circunstancia sobre la que el juez constitucional tiene vedado pronunciarse.

42. El cargo por violación directa a la Constitución al dar prevalencia a un asunto
formal sobre el fondo de la controversia tampoco tiene vocación de prosperidad. No
puede sostenerse que, bajo el pretexto de aplicar el principio de prevalencia del
derecho sustancial, la parte desconozca normas procesales de orden público para
obtener el pronunciamiento que no tuvo por su propia actuación al acumular
pretensiones de distinta naturaleza sin considerar las reglas relacionadas con ese

11 Corte Constitucional, sentencia SU-054 de 2025, M.P. Diana Fajardo Rivera.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04759-00
Accionante: Grobes Reich S.A.S.

particular, como lo puso de presente la autoridad judicial accionada en la sentencia
que se cuestiona.

43. En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, pues
algunos de los reproches son incongruentes con la razón de la decisión censurada;
otros cuestionan la metodología bajo la que la Subsección B de la Sección Tercera
de esta Corporación abordó el análisis de las imputaciones de la demanda de
reparación directa; y otros simplemente objetan la valoración probatoria que condujo
a concluir no demostrado el daño antijurídico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación de la abogada Sandy Johana Daza
Romero para actuar en representación del señor Epimenio Silva Dueñes.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
la sociedad Grobes Reich S.A.S.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.