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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2011-01058-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2011-01058-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia del 25 de julio de 2014, proferida por la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, en cuanto declaró probada la excepción de 26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 13 de noviembre de 2014. Proceso radicado número: 0551 23 31 000 2001 90172 01. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala. 27 En los términos del artículo 211 del CCA que indica: “Artículo 211. Modificado por el artículo 50, Decreto Nacional 2304 de 1989. Vencido el término de traslado al fiscal, se enviará el expediente al ponente para que elabore proyecto de sentencia. Este se deberá registrar dentro de los cuarenta (40) días siguientes. La Sala, sección o subsección tendrá veinte (20) días para fallar [...]” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Radicado: 08001-23-31-000-2011-01058-01 Demandante: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA inepta demanda y se inhibió para pronunciarse sobre la demanda formulada en ejercicio de la acción de nulidad en contra de las resoluciones 0426 y 0427 de 20 de diciembre de 2010, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen con el fin de que se pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de la demanda en lo concerniente a los cargos formulados en contra de las resoluciones 0426 y 0427 de 20 de diciembre de 2010 que no analizó en primera instancia. La decisión de fondo deberá proferirse dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la fecha que el expediente ingrese al despacho para tal fin. TERCERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 25 de julio de 2014, en cuanto se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo con relación a los cargos formulados en contra de las Resoluciones 0424 y 0425 de 20 de diciembre de 2010, por las razones explicadas en las consideraciones de esta providencia. CUARTO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-31-000-2011-01058-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

29 de agosto de 2024

Radicado: 08001-23-31-000-2011-01058-01
Demandante: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 08001-23-31-000-2011-01058-01
Demandante: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TERMINAL
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA S.A.
Demandado: TERMINAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA S.A.

Tesis: Procede la acción de nulidad contra los actos administrativos
por los cuales se ajusta la planta de personal de la Terminal
Metropolitana de Transporte de Barranquilla y se modifica el
sistema de nomenclatura, clasificación de empleos y escalas
de remuneración salarial de los empleados de dicha entidad.
Devolución del expediente al a quo ante la revocatoria en sede
de apelación de la decisión inhibitoria adoptada en primera
instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del
Sindicato de Trabajadores de la Terminal Metropolitana de Barranquilla
S.A. contra la sentencia proferida por la Subsección de Descongestión del
Tribunal Administrativo del Atlántico el 25 de julio de 2014, mediante la
cual se declaró probada la excepción de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción y, en consecuencia, se inhibió para pronunciarse
de fondo en el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

El Sindicato de Trabajadores de la Terminal Metropolitana de Barranquilla
S.A., actuando a través de apoderado, interpuso demanda en ejercicio de

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1

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Demandante: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA

la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo - CCA, en la que formuló las siguientes:

I.1.1. Pretensiones

“[…] de la manera más respetuosa concurro ante esta alta corporación
para demandar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1.-Estudio Técnico para la Restructuración Administrativa de la Terminal
Metropolitana de Transporte de Barranquilla S.A.

2.-Acta Nº 181 de fecha 20 de diciembre de 2010 emanada de la Junta
Directiva de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla
S.A.

3.-Acuerdo Nº 003 de fecha 20 de diciembre de 2010, emanado de la
Junta Directiva de la Terminal Metropolitana de Transportes de
Barranquilla S.A.

4.-Resolución 0424 de fecha 20 de diciembre de 2010, expedida por el
señor Gerente de la Terminal Metropolitana de Transportes de
Barranquilla S.A.

5.-Resolución 0425 de fecha 20 de diciembre de 2010, expedida por el
señor Gerente de la Terminal Metropolitana de Transportes de
Barranquilla S.A.

6.-Resolución 0426 de fecha 20 de diciembre de 2010, expedida por el
señor Gerente de la Terminal Metropolitana de Transportes de
Barranquilla S.A.

7.-Resolución 0427 de fecha 20 de diciembre de 2010, expedida por el
señor Gerente de la Terminal Metropolitana de Transportes de
Barranquilla S.A.

[…]

Una vez ejecutoriada la sentencia que le ponga fin a la presente acción,
se comunique a la autoridad administrativa que profirió el acto, para los
efectos legales consiguientes. […]”1

I.1.2. Los actos cuestionados

1
Folios 1 y 3 ibidem.

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2

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Demandante: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA

I.1.2.1. Estudio Técnico realizado para la estructuración administrativa de
la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.2 El
documento se compone de 62 páginas y un anexo, y en él se expone un
análisis sobre la situación de la Terminal (para la época en que se realizó
el estudio) a partir de la revisión de su estructura, misión, visión y
funciones. Adicionalmente, se presenta la evaluación de los procesos que
se realizan en cada dependencia, el análisis de los puestos de trabajo, así
como un diagnóstico organizacional y de las cargas laborales, a partir de
lo cual se elabora una propuesta de reestructuración de la entidad.

I.1.2. Acta 181 de la Junta Directiva de la Terminal Metropolitana de
Transportes de Barranquilla S.A.3. Este documento da cuenta de la
reunión celebrada el 20 de diciembre de 2010, en la que, en primer lugar,
se aprobó el presupuesto de la entidad para la vigencia fiscal 2011. En
ella consta copia del Acuerdo núm. 002 de 20 de diciembre de 2010, “por
el cual se aprueba y expide el presupuesto de ingresos, gastos e
inversiones de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla
S.A. para la vigencia fiscal 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.”.
Igualmente, obra copia del Acuerdo núm. 003 de 20 de diciembre de
2010, “por medio del cual se aprueba una reestructuración administrativa
de la sociedad Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla
S.A.”.

I.1.3. Acuerdo núm. 003 de 20 de diciembre de 20104. Por medio del cual
la Junta directiva de la Terminal Metropolitana de Trasportes de
Barranquilla aprobó el estudio técnico realizado para la reestructuración,
se aprobó la estructura orgánica y la planta de personal para la Terminal
Metropolitana de Transporte de Barranquilla. Igualmente se facultó al

2
Folios 28 a 90 del cuaderno de primera instancia.
3
Folios 107 a 119 del cuaderno de primera instancia.
4
Folios 115 a 118 del cuaderno de primera instancia.

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BARRANQUILLA

gerente para ajustar mediante resolución la planta de personal de la
Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla S.A.

Ahora bien, conforme se explica más adelante en el recuento contenido
en la sentencia de primera instancia, previo a descender al examen de los
cargos formulados, el a quo advirtió que no procede la acción de nulidad
cuando con ella se pretende la anulación de actos previos o preparatorios.
Bajo esa perspectiva, destacó que en el asunto examinado los actos
administrativos que consolidaron situaciones jurídicas fueron las
resoluciones números 0424, 0425, 0426 y la 0427, todas de 20 de
diciembre de 2010, por lo cual indicó que “son estos los actos que se
deben controvertir en instancia judicial y no los actos preparatorios”5.

La tesis de la sentencia de primera instancia enunciada no fue objetada
por la demandante en el recurso de apelación que aquí se resuelve. En
consecuencia, la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamientos
adicionales sobre el Estudio Técnico realizado para la estructuración
administrativa de la Terminal Metropolitana de Transportes de
Barranquilla S.A., el Acta 181 de la Junta Directiva de la Terminal
Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. y el Acuerdo núm. 003
de 20 de diciembre de 2010.

Precisado lo anterior, a continuación, se enuncian y transcriben los
apartes más relevantes de los actos administrativos demandados y
considerados como pasibles de control en la sentencia de primera
instancia:

I.1.2.4. RESOLUCIÓN NÚMERO 0424 DEL 20 DE DICIEMBRE DE
2010

“Resolución No. 0424
(Diciembre 20 de 2010)

5
Folio 198 del cuaderno de primera instancia.

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4

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Demandante: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA

“Por medio de la cual se adopta el Estudio Técnico Requerido para la Reestructuración
Administrativa de la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla”

El Gerente de la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla S.A., en uso
de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley
909 de 2004 y el Acta de Junta Directiva 181 de Diciembre 20 de 2010,
[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese como Estudio Técnico de Reestructuración y
Modernización Administrativa de la Terminal Metropolitana de Transporte de
Barranquilla S.A., los resultados contenidos en el documento que se anexa a la
presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha
de su expedición, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. […]

I.1.2.5. RESOLUCIÓN NÚMERO 0425 DEL 20 DE DICIEMBRE DE
2010
“RESOLUCIÓN No. 0425
(Diciembre 20 de 2010)

“Por medio de la cual se modifica la Estructura Administrativa de la TERMINAL METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A. y se dictan otras disposiciones”

El GERENTE DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A., en ejercicio de
las facultades constitucionales y legales, y el Acta de Junta Directiva 181 de Diciembre 20 de 2010, y

(…)

RESUELVE

TÍTULO I
ASPECTOS PRELIMINARES

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA
S.A.: LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A tiene por objeto contribuir
a la solución del problema de transporte de Barranquilla y su Área Metropolitana, para efectos socio-
urbanísticos, de control de la actividad del transporte, mejoramiento del servicio, mediante la construcción
y explotación de una o varias terminales de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de
Barranquilla, por medio de la organización del servicio de turismo, de correos y telégrafos, restaurantes y
cafeterías, expendio de tiquetes, parqueaderos y demás servicios que guarden relación de medio o fin con
el objeto social principal.

ARTÍCULO SEGUNDO. PRINCIPIOS RECTORES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
BARRANQUILLA S.A.: […]

ARTICULO TERCERO. Sistemas funcionales de la TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
BARRANQUILLA S.A., Los sistemas funcionales de la TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
BARRANQUILLA S.A. son: […]

ARTICULO CUARTO: MISION DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA
S.A.: […]

ARTICULO QUINTO: VISION DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILL S.A.:
[…]

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BARRANQUILLA

ARTÍCULO SEXTO: DIMESION VALORATIVA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
BARRANQUILLA S.A.: La TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A. […]

ARTICULO SÉPTIMO: ÁREAS BASICAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A.: Las áreas básicas de la organización de la TERMINAL
METROPOLITANA DE 1RANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A. son las siguientes:

a. Dirección: Conformada por el Gerente, Secretario General, Sub Gerentes y Jefes de oficina.

b. Planeación del desarrollo: Conformada por las áreas de Planeación y Financiera.

c. Administración de los recursos financieros: Son la Sub Gerencia Administrativa y Financiera y la Oficina
de Tesorería que se encargarán de manejar los recursos financieros mediante la gestión de los ingresos,
velando por que guarden correspondencia con los gastos de manera que se garantice la estabilidad
financiera de la entidad.

d. Apoyo al área administrativa: Básicamente debe estar concentrada en áreas de gestión del talento
humano (procedimientos de selección, evaluación, promoción, elaboración de la nómina, novedades del
personal, actualización de las hojas de vida, etc.), del recurso físico (compras, inventarios, activos,
inmuebles, etc.) y de la memoria institucional.

e. Soporte jurídico: Para el cumplimiento de las funciones básicas, la Gerencia requiere contar con el apoyo
jurídico especialmente en materia de contratación y revisión de los actos administrativos expedidos.

f. Control Interno: Es el área encargada de la implantación del Sistema de Control Interno y el
mejoramiento continuo hacia la calidad de LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
BARRANQUILLA S.A.

TÍTULO II.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
BARRANQUILLA S.A.

CAPITULO PRIMERO: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS

ARTICULO OCTAVO: Para el cumplimiento de su misión, la TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE
DE BARRANQUILLA S.A. tendrá la siguiente Estructura Orgánica:

1. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
2. JUNTA DIRECTIVA
3. REVISORÍA FISCAL
4. GERENCIA GENERAL
5. SECRETARIA GENERAL
6. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
7. SUBGERENCIA OPERATIVA
8. ASESOR DE CONTROL INTERNO
9. JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
10. JEFE DE OFICINA DE TALENTO HUMANO
11. JEFE DE OFICINA DE TESORERÍA

ARTÍCULO NOVENO: Organigrama. El presente organigrama es la representación gráfica de la Estructura
Orgánica del artículo anterior: […]

ARTÍCULO DÉCIMO: DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. La Asamblea General de Accionistas
de LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A., está integrada por
DIECIOCHO accionistas; los cuales designan la Revisora Fiscal de la Sociedad y fijan las directrices
económicas de la entidad

ARTICULO DECIMO PRIMERO: DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva de LA TERMINAL
METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A. está integrada por SIETE miembros principales
y SIETE miembros suplentes elegidos por la Asamblea General para periodos de un año, conforme se
establece en sus estatutos. El Gerente de LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
BARRANQUILLA S.A., asistirá con voz pero sin voto y cumplirá sus funciones de conformidad con lo
establecido en los estatutos y demás normatividad aplicable.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DEL GERENTE: Son funciones del Gerente: […]

ARTICULO DÉCIMO TERCERO DEL SECRETARIO GENERAL: Son Funciones del Secretario General las
siguientes: […]

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BARRANQUILLA

ARTICULO DÉCIMO CUARTO DEL SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: Son Funciones
del Sub. Gerente Administrativo y Financiero las siguientes: […]

ARTICULO DÉCIMO QUINTO DEL SUBGERENTE OPERATIVO: Son funciones del Sub. Gerente
Operativo las siguientes: […]

ARTICULO DÉCIMO SEXTO DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: Son funciones del
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno: […]

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO de la Oficina de Planeación y Presupuesto: Son funciones del Jefe de la
Oficina de Planeación y Presupuesto: […]

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO de la Oficina del talento Humano: […]

ARTICULO DÉCIMO NOVENO de la Oficina de Tesorería: Son funciones del Jefe de la Oficina de Tesorería.

CAPITULO TERCERO
DE LOS ÓRGANOS DE ASESORIAS Y COORDINACIÓN

ARTÍCULO VIGÉSIMO DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ADMNISTRACION: Constituye la
instancia superior de la estructura funcional de la METROPOLITANADETRANSPORTEDEBARRANQUILLA S.A.,
en la definición y asesoría de la administración de la entidad, cuya misión es determinar las políticas,
estrategias, planes, programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la TERMINAL METROPOLITANA
DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A., en armonía con las decisiones de la Junta Directiva.

El Consejo de Administración estará Conformado por los funcionarios que se enuncian a continuación:

Gerente General
Secretario General
Sub Gerente Administrativo y Financiero
Sub Gerente Operativo
Asesor de Control Interno
Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto
Jefe de la Oficina de Talento Humano
Jefe de la Oficina de Tesorería

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Funciones del Consejo de Administración: El Consejo de Administración
tendrá las siguientes responsabilidades generales: […]

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga demás disposiciones que le sean contrarias.
[…]

I.1.2.6. RESOLUCIÓN NÚMERO 0426 DEL 20 DE DICIEMBRE DE
2010:
“RESOLUCIÓN No. 0426
(Diciembre 20 de 2010)

“Por medio de la cual se ajusta la Planta de Personal de la TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE
DE BARRANQUILLA S.A. y se dictan otras disposiciones”

El GERENTE DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA S.A.,

En ejercicio de las facultades Consagradas en la Constitución y la Ley y especialmente el Acta de Junta
Directiva 181 de Diciembre 20 de 2010, y

CONSIDERANDO

[…]

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Suprímase de la Planta de Personal de Trabajadores Oficiales de LA TERMINAL
METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A Cuarenta y Ocho Cargos (48) cargos, así:

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BARRANQUILLA

Nº
TRABAJADORES OFICIALES CÓDIGO GRADO
CARGOS
ASIMILADO AL NIVEL
PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO –
1 219 11
CONTADOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO –
OFICINA DE PLANEACIÓN Y 1 290 11
PRESUPUESTO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO –
1 219 11
OFICINA DE TESORERIA SISTEMA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO –
1 219 11
RECURSOS HUMANOS
ASIMILADO AL NIVEL TECNICO
TECNICO ADMINISTRATIVO 2 367 09
TECNICO OPERATIVO 1 314 11
ASIMILADO AL NIVEL
ASISTENCIAL
SECRETARIA 3 440 10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 407 09
AUXILIAR DE SERVICIOS
1 470 08
GENERALES – ASEO
OPERARIOS DE CONTROL 16 487 08
GUIAS TURISTICAS 17 487 08
TOTAL CARGOS A SUPRIMIR 48

Parágrafo: Las indemnizaciones de los trabajadores oficiales a quienes se les suprima el cargo, se les
reconocerán y pagarán de conformidad con lo previsto en la Ley 6 de 1945, el contrato de trabajo
respectivo, el pacto colectivo y las disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 2°: La Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla S.A., mantendrá temporalmente
vigente una planta transitoria integrada por los funcionarios a quienes se les ha suprimido el cargo
conforme el artículo precedente, pero que en defensa de la garantía constituida por el fuero sindical o por
su calidad de pre-pensionable no podrán ser separados de sus cargos, hasta el cumplimiento de las
siguientes condiciones:

1). A partir de la ejecutoria de la sentencia que autoriza el levantamiento de fuero sindical o del vencimiento
del término de ese fuero contemplado en la ley o en los estatutos, quedarán automática y definitivamente
suprimidos los cargos ocupados por los servidores públicos que gozan de fuero sindical y que se relacionan
a continuación:

No. EMPLEOS DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO

1 Uno PROFESIONAL UNIVERSITARIO – CONTADOR 219 11

1 Uno TECNICO ADMINISTRATIVO SISTEMA 367 09

6 Seis OPERARIOS DE CONTROL 487 08
7 Siete GUIAS TURISTICAS 487 08

2). A partir de la resolución de reconocimiento y pago de la pensión, quedarán automática y definitivamente
suprimidos los cargos ocupados por servidores públicos que se beneficien de la pensión y que se relacionan
a continuación:

No. EMPLEOS DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO

1 (uno) AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 09

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Demandante: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA

ARTÍCULO 3º: Las funciones propias de las diferentes Dependencias de la TERMINAL METROPOLITANA
DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A. serán atendidas por la planta de personal de empleados públicos
que a continuación se establece:

DENOMINACIÓN DE CARGOS CÓDIGO N CARGOS
EMPLEADOS PÚBLICOS
NIVEL DIRECTIVO
GERENTE 0015 1
SECRETARIO GENERAL 0037 1
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 0040 1
SUB GERENTE OPERATIVO 0040 1
JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 0137 1
JEFE OFICINA DEL TALENTO HUMANO 0137 1
JEFE OFICINA DE TESORERÍA 0137 1
NIVEL ASESOR
ASESOR CONTROL INTERNO 1020 1
NIVEL ASISTENCIAL
SECRETARIA EJECUTIVA 4210 1
TOTAL EMPLEADOS PÚBLICOS 9

ARTÍCULO 4. El número de trabajadores oficiales al servicio de la TERMINAL METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE BARRANQUILLA es de VEINTICINCO (25) trabajadores oficiales así:
[…]

ARTÍCULO 5. Se realiza la siguiente distribución de cargos de la planta global y de trabajadores oficiales,
y se ubicará el personal teniendo en cuenta la estructura, organización interna, los planes, los programas
y las necesidades del servicio así: […]

ARTÍCULO 6º. La incorporación de los empleados públicos a la nueva planta de personal que se adopta
en la presente Resolución, se hará conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, dentro
de los siguientes treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de su publicación.

Los empleados públicos continuarán percibiendo la remuneración mensual correspondiente a los empleos
que desempeñan actualmente, hasta tanto se produzca la incorporación a la nueva Planta de Personal y
tomen posesión del cargo.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las demás disposiciones que le
sean contrarias.

[…]

I.1.2.7. RESOLUCIÓN NÚMERO 0427 DEL 20 DE DICIEMBRE DE
2010:

“RESOLUCIÓN No. 0427
(Diciembre 20 de 2010)

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL SISTEMA DE NOMENCLATURA, CLASIFICACIÓN DE EMPLEOS Y ESCALAS
DE REMUNERACIÓN SALARIAL A LOS EMPLEADOS DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE
DE BARRANQUILLA S.A. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL GERENTE DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA S.A.

En ejercicio de las facultades consagradas en la Constitución y la Ley y especialmente el Acta de la Junta
Directiva 181 de Diciembre 20 de 2010, y

[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DEL CAMPO DE APLICACIÓN. Este sistema de nomenclatura, clasificación de
empleos y escala de remuneración salarial, regirá para los servidores públicos que desempeñan las distintas
categorías de empleo en la TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A

ARTÍCULO SEGUNDO: DE LA NOCIÓN DE EMPLEO […]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA

ARTÍCULO TERCERO: CLASIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES. Para todos los efectos legales las
personas que prestan sus servicios a la TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA
S.A, tendrán el carácter de Trabajadores Oficiales vinculados mediante contrato de trabajo, con excepción
del Gerente y los funcionarios que determine la Asamblea de Accionistas en los estatutos, quienes tendrán
la calidad de empleados públicos.

ARTÍCULO CUARTO: RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

ARTÍCULO QUINTO: RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL.

ARTÍCULO SEXTO: DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Según la naturaleza general de sus
funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de la TERMINAL
METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A. se clasificarán en los siguientes niveles
jerárquicos:

NIVEL DIRECTIVO
NIVEL ASESOR
NIVEL PROFESIONAL
NIVEL ASISTENCIAL

PARÁGRAFO: Para los trabajadores oficiales de la entidad se ha procedido a efectuar una asimilación a los
niveles establecidos en la norma para los empleados públicos, a efectos de determinar la escala salarial de
la entidad.

ARTÍCULO CUARTO (sic): DE LA NATURALEZA GENERAL DE LAS FUNCIONES […]

ARTÍCULO QUINTO (sic): DEL CÓDIGO. Cada empleo se identifica con un código de seis (6) dígitos: […]

ARTÍCULO SEXTO (sic): DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS DEL NIVEL DIRECTIVO. El Nivel
Directivo está integrado por los siguientes empleos:

DENOMINACIÓN DE CARGOS CÓDIGO GRADO
GERENTE 0015 14

SECRETARIO GENERAL 0037 03

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 0040 03

SUB GERENTE OPERATIVO 0040 03

JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 0137 02
JEFE OFICINA DEL TALENTO HUMANO 0137 02
JEFE OFICINA DE TESORERIA 0137 02

ARTÍCULO SÉPTIMO: DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS DEL NIVEL ASESOR. El Nivel Asesor
está integrado por los siguientes empleos:

NIVEL ASESOR CÓDIGO GRADO
ASESOR CONTROL INTERNO 1020 04

ARTÍCULO OCTAVO: DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS DEL NIVEL PROFESIONAL. El Nivel
Profesional está integrado por los siguientes empleos:

NIVEL PROFESIONAL CÓDIGO GRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 03

ARTÍCULO DÉCIMO: DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS DEL NIVEL ASISTENCIAL. El Nivel
Asistencial está integrado por los siguientes empleos:

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10

Radicado: 08001-23-31-000-2011-01058-01
Demandante: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA

NIVEL ASISTENCIAL CÓDIGO GRADO
SECRETARIA EJECUTIVA 4210 19
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4044 11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARCHIVO 4044 10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECEPCIÓN 4044 10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO 4044 08
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES – ASEO 4064 08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONDUCE 4044 09
SUPERVISORES 4220 10
CONTROL DE TRANSPORTES 4167 09

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: DE LOS GRADOS DE REMUNERACIÓN SALARIAL EN LA TERMINAL
METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A. Los Empleados Públicos y trabajadores
oficiales de la TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. Tendrán la siguiente
escala de remuneración salarial por grados y asignación mensual, de conformidad a lo establecido en el
Decreto 1374 de 2010 del Departamento Administrativo de la Función Pública. […]

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: DE LOS ACTUALES EMPLEOS. Los empleos que al momento del ajuste
de la planta de personal, se encuentran prestando sus servicios a la TERMINAL METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A., deberán ser incorporados a los cargos de la planta de personal que
se fije de conformidad con el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos establecido en esa
Resolución, no se le exigirán requisitos distintos a los ya acreditados y solo se requerirá de la firma del
acta correspondiente, o en su defecto con la firma de la primera nómina en que figure dicha nomenclatura.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La escala salarial establecida en la presente Resolución será actualizada
para el año 2011, de acuerdo con los porcentajes de aumento que estipule el Gobierno Nacional para el
sector público aplicables a las EICE.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Esta resolución rige a partir de la fecha de expedición y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias. […]”

I.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas infringidas se señalaron los artículos 6 y 209 de la
Constitución Política; los artículos 10 y 11 (numerales 1, 2 y 3) de la Ley
489 de 19986; el artículo 46 de la Ley 909 de 20047; los artículos 96 y 97
del Decreto 1227 de 20058, y los artículos 30 y 38 (numerales 12 y 15)
de los Estatutos de la Terminal Metropolitana de Transporte de
Barranquilla S.A.

El demandante manifestó que la Junta Directiva y el gerente de la
Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla S.A. se
extralimitaron en sus funciones al expedir los actos acusados,

6
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
7
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones.
8
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998.

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Demandante: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE
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contrariando los artículos 6 y 209 de la Constitución. En segundo lugar,
reprochó que la Junta Directiva delegó en el gerente funciones que son
indelegables, sin especificar cuáles eran las facultades delegadas, con lo
cual se violaron los artículos 10 y 11 de la Ley 489 de 1998. Asimismo,
afirmó que el estudio técnico aprobado para la reestructuración de la
entidad esta soportado en falsas motivaciones dado que la Terminal
Metropolitana de Transporte de Barranquilla S.A. no se encuentra en
ninguna de las situaciones descritas por el artículo 96 del decreto 1227
de 2005 y tampoco tiene como soporte las previsiones del artículo 97 del
mismo Decreto. Finalmente, planteó que se violaron los estatutos de la
entidad porque la Junta Directiva no expidió los acuerdos que debían
amparar las decisiones adoptadas y porque las modificaciones a la planta
de personal implicaban una modificación de los estatutos, facultad
reservada para la Asamblea General de accionistas.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla S.A.,
actuando a través de apoderada, contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones con fundamento en las siguientes razones9:

En primer lugar, indicó que el estudio técnico no es un acto administrativo
definitivo, de manera que no es susceptible de ser enjuiciado. En el mismo
sentido, reprochó que en el concepto de violación de la demanda no se
estableció de forma clara en qué consiste la supuesta infracción del orden
jurídico ni sustentó las causales de nulidad alegadas. Por tal razón,
propuso la excepción de inepta demanda y solicitó inhibirse de emitir
pronunciamiento de fondo.

En segundo lugar, señaló que los actos administrativos demandados no
están viciados de nulidad, pues se expidieron por el órgano competente y

9
Visible a folios 165 a 173 del Cuaderno No. 1 del expediente

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cumpliendo los requisitos de ley. Adujo que la reestructuración
administrativa no se encuentra viciada por una falsa motivación, dado que
la reforma de la planta de personal de la Terminal de Transporte de
Barranquilla se fundamentó en razones de buen servicio y en el interés
de racionalización del gasto. Además, dijo que el Gerente era competente
para realizar la supresión de cargos toda vez que la Junta Directiva le
delegó esa facultad, amparada en los artículos 9 de la Ley 489 de 1998 y
38 de los estatutos de la entidad.

III. LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 25 de julio de 2014, la Subsección de
Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico declaró
probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la
acción, se inhibió para pronunciarse de fondo en el asunto de la referencia
y se abstuvo se imponer condena en costas. La decisión se apoyó en las
siguientes consideraciones:

Previo a proveer sobre el problema jurídico, el a quo señaló que la acción
de nulidad no es procedente cuando se dirige contra actos previos o
preparatorios, tal como lo es el estudio técnico realizado para la
restructuración administrativa de la Terminal Metropolitana de
Transportes de Barranquilla. En esa medida, aclaró que los actos
administrativos que consolidaron las situaciones jurídicas reclamadas
fueron las resoluciones 0424, 0425, 0426 y 0427, todas de diciembre 20
de 2010, razón por la que determinó que “son estos los actos que se
deben controvertir en instancia judicial y no los actos preparatorios”.

A continuación, enunció que el problema jurídico a resolver consistía en
determinar “si los actos administrativos demandados violaron los artículos

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46 de la Ley 909 de 2004; 10 y 11 de la Ley 489 de 1998, y 96 del Decreto
1227 de 2005, configurándose en ellos así, una falsa motivación”10.

En primer lugar, frente al planteamiento del demandante conforme el cual
la Junta Directiva no emitió los acuerdos correspondientes para poder
adoptar las decisiones y delegaciones contenidas en los actos acusados,
pues “todas las decisiones fueron consignadas simplemente en actas”11,
el a quo señaló que el Acta 181 de 20 de diciembre de 2010 contiene los
Acuerdos 002 y 003 de la misma fecha, en los cuales la Junta Directiva
de la Terminal de Transportes de Barranquilla tomó decisiones específicas,
cumpliendo así con sus funciones estatutarias de la forma en la que
señalan sus estatutos.

En segundo lugar, en relación con los cargos de falsa motivación y
desviación de poder en la expedición de los actos administrativos
acusados, el Tribunal manifestó que en el Acta 180 de 29 de octubre de
2010 la Junta Directiva se dejó constancia de que se hizo un estudio
financiero comparativo con las demás terminales de transportes del país,
que llevó a concluir que la de Barranquilla era la que menos rentabilidad
ofrecía a sus accionistas, por lo que era necesario revisar sus debilidades
y ejecutar un proyecto más rentable.

Ahora bien, a partir de la revisión del artículo 38, numerales 2, 4, 12, 15
y 16 de los Estatutos de la Terminal Metropolitana de Transportes de
Barranquilla, en los cuales se señalan las funciones de la Junta Directiva,
advirtió que los actos administrativos demandados afectarían situaciones
particulares, en concreto, derechos laborales, por lo que concluyó que la
acción apropiada para dirimir esta causa es la de nulidad y
restablecimiento del derecho.

10
Folio 198 del cuaderno de primera instancia.
11
Ibidem.

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En ese orden, bajo la consideración de que los actos relacionados con la
adopción del estudio técnico para la restructuración administrativa de la
Terminal, la modificación de la estructura administrativa, el ajuste de su
planta de personal y la modificación del sistema de nomenclatura no
afectan situaciones generales susceptibles de ser controvertidas a través
de la acción de nulidad simple, el Tribunal determinó que en el presente
asunto se encontraba probada la excepción de inepta demanda por
indebida escogencia de la acción, lo cual obligaba a la Sala a inhibirse de
emitir pronunciamiento en torno al fondo del asunto.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de 25 de julio de 2014. En primer lugar, señaló nuevamente
que “el Estudio Técnico para la Restructuración Administrativa de la
Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. de fecha
diciembre de 2010, viola la Ley 909 de 2004, puesto que no cumple con
los requisitos consagrados en el artículo 46 de dicha Ley. De la misma
manera el referido Estudio viola el Decreto 1227 de 2005 puesto que no
cumple con lo consagrado en los artículos 95 y 96 del Decreto 1227 de
2005”12. Igualmente, reiteró que las Resoluciones 0425, 0426 y 0427 de
20 de diciembre de 2010 son violatorias del artículo 11 de la Ley 489 de
1998, puesto que la atribución para fijar y modificar la estructura
administrativa y el régimen de personal de la Terminal Metropolitana de
Transportes de Barranquilla fueron delegadas a la junta directiva por
parte de la Asamblea General de dicha entidad y no es procedente la
delegación de las funciones que se han recibido. En lo demás, la parte
demandante repitió los argumentos expuestos en el acápite de concepto
de violación de la demanda.

12
Folio 204 del cuaderno de primera instancia.

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De otra parte, manifestó que, conforme a la jurisprudencia reiterada del
Consejo de Estado, los actos de contenido particular se pueden demandar
en acción de simple nulidad cuando no traigan aparejado el
restablecimiento del derecho, para lo cual se refirió a la sentencia de 16
de febrero de 2012 (exp. número 68001-23-31-000-2003-00923-01)13.
Bajo tal premisa, afirmó que con la demanda formulada no se pretende
el restablecimiento del derecho, de manera que la acción de simple
nulidad es procedente.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

V.1. La Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla S.A.
solicitó confirmar el fallo de primera instancia señalando que el a quo
acertó al declarar probada la excepción de inepta demanda, toda vez que
con la nulidad de los actos administrativos acusados se genera como
consecuencia obligatoria la afectación a los derechos laborales de los
trabajadores de la entidad, teniendo en cuenta que éstos no afectan
situaciones generales, sino particulares. Por ende, insistió en que la acción
que debía incoarse era la de nulidad y restablecimiento del derecho,
aunque también destacó que este mecanismo se encuentra caducado. En
lo demás, replicó los argumentos expuestos en la contestación a la
demanda y pidió condenar en costas a la parte demandante.

V.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio
en esta etapa procesal.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

13
C.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila.

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De conformidad con el artículo 129 del CCA y el artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta corporación, esta Sección
es competente para conocer del asunto de la referencia, en segunda
instancia.

VI.2. Hechos

VI.2.1. En reunión celebrada el 29 de octubre de 2010, la Junta Directiva
de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. otorgó
facultades al gerente de dicha entidad para contratar la realización de un
estudio técnico para la restructuración administrativa de la empresa,
reunión que consta en el acta núm. 180 de 29 de octubre de 2010.

VI.2.2. El estudio se fundamentó en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227
de 2005. Sin embargo, según el criterio del demandante, el documento
en realidad no cumple con los requisitos del artículo 46 de la citada
normatividad, como tampoco con lo estipulado en los artículos 95 y 96
del Decreto 1227 de 2005.

VI.2.3. En reunión de 20 de diciembre de 2010, cuyo desarrollo consta en
el Acta 181 de la misma fecha, la Junta Directiva de la Terminal
Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. aprobó el estudio
técnico, la restructuración administrativa y la nueva estructura
administrativa. Igualmente se aprobó la creación y supresión de cargos y
empleos oficiales con su correspondiente escala salarial y el manual de
funciones. Así mismo, la Junta Directiva facultó al gerente de la entidad
para la implementación del Acta 181 de 20 de diciembre de 2010.

VI.2.4. Con fundamento en el Acta 181, el Gerente de la Terminal
Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. expidió las resoluciones
0424, 0425, 0426 y 0427 de 20 de diciembre de 2010.

VI.3. Problema jurídico

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La Sala se ocupará de establecer si la acción de nulidad simple es el
mecanismo procesal idóneo para ejercer el control judicial respecto de los
actos acusados, en atención a su naturaleza y al alcance de las
pretensiones que se persiguen con la demanda que aquí se analiza.

VI.4. Análisis del asunto

VI.4.1. En el asunto bajo examen, el apelante controvirtió la decisión de
declarar probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia
de la acción e inhibirse de emitir pronunciamiento sobre el fondo de la
controversia, aduciendo que la acción de nulidad procede contra actos de
contenido particular cuando no traiga aparejado el restablecimiento del
derecho, y que con su demanda no pretende el restablecimiento de un
derecho subjetivo.

Para absolver el cuestionamiento en torno a la procedencia de la acción
escogida por la demandante, en primer lugar, la Sala debe verificar la
naturaleza de los actos demandados, en orden a determinar si le asistió
razón al a quo al catalogarlos como actos de contenido particular y
concreto que, por regla general, son susceptibles de control a través de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Al respecto, la Sala observa que el contenido y alcance de las resoluciones
0425, 0426 y 0427 de 20 diciembre de 2010 es diferenciable entre sí,
circunstancia ésta que redunda en el mecanismo procedente para surtir
la impugnación respecto de cada una de ellas, tal como se explica a
continuación:

VI.4.1.1. Sobre la impugnabilidad de las resoluciones 0424 y 0425
de 20 de diciembre de 2010 – teoría de móviles y finalidades

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En primer lugar, se tiene que, a través de la resolución 0424 de 20 de
diciembre de 2010, el gerente de la Terminal Metropolitana de
Transportes de Barranquilla S.A. resolvió adoptar como Estudio Técnico
para la Reestructuración Administrativa de la Terminal Metropolitana de
Transporte de Barranquilla S.A., el documento presentado con tal
propósito ante la Junta Directiva de la entidad en la reunión celebrada en
el 20 de diciembre de 2010. Por su parte, mediante resolución 0425 de la
misma fecha, el citado funcionario modificó la estructura administrativa
de la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla.

De lo anterior se desprende que las decisiones adoptadas a través de las
resoluciones 0424 y 0425 de 20 de diciembre de 2010 se encuentran
dirigidas a un destinatario específico, a saber, la Terminal Metropolitana
de Transporte de Barranquilla, en tanto se concretan en órdenes
específicas de reestructuración de su organización interna, por lo que
constituyen actos administrativos particulares, al estar directamente
identificado su destinatario.

En ese sentido, y a la luz de lo expuesto por el apelante en su recurso,
valga recordar que, en principio, la naturaleza del acto acusado determina
la acción que debe ejercerse para controvertir su legalidad. Así, si bien no
existe una regla expresa en el artículo 85 del CCA, el contenido de éste, en
cuanto alude a la situación de las personas que se consideren lesionadas
en un derecho amparado por una norma jurídica, indica que la acción
procedente contra los actos administrativos de carácter particular
corresponde a la de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que sería
ésta la acción pertinente para ejercer el control de legalidad respecto de
las resoluciones 0424 y 0425 de 20 diciembre de 2010, antes identificadas.

Sin embargo, en este punto conviene traer a colación la aplicación de la
teoría de móviles y finalidades, acuñada por esta Corporación desde hace
más de seis décadas, según la cual es posible demandar un acto de

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contenido particular y concreto a través de la acción de simple nulidad,
siempre que se advierta una clara vulneración al ordenamiento jurídico
general y no se produzca como consecuencia el restablecimiento
automático del derecho.

En efecto, la jurisprudencia de esta corporación14 ha reseñado que, desde
el primer Código Contencioso Administrativo, esto es, la Ley 130 de 1913,
se estableció un control contencioso contra los actos de las corporaciones
o empleados administrativos, a través de las acciones de nulidad y de
lesividad, esta última referida a revisar dichos actos “en el concepto de
ser lesivos de derechos civiles”, caso en el cual se procedía a petición de
quienes tuvieran interés en ello. Luego, en la Ley 167 de 1941, segundo
Código Contencioso Administrativo, se estructuraron de manera más clara
las acciones procedentes, denominándolas de nulidad y de plena
jurisdicción, correspondientes a los contenciosos objetivo y subjetivo. Y
más adelante, en el Decreto 01 de 1984, tercer Código Contencioso
Administrativo, aplicable a este proceso, se regularon las dos acciones
denominándolas de nulidad simple y de nulidad y restablecimiento del
derecho, respectivamente.

Ha señalado esta corporación que dichas acciones se diferencian, entre
otros aspectos, en cuanto a su titularidad. Así, la de nulidad es una acción
pública, abierta a todas las personas, cuyo ejercicio no necesita de un
abogado, mientras que el ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento está condicionada a la existencia de un interés, de
manera que podrá ejercerla quien considere que su derecho ha sido
lesionado y es necesario para tal efecto el apoderamiento de un
profesional del derecho.

14
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.
Sentencia de 4 de marzo del 2003. Radicación: 11001-03-24-000-1999-05683-02 (IJ-030). Actor: Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.

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Otro aspecto que distingue a las dos acciones tiene que ver con su
procedibilidad, el cual se vincula directamente con la teoría de los motivos
y finalidades. En efecto, los motivos determinantes de la acción y las
finalidades que a ella ha señalado la Ley son los elementos que sirven
para calificar su procedencia. Así, la Corporación identificó el criterio de
distinción entre las dos acciones bajo el concepto de “pretensión litigiosa”
de acuerdo con el cual, mientras que la acción de nulidad persigue como
único motivo la tutela del orden jurídico abstractamente considerado, la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho tiene por objeto la
garantía de derechos privados vulnerados por actuaciones de la
administración, propósito que se logra mediante el restablecimiento del
derecho o el resarcimiento del daño15.

Bajo ese contexto la Corporación reconoció que el acto particular
susceptible de ser atacado a través de la acción de simple nulidad es aquel
que comporta un interés para la comunidad, colectivo o comunitario, con
incidencia trascendental en la economía nacional y/o proyección sobre el
desarrollo y bienestar social y económico de gran número de
colombianos16.

En ese orden, bajo la teoría expuesta, la procedencia de la acción de
nulidad contra un acto de contenido particular se encuentra atada a que
el motivo que con ella se persiga sea el de conjurar cualquier atentado
contra el orden jurídico y la legalidad abstracta, de manera que la
demanda debe evidenciar una finalidad de orden objetivo y no subjetivo.
Para el efecto, la teoría acude al criterio de “pretensión litigiosa” como
elemento de distinción entre las dos acciones, siendo este un parámetro
según el cual, si, de conformidad con las pretensiones del demandante,
del fallo de nulidad que eventualmente se produjera no se genera un

15
Ibidem.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 5 de octubre de
2006. Expediente 25000-23-27-000-2001-02103-02(14645). Consejera ponente: Ligia López Díaz.

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restablecimiento automático del derecho a favor de aquél o de un tercero,
es procedente la acción de nulidad.

Con todo, para la procedencia de la acción de nulidad contra un acto
particular no basta con que en la demanda se alegue que el actor no
persigue un restablecimiento de un derecho subjetivo. Adicionalmente, es
necesario que éste acredite que actúa en defensa del interés general,
dado que la eventual declaratoria de nulidad del acto administrativo de
contenido particular que se ataca, per se, va a generar un efecto directo
sobre el particular respecto de quien se creó una situación jurídica
concreta. De ahí la necesidad que en la demanda se demuestre que la
actuación se inició fue en defensa de un interés general, pues ello es lo
que justifica que la acción sea de nulidad, y que la jurisdicción acepte
entonces que se someta a juicio el interés particular ya reconocido por la
administración17.

Pues bien, en el asunto bajo examen, el apelante controvirtió la decisión
de declarar probada la excepción de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción aduciendo que la acción de nulidad es procedente
en este caso porque con la demanda no pretende el restablecimiento de
un derecho subjetivo.

En este punto la Sala advierte que la posible anulación de las resoluciones
0424 y 0425 de 20 de diciembre de 2010 implicaría que las situaciones

17
Así se explicó en la providencia de 21 de septiembre de 2021 en los siguientes términos: “[…] Así, como
quiera que lo demandado es un acto administrativo de carácter particular, para que sea tramitado por la vía
de la acción de nulidad simple, deben concurrir dos presupuestos, atendiendo la teoría de los móviles y las
finalidades. En primer lugar, es indispensable que de la demanda no se produzca el restablecimiento
automático de un derecho para el demandante o para un tercero, como lo señala el ordinal primero indicado,
como requisito necesario; pero, adicionalmente, es indispensable que de la demanda se establezca claramente
que el demandante busca la protección del interés general y del orden jurídico, pues es el presupuesto
indispensable de la acción de nulidad, que debe estar vigente cuando se trata de demandar actos
administrativos de carácter particular. Con fundamento en la comprobación del cumplimiento de tales
requisitos, se establece la procedencia de adelantar proceso contra un acto de carácter particular por la vía de
la acción de nulidad simple, pues no puede olvidarse que tal adecuación es de carácter excepcional y está
fundamentada en la teoría de los móviles y finalidades, que involucra en el análisis el motivo por el cual se
demanda; ello, más aún cuando se trata de afectar derechos que la propia administración ha reconocido a
particulares, pues en estos casos lo que justifica la intervención de la jurisdicción está precisamente en la
defensa del interés general propio del medio de control de nulidad. […]”. Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 21 de septiembre de 2021, Radicación número: 11001-
03-24-000-2020-000478-00, C.P.: Oswaldo Giraldo López.

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jurídicas allí reguladas se retrotraigan al estado en que se encontraban
antes de su expedición, es decir, representaría que la estructura
administrativa de la Terminal Metropolitana de Transportes de
Barranquilla recobrara la disposición que existía antes de la expedición de
los citados actos. Ello, por cuanto, como se ha dicho, las resoluciones
acusadas crearon una nueva situación jurídica para su destinatario
específico, representada en la variación de su estructura orgánica y las
funciones asignadas a sus dependencias. Así entonces, lo cierto es que la
eventual declaratoria de nulidad de las resoluciones 0424 y 0425 afectaría
a la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla, en quien el
acto administrativo acusado creó una situación jurídica particular.

Correlativamente, el examen del expediente pone de presente que el
demandante no desarrolló argumento alguno encaminado a demostrar
cuál es el interés general que pretende amparar con su solicitud, al punto
en el que ni en la demanda ni en el escrito de apelación se refirió a las
razones por las cuales la pretensión de nulidad de estos actos radica en
la tutela al ordenamiento jurídico en abstracto. Igualmente, ni de los
cargos formulados en la demanda ni del concepto de la violación
presentado se desprende una explicación conforme a la cual la eventual
nulidad de estos actos atendería a la protección del interés general que
estaría involucrado en su expedición. Además, lo cierto es que las
decisiones adoptadas a través de las resoluciones 0424 y 0425 de 20 de
diciembre de 2010 no conllevan un interés para la comunidad en general
y no representan una afectación grave o evidente el orden público social
o económico.

La anterior constatación pone de presente que, tal como lo evidenció el a
quo, la acción de nulidad simple formulada en contra de las resoluciones
0424 y 0425 de 20 de diciembre de 2010 no es procedente en los términos
en los que fue planteada.

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Ahora bien, habida cuenta de la decisión inhibitoria adoptada por el a quo
tras arribar a la anterior conclusión, debe recordarse que en asuntos como
el que se examina esta Sección ha reconocido que “el hecho de que el
interesado haya invocado el ejercicio de la acción pública de nulidad,
prevista en el artículo 84 del CCA, no convierte per se la demanda en
inepta, dado que, en aras de garantizar la prevalencia del derecho
sustancial, el juzgador debe interpretarla y analizar si se dan o no los
presupuestos para la viabilidad de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho establecida en el artículo 85 ibidem”18.

Para el efecto, la Sala resalta que, como se explicó en la precedencia, el
carácter subjetivo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
implica que quien la ejerce debe acreditar una afectación directa por
causa del acto administrativo cuestionado, esto es, que le asiste
legitimación en la causa por activa para controvertirlo.

Con todo, del estudio de la demanda se evidencia que el aquí accionante
tampoco demostró haber sufrido una trasgresión de sus derechos e
intereses jurídicamente protegidos a causa de las resoluciones por las
cuales se adoptó el Estudio Técnico de Reestructuración y Modernización
Administrativa de la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla
S.A. y se modificó la estructura administrativa de esta entidad. En efecto,
en su escrito no manifestó cuál era la afectación directa que esas
decisiones le habrían ocasionado, y tampoco es posible inferir esa
cuestión de lo planteado en la demanda.

Por lo anterior, la Sala concluye que el Sindicato de Trabajadores de la
Terminal Metropolitana de Barranquilla carece de legitimación en la causa
por activa para demandar, a través de la acción de nulidad y

18
Sentencia de 21 de mayo de 2021, radicado: 150012331000 2007 00246 01, C.P.: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 15 de febrero de 2024, radicado: 11001 03 24 000 2011 00032 00, C.P.: Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, entre otras.

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restablecimiento del derecho, las Resoluciones 0424 y 0425 de 20 de
diciembre de 2010. En consecuencia, se impone confirmar en ese punto
la sentencia de 25 de julio de 2014, en cuanto se inhibió de emitir un
pronunciamiento de fondo con relación a los cargos formulados en contra
de los actos enunciados, pero por las razones explicadas.

VI.4.1.2. Sobre la naturaleza e impugnabilidad de las resoluciones
0426 y 0427 de 20 de diciembre de 2010

Ahora bien, en cuanto a los actos administrativos demandados restantes,
se tiene que, a través de la resolución 0426 de 20 de diciembre de 2010,
se ajustó la planta de personal de la Terminal Metropolitana de
Barranquilla de manera que se suprimieron 48 cargos de la estructura de
empleos, se adoptaron las medidas transitorias para implementar dicha
reforma respecto de los funcionarios amparados por las garantías del
fuero sindical o por su calidad de pre-pensionados y se distribuyeron los
cargos de la planta global y de trabajadores oficiales. Por su parte, a
través de la Resolución 0427 se modificó el sistema de nomenclatura,
clasificación de empleos y escalas de remuneración salarial respecto de
los servidores públicos que desempeñan distintas categorías de empleo
en la Terminal.

De la revisión de las órdenes específicas que allí se impartieron, la Sala
advierte que éstas se proyectan sobre los empleos existentes al interior
de la Terminal de Metropolitana de Transportes de Barranquilla, esto es,
sobre cargos que no se identifican a partir de personas individualmente
consideradas, de manera que lo allí dispuesto no se encuentra referido de
manera directa a un destinatario específico. Por ende, los sujetos que
eventualmente resultarían afectados con estas resoluciones son personas
indeterminadas, pues se advierte que, para la concreción de las medidas
impartidas, se requeriría de actos adicionales, como lo sería aquel por el
cual se ordene un despido o el cambio de un trabajador de una

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dependencia a otra, que, en definitiva, implican una modificación en una
situación laboral específica.

En ese orden, en criterio de la Sala, el ajuste de la planta de personal de
la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla, así como las
decisiones sobre el sistema de nomenclatura, clasificación de empleos y
escalas de remuneración salarial de los cargos que la integran,
constituyen decisiones de naturaleza general, que se concretaron en
resoluciones con ese alcance. En efecto, los anteriores actos
administrativos son de carácter general en la medida en que no se dirigen
a una persona o grupo particular, y además porque su contenido es
impersonal y abstracto. Así, los actos que ordenan una reestructuración
de puestos de trabajo, bien sea porque se suprimen o adicionan cargos
de las distintas unidades administrativas de la entidad, o porque se
especifica su denominación o el grado que le corresponde, son de carácter
general, toda vez que se pronuncian sobre una realidad objetiva sin que
la voluntad de la administración se concrete en un pronunciamiento
respecto de la situación de los titulares. En definitiva, tal como lo ha
señalado esta Corporación, el acto por el cual se determina la planta de
personal y se distribuye y organizan los cargos que la conforman, “por
estar referido a empleos, son de carácter objetivo, general, impersonal”19.

Dicha conclusión no desconoce que la modificación que se ordena sobre
los cargos que integran la planta de personal pueden derivar,
posteriormente, en situaciones de índole subjetiva. Sin embargo, lo cierto
es que la configuración de dichas circunstancias de carácter particular y
concreto requiere de la expedición de actos administrativos en los que se
que identifique plenamente a cada uno de los funcionarios y se determine
su situación jurídica dentro de la estructura de personal, de manera que,

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 19 de julio de 2017, radicado: 25000-23-
42-000-2014-01109-01(4042-15), C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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en cualquier caso, serían estos últimos los actos que afectan directamente
los derechos de los funcionarios.

En particular, en el asunto bajo examen la configuración de dichas
circunstancias concretas demanda la existencia de actos que concreten
en sujetos específicos las órdenes generales adoptadas a través de las
resoluciones 0426 y 0427 de 20 de diciembre de 2010.

Desde esta perspectiva, la Sala advierte que, contrario a lo dicho por el
Tribunal, el alcance de las decisiones contenidas en las resoluciones 0426
y 0427 no corresponde a la modificación de situaciones laborales
particulares, en tanto la afectación a derechos de esa índole sobre la cual
se funda esa conclusión solo se daría si aquellos se materializan a través
de actos de contenido particular y concreto, caso en el cual estos últimos
serían susceptibles de ser controvertidos a través de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho por parte de quien acredite tener interés
legítimo para ello.

Por esa razón, en este punto no resulta acertada la tesis del Tribunal que
impartió un tratamiento uniforme a todos los actos demandados y,
desconociendo el real alcance de las decisiones adoptadas mediante las
resoluciones 0426 y 0427 de 20 de diciembre de 2010, concluyó que éstos
no contenían una manifestación de la administración de carácter general
susceptible de ser demandada a través de la acción de nulidad simple.

La anterior constatación pone de presente que, contrario a la conclusión
de la sentencia apelada, la acción de nulidad simple presentada por el
Sindicato de Trabajadores de la Terminal Metropolitana de Barranquilla sí
es procedente para controvertir la legalidad de las resoluciones 0426 y
0427 de 20 de diciembre de 2010.

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VI.4.2. Lo evidenciado respecto de las resoluciones 0426 y 0427 de 20
de diciembre de 2010 pone de presente que en el fallo de primera
instancia se dejó de resolver en su totalidad sobre los reproches
concernientes a la vulneración de normas superiores y de falsa motivación
planteados en la demanda en contra de las resoluciones 0426 y 0427 de
20 de diciembre de 2010. Dicha circunstancia impone realizar el siguiente
análisis con miras a determinar cuál es la autoridad competente para
absolverlos:

De acuerdo con el artículo 170 del CCA, al proferir sentencia, el Juez de
instancia está en la obligación de pronunciarse sobre las pretensiones, las
cuales constituyen el objeto del litigio; y, por ende, debe definir si éstas
tienen vocación de prosperar o si, por el contrario, deben estimarse las
excepciones. En el evento de que dicha decisión sea recurrida, el artículo
320 del Código General del Proceso - CGP20 indica que el objeto del
recurso de apelación es que el superior examine la providencia emitida
por el a quo, únicamente en relación con los reparos concretos que se
ventilen en el respectivo recurso, de modo que, una vez sea efectuado su
análisis, el fallador de segunda instancia solamente se encuentra
habilitado para confirmar, revocar o modificar el proveído impugnado.

Ahora, una vez esté ejecutoriada la correspondiente sentencia, se
presenta el fenómeno de cosa juzgada; es decir, a partir de dicho
momento se entiende que el litigio quedó resuelto de forma definitiva, por
lo que no es posible reabrir un nuevo debate procesal por el mismo objeto,
hechos y fundamentos de derecho. Ello, de conformidad con lo previsto
en el artículo 175 del CCA21, sin perjuicio de los procesos extraordinarios

20
Aplicable por la remisión dispuesta en el artículo 267 del CCA.
21
Artículo 175. Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza
de cosa juzgada "erga omnes". | La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada "erga omnes" pero
sólo en relación con la "causa petendi" juzgada.| La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de
reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y
la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos
de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta
declaración a su favor. |Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un

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que, como es bien sabido, tienen características especiales de
procedencia.

No obstante, conforme lo explicó esta Sección en sentencia de 15 de
diciembre de 202322, el Legislador reguló algunos eventos en los cuales
lo descrito no tiene lugar y entonces se habilita al Juez de Segunda
Instancia a devolver el proceso al a quo a efectos de que se pronuncie
sobre aspectos respecto de los cuales omitió valoración, a saber: (i)
cuando no se resuelve sobre una demanda de reconvención o sobre un
proceso acumulado, o (ii) cuando se emite una sentencia inhibitoria y el
ad quem encuentra que tal decisión no es acertada.

El último de los criterios ha sido desarrollado por la jurisprudencia a partir
de la garantía del principio de doble instancia y de la lectura del artículo
280 ibidem23 que ordena de manera imperativa a los jueces pronunciarse
sobre el objeto del litigio, de manera que, cuando ello no acontece por la
producción de un fallo inhibitorio, y tal decisión es revocada en segunda
instancia, la orden de devolución se cifra en la necesidad de que la
autoridad judicial dirima la discusión de fondo, pues admitir lo contrario
supondría no sólo la denegación del derecho de acceso a la administración
de justicia y debido proceso, sino el desconocimiento del citado principio.

Bajo tal perspectiva, de acuerdo con la postura reiterada por la Sala24, no
son admisibles los pronunciamientos que evitan ahondar en el análisis de

acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente
los decretos reglamentarios.”
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre
de 2023, expediente núm. 25000 23 24 000 2005 00891 01 acumulado con el proceso 25000 23 24 000 2005
00886 01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
23
Artículo 280. Contenido de la sentencia. La motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico
de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales,
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos
con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la
conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella. | La parte resolutiva se proferirá
bajo la fórmula “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley”;
deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones,
cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás
asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código. |Cuando la sentencia sea escrita,
deberá hacerse una síntesis de la demanda y su contestación.
24
Entre otras, ver la sentencia de 26 de abril de 2013 (Expediente núm. 50001-2331-000-2006-01004-01),
C.P. María Elizabeth García González, en la cual se precisó lo siguiente: “[…] Cabe advertir que esta

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29

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mérito so pretexto de advertir inadecuadamente un yerro de forma en la
demanda, circunstancia que habilita a retornar el expediente al Juez de
Primera Instancia con el fin de que cumpla la orden dispuesta en el
artículo 280 del CGP. Sobre el particular, es preciso indicar que, en
sentencia del 13 de noviembre de 2014, se dijo:

“6.3. Conclusión.

En consecuencia, como se profirió en este caso una sentencia inhibitoria
injustificada que vulnera el derecho de acceso efectivo a la administración
justicia, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, devolverá la
actuación al Tribunal para que ordene al demandante adecuar la demanda
a la acción de reparación directa, formulando las pretensiones declarativas
y de condena que corresponden a este tipo de acción.

Esta decisión se adopta siguiendo el criterio expresado en la Sentencia de
26 de abril de 2013 (Expediente núm. 2006-01004-01, Consejera ponente
doctora María Elizabeth García González), reiterada posteriormente25, en
que la Sala sostuvo que en tratándose de recursos de apelación respecto
de fallos inhibitorios injustificados, como ocurre en el sub lite, se debe
devolver el expediente al a quo para que estudie la demanda que no
analizó, pues resolver de fondo la controversia en segunda instancia
equivaldría a convertirla en un asunto de única instancia, privando de esta
manera a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer
Corporación, al estudiar en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
dictadas en primera por los Tribunales Contencioso Administrativos, en las cuales no se ha resuelto el fondo
del asunto -ello ha sido considerado injustificado-, en su lugar, ha procedido a proferir la providencia de mérito
que corresponda, en aplicación del ultimo inciso del artículo 357 del C. de P.C., el cual prevé: || “Cuando se
hubiere apelado una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun
cuando fuere desfavorable al apelante”. || Sin embargo, la Sala observa que esta norma resulta
incompatible con el texto de los artículos 29 y 31 de la Carta Política, que consagran el principio de
la doble instancia. […] Sobre este principio, la Corte Constitucional en sentencia C- 095 de 2003 (Expediente
D-4172, Magistrado ponente, doctor Rodrigo Escobar Gil), precisó: “… 6.3. De la doble instancia, del
debido proceso y del acceso a la administración de justicia. || 4. El principio de la doble instancia está
previsto en el artículo 31 de la Constitución Política, a cuyo tenor: "Toda sentencia podrá ser apelada o
consultada, salvo las excepciones que consagre la ley", en armonía con el artículo 29 del mismo ordenamiento,
que consagra que toda persona tiene derecho a "... impugnar la sentencia condenatoria...". || Dicho principio
no sólo se encuentra previsto en los artículos 29 y 31 de la Carta Fundamental, sino que también aparece
consagrado en las normas de derecho internacional humanitario, concretamente, en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los
cuales le otorgan el carácter de garantía judicial y de mecanismo de protección, destinado a hacer efectivos
los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico y a velar por la recta actuación de la administración,
máxime en aquellos casos en los cuales a partir del ejercicio de sus funciones puede imponer sanciones (v.gr.
en los procesos penales). […] Como quiera que el asunto a que se contrae la sentencia dictada en el proceso
de la referencia, no está considerado dentro de los casos que deban ventilarse en única instancia, resolver
de fondo la controversia en la segunda instancia implica reemplazar al a quo en el estudio de los
cargos de la demanda que no realizó y equivale a convertirla en única instancia, privando a la parte
desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado
al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia.[…]” (Destacado del texto original). Este
criterio ha sido recientemente reiterado por la Sala en las siguientes providencias: Sentencia de 9 de mayo de
2024, radicado núm.: 25000-23-24-000-2011-00326-01, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón. Sentencia de 12
de diciembre de 2019, radicado núm.: 76001233100020060203901, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón;
sentencia de 24 de mayo de 2018, radicado núm.: 25000232400020040068401, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez.
25
En sentencia del 23 de enero de 2014, proferida en el proceso con radicado núm. 2006-00652-01, C.P.
María Elizabeth García González.

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legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.”26 (Subrayas de la Sala).

Así pues, y en orden a garantizar la doble instancia, el debido proceso, el
derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia, la Sala
revocará parcialmente el fallo de primera instancia en cuanto dispuso
inhibirse para decidir de fondo sobre la demanda formulada en ejercicio
de la acción de nulidad en contra de las resoluciones 0426 y 0427 de 20
de diciembre de 2010 y ordenará devolver el expediente al a quo para
que se pronuncie respecto de dichas pretensiones. La decisión de fondo
deberá proferirse dentro de los 40 días siguientes a la fecha que el
expediente ingrese al despacho para tal fin27.

VI.4.3. Por último, teniendo en cuenta la solicitud formulada por la parte
demandada, la Sala advierte que, de acuerdo con lo indicado en el artículo
171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP, no hay
lugar a condenar en costas la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia del 25 de julio de
2014, proferida por la Subsección de Descongestión del Tribunal
Administrativo del Atlántico, en cuanto declaró probada la excepción de

26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 13 de noviembre
de 2014. Proceso radicado número: 0551 23 31 000 2001 90172 01. Consejero Ponente: Guillermo Vargas
Ayala.
27
En los términos del artículo 211 del CCA que indica: “Artículo 211. Modificado por el artículo 50, Decreto
Nacional 2304 de 1989. Vencido el término de traslado al fiscal, se enviará el expediente al ponente para que
elabore proyecto de sentencia. Este se deberá registrar dentro de los cuarenta (40) días siguientes. La Sala,
sección o subsección tendrá veinte (20) días para fallar [...]”

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inepta demanda y se inhibió para pronunciarse sobre la demanda
formulada en ejercicio de la acción de nulidad en contra de las
resoluciones 0426 y 0427 de 20 de diciembre de 2010, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen con el fin de
que se pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de la demanda
en lo concerniente a los cargos formulados en contra de las resoluciones
0426 y 0427 de 20 de diciembre de 2010 que no analizó en primera
instancia. La decisión de fondo deberá proferirse dentro de los cuarenta
(40) días siguientes a la fecha que el expediente ingrese al despacho para
tal fin.

TERCERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 25 de julio de
2014, en cuanto se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo con
relación a los cargos formulados en contra de las Resoluciones 0424 y
0425 de 20 de diciembre de 2010, por las razones explicadas en las
consideraciones de esta providencia.

CUARTO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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