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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2010-01889-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2010-01889-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 22 de noviembre de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío que declara probada de oficio la excepción de inepta demanda, con fundamento en los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, REMITIR el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que se pronuncie de fondo respecto de los cargos 32 Radicado: 76001233100020100188901 Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde Núñez y otros Demandado: INVIMA de planteados en la demanda y registre proyecto dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la recepción del expediente, en los términos del artículo 211 del CCA. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: RECONOCER personería a la abogada María Margarita Jaramillo Pineda, para actuar en representación del INVIMA. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-31-000-2010-01889-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 76001 23 31 000 2010 01889 01
Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde Núñez y otros1
Demandado: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -
INVIMA
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Naturaleza de las medidas sanitarias impuestas por el Invima. Las
medidas sanitarias son una actuación independiente del acto
administrativo que resuelve el proceso sancionatorio.
Decisión: Revocar la sentencia del 22 de noviembre de 2019, dictada por el
Tribunal Administrativo del Quindío, que declaró probada la
excepción de inepta demanda. Devolver el expediente al A quo para
que adopte la decisión de fondo respecto de los cargos de la
demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 22 de noviembre de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo
del Quindío2, que declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y,
por consiguiente, se inhibió de resolver de fondo el asunto.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Rodrigo Adolfo Conde Núñez y otros, actuando por intermedio de apoderado judicial,
presentaron demanda3 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso
Administrativo4, en contra del INVIMA, en la cual formularon las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se declare nula la diligencia de inspección, vigilancia y control suscrita el 3
de junio de 2010 por funcionarios del Invima Leonardo Hernández Aguirre y Sandra Piedad
Medina Prada y que dice:

1 Los demandantes fueron David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde Núñez, Héctor Manuel

Arias Giraldo, Avícola La Emilia Ltda. y Penélopes SAS.
2 El Tribunal Administrativo del Quindío dictó la sentencia en atención a lo dispuesto por el artículo 2 del

Acuerdo PCSJA19-11294 del 4 junio de 2019 del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa,
que dispuso que “El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitirá 40 procesos del sistema escritural
pendientes de fallo al Tribunal Administrativo del Quindío, con excepción de aquellos relativos a acciones
populares y de grupo y procesos tributarios. Parágrafo. Estos procesos que reciba el Tribunal Administrativo
del Quindío deberán fallarse a más tardar el 19 de diciembre de 2019”.
3 La demanda fue radicada el 3 de noviembre de 2010 y obra en el expediente digital, índice 20 Samai de

segunda instancia.
4 En adelante, CCA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 76001233100020100188901
Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde
Núñez y otros
Demandado: INVIMA

DILIGENCIAMIENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL del 3 de Junio de 2010.

En Ginebra Valle del Cauca a los 3 días del mes de Junio de 2010, se hicieron presentes
los funcionarios del Invima Sandra Piedad Medina y Leonardo Hernández, por orden del
auto comisorio n° 406-0600-10 en el establecimiento Penélopes SAS Nit. 900275273-9
ubicado en vereda Villa – Vanegas Finca la Rivera teléfono 3154104637 – 2563216. La
visita la atendió el señor Rodrigo Adolfo Conde Núñez, identificado con cedula de
ciudadanía 14650334 de Ginebra en calidad de Gerente Suplente.

Objetivo de la visita: Realizar visita de inspección, vigilancia y control de verificación en
atención a solicitud del SABA.

Situación Encontrada: Al llegar al establecimiento se encuentra que en el mismo se están
realizando operaciones de aseo, hay indicios de actividad reciente de sacrificio, eviscerado
y desprese de pollo. Se encuentra el personal realizando operaciones de organización de
pollo en canal y despresado, el cual es ubicado en bandejas y canastillas para luego ser
conducido al cuarto frio. Al momento de la visita se encuentra el siguiente inventario:

PRODUCTO CANTIDAD FECHA
Pollo marinado 340 unid 3 de junio de 2010
Pollo marinado bolsa fría 719 unid 3 de junio de 2010
Vísceras campesina 1200 unid 3 de junio de 2010
Pollo blanco 124 unid 3 de junio de 2010
PESO TOTAL 3280 Kg

La planta denominada “marinado” al producto que es ingresado al Chiller (sic), mas no se
encuentra equipo de inyección ni hay adobos que puedan ser utilizados para dicha
actividad.

Al momento de la visita no hay pollo vivo ni en proceso de sacrificio. Dentro de la planta se
encuentra hielo empacado en costales, el chiller presenta en su interior agua con residuos
de sangre, en las canaletas hay restos de agua sangre. En los alrededores se encuentra la
zona de residuos, en la cual se han ubicado las plumas, la sangre y las partes de animales
que han sido descartadas por defectos de calidad.

Teniendo en cuenta que la planta Penélopes SAS actualmente no está inscrita en el INVIMA
no cuenta con autorización sanitaria para su funcionamiento, no tiene registro sanitario para
elaborar pollo marinado; emplea etiquetas de la planta Avícola La Emilia Ltda, la cual se
encuentra con medida sanitaria de suspensión de trabajos y servicios en la actualidad; no
está dando cumplimiento a las exigencias estipuladas en el Acta de diligencia de vigilancia,
inspección y control del 11 de mayo de 2010 “Revisar la documentación que existe en la
planta de beneficio, así como los documentos de las sociedades Penélopes SAS y Avícola
La Emilia Ltda. Se observa que la primera de ellas surgió a la vida jurídica el 30 de marzo
de 2009, razón por la cual se le informó a quienes atendieron la visita que para iniciar
labores de sacrificio deben cumplir con lo estipulado en el decreto 1500 de 2007, solicitar
inscripción así como autorización sanitaria; no pueden realizar labores de sacrificio de
ningún tipo hasta tanto se autoricen por parte de la autoridad sanitaria competente”; hay
dos fuentes de agua, una potable proveniente de Acuavalle, y otra de pozo, no teniendo
certeza sobre el uso indiscriminado de las mismas; así las cosas, se procede a aplicar las
medidas sanitarias de seguridad de decomiso del producto existente y de suspensión total
de trabajos y servicios.

Observaciones: quien atiende la visita manifiesta lo siguiente: según el auto comisorio 406-
0600-10 el Invima realiza una inspección a la planta de proceso por lo que quiero dejar
constancia de los siguientes puntos: 1) Protestamos que el Invima no nos concede ningún
recurso por las medidas de seguridad sanitarias de carácter preventivo aplicadas; 2) Se
deja constancia que se están vulnerando los derechos fundamentales como empresarios;
3) Consideramos que los documentos adjuntos demuestran la continuidad de la planta y

2

Radicado: 76001233100020100188901
Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde
Núñez y otros
Demandado: INVIMA

que por ende estos se encuentran dentro del plan gradual de cumplimiento, siendo esta
medida injusta por parte del Invima ya que la visita se realiza al establecimiento comercial
que funciona desde antes que entraran en vigencia las normas que causan la medida
sanitaria; 4) que si se revisaran los documentos enviados por el señor Conde para
inscribirse en el plan gradual de cumplimiento como planos y demás documentos, son de
la planta ubicada en la vereda villa-Vanegas finca la Rivera; 5) Se deja claro que la planta
se encuentra construida y que en la actualidad se están realizando mejoras en los exteriores
con el objetivo de ir cumpliendo con lo dispuesto por el plan gradual de cumplimiento; 6)
Adjuntamos carta en atención a la visita realizada por funcionarios de Invima el día 11 de
mayo de 2010 y las respectivas cámaras de comercio; 7) No estamos de acuerdo con la
medida y solicitamos la suspensión de la misma hasta que no sean revisados los
documentos adjuntos.

Firman Leonardo Hernández A. y Sandra Piedad Medina por parte del Invima y Rodrigo A.
Conde por parte de la empresa.

SEGUNDA: Que se declare nulo el acto administrativo que contiene el acta de aplicación
de medida sanitaria del 3 de junio de 2010 suscrita por los funcionarios Leonardo
Hernández Coordinador SABA Grupo de Trabajo Territorial Occidente 2 y Sandra Piedad
Medina Profesional del Grupo de Trabajo Territorial Occidente 2 y que dice:

ACTA DE APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA del 3 de Junio de 2010.

En Ginebra Valle del Cauca a los 3 días del mes de Junio de 2010, se hicieron presentes
los funcionarios del Invima Sandra Piedad Medina y Leonardo Hernández, por orden del
auto comisorio n° 406-0600-10 en el establecimiento Penélopes SAS Nit. 900275273-9
ubicado en vereda Villa – Vanegas Finca la Rivera teléfono 3154104637 – 2563216. La
visita la atendió el señor Rodrigo Adolfo Conde Núñez, identificado con cedula de
ciudadanía 14650334 de Ginebra en calidad de Gerente Suplente.

Descripción del establecimiento: Las instalaciones físicas están en proceso de construcción
y adecuación, son material resistente a la intemperie, consta de las siguientes áreas: patio
de maniobras, zona de escaldado, desplume, evisceración y empaque de vísceras, chiller
y empaque de canales, almacenamiento y despacho.

Situación Encontrada: Al llegar al establecimiento se encuentra que en el mismo se están
realizando operaciones de aseo, hay indicios de actividad reciente de sacrificio, eviscerado
y desprese de pollo. Se encuentra el personal realizando operaciones de organización de
pollo en canal y despresado, el cual es ubicado en bandejas y canastillas para luego ser
conducido al cuarto frio.

Al momento de la visita no hay pollo vivo ni en proceso de sacrificio. Dentro de la planta se
encuentra hielo empacado en costales, el chiller presenta en su interior agua con residuos
de sangre, en las canaletas hay restos de agua sangre. En los alrededores se encuentra la
zona de residuos, en la cual se han ubicado las plumas, la sangre y las partes de animales
que han sido descartadas por defectos de calidad.

Teniendo en cuenta que la planta Penélopes SAS actualmente no está inscrita en el INVIMA
no cuenta con autorización sanitaria para su funcionamiento, no tiene registro sanitario para
elaborar pollo marinado; emplea etiquetas de la planta Avícola La Emilia Ltda, la cual se
encuentra con medida sanitaria de suspensión de trabajos y servicios en la actualidad; no
está dando cumplimiento a las exigencias estipuladas en el Acta de diligencia de vigilancia,
inspección y control del 11 de mayo de 2010 “Revisar la documentación que existe en la
planta de beneficio, así como los documentos de las sociedades Penélopes SAS y Avícola
La Emilia Ltda. Se observa que la primera de ellas surgió a la vida jurídica el 30 de marzo
de 2009, razón por la cual se le informó a quienes atendieron la visita que para iniciar
labores de sacrificio deben cumplir con lo estipulado en el decreto 1500 de 2007, solicitar

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Radicado: 76001233100020100188901
Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde
Núñez y otros
Demandado: INVIMA

inscripción así como autorización sanitaria; no pueden realizar labores de sacrificio de
ningún tipo hasta tanto se autoricen por parte de la autoridad sanitaria competente”; hay
dos fuentes de agua, una potable proveniente de Acuavalle, y otra de pozo, no teniendo
certeza sobre el uso indiscriminado de las mismas.

Así las cosas, se procede a aplicar las medidas sanitarias de seguridad de decomiso del
producto existente y de suspensión total de trabajos y servicios.

No se hacen toma de muestra ni contra muestras.

Considerandos:

Que en cumplimiento a lo señalado en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 se creó el
Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y alimentos -INVIMA-, un establecimiento
público el orden nacional, adscrito al Ministerio de Protección Social, con personería
jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, cuyo objeto es la ejecución
de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos,
productos biológicos, alimentos, bebidas alcohólicas, cosméticos, insumos médicos
quirúrgicos reactivos de diagnóstico y otros que puedan tener impacto en la salud humana
y colectiva.

Que en desarrollo a ese mandato legal el ejecutivo expidió el Decreto Ley 1290 de 1994,
mediante la cual se precisaron las funciones del INVIMA prescribiendo como primer objetivo
el instituto, la ejecución de las políticas formuladas par ese ministerio, en materia de
vigilancia y control de calidad de productos mencionados en el inciso anterior.

Que le corresponde a las diferentes Subdirecciones del INVIMA programas, adelantar y
evaluar el desarrollo de las visitas a los establecimientos productores y comercializadores
de los productos de su competencia.

Que para esta diligencia, se han comisionado a los funcionarios Sandra Piedad Medina y
Leonardo Hernández, que de conformidad con la situación sanitaria encontrada en el
establecimiento PENELOPES SAS Nit. 900275273-9, se hace necesario aplicar la medida
sanitaria consistente en SUSPENSIÓN TOTAL DE TRABAJOS O SERVICIOS.

Por incumplir los numerales 1 y 11 del artículo 10 del Decreto 1500 de 2007. Realizar
operaciones de beneficio de aves en una planta en proceso de construcción, situación que
no garantiza la inocuidad del mismo al no tener la inspección oficial.

Que los profesionales Sandra Piedad Medina y Leonardo Hernández, conceptúan
favorablemente sobre la viabilidad de aplicar la medida sanitaria en cita.

Que en mérito de lo anterior los funcionarios públicos que asisten a la presente diligencia,

Resuelven:

Primero: Aplicar la medida sanitaria de seguridad consistente en LA SUSPENSIÓN DE
TRABAJOS O SERVICIOS, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de
esta decisión, medida que tendrá carácter preventivo, se aplicará sin perjuicio de las
sanciones a que haya lugar y se levantará cuando se compruebe la desaparición de las
causas que la originaron.

Segundo: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Firman Sandra Piedad Medina y Leonardo Hernández por parte del Invima y Rodrigo A.
Conde por parte de la empresa.

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Radicado: 76001233100020100188901
Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde
Núñez y otros
Demandado: INVIMA

TERCERA: Que se declare nulo el acto administrativo que contiene el acta de aplicación
de medida sanitaria del 3 de junio de 2010 suscrita por los funcionarios Leonardo
Hernández Coordinador SABA Grupo de Trabajo Territorial Occidente 2 y Sandra Piedad
Medina Profesional del Grupo de Trabajo Territorial Occidente 2 y que dice:

ACTA DE APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA del 3 de Junio de 2010.

En Ginebra Valle del Cauca a los 3 días del mes de Junio de 2010, se hicieron presentes
los funcionarios del Invima Sandra Piedad Medina y Leonardo Hernández, por orden del
auto comisorio n° 406-0600-10 en el establecimiento Penélopes SAS Nit. 900275273-9
ubicado en vereda Villa – Vanegas Finca la Rivera teléfono 3154104637 – 2563216. La
visita la atendió el señor Rodrigo Adolfo Conde Núñez, identificado con cedula de
ciudadanía 14650334 de Ginebra en calidad de Gerente Suplente.

Descripción del establecimiento: Las instalaciones físicas están en proceso de construcción
y adecuación, son en material resistente a la intemperie, consta de las siguientes áreas:
patio de maniobras, zona de escaldado, desplume, evisceración y empaque de vísceras,
chiller y empaque de canales, almacenamiento y despacho.

Situación Encontrada: Al llegar al establecimiento se encuentra que en el mismo se están
realizando operaciones de aseo, hay indicios de actividad reciente de sacrificio, eviscerado
y desprese de pollo. Se encuentra el personal realizando operaciones de organización de
pollo en canal y despresado, el cual es ubicado en bandejas y canastillas para luego ser
conducido al cuarto frio.

Al momento de la visita no hay pollo vivo ni en proceso de sacrificio. Dentro de la planta se
encuentra hielo empacado en costales, el chiller presenta en su interior agua con residuos
de sangre, en las canaletas hay restos de agua sangre. En los alrededores se encuentra la
zona de residuos, en la cual se han ubicado las plumas, la sangre y las partes de animales
que han sido descartadas por defectos de calidad.

Teniendo en cuenta que la planta Penélopes SAS actualmente no está inscrita en el INVIMA
no cuenta con autorización sanitaria para su funcionamiento, no tiene registro sanitario para
elaborar pollo marinado; emplea etiquetas de la planta Avícola La Emilia Ltda, la cual se
encuentra con medida sanitaria de suspensión de trabajos y servicios en la actualidad; no
está dando cumplimiento a las exigencias estipuladas en el Acta de diligencia de vigilancia,
inspección y control del 11 de mayo de 2010 “Revisar la documentación que existe en la
planta de beneficio, así como los documentos de las sociedades Penélopes SAS y Avícola
La Emilia Ltda. Se observa que la primera de ellas surgió a la vida jurídica el 30 de marzo
de 2009, razón por la cual se le informó a quienes atendieron la visita que para iniciar
labores de sacrificio deben cumplir con lo estipulado en el decreto 1500 de 2007, solicitar
inscripción así como autorización sanitaria; no pueden realizar labores de sacrificio de
ningún tipo hasta tanto se autoricen por parte de la autoridad sanitaria competente”; hay
dos fuentes de agua, una potable proveniente de Acuavalle, y otra de pozo, no teniendo
certeza sobre el uso indiscriminado de las mismas.

Así las cosas, se procede a aplicar las medidas sanitarias de seguridad de decomiso del
producto existente y de suspensión total de trabajos y servicios.

No se hacen toma de muestra ni contra muestras.

Vistos: Teniendo en cuenta la descripción de los hechos arriba citados, se establece la
obligatoriedad de tomar una decisión sanitaria, en aras de salvaguardar la salud pública.

Considerandos:

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Radicado: 76001233100020100188901
Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde
Núñez y otros
Demandado: INVIMA

Que en cumplimiento a lo señalado en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 se creó el
Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y alimentos -INVIMA-, un establecimiento
público el orden nacional, adscrito al Ministerio de Protección Social, con personería
jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, cuyo objeto es la ejecución
de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos,
productos biológicos, alimentos, bebidas alcohólicas, cosméticos, insumos médicos
quirúrgicos reactivos de diagnóstico y otros que puedan tener impacto en la salud humana
y colectiva.

Que en desarrollo a ese mandato legal el ejecutivo expidió el decreto ley 1290 de 1994,
mediante la cual se precisaron las funciones del INVIMA prescribiendo como primer objetivo
el instituto, la ejecución de las políticas formuladas par ese ministerio, en materia de
vigilancia y control de calidad de productos mencionados en el inciso anterior.

Que le corresponde a las diferentes Subdirecciones del INVIMA programas, adelantar y
evaluar el desarrollo de las visitas a los establecimientos productores y comercializadores
de los productos de su competencia.

Que para esta diligencia, se han comisionado a los funcionarios Sandra Piedad Medina y
Leonardo Hernández.

Que de conformidad con la situación sanitaria encontrada en el establecimiento
PENELOPES SAS Nit. 900275273-9, se hace necesario aplicar la medida sanitaria
consistente en DECOMISO DE:

PRODUCTO CANTIDAD FECHA
Pollo marinado 340 unid 3 de junio de 2010
Pollo marinado bolsa fría 719 unid 3 de junio de 2010
Visceras campesina 1200 unid 3 de junio de 2010
Pollo blanco 124 unid 3 de junio de 2010
PESO TOTAL 3280 Kg

La planta denominada “marinado” al producto que es ingresado al Chiller (sic), mas no se
encuentra equipo de inyección ni hay adobos que puedan ser utilizados para dicha
actividad.

Por incumplir los numerales 1 y 11 del artículo 10 del decreto 1500 de 2007. Realizar
operaciones de beneficio de aves en una planta en proceso de construcción, situación que
no garantiza la inocuidad del mismo al no tener la inspección oficial. Los productos
decomisados quedarán bajo custodia de Penélopes SAS Nit 900275273-9, hasta que se
determine el destino final del mismo.

Que los profesionales Sandra Piedad Medina y Leonardo Hernández, conceptúan
favorablemente sobre la viabilidad de aplicar la medida sanitaria en cita.

Que en mérito de lo anterior los funcionarios públicos que asisten a la presente diligencia,

Resuelven:

Primero: Aplicar la medida sanitaria de seguridad consistente en Decomiso de 3280 Kg los
cuales quedaron bajo custodia de Penélopes SAS hasta que se decida el destino final, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión, medida que tendrá
carácter preventivo, se aplicará sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

Segundo: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Firman Sandra Piedad Medina y Leonardo Hernández por parte del Invima y Rodrigo A.
Conde por parte de la empresa.

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Radicado: 76001233100020100188901
Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde
Núñez y otros
Demandado: INVIMA

CUARTA: Que como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos anteriores se
condene al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA a pagar
a los demandantes a titulo de restablecimiento del derecho los siguientes perjuicios,
afirmación que de conformidad con lo previsto en el artículo 211 del CPC, modificado por
el artículo 10 de la Ley 1395 de 2010 mis clientes estiman razonadamente bajo la gravedad
de juramento:

a) Daño Emergente: Por un valor total de TRES MIL CIENTO CINCUENTA y SEIS
MILLONES DE PESOS ($3.156.000.000) que corresponden a los siguientes rubros,
debidamente extractados de la contabilidad de la empresa que expresamente se defiere
para servir de prueba.

La Propiedad planta y equipo que mis poderdantes tuvieron que comprar para poner a
funcionar la empresa y que asciende a MIL TREINTA y OCHO MILLONES DE PESOS
($1.038.000.000).

Los activos intangibles que están representados en la adquisición de licencias de
software CGDATAX y CGUNO que son administradores de la información contable, por
valor de DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000).

Los activos diferidos que corresponde al total de inversiones pre operativas en que
tuvieron que incurrir mis poderdantes a través de la sociedad PENELOPES S.A.S para
poner en marcha la empresa y que ascienden a CIENTO OCHENTA y DOS MILLONES DE
PESOS ($182.000.000).

Los activos corrientes con que contaba la empresa al momento de la aplicación de la
medida y que estaban representados en la mercancía decomisada según el siguiente
cuadro y que asciende a DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000)

PRODUCTO CANTIDAD FECHA
Pollo marinado 340 unid 3 de junio de 2010
Pollo marinado bolsa fría 719 unid 3 de junio de 2010
Vísceras campesina 1200 unid 3 de junio de 2010
Pollo blanco 124 unid 3 de junio de 2010
PESO TOTAL 3280 Kg

Por los Pasivos a cargo de la sociedad PENELOPES S.A.S. cuyo cierre como
consecuencia de las decisiones del INVIMA implicaron la inmediata cesación con los pagos
y la exigibilidad de todas sus obligaciones a plazo, que han tenido que ser asumidas por los
socios. Este monto asciende a la suma de Capital de MIL NOVECIENTOS SIETE
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.907.000.000).

2. Lucro Cesante: Que corresponde a las utilidades y beneficios dejados de percibir por
los demandantes desde la aplicación de las medidas administrativas y hasta que se profiera
sentencia, todo lo cual se proyecta en cinco (5) años, con base en las proyecciones de la
industria Avícola Colombiana durante ese periodo -que se anexa para servir de prueba- y
que asciende a un valor de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE
PESOS ($1.879.000.000).

b) PERJUICIOS MORALES para cada uno de los demandantes, personas naturales,
Señores RODRIGO CONDE NÚÑEZ, DAVID AUGUSTO VIEIRA SALAZAR, HECTOR
ARIAS GIRALDO por valor de (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la
fecha de la sentencia.

c) DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN:

i. El sufrido por las personas jurídicas: AVÍCOLA LA EMILIA LIMITADA Y PENELOPES
SAS conforme a la Sentencia 1997-09327 de mayo 13 de 2008, CORTE SUPREMA DE

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Radicado: 76001233100020100188901
Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde
Núñez y otros
Demandado: INVIMA

JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, DAÑO A LA VIDA DE RELACION; que introdujo el
Reconocimiento de este tipo de perjuicio en procesos de responsabilidad civil
extracontractual. Magistrado Ponente: Dr. César Julio Valencia Copete, Ref.: Exp. 11001-
3103-006-1997-09327-01, Bogotá, D.C., trece de mayo de dos mil ocho.

ii. El sufrido por los demandantes personas naturales habida consideración de la seria
limitación en su vida negocial y patrimonial, que afectó su buen nombre, su prestigio en el
mundo de la avicultura Colombiana, trayendo como consecuencia una seria barrera al
acceso a dicho mercado, alterando las expectativas, legítimas de ingresos para desarrollar
su vida y los atributos de su personalidad, de manera acorde con los actos realizados de
forma honorable y exitosa hasta la fecha del cierre de los establecimientos de comercio.

La Actuación del INVIMA trajo como consecuencia que los Demandantes personas
naturales tuvieran que asumir directamente el pago de las obligaciones vigentes y a cargo
de PENELOPES S.A.S, tanto el capital como los intereses causados, proyectados hasta el
pago final de dichas obligaciones, lo que se ha convertido en un obstáculo para el adecuado
uso de esos recursos en su vida privada y negocial.

Además, se itera, su crédito comercial y su buen nombre se han visto afectados en el mundo
de la Avicultura colombiana donde eran muy respetados y reputados.

Mis poderdantes estiman este punto en MIL SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES (1.000 SMMLV) para cada una de las personas que integran la parte activa de
la presente demanda, de conformidad con la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado.

SEXTO. (sic) Que al momento de proferir la sentencia, las anteriores sumas sean
indexadas.5 (Mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).

1.2. Hechos probados

De acuerdo con los planteamientos de las partes y las pruebas obrantes en el expediente,
la controversia tiene origen en los siguientes hechos:

1.2.1. El 3 de marzo de 2010 las sociedades Avícola La Emilia Ltda. y Penélopes SAS
celebraron un contrato de mandato con representación cuyo objeto, según su cláusula
primera, consistió en:

Teniendo como antecedente que, a la fecha, EL MANDANTE tiene registrado ante el
INVIMA un plan gradual de cumplimiento, y en autorización para su traslado al predio
localizado en la Vereda Villa Vanegas – Municipio de Ginebra – Valle, en virtud del presente
contrato, éste faculta a EL MANDATARIO para que realice todas y cada una de las
actividades que sean necesarias para el procesamiento de aves en dicho predio.

1.2.2. El 23 de abril de 2010 funcionarios del INVIMA adelantaron visita de verificación
en el establecimiento Avícola La Emilia Ltda. dejando constancia de la siguiente situación
sanitaria encontrada:

La planta de beneficio de aves se encuentra parcialmente expuesta al medio ambiente,
permitiendo el ingreso de plagas y polvo, no cuenta con una zona de lavado, desinfección
de vehículos y guacales, las áreas no poseen la debida separación física, hay comunicación
en las zonas de escaldado, desplume, evisceración y empacado de viseras (sic). En una
misma área se realizan actividades de lavado, enfriamiento y empaque de canales. Se
evidencia deterioro de paredes, pisos, y techos, así mismo falencia en limpieza y
desinfección de todas las áreas. El cuarto frio presenta deterioro y no hay control de
5 Expediente digital, índice 20 Samai de segunda instancia.

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Radicado: 76001233100020100188901
Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde
Núñez y otros
Demandado: INVIMA

condensación. No se cuenta con profesional veterinario para inspección ante y post
mortem.

No se hace toma de muestras, ni de contra muestra.

Teniendo en cuenta la descripción de los hechos arriba citados, se establece la
obligatoriedad de tomar una decisión sanitaria.

1.2.3. En la misma diligencia el INVIMA ordenó la clausura temporal total de Avícola La
Emilia Ltda., en los siguientes términos:

Primero: Aplicar la medida sanitaria de seguridad consistente en CLAUSURA TEMPORAL
TOTAL, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión, medida
que tendrá carácter preventivo, se aplicará sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar
y se levantará cuando se compruebe que han desaparecido las causas que la originaron.

Segundo: Contra la presente decisión no procede recurso alguno (mayúscula sostenida del
texto original).

1.2.4. El 11 de mayo de 2010 el INVIMA adelantó visita de inspección, vigilancia y control
a la sociedad Penélopes SAS, dejando constancia de la siguiente situación sanitaria
encontrada:

[…] recorridas las instalaciones de la planta en mención se observa: 1). Es una planta que
se encuentra en construcción. 2). Se evidencia adecuación de maquinaria y equipo,
instalaciones de tubería para agua potable, instalación de gas natural, conducción de aguas
de vertimiento, terminación de obras civiles. No se evidenció actividad de sacrificio de aves
en el momento de la visita. 3). Revisados cuartos fríos no se encontró productos en esta
área. 4). manifestó el gerente encargado y el jefe de planta que han realizado prueba de
sacrificio de aves con lotes aproximadamente de 200 pollos para ajustar equipos. Revisada
la documentación que existe en la planta de beneficio así como los documentos de la
Sociedad Penélopes y La Emilia, se observa que la última surgió o la vida jurídica el 30 de
Marzo de 2009 razón por la cual se le informó a quienes atendieron la visita que para iniciar
labores sacrificio (sic) deben cumplir con lo estipulado en el Decreto 1500 de 2007. Así se
recuerda que no pueden realizar labores de sacrificio de ningún tipo hasta tanto se autorice
por parte de la autoridad sanitaria competente (subrayas del original).

1.2.5. Posteriormente, el 3 de junio de 2010 el INVIMA adelantó una nueva visita de
inspección, vigilancia y control a la sociedad Penélopes SAS en cuya acta señaló que
encontró lo siguiente:

Al llegar al establecimiento se encuentra que en el mismo se están realizando operaciones
de aseo, hay indicios de actividad reciente de sacrificio, eviscerado y desprese de pollo. Se
encuentra el personal realizando operaciones de organización de pollo en canal y
despresado, el cual es ubicado en bandejas y canastillas para luego ser conducido al cuarto
frio.

Al momento de la visita no hay pollo vivo ni en proceso de sacrificio. Dentro de la planta se
encuentra hielo empacado en costales, el chiller presenta en su interior agua con residuos
de sangre, en las canaletas hay restos de agua sangre. En los alrededores se encuentra la
zona de residuos, en la cual se han ubicado las plumas, la sangre y las partes de animales
que han sido descartadas por defectos de calidad.

Teniendo en cuenta que la planta Penélopes SAS actualmente no está inscrita en el INVIMA
no cuenta con autorización sanitaria para su funcionamiento, no tiene registro sanitario para
elaborar pollo marinado; emplea etiquetas de la planta Avícola La Emilia Ltda, la cual se

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Radicado: 76001233100020100188901
Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde
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Demandado: INVIMA

encuentra con medida sanitaria de suspensión de trabajos y servicios en la actualidad; no
está dando cumplimiento a las exigencias estipuladas en el Acta de diligencia de vigilancia,
inspección y control del 11 de mayo de 2010 “Revisar la documentación que existe en la
planta de beneficio, así como los documentos de las sociedades Penélopes SAS y Avícola
La Emilia Ltda. Se observa que la primera de ellas surgió a la vida jurídica el 30 de marzo
de 2009, razón por la cual se le informó a quienes atendieron la visita que para iniciar
labores de sacrificio deben cumplir con lo estipulado en el decreto 1500 de 2007, solicitar
inscripción así como autorización sanitaria; no pueden realizar labores de sacrificio de
ningún tipo hasta tanto se autoricen por parte de la autoridad sanitaria competente; hay dos
fuentes de agua, una potable proveniente de Acuavalle, y otra de pozo, no teniendo certeza
sobre el uso indiscriminado de las mismas.

1.2.6. En esa misma diligencia, funcionarios del Invima aplicaron contra la empresa
Penélopes SAS las medidas sanitarias de seguridad de (i) suspensión total de trabajos y
servicios y (ii) decomiso del producto existente.

1.2.7. El 16 de junio de 2010 el INVIMA ordenó que el producto decomisado fuera
destinado por la “Fundación Fundavpaz (sic)” como alimento para animales.

1.2.8. Mediante la Resolución 2013004401 del 21 de febrero de 2013 “por la cual se
califica el proceso sancionatorio Nro. 201100028”, el INVIMA impuso a la sociedad
Penélopes S.A.S. una multa equivalente a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes (SMLMV), al considerar acreditado el incumplimiento de las
exigencias previstas en el Decreto 1500 de 2007, situación que, a juicio de la entidad,
generó un riesgo para la salud pública de los consumidores, en especial por las siguientes
conductas:

(i) La omisión de la inscripción ante el INVIMA del establecimiento de comercio ubicado
en la vereda Villavanegas, Finca La Rivera, del municipio de Ginebra, en contravención
de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 1500 de 2007.

(ii) El desarrollo de actividades de sacrificio de aves de corral sin contar con la
correspondiente autorización sanitaria, en contravención de lo dispuesto en el artículo 6
del Decreto 1500 de 2007.

(iii) La realización de actividades de sacrificio de aves de corral sin la debida autorización
ni inspección oficial, en contravención de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 10 del
Decreto 1500 de 2007.

(iv) La falta de implementación del sistema de aseguramiento de la inocuidad, en
contravención de lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 10 del Decreto 1500 de 2007.

(v) El uso indebido de la marca de la sociedad La Emilia Ltda. para la identificación del
producto obtenido, en contravención de lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 10 del
Decreto 1500 de 2007.

1.2.9. A través de la Resolución 2013006841 del 15 de marzo de 2013 “por la cual se
califica el proceso sancionatorio Nro. 201100863” el INVIMA impuso a la sociedad Avícola
La Emilia Ltda. una multa de dos mil quinientos (2.500) SMLMV tras encontrar probado
el incumplimiento de múltiples exigencias contenidas en el Decreto 2278 de 1982, lo que
generó un alto riesgo en la salud pública de los consumidores.

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Radicado: 76001233100020100188901
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Núñez y otros
Demandado: INVIMA

1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación

1.3.1. Los demandantes invocaron como violados los artículos 29, 333 y 334 de la
Constitución Política; los artículos 337, 395 y 575 de la Ley 9 de 1979, el artículo 184 del
Decreto 2333 de 1983, el artículo 82 del Decreto 3075 de 1997, el artículo 34 literal a) del
Decreto 1122 de 2007, la Resolución Invima 714 de 2008, los artículos 3, 21, 71, 72, 73,
74, 75, 76 y 98 del Decreto 1500 de 2007, la Resolución 2010000002 del 4 de enero de
2010, los artículos 10, 515, 525, 533, 832, 833, 834 y 835 del Código de Comercio y el
artículo 1262 del Código Civil.

1.3.2. En el concepto de la violación se expusieron los siguientes cargos:

1.3.2.1. Violación de los artículos 29, 333 y 334 de la Constitución Política.

La parte actora sostuvo que el INVIMA no adelantó el procedimiento administrativo
conforme a las normas del derecho sanitario, con lo cual vulneró el debido proceso y el
derecho de defensa. Señaló que la entidad adoptó medidas por intermedio de
funcionarios sin competencia y sin el debido rigor técnico y científico.

Indicó, además, que las normas referidas en este cargo garantizan el debido proceso, la
libertad de empresa, la función social de la empresa y delimitan el ámbito de intervención
estatal en materia de actividad económica, licencias y permisos.

1.3.2.2. Violación de los artículos 337, 395 y 575 de la Ley 9 de 1979.

Según la demanda, la vulneración se configuró porque la autoridad omitió la aplicación
de las normas técnicas de inspección adoptadas por el entonces Ministerio de la
Protección Social, no indicó las causas que justificaban el decomiso ni ordenó la práctica
de pruebas de laboratorio.

1.3.2.3. Violación del artículo 184 del Decreto 2333 de 1983.

Este cargo se fundamentó en que los funcionarios que practicaron la visita e impusieron
las medidas sanitarias de seguridad pertenecían al Grupo Territorial de Trabajo
Occidente 2 del Valle del Cauca y no contaban con delegación expresa para adoptar tales
decisiones. Su actuación se produjo en el marco de una comisión de servicios,
circunstancia que, a juicio de la parte actora, no les otorgaba competencia decisoria.

1.3.2.4. Violación del artículo 82 del Decreto 3075 de 1997.

La parte actora afirmó que los propietarios de la empresa La Emilia y su administradora
Penélopes SAS no recibieron información adecuada sobre las disposiciones sanitarias
aplicables ni sobre las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Señaló que el
INVIMA desconoció el carácter altamente técnico de la normativa y omitió su deber de
divulgación suficiente.

1.3.2.5. Violación del artículo 34 literal a) del Decreto 1122 de 2007.

Se adujo que el INVIMA omitió el ejercicio de su competencia consistente en evaluar los
factores de riesgo sanitario, deber que no cumplió durante el trámite administrativo.

1.3.2.6. Violación de la Resolución 714 de 2008.

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Según la demanda, esta resolución regula el desarrollo, la evaluación y el control de los
planes graduales de cumplimiento para plantas de beneficio de aves. No obstante, la
entidad desconoció que la empresa La Emilia se encontraba inscrita ante el INVIMA y
contaba con certificación vigente, situación que le permitía continuar su actividad
conforme a los parámetros del Decreto 2278 de 1982.

1.3.2.7. Violación de los artículos 3, 21, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 98 del Decreto 1500 de
2007.

La parte actora manifestó que la entidad demandada desconoció el concepto de plan
gradual de cumplimiento como documento técnico susceptible de presentación por
propietarios, tenedores u operadores del establecimiento.

En síntesis, sostuvo que el INVIMA desatendió la noción jurídica de medida sanitaria de
seguridad, su competencia, su objeto, el procedimiento aplicable y su diferencia frente a
las sanciones. Añadió que la autoridad no identificó el problema sanitario concreto, no
precisó las normas presuntamente vulneradas ni determinó el daño potencial a la salud
pública. Tales omisiones, en criterio de la demanda, constituyeron una extralimitación de
funciones que generó perjuicios morales y materiales a los accionantes.

1.3.2.8. Violación de la Resolución 2010000002.

La parte actora afirmó que los funcionarios que declararon las medidas sanitarias de
seguridad —consistentes en el decomiso del producto existente y la suspensión total de
trabajos y servicios— carecían de competencia, pues los coordinadores regionales solo
tienen facultades de apoyo en la adopción de tales medidas.

De conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979, las medidas sanitarias de
seguridad corresponden a la Subdirección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del orden
nacional, a través de los Grupos del Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control
en plantas de beneficio de aves. En el caso concreto, el Grupo de Trabajo Territorial
Occidente 2 únicamente podía prestar apoyo dentro de su jurisdicción, que comprende
los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, sin facultad para adoptar
decisiones autónomas.

1.3.2.9. Violación de los artículos 10, 515, 525, 533, 832, 833, 834 y 835 del Código de
Comercio y el artículo 1262 del Código Civil.

Precisó que el Invima desconoció que la actividad mercantil de los comerciantes se puede
realizar a través de apoderado. El señor Rodrigo Conde, en su calidad de representante
legal de la sociedad Avícola La Emilia Ltda. otorgó mandato con representación a la
sociedad Penélopes SAS para que esta en su nombre y representación, desarrollara el
siguiente objeto:

teniendo como antecedente que, a la fecha EL MANDANTE tiene registrado ante el INVIMA
un plan gradual de cumplimiento y autorización para su traslado al predio localizado en la
vereda villavanegas -municipio de Ginebra- Valle, en virtud del presente contrato, esta
faculta a EL MANDATARIO para que realice todas y cada una de las actividades que sean
necesarias para el procesamiento de aves en dicho predio.

El actor aclaró que la sociedad Penélopes S.A.S. no ostentaba la titularidad de
establecimiento de comercio alguno. Precisó que el vínculo jurídico celebrado con la
empresa Avícola La Emilia Ltda. corresponde a un contrato de mandato con

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representación, negocio jurídico que es ley para las partes en los términos del
ordenamiento civil.

Sostuvo que el INVIMA desconoció la verdadera naturaleza y alcance de la relación
contractual existente entre Penélopes SAS, en calidad de mandataria con representación,
y Avícola La Emilia Limitada, en condición de mandante y poderdante. Tal
desconocimiento condujo, en su criterio, a conclusiones equivocadas y a la adopción de
decisiones carentes de sustento jurídico suficiente.

La parte demandante reprochó, además, que el INVIMA imputara de manera injustificada
a Penélopes SAS la realización de actividades de faenado de aves en un establecimiento
que calificó como nuevo y presuntamente incumplido frente a las exigencias del Decreto
1500 de 2007, como si se tratara de un establecimiento propio. Señaló que la entidad
omitió considerar la antigüedad, trayectoria y situación jurídica real del establecimiento,
circunstancias que, a su juicio, resultaban determinantes para una adecuada valoración
de los hechos.

A manera de ejemplo, expuso lo siguiente:

Es como pensar que un almacén de vieja data (por ejemplo La 14 …) que se enajena a una
sociedad nueva y esta contrata a otra para que lo administre y la represente, es tan nuevo
como la sociedad misma que simplemente es la titular del establecimiento y que a cabeza
de esta no ha pasado ningún derecho ni obligación previamente existentes en cabeza del
anterior empresario, es desconocer fenómenos jurídicos propios del derecho mercantil
como por ejemplo la fusión y escisión de sociedades.

Resaltó que el Invima desconoció un elemento medular relacionado con la titularidad de
la empresa en Colombia, al confundir la circunstancia de que el señor Rodrigo Conde
contaba, de manera simultánea, con dos establecimientos de comercio distintos: uno
ubicado en el casco urbano del municipio de Ginebra y otro situado en la Vereda
Villavanegas, Finca La Rivera, en el sector rural del mismo municipio.

Precisó que trasladó su actividad económica a este último lugar, donde consolidó el
establecimiento de comercio que posteriormente enajenó a la sociedad Avícola La Emilia
Ltda., la cual, a su vez, confirió mandato para su administración a la sociedad Penélopes
SAS.

Concluyó que el INVIMA tenía pleno y claro conocimiento de que el plan gradual de
cumplimiento, inscrito por quien entonces ostentaba la titularidad como persona natural,
Rodrigo Conde, recaía exclusivamente sobre el establecimiento ubicado en la Finca La
Rivera.

II. TRÁMITE DE LA DEMANDA

2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal a través de auto del 10 de diciembre de
20106.

2.2. El INVIMA7 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la demanda y
formuló las excepciones que denominó: (i) ineptitud sustancial de la demanda y (ii)

6 Expediente digital, índice 20 Samai de segunda instancia.
7 Expediente digital, índice 20 Samai de segunda instancia.

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legalidad de las medidas sanitarias censuradas, no se violó derecho alguno a la parte
demandante que deba ser restablecido, las cuales sustentó así:

2.2.1. Las actuaciones administrativas y los actos expedidos durante la aplicación de las
medidas sanitarias no revistieron ilegalidad ni carecieron de fundamento fáctico o jurídico.
En consecuencia, no se configuró perjuicio alguno, de carácter material o moral, en
cabeza de los demandantes.

2.2.2. Las sociedades Penélopes SAS y La Emilia Ltda. tenían el deber jurídico de cumplir
en todo momento la normatividad sanitaria vigente, en particular lo dispuesto en el
Decreto 1500 de 2007. En su condición de planta de beneficio, debían garantizar que su
actividad se desarrollara conforme a los parámetros establecidos para la protección de la
salud pública y la vida.

2.2.3. De conformidad con lo verificado en la visita practicada el 3 de junio de 2010 por
profesionales del INVIMA a las instalaciones del establecimiento de comercio dedicado
al sacrificio de aves de corral, cuya propiedad se atribuyó a la sociedad Penélopes SAS,
los aspectos sanitarios objeto de revisión evidenciaron presuntos incumplimientos de la
normatividad sanitaria, a la luz de lo previsto en el Decreto 1500 de 2007.

2.2.4. En virtud de tales hallazgos, los profesionales del INVIMA designados mediante
Auto 406-600-10 adoptaron medidas sanitarias de seguridad consistentes en la
suspensión total de trabajos y en el decomiso de los productos relacionados en las actas
cuestionadas.

2.2.5. La visita de inspección, vigilancia y control del 3 de junio de 2010 tuvo lugar en la
planta de beneficio denominada Penélopes SAS, ubicada en la vereda Villa Vanegas,
Finca La Rivera, en el municipio de Ginebra, departamento del Valle del Cauca, dirección
que figura como domicilio comercial en el certificado de matrícula mercantil de dicha
sociedad.

2.2.6. En consideración a que los hechos y argumentos expuestos por la parte
demandante guardan relación con conductas y consecuencias derivadas de la imposición
de medidas sanitarias de seguridad en una visita de inspección, vigilancia y control, el
medio de control judicial idóneo para formular las reclamaciones correspondientes era el
de reparación directa y no el de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.3. Por auto del 13 de junio de 20198 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión.

2.4. Las partes no presentaron escritos de alegatos de conclusión. El Ministerio Público
no rindió concepto.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 22 de noviembre de 20199, el Tribunal Administrativo del Quindío,
resolvió:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda, por las razones aquí expuestas.

8 Expediente digital, índice 20 Samai de segunda instancia.
9 Expediente digital, índice 20 Samai de segunda instancia.

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SEGUNDO: INHIBIRSE de resolver el fondo del asunto, al configurarse la ineptitud
sustantiva de la demanda, que promoviera la sociedad PENELOPES SAS y OTROS, contra
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia, por lo comentado en la parte motiva.

Para el Tribunal los actos demandados no son susceptibles de control jurisdiccional,
conforme al artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto se limitan a
poner en conocimiento las presuntas irregularidades sanitarias advertidas durante la
visita, con el fin de dar inicio al procedimiento sancionatorio, en los términos del artículo
75 del Decreto 1500 de 2007. Sustentó dicha tesis en las siguientes consideraciones:

3.1. El artículo 85 del CCA consagra la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
mediante la cual toda persona que se considere lesionada en un derecho amparado en
una norma jurídica puede solicitar la declaratoria de nulidad del acto administrativo, el
restablecimiento de su derecho y la reparación del daño causado.

La misma acción procede para quien pretenda la modificación de una obligación fiscal u
otra de similar naturaleza, así como la devolución de lo pagado indebidamente. Conforme
al numeral 2 del artículo 136 ibidem, dicha acción caduca al cabo de cuatro (4) meses,
contados a partir del día siguiente a la publicación, notificación, comunicación o ejecución
del acto, según el caso.

Por su parte, el artículo 86 del mismo estatuto regula la acción de reparación directa, que
procede cuando el daño proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa
o de la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos
o por cualquier otra causa.

Esta acción, orientada a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado y obtener
la correspondiente indemnización, puede ejercerse dentro de los dos (2) años siguientes
al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa, conforme al numeral 8 del
artículo 136 del citado código.

3.2. Aunque ambas acciones persiguen la reparación de los daños causados, difieren en
el origen del perjuicio alegado. El criterio determinante para establecer la acción
procedente radica en la causa del daño.

Si el perjuicio tiene origen en un acto administrativo ilegal, el medio de control idóneo es
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Este criterio encuentra fundamento
en el artículo 85 del CCA y en una regla práctica derivada de la presunción de legalidad
de los actos administrativos: mientras el acto conserve tal presunción, no resulta posible
ordenar el restablecimiento ni la reparación sin que previamente se declare su nulidad.

3.3. Del análisis del escrito de demanda, el Tribunal concluyó que la parte actora persigue
la nulidad de la diligencia de inspección, vigilancia y control practicada por el INVIMA el
3 de junio de 2010 a la sociedad Penélopes SAS, y que, a título de restablecimiento del
derecho, solicita el reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales derivados del
daño alegado.

Resaltó que las decisiones adoptadas por el INVIMA de decomiso del producto existente
y de suspensión total de trabajos y servicios, tuvieron como finalidad prevenir riesgos
para la salubridad pública e identificar a los posibles responsables con miras a la
continuación de la investigación administrativa.

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3.4. Explicó que el último inciso del artículo 50 del CCA define como actos administrativos
definitivos aquellos que ponen fin a una actuación administrativa o que deciden, de
manera directa o indirecta, el fondo del asunto. En contraste, los actos de trámite
únicamente finalizan la actuación cuando hacen imposible su continuación.

El Tribunal también aludió a la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual:

los actos administrativos definitivos concluyen la actuación administrativa, en tanto deciden,
directa o indirectamente, el fondo del asunto y producen efectos jurídicos definitivos, ya sea
porque crearon, modificaron o extinguieron una situación jurídica particular. Mientras que
los de tramite... contienen las decisiones administrativas necesarias para la formación del
acto definitivo, pero no concluyen la actuación administrativa, a menos que la decisión que
se adopte impida que continue tal actuación, caso en el cual se convierte en un acto
administrativo definitivo porque le pone fin al proceso administrativo10.

Destacó que la Corte Constitucional ha considerado que los actos de trámite, a diferencia
de los actos definitivos, no expresan en concreto la voluntad de la administración, sino
que tan solo constituyen el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la
formación de la decisión administrativa que se plasmará en el acto definitivo.

3.5. En ese sentido, destacó que las actuaciones mediante las cuales se impusieron las
medidas sanitarias a Penélopes SAS tienen la naturaleza de actos de trámite.

Señaló que tales medidas se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, lo
que evidencia su naturaleza distinta frente a estas últimas. Destacó que las diligencias
cuestionadas configuraron una actuación intermedia previa a la expedición del acto
administrativo definitivo, en el cual se adoptó la decisión sancionatoria. Conforme a la
norma citada, solo resultan demandables los actos que ponen fin a la actuación
administrativa.

3.6. Precisó que, con ocasión de dichas diligencias de inspección, vigilancia y control, el
INVIMA adelantó la correspondiente investigación administrativa, la cual culminó con la
imposición de una sanción mediante la Resolución 2013004401 del 21 de febrero de
2013.

En consecuencia, el acto susceptible de control judicial era aquel que culminó con la
sanción impuesta a la sociedad Penélopes SAS, por tratarse de un acto definitivo que
puso término a la actuación administrativa.

Por el contrario, las actuaciones relacionadas con la imposición de medidas sanitarias de
seguridad no admiten demanda autónoma, dado que corresponden a actas de visita,
según la definición contenida en el artículo 62 del Decreto 1500 de 2007.

3.7. Con base en lo anterior (i) declaró probada de oficio, la excepción denominada
“ineptitud sustantiva de la demanda”, (ii) se inhibió de resolver de fondo el asunto, y (iii)
no condenó en costas según lo previsto por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, debido
a que no se evidenció actuación temeraria de las partes.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 25000232500020110032701 (37032013), febrero 19

de 2015, C.P. Gustavo Gómez Aranguren.

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IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 22 de noviembre
de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, y expuso diversos
argumentos encaminados a demostrar que las medidas sanitarias de seguridad son
sustancialmente distintas de las sanciones administrativas y que, desde el punto de vista
fáctico y jurídico, no pueden calificarse como simples actos de trámite 11.

Los reparos en que fundó su recurso se sintetizan así:

4.1. En atención a las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1979 y el Decreto 1500 de
2007 se tiene lo siguiente:

(i) Las medidas sanitarias de seguridad tienen por finalidad prevenir o impedir la ocurrencia
de un hecho o la existencia de una situación que atente contra la salud de la comunidad,
teniendo el carácter de medidas de ejecución inmediata con carácter preventivo y transitorio
hasta tanto se compruebe que han desaparecido las causas que les dieron origen, que no
requiere formalidad especial y que no son susceptibles de recursos de vía gubernativa;

(ii) Las medidas sanitarias de seguridad en consecuencia son independientes de las
medidas sancionatorias;

(iii) En consecuencia, las medidas sanitarias no se levantan como consecuencia del acto
administrativo que imponga la sanción, sino por el contrario, y se insiste, únicamente por la
verificación del hecho consistente en que han desaparecido las causas que les dieron
origen;

(iv) Las medidas sanitarias de seguridad de que trata el art. 72 del Decreto 1.500 de 2.007
se aplican como resultado de la visita de inspección, por parte de las autoridades sanitarias
competentes, de oficio o a solicitud de parte, para efectos de lo cual las autoridades con
competencia para ello deben evaluar la situación de manera inmediata y establecer el
mérito para aplicar la respectiva medida sanitaria de seguridad atendiendo a la gravedad
de la falta.

(v) En caso que la autoridad sanitaria competente advierta la necesidad de aplicar una
medida sanitaria de seguridad, deberá en consecuencia levantar un acta por triplicado que
“(…) suscribirá el funcionario público que practica la diligencia y las personas que
intervengan en la diligencia, en la cual deberá indicarse como mínimo, la dirección o
ubicación donde se practica, los nombres de los funcionarios que intervienen, las
circunstancias que hayan originado la medida, la clase de medida que se imponga, así
como el señalamiento de las disposiciones sanitarias presuntamente violadas. Copia de la
misma se entregará a la persona que atienda la diligencia (…)”

(vi) Los actos administrativos demandados en este proceso corresponden a las actas por
medio de las cuales el INVIMA impuso una serie de medidas sanitarias de seguridad del
junio 3 de 2.010 a la sociedad PENELOPES SAS;

(vii) Por su parte, el procedimiento sancionatorio se inicia de oficio, por queja o como
consecuencia de haber sido adoptada una medida sanitaria de seguridad; obsérvese, que
no es condición necesaria para el inicio de tal actuación sancionatoria la imposición de una
medida sanitaria de seguridad;

11 Expediente digital, índice 20 Samai de segunda instancia.

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(viii) Para efectos del procedimiento sancionatorio, los antecedentes de la aplicación de las
medidas sanitarias de seguridad deben obrar en el respectivo expediente que contenga
tales diligencias;

(ix) El procedimiento sancionatorio impone a la autoridad sanitaria competente la realización
de otro tipo de actuaciones tales como visitas, inspecciones sanitarias, toma de muestras,
exámenes de laboratorio, pruebas de campo, químicas, prácticas de dictámenes periciales
y en general, todas aquellas que se consideren necesarias para establecer los hechos o
circunstancias objeto de la investigación.

(x) El procedimiento sancionatorio exige la formulación de cargos, presentación de
descargos, la práctica de pruebas, entre otras actuaciones que son completamente
diferentes al procedimiento de aplicación de las medidas sanitarias de seguridad.

(xi) Las medidas sancionatorias se imponen cuando se encuentre demostrada la violación
de disposiciones sanitarias previstas en el Decreto 1.500 de 2.007, teniendo en cuenta la
gravedad del hecho y mediante resolución motivada.

(xii) Las medidas sanitarias de seguridad no concluyen con la terminación del procedimiento
administrativo sancionatorio, sino hasta cuando se verifique la extinción de las causas que
le dieron origen a su imposición.

(xiii) En ese orden de ideas la autoridad puede perder la facultad sancionatoria pero es
posible en cambio que las eventuales causas que dieron origen a la medida sanitaria de
seguridad persistan.

4.2. La recurrente adujo que las medidas sanitarias constituyen actos administrativos
definitivos. A través de las actas impugnadas, la entidad demandada puso fin a una
actuación administrativa de carácter preventivo. Se trata de actos que no son
susceptibles de recursos de vía gubernativa, independientes de las medidas
sancionatorias, y cuya revocación solo podría producirse previa verificación de la
desaparición de las causas que les dieron origen.

4.3. Las medidas sanitarias de seguridad previstas en el artículo 576 de la Ley 9 de 1979
y en los artículos 71 a 75 del Decreto 1500 de 2007, impuestas mediante las actas del 3
de junio de 2010, constituyen verdaderos actos administrativos con capacidad propia de
decisión de la Administración.

Independientemente de que se continúe con un procedimiento sancionatorio, estas
medidas son autónomas y no dependen de las sanciones ni del procedimiento
administrativo sancionatorio para producir efectos jurídicos concretos.

4.4. En ese sentido, cuando la Administración ordena medidas como el decomiso de
productos o la suspensión total o parcial de trabajos o servicios, está adoptando
decisiones definitivas que generan efectos jurídicos inmediatos. En el presente caso, los
actos demandados causaron un perjuicio real a los accionantes. Por ello, no puede
aceptarse, como lo sostuvo el Tribunal, que se trate simplemente de actos de trámite.

4.5. Agregó que el Tribunal incurrió en un grave defecto factico cuando consideró que las
actas demandadas corresponden a actos administrativos de trámite excluyendo su
control jurisdiccional.

Con los actos demandados, el INVIMA expresó la voluntad de la Administración, la cual
produjo efectos jurídicos que afectaron gravemente los derechos fundamentales y
patrimoniales de las personas naturales y jurídicas demandantes, quienes fueron los

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Radicado: 76001233100020100188901
Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde
Núñez y otros
Demandado: INVIMA

directamente afectados por las medidas adoptadas de: (i) decomiso de productos; (ii)
suspensión de trabajos y servicios; (iii) despido de trabajadores; (iv) suspensión de los
contratos de suministro de aves; (v) disminución del valor de sus activos; (vi) disminución
de sus ingresos; (vii) cesación de pagos con terceros y; (viii) la consecuente liquidación
de la empresa en los términos previstos en la Ley 1116 de 2006.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5.1. El recurso de apelación fue admitido mediante proveído del 27 de septiembre de
202112.

5.2. Luego, mediante auto de 4 de octubre de 202213, el magistrado sustanciador corrió
traslado a las partes por el término de diez días para que presentaran sus alegatos de
conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

5.2.1. La actora presentó escrito de alegatos de conclusión14 en el que reiteró los
argumentos de la demanda y la apelación.

5.2.2. El Invima presentó escrito de alegatos de conclusión15 en el que reiteró los
argumentos de la contestación de la demanda.

5.2.3. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con el artículo 129 del CCA y el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de
marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.

6.2. Actos demandados

La parte actora solicitó en su demanda que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos:

6.2.1. Diligencia de inspección, vigilancia y control suscrita el 3 de junio de 2010, que
dice:

DILIGENCIAMIENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL del 3 de Junio de 2010.

En Ginebra Valle del Cauca a los 3 días del mes de Junio de 2010, se hicieron presentes
los funcionarios del Invima Sandra Piedad Medina y Leonardo Hernández, por orden del
auto comisorio n° 406-0600-10 en el establecimiento Penélopes SAS Nit. 900275273-9
ubicado en vereda Villa – Vanegas Finca la Rivera teléfono 3154104637 – 2563216. La
visita la atendió el señor Rodrigo Adolfo Conde Núñez, identificado con cedula de
ciudadanía 14650334 de Ginebra en calidad de Gerente Suplente.

12 Índice 4 Samai de segunda instancia.
13 Índice 12 Samai de segunda instancia.
14 Índice 18 Samai de segunda instancia.
15 Índice 17 Samai de segunda instancia.

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Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde
Núñez y otros
Demandado: INVIMA

Objetivo de la visita: Realizar visita de inspección, vigilancia y control de verificación en
atención a solicitud del SABA.

Situación Encontrada: Al llegar al establecimiento se encuentra que en el mismo se están
realizando operaciones de aseo, hay indicios de actividad reciente de sacrificio, esviscerado
y desprese de pollo. Se encuentra el personal realizando operaciones de organización de
pollo en canal y despresado, el cual es ubicado en bandejas y canastillas para luego ser
conducido al cuarto frio. Al momento de la visita se encuentra el siguiente inventario:

PRODUCTO CANTIDAD FECHA
Pollo marinado 340 unid 3 de junio de 2010
Pollo marinado bolsa fría 719 unid 3 de junio de 2010
Visceras campesina 1200 unid 3 de junio de 2010
Pollo blanco 124 unid 3 de junio de 2010
PESO TOTAL 3280 Kg

La planta denominada “marinado” al producto que es ingresado al Chiller (sic), mas no se
encuentra equipo de inyección ni hay adobos que puedan ser utilizados para dicha
actividad.

Al momento de la visita no hay pollo vivo ni en proceso de sacrificio. Dentro de la planta se
encuentra hielo empacado en costales, el chiller presenta en su interior agua con residuos
de sangre, en las canaletas hay restos de agua sangre. En los alrededores se encuentra la
zona de residuos, en la cual se han ubicado las plumas, la sangre y las partes de animales
que han sido descartadas por defectos de calidad.

Teniendo en cuenta que la planta Penélopes SAS actualmente no está inscrita en el INVIMA
no cuenta con autorización sanitaria para su funcionamiento, no tiene registro sanitario para
elaborar pollo marinado; emplea etiquetas de la planta Avícola La Emilia Ltda, la cual se
encuentra con medida sanitaria de suspensión de trabajos y servicios en la actualidad; no
está dando cumplimiento a las exigencias estipuladas en el Acta de diligencia de vigilancia,
inspección y control del 11 de mayo de 2010 “Revisar la documentación que existe en la
planta de beneficio, así como los documentos de las sociedades Penélopes SAS y Avícola
La Emilia Ltda. Se observa que la primera de ellas surgió a la vida jurídica el 30 de marzo
de 2009, razón por la cual se le informó a quienes atendieron la visita que para iniciar
labores de sacrificio deben cumplir con lo estipulado en el decreto 1500 de 2007, solicitar
inscripción así como autorización sanitaria; no pueden realizar labores de sacrificio de
ningún tipo hasta tanto se autoricen por parte de la autoridad sanitaria competente”; hay
dos fuentes de agua, una potable proveniente de Acuavalle, y otra de pozo, no teniendo
certeza sobre el uso indiscriminado de las mismas; así las cosas, se procede a aplicar las
medidas sanitarias de seguridad de decomiso del producto existente y de suspensión total
de trabajos y servicios.

Observaciones: quien atiende la visita manifiesta lo siguiente: según el auto comisorio 406-
0600-10 el Invima realiza una inspección a la planta de proceso por lo que quiero dejar
constancia de los siguientes puntos: 1) Protestamos que el Invima no nos concede ningún
recurso por las medidas de seguridad sanitarias de carácter preventivo aplicadas; 2) Se
deja constancia que se están vulnerando los derechos fundamentales como empresarios;
3) Consideramos que los documentos adjuntos demuestran la continuidad de la planta y
que por ende estos se encuentran dentro del plan gradual de cumplimiento, siendo esta
medida injusta por parte del Invima ya que la visita se realiza al establecimiento comercial
que funciona desde antes que entraran en vigencia las normas que causan la medida
sanitaria; 4) que si se revisaran los documentos enviados por el señor Conde para
inscribirse en el plan gradual de cumplimiento como planos y demás documentos, son de
la planta ubicada en la vereda villa-Vanegas finca la Rivera; 5) Se deja claro que la planta
se encuentra construida y que en la actualidad se están realizando mejoras en los exteriores
con el objetivo de ir cumpliendo con lo dispuesto por el plan gradual de cumplimiento; 6)
Adjuntamos carta en atención a la visita realizada por funcionarios de Invima el día 11 de

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Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde
Núñez y otros
Demandado: INVIMA

mayo de 2010 y las respectivas cámaras de comercio; 7) No estamos de acuerdo con la
medida y solicitamos la suspensión de la misma hasta que no sean revisados los
documentos adjuntos.
Firman Leonardo Hernández A. y Sandra Piedad Medina por parte del Invima y Rodrigo A.
Conde por parte de la empresa.

6.2.2. Acta de aplicación de medida sanitaria del 3 de junio de 2010, mediante la cual se
resolvió:

ACTA DE APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA del 3 de Junio de 2010.

En Ginebra Valle del Cauca a los 3 días del mes de Junio de 2010, se hicieron presentes
los funcionarios del Invima Sandra Piedad Medina y Leonardo Hernández, por orden del
auto comisorio n° 406-0600-10 en el establecimiento Penélopes SAS Nit. 900275273-9
ubicado en vereda Villa – Vanegas Finca la Rivera teléfono 3154104637 – 2563216. La
visita la atendió el señor Rodrigo Adolfo Conde Núñez, identificado con cedula de
ciudadanía 14650334 de Ginebra en calidad de Gerente Suplente.

Descripción del establecimiento: Las instalaciones físicas están en proceso de construcción
y adecuación, son material resistente a la intemperie, consta de las siguientes áreas: patio
de maniobras, zona de escaldado, desplume, evisceración y empaque de vísceras, chiller
y empaque de canales, almacenamiento y despacho.

Situación Encontrada: Al llegar al establecimiento se encuentra que en el mismo se están
realizando operaciones de aseo, hay indicios de actividad reciente de sacrificio, eviscerado
y desprese de pollo. Se encuentra el personal realizando operaciones de organización de
pollo en canal y despresado, el cual es ubicado en bandejas y canastillas para luego ser
conducido al cuarto frio.

Al momento de la visita no hay pollo vivo ni en proceso de sacrificio. Dentro de la planta se
encuentra hielo empacado en costales, el chiller presenta en su interior agua con residuos
de sangre, en las canaletas hay restos de agua sangre. En los alrededores se encuentra la
zona de residuos, en la cual se han ubicado las plumas, la sangre y las partes de animales
que han sido descartadas por defectos de calidad.

Teniendo en cuenta que la planta Penélopes SAS actualmente no está inscrita en el INVIMA
no cuenta con autorización sanitaria para su funcionamiento, no tiene registro sanitario para
elaborar pollo marinado; emplea etiquetas de la planta Avícola La Emilia Ltda, la cual se
encuentra con medida sanitaria de suspensión de trabajos y servicios en la actualidad; no
está dando cumplimiento a las exigencias estipuladas en el Acta de diligencia de vigilancia,
inspección y control del 11 de mayo de 2010 “Revisar la documentación que existe en la
planta de beneficio, así como los documentos de las sociedades Penélopes SAS y Avícola
La Emilia Ltda. Se observa que la primera de ellas surgió a la vida jurídica el 30 de marzo
de 2009, razón por la cual se le informó a quienes atendieron la visita que para iniciar
labores de sacrificio deben cumplir con lo estipulado en el decreto 1500 de 2007, solicitar
inscripción así como autorización sanitaria; no pueden realizar labores de sacrificio de
ningún tipo hasta tanto se autoricen por parte de la autoridad sanitaria competente”; hay
dos fuentes de agua, una potable proveniente de Acuavalle, y otra de pozo, no teniendo
certeza sobre el uso indiscriminado de las mismas.

Así las cosas, se procede a aplicar las medidas sanitarias de seguridad de decomiso del
producto existente y de suspensión total de trabajos y servicios.

No se hacen toma de muestra ni contra muestras.

Considerandos:

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Radicado: 76001233100020100188901
Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde
Núñez y otros
Demandado: INVIMA

Que en cumplimiento a lo señalado en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 se creó el
Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y alimentos -INVIMA-, un establecimiento
público el orden nacional, adscrito al Ministerio de Protección Social, con personería
jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, cuyo objeto es la ejecución
de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos,
productos biológicos, alimentos, bebidas alcohólicas, cosméticos, insumos médicos
quirúrgicos reactivos de diagnóstico y otros que puedan tener impacto en la salud humana
y colectiva.

Que en desarrollo a ese mandato legal el ejecutivo expidió el decreto ley 1290 de 1994,
mediante la cual se precisaron las funciones del INVIMA prescribiendo como primer objetivo
el instituto, la ejecución de las políticas formuladas par ese ministerio, en materia de
vigilancia y control de calidad de productos mencionados en el inciso anterior.

Que le corresponde a las diferentes Subdirecciones del INVIMA programas, adelantar y
evaluar el desarrollo de las visitas a los establecimientos productores y comercializadores
de los productos de su competencia.

Que para esta diligencia, se han comisionado a los funcionarios Sandra Piedad Medina y
Leonardo Hernández, que de conformidad con la situación sanitaria encontrada en el
establecimiento PENELOPES SAS Nit. 900275273-9, se hace necesario aplicar la medida
sanitaria consistente en SUSPENSIÓN TOTAL DE TRABAJOS O SERVICIOS.

Por incumplir los numerales 1 y 11 del artículo 10 del decreto 1500 de 2007. Realizar
operaciones de beneficio de aves en una planta en proceso de construcción, situación que
no garantiza la inocuidad del mismo al no tener la inspección oficial.

Que los profesionales Sandra Piedad Medina y Leonardo Hernández, conceptúan
favorablemente sobre la viabilidad de aplicar la medida sanitaria en cita.

Que en mérito de lo anterior los funcionarios públicos que asisten a la presente diligencia,

Resuelven:

Primero: Aplicar la medida sanitaria de seguridad consistente en LA SUSPENSIÓN DE
TRABAJOS O SERVICIOS, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de
esta decisión, medida que tendrá carácter preventivo, se aplicará sin perjuicio de las
sanciones a que haya lugar y se levantará cuando se compruebe la desaparición de las
causas que la originaron.

Segundo: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Firman Sandra Piedad Medina y Leonardo Hernández por parte del Invima y Rodrigo A.
Conde por parte de la empresa.

6.2.3. Acta de aplicación de medida sanitaria del 3 de junio de 2010, por la cual se
dispuso:

ACTA DE APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA del 3 de Junio de 2010.

En Ginebra Valle del Cauca a los 3 días del mes de Junio de 2010, se hicieron presentes
los funcionarios del Invima Sandra Piedad Medina y Leonardo Hernández, por orden del
auto comisorio n° 406-0600-10 en el establecimiento Penélopes SAS Nit. 900275273-9
ubicado en vereda Villa – Vanegas Finca la Rivera teléfono 3154104637 – 2563216. La
visita la atendió el señor Rodrigo Adolfo Conde Núñez, identificado con cedula de
ciudadanía 14650334 de Ginebra en calidad de Gerente Suplente.

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Radicado: 76001233100020100188901
Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde
Núñez y otros
Demandado: INVIMA

Descripción del establecimiento: Las instalaciones físicas están en proceso de construcción
y adecuación, son en material resistente a la intemperie, consta de las siguientes áreas:
patio de maniobras, zona de escaldado, desplume, evisceración y empaque de vísceras,
chiller y empaque de canales, almacenamiento y despacho.

Situación Encontrada: Al llegar al establecimiento se encuentra que en el mismo se están
realizando operaciones de aseo, hay indicios de actividad reciente de sacrificio, eviscerado
y desprese de pollo. Se encuentra el personal realizando operaciones de organización de
pollo en canal y despresado, el cual es ubicado en bandejas y canastillas para luego ser
conducido al cuarto frio.

Al momento de la visita no hay pollo vivo ni en proceso de sacrificio. Dentro de la planta se
encuentra hielo empacado en costales, el chiller presenta en su interior agua con residuos
de sangre, en las canaletas hay restos de agua sangre. En los alrededores se encuentra la
zona de residuos, en la cual se han ubicado las plumas, la sangre y las partes de animales
que han sido descartadas por defectos de calidad.

Teniendo en cuenta que la planta Penélopes SAS actualmente no está inscrita en el INVIMA
no cuenta con autorización sanitaria para su funcionamiento, no tiene registro sanitario para
elaborar pollo marinado; emplea etiquetas de la planta Avícola La Emilia Ltda, la cual se
encuentra con medida sanitaria de suspensión de trabajos y servicios en la actualidad; no
está dando cumplimiento a las exigencias estipuladas en el Acta de diligencia de vigilancia,
inspección y control del 11 de mayo de 2010 “Revisar la documentación que existe en la
planta de beneficio, así como los documentos de las sociedades Penélopes SAS y Avícola
La Emilia Ltda. Se observa que la primera de ellas surgió a la vida jurídica el 30 de marzo
de 2009, razón por la cual se le informó a quienes atendieron la visita que para iniciar
labores de sacrificio deben cumplir con lo estipulado en el decreto 1500 de 2007, solicitar
inscripción así como autorización sanitaria; no pueden realizar labores de sacrificio de
ningún tipo hasta tanto se autoricen por parte de la autoridad sanitaria competente”; hay
dos fuentes de agua, una potable proveniente de Acuavalle, y otra de pozo, no teniendo
certeza sobre el uso indiscriminado de las mismas.

Así las cosas, se procede a aplicar las medidas sanitarias de seguridad de decomiso del
producto existente y de suspensión total de trabajos y servicios.

No se hacen toma de muestra ni contra muestras.

Vistos: Teniendo en cuenta la descripción de los hechos arriba citados, se establece la
obligatoriedad de tomar una decisión sanitaria, en aras de salvaguardar la salud pública.

Considerandos:

Que en cumplimiento a lo señalado en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 se creó el
Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y alimentos -INVIMA-, un establecimiento
público el orden nacional, adscrito al Ministerio de Protección Social, con personería
jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, cuyo objeto es la ejecución
de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos,
productos biológicos, alimentos, bebidas alcohólicas, cosméticos, insumos médicos
quirúrgicos reactivos de diagnóstico y otros que puedan tener impacto en la salud humana
y colectiva.

Que en desarrollo a ese mandato legal el ejecutivo expidió el decreto ley 1290 de 1994,
mediante la cual se precisaron las funciones del INVIMA prescribiendo como primer objetivo
el instituto, la ejecución de las políticas formuladas par ese ministerio, en materia de
vigilancia y control de calidad de productos mencionados en el inciso anterior.

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Demandantes: David Augusto Vieira Salazar, Rodrigo Adolfo Conde
Núñez y otros
Demandado: INVIMA

Que le corresponde a las diferentes Subdirecciones del INVIMA programas, adelantar y
evaluar el desarrollo de las visitas a los establecimientos productores y comercializadores
de los productos de su competencia.

Que para esta diligencia, se han comisionado a los funcionarios Sandra Piedad Medina y
Leonardo Hernández.

Que de conformidad con la situación sanitaria encontrada en el establecimiento
PENELOPES SAS Nit. 900275273-9, se hace necesario aplicar la medida sanitaria
consistente en DECOMISO DE:

PRODUCTO CANTIDAD FECHA
Pollo marinado 340 unid 3 de junio de 2010
Pollo marinado bolsa fría 719 unid 3 de junio de 2010
Visceras campesina 1200 unid 3 de junio de 2010
Pollo blanco 124 unid 3 de junio de 2010
PESO TOTAL 3280 Kg

La planta denominada “marinado” al producto que es ingresado al Chiller (sic), mas no se
encuentra equipo de inyección ni hay adobos que puedan ser utilizados para dicha
actividad.

Por incumplir los numerales 1 y 11 del artículo 10 del decreto 1500 de 2007. Realizar
operaciones de beneficio de aves en una planta en proceso de construcción, situación que
no garantiza la inocuidad del mismo al no tener la inspección oficial. Los productos
decomisados quedarán bajo custodia de Penélopes SAS Nit 900275273-9, hasta que se
determine el destino final del mismo.

Que los profesionales Sandra Piedad Medina y Leonardo Hernández, conceptúan
favorablemente sobre la viabilidad de aplicar la medida sanitaria en cita.

Que en mérito de lo anterior los funcionarios públicos que asisten a la presente diligencia,

Resuelven:

Primero: Aplicar la medida sanitaria de seguridad consistente en Decomiso de 3280 Kg los
cuales quedaron bajo custodia de Penélopes SAS hasta que se decida el destino final, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión, medida que tendrá
carácter preventivo, se aplicará sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
Segundo: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Firman Sandra Piedad Medina y Leonardo Hernández por parte del Invima y Rodrigo A.
Conde por parte de la empresa.

6.3. Análisis del caso

6.3.1. La parte actora solicitó la nulidad de la diligencia de inspección, vigilancia y control
practicada por funcionarios del INVIMA el 3 de junio de 2010, en la cual se adoptaron, en
contra de la sociedad Penélopes SAS, las medidas sanitarias de seguridad de (i)
suspensión de trabajos o servicios y (ii) decomiso de productos.

El Tribunal Administrativo del Quindío, en la sentencia de primera instancia, declaró
probada la excepción de inepta demanda al considerar que los actos impugnados eran
actos de trámite. En consecuencia, determinó que la acción procedente para reclamar
eventuales perjuicios ocasionados por las actas demandadas no era la de nulidad y
restablecimiento del derecho, sino la de reparación directa.

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Núñez y otros
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En la apelación, los demandantes solicitaron que se revoque dicha sentencia, debido a
que las medidas sanitarias impuestas por el INVIMA constituyen actos administrativos
definitivos y no actos de trámite. Sostienen que con dichas medidas la entidad puso fin a
una actuación administrativa de carácter preventivo, contra las cuales no proceden los
recursos de la vía gubernativa y que, además, son independientes de las medidas
sancionatorias que eventualmente pudiera adoptar la autoridad demandada.

La Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró la ineptitud de la demanda,
por cuanto las medidas sanitarias impuestas por el INVIMA no constituyen actos de
trámite, sino actuaciones administrativas autónomas e independientes del acto que pone
fin al proceso sancionatorio.

En consecuencia, se ordenará la devolución del expediente al juez de primera instancia
para que se pronuncie sobre los cargos de nulidad formulados por la parte demandante
y que fueron objeto de debate durante el trámite inicial, dado que la sentencia apelada se
limitó al análisis de la indebida escogencia de la acción y declaró la ineptitud de la
demanda, sin abordar los reproches sustanciales planteados por el actor. Con ello se
garantiza el derecho fundamental de las partes al debido proceso y a la doble instancia
respecto de dichos cargos.

6.3.2. La Sala ha señalado en repetidas oportunidades que “la fuente del daño determina
la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia y ésta, a su
vez, determina la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones de la
demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por la vía jurisdiccional (…)”16.

De manera general, si el daño se origina o deriva directamente de un acto administrativo
considerado ilegal, la acción procedente será la de simple nulidad o la de nulidad y
restablecimiento del derecho, según corresponda, conforme a lo previsto en los artículos
84 y 85 del CCA.

En cambio, cuando lo que se busca es la reparación de un daño causado por un hecho,
una omisión, una operación administrativa o por la ocupación temporal o permanente de
un inmueble debido a trabajos públicos o cualquier otra causa, la acción aplicable será la
de reparación directa, regulada en el artículo 86 del mismo código.

En el caso concreto, el Tribunal concluyó que la acción que debió incoar la actora era la
de reparación directa y no la de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que los
actos cuestionados no eran susceptibles de control jurisdiccional. Esto se debe a que, a
juicio del a quo, las actas levantadas en la diligencia de inspección, vigilancia y control
mediante las cuales se impusieron medidas sanitarias de seguridad contra Penélopes
SAS constituyen actos de trámite y no actos definitivos.

En atención a dicha consideración, resulta fundamental diferenciar los actos de trámite o
preparatorios de los actos definitivos o principales: los primeros son aquellos que profiere
la Administración con el propósito de impulsar o preparar la adopción de una decisión
final sobre el fondo de un asunto determinado; en cambio, los actos definitivos o
principales, según el artículo 50 del CCA, son los que deciden directa o indirectamente el
fondo del asunto o hacen imposible la continuación de la actuación administrativa,

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia

del 29 de julio de 2013, radicación 25000-23-26-000-2000-01481-01 (27088), C.P. Danilo Rojas
Betancourth.

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Núñez y otros
Demandado: INVIMA

creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas concretas y produciendo
efectos jurídicos vinculantes sobre los interesados.

En esa medida, teniendo en cuenta que las actas de visita del 3 de junio de 2010,
suscritas por funcionarios del INVIMA, modificaron de manera concreta la situación
jurídica de la sociedad Penélopes SAS, tras ordenar: (i) la suspensión de trabajos o
servicios, y (ii) el decomiso de sus productos, la Sala advierte que deben ser
consideradas actos administrativos definitivos, con efectos jurídicos propios,
independientes de cualquier procedimiento sancionatorio posterior.

En el presente caso, aunque el INVIMA debió iniciar de manera inmediata el proceso
sancionatorio tras imponer la medida sanitaria de seguridad —lo que efectivamente
ocurrió—, dicho procedimiento podía desarrollarse de manera independiente de la
medida preventiva, ya que podía ser activado “de oficio, a solicitud o por información de
un funcionario público, o mediante denuncia o queja debidamente fundamentada
presentada por cualquier persona”, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1500 de 2007,
así:
Medidas sanitarias de seguridad, procedimientos y sanciones

Artículo 71. Medidas sanitarias de seguridad.

Si en el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control, la autoridad
competente comprueba que las plantas de beneficio, desprese, desposte, almacenamiento,
derivados cárnicos, transporte y expendio de carne, productos cárnicos comestibles y
derivados cárnicos; para consumo humano no cumplen con los requisitos sanitarios y las
condiciones generales y de funcionamiento señaladas en el reglamento técnico que se
establece en el presente decreto, se procederá a aplicar las medidas sanitarias de
seguridad previstas en el artículo 576 de la Ley 09 de 1979.

Las medidas sanitarias de seguridad, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, tienen
por objeto prevenir o impedir que la ocurrencia de un hecho o la existencia de una situación
atente contra la salud de la comunidad. Dichas medidas son de ejecución inmediata, tienen
carácter preventivo y transitorio y no son susceptibles de recurso alguno, se levantarán
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron para lo cual no
se requiere formalidad especial.

Artículo 72. Clasificación de las medidas sanitarias de seguridad

Para efectos del presente decreto y de conformidad con el artículo 576 de la Ley 09 de 1979
son medidas sanitarias de seguridad las siguientes:

1. Clausura temporal total o parcial:

Consiste en impedir temporalmente el funcionamiento de una planta de beneficio, desposte,
desprese, almacenamiento, derivados cárnicos, expendio de carne, productos cárnicos
comestibles y derivados cárnicos, o una de sus áreas cuando se considere que está
causando un problema sanitario, medida que se adoptará a través de la respectiva
imposición de sellos en los que se exprese la leyenda: "CLAUSURADO TEMPORAL,
TOTAL O PARCIALMENTE, HASTA NUEVA ORDEN IMPARTIDA POR LA AUTORIDAD
SANITARIA".

2. Suspensión total o parcial de trabajos o servicios:

Consiste en la orden del cese de actividades, cuando con estas se estén violando las
disposiciones sanitarias o impliquen riesgo a la salud. La suspensión podía ordenarse sobre
la totalidad o parte de los trabajos o servicios que se adelanten.

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Demandado: INVIMA

3. Decomiso del producto:

Consiste en la incautación o aprehensión de la carne, productos cárnicos comestibles y
derivados cárnicos para consumo humano que no cumplan con los requisitos de orden
sanitario o que viole las normas sanitarias vigentes. El decomiso se hará para evitar que
estos productos estén contaminados, adulterados, con fecha de vencimiento expirada,
alterada o adulterada, fraudulenta, que puedan ocasionar daños a la salud del consumidor
o inducir a engaño o viole normas sanitarias vigentes. Los productos decomisados podrán
quedar en custodia del tenedor mientras se define su destino final.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, siempre habrá lugar al decomiso en los
siguientes casos:

3.1 Cuando se encuentren en el establecimiento o el vehículo de transporte, carne,
productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos sin el respectivo visto bueno de la
autoridad sanitaria competente.

3.2 Cuando se encuentre que el producto está en estado de descomposición.

4. Destrucción o desnaturalización:

La carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos objeto de medida de
congelación o decomiso podrán ser destruidos o desnaturalizados por la autoridad sanitaria
competente, cuando resulte plenamente comprobado que Ios mismos ocasionan perjuicios
a la salud del consumidor. Cuando se trate de la diligencia de destrucción o
desnaturalización, se levantará un acta donde conste la cantidad, características y destino
final del producto.

5. Congelación o suspensión temporal de la venta de productos:

Consiste en el acto por el cual la autoridad sanitaria competente impide la venta o
comercialización de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos que se
presume, están originando problemas sanitarios o que incumple con los requisitos
sanitarios establecidos en el presente decreto, mientras se toma una decisión definitiva al
respecto.

Cuando resulte necesario y con el objeto de verificar si las condiciones de la carne,
productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos se ajustan a las normas sanitarias,
dicho producto será sometido a análisis de laboratorio, revisión documental, procedimental
u otros que la autoridad sanitaria determine pertinente.

La carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos podrán permanecer
retenidos bajo custodia del tenedor de los mismos, en condiciones de refrigeración o
congelación de acuerdo con el tiempo que para tal efecto, establezca la autoridad sanitaria
competente.

Artículo 73. Aplicación de las medidas sanitarias de seguridad.

La aplicación de las medidas sanitarias de seguridad de que trata el artículo anterior se
efectuará como resultado de una visita de inspección; la cual será llevada a cabo por las
autoridades sanitarias competentes, de oficio o a solicitud de cualquier persona.

Una vez conocido el hecho o recibida la información o la solicitud según el caso, la autoridad
sanitaria competente procederá a evaluar la situación de manera inmediata y establecerá
si existe o no la necesidad de aplicar una medida sanitaria de seguridad, como
consecuencia de la violación de los preceptos contenidos en este decreto, sus actos

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Demandado: INVIMA

reglamentarios u otras normas sanitarias o de los riesgos que la misma pueda ocasionar a
la salud individual o colectiva.

Establecida la necesidad de aplicar una medida sanitaria de seguridad, la autoridad
sanitaria competente, teniendo en cuenta el tipo de servicio, el hecho que origina la violación
de las disposiciones de este decreto y demás normas sanitarias o de la incidencia sobre la
salud individual o colectiva, impondrá la medida sanitaria de seguridad a que haya lugar,
de acuerdo con la gravedad de la falta de conformidad con lo previsto en el reglamento
técnico que se establece en el presente decreto y en el artículo 576 de la Ley 09 de 1979,
o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 74. Procedimiento para la aplicación de las medidas de seguridad.

Para efecto de aplicar una medida sanitaria de seguridad, deberá levantarse un acta por
triplicado que suscribirá el funcionario público que practica la diligencia y las personas que
intervengan en la diligencia, en la cual deberá indicarse como mínimo, la dirección o
ubicación donde se practica, los nombres de los funcionarios que intervienen, las
circunstancias que hayan originado la medida, la clase de medida que se imponga, así
como el señalamiento de las disposiciones sanitarias presuntamente violadas. Copia de la
misma se entregará a la persona que atienda la diligencia.

Si la persona que se encuentra en el lugar en el que se practica la diligencia se niega a
firmar el acta, se deberá hacer firmar por un testigo y dejar constancia en la misma.

Artículo 75. Consecuencias de la aplicación.

Si la medida sanitaria de seguridad fue impuesta deberá iniciarse el respectivo proceso
sancionatorio. Una vez impuesta una medida sanitaria de seguridad o preventiva, la misma
permanecerá vigente mientras subsista la causa que dio origen.

Aplicada la medida preventiva o de seguridad, sus antecedentes deberán obrar dentro del
respectivo proceso sancionatorio.

Artículo 76. Procedimiento sancionatorio.

El procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, por queja presentada por cualquier
persona o como consecuencia de haber sido adoptada una medida sanitaria de seguridad,
de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. La autoridad sanitaria competente
podrá realizar todas aquellas diligencias que se consideren conducentes, tales como visitas,
inspecciones sanitarias, toma de muestras, exámenes de laboratorio, pruebas de campo,
químicas, prácticas de dictámenes periciales y en general, todas aquellas que se
consideren necesarias para establecer los hechos o circunstancias objeto de la
investigación.

De la lectura de las normas transcritas, se tiene que las medidas sanitarias impuestas
por el INVIMA, en su condición de órgano rector en materia de vigilancia sanitaria y de
control de calidad de los productos de que trata el artículo 245 de la Ley 100 de 199317,
son de aplicación inmediata; pueden ser iniciadas de oficio o a solicitud de la persona
interesada; la imposición de la medida puede estar asociada al incumplimiento de las

17 Artículo 245: El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Créase el Instituto Nacional de

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima, como un establecimiento público del orden nacional,
adscrito al Ministerio de Salud, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía
administrativa, cuyo objeto es la ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de
calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos
médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por biotecnología,
reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva.

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normas sanitarias o a los peligros que puedan ocasionarse a la salud humana; gozan de
autonomía frente a las decisiones sancionatorias que procedan; no son susceptibles de
recurso alguno y, una vez aplicadas, se debe proceder a iniciar el correspondiente
proceso sancionador.

Por lo anterior, la naturaleza de las medidas sanitarias y del acto sancionatorio es
diferente: las medidas sanitarias tienen carácter preventivo y transitorio (artículo 71),
mientras que el acto administrativo que concluye el proceso sancionatorio es de carácter
definitivo y, como su nombre lo indica, sancionatorio. De otro lado, la medida sanitaria se
aplica “sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar” (artículo 71), es decir, de forma
autónoma al éxito de una sanción impuesta al finalizar el proceso sancionatorio.
Finalmente, la medida sanitaria se levanta “cuando se compruebe que han desaparecido
las causas que la originaron” (artículo 75) y no necesariamente en la decisión que
resuelve el proceso sancionatorio.

En consecuencia, cada una de esas decisiones, la de imponer una medida y la de
sancionar, debe ser demandada de forma independiente, así entre ellas haya afinidad o
coincidencia en el fundamento fáctico que motivó la decisión de imponerlas. Así lo
consideró esta Sección en sentencia del 25 de julio de 2024, en la que señaló:

En este punto, se precisa que las controversias correspondientes a los procesos
sancionatorios y a las medidas preventivas sanitarias de seguridad son independientes y
deberán tramitarse a través de procesos diferentes, tal y como lo señaló esta Sección en la
sentencia de 23 de enero de 1997[18], de la siguiente manera:

“[…] De otra parte, la Sala considera que los actos acusados se ajustan a derecho, y con
su expedición no se violó el debido proceso ni el derecho de defensa de los demandantes,
toda vez que conforme a lo previsto por el artículo 112 del Decreto 1172 de 1989, "las
medidas sanitarias de seguridad surten efectos inmediatos, contra las mismas no procede
recurso alguno y sólo requieren la formalidad prevista en el siguiente artículo", es decir,
mediante el levantamiento de acta en la cual consten las circunstancias que han originado
la medida, que en el presente caso no fueron otras que la presunta violación de los artículos
2o. y 3o. del Decreto 713 de 1984, como se consigna en el Acta No.023 de 7 de abril de
1993 (…).

[…] para la Sala resulta irrelevante la simple afirmación de los apelantes, en el sentido de
que hasta la fecha no se ha dado inicio al proceso sancionatorio correspondiente, como lo
dispone el artículo 111 del Decreto 1172 de 1989, pues como lo advierte la señora Agente
del Ministerio Público en su concepto de fondo, tal hecho, de presentarse o no, en nada
afectaría la legalidad de los actos acusados, por ser posterior e independiente de éstos y
porque, en la hipótesis de llegar a ser ilegal esa omisión o el acto o actos con los cuales
llegare a terminar el procedimiento, las controversias correspondientes deberán tramitarse
a través de procesos diferentes al presente, en el cual sólo se controvierten las medidas
preventivas. […]” (Destacado fuera de texto).

Y posteriormente, en sentencia de 29 de noviembre de 201819, la Sala resaltó que las
medidas de seguridad sanitarias no tienen como finalidad sancionar a su destinatario, sino
“[…] evitar o impedir la ocurrencia de un hecho, actividad o situación que pueda atentar
contra (…) la salud (…), se trata de (…) medida[s] provisional[es] donde lo único que se

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero

de 1997, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez, núm. único de radicación 4076.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de

noviembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020130044500.

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requiere es comprobar la ocurrencia del hecho, no así de la infracción (…), pues para ello
se deberá adelantar el proceso sancionatorio […]”20. (Subrayas fuera del texto original)

Por otra parte, conviene señalar que esta Corporación ha dicho que la acción procedente
para controvertir judicialmente la legalidad de las actas expedidas por el INVIMA es la de
nulidad y restablecimiento del derecho, así:

En ese orden de ideas, las pretensiones de la parte actora que buscan establecer la
responsabilidad administrativa y patrimonial del INVIMA por “los daños irrogados a la
demandante, con ocasión de la injusta, ilegal y arbitraria suspensión de actividades de
producción de medicamentos, según consta en acta del 9 de abril de 1999, expedida por
funcionarios de este instituto” (párr. 1), exceden la naturaleza de la acción de reparación
directa, ya que esta debió impugnar esa decisión de la administración a través de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho21. (Subrayas fuera del texto original)

En línea con lo anterior, esta Sección ha conocido acciones de nulidad y restablecimiento
del derecho impetradas contra medidas sanitarias impuestas por el INVIMA, bajo el
entendido de que se tratan de actos administrativos definitivos.

En efecto, en la sentencia de 20 de febrero de 2020 se efectuó el examen de legalidad
de los actos administrativos “contenidos en las actas de inspección, control y vigilancia
realizadas por funcionarios del Invima los días 15 y 16 de junio de 2004 a los
establecimientos comerciales Mon Arom ubicados en Carulla de la Avenida Pepe Sierra
y en Cafam de Bulevar Niza, mediante las cuales se impusieron las medidas sanitarias
consistentes en la suspensión de actividades de envase y acondicionamiento y en el
congelamiento de perfumes envasados y acondicionados” 22.

En igual sentido, en sentencia de 2 de marzo de 2016 se resolvió la demanda formulada
en contra de dos actas de inspección, control y vigilancia, a través de la cuales se aplicó
una medida de seguridad preventiva consistente en el decomiso de un producto y se
dispuso la suspensión total de actividades productivas de la sociedad demandante. Sobre
la naturaleza de dichos actos, en la providencia se explicó lo siguiente:

7.1.2.- Con todo, el primer aspecto que debe resolverse es el relacionado con la decisión
inhibitoria del Tribunal respecto de los cargos formulados en la demanda contra el acta de
inspección al cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura de 22 de diciembre de
2006 y contra el acta de inspección, control y vigilancia de 22 de diciembre de 2006, por la
cual se aplicó una medida de seguridad preventiva y se dispuso la suspensión total de
actividades productivas. Para el efecto, la Sala verificará el contenido y alcance de los
mencionados actos administrativos a fin de establecer si se trata de meros actos de trámite
cuyo control judicial resulta improcedente, o si por el contrario, son actos que definen una
situación jurídica determinada y por tanto pasibles de ser controvertidos en la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.

(…)

7.1.17.- Como se desprende de la regla jurisprudencial transcrita, la Sala encuentra que
una medida preventiva se considera como acto administrativo definitivo pasible de ser
controvertido judicialmente, cuando a partir de ella se determina para el sujeto pasivo una

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 25 de julio de

2024, radicación 11001-03-24-000-2011-00141-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de septiembre de 2013, radicación

25000232600020020069201(27870), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 20 de febrero

de 2020, radicación 25000232400020040093402, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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situación jurídica. Con todo, se requiere que la decisión de la administración genere efectos
jurídicos independientes de aquellos que puedan producirse o desprenderse de
actuaciones administrativas posteriores.

7.1.18.- En el caso concreto resulta evidente que la decisión contenida en el acta de 22 de
diciembre de 2002 determinó para la parte actora una situación jurídica de carácter
definitivo toda vez que, en virtud de ella, se decomisó un lote de productos y se ordenó la
suspensión total de actividades productivas, quedando demeritada la decisión inhibitoria
proferida por el Tribunal.23

En consideración a lo expuesto, la Sala concluye que no le asistió razón al a quo al
declarar la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda e inhibirse de resolver el
asunto, por lo que se impone revocar dicha decisión.

6.3.3. Ahora bien, dado que se revocará la sentencia de primera instancia que declaró
probada la excepción de inepta demanda propuesta por el INVIMA, en principio
correspondería a la Sala abordar el estudio de los cargos de nulidad formulados en la
demanda. No obstante, se advierte que no es posible emitir pronunciamiento sobre tales
reproches, en la medida en que no fueron objeto de análisis por el juez de primera
instancia, a quien competía adelantar dicho examen, ni constituyeron materia del recurso
de apelación y como es sabido, la competencia del ad quem se encuentra delimitada por
el alcance del recurso de alzada.

Sobre el particular, la Sección ha precisado que la imposibilidad de estudiar en segunda
instancia cargos no analizados en la primera no configura una omisión, sino que garantiza
los principios de limitación de la competencia del superior, de la doble instancia y del
debido proceso, toda vez que “[…] resolver de fondo la controversia en la segunda
instancia, implica reemplazar al a quo en el estudio de los cargos de la demanda que no
realizó y equivale a convertirla en única instancia, privando a la parte desfavorecida del
derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido
proceso y al acceso a la Administración de Justicia […]”24 .

En consecuencia, y en armonía con la tesis reiterada por la Sala25, se remitirá el
expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que se pronuncie sobre
los cargos formulados en la demanda y registre el proyecto correspondiente dentro de
los cuarenta (40) días siguientes a la recepción del expediente, conforme a lo previsto en
el artículo 211 del CCA26.

Valga señalar que la remisión al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca obedece a
que el Tribunal Administrativo del Quindío dictó la sentencia en virtud de lo dispuesto por
el artículo 2 del Acuerdo PCSJA19-11294 del 4 junio de 2019 del Consejo Superior de la

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 2 de marzo

de 2016, radicación 25000-23-24-000-2008-00011-02, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de abril de

2013, radicado 50001233100020060100401, C.P. María Elizabeth García González.
25 Entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de

24 de mayo de 2018, radicación 25000232400020040068401, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; 12 de
diciembre de 2019, radicación 76001233100020060203901, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 6 de
noviembre de 2020, radicación 25000234100020140028401, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 1 de
diciembre de 2022, radicación 25000232400020110017001, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón y 29 de
agosto de 2024, radicación 08001-23-31-000-2011-01058-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.
26 Artículo 211. Modificado por el artículo 50 del Decreto Nacional 2304 de 1989: “Vencido el término de

traslado al fiscal, se enviará el expediente al ponente para que elabore proyecto de sentencia. Este se
deberá registrar dentro de los cuarenta (40) días siguientes.
La Sala, sección o subsección tendrá veinte (20) días para fallar”.

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Judicatura - Sala Administrativa, en el que se ordenó que “El Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca remitirá 40 procesos del sistema escritural pendientes de fallo al Tribunal
Administrativo del Quindío, con excepción de aquellos relativos a acciones populares y
de grupo y procesos tributarios. Parágrafo. Estos procesos que reciba el Tribunal
Administrativo del Quindío deberán fallarse a más tardar el 19 de diciembre de 2019”. A
su turno, el parágrafo 3 del artículo 3 del mismo acuerdo señaló que luego de fallados los
procesos, estos serían devueltos al Tribunal de origen para lo pertinente.

6.4. Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, las pretensiones de la parte actora que buscan la nulidad
de la diligencia de inspección, vigilancia y control practicada por el INVIMA el 3 de junio
de 2010, mediante la cual se expidieron las actas de aplicación de medidas sanitarias de:
(i) suspensión de trabajos o servicios y (ii) decomiso de productos, son enjuiciables, en
los términos de la demanda que fue promovida por la parte actora, a través de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Asimismo, la Sala ordenará devolver el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca para que, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la demanda y observando
plenamente los principios de economía, celeridad, eficiencia y eficacia procesal, se
profiera la decisión de fondo respecto de los cargos de la demanda que no fueron objeto
de la sentencia ahora revocada. Dicha decisión de fondo deberá emitirse dentro de los
cuarenta (40) días siguientes a la recepción del expediente.

6.5. Costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes,
la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo
171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

6.6. Reconocimiento de personería

Mediante memorial visible en el índice 17 del proceso en Samai, la abogada María
Margarita Jaramillo Pineda allegó los soportes que acreditan que en su calidad de Jefe
de la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA ejerce la representación judicial y extrajudicial
de la entidad. Por tanto, la Sala le reconocerá personería para actuar en representación
de la entidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 22 de noviembre de 2019, dictada por el Tribunal
Administrativo del Quindío que declara probada de oficio la excepción de inepta
demanda, con fundamento en los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, REMITIR el expediente al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para que se pronuncie de fondo respecto de los cargos

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de planteados en la demanda y registre proyecto dentro de los cuarenta (40) días
siguientes a la recepción del expediente, en los términos del artículo 211 del CCA.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: RECONOCER personería a la abogada María Margarita Jaramillo Pineda,
para actuar en representación del INVIMA.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión del 5 de marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.

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