Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2005-00891-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2005-00891-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2005-00891-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
15 de diciembre de 2023
1
Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación núm.: 25000 23 24 000 2005 00891 01 acumulado con el proceso
25000 23 24 000 2005 00886 01
Actor: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán, Juan Darío Velásquez Cruz y Easton
S.A., Bleeker S.A. y Encellinal
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible
Tesis: No existe cosa juzgada frente a los cargos de violación de normas
superiores, desconocimiento del principio de confianza legítima, falsa motivación y
el relativo a la falta de competencia de la entidad demandada para expedir el acto
enjuiciado.
Debe devolverse el expediente al a quo cuando se inhibe para resolver de fondo la
controversia si en el trámite de apelación se revoca dicha decisión.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 13 de julio de 2017, proferida por la Subsección “A” de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual declaró
la existencia de cosa juzgada material y se negaron las pretensiones de la demanda.
I. LA DEMANDA
1.1. Expediente 2005-00891 Gimena Patricia Lemaitre
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), los
ciudadanos Gimena Patricia Lamaitre Soleimán y Juan Darío Velásquez Cruz,
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
interpusieron demanda en contra del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)1.
1.1.1. Pretensiones
“PRETENSIONES
PRETENSIONES DECLARATIVAS
1 PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare que la Resolución No.
0463 de 14 de Abril de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial, publicada en el Diario Oficial No. 45.880 del día 15 de Abril de 2005,
"por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos y se
establecen las determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros
Orientales de Bogotá”, es INAPLICABLE a los demandantes, por ser un acto
general que lesiona derechos particulares.
1.1 PRIMERA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN PRIMERA
PRINCIPAL: En el evento en que la PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL no
prospere, subsidiariamente solicito que:
Se declare la nulidad de la totalidad de la Resolución No. 0463 de 14 de Abril
de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, publicada
en el Diario Oficial No. 45.880 del día 15 de Abril de 2005, “por medio de la cual
se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se
adopta su zonificación y reglamentación de usos y se establecen las
determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de
Bogotá”.
2. PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL: Que se declare que la Resolución
No. 0519 de 22 de Abril de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, publicada en el Diario Oficial No. 45.890 del día 25 de Abril
de 2005, por medio de la cual se aclara el Articula 1 de la Resolución 0463 de
14 de Abril de 2005 expedida por el mismo Ministerio, es INAPLICABLE a los
demandantes, por ser un acto general que lesiona derechos particulares.
2.2 PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN SEGUNDA
PRINCIPAL DECLARATIVA: En el evento en que la PRETENSIÓN SEGUNDA
PRINCIPAL no prospere, subsidiariamente solicito que:
Se declare la nulidad de la totalidad de la Resolución No. 0519 de 22 de Abril
de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, publicada
en el Diario Oficial No. 45.890 del día 25 de Abril de 2005, por medio de la cual
se aclara el Artículo 1 de la Resolución 0463 de 14 de Abril de 2005 expedida
por el mismo Ministerio.
3 PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL: Como consecuencia de la
declaratoria señalada en las PRETENSIONES PRIMERA Y SEGUNDA PRINCIPAL
se condene a la demandada a la REPARACIÓN DE LOS DAÑOS que se le han
ocasionado en sus derechos subjetivos a mis representados, permitiendo
1 Visible a folios 1 a 125 del documento denominado
“39_250002324000200500891015EXPEDIENTEDIGI20231020105153” obrante en el índice 46 de
SAMAI.
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
expresamente el desarrollo por construcción del Lote No. 7 de la Parcelación
denominada “La Floresta”, en las condiciones urbanísticas señaladas por el
Decreto Distrital 190 de 22 de junio de 2004 por el cual se compilan las
disposiciones contenidas en los Decreto Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003
contentivo del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que clasifica el
predio de mis representados dentro del suelo Urbano en tratamiento de
consolidación urbanística y con aplicación del artículo 478 del mismo Decreto
190 de 2004 del régimen de transición, es decir la aplicación de la
reglamentación del Acuerdo 6 de 1990 que ubica la zona en conservación, en
virtud del cual se aplica el Decreto Distrital No. 981 del 4 de Diciembre de 1957
del Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá y el Decreto 320 de 1992
expedido por Alcalde Mayor de Bogotá, para cuyos efectos la vigencia del
Decreto Distrital No. 981 del 4 de diciembre de 1957 del Alcalde Mayor del
Distrito Especial de Bogotá (Licencia de Parcelación) y demás derechos
consagrados en los citados actos administrativos será la establecida en el
Decreto 1600 de 2005, contada a partir de la fecha de la sentencia ejecutoriada
con que culmine la presente acción.
3.1 PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN TERCERA
PRINCIPAL: En caso que la PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL no
prospere, subsidiariamente solicito que como consecuencia de la declaratoria
de INAPLICACIÓN señalada en las PRETENSIONES PRIMERA Y SEGUNDA
PRINCIPALES, se le reparen los daños a mis representados, causados por la
resoluciones demandadas, a través del pago de una indemnización de
perjuicios por daño emergente y lucro cesante por la imposibilidad del ejercicio
para mis representados de los derechos consagrados en el Decreto Distrital 190
de 22 de junio de 2004 por el cual se compilan las disposiciones contenidas en
los Decreto Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 contentivo del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá, que clasifica el predio de mis
representados dentro del suelo urbano en tratamiento de consolidación
urbanística y con aplicación del artículo 478 del mismo Decreto 190 de 2004 del
régimen de transición, es decir la aplicación de la reglamentación del Acuerdo
6 de 1990 que ubica la zona en conservación, por cuyos efectos se aplica el
Decreto Distrital No. 981 del 4 de Diciembre de 1957 del Alcalde Mayor del
Distrito Especial de Bogotá y el Decreto 320 de 1992 expedido por Alcalde
Mayor de Bogotá desde el día 15 de Abril de 2005 y los demás actos
administrativos que hubiese podido obtener en el ejercicio de sus derechos
legítimos como licencia de construcción de la unidad de vivienda permitida por
las normas urbanísticas ya citadas aplicables a la construcción de los lotes útiles
de la Parcelación denominada “La Floresta”.
4. PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL: Que por virtud de la reparación del
daño señalado en la PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL, se condene a la
demandada al pago de los perjuicios económicos que se prueben dentro del
proceso (daño emergente y lucro cesante), por la imposibilidad del ejercicio para
mis representados de los derechos consagrados en el Decreto Distrital 190 de
22 de junio de 2004 por el cual se compilan las disposiciones contenidas en los
Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 contentivo del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá, que clasifica el predio de mis
representados dentro del suelo urbano en tratamiento de consolidación
urbanística y con aplicación del artículo 478 del mismo Decreto 190 de 2004 del
régimen de transición, es decir la aplicación de la reglamentación del Acuerdo
6 de 1990 que ubica la zona en conservación, por cuyos efectos se aplica el
Decreto Distrital No. 981 del 4 de Diciembre de 1957 del Alcalde Mayor del
Distrito Especial de Bogotá y el Decreto 320 de 1992 expedido por Alcalde
Mayor de Bogotá y los demás actos administrativos que hubiese podido obtener
en el ejercicio de sus derechos legítimos como licencia de construcción de la
unidad de vivienda permitida por las normas urbanísticas ya citadas aplicables
a la construcción de los lotes útiles de la Parcelación denominada “La Floresta”,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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4
Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
entre el día 15 de Abril de 2005 y la fecha de ejecutoria de la sentencia con que
culmine la presente acción contencioso administrativa.
5. PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL: Se condene a la entidad demandada al
pago de los intereses comerciales y moratorios establecidos en el Artículo 177
del Código Contencioso Administrativo, que se causen entre la fecha de
ejecutoria de la sentencia y la fecha efectiva de pago de las condenas
indemnizatorias citadas en las pretensiones de la demanda.
6. PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL: Se condene a la entidad demandada a
las costas y agencias en derecho.
PRETENSIONES DE CONDENA DE LA PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
DECLARATIVAS
7. PRETENSIÓN DE CONDENA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA
SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA Y SEGUNDAS DEGLARATIVAS: Como
consecuencia de la declaratoria señalada en las pretensiones primera y
segunda subsidiarias declarativas, se restablezca en el derecho a mis
representados, permitiendo expresamente el desarrollo por construcción del
Lote No. 7 de la Parcelación denominada “La Floresta”, en las condiciones
urbanísticas señaladas por el Decreto Distrital 190 de 22 de junio de 2004 por
el cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619
de 2000 y 469 de 2003 contentivo del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá, que clasifica el predio de mis representados dentro del suelo urbano en
tratamiento de consolidación urbanística y con aplicación del artículo 478 del
mismo Decreto 190 de 2004 del régimen de transición, es decir a aplicación de
la reglamentación del Acuerdo 6 de 1990 que ubica la zona en conservación,
en virtud del cual se aplica el Decreto Distrital No. 981 del 4 de Diciembre de
1957 del Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá y el Decreto 320 de 1992
expedido por Alcalde Mayor de Bogotá para cuyos efectos la vigencia del
Decreto Distrital No. 981 del 4 de Diciembre de 1957 del Alcalde Mayor del
Distrito Especial de Bogotá (Licencia de Parcelación) y demás derechos
consagrados en los citados actos administrativos será la establecida en el
Decreto 1600 de 2005, contada a partir de la fecha de la sentencia ejecutoriada
con que culmine la presente acción.
8. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN DE CONDENA DE LA
PRIMERA Y SEGUNDA SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA Y SEGUNDAS
DECLARATIVAS: Que por virtud del restablecimiento del derecho señalado en
la pretensión anterior, se condene a la demandada al pago de los perjuicios
económicos que se prueben dentro de proceso (daño emergente y lucro
cesante), por la imposibilidad del ejercicio para mis representados de los
derechos consagrados en el Decreto Distrital 190 de 22 de junio de 2004 por el
cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decreto Distritales 619 de
2000 y 469 de 2003 contentivo del Pian de Ordenamiento Territorial de Bogotá,
que clasifica el predio de mis representados dentro del suelo urbano en
tratamiento de consolidación urbanística y con aplicación del artículo 478 del
mismo Decreto 190 de 2004 del régimen de transición, es decir la aplicación de
la reglamentación del Acuerdo 6 de 1990 que ubica la zona en conservación,
por cuyos efectos se aplica el Decreto Distrital No. 981 del 4 de Diciembre de
1957 del Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá y el Decreto 320 de 1992
expedido por Alcalde Mayor de Bogotá y los demás actos administrativos que
hubiese podido obtener en el ejercicio de sus derechos legítimos como licencia
de construcción de la unidad de vivienda permitida por las normas urbanísticas
ya citadas aplicables a la construcción de los lotes útiles de la Parcelación
denominada “La Floresta”, entre el día 15 de Abril de 2005 y la fecha de
ejecutoria de la sentencia con que culmine la presente acción contencioso
administrativa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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5
Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
9. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA TOTALIDAD DE LAS PRETENSIONES
PRINCIPALES Y SUBSIDIARIAS ANTES FORMULADAS: Se declare que por
las causas que resulten probadas en el proceso, a la demandante le asiste el
derecho a que se le REPAREN LOS DAÑOS que se le han ocasionado en sus
derechos subjetivos por razón de la expedición de la Resolución 463 de 14 de
abril de 2005 y por la Resolución 519 de 22 de abril de 2005, aclaratoria de la
Resolución 463 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”2.
1.2. Expediente 2005-00886 Easton S.A., Bleeker S.A. y Encellinal
1.2.1. Pretensiones
“PRETENSIONES
PRETENSIONES DECLARATIVAS
1. PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare que la Resolución
No. 0463 de 14 de Abril de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, publicada en el Diario Oficial No. 45.880 del día 15 de
Abril de 2005, "por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos
y se establecen las determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros
Orientales de Bogotá, es INAPLICABLE a los demandantes, por ser un acto
general que lesiona derechos particulares.
1.1 PRIMERA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN PRIMERA
PRINCIPAL: En el evento en que la PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL no
prospere, subsidiariamente solicito que:
Se declare la nulidad de la totalidad de la Resolución No. 0463 de 14 de Abril
de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, publicada
en el Diario Oficial No. 45.880 del día 15 de Abril de 2005, “por medio de la cual
se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se
adopta su zonificación y reglamentación de usos y se establecen las
determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de
Bogotá”.
2. PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL: Que se declare que la Resolución
No. 0519 de 22 de Abril de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, publicada en el Diario Oficial No. 45.890 del día 25 de Abril
de 2005, por medio de la cual se aclara el Articulo 1 de la Resolución 0463 de
14 de Abril de 2005 expedida por el mismo Ministerio, es INAPLICABLE a los
demandantes, por ser un acto general que lesiona derechos particulares.
2.2 PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN SEGUNDA
PRINCIPAL DECLARATIVA: En el evento en que la PRETENSIÓN SEGUNDA
PRINCIPAL no prospere, subsidiariamente solicito que:
Se declare la nulidad de la totalidad de la Resolución No. 0519 de 22 de Abril
de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, publicada
en el Diario Oficial No. 45.890 del día 25 de Abril de 2005, por medio de la cual
se aclara el Artículo 1 de la Resolución 0463 de 14 de Abril de 2005 expedida
por el mismo Ministerio.
PRETENSIONES DE CONDENA DE LA PRETENSIONES PRINCIPALES
DECLARATIVAS
2 Folios 282 a 286 ibidem. Escrito de reforma de la demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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6
Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
3. PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL: Como consecuencia de la
declaratoria señalada en las PRETENSIONES PRIMERA Y SEGUNDA PRINCIPAL
se condene a la demandada a la REPARACIÓN DE LOS DAÑOS que se le han
ocasionado en sus derechos subjetivos a mis representadas, permitiendo
expresamente el desarrollo urbanístico del predio de su propiedad denominado
“Tequenuza A”, conforme a las normas urbanísticas contendidas en el Decreto
Distrital 1015 del 22 de Noviembre de 2000, expedido por el Alcalde Mayor de
Bogotá, por el cual se asigna el Tratamiento Especial de Preservación del
Sistema Orográfico y se incorpora la parte Suburbana de los predios
denominados Tequenuza A, La Suiza A y Palermo A, ubicada en Área
Suburbana de Preservación del Sistema Orográfico en la Localidad Número 01
de Usaquén, para cuyos efectos la vigencia de los derechos consagrados en el
citado acto administrativo será la establecida en el numeral 4° del artículo 515
Decreto Distrital 619 de 2000, contada a partir de la fecha de la sentencia
ejecutoriada con que culmine la presente acción.
3.1 PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN TERCERA
PRINCIPAL: En caso que la PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL no prospere,
subsidiariamente solicito que como consecuencia de la declaratoria de
INAPLICACIÓN señalada en las PRETENSIONES PRIMERA Y SEGUNDA
PRINCIPALES, se le reparen los daños a mis representadas, causados por las
resoluciones demandadas, a través del pago de una indemnización de
perjuicios por daño emergente y lucro cesante por la imposibilidad del ejercicio
para mis representadas de los derechos consagrados en el Decreto Distrital No.
1015 de 2000, desde el día 15 de abril de 2005 y los demás actos
administrativos que hubiese podido obtener en el ejercicio de sus derechos
legítimos tales como licencia de urbanismo y licencia de construcción de las
unidades de vivienda permitidas por las normas urbanísticas ya citadas,
aplicables a los predios propiedad de mis defendidas.
4. PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL: Que por virtud de la reparación del
daño señalado en la PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL, se condene a la
demandada al pago de los perjuicios económicos que se prueben dentro del
proceso (daño emergente y lucro cesante), por la imposibilidad del ejercicio para
mis representadas de los derechos consagrados en el Decreto Distrital No. 1015
de 2000 y el y los demás actos administrativos que hubiese podido obtener en
el ejercicio de sus derechos tales como licencia de urbanismo y licencia de
construcción de las unidades de vivienda permitidas por las normas urbanísticas
ya citadas, aplicables a los predios propiedad de mis defendidas, entre el día
15 de abril de 2005 y la fecha de ejecutoria de la sentencia con que culmine la
presente acción contencioso administrativa.
5. PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL: Se condene a la entidad demandada al
pago de los intereses comerciales y moratorios establecidos en el Artículo 177
del Código Contencioso Administrativo, que se causen entre la fecha de
ejecutoria de la sentencia y la fecha efectiva de pago de las condenas
indemnizatorias citadas en las pretensiones de la demanda.
6. PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL: Se condene a la entidad demandada a
las costas y agencias en derecho.
PRETENSIONES DE CONDENA DE LAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
DECLARATIVAS
7. PRETENSIÓN DE CONDENA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA
SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA Y SEGUNDAS DECLARATIVAS: Como
consecuencia de la declaratoria señalada en las pretensiones primera y
segunda subsidiarias declarativas, se restablezca en el derecho a mis
representadas, permitiendo expresamente el desarrollo urbanístico del predio
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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7
Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
de su propiedad denominado “Tequenuza A”, conforme a las normas
urbanísticas contendidas en el Decreto Distrital 1015 del 22 de Noviembre de
2000, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, por el cual se asigna el
Tratamiento Especial de Preservación del Sistema Orográfico y se incorpora la
parte Suburbana de los predios denominados Tequenuza A, La Suiza A y
Palermo A, ubicada en Área Suburbana de Preservación del Sistema Orográfico
en la Localidad Número 01 de Usaquén, para cuyos efectos la vigencia de los
derechos consagrados en el citado acto administrativo será la establecida en el
numeral 4° del artículo 515 Decreto Distrital 619 de 2000, contada a partir de la
fecha de la sentencia ejecutoriada con que culmine la presente acción.
8. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN DE CONDENA DE LA
PRIMERA Y SEGUNDA SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA Y SEGUNDAS
DECLARATIVAS: Que per virtud del restablecimiento del derecho señalado en
la pretensión anterior, se condene a la demandada al pago de los perjuicios
económicos que se prueben dentro del proceso (daño emergente y lucro
cesante), por la imposibilidad del ejercicio para mis representadas de los
derechos consagrados en el Decreto Distrital No. 1015 de 2000, entre el día 15
de abril de 2005 y la fecha de ejecutoria de la sentencia con que culmine la
presente acción contencioso administrativa.
9. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA TOTALIDAD DE LAS PRETENSIONES
PRINCIPALES Y SUBSIDIARIAS ANTES FORMULADAS: Se declare que por
las causas que resulten probadas en el proceso, a la demandante le asiste el
derecho a que se le REPAREN LOS DAÑOS que se le han ocasionado en sus
derechos subjetivos por razón de la expedición de la Resolución 463 de 14 de
abril de 2005 y por la Resolución 519 de 22 de abril de 2005, aclaratoria de la
Resolución 463 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”3.
1.3. Los actos acusados
1.3.1. Resolución 0463 del 14 de abril de 2005
“RESOLUCION 0463 DE 2005
14 DE ABRIL DE 2005
por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos
y se establecen las determinantes para el ordenamiento y manejo de los
Cerros Orientales de Bogotá
LA MINISTRA DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
en uso de sus facultades legales y en especial, las conferidas en los artículos
5º, numerales 18 y 19 y 6º de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 2º del Decreto-
ley 216 de 2003, y
CONSIDERANDO:
3 Folios 398 a 402 del documento denominado
“30_2500023240002005008910113EXPEDIENTEDIGI20231020102920”. Escrito de reforma de la
demanda. Obrante en el índice 46 de SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
Que dentro de las 14.170 hectáreas que aproximadamente conforman los
Cerros Orientales de Bogotá, D. C., existe cobertura vegetal que ameritó ser
protegida para conservar el efecto regulador de la cantidad y la calidad de las
aguas y por ello, el Instituto de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente,
INDERENA, por medio del Acuerdo número 30 de septiembre 30 de 1976, las
declaró y alinderó como Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental
de Bogotá, el cual fue aprobado por la Resolución número 076 de marzo 31 de
1977 del Ministerio de Agricultura;
Que en virtud del Acuerdo 30 de 1976, el INDERENA delegó por un período de
cinco años a la Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de
los Valles de Ubaté y Chiquinquirá, CAR, las funciones de administración y
manejo de la Zona de Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá;
Que los Cerros Orientales de Bogotá son un territorio heterogéneo en formas
de uso y ocupación, rico en valores ecológicos y paisajísticos, bajo condiciones
biofísicas y socioeconómicas complejas, que poseen diversidad de especies de
flora y fauna, que soportan la consolidación de distintos ecosistemas, como son
páramos, subpáramos y bosques altoandinos;
Que la naturaleza de los suelos existente en los Cerros Orientales motivó al
INDERENA al establecimiento de la Reserva Forestal Protectora, la cual según
el artículo 206 del Decreto-ley 2811 de 1974, las define como las áreas de
propiedad pública o privada que se reservan para destinarlas exclusivamente a
la conservación permanente con bosques naturales o artificiales, con la finalidad
de proteger los mismos bosques u otros recursos naturales existentes en la
zona;
Que en el Área de Reserva Forestal Protectora debe prevalecer el efecto
protector del bosque y sólo se permitirá la obtención de productos secundarios
del mismo;
Que con la Declaratoria del Área de Reserva Forestal Protectora se han logrado
proteger ecosistemas con valores biológicos importantes para el patrimonio
natural de Bogotá y la región. Su estructura ecológica ha podido configurar un
encadenamiento vertical de páramo, subpáramo y distintas franjas de bosque
alto andino, preservándose algunos remanentes de bosque altoandino (11.7 %
del área total) y un extenso cordón de páramo (18.3% del área total);
Que asimismo se ha preservado un importante territorio que aporta servicios
ambientales estratégicos para la ciudad, la Sabana de Bogotá y la región, entre
los cuales se pueden destacar: su contribución como el principal regulador del
acuífero de la Sabana de Bogotá asegurando su calidad, cantidad y
disponibilidad; su contribución a la regulación del clima y la depuración del aire
del oriente de la ciudad y en la protección de los suelos y la estabilización de
las diferentes geoformas;
Que igualmente con la declaratoria de Área de Reserva Forestal Protectora, se
ha preservado el principal referente paisajístico de la capital, por su calidad
escénica, dominancia visual y por los valores intrínsecos (naturales) y los
adquiridos (históricos y culturales), así como la oferta ambiental para la
recreación y la educación;
Que sin embargo, los Cerros Orientales han sufrido en algunos sectores
procesos de cambio de los usos del suelo, que no son compatibles con los
permitidos en el artículo 206 del Código de los Recursos Naturales Renovables
y del Medio Ambiente, para las zonas de reserva forestal protectora, ya que en
la actualidad coexisten diferentes usos, de tipo urbanístico en su zona de borde,
uso minero y agropecuario, con relevantes impactos y efectos ambientales
sobre los ecosistemas y sobre los servicios ambientales que prestan a
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comunidades locales que se benefician de ella, por lo que se requiere contar
con un instrumento de planificación, ordenamiento y manejo para restaurar,
recuperar y armonizar las condiciones sociales, económicas y ambientales del
área;
Que dichos efectos se ven representados sobre la transformación de
ecosistemas en alrededor de 519 hectáreas (3.7% de la Reserva) por el
desarrollo de asentamientos humanos de manera concentrada de todos los
estratos, muchos de ellos en zonas de alto riesgo y sobre zonas de preservación
ambiental. Igualmente se han generado efectos de degradación de ecosistemas
por el desarrollo de minería de origen ilegal de manera dispersa (62 canteras al
interior y 43 más cerca del borde urbano) con impactos en el paisaje y en la
regulación hídrica, en alrededor de 120 hectáreas (0.85% de la Reserva), así
como otras áreas más extensas afectadas por el desarrollo de ganadería y
agricultura asociada a viviendas campesinas, campestres y fincas de recreo;
Que estos procesos de intervención sobre la reserva forestal evidencian graves
efectos entre los cuales se puede mencionar: Alteración en las coberturas
naturales y estructura de suelos en áreas de recarga de acuíferos, invasión de
zonas de rondas, inestabilidad de terrenos en zonas del borde urbano de la
ciudad de Bogotá, degradación de coberturas protectoras en importantes
microcuencas abastecedoras de acueductos locales y deterioro de la calidad
escénica del principal referente paisajístico de Bogotá;
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 61 declaró la Sabana de Bogotá, sus
páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos
como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria es la
agropecuaria y forestal;
Que en 1999, durante el proceso de concertación para la formulación del Plan
de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C., el Distrito de Bogotá y la CAR
reconocieron la necesidad de que la zona denominada como Cerros Orientales
contara con una norma unificada que tuviera como base las situaciones reales
tanto biofísicas como socioeconómicas y administrativas que existen en el área;
Que el Decreto 619 de 2000, por medio del cual se adopta el Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C., declaró los Cerros Orientales como
parte de su estructura ecológica principal para garantizar los procesos
ecológicos del Distrito y de la región, así como una provisión segura, equitativa
y diversa de los servicios ambientales a la población y en su artículo 389
estableció que: “Las actividades de las distintas entidades y los particulares
dentro de los Cerros Orientales (Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental
de Bogotá, Resolución 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura) se sujetarán
a la zonificación y reglamentación del Plan de Manejo que elabore la
Corporación Autónoma Regional (CAR) para esta área, en concertación con el
Ministerio del Medio Ambiente y el Distrito Capital...”;
Que para facilitar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 389 del
Decreto 619 de 2000, se suscribió el Convenio de Cooperación número 12 de
junio de 2001, entre el hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, la CAR y el DAMA por delegación del Distrito Capital, con el objeto
de formular estrategias de acción conjunta y proponer políticas para el manejo
del área; adicionalmente en el marco de dicho convenio se creó una Comisión
Conjunta, con fundamento en el artículo 33 de la Ley 99 de 1993, para viabilizar
el objeto del mismo;
Que posteriormente, la CAR y el DAMA elaboraron diversos estudios biofísicos
y socioeconómicos de la zona, con el fin de obtener un diagnóstico de la
situación actual de uso y estado de conservación de la Reserva Forestal
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Protectora Bosque Oriental de Bogotá en el marco de la formulación del Plan
de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales -POMCO-.
Que el diagnóstico del POMCO, estableció que como área de conservación y
según las condiciones ecológicas y socioeconómicas de cada una de sus
zonas, los Cerros Orientales incluyen espacios dedicados exclusivamente a la
preservación y la restauración de los ecosistemas y los usos públicos
complementarios de dichas prioridades;
Que así mismo, determinó que al interior de la Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá, existen usos que no son compatibles con la
conservación de los bosques allí existentes, lo que obliga a las autoridades
ambientales a analizar diferentes alternativas de ordenamiento con miras a
realizar un manejo coherente con la situación real del territorio, es decir, de
acuerdo con sus potencialidades, alteraciones, degradaciones y presiones de
ocupación;
Que teniendo en cuenta lo anterior, es necesario combinar y complementar
diferentes estrategias que involucren: el dominio del Estado sobre las áreas de
mayor valor ecológico, la apropiación y el control social mediante el adecuado
uso público en las áreas aptas para tal función, la concertación del uso
sostenible y el aporte de los particulares a la conservación de acuerdo con la
capacidad de carga de cada espacio, la apropiada reglamentación y el control
por parte de las autoridades ambientales competentes y el aprovechamiento y
refuerzo de las limitaciones físicas para la restricción de las formas de uso y
ocupación incompatibles;
Que las entidades integrantes de la Comisión Conjunta, reconocieron la
necesidad de contar con un marco normativo unificado, donde concurran las
competencias y funciones de las entidades del orden nacional, regional y del
Distrito Capital, constituyendo un modelo de ordenamiento coherente y
consecuente con la situación ambiental y social de los Cerros Orientales, con
claros propósitos en términos del mantenimiento de los valores de
conservación, culturales, de biodiversidad, paisaje, protección edáfica,
regulación hídrica y como elemento estructurante del sistema de áreas
protegidas del Distrito Capital definidas en su Plan de Ordenamiento Territorial;
Que por su parte el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con
el apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, generaron la
cartografía base de la reserva a escala 1:10.000 conjuntamente con los estudios
catastrales y de coberturas y uso del suelo de la reserva forestal protectora
“Bosque Oriental de Bogotá”, como parte de las acciones necesarias para
cumplir el registro de la misma ante las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos, según acción de cumplimiento definida a través de Sentencia del 1º
de marzo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca;
Que a través del artículo 117 del Decreto 469 de 2003, por medio del cual se
adelantó la revisión del POT de Bogotá, se estableció que: “El perímetro urbano
en los límites con las reservas forestales coincide con los límites establecidos
para dichas reservas por la Resolución 076 de 1977 del Ministerio de
Agricultura/INDERENA. El Departamento Administrativo de Planeación Distrital
podrá precisar este límite con base en las decisiones del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, cuando expida los respectivos actos
administrativos”;
Que como resultado de lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, teniendo como sustento las discusiones sostenidas al
interior de la Comisión Conjunta, así como el análisis físico, funcional, normativo
y fáctico de los asentamientos dispuestos a lo largo del costado occidental de
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la reserva, entrará a revisar en la presente Resolución las siguientes
alternativas desde el punto de vista técnico y jurídico:
a) Redelimitar la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá, adoptando la zonificación y reglamentación de usos
correspondiente;
b) Establecer para las áreas excluidas de la Reserva, medidas
generales de ordenamiento y manejo que sean compatibles con los
objetivos del Área de Reserva Forestal Protectora y cuya competencia
según la Ley 388 de 1997 corresponde al Distrito Capital;
c) Establecer las determinantes de ordenamiento y manejo para la
consolidación del límite urbano en el costado occidental de la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, de tal manera que se
mitigue la presión de intervenciones en el área, las cuales deberán ser
incorporadas por el Distrito Capital en el Plan de Ordenamiento Territorial
y en su reglamentación de usos del suelo.
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL
A. Frente a la competencia
La Ley 165 de 1994, por la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad
Biológica” en su artículo 8º, define como obligaciones del Estado, entre otras
las siguientes:
▪ Formular directrices para el establecimiento y ordenación de áreas protegidas
o áreas donde se adopten medidas especiales para conservar la diversidad
biológica.
▪ Promover la protección de ecosistemas y hábitat naturales y el mantenimiento
de poblaciones viables de especies en entornos naturales.
▪ Promover un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en áreas
adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas
zonas.
▪ Procurar el establecimiento de condiciones necesarias para armonizar las
utilizaciones actuales con la conservación de la diversidad biológica y la
utilización sostenible de sus componentes, y
▪ Reglamentar u ordenar los procesos y categorías de actividades pertinentes,
cuando se haya determinado un efecto adverso importante para la diversidad
biológica.
Según lo consagrado en el artículo 5º numerales 18 y 19 de la Ley 99 de 1993,
le corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
reservar, alinderar y sustraer las reservas forestales nacionales y reglamentar
su uso y funcionamiento, además velar por la protección del patrimonio natural
y la diversidad biótica de la Nación, así como por la conservación de las áreas
de especial importancia ecosistémica. Función que ratificó el Decreto-ley 216
de 2003, al consagrar en el numeral 10 del artículo 6º, como competencia del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial declarar, delimitar,
alinderar y sustraer áreas de manejo especial, áreas de reserva nacional
forestal y demás áreas protegidas.
Que según el numeral 1 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, las determinantes
ambientales relacionadas con la conservación del medio ambiente, los recursos
naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, constituyen normas
de superior jerarquía y deberán tenerse en cuenta no sólo en la elaboración y
adopción de los planes de ordenamiento territorial, sino también en la revisión
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de sus diferentes componentes, al tenor de lo consagrado en el artículo 28 de
la citada ley.
Que la Ley 812 de 2003, por la cual se estableció el Plan Nacional de Desarrollo
2003-2006, “Hacia un Estado Comunitario” en los objetivos de conservación y
uso sostenible de bienes y servicios ambientales, definió la necesidad de
emprender acciones orientadas al ordenamiento y realinderación de las
reservas forestales nacionales;
Que por otra parte el mismo artículo 2º del Decreto-ley 216 de 2003, estableció
como funciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial las
siguientes: “2. Determinar los mecanismos e instrumentos para orientar los
procesos de ordenamiento territorial del orden nacional, regional y local. 3. Velar
porque en los procesos de ordenamiento territorial se apliquen los criterios de
sostenibilidad e incorporen las áreas de manejo especial, reservas forestales y
demás áreas protegidas”;
Que en consecuencia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, es competente para redelimitar el Área de Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá declarada mediante la Resolución 076
de 1977, adoptar la zonificación interna de la misma, con miras a orientar su
uso y funcionamiento. Asimismo es competente para establecer determinantes
para el ordenamiento y manejo del territorio que orienten al Distrito Capital, en
la reglamentación de los usos del suelo de las zonas excluidas de la reserva
forestal, dejándole al mismo, la obligación de impedir la intervención urbanística
en predios de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.
B. Frente a los criterios técnicos
Que la actuación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
frente al manejo de los Cerros Orientales de Bogotá, debe estar orientada entre
otros, por los siguientes principios de la gestión ambiental consagrados en el
artículo 1º numerales 4 y 8 de la Ley 99 de 1993, “4. Las zonas de páramos,
subpáramos, los nacimientos de aguas y las zonas de recarga de acuíferos
serán objeto de protección especial", y "8. El paisaje por ser patrimonio
común deberá ser protegido”.
Que es función del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
priorizar y asegurar la preservación y restauración de los ecosistemas
altoandinos y los paisajes naturales contenidos en las zonas de los Cerros
Orientales que presentan algunas áreas con relictos de ecosistemas naturales
inalterados, así como remanentes de ecosistemas alterados de especial
singularidad y susceptibles de restauración, con una alta significación biótica
para el patrimonio natural de Bogotá, D. C. y la región;
Que las Áreas de Reserva Forestal Protectora, conforme al Código Nacional de
los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, son zonas de
propiedad pública o privada que se reservan para destinarlas exclusivamente a
la conservación permanente con bosques naturales o artificiales, con la finalidad
de proteger los mismos bosques u otros recursos naturales existentes en la
zona y en las que debe prevalecer el efecto protector del bosque, permitiéndose
sólo la obtención de productos secundarios del mismo;
Que para cumplir con los objetivos en ella determinados, la ley prevé la
posibilidad de zonificar e implementar diferentes medidas de manejo al interior
de sus límites, atendiendo a las condiciones y características propias de sus
áreas;
Que al interior de la Reserva Forestal Protectora declarada en 1977, aún existen
zonas donde la cobertura vegetal se encuentra en buen estado de
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conservación, que aportan a la protección de otros recursos naturales,
favoreciendo la recuperación o la rehabilitación de los bosques, por lo que
deben continuar siendo protegidas bajo una categoría estricta como la de
Reserva Forestal Protectora, lo que hace necesario un realinderamiento de la
Reserva Forestal actual y la adopción de una zonificación y reglamentación de
usos al interior de la misma, acorde con los objetivos de conservación y
protección;
Que también existen áreas que no cumplen con las características antes
descritas y por lo tanto deberán ser excluidas de la reserva, sometiendo su uso
a determinantes de ordenamiento y manejo compatibles con los objetivos de
conservación;
Que por lo tanto, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con
la presente resolución busca que el ordenamiento y manejo de la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá se oriente a consolidar una
estructura ambiental en el territorio que sustente en el mediano y largo plazo el
conjunto de valores ecológicos y socioeconómicos que representan para la
ciudad de Bogotá, los municipios aledaños y la región, de manera consecuente
con su situación real en términos de su oferta ambiental, potencialidades,
alteraciones, degradaciones y presiones de ocupación, basado en las
siguientes estrategias:
▪ Armonizar y consolidar la estructura funcional de la reserva forestal
protectora Bosque Oriental de Bogotá, como elemento determinante del
ordenamiento ambiental y territorial de manera coherente y consecuente
con su situación jurídica, ambiental y social, con el fin de mantener en el
mediano y largo plazo, sus valores de conservación, en términos de
biodiversidad, de calidad escénica, protección edáfica, regulación hídrica,
así como de oferta ambiental para la recreación pasiva y la educación
ambiental.
▪ Normalizar espacios urbanos y suburbanos en conflicto con la reserva
forestal protectora, promoviendo la consolidación de franjas de borde para
contener a futuro su expansión sobre la misma y armonizar sus
estructuras en función del manejo de la reserva forestal protectora y del
mejoramiento de la calidad de vida de quienes la habitan.
▪ Definir una zonificación que permita regular espacios con procesos de
degradación de ecosistemas por el desarrollo de ganadería y agricultura
asociada a viviendas campesinas, campestres y fincas de recreo, así
como de infraestructura social en función de la rehabilitación y
restauración de ecosistemas al interior de la reserva forestal protectora.
Las estrategias mencionadas se desarrollarán mediante las siguientes acciones
puntuales:
1. Redelimitación del área protegida Bosque Oriental de Bogotá, con la
finalidad de:
a) Mantener una estructura ecológica funcional que reconozca y potencie la
integralidad y conectividad de los ecosistemas que hacen parte de la reserva
forestal, y al mismo tiempo configure un ordenamiento armónico y normalizado
de los bordes urbanos de la ciudad de Bogotá que limitan con el área protegida;
b) Consolidar el área protegida como elemento fundamental de la estructura
ecológica, ambiental, funcional y espacial de la ciudad de Bogotá y su relación
con los municipios aledaños, fijando determinantes ambientales y de
ordenamiento;
c) Establecer una franja de adecuación entre la reserva forestal protectora y el
perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, que actúe como espacio de
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consolidación de la estructura urbana y como zona de amortiguación y de
contención definitiva de los procesos de urbanización de los Cerros Orientales;
d) Evitar nuevos procesos de urbanización ilegal en áreas libres que son objeto
de fuerte presión urbanística, mediante la promoción de un desarrollo legal bajo
los diferentes instrumentos de planeamiento que favorezcan y garanticen la
armonía de los usos del suelo con la reserva forestal;
e) Establecer un realinderamiento geográfico de la reserva forestal siguiendo
en lo posible límites arcifinios a través de vías, ríos, divisorias de aguas,
quebradas y/o drenajes, de tal manera que facilite a las autoridades ambientales
y distritales la adecuada gestión administrativa, de acuerdo con el ámbito de
sus competencias, tanto en el área protegida como en los bordes urbanos que
colindan con ella.
Dicho alinderamiento se establece sobre cartografía oficial del IGAC a escala
1:10.000 producida en el año 2003. De manera particular, el límite occidental
de la reserva se describe utilizando en lo posible corredores viales y curvas de
nivel, acompañados con algunos referentes sobre ejes de ríos, quebradas y
escorrentías, establecidos en la misma cartografía, buscando la aplicación de
los criterios anteriormente mencionados;
f) Armonizar el límite occidental de la reserva forestal con el perímetro urbano
en este sector de manera consecuente con lo establecido en el artículo 117 del
Decreto 469 de 2003 (Revisión POT de Bogotá);
g) Sobre los espacios urbanos que resulten de la armonización de los bordes
urbanos con la Reserva Forestal, establecer determinantes que orienten y
garanticen el equilibrio entre la estructura y dinámica urbana y los propósitos y
objetivos del ordenamiento y manejo de la Reserva Forestal;
h) Armonizar sus límites con las condiciones reales de los asentamientos
urbanos dispuestos en su borde y que están funcionalmente articulados con la
ciudad y con aquellos localizados a lo largo del corredor de La Calera.
2. Zonificación interna de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental
de Bogotá, mediante el desarrollo de las siguientes acciones generales:
a) Estabilizar y en muchos casos reversar los procesos de deterioro que han
dado lugar al desmejoramiento ambiental de la reserva, reconociendo las
situaciones particulares en términos de sus potencialidades, restricciones,
alteraciones, degradaciones y presiones de ocupación;
b) Establecer determinantes ambientales a su interior que orienten las
situaciones particulares que vienen ejerciendo presión sobre la estructura
ecológica de la reserva forestal, con el fin de:
• Conservar aquellos remanentes de vegetación natural del páramo,
subpáramo y bosque altoandino, así como áreas que estando en procesos de
degradación, cumplen una función esencial para el mantenimiento de la
estructura ecológica funcional de la reserva forestal.
• Rehabilitar ecológicamente aquellas áreas que estando con pastos
enmalezados y/o actividades agropecuarias, presentan un gran potencial para
la restauración ecológica. De manera general estas zonas pueden ser
sometidas a procesos de restauración asistida hasta el punto que puedan
regenerarse naturalmente.
Igualmente, rehabilitar ecológicamente aquellas áreas que estando con
plantaciones forestales, presentan un gran potencial para la restauración
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ecológica. De manera general estas zonas serán sometidas a procesos de
restauración asistida, procurando el reemplazamiento paulatino de la
vegetación plantada por la regeneración natural.
• Recuperar ambientalmente aquellas áreas con intervención antrópica por la
construcción de viviendas rurales, infraestructura de servicios y equipamientos
con el fin de conservar el efecto protector de la reserva forestal, garantizando la
funcionalidad de dichos desarrollos bajo claros parámetros y determinantes
ambientales que no pongan en riesgo la función protectora de la reserva
forestal.
Igualmente, serán objeto de recuperación ambiental aquellas áreas degradadas
por actividades mineras y procesos erosivos severos que deben ser sometidas
a tratamientos de readecuación geomorfológica y reconstrucción paisajística
para integrarlas como zonas de protección con vegetación arbórea y arbustiva.
Asimismo recuperar ambientalmente, aquellos espacios ocupados de manera
irregular en zonas ambientalmente sensibles que exigen la reubicación de la
infraestructura existente y la recuperación ambiental a través de la
reconstrucción paisajística como zonas de protección con vegetación arbórea y
arbustiva.
3. Formulación, adopción e implementación de un Plan de Manejo de la
Reserva Forestal por parte de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, CAR, entidad competente para la administración de las
Reservas Forestales Nacionales, con la finalidad de:
a) Establecer, adoptar e implementar de manera coherente y consecuente con
lo definido en los puntos 1 y 2, los programas y acciones para la implementación
del modelo de ordenamiento y el desarrollo de medidas que contengan
actividades, actores y metas necesarias para cumplir con las determinaciones
del Plan de Manejo en cuanto hace referencia a la conservación, rehabilitación
ecológica, recuperación paisajística y recuperación ambiental;
b) Establecer y ejecutar acciones de administración eficiente con los recursos
técnicos, administrativos, de planeación y financieros para el manejo y
administración de la reserva. Para tal efecto, la Autoridad Ambiental podrá
utilizar los mecanismos e incentivos establecidos en la normatividad vigente;
Que en conclusión y con base en lo establecido en el artículo 389 del Decreto
619 de 2000 por medio del cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogotá y las disposiciones contenidas en el Decreto 469 de 2003, por medio
del cual se realizó la revisión del Plan mencionado, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, procede en el ámbito de sus competencias, a
formular las medidas de ordenamiento y manejo de la Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, realizando la redelimitación del Area de
Reserva, adoptando su zonificación interna y estableciendo unas determinantes
de ordenamiento y manejo que deberán ser incorporadas en los instrumentos
de planificación de la CAR y del Distrito Capital;
Que siendo el Ministerio competente y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Redelimitar el Área de Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá, declarada mediante el artículo 2º de la Resolución
número 076 de 1977, ubicada en jurisdicción del Distrito Capital, con el fin de
armonizar los elementos de orden ambiental y territorial para su adecuado
manejo y administración, la cual quedará comprendida dentro de los siguientes
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límites indicados sobre la cartografía a escala 1:10.000 del IGAC, Plano número
1 que se incorpora a la presente resolución y descritos de la siguiente manera:
Vértice 1: Localizado en el punto de intersección entre la divisoria de aguas del
Boquerón de Chipaque y la carretera a Oriente de coordenadas 985.355N,
1.000.033E. De este punto continuando en sentido general Norte por la divisoria
de aguas (límite Oriental del Distrito Capital) hasta el Vértice Nº 2.
Vértice 2: Localizado en el punto coordenadas 987.781N, 1.000.295E. De este
punto continuando por la misma divisoria de aguas en sentido general Noreste
hasta el Vértice Nº 3.
Vértice 3: Localizado en el Alto de Las Mirlas en el punto de coordenadas
990.327N, 1.002.380E. De este punto continuando por la misma divisoria de
aguas pasando por el Alto de La Horqueta; el Alto de La Cruz Verde, el Alto del
Cajón y el Alto del Buitre, hasta el Vértice Nº 4.
Vértice 4: Localizado en El Alto de Plazuelas en el punto de coordenadas
995.805N, 1.005.387E. De este punto continuando en sentido general Este por
la misma divisoria de aguas, pasando por el sur de la Laguna de Verjón, hasta
el Vértice Nº 5.
Vértice 5: Localizado en el Morro de Matarredonda en el punto de coordenadas
996.073N, 1.007.974E. De este punto continuando en dirección Norte por la
misma divisoria de aguas pasando por el Cerro Alto de La Cruz hasta
el Vértice Nº 6.
Vértice 6: Localizado en el Alto del Sarnoso en el punto de coordenadas
1.003.889N, 1.009.978E. De este punto continuando en dirección Suroeste en
línea recta hasta el Vértice Nº 7.
Vértice 7: Localizado en el nacimiento de la quebrada Turín en el punto de
coordenadas 1.003.713N, 1.009.778E. De este punto se sigue aguas abajo por
la mencionada quebrada hasta el Vértice Nº 8.
Vértice 8: Localizado en la confluencia de la quebrada Turín con el río Teusacá,
en el punto de coordenadas 1.003.355N, 1.007.500E. De este punto
continuando por el río Teusacá aguas abajo hasta el Vértice Nº 9.
Vértice 9: Localizado en la confluencia de la quebrada El Carrizal con el río
Teusacá, en el punto de coordenadas 1.004.687N, 1.007.541E. De este punto
continuando por la mencionada quebrada aguas arriba hasta el Vértice Nº 10.
Vértice 10: Localizado en el nacimiento de la quebrada El Carrizal en el punto
de coordenadas 1.005.243N, 1.005.326E. De este punto continuando en
dirección Noreste en línea recta hasta el Vértice Nº 11.
Vértice 11: Localizado en el Alto de Piedra Ballena en el punto de coordenadas
1.005.327N, 1.004.961E. De este punto continuando hacia el Norte por la
divisoria de aguas pasando por el Cerro Moyas hasta el Vértice Nº 12.
Vértice 12: Localizado en el punto de coordenadas 1.007.334N, 1.005.850E.
De este punto continuando en sentido general Este por la divisoria de aguas
hasta el Vértice Nº 13.
Vértice 13: Localizado en el sitio denominado Los Patios (Intersección con la
carretera Bogotá La Calera), en el punto de coordenadas 1.007.491N,
1.007.422E. De este punto continuando en sentido general Norte por la misma
divisoria de aguas hasta el Vértice Nº 14.
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Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
Vértice 14: Local izado en el Cerro del Águila en el punto de coordenadas
1.009.639N, 1.007.367E. De este punto continuando en dirección Norte por la
misma divisoria de aguas hasta el Vértice Nº 15.
Vértice 15: Localizado sobre la divisoria de aguas frente al nacimiento de la
quebrada Tequenusa en el punto de coordenadas 1.022.283N, 1.007.152E. De
este punto continuando en dirección Noreste bordeando la divisoria de aguas
de las quebradas El Gallinazo y La Floresta hasta el Vértice Nº 16.
Vértice 16: Localizado en el punto de coordenadas 1.024.423N, 1.008.164E.
De este punto continuando en dirección Oeste por la quebrada Torca en límites
con el municipio de Chía hasta el Vértice Nº 17.
Vértice 17: Localizado en la intersección de la quebrada Torca con la Cota 2650
de coordenadas 1.025.118N, 1.005.482E. De este punto continuando en
dirección Noreste por el límite del municipio de Chía hasta el Vértice Nº 18.
Vértice 18: Localizado en el costado oriental de Carretera Central del Norte
(Carrera Séptima) frente al Cerro de Torca en el punto de coordenadas
1.025.281N, 1.005.098E. De este punto continuando en dirección Sur por el
costado Oriental de la Carretera Central del Norte (Carrera Séptima) hasta
el Vértice Nº 19.
Vértice 19: Localizado en el punto de intersección de la Carrera Séptima y la
Calle 193, con coordenadas 1.019.204N, 1.005.611E. De este punto
continuando en dirección Este por la prolongación del costado Norte de la Calle
193 hasta el Vértice Nº 20.
Vértice 20: Localizado sobre la cota 2.720 msnm en el punto de coordenadas
1.019.111N, 1.006.068E. De este punto continuando en dirección general Sur
por esta cota hasta el Vértice Nº 21.
Vértice 21: Localizado sobre la cota 2.720 msnm en el punto de coordenadas
1.017.668N, 1.006.498E. De este punto continuando en línea recta hacia el Sur
hasta Vértice Nº 22.
Vértice 22: Localizado en el punto de intersección de la quebrada Aguanica y
Cota 2.700 msnm, con coordenadas 1.017.593N, 1.006.503E. De este punto
continuando hacia el Sur por esta cota hasta el Vértice Nº 23.
Vértice 23: Localizado en el punto de intersección de la cota 2.700 msnm en el
punto de coordenadas 1.016.882N, 1.006.566E. De este punto continuando
hacia el Suroeste en línea recta hasta el Vértice Nº 24.
Vértice 24: Localizado sobre la cota 2.700 msnm, en el punto de coordenadas
1.016.871N, 1.006.564E. De este punto continuando hacia el sur por la
mencionada cota hasta el Vértice Nº 25.
Vértice 25: Localizado en el punto de intersección de la cota 2.700 msnm y un
drenaje sin nombre con coordenadas 1.016.784N, 1.006.715E. De este punto
continuando aguas arriba por dicho drenaje hasta el Vértice Nº 26.
Vértice 26: Localizado sobre un drenaje sin nombre, en el punto de
coordenadas 1.016.669N, 1.007.075E. De este punto continuando en línea
recta en dirección sur hasta el Vértice Nº 27.
Vértice 27: Localizado sobre la Cota 2.820 msnm, en el punto de coordenadas
1.016.581N, 1.007.065E. De este punto continuando hacia el Sur por la
mencionada Cota hasta el Vértice Nº 28.
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Vértice 28: Localizado en el punto de intersección de la Cota 2.820 msnm y un
drenaje sin nombre, con coordenadas 1.015.583N, 1.007.082E. De este punto
continuando aguas arriba por dicho drenaje hasta el Vértice Nº 29.
Vértice 29: Localizado en el punto de intersección de un drenaje sin nombre y
la cota 2.930 msnm, con coordenadas 1.015.530N, 1.007.367E. De este punto
continuando en dirección general sur por dicha cota hasta el Vértice Nº 30.
Vértice 30: Localizado en el punto de intersección de un drenaje sin nombre y
la cota 2.930 msnm con coordenadas 1.014.623N, 1.006.941E. De este punto
continuando aguas abajo por dicho drenaje hasta el Vértice Nº 31.
Vértice Nº 31: Localizado en el punto de intersección de un drenaje sin nombre
y la cota 2.700 msnm, con coordenadas 1.014.372N, 1.006.445E. De este punto
continuando en dirección general Sur por dicha cota hasta el Vértice Nº 32.
Vértice Nº 32: Localizado en el punto de intersección de la cota 2.700 msnm y
la quebrada Trujillo, con coordenadas 1.012.088N, 1.006.312E. De este punto
continuando aguas arriba por dicha quebrada hasta el Vértice Nº 33.
Vértice Nº 33: Localizado en el punto de intersección de la quebrada Trujillo y
la cota 2.710 msnm, con coordenadas 1.012.119N, 1.006.324E. De este punto
continuando por esta cota en dirección general sur hasta el Vértice Nº 34.
Vértice Nº 34: Localizado en el punto de intersección de un drenaje sin nombre
y la cota 2.710 msnm, con coordenadas 1.010.837N, 1.006.069E. De este punto
continuando aguas abajo por dicho drenaje hasta el Vértice Nº 35.
Vértice Nº 35: Localizado en el punto de intersección de un drenaje sin nombre
y la cota 2.700 msnm, con coordenadas 1.010.820N, 1.006.060E. De este punto
continuando en dirección general Sur por dicha cota hasta el Vértice Nº 36.
Vértice Nº 36: Localizado sobre la cota 2.700 msnm, en el punto de
coordenadas 1.005.913N, 1.003.346E. De este punto continuando en línea
recta en sentido Sureste hasta el Vértice Nº 37.
Vértice Nº 37: Localizado sobre la Cota 2.740 msnm, en el punto de
coordenadas 1.005.788N, 1.003.410E. De este punto continuando en dirección
general Sur por dicha cota hasta el Vértice Nº 38.
Vértice Nº 38: Localizado en el punto de intersección de la quebrada Las
Delicias y la Cota 2.740 msnm, con coordenadas 1.004.514N, 1.002.887E. De
este punto continuando aguas arriba por dicha quebrada hasta el Vértice Nº 39.
Vértice Nº 39: Localizado en el punto de intersección de la quebrada Las
Delicias y la Cota 2.790 msnm, con coordenadas 1.004.448N, 1.002.990E. De
este punto continuando en dirección general Sur por dicha Cota hasta el Vértice
Nº 40.
Vértice Nº 40: Localizado sobre la Cota 2.790 msnm en el punto de
coordenadas 1.003.442N, 1.002.420E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Este hasta el Vértice Nº 41.
Vértice Nº 41: Localizado sobre la cota 2.820 msnm, en el punto de
coordenadas 1.003.418N, 1.002.502E. De este punto continuando en dirección
general Sur por dicha Cota hasta el Vértice Nº 42.
Vértice Nº 42: Localizado sobre la Cota 2.820 msnm, en el punto de
coordenadas 1.003.222N, 1.002.445E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Suroeste hasta el Vértice Nº 43.
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Vértice Nº 43: Localizado en el punto de intersección de la quebrada El
Arzobispo con la margen Oriental de la Avenida Circunvalar, con coordenadas
1.003.024N, 1.002.345E. De este punto continuando en dirección general Sur
por el costado oriental de dicha avenida hasta el Vértice Nº 44.
Vértice Nº 44: Localizado sobre el costado Oriental de la Avenida Circunvalar
frente a la Estación del Funicular, en el punto de coordenadas 1.000.775N,
1.001.815E. De este punto continuando hacia el Sur, sobre una línea paralela,
distante 30 metros hacia el Este del costado Oriental de dicha avenida hasta
el Vértice Nº 45.
Vértice Nº 45: Localizado sobre la línea paralela, distante 30 metros hacia el
Este del costado Oriental de la Avenida Circunvalar, al Noroeste del Instituto
Franklin Delano Roosevelt, en el punto de coordenadas 1.000.281N,
1.001.546E. De este punto continuando en línea recta en dirección Sur hasta
el Vértice Nº 46.
Vértice Nº 46: Localizado al Sureste de la Facultad de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de la Universidad Distrital, en el punto de coordenadas
1.000.062N, 1.001.546E. De este punto continuando en línea recta en dirección
Oeste hasta el Vértice Nº 47.
Vértice Nº 47: Localizado sobre la línea paralela, distante 30 metros hacia el
Este del costado oriental de la Avenida Circunvalar, en el punto de coordenadas
1.000.062N, 1.001.393E. De este punto continuando en dirección general Sur
por la mencionada línea hasta el Vértice Nº 48.
Vértice Nº 48: Localizado sobre la línea paralela, distante 30 metros hacia el
Este del costado Oriental de la Avenida Circunvalar, frente al Barrio San
Dionisio, en el punto de coordenadas 998.495N, 1.001.255E. De este punto
continuando en línea recta en dirección Sureste hasta el Vértice Nº 49.
Vértice Nº 49: Localizado sobre el costado Oriental de la vía que conduce al
Tanque San Dionisio de la EAAB en el punto de coordenadas 998.346N,
1.001.183E. De este punto continuando por el costado Oriental de la
mencionada vía hasta el Vértice Nº 50.
Vértice Nº 50: Localizado sobre el costado Oriental de la vía que conduce al
Tanque San Dionisio de la EAAB en el punto de coordenadas 998.285N,
1.001.119E. De este punto continuando en línea recta en dirección Oeste hasta
el Vértice Nº 51.
Vértice Nº 51: Localizado sobre el costado Sur de un carreteable en el punto
de coordenadas 998.296N, 1.001.024E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Suroeste hasta el Vértice Nº 52.
Vértice Nº 52: Localizado en el punto de coordenadas 998.184N, 1.000.936E.
De este punto continuando en línea recta con dirección Sureste hasta el Vértice
Nº 53.
Vértice Nº 53: Localizado sobre una línea paralela, distante 30 metros hacia el
Este del costado Oriental de la Avenida Circunvalar, sobre la cota 2.740 msnm,
en el punto de coordenadas 997.609N, 1.000.356E. De este punto continuando
en dirección general Sureste por la mencionada Cota hasta el Vértice Nº 54.
Vértice Nº 54: Localizado en el punto de intersección de la margen izquierda
del río San Cristóbal y la Cota 2.740 msnm, con coordenadas 996.826N,
1.001.139E. De este punto continuando por la margen izquierda, aguas arriba
del mencionado río hasta el Vértice Nº 55.
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Vértice Nº 55: Localizado sobre la margen izquierda del río San Cristóbal en el
punto de coordenadas 996.480N, 1.001.310E. De este punto continuando en
línea recta con dirección Suroeste hasta el Vértice Nº 56.
Vértice Nº 56: Localizado sobre la Cota 2.920 msnm, frente al desarrollo Aguas
Claras, en el punto de coordenadas 995.857N, 1.001.153E. De este punto
continuando en dirección general Sur por la mencionada Cota hasta el Vértice
Nº 57.
Vértice Nº 57: Localizado sobre la Cota 2.920 msnm, frente al Tanque Los
Alpes en el punto de coordenadas 995.213N, 997.713E. De este punto
continuando en línea recta con dirección Sureste hasta el Vértice Nº 58.
Vértice Nº 58: Localizado sobre la Cota 3.090 msnm, en el punto de
coordenadas 994.763N, 1.000.232E. De este punto continuando en dirección
general Sur por la mencionada Cota hasta el Vértice Nº 59.
Vértice Nº 59: Localizado en el punto de intersección de un drenaje sin nombre
y la Cota 3.090 msnm, con coordenadas 992.565N, 999.576E. De este punto
continuando aguas arriba por el mencionado drenaje hasta el Vértice Nº 60.
Vértice Nº 60: Localizado en el punto de intersección de la cota 3.100 msnm y
un drenaje sin nombre, con coordenadas 992.552N, 999.607E. De este punto
continuando en dirección general Sur por la mencionada Cota hasta el Vértice
Nº 61.
Vértice Nº 61: Localizado en el punto de intersección de la Cota 3.100 msnm y
la Quebrada Chiguaza (Morales), con coordenadas 991.689N, 999.149E. De
este punto continuando por la mencionada quebrada aguas arriba hasta
el Vértice Nº 62.
Vértice Nº 62: Localizado en el punto de intersección de la Cota 3.140 msnm y
la Quebrada Chiguaza (Morales), con coordenadas 991.551N, 999.343E. De
este punto continuando en sentido general Sur por esta Cota hasta el Vértice
Nº 63.
Vértice Nº 63: Localizado en el punto de intersección de la quebrada Carrizal
(Bolonia) y la Cota 3.140 msnm, con coordenadas 990.686N, 999.333E. De este
punto continuando aguas arriba por dicha quebrada hasta el Vértice Nº 64.
Vértice Nº 64: Localizado en el punto de intersección de la quebrada Carrizal
(Bolonia) y la Cota 3.200, con coordenadas 990.520N, 999.463E. De este punto
continuando en sentido general Sur por esta Cota hasta el Vértice Nº 65.
Vértice Nº 65: Localizado en el punto de intersección de un drenaje sin nombre
y la cota 3.200 msnm, con coordenadas 989.487N, 999.910E. De este punto
continuando aguas abajo por este drenaje hasta el Vértice Nº 66.
Vértice Nº 66: Localizado en el punto de intersección de la Cota 3.140 y un
drenaje sin nombre, con coordenadas 989.414N, 999.748E. De este punto
continuando en sentido general Sur por esta Cota hasta el Vértice Nº 67.
Vértice Nº 67: Localizado sobre la cota 3.140 msnm, en el punto de
coordenadas 988.711N, 999.786E. De este punto continuando en línea recta en
dirección Suroeste hasta el Vértice Nº 68.
Vértice Nº 68: Localizado en el punto de intersección de la quebrada Yomasa
y la Cota 3.070 msnm, con coordenadas 988.639N, 999.682E. De este punto
continuando en sentido general Sur por esta Cota hasta el Vértice Nº 69.
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Vértice Nº 69: Localizado sobre la Cota 3.070 metros en el punto de
coordenadas 985.826N, 999.249E. De este punto continuando por el divorcio
de aguas del Boquerón de Chipaque en dirección Sureste hasta su intersección
con la Carretera de Oriente, punto de partida Vértice Nº 1.
PARÁGRAFO. Se excluyen de la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental
de Bogotá”, redelimitada anteriormente, las áreas del Sector San Luis-La
Sureña y Sector Bellavista, descritas de la siguiente manera:
a) Sector San Luis-La Sureña
Vértice Nº 1: Localizado en la intersección de dos carreteables en el punto de
coordenadas 1.007.508N, 1.006.111E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Este hasta el Vértice Nº 2.
Vértice Nº 2: Localizado en el costado Oriental de un carreteable en el punto
coordenadas 1.007.446N, 1.006.274E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Norte hasta el Vértice Nº 3.
Vértice Nº 3: Localizado en el punto de coordenadas 1.007.526N, 1.006.314E.
De este punto continuando en línea recta en dirección Este hasta el Vértice Nº
4.
Vértice Nº 4: Localizado en la intersección de dos carreteables en el punto de
coordenadas 1.007.516N, 1.006.402E. De este punto continuando por el
costado Oriental de un carreteable en dirección Noreste hasta el Vértice Nº 5.
Vértice Nº 5: Localizado en el punto de coordenadas 1.007.635N, 1.006.743E.
De este punto continuando en línea recta en dirección Este hasta el Vértice Nº
6.
Vértice Nº 6: Localizado en el costado Oriental de una vía en el punto de
coordenadas 1.007.617N, 1.006.789E. De este punto continuando por el
costado oriental de la mencionada vía en dirección Norte hasta el Vértice Nº 7.
Vértice Nº 7: Localizado en el punto de coordenadas 1.007.784N, 1.006.966E.
De este punto continuando en línea recta en dirección Este hasta el Vértice Nº
8.
Vértice Nº 8: Localizado en la intersección de dos vías en el punto de
coordenadas 1.007.757N, 1.007.027E. De este punto continuando por el
costado Sur de una vía en dirección Este hasta el Vértice Nº 9.
Vértice Nº 9: Localizado en el costado Sur de una vía en el punto de
coordenadas 1.007.705N, 1.007.326E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Norte hasta el Vértice Nº 10.
Vértice Nº 10: Localizado sobre la Cota 3.000 metros en el punto de
coordenadas 1.007.726N, 1.007.347E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Noroeste hasta el Vértice Nº 11.
Vértice Nº 11: Localizado sobre la Cota 2.980 metros en el punto de
coordenadas 1.007.852N, 1.007.285E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Noroeste hasta el Vértice Nº 12.
Vértice Nº 12: Localizado en el punto de coordenadas 1.007.924N, 1.007.205E.
De este punto continuando en dirección Norte hasta el Vértice Nº 13.
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Vértice Nº 13: Localizado en el costado Norte de un carreteable en el punto de
coordenadas 1.008.016N, 1.007.195E. De este punto continuando en línea
recta por el costado Norte del mencionado carreteable en dirección Noroeste
hasta el Vértice Nº 14.
Vértice Nº 14: Localizado en el costado Norte de un carreteable en el punto de
coordenadas 1.008.130N, 1.007.045E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Norte hasta el Vértice Nº 15.
Vértice Nº 15: Localizado sobre la Cota 2.930 metros en el punto de
coordenadas 1.008.280N, 1.007.111E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Oeste hasta el Vértice Nº 16.
Vértice Nº 16: Localizado sobre el costado Norte de una vía en el punto de
coordenadas 1.008.438N, 1.006.687E. De este punto continuando en por el
costado Norte de la mencionada vía en dirección Oeste hasta el Vértice Nº 17.
Vértice Nº 17: Localizado en la intersección de dos vías en el punto de
coordenadas 1.008.590N, 1.006.304E. De este punto continuando por el
costado Norte de una vía en dirección Oeste hasta el Vértice Nº 18.
Vértice Nº 18: Localizado en el punto de coordenadas 1.008.689N, 1.006.099E.
De este punto continuando en línea recta en dirección Oeste hasta el Vértice Nº
19.
Vértice Nº 19: Localizado sobre la Cota 2.880 metros en el punto de
coordenadas 1.008.694N, 1.006.092E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Norte hasta el Vértice Nº 20.
Vértice Nº 20: Localizado sobre la Cota 2.850 metros en el punto de
coordenadas 1.008.810N, 1.006.118E. De este punto continuando en sentido
general Oeste por esta Cota hasta el Vértice Nº 21.
Vértice Nº 21: Localizado sobre la Cota 2.850 metros en el punto de
coordenadas 1.008.858N, 1.006.061E. De este punto continuando en sentido
general Suroeste por esta Cota hasta el Vértice Nº 22.
Vértice Nº 22: Localizado sobre la Cota 2.850 metros en el punto de
coordenadas 1.008.788N, 1.005.928E. De este punto continuando en línea
recta en d irección Sureste hasta el Vértice Nº 23.
Vértice Nº 23: Localizado sobre la Cota 2.890 metros en el punto de
coordenadas 1.008.701N, 1.006.007E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Suroeste hasta el Vértice Nº 24.
Vértice Nº 24: Localizado en el punto de coordenadas 1.008.642N, 1.005.949E.
De este punto continuando en línea recta en dirección Sureste hasta Vértice Nº
25.
Vértice Nº 25: Localizado sobre la Cota 2.920 metros en el punto de
coordenadas 1.008.526N, 1.006.011E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Suroeste hasta el Vértice Nº 26.
Vértice Nº 26: Localizado sobre la Cota 2.990 metros en el punto de
coordenadas 1.008.314N, 1.005.899E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Oeste hasta el Vértice Nº 27.
Vértice Nº 27: Localizado sobre la Cota 3.00 metros en el punto de
coordenadas 1.008.389N, 1.005.735E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Suroeste hasta el Vértice Nº 28.
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
Vértice Nº 28: Localizado sobre la Cota 3.110 metros en el punto de
coordenadas 1.008.088N, 1.005.596E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Sureste hasta el Vértice Nº 29.
Vértice Nº 29: Localizado sobre la Cota 3.120 metros en el punto de
coordenadas 1.007.961N, 1.005.678E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Noreste hasta el Vértice Nº 30.
Vértice Nº 30: Localizado en el punto de coordenadas 1.008.021N, 1.005.749E.
De este punto continuando en línea recta en dirección Sureste hasta el Vértice
Nº 31.
Vértice Nº 31: Localizado sobre la Cota 3.100 metros en el punto de
coordenadas 1.007.919N, 1.005.863E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Suroeste hasta el Vértice Nº 32.
Vértice Nº 32: Localizado en el costado occidental de una vía el punto de
coordenadas 1.007.832N, 1.005.767E. De este punto continuando por el
costado Occidental de la mencionada vía en dirección Sur hasta el Vértice Nº
33.
Vértice Nº 33: Localizado sobre el costado Occidental de un vía en el punto de
coordenadas 1.007.497N, 1.005.800E. De este punto continuando por el
costado Sur de una vía en dirección Este, hasta el punto de partida Vértice Nº
1;
b) Sector Bellavista
Vértice Nº 1: Localizado sobre la Cota 2.870 metros en el punto de
coordenadas 1.008.577N, 1.005.211E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Noreste hasta el Vértice Nº 2.
Vértice Nº 2: Localizado sobre la Cota 2.870 metros en el punto de
coordenadas 1.008.583N, 1.005.220E. De este punto continuando en sentido
general Sureste por esta Cota hasta el Vértice Nº 3.
Vértice Nº 3: Localizado sobre la Cota 2.870 metros en el punto de
coordenadas 1.008.555N, 1.005.264E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Noreste hasta el Vértice Nº 4.
Vértice Nº 4: Localizado sobre la Cota 2.870 metros en el punto de
coordenadas 1.008.559N, 1.005.274E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Noreste hasta el Vértice Nº 5.
Vértice Nº 5: Localizado en el margen Sur de un carreteable en el punto de
coordenadas 1.008.650N, 1.005.305E. De este punto continuando por el
margen Sur del mencionado carreteable en dirección Noreste hasta el Vértice
Nº 6.
Vértice Nº 6: Localizado sobre el margen Sur de un carreteable en el punto de
coordenadas 1.008.683N, 1.005.460E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Noreste hasta el Vértice Nº 7.
Vértice Nº 7: Localizado en el punto de coordenadas 1.008.757N, 1.005.487E.
De este punto continuando en línea recta en dirección Oeste hasta el Vértice Nº
8.
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acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
Vértice Nº 8: Localizado sobre el margen Este de un carreteable en el punto de
coordenadas 1.008.793N, 1.005.222E. De este punto continuando por el
margen Este del mencionado carreteable en Norte hasta el Vértice Nº 9.
Vértice Nº 9: Localizado en el margen Este de un carreteable en el punto de
coordenadas 1.008.829N, 1.005.198E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Este hasta el Vértice Nº 10.
Vértice Nº 10: Localizado sobre la Cota 2.820 metros en el punto de
coordenadas 1.008.819N, 1.005.123E. De este punto continuando en sentido
general Sur por esta Cota hasta el Vértice Nº 11.
Vértice Nº 11: Localizado sobre la Cota 2.820 metros en el punto de
coordenadas 1.008.746N, 1.005.159E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Sur hasta el Vértice Nº 12.
Vértice Nº 12: Localizado sobre la Cota 2.840 metros en el punto de
coordenadas 1.008.692N, 1.005.153E. De este punto continuando en dirección
Este por esta Cota hasta el Vértice Nº 13.
Vértice Nº 13: Localizado sobre la Cota 2.840 metros en el punto de
coordenadas 1.008.668N, 1.005.201E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Sur, hasta el punto de partida Vértice Nº 1.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Son Objetivos de la Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá los siguientes:
1. Proteger los ecosistemas altoandinos, subpáramos y páramos, con su
fauna y flora características y con algunos elementos endémicos.
2. Conservar y restaurar las funciones, los valores y los servicios
ambientales que los Cerros Orientales prestan a los habitantes urbanos y
rural de Bogotá y de sus municipios aledaños.
3. Propender por la regulación de los intercambios biológicos y
energéticos necesarios para mantener o restaurar la estructura ecológica
principal funcional.
4. Conservar el papel de los ecosistemas como regulador hidrológico en
la circulación regional del agua, asegurando su calidad, cantidad y
regularidad, no solamente para la ciudad de Bogotá, sino también para
las poblaciones humanas circundantes.
5. Conservar los bosques como barrera natural de control de procesos de
geoinestabilización.
6. Fomentar el valor escénico, paisajístico y de identidad cultural r elativo
a la importancia que representa el transfondo natural de la ciudad para
sus habitantes, visitantes y transeúntes.
7. Brindar espacios de recreación pasiva y esparcimiento para la
contemplación del paisaje de la sabana y de ambientes naturales.
8. Fomentar la investigación y educación en áreas intervenidas o
alteradas, para de este modo ayudar a generar conocimiento del entorno
natural y de alternativas de restauración de ecosistemas altoandinos,
altamente intervenidos.
9. Recuperar las zonas degradadas, restaurar las condiciones del suelo y
prevenir fenómenos que causen alteraciones significativas al ambiente.
10. Ordenar y orientar el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la protección de los valores geomorfológicos, hidrológicos,
biológicos, ecológicos y paisajísticos presentes en los Cerros Orientales
para que puedan ser apropiados y disfrutados en forma sostenible.
ARTÍCULO TERCERO.- Adoptar la siguiente zonificación interna de la Reserva
Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá” redelimitada en el artículo 1º
de la presente resolución y espacializada en el Plano Nº 2, elaborado sobre la
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base cartográfica del IGAC, escala 1:10.000, que se anexa a la presente
resolución. Esta zonificación corresponde a una subdivisión con fines de manejo
de las diferentes áreas que la integran, que se planifica y determina de acuerdo
con las características naturales de cada una de ellas para su adecuada
administración.
La zonificación que a continuación se define no implica diferentes grados de
protección sino medidas de manejo especial a fin de garantizar su manejo
integral, considerando las situaciones particulares del área en términos de sus
potencialidades, restricciones, alteraciones, degradaciones y presiones de
ocupación:
1. ZONA DE CONSERVACIÓN. Zona destinada al mantenimiento permanente
de la vegetación nativa de los Cerros Orientales en sus diferentes estados
sucesionales.
Esta zona comprende espacios con vegetación natural en diferentes grados de
sucesión natural e intervención antrópica que deben ser objeto de medidas de
protección especial, dada su condición relictual e importancia para conservar la
biodiversidad, así como la integralidad de los servicios ambientales que se
derivan de la reserva forestal.
El tratamiento de conservación se define bajo los siguientes parámetros:
a) Las acciones de manejo deberán estar dirigidas a la conservación de los
remanentes de vegetación nativa que se encuentran al interior de la reserva
forestal en sus diferentes estados de sucesión natural;
b) De acuerdo con el grado de intervención, conservación y/o degradación de
la vegetación natural, algunas áreas pueden ser sometidas a tratamiento de
regeneración natural asistida, bajo parámetros técnicos y metodológicos de
restauración de ecosistemas previamente avalados por la autoridad ambiental
competente;
c) El uso principal de estas zonas corresponde al forestal protector y sus usos
complementarios relacionados con la oferta escénica, educativa, investigativa,
de recreación pasiva y de infraestructura de servicios y seguridad se podrán
desarrollar siempre y cuando, la ejecución de obras y el des arrollo de tales
actividades asociadas a estos usos, no pongan en riesgo la función protectora
de la reserva, la conservación de los recursos naturales renovables y la
condición natural de los ecosistemas presentes en esta zona.
2. ZONA DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA. Zona destinada a la
rehabilitación de la vegetación natural en áreas con potencial de restauración
ecológica.
Esta zona comprende espacios con plantaciones forestales de especies
exóticas y/o áreas que vienen siendo objeto de deterioro por el desarrollo de
actividades pecuarias y agrícolas, cuyos suelos permiten emprender acciones
de restauración para inducir y conformar vegetación nativa, la recuperación de
suelos y de microcuencas para ser incorporadas al suelo de conservación.
El tratamiento de rehabilitación ecológica se define bajo los siguientes
parámetros:
a) Para el caso de las áreas degradadas por efectos del desarrollo de
actividades agrícolas y pecuarias, se deberán establecer acciones de
restauración que garanticen la recuperación del suelo, de las microcuencas y la
regeneración natural asistida a través del establecimiento de plantaciones
forestales con especies nativas, tomando en consideración parámetros técnicos
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y metodológicos de restauración de ecosistemas previamente avalados por la
autoridad ambiental competente;
b) Para el caso de las plantaciones forestales protectoras con especies exóticas
se podrá emprender acciones para sustituir paulatinamente dicha vegetación a
través de la inducción de vegetación natural, tomando en consideración
parámetros técnicos y metodológicos de restauración de ecosistemas
previamente avalados por la autoridad ambiental competente.
Para la ejecución de este tratamiento se requerirá el respectivo plan de manejo
que debe ser aprobado previamente por la autoridad ambiental competente y
en el que se definirán los mecanismos para el aprovechamiento, transporte,
disposición y destino de la biomasa que será extraída de dichas plantaciones;
c) El uso principal de estas zonas corresponde al forestal protector y sus usos
complementarios relacionados con la oferta escénica, educativa, investigativa,
de recreación pasiva y el desarrollo de infraestructura de servicios y seguridad,
se podrán adelantar siempre y cuando la ejecución de obras y el desarrollo de
tales actividades asociadas a estos usos, no pongan en riesgo la función
protectora de la reserva y la conservación de los recursos naturales renovables
de la misma y por el contrario potencien acciones de restauración asistida en
dichas zonas.
3. ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA. Zonas destinadas a la
recuperación y mantenimiento de suelos de protección dentro de áreas que han
sido objeto de deterioro ambiental por el desarrollo de actividades mineras y
asentamientos humanos en áreas de alta sensibilidad ambiental.
Esta zona comprende espacios deteriorados por el desarrollo de actividades
mineras que para su recuperación deben ser sometidos a tratamientos de
readecuación geomorfológica y reconstrucción paisajística, así como espacios
ocupados con asentamientos humanos en áreas de alta fragilidad ambiental y/o
que están fragmentando los ecosistemas y que una vez recuperados deberán
ser incorporados al suelo de conservación.
El tratamiento de Recuperación Paisajística se define bajo los siguientes
parámetros:
a) Para el caso de las áreas afectadas por explotación minera se deberán iniciar
procesos orientados a la suspensión de tales actividades y aplicar el plan de
manejo, recuperación y restauración ambiental en las áreas afectadas, con el
fin de adecuar estos espacios como suelos de protección.
En la aplicación del plan de manejo, recuperación y restauración ambiental, se
deberán considerar parámetros técnicos y metodológicos de restauración de
ecosistemas previamente avalados por la autoridad ambiental competente
b) Para el caso de las áreas afectadas por asentamientos humanos en áreas
de alta sensibilidad ambiental, se deberán iniciar procesos orientados a la
implementación de un plan de reubicación de la población ocupante y
emprender las medidas necesarias para recuperar estas, tomando en
consideración parámetros técnicos y metodológicos de restauración de
ecosistemas previamente avalados por la autoridad ambiental competente;
c) El uso principal de estas zonas corresponde al forestal protector. Sus usos
complementarios, relacionados con la oferta escénica, educativa, investigativa,
de recreación pasiva y el desarrollo de infraestructura de servicios y seguridad,
se podrán adelantar siempre y cuando la ejecución de obras y el desarrollo de
tales actividades asociadas a estos usos, no pongan en riesgo la función
protectora de la reserva y la conservación de los recursos naturales renovables
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de la misma y por el contrario potencien acciones de restauración asistida en
dichas zonas.
4. ZONA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL. Zonas destinadas a la
recuperación y mantenimiento del efecto protector de la reserva forestal dentro
de áreas que han sido alteradas por el desarrollo de viviendas rurales
semiconcentradas y/o dispersas o de edificaciones de uso dotacional,
generando procesos de fragmentación y deterioro de coberturas naturales.
Dichas áreas deben ser sometidas a tratamientos de recuperación ambiental
para garantizar que las infraestructuras allí presentes no pongan en riesgo el
efecto protector de los suelos y el funcionamiento integral de la reserva forestal
protectora.
Los límites de las zonas de recuperación ambiental, establecidas en el Plano Nº
2, podrán ser objeto de precisiones cartográficas en el marco del Plan de
Manejo de la Reserva Forestal "Bosque Oriental de Bogotá". Tales precisiones
se adelantarán con base en estudios de detalle que demuestren la pertinencia
de dichos ajustes.
El tratamiento de recuperación ambiental se define bajo los siguientes
parámetros:
a) No permitir la implantación de nuevas unidades de vivienda rural
semiconcentrada y/o dispersa y nuevas unidades de carácter dotacional, así
como tampoco la ampliación de las infraestructuras suburbanas preexistentes
en estas zonas. Igualmente se deberán ordenar adecuadamente los conjuntos
de vivienda dispersa existentes actualmente; emprender acciones de
recuperación de las zonas libres dispuestas al interior de los mismos y
propender porque las infraestructuras viales y de servicios públicos no pongan
en riesgo la función protectora de la reserva y la conservación de los recursos
naturales renovables de la misma;
b) Para el desarrollo de las acciones de recuperación ambiental, este
tratamiento debe buscar una armonización de esta zona y configuración
equilibrada de las construcciones existentes, donde la cobertura forestal
protectora con especies nativas, como uso principal debe cubrir la mayor parte
del área. No obstante, la asignación de parámetros y especificaciones que se
determinen en el Plan de Manejo de la Reserva Forestal deberán considerar la
situación actual y particular de dichas construcciones y las necesidades que se
derivan para su funcionamiento;
c) El Plan de Manejo de la Reserva Forestal deberá especificar las medidas de
prevención, mitigación, corrección y compensación a que están obligados los
propietarios de las edificaciones contenidas en estas zonas, así como los
demás parámetros para su correcta armonización y funcionamiento;
d) Para la normalización de las construcciones preexistentes en estas zonas de
vivienda dispersa y dotacionales, las normas y demás regulaciones se
establecerán mediante la figura de "Planes de Manejo Ambiental" que deberán
formular e implementar los interesados en los plazos que establezca el Plan de
Manejo de la Reserva Forestal, y que serán objeto de aprobación por parte de
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR.
Para efectos de regular y utilizar correctamente las compensaciones a que
están obligados los propietarios de viviendas localizadas al interior de estas
zonas, la CAR establecerá los mecanismos para el cobro, administración y
gestión de recursos provenientes de las mismas. Estos recursos se destinarán
de manera exclusiva para el desarrollo de los programas y proyectos
formulados en el Plan de Manejo;
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e) Los mecanismos indicados anteriormente, sólo se aplicarán para las
construcciones preexistentes. Sin excepción, las construcciones ilegales
desarrolladas con posterioridad a la expedición de esta resolución, no podrán
ser normalizadas al interior de la reserva forestal y deberán ser objeto de las
medidas policivas, judiciales y administrativas conducentes a la aplicación de
las sanciones, la demolición de lo construido y la restauración de las
condiciones ambientales preexistentes, conforme a las normas vigentes.
PARÁGRAFO. Las actividades que se pretenda desarrollar al interior de la
reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá, por razones de utilidad
pública o interés social deberán ceñirse a lo dispuesto en el Decreto-ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO CUARTO. De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, será la encargada
de administrar la Reserva Forestal Protectora delimitada en la presente
resolución, para lo cual formulará y adoptará, dentro de los doce (12) meses
siguientes a la entrada en vigencia de este acto administrativo, el Plan de
Manejo para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, que
deberá contener los programas, proyectos y acciones estratégicas necesarias
para conservar preservar, rehabilitar y recuperar los ecosistemas que hacen
parte de la reserva forestal, así como para su ordenamiento, manejo integral y
administración. Dicho plan deberá formularse e implementarse respetando la
zonificación definida en la presente resolución.
ARTÍCULO QUINTO. Las áreas que con fundamento en la Resolución 076 de
1977 hacían parte de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá
y que quedan excluidas de la misma de acuerdo con la redelimitación planteada
en el artículo 1º de la presente resolución, se sujetarán a las siguientes
determinantes de ordenamiento y manejo ambiental, que serán desarrolladas e
incorporadas al POT de Bogotá:
a) El Departamento Administrativo de Planeación Distrital deberá precisar los
límites del perímetro urbano en los límites con la reserva forestal, tomando como
base la redelimitación de la Reserva Forestal determinada en el artículo 1º de
la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 del
Decreto 469 de 2003. En todo caso el perímetro urbano no podrá exceder el
límite de la reserva forestal protectora “Bosque Oriental de Bogotá”;
b) Las áreas que se excluyen de la reserva deberán conformar a corto, mediano
y largo plazo una Franja de Adecuación entre la ciudad y la Reserva Forestal.
Esta franja tiene como objetivo constituir un espacio de consolidación de la
estructura urbana y una zona de amortiguación y contención definitiva de los
procesos de urbanización de los cerros orientales.
Esta Franja estará compuesta por dos tipos de áreas a su interior: (i) Un Área
de Ocupación Pública Prioritaria, adyacente al límite occidental de la Reserva;
y (ii) Un área de Consolidación del Borde Urbano. A Las áreas excluidas de la
reserva se les aplicarán los instrumentos previstos en la normatividad vigente
con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en el
artículo 2º de la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997).
Para garantizar la consolidación de la Franja de Adecuación, el Distrito Capital
deberá formular y adoptar el plan o los planes zonales y los planes parciales
correspondientes, para las áreas excluidas de la reserva forestal, que deberán
tener en cuenta en su formulación las siguientes determinantes:
a) No permitir construcciones en áreas con pendientes superiores a 45 grados,
en zonas de ronda de quebradas y drenajes, relictos de vegetación nativa y
zonas de recarga de acuíferos;
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b) Promover y proyectar la consolidación de un Área de Ocupación Pública
Prioritaria en contacto con el límite occidental de la reserva, a través del
establecimiento de parques urbanos, corredores ecológicos viales, corredores
ecológicos de ronda y de borde, integrando en lo posible las áreas verdes que
quedan excluidas en la redelimitación de la reserva forestal, de tal forma que se
constituya en espacio público de transición entre la Reserva Forestal y el
desarrollo y/o edificación, que permita la promoción y desarrollo de actividades
de recreación pasiva y de goce y disfrute del espacio público;
c) Promover y proyectar que todo proceso de desarrollo y/o edificación que se
adelante en el área de Adecuación del Borde Urbano contenga, cierre y
formalice estructural, espacial y legalmente el desarrollo urbano de la ciudad en
contacto con la reserva forestal;
d) En todos los procesos de desarrollo urbanístico dentro del Área de
Adecuación del Borde Urbano, se deberá propender por el objetivo general de
conservación y manejo de la Reserva Forestal. Por ello, la dimensión y forma
de las estructuras viales y demás infraestructura de servicios de nuevos
desarrollos que se proyecten de manera planificada, deberán ser consecuentes
y concordantes con el carácter ambiental de la reserva forestal y promover que
dichas estructuras representen el cierre del crecimiento urbano y la generación
de espacios públicos lineales dispuestos en el Área de Ocupación Pública
Prioritaria;
e) El Distrito Capital desarrollará acciones de divulgación y capacitación sobre
prevención y atención de desastres para las comunidades asentadas en la
Franja de Adecuación, así como un control estricto sobre el cumplimiento de las
regulaciones establecidas para los procesos de urbanización que se desarrollen
en la misma.
PARÁGRAFO: Hasta tanto el Distrito Capital de Bogotá, establezca la
reglamentación urbanística con base en las determinantes de ordenamiento y
manejo consagradas en la presente resolución no se permite ningún desarrollo
urbanístico ni se podrán expedir licencias de urbanismo y construcción por parte
de las Curadurías Urbanas.
ARTÍCULO SEXTO. Cualquier modificación a los criterios, determinantes
ambientales o parámetros establecidos en la presente resolución, requerirá
aprobación previa por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, mediante acto administrativo debidamente motivado.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Ordenar la publicación de la presente resolución en
el Diario Oficial y comunicar la misma a la Alcaldía Distrital, Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Departamento Administrativo del
Medio Ambiente de Bogotá, DAMA, y a la Procuraduría Judicial, Agraria y
Ambiental.
ARTÍCULO OCTAVO. Registrar la presente resolución en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos del Círculo de Bogotá.
ARTÍCULO NOVENO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2005.
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Sandra Suárez Pérez”.
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1.3.2. Resolución No. 0519 de 2005:
“RESOLUCIÓN 0519 DE 2005
(22 DE ABRIL DE 2005)
por medio de la cual se aclara el artículo primero de la Resolución
número 463 del 14 de abril de 2005, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en uso de sus
facultades legales y en especial las conferidas en los artículo 5º numerales
18 y 19 y 6º de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 2º del Decreto-ley 216 de
2003, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 0463 del 14 de abril de 2005, se redelimita la
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su
zonificación y reglamentación de usos y se establecen las determinantes para
el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá;
Que el artículo primero de la Resolución número 0463 de 2005, establece:
“Redelimitar el Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,
declarada mediante el artículo 2º de la Resolución número 076 de 1977, ubicada
en jurisdicción del Distrito Capital, con el fin de armonizar los elementos de
orden ambiental y territorial para su adecuado manejo y administración, la cual
quedará comprendida dentro de los siguientes límites indicados sobre la
cartografía a escala a 1: 10.000 del IGAG, Plano Número 1 que se incorpora a
la presente resolución y descritos de la siguiente manera:”;
Que el artículo primero de la Resolución número 076 de 1977 expedida por el
Ministerio de Agricultura aprueba el Acuerdo 30 de 1976 de la Junta Directiva
del Instituto de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente-INDERENA, el
cual en su artículo primero Declara como Área de Reserva Forestal Protectora
a la Zona denominada Bosque Oriental de Bogotá;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Aclarar que la redelimitación del Área de Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá a que hace referencia la
Resolución 0463 del 14 de abril de 2005, fue declarada mediante el artículo
primero del Acuerdo 30 de 1976 de la Junta Directiva del INDERENA y
aprobada mediante el artículo primero de la Resolución 076 de 1977 proferida
por el Ministerio de Agricultura.
ARTÍCULO SEGUNDO. Aclarar el artículo primero de la Resolución número
0463 del 14 de abril de 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, el cual quedará así:
“Redelimitar el Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá declarada mediante el artículo 1º del Acuerdo 30 de 1976 de la
Junta Directiva del INDERENA y aprobado en el artículo 1º de la
Resolución 076 de 1977, ubicada en jurisdicción del Distrito Capital, con
el fin de armonizar los elementos de orden ambiental y territorial para su
adecuado manejo y administración, la cual quedará comprendida dentro
de los siguientes límites indicados sobre la cartografía a escala 1:10.000
del IGAC, Plano número 1 que se incorpora a la presente resolución y
descritos de la siguiente manera:”.
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ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial y aclara en lo pertinente el artículo primero de
la Resolución 0463 del 14 de abril de 2005 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
ARTÍCULO CUARTO. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución
0463 del 14 de abril de 2005 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, continúan vigentes en su integridad.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de abril de 2005.
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Sandra Suárez Pérez”.
1.4. Normas violadas y concepto de la violación
1.4.1. Expediente 2005-00891 Gimena Patricia Lemaitre
La parte actora sostuvo que los actos demandados infringieron los artículos 58 de
la Constitución Política, 4, 46, 67 y 206 del Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente codificado en el Decreto 2811 de
1974, 5 del Decreto Ley 151 de 1998, 9 y 24 del Decreto 1052 de 1998, 5 y parágrafo
3 y los artículos 7, 14 y 28 del Decreto 1600 de 2005 y el principio de confianza
legítima.
1.4.1.1. En el acápite de “hechos fundamentales de la acción”4 mencionó que,
a través de Decreto Distrital 981 del 4 de diciembre de 1957, el Alcalde Mayor de
Bogotá otorgó una licencia de urbanismo para la construcción del proyecto
denominado Parcelación La Floresta. En ese orden, dijo que, ante la posibilidad de
obtener una licencia de construcción en la zona de los cerros orientales, adquirió el
inmueble identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 50N-303189 a través
de la Escritura Pública 1562 del 10 de julio de 2003 otorgada en la Notaría 22 de
Bogotá D.C.
Sin embargo, resaltó que no le fue posible obtener una licencia de esa naturaleza
como consecuencia de la emisión de la Resolución 0463 de 2005, por parte del
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que redelimitó la
reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá, se adoptó su zonificación y
se reglamentaron sus usos y se establecieron las determinantes ambientales en esa
zona.
4 Visible a folio 13 ibídem.
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
1.4.1.2. En el cargo denominado “violación de las normas en que debería
fundarse”5 resaltó que, con la expedición de la Resolución 0463 de 2005 por parte
de la autoridad demandada, se la privó de desarrollar urbanísticamente su inmueble
a pesar de que con anterioridad a la vigencia de ese acto sí estaba autorizada la
realización de obras de infraestructura en ese sector gracias a la habilitación
dispuesta el Acuerdo 6 de 1990 y los Decretos Distritales 981 de 1957, 320 de 1999,
619 de 2000, 469 de 2003 y 190 de 2004 y el Decreto Nacional 1052 de 1998.
Expuso que en el artículo 517 del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito
Capital adoptado en el Decreto 619 del 28 de julio de 2000, se clasificó la
urbanización Floresta de la Sabana dentro del suelo urbano. Asimismo, aseveró que
el artículo 478 ibidem estableció como régimen de transición que las normas sobre
usos de suelo contenidas en el Acuerdo 6 de 1990 y sus decretos reglamentarios
continuarían vigentes hasta que se reglamente dicho plan, por lo que, en su criterio,
para el momento de emisión de los actos demandados, eran aplicables a su caso
en concreto los Decretos 320 de 1992, 981 de 1957 y el artículo 369 del Decreto
190 de 2004, que determinaban que su inmueble estaba en un suelo de
consolidación urbana.
Sostuvo que los artículos 58 Superior y 28 de la Ley 153 de 1887 protegen los
derechos adquiridos de los particulares y que, en similar sentido, lo han hecho la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 12 de diciembre de
1974, cuyo radicado no identificó, y la Corte Constitucional en fallo C-147 de 1997.
Dijo que para determinar la existencia de un derecho adquirido se debe tener en
cuenta: (i) la situación jurídica individual, (ii) que la misma esté definida y
consolidada, (iii) bajo el imperio de la Ley, y (iv) se incorpore válida y definitivamente
al patrimonio de una persona. Destacó que en el presente asunto se reúnen dichos
elementos, pero que en la Resolución 0463 de 2003, el Ministerio de Ambiente,
Ciudad y Territorio no reconoció los derechos adquiridos de las personas que
compraron inmuebles en la Parcelación La Floresta.
Trajo a colación el contenido literal de los artículos 4º y 47 del Decreto Ley 2811 de
1974, para señalar que, si bien esas disposiciones permiten la declaratoria de zonas
5 Visible a folio 68 ibídem
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acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
reserva para la protección y conservación de los recursos naturales, también era
cierto que debían respetarse los derechos legalmente adquiridos por los propietarios
de los inmuebles que allí existían. Anotó que, contrario a ello, a través de la
Resolución Ejecutiva No. 076 de 1977, el entonces INDERENA declaró como área
de reserva forestal la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá, omitiendo la
habilitación de urbanización dispuesta en el Decreto Distrital 981 del 4 de diciembre
de 1957.
Mencionó que, de acuerdo con el artículo 67 del mencionado Código de Recursos
Naturales Renovables, las limitaciones sobre el dominio que se impongan sobre
inmuebles deben inscribirse en las oficinas de instrumentos públicos. No obstante,
señaló que esto no ocurrió en el presente asunto, pues, cuando el INDERENA
inscribió la aludida Resolución Ejecutiva No. 076 de 1977, lo hizo invocando los
artículos 96 y 97 del Código Fiscal, por lo que otorgó a esos bienes un tratamiento
de baldíos. Alegó que esto ignoró la realidad de la zona, ya que alrededor de la
capital de la República la mayoría de las tierras tienen títulos de propiedad
anteriores a 1821. Expuso que esta situación condujo a la vulneración de los
derechos al debido proceso y a la Ley agraria, ya que se pasó por alto el
procedimiento para la clarificación de la naturaleza de esos inmuebles antes de
asumir que eran baldíos y convertirlos en bienes públicos.
Sostuvo que, posteriormente, en el artículo 8º de la Resolución 463 de 2005,
proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se ordenó
registrar la limitación al derecho de dominio previsto en dicho acto en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Circulo de Bogotá. Sin embargo, alegó que el
alcance de ese mandato no tenía correspondencia en la parte motiva de ese acto,
por lo que no era clara la forma en la que se debía cumplir el mismo.
Resaltó que, al parecer, dicha orden también encontraba sustento legal en lo
dispuesto en los artículos 96 y 97 del Código Fiscal Nacional, circunstancia que, a
su juicio, se traduciría nuevamente en el desconocimiento del artículo 67 del Decreto
Ley 2811 de 1974, en concordancia con el parágrafo 6º del artículo 5 de la Ley 99
de 1993, y el Decreto 981 de 1957.
Adujo que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial debió, por lo
menos, emitir un régimen de transición en los actos enjuiciados, en el que se
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indicara que las parcelaciones desarrolladas mantenían los derechos otorgados por
las normas que les dieron origen.
Tras referirse al artículo 28 del Decreto 1600 de 2005, el parágrafo 3 del artículo 7
del Decreto 1600 de 2005 y el literal a) del artículo 5 del Decreto Ley 151 de 1998,
resaltó que goza de un derecho intangible sobre su patrimonio que no puede ser
vulnerado por la entidad demandada. En ese sentido, manifestó que, de acuerdo
con el parágrafo 1 del artículo 9 del Decreto 1052 de 1998 y del artículo 14 del
Decreto 1600 del 20 de mayo de 2005, las licencias de construcción deben ser
expedidas con fundamento en las normas vigentes al momento de la
correspondiente solicitud.
1.4.1.3. Sobre el desconocimiento al “principio de la confianza legítima”6, luego
de mencionar cuál era el alcance del mismo en la doctrina y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional en sentencias T-617 de 1995, C-478 de 1998, C-355 de 2003
y C-131 de 2004, aseveró que lo mínimo que se esperaba de la Administración es
que, cuando realice un cambio brusco e intempestivo de regulación, adopte las
medidas de transición dirigidas a lograr el respeto de los derecho adquiridos de los
habitantes de los cerros orientales, sin que así se hiciera. Asimismo, reprochó que
no se fijó un marco para que las Curadurías Urbanas puedan emitir las
correspondientes licencias de construcción que fueron solicitadas por los
propietarios de esa zona.
Por otro lado, dijo que la CAR y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente
-DAMA, con la participación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, desarrollaron una acción conjunta para la recolección y generación de la
información necesaria para la formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de
los Cerro Orientales de Bogotá – POMCA. Señaló que, una vez agotado dicho
procedimiento se emitiría el correspondiente acto de reordenamiento de esa
reserva, con sus determinantes ambientales para las diferentes zonas de manejo.
No obstante, alegó que, pese a ello, la cartera ministerial demandada expidió de
manera unilateral la Resolución 0463 del 14 de abril de 2005, ignorando la
concertación ciudadana del citado POMCA y desconociendo los principios de
confianza debida, participación, legalidad y los artículos 14 y 28 del CCA.
6 Visible a folio 82 del Cuaderno
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1.4.1.4. Respecto del cargo de falsa motivación, expuso que la Resolución
0463 de 2005, demandada, se basa en la existencia de la Reserva Forestal Cerros
Orientales declarada en la Resolución Ejecutiva 076 de 1977. No obstante, alegó
que este último acto, en su artículo 10º, estableció como requisito para su validez
que se registrara la afectación producto de dicha declaratoria en los respectivos
folios de matrícula inmobiliaria de los predios en esa zona, sin que ello hubiera
ocurrido. En consecuencia, sostuvo que los inmuebles de los cerros no podrían ser
considerados como integrantes de esa área de reserva, pues no se cumplió con el
anotado requisito esencial para ese fin.
Dijo que la falta de inscripción en dichos folios de matrícula inclusive fue reconocida
por la entidad demandada en respuesta a un derecho de petición con radicado el
13 de septiembre de 2004 y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
sentencia del 1 de 2001, por lo que era clara la falsa motivación de la Resolución
0463 del 14 de abril de 2005, toda vez que la reserva forestal que se pretendía
redelimitar carecía de validez.
1.4.1.5. Sobre la “pérdida de ejecutoria de la Resolución Ejecutiva 076 del 30
de marzo de 1977”7, mencionó que, de acuerdo con el artículo 66 del CCA, los actos
administrativos pierden dicha fuerza cuando pasan más de cinco años (5) de estar
en firme y la Administración no ha realizado los actos que le correspondan para
ejecutarlos, circunstancia que aconteció en este asunto, toda vez que, a la fecha de
interposición de demanda, el Acuerdo 30 de 1976 adoptado mediante la Resolución
Ejecutiva 076 de 1977 no se registró en la Oficina de Registros Públicos.
1.4.1.5.1. En cuanto a la “inaplicabilidad del Acuerdo 30 de 1976 del INDERENA
y de la Resolución Ejecutiva 076 del 30 de marzo de 1977”, mencionó que la aludida
reserva nunca estuvo delimitada cartográficamente, de modo que era de imposible
cumplimiento el requisito de validez concerniente a la inscripción de la limitación de
dominio de los predios que se ubicaban en la misma. Dicha circunstancia aseguró
que probaba la falsa motivación de la Resolución 0463 de 2005, pues allí se ordenó
realinderar una reserva que carecía de aplicabilidad.
1.4.1.6. De la “falta de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial”8, anotó que en la Resolución 0463 de 2005 se establecieron
7 Visible a folio 95 del Cuaderno del Tribunal
8 Visible a folio 102 del Cuaderno del Tribunal
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acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
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las zonas en las que estaba dividida la reserva y sus usos de suelo. No obstante,
advirtió que dicha facultad correspondía a los municipios y distritos conforme a los
artículos 311 y 313 numeral 7 de la Carta Política.
Expresó que, para el caso del Distrito Capital, en el numeral 5 del artículo 12 del
Decreto Ley 1421 de 1993 se facultó al Concejo Distrital para la reglamentación de
los usos de suelo, y que en el numeral 4 del artículo 38 ibidem se le otorga al Alcalde
Mayor la atribución de ejercer la potestad reglamentaria. Por ende, dijo que era al
Concejo de Bogotá a quien le correspondía definir los usos en el área
correspondiente a la reserva forestal de los cerros orientales.
1.4.2. Expediente 2005-00886 Easton S.A., Bleeker S.A. y Encellinal
Los demandantes señalaron que los actos demandados desconocen los artículos
58 de la Constitución Política, 4, 46, 67 y 206 del Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente codificado en el Decreto
2811 de 1974, 5 del Decreto Ley 151 de 1998, 9 y 24 del Decreto 1052 de 1998, 5
y parágrafo 3 y los artículos 7, 14 y 28 del Decreto 1600 de 2005, y al principio de
confianza legítima.
1.4.2.1. En el acápite de “hechos fundamentales de la acción”9 refirieron que
dichas sociedades, el día 24 de octubre de 2003, adquirieron el predio denominado
“Tequenuza A”. Expresaron que, en el Decreto Distrital 1015 del 22 de noviembre
de 2000, el Alcalde de Bogotá asignó un tratamiento urbanístico especial a la zona
en la que dicho inmueble se encontraba y se establecieron las normas conforme a
las cuales se podía obtener una licencia construcción, siempre que se sustrajera
esa área de la reserva forestal de los cerros orientales.
Alegaron que, como la Resolución 076 de 1977 era inaplicable, toda vez que no
fueron cumplidos los requisitos fijados para su validez, esto, la inscripción de la
limitación de dominio en los respectivos folios de matrícula, el requisito dispuesto
en el Decreto Distrital 1015 de 2000 era “absurdo”10 pues no era posible sustraer
una reserva que no había surtido efectos.
9 Visible a folio 13 del Cuaderno del proceso acumulado
10 Visible a folio 15 ibídem
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Precisaron que con la emisión de la Resolución No. 0463 del 14 de 2015, se atentó
contra su patrimonio económico toda vez que se les imposibilitó el desarrollo urbano
en su predio, en una clara infracción del Decreto Distrital 1015 de 2000.
1.4.2.2. De otro lado, en cuanto al concepto de la violación, esgrimieron
idénticos argumentos a los expuestos en la demanda con radicado 2005-00891.
Agregaron que la Alcaldía de Bogotá emitió varios de Decretos de Asignación y
Tratamiento para predios ubicados en esa ciudad, dentro de los cuales se encuentra
el Decreto Distrital 1015 del 22 de noviembre de 2000. Manifestaron que, como en
esa norma se estableció la posibilidad de desarrollar los usos urbanos teniendo en
cuenta las restricciones allí señaladas, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial había desconocido su derecho adquirido de construir en esa
zona.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. El Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial contestó la
demanda en el proceso 2005-00891, con fundamento en las siguientes
consideraciones11:
2.1.1. Luego de referirse a la Constitución Política, a la Ley 99 de 1993, a la Ley
388 de 1997 y al Decreto 2811 de 1974, dijo que, a través del Acuerdo 30 de 176,
se declaró el Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.
Igualmente, advirtió que en el artículo 30 de este último acto se estableció que las
obras de edificaciones requerían licencia previa, de conformidad con las
disposiciones distritales vigentes. Expuso que dicho acuerdo fue aprobado por el
Gobierno Nacional en la Resolución Ejecutiva No. 076 de 1977, publicado en el
Diario oficial No. 3477 del 3 de mayo de ese año y divulgado en los municipios con
jurisdicción en las áreas de reserva en el año 2003, sin que por ello se afecte su
validez u oponibilidad.
Expresó que se ordenó el registro de la afectación de los inmuebles que allí existían
con base en los artículos 96 y 97 del Código Fiscal Nacional, pues su objetivo era
establecer que los baldíos objeto de reserva se destinaran al servicio público
nacional.
11 Folios 254 273 ibídem.
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Alegó que, por su parte, en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, adoptado
en el Decreto 619 de 2000, se declaró los cerros orientales como parte de la
estructura ecológica principal de esa ciudad y de la región.
Expuso que, mediante sentencia del 1 de marzo de 2001, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, dentro de una acción de cumplimiento, ordenó a esa cartera
ministerial que adelantara las gestiones para inscribir la Resolución Ejecutiva No.
076 de 1977 en las Oficinas de Registro Público. Además, dijo que en ese fallo se
ordenó la publicación de ese acto en los municipios de Villapinzón, Chocontá,
Sesquilé, Guasca, Gachancipá, Sopó, Cogua, Zipaquirá, Cajicá. Chía, La Calera,
Cota, Sibaté y Bogotá.
Alegó que, con miras a dar cumplimiento a esa providencia, ordenó la publicación
de la aludida en Resolución en los municipios antes citados. En cuanto a la orden
de registro, anotó que, ante la ausencia de información catastral de la zona, esa
entidad suscribió con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi un contrato
interadministrativo para la generación, organización y sistematización básica y
temática de esa área. Sostuvo que se entregó la cartografía base de la reserva y el
levantamiento de la cobertura y uso de suelo de la misma. Anotó que, en
consecuencia, en el Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales –
POMCO, se acordó mantener la figura jurídica de Reserva Forestal Protectora y
realinderar la misma.
2.1.2. De otro lado, expuso que, en sentencia del 30 de enero de 2004, la Sección
Primera del Consejo de Estado indicó que la Resolución Ejecutiva No. 076 del 31
de marzo de 1997 no estaba viciada de ilegalidad al no publicarse la misma en las
cabeceras urbanas de los municipios y al no efectuarse el correspondiente registro
en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.
2.1.3. Anotó que dicha cartera ministerial sí era competente para redelimitar el Área
de Reserva Forestal declarada en la Resolución No. 076 de 1977 y para adoptar la
zonificación interna de la misma, conforme a lo señalado en el artículo 8º de la Ley
165 de 1994, a los numerales 18 y 19 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, al numeral
10 del artículo 6 del Decreto Ley 213 de 2003.
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2.1.4. Posteriormente se refirió a los criterios técnicos que fueron tenidos en cuenta
para la expedición de la Resolución No. 0463 de 2005, teniendo como base la
información cartográfica que le fue entregada por el Instituto Agustín Codazzi, de la
que concluyó que en la mencionada Reserva aún existen zonas que tienen
cobertura en buen estado que ameritan protección. Agregó que en esa área se
estaban realizando actividades que no son compatibles con los usos permitidos en
el artículo 206 del del Decreto Ley 2811 de 1974 y, por ende, expresó que era
necesario contar con un instrumento de planificación, ordenamiento y manejo que
permita restaurar y recuperar dicha área.
2.1.5. Respecto de la presunta infracción del artículo 58 Superior, luego de citar la
sentencia C-293 de la Corte Constitucional y la sentencia del 12 de agosto de 1999,
emitida por el Consejo de Estado, expuso que no había vulnerado ningún derecho
adquirido, en razón a que, cuando éstos se enfrentan a un derecho de índole
colectiva como lo es al goce de un ambiente sano, este último tiene prevalencia y,
por ende, debe ser protegido.
2.1.6. Expuso que la Resolución No. 0463 de 2005 es un acto de carácter general
y abstracto, de modo que a través de ésta no se modificó ni revocó ninguna licencia
de construcción y urbanismo, por lo que no se había infringido el artículo 5 del
Decreto Ley 151 de 1998, ni los artículos 9 y 24 del Decreto 1052 de 1998, parágrafo
3 del artículo 17, 14 y 28 del Decreto 1600 de 2005.
2.1.7. Del cargo relacionado con la presunta vulneración al principio de confianza
legítima dijo que éste no constituía limite que le impida modificar una normativa
anterior, máxime cuando existen razones que ameriten el cambio de la misma.
2.1.8. Por último, propuso la excepción de falta de integración del litisconsorcio
necesario, dado que no se vinculó al Distrito Capital, a la Secretaría de Planeación
Distrital ni a las curadurías urbanas.
2.2. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial contestó la
demanda en el proceso 2005-00886, en similares términos a los expuestos en el
proceso en el proceso 2005-0089112.
12 Visible a folio 272 a 2
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III. LA SENTENCIA APELADA
3.1. Mediante sentencia calendada el 13 de octubre de 2020, la Subsección “A”
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró
de oficio la excepción de cosa juzgada bajo los siguientes argumentos:
Indicó que el Consejo de Estado, en sentencia del 28 de octubre de 2010, emitida
dentro del proceso 11001 03 24 000 2005 00262 01, al efectuar el control de
legalidad de la Resolución 463 de 2005, determinó que el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial sí tenía competencia para delimitar la zona de
reserva forestal de los cerros orientales.
Mencionó que esta Corporación Judicial, en el trámite del proceso número 11001
03 24 000 2006 00399 00 del 6 de noviembre de 2014, en el que se analizó la
legalidad del Acuerdo 030 de 1976, la Resolución No. 076 de 1997 y la Resoluciones
463 y 519 de 2005, descartó que estas últimas hubieran vulnerado el derecho al
debido proceso o a las normas en que deberían fundarse.
Resaltó que, en el fallo del 16 de julio de 2015, dentro del proceso con radicado
11001 03 24 000 2006 00046 00, la Sección Primera del Consejo de Estado negó
la declaratoria de nulidad del parágrafo del artículo 1º de la Resolución 463 del 14
de abril de 2015, al considerar que no había sido emitida con desconocimiento del
derecho al debido proceso, al derecho a la defensa, con abuso de poder, con
violación de los principios de buena fe y confianza legítima.
3.1.1. En ese orden señaló que los actos enjuiciados ya habían sido demandados
en otros procesos y controlados por el Consejo de Estado, quien declaró su validez,
de manera que a ese Tribunal no le asistía competencia para realizar un
pronunciamiento sobre la legalidad de los mismos.
Señaló que existía cosa juzgada material, en atención a que la Resolución 463 de
2005 ya fue controlada judicialmente por el Consejo de Estado, quien no encontró
probados los cargos en contra de la misma. De igual forma, resaltó que la
Subsección A de la Sección A de la Sección Primera de ese Tribunal, en sentencia
del 24 de septiembre de 2015, emitida dentro del proceso de acción popular con
radicado 25000 23 24 000 2011 00321 01, encontró constitucionalmente válida la
delimitación de los cerros orientales.
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acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
Así, expresó que los argumentos de las demandas no estaban llamados a prosperar
en tanto: (i) los actos demandados se profirieron por la autoridad competente, (ii)
los mismos han sido encontrados ajustados a derecho por el Consejo de Estado, y
(iii) de acuerdo con esas providencias no existía algún derecho adquirido o que se
haya vulnerado el principio de confianza legítima, toda vez que prima sobre éstos la
protección del medio ambiente.
Por lo expuesto, declaró de oficio la excepción de cosa juzgada material.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
Los demandantes de ambos procesos, actuando de forma conjunta con el mismo
apoderado, interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia, solicitando que fuera revocada, por las siguientes razones:
4.1. Expresaron que, de acuerdo con el artículo 175 del CCA, el fenómeno de
cosa juzgada únicamente opera en procesos de nulidad simple en lo que existe una
misma causa petendi. De otro lado, respecto a las acciones de nulidad y
restablecimiento del derecho, dijo que ello solamente acontecerá cuando, además
de existir identidad de causa, haya similitud de partes en ambos procesos.
Mencionó que no había acontecido el fenómeno de cosa juzgada en este asunto,
pues el Tribunal se limitó a esgrimir que el Consejo de Estado en unos procesos de
nulidad simple había reconocido la competencia del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial para emitir los actos demandados, pero sin explicar
si había identidad de causa entre los asuntos estudiados por esta Corporación
judicial y las presentes demandas.
En cuanto a la vulneración de los principios de buena fe, confianza legítima y los
derechos adquiridos, expuso que en el fallo recurrido se trajo a colación la sentencia
del 16 de julio de 2015, expedida en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 11001 03 24 000 2005 00246 0113, en el que los aquí
demandantes no hicieron parte, de modo que, frente a dicho punto, tampoco se
concretó el requisito de identidad de partes dispuesto en el artículo 175 del CCA.
13 A este proceso no se hizo referencia en la sentencia apelada.
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
4.2. En consecuencia, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y
se estudien los cargos expuestos en las demandas bajo similares argumentos a los
señalados en esos escritos. Agregó que el Consejo de Estado, en sentencia emitida
dentro del proceso de acción popular identificada con número de radicado 25000
2325 000 2005 00662 03, protegió los derechos adquiridos de los propietarios
adquiridos con justo título dentro del área de la Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá. Añadió que, en auto del 11 de febrero de 2014, se explicó la
orden impartida en el numeral 2.2. de ese fallo, en el sentido que las autoridades
allí demandadas debían tener en cuenta las licencias de urbanismo, construcción
y/o las construcciones legales levantadas en la franja de adecuación y en la zona
de recuperación ambiental de la reserva forestal.
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
5.1. Mediante memorial del 5 de marzo de 2019, los demandantes presentaron
escrito de alegatos reiterando los argumentos esgrimidos en el recurso de alzada14.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.
En esta etapa del proceso el Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir
concepto en el proceso de la referencia.
VII. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, previas las siguientes
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
14 Visible a folios 12 a 24 ibídem
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 129 del Código
Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por
la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para
conocer del asunto de la referencia.
8.2. Hechos
8.2.1. Por medio del Decreto Distrital 981 del 4 de diciembre de 1957, la Alcaldía
Mayor de Bogotá otorgó una licencia de urbanismo para la construcción del proyecto
denominado Parcelación La Floresta, que se encuentra ubicado en los cerros
orientales.
8.2.2. En la Resolución Ejecutiva No. 076 de 1977, se declaró Área de Reserva
Forestal Protectora a la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá.
8.2.3. A través del Decreto Distrital 1015 del 22 de noviembre de 2000, la Alcaldía
Mayor de Bogotá asignó un tratamiento especial a la zona en la que se encuentra
el predio “Tequenuza A”, en el sentido de señalar que dicho inmueble era
urbanizable, siempre que se sustrajera esa área de la reserva forestal del Bosque
Oriental de Bogotá.
8.2.4. Por escritura pública 1562 del 10 de julio de 2003, otorgada en la Notaría 22
de Bogotá D.C., los señores Gimena Patricia Lamaitre Soleimán y Juan Darío
Velásquez Cruz compraron un inmueble en la Parcelación La Floresta. A su vez, las
sociedades Bleeker S.A. y Encellinal, el 24 de octubre de 2003, adquirieron el predio
denominado “Tequenuza A”.
8.2.5. Mediante la Resolución 0463 del 2005, se redelimitó la Reserva Forestal
Bosque Oriental de Bogotá, se adoptó su zonificación y se reglamentaron los usos
del suelo. El artículo primero de este último acto fue aclarado en la Resolución 0463
de 2005.
8.2.6. En contra estos últimos actos, las demandantes impetraron demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
8.2.7. La Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en fallo del 13 de octubre de 2020, declaró probado el acaecimiento
del fenómeno de cosa juzgada, por lo que negó las pretensiones de la demanda.
8.2.8. En contra la precitada decisión, los demandantes en ambos procesos
acumulados, interpusieron recurso de apelación.
8.3. Planteamiento
A efectos de resolver el recurso de apelación, la Sala advierte que, en primera
medida, las partes discuten respecto a la ocurrencia del fenómeno de la cosa
juzgada en el presente asunto. Ello es así, pues, para los demandantes, las
providencias que fueron citadas por el Tribunal en la sentencia recurrida no cumplen
con los requisitos de identidad de partes y similitud de causa exigidos por el artículo
175 del CCA, de modo que, en su criterio, debe revocarse el proveído impugnado y
estudiarse de fondo los cargos planteados en los escritos iniciales. En
contraposición, para el Tribunal sí ocurrió el citado fenómeno, toda vez que los actos
demandados ya habían sido objeto de control por parte del Consejo de Estado.
Asimismo, expresó que en esas providencias se concluyó que las decisiones
censuradas eran válidas, por lo que ese Tribunal no tenía competencia para realizar
algún pronunciamiento adicional sobre su legalidad.
De otro lado, y habida cuenta que para las accionantes la mencionada figura
procesal no tiene lugar, insisten en que, de acuerdo a los cargos por ellas
formulados, sobre las resoluciones expedidas por el MADS deben ser analizados
los cargos así construidos en el libelo introductorio correspondiente, estos son: (i)
vulneración de normas superiores, (ii) desconocimiento del principio de confianza
legítima, (iii) falsa motivación, y (iv) falta de competencia del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Respecto del primero de los aludidos cargos, para las actoras: (a) con la emisión de
los actos censurados se afectaron sus derechos adquiridos respecto de los usos del
suelo de sus inmuebles ubicados en los cerros orientales, en contravía de lo previsto
en los artículos 58 de la Constitución Política, 28 de la Ley 153 de 1887, 4 del
Decreto Ley 2811 de 1974 y 9 del Decreto 1052 de 1998, (b) no se tuvo en cuenta
que las licencias de construcción debían ser emitidas con fundamento en las
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disposiciones vigentes al momento de la correspondiente solicitud, por lo que se
infringieron los artículos 5, 7, 14 y 28 del Decreto 1600 de 2005 y el literal a) del
artículo 5 del Decreto Ley 151 de 1998, (c) el mandato dispuesto en el artículo 8º
de la Resolución 463 de 2005, demandada, no tenía correspondencia en la parte
motiva de dicho acto, por lo que no era clara la forma en que se debía cumplir el
mismo, y (d) la orden relacionada con la inscripción en el Registro de Instrumento
Públicos encontraría sustento en los artículos 96 y 97 del Código Fiscal Nacional, lo
que implicaría el desconocimiento del artículo 67 del Decreto Ley 2811 de 1974, en
concordancia con el parágrafo 6º del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto
981 de 1957. Asimismo, en el recurso de alzada precisó que: (e) la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia emitida dentro del proceso de acción popular
identificado con el número de radicado 25000 2325 000 2005 00662 03, ordenó la
protección de los derechos adquiridos de los propietarios de inmuebles ubicados
dentro de la anotada zona de reserva y ordenó a las autoridades tener en cuenta
las licencias de urbanismo, construcción y/o las construcciones levantadas en la
franja de adecuación y en la zona de recuperación ambiental.
Por su parte, para la cartera ministerial demandada: (a) no vulneró ningún derecho
adquirido con la emisión de las decisiones enjuiciada toda vez que, conforme a la
sentencia C-293 de 1999, cuando ese tipo de derechos se enfrenta al derecho
colectivo al goce de un ambiente sano, éste último tiene prevalencia, y (b) expuso
que los actos demandados eran de carácter general de modo que, a través de éstos,
no revocó ni modificó ninguna licencia de urbanismo o construcción.
Sobre el cargo de vulneración del principio de confianza legítima, los demandantes
reprocharon que: (i) en los actos enjuiciados no se adoptaron medidas de transición
que garantizaran los derechos adquiridos de los propietarios de los inmuebles en
los cerros, (ii) no se fijó un marco para que las curadurías urbanas emitieran las
correspondientes licencias de construcción, y (iii) se ignoró el trámite de
concertación en el POMCA, en contravía de los artículos 14 y 28 del CCA y del
principio de participación y el de legalidad. Mientras que, para la entidad accionada,
la confianza legítima no constituía un límite que impidiera la redelimitación de los
cerros orientales pues existían razones de índole ambiental que ameritaban dicho
cambio en la regulación.
Sobre el tercer punto, para los demandantes los actos enjuiciados están falsamente
motivados como quiera que: (i) la reserva forestal que se pretendía redelimitar
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
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carecía de validez, como quiera que no se cumplieron con los requisitos fijados por
la Resolución Ejecutiva 076 de 1977, esto es, la inscripción de la limitación de
dominio de los bienes existentes en la misma en los correspondientes folios de
matrícula, (ii) este último acto perdió fuerza ejecutoria, y (iii) el mismo es inaplicable
debido a que la anotada reserva no fue delimitada cartográficamente. Por su parte,
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial alega que: (i) ya realizó
la inscripción de la Resolución Ejecutiva No. 076 de 1977 en los respectivos folios
de matrícula y la publicó en los Municipios que son afectados por la misma, ello en
cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
sentencia del 1 de marzo de 2001, y (ii) en todo caso, la Sección Primera del
Consejo de Estado ya declaró la legalidad de la mencionada Resolución al estudiar
los mismos cargos que son señalados en las demandas.
En lo atinente a la falta de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, los demandantes son del criterio de que dicha autoridad
carecía de facultades para emitir las resoluciones que se impugnan y al hacerlo
infringió los artículos 311 y 313 numeral 7 de la Constitución Política, el numeral 5
del artículo 12 y el numeral 4 del artículo del Decreto Ley 1421 de 1993. Por su
parte, la entidad demandada alega que sí tenía atribuciones para proferir dichos
actos en virtud de lo previsto en el artículo 8º de la Ley 165 de 1994, en los
numerales 18 y 19 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, al numeral 10 del artículo 6
del Decreto Ley 213 de 2003.
Finalmente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial propuso la
excepción de indebida integración del contradictorio toda vez que no fue vinculado
al presente asunto el Distrito Capital, a la Secretaría de Planeación Distrital ni a las
curadurías urbanas.
En consecuencia, la Sala procederá a hacer el análisis de conformidad al orden
propuesto en el presente planteamiento:
8.4. De la cosa juzgada
Pues bien, como se vio en lo antecedentes, el Tribunal encontró probado el
fenómeno de cosa juzgada con la emisión de las siguientes providencias: (i) del 28
de octubre de 2010, expedida dentro del expediente con radicado 11001 03 24 000
2005 00262 01, (ii) 6 de noviembre de 2014 en el proceso 11001 03 24 000 2006
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
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00399 00, (iii) 16 de julio de 2015, en el expediente con radicado 11001 03 24 000
2006 00046 00, y (iv) 24 de septiembre de 2015, proferida en el proceso de acción
popular con radicado 25000 23 24 000 2011 00321 01.
Además, la Sala encuentra que la legalidad de los actos demandados fue estudiada
en los siguientes fallos: (v) del 1 de noviembre de 2012, emitido en el proceso 11001
03 24 000 2005-00246, 01 y (vi) del 30 de mayo de 2019, proferida en el proceso
11001 03 24 000 2005-00312 00.
En consecuencia, además del análisis del citado fenómeno respecto de
providencias identificadas por el Tribunal, la Sala abordará de oficio dicho estudio
frente a los demás proveídos encontrados por esta Corporación.
Siendo ello así, lo primero que debe advertirse es que la citada figura se encuentra
referida a los atributos de imperatividad, coercibilidad e inmutabilidad de que están
revestidas las sentencias ejecutoriadas. En esa lógica, el artículo 175 del CCA
establece los efectos de dichas providencias, indicando lo siguiente:
“Articulo 175. Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada "erga omnes".
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada "erga omnes" pero sólo
en relación con la "causa petendi" juzgada.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa
y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el
mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del
derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta
declaración a su favor.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o
de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte,
quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios.”
8.4.1. Así las cosas, en tratándose de procesos de nulidad, los efectos de una
decisión previa que haya controlado las disposiciones que se ventilan en un juicio
actual tienen efectos erga omnes, es decir, afectan incluso a sujetos que no hayan
intervenido en el proceso inicial. No obstante, dependiendo del sentido de la
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
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decisión adoptada en la sentencia se definirá si existe o no cosa juzgada absoluta
o relativa15.
En ese orden, si la sentencia frente a la cual se pretende efectuar el análisis de la
excepción fue estimatoria, el efecto de la cosa juzgada será absoluto respecto de
las disposiciones cuya ilegalidad fue declarada y, en esa medida, es claro que
resultaría improcedente efectuar posteriores análisis de validez de esas mismas
normas, en tanto resultaron expulsadas del orden jurídico al ser contrarias a éste.
Cuestión distinta acontece en el evento de que la decisión fuese desestimatoria de
los cargos de nulidad, pues en ese caso el efecto de la cosa juzgada es relativo, lo
que significa que se predicará únicamente de los cargos en ella analizados y
respecto de las disposiciones acusadas, por lo que la delimitación del objeto y la
causa petendi en esa hipótesis resulta necesaria y por ello el estudio de la figura
deberá circunscribirse a los elementos previstos en el artículo 303 del Código
General del Proceso, aplicable en virtud de la remisión normativa del artículo 267
del CCA, es decir: 1. que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto; 2. que se
15 En lo que se refiere a este punto y en específico, en lo tocante con los procesos de nulidad, esta
Sección, en sentencia del 11 de junio de 2020, precisó lo que sigue:
“26. Esta Corporación15 ha explicado, acerca de la declaratoria de cosa juzgada en el marco de una
acción de nulidad simple, lo siguiente:
“(…) El fenómeno de la cosa juzgada se encontraba regulado en los artículos 332 del Código
de Procedimiento Civil y el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, cuyo contenido
es el siguiente:
(…) De conformidad con la norma transcrita, la sentencia que decrete la nulidad de un acto
administrativo tiene efectos erga omnes de manera plena, por lo que respecto de dicho acto no
resulta posible adelantar un nuevo proceso en el que se solicite su anulación. Sin embargo, cuando
se trate de sentencias en las que se denieguen la nulidad, los efectos de cosa juzgada solo
recaen sobre la causa petendi, razón por la cual es posible que respecto de los actos que son
objeto de la decisión se puedan tramitar nuevos procesos, los cuales deben tener por
fundamento una causa distinta a la resuelta en la sentencia que negó la pretensión nugatoria
(…)”(Destacado fuera de texto).
27. La Sala reitera, de conformidad con la normativa y jurisprudencia citada supra, que en los
procesos de nulidad, si la sentencia accede a las pretensiones de la demanda, producirá efectos de
cosa juzgada erga omnes, “(…) lo cual significa que la decisión judicial en firme que haya declarado
la nulidad de un acto administrativo, se hace extensiva a aquellos procesos en los cuales el acto
demandado sea exactamente el mismo, independientemente de cuál sea la causa invocada para
sustentar la nulidad deprecada (…)”15; es decir, que la sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes, para todo el mundo y sin importar la causa
petendi o los argumentos alegados, situación que impide que pueda presentarse un nuevo
pronunciamiento en relación con el acto acusado.
28. Por el contrario, si se trata de una sentencia desestimatoria de las pretensiones, esta producirá
efectos de cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi que, entendida como
la razón o los motivos por los cuales se demanda, está contenida en los cargos esgrimidos o en el
concepto de la violación que se invoca como sustento de la solicitud de nulidad; de ello se infiere
que la sentencia desestimatoria de las pretensiones de una acción de nulidad hace tránsito a cosa
juzgada erga omnes, solo respecto de los cargos que dan lugar a su interposición”15. (Paréntesis y
negrillas dentro del texto, subrayas de la Sala). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Hernándo Sánchez Sánchez, sentencia de 11
de junio de 2020, radicación número 11001-03-24-000-2009-00357-00.
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funde en la misma causa anterior, y 3. que en los procesos haya identidad jurídica
de parte.
Este último requisito, debe aclararse, no es aplicable en procesos de nulidad, ya
que en éstos la parte actora no promueve la acción en interés particular, sino todo
lo contrario, en interés del orden jurídico16. Mientras que sí lo es en las acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho, debido a que en esa clase de providencias
las decisiones definitivas tienen efectos inter partes, de modo que solo afectan a
quienes participen de la actuación judicial como partes o litisconsortes necesarios.
Así pues, en las providencias objeto de estudio, debe señalarse que esta Sección
desestimó las pretensiones de nulidad en contra de los actos aquí demandados,
circunstancia que nos ubica en la segunda hipótesis anteriormente explicada.
Por ende, en aras de determinar si en el caso sub examine se configura o no el
fenómeno de la cosa juzgada, resulta indispensable examinar si en los procesos de
nulidad y de acción popular el objeto y la causa de la demanda incoada coinciden
total o parcialmente con las ventiladas en los procesos que culminaron con las
mencionadas sentencias. Asimismo, deberá verificarse si en los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, además de dichos requisitos, existe identidad de
partes.
8.4.2. Del análisis del presente asunto frente a las sentencias emitidas en
procesos de nulidad
Pues bien, debe indicarse que los siguientes procesos fueron tramitados bajo la
acción de nulidad simple: (i) 11001 03 24 000 2005 00262 01, y (ii) 11001 03 24 000
2006 00399 00.
A. Similitud de objeto
• Se evidencia que en el expediente 2006 00399 se buscó la declaratoria de
nulidad de las Resoluciones No. 0463 y 0519 de 2005. En consecuencia, frente a
ese proceso existe similitud de objeto con el presente asunto, toda vez que en las
demandadas de la referencia se pretende la ilegalidad de esos mismos actos.
16 En ese mismo sentido se pronunció esta Sección en audiencia inicial celebrada el 25 de enero de
2021, dentro del proceso identificado con número de radicación 11001 03 25 000 2015 00190 00.
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Ahora, resulta pertinente aclarar que, si bien la Resolución Ejecutiva No. 76 del 31
de marzo de 1977 fue demandada en el mencionado proceso 2006 00399, dicho
acto no fue impugnado en este trámite. Ello es así pues, aun cuando en el presente
asunto también existen reproches en contra de ese esa resolución, ellos son
expuestos por los demandantes para enrostrar una posible falsa motivación de las
decisiones enjuiciadas.
• De otro lado, hay similitud de objeto parcial con el expediente 2005 00262,
pues allí se pretendió exclusivamente la declaratoria de nulidad de la Resolución
0463 de 2005.
B. Identidad de causa
• Como quedó visto en el planteamiento, los cargos que se discuten en los
procesos de la referencia son los que se citan a continuación:
(i) vulneración de normas superiores, en tanto: (a) se afectaron los derechos
adquiridos de los demandantes frente a los usos de suelo de unos inmuebles
de su propiedad ubicados en los cerros orientales, lo que llevó al
desconocimiento de los artículos 58 de la Constitución Política, 28 de la Ley 153
de 1887, 4 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 9 del Decreto 1052 de 1998, (b) se
ignoró que las licencias de construcción y de urbanismo debían ser emitidas
conforme a las normas vigentes al momento en que fueron solicitadas, por lo
que se infringieron los artículo 5, 7, 14 y 28 del Decreto 1600 de 2005 y el literal
a) del artículo 5 del Decreto Ley 151 de 1998, (c) no era clara la forma en la que
debía cumplirse la orden fijada en el artículo 8º de la Resolución 463 de 2005,
demandado, dado que no tenía correspondencia en la parte motiva de dicho
acto, (d) la orden relacionada con la inscripción en el Registro de Instrumento
Públicos encontraría sustento en los artículos 96 y 97 del Código Fiscal
Nacional, lo que implicaría el desconocimiento del artículo 67 del Decreto Ley
2811 de 1974, en concordancia con el parágrafo 6º del artículo 5 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 981 de 1957.
(ii) Con desconocimiento del principio de confianza legítima debido a que no se
adoptaron medidas de transición en las decisiones enjuiciadas, dirigidas a
garantizar los derechos adquiridos de los propietarios de los inmuebles en los
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
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Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
cerros. Tampoco se fijó un marco para que las curadurías urbanas emitieran las
correspondientes licencias de construcción y se ignoró el trámite de
concertación en el POMCA, en contravía de los artículos 14 y 28 del CCA y del
principio de participación y el de legalidad.
(iii) Asimismo, se expresó que las decisiones enjuiciadas habían sido emitidas
con falsa motivación como quiera que: (a) la reserva forestal que se pretendía
delimitar carecía de validez en tanto la limitación al derecho de dominio
efectuada en la Resolución Ejecutiva 076 del 30 de mayo de 1977 no fue inscrita
en el Registro de Instrumentos Públicos, (b) este último acto perdió fuerza
ejecutoria, y (c) era inaplicable debido a que la reserva no está limitada
cartográficamente.
(iv) Finalmente, se reprochó que las decisiones recurridas habían sido
emitidas con falta de competencia con desconocimiento de los artículos 311 y
313 numeral 7 de la Constitución Política, el numeral 5 del artículo 12 y el
numeral 4 del artículo del Decreto Ley 1421 de 1993.
• Por su parte, en el expediente 2006 00399, se solicitó la nulidad de las
Resoluciones No. 0463 y 0519 de 2005 al: (i) desconocer el artículo 61 de la Ley 99
de 1993 y el debido proceso, pues se cambiaron los usos de suelo agropecuarios y
forestal al de explotación minera en la reserva forestal, (ii) se desconoció el fallo del
1 de marzo de 2001 emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, (iii) no
existía una asignación presupuestal para la compra de los predios ubicados en la
zona de protección de la reserva, y (iv) se reprochó que en la Resolución 0519 de
2005 no se hizo una simple aclaración de la Resolución 0463 de ese año, sino que
en realidad esta última fue completamente modificada.
De este modo, lo que se advierte es que la razones que dieron lugar a la solicitud
de nulidad de los actos enjuiciados en dicho proceso son distintas a los analizados
en el presente asunto, de modo que, frente a dicho proceso, no se configuró el
fenómeno de cosa juzgada.
• A su vez, en el proceso con radicado 11001 03 24 000 2005 00262 01, entre
otras, se buscó la declaratoria de ilegalidad de la Resolución 0463 de 2005, toda
vez que los actos enjuiciados fueron expedidos sin competencia por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ya que esa entidad redujo el área
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
protegida de la reserva forestal señalando que esas zonas ya habían sido
urbanizadas. Esa circunstancia, en criterio de los allí accionantes, se traducía en el
desconocimiento de los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, artículo 1º, los
numerales 3, 16 y 18 del artículo 31, artículos 55 y 56 de la Ley 99 de 1993, 204 del
Decreto 2811 de 1974, el Acuerdo número 30 del 30 de septiembre de 1976 y los
artículos 6, 16, 28 y 117 del Decreto 469 de 2003.
Ahora, en el trámite de la presente referencia, también se solicitó la declaratoria de
ilegalidad de la Resolución 0463 de 2005 ya que, según los demandantes, la cartera
ministerial carecía de facultades para su expedición. Sin embargo, es importante
señalar que las razones de esta solicitud difieren de las presentadas en el
expediente 2005 00262. En efecto, en el proceso de la referencia, se argumenta
que la facultad para regular el uso del suelo en el área de reserva recaía en el
Distrito Capital, circunstancia por la que la entidad demandada infringió los artículos
311 y 313, numeral 7, de la Constitución Política, así como el numeral 5 del artículo
12 y el numeral 4 del artículo del Decreto Ley 1421 de 1993.
En consecuencia, frente dicho reparo tampoco existe correspondencia entre los
expedientes objeto de estudio, razón por la que no se acreditó el requisito de
identidad de causa.
8.4.3. Del análisis del presente asunto frente a las sentencias emitidas en
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho
Los siguientes expedientes fueron tramitados por esa clase de acción: (i) 11001 03
24 000 2006 00046 00, (ii) 11001 03 24 000 2005-00246 01, y (iii) 11001 03 24 000
2005 00312 00. En consecuencia, se estudiarán los requisitos determinados en el
artículo 303 del CGP.
A. Identidad de partes:
Sobre el particular, se observa que en los procesos objeto de estudio no existe
identidad de partes, toda vez que en los expedientes con radicado 2006-00046,
fungen como demandantes los ciudadanos Carlos Salomón Nader Simmonds,
Carlos Arturo García Camargo, Camilo Alberto González Serrano y Eduardo Calle
Rodríguez; en el identificado con número 11001 03 24 000 2005 00246 01, la acción
la instauraron los señores Ulpiano y Armando Lloreda Zamorano y Sandra Gómez
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
de Lloreda y en el expediente con radicado 2005 00312, el libelo introductorio lo
interpuso la Fiduciaria Tequendama S.A. Mientras que, en el asunto de la referencia,
fungen como parte actora la señora Gimena Patricia Lemaitre Soleimán, Juan Darío
Velásquez Cruz y las sociedades Easton S.A., Bleeker S.A. y Encellinal.
Por ende, al no existir identidad de partes entre los procesos objeto de estudio y el
asunto que ocupa la atención de la Sala, ello de entrada desvirtúa la configuración
del anotado fenómeno de cosa jugada. En consecuencia, la Sala se relevará del
estudio de los demás requisitos señalados en el artículo 303 del CGP aplicable por
la remisión dispuesta el artículo 267 del CCA.
8.4.4. Del análisis del presente asunto frente a la sentencia emitida el 24 de
septiembre de 2015, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el
curso de la acción popular identificada con radicado 25000 23 24 000 2011
00321 00.
En este punto, sería del caso estudiar el cumplimiento de los requisitos dispuestos
para el acaecimiento del fenómeno de cosa juzgada frente al aludido proceso. Sin
embargo, no se advierte que dicha providencia conste en el plenario, ni tampoco
está digitalizada en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, lo que imposibilita a la
Sala realizar el estudio de los anotados requisitos fijados en el CGP.
Ahora, con todo y ello, debe mencionarse que tampoco se cumpliría el requisito de
identidad de objeto, toda vez que en las acciones populares se busca la protección
de derechos colectivos, mientras que en el asunto de la referencia se discute sobre
la validez de unos actos administrativos emitidos por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
8.4.5. Lo hasta aquí expuesto pone en evidencia que en ninguno de los cargos de
la demanda se configuró el fenómeno de cosa juzgada y, por ende, en el fallo en de
primera instancia se dejó de resolver en su totalidad los reproches concernientes a
la vulneración de normas superiores, al principio de confianza legítima y de falsa
motivación. Tampoco se dirimió lo concerniente a la excepción de indebida
integración del contradictorio propuesta por la entidad demandada, circunstancia
que impone realizar el siguiente análisis con miras a determinar cuál es la autoridad
competente para absolverlos:
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
8.4.6. Así, debe indicarse que el Juez de instancia, al proferir sentencia, está en la
obligación de pronunciarse sobre las pretensiones, las cuales constituyen el objeto
del litigio; y, por ende, debe definir si éstas tienen vocación de prosperar o si, por el
contrario, deben estimarse las excepciones.
El artículo 170 del Código Contencioso Administrativo prevé expresamente dicho
deber:
“Artículo 170. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser
motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las
pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las
excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el
derecho particular, los Organismos de lo Contencioso Administrativo podrán
estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o
reformar éstas”.
En el evento de que dicha decisión sea recurrida, debe tenerse en cuenta que el
artículo 320 del Código General del Proceso (CGP)17 determinó que el fin del
recurso de apelación es que el Superior examine la providencia emitida por el a quo,
únicamente en relación con los reparos concretos que se ventilen en el respectivo
recurso, de modo que, una vez sea efectuado el análisis de los mismos, el fallador
de segunda instancia solamente se encuentra habilitado para confirmar, revocar o
modificar el proveído impugnado18.
Ahora, una vez esté ejecutoriada la correspondiente sentencia se presenta el
fenómeno de cosa juzgada; es decir, a partir de dicho momento se entiende que el
litigio quedó resuelto de forma definitiva, por lo que no es posible reabrir un nuevo
debate procesal por el mismo objeto, hechos y fundamentos de derecho. Ello, de
conformidad con lo previsto en el artículo 175 del CCA19, sin perjuicio de los
17 Aplicable por la remisión que autoriza el Código Contencioso Administrativo en el artículo 267.
18 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.” (Subrayas mías).
19 “Articulo 175. Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá
fuerza de cosa juzgada "erga omnes".
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada "erga omnes" pero sólo en relación con la
"causa petendi" juzgada.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento,
producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre
que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de
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procesos extraordinarios que, como es bien sabido, tienen especiales
características de procedencia.
No obstante lo anterior, el Legislador reguló algunos eventos en los cuales lo
descrito no tiene lugar y entonces se habilita al Juez de Segunda Instancia a
devolver el proceso al a quo a efectos de que se pronuncie sobre aspectos respecto
de los cuales omitió valoración; estos son: (i) cuando no se resuelve sobre una
demanda de reconvención o sobre un proceso acumulado, o (ii) cuando se emite
una sentencia inhibitoria y el ad quem encuentra que tal decisión no es acertada.
El último de los criterios ha sido desarrollado por la jurisprudencia a partir de la
garantía del principio de doble instancia y de la lectura del artículo 280 ibidem que
ordena de manera imperativa a los jueces pronunciarse sobre el objeto del litigio,
de manera que, cuando ello no acontece por la producción de un fallo inhibitorio, y
tal decisión es revocada en segunda instancia, la orden de devolución se cifra en la
necesidad de que la autoridad judicial dirima la discusión de fondo, pues admitir lo
contrario supondría no sólo la denegación del derecho de acceso a la administración
de justicia y debido proceso, sino el desconocimiento del citado principio. El
precepto anunciado es del siguiente tenor:
“Artículo 280. Contenido de la sentencia. La motivación de la sentencia
deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de
las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de
equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las
disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta procesal
de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella.
La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula “administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley”; deberá contener decisión
expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las
excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a
cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir
con arreglo a lo dispuesto en este código.
Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y
su contestación” (Subrayas mías).
Bajo tal perspectiva, lo que se proscribe o no es admitido es un pronunciamiento
que evite el análisis de mérito so pretexto de advertir inadecuadamente un yerro de
restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta
declaración a su favor.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo
intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente
los decretos reglamentarios.”
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
Demandante: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y otros
forma, circunstancia que es la que habilita a retornar el expediente al Juez de
Primera Instancia con el fin de que cumpla la orden dispuesta en el artículo 280 del
CGP. Sobre el particular, es preciso indicar que, en sentencia del 13 de noviembre
de 2014, se dijo:
“6.3. Conclusión.
En consecuencia, como se profirió en este caso una sentencia inhibitoria
injustificada que vulnera el derecho de acceso efectivo a la administración de
justicia, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, devolverá la
actuación al Tribunal para que ordene al demandante adecuar la demanda a la
acción de reparación directa, formulando las pretensiones declarativas y de
condena que corresponden a este tipo de acción.
Esta decisión se adopta siguiendo el criterio expresado en la Sentencia de 26
de abril de 2013 (Expediente núm. 2006-01004-01, Consejera ponente doctora
María Elizabeth García González), reiterada posteriormente20, en que la Sala
sostuvo que en tratándose de recursos de apelación respecto de fallos
inhibitorios injustificados, como ocurre en el sub lite, se debe devolver el
expediente al a quo para que estudie la demanda que no analizó, pues resolver
de fondo la controversia en segunda instancia equivaldría a convertirla en un
asunto de única instancia, privando de esta manera a la parte desfavorecida del
derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.”21(Subrayas mías).
8.4.7. Bajo tal contexto, a juicio de la Sala, con la declaratoria de la excepción de
cosa juzgada en la sentencia recurrida sin que se hubieran reunido los requisitos
fijados en el ordenamiento jurídico para esos efectos, lo que hizo en realidad el
Tribunal fue inhibirse del análisis de los cargos debidamente formulados por los
accionantes en desconocimiento del derecho constitucional al debido proceso.
Ello es así, pues dicha autoridad judicial omitió su deber de resolver de fondo la
totalidad de reproches enrostrados frente a los actos que se cuestionan sin tener
ninguna justificación para ello; por el contrario, se limitó a señalar que “carecía de
competencia” para absolver la litis debido a que existían pronunciamientos de esta
Corporación Judicial que declararon la legalidad de los actos demandados, pero sin
detenerse a comprobar si efectivamente esas providencias reunían los
requerimientos que ha previsto el orden jurídico para que opere una figura como la
de cosa juzgada.
20 En sentencia del 23 de enero de 2014, proferida en el proceso con radicado núm. 2006-00652-01,
C.P. María Elizabeth García González.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 13 de
noviembre de 2014. Proceso radicado número: 0551 23 31 000 2001 90172 01. Consejero Ponente:
Guillermo Vargas Ayala.
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 00891 01
acumulado con 25000 2324 000 2005 00886 01
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Aceptar lo contrario, esto es, que esta Corporación debe acometer el estudio de los
cargos que pasó por alto el a quo, iría en detrimento del derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia de las partes, quienes no podrían
controvertir los argumentos expuestos en esta sede para desatar dichos cargos, lo
que implicaría un desconocimiento de su derecho de defensa y por supuesto a la
doble instancia.
8.5. Devolución del proceso
Así pues, y en orden a garantizar la doble instancia, el debido proceso, el derecho
de defensa y el acceso a la administración de justicia, se dispone, tal y como se ha
ordenado por esta Sala en otras oportunidades22, que el a quo se pronuncie de
fondo respecto de las pretensiones de la demanda. La decisión de fondo deberá
proferirse, conjuntamente con el auto de obedecimiento, dentro de los cuarenta (40)
días siguientes a la fecha que el expediente ingrese al despacho para tal fin23.
22 Entre otras, ver la sentencia de 26 de abril de 2013 (Expediente núm. 50001-2331-000-2006-
01004-01), C.P. María Elizabeth García González, en la cual se precisó lo siguiente: “[…] Cabe
advertir que esta Corporación, al estudiar en segunda instancia los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias dictadas en primera por los Tribunales Contencioso
Administrativos, en las cuales no se ha resuelto el fondo del asunto -ello ha sido considerado
injustificado-, en su lugar, ha procedido a proferir la providencia de mérito que corresponda, en
aplicación del ultimo inciso del artículo 357 del C. de P.C., el cual prevé: || “Cuando se hubiere
apelado una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito
aun cuando fuere desfavorable al apelante”. || Sin embargo, la Sala observa que esta norma
resulta incompatible con el texto de los artículos 29 y 31 de la Carta Política, que consagran
el principio de la doble instancia. […] Sobre este principio, la Corte Constitucional en sentencia C-
095 de 2003 (Expediente D-4172, Magistrado ponente, doctor Rodrigo Escobar Gil), precisó: “… 6.3.
De la doble instancia, del debido proceso y del acceso a la administración de justicia. || 4. El
principio de la doble instancia está previsto en el artículo 31 de la Constitución Política, a cuyo tenor:
"Toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley", en
armonía con el artículo 29 del mismo ordenamiento, que consagra que toda persona tiene derecho
a "... impugnar la sentencia condenatoria...". || Dicho principio no sólo se encuentra previsto en los
artículos 29 y 31 de la Carta Fundamental, sino que también aparece consagrado en las normas de
derecho internacional humanitario, concretamente, en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales
le otorgan el carácter de garantía judicial y de mecanismo de protección, destinado a hacer efectivos
los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico y a velar por la recta actuación de la
administración, máxime en aquellos casos en los cuales a partir del ejercicio de sus funciones puede
imponer sanciones (v.gr. en los procesos penales). […] Como quiera que el asunto a que se contrae
la sentencia dictada en el proceso de la referencia, no está considerado dentro de los casos que
deban ventilarse en única instancia, resolver de fondo la controversia en la segunda instancia,
implica reemplazar al a quo en el estudio de los cargos de la demanda que no realizó y
equivale a convertirla en única instancia, privando a la parte desfavorecida del derecho
fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al
acceso a la Administración de Justicia.[…]” (Destacado del texto original). Este criterio fue
reiterado recientemente por la Sala en sentencia de 24 de mayo de 2018 (Expediente núm. 25000-
23-24-000-2004-00684-01), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
23 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del Código General del Proceso.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de julio de 2017, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por medio de la cual declaró la existencia de cosa juzgada material y se negaron las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen con el fin de que se
pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de la demanda en lo concerniente
a los demás cargos que no analizó en primera instancia. La decisión de fondo
deberá proferirse, conjuntamente con el auto de obedecimiento, dentro de los
cuarenta (40) días siguientes a la fecha que el expediente ingrese al despacho para
tal fin.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
15 de diciembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
El presente asunto fue firmado electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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