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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2005-00890-02

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2005-00890-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2005-00890-02

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

11 de diciembre de 2025

Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02 (Acumulado en el
Tribunal con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01)
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y Otros1
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
Acción: Nulidad y Restablecimiento del derecho – Código Contencioso
Administrativo
Tesis: No es cierto que en la sentencia recurrida no se abordó el análisis de los
cargos relacionados con el desconocimiento de normas superiores.
No es nulo por infracción de normas superiores el acto administrativo por medio
del cual se redelimita una zona de reserva forestal, se adopta su zonificación y la
reglamentación de usos, si los demandantes no tenían un derecho adquirido para
urbanizar sus inmuebles.
No es nulo por falsa motivación el acto administrativo por el cual se redelimitó una
zona de reserva forestal, se adoptó su zonificación y se estableció la
reglamentación de usos, si se alega que esa decisión se sustentó en el acto que
declaró la existencia de la respectiva reserva, el cual no era oponible a los
propietarios afectados en la medida en que no se habían inscrito las
correspondientes afectaciones en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios
ubicados dentro del área objeto de regulación.
No es nulo por falta de competencia el acto administrativo por el cual el MADS
redelimitó una zona de reserva forestal, se adoptó su zonificación y se estableció
la reglamentación de usos.

1
Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 25 de junio de 2020, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda.

I. DEMANDAS

1.1 Las pretensiones

1.1.1 Expediente 2005-00890 – Jorge Alberto Uribe Bernate y Heike
Munchmeyer Shaller 2

1. Jorge Alberto Uribe Bernate y Heike Munchmeyer Shaller, presentaron3
demanda contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (en
adelante demandada) en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, solicitando lo siguiente a título de pretensiones4:

«1. PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare que la Resolución
No. 0463 del 14 de Abril de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, publicada en el Diario Oficial No. 45.880 del día 15 de
abril de 2005, «por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá […]», es INAPLICABLE a los
demandantes, por ser un acto general que lesiona derechos particulares.

1.1 PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN PRIMERA
PRINCIPAL: En el evento en que la PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL no
prospere, subsidiariamente solicito que:

Se declare la nulidad de la totalidad de la Resolución 0463 del 14 de Abril de
2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, publicada
en el Diario Oficial No. 45.890 del día 15 de abril de 2005, «por medio de la
cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,
se adopta su zonificación y reglamentación de usos y se establecen las
determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de
Bogotá».

2
Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo
«9_ED_Cuaderno5Parte1_07Cuaderno5P1Folio1Al201.pdf(.PDF)», páginas 6-24.
3
Mediante apoderado judicial.
4
Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo
«10_ED_Cuaderno5Parte2_08Cuaderno5P2Folio203Al528.pdf(.PDF)», páginas 134-138.

2

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www.consejodeestado.gov.co

Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

2. PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL: Que se declare que la Resolución
No. 0519 de 22 de abril de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, publicada en el Diario Oficial No. 45.890 del día 25 de
Abril de 2005, por medio de la cual se aclara el Artículo 1º de la Resolución
0463 del 14 de Abril de 2005 expedida por el Ministerio, es INAPLICABLE a
los demandantes, por ser un acto general que lesiona derechos particulares.

2.2.- PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN
SEGUNDA PRINCIPAL DECLARATIVA: En el evento en que la
PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL no prospere, subsidiariamente solicito
que:

Se declare la nulidad de la totalidad de la Resolución No. 0519 de 22 de Abril
de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, publicada
en el Diario Oficial No. 45.890 del día 25 de abril de 2005, por medio de la
cual se aclara el Artículo 1º de la Resolución 0463 de 14 de Abril de 2005
expedida por el mismo Ministerio.

PRETENSIONES DE CONDENA DE LAS PRETENSIONES PRINCIPALES
DECLARATIVAS

3.- PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL: Como consecuencia de la
declaratoria señalada en las PRETENSIONES PRIMERA Y SEGUNDA
PRINCIPAL se condene a la demandada a la REPARACIÓN DE LOS
DAÑOS que se ha ocasionado a los derechos subjetivos a mis
representados, permitiendo expresamente el desarrollo por construcción del
Lote No. 30 A de la Parcelación denominada «La Floresta», en las
condiciones urbanísticas señaladas por el Decreto Distrital 190 de 22 de junio
de 2004 por el cual se compilan la disposiciones contenidas en los Decreto
Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 contentivo del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá que clasifica el predio de mis representados, dentro del
suelo urbano en tratamiento de consolidación urbanística y con aplicación del
artículo 478 del mismo Decreto 190 de 2004 del régimen de transición, es
decir la aplicación de la reglamentación del Acuerdo 6 de 1990 que ubica la
zona en conservación, en virtud del cual el Decreto Distrital No. 981 del 4 de
Diciembre de 1957 del Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá y el
Decreto 320 de 1992 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, para cuyos
efectos la vigencia del Decreto Distrital No. 981 del 4 de Diciembre de 1957
del Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá (Licencia de Parcelación) y
demás derechos consagrados en los citados actos administrativos será la
establecida en el Decreto 1600 de 2005, contada a partir de la fecha de la
sentencia ejecutoriada con que culmine la presente acción.

3.1. PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN
TERCERA PRINCIPAL: En caso que la PRETENSIÓN TERCERA
PRINCIPAL no prospere, subsidiariamente solicito que como consecuencia
de la declaratoria de INAPLICACIÓN señalada en las PRETENSIONES
PRIMERA Y SEGUNDA PRINCIPALES, se le reparen los daños a mis
representados, causados por las resoluciones demandadas, a través del pago
de una indemnización de perjuicios por daño emergente y lucro cesante por
la imposibilidad del ejercicio para mis representados de los derechos
consagrados en el Decreto Distrital 190 del 22 de junio de 2004, por el cual se
compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000
y 469 de 2003 contentivo del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que
clasifica el predio de mis representados dentro del suelo urbano en
tratamiento de consolidación urbanística y con aplicación del artículo 478 del

3

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www.consejodeestado.gov.co

Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

mismo Decreto 190 de 2004 del régimen de transición, es decir la aplicación
de la reglamentación del Acuerdo 6 de 1990 que ubica la zona en
conservación, por cuyos efectos se aplica el Decreto Distrital No. 981 del 4 de
diciembre de 1957 del Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá y el
Decreto 320 de 1992 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, desde el día
15 de abril de 2005 y los demás actos administrativo que hubiese podido
obtener en el ejercicio de sus derechos legítimos como licencia de
construcción de la unidad de vivienda permitida por las normas urbanísticas
ya citadas aplicables a la construcción de los lotes útiles de la Parcelación
denominada «La Floresta».

4. PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL: Que por virtud del restablecimiento
del derecho señalado en la PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL se
condene a la demandada al pago de los perjuicios económicos que se
prueben dentro del proceso (daño emergente y lucro cesante), por la
imposibilidad del ejercicio para mis representados de los derechos
consagrados en el Decreto Distrital 190 de 22 de junio de 2004 por el cual se
compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000
y 469 de 2003 contentivo del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que
el predio de mis representados dentro del suelo urbano en tratamiento de
consolidación urbanística y con aplicación del artículo 478 del mismo Decreto
190 de 2004 del régimen de transición, es decir la aplicación de la
reglamentación del Acuerdo 6 de 1990 que ubica la zona en conservación,
por cuyos efectos se aplica el Decreto Distrital No. 981 del 4 de Diciembre de
1957 del Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá y el Decreto 320 de
1992 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá y los demás actos
administrativos que hubiese podido obtener en el ejercicio de sus derechos
legítimos como licencia de construcción de la unidad de vivienda permitida
por las normas urbanísticas ya citadas aplicables a la construcción de los
lotes útiles de la Parcelación denominada «La Floresta», entre el día 15 de
Abril de 2005 y la fecha de ejecutoria de la sentencia con que culmine la
presente acción contencioso administrativa.

5. PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL: Se condene a la entidad demandada
al pago de los intereses comerciales y moratorios establecidos en el Artículo
177 del Código Contencioso Administrativo, que se causen entre la fecha de
ejecutoria de la sentencia y la fecha efectiva de pago de las condenas
indemnizatorias citadas en las pretensiones de la demanda.

6. PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL: Se condene a la entidad demandada a
las costas y agencias en derecho.

PRETENSIONES DE CONDENA DE LAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
DECLARATIVAS

7. PRETENSIÓN DE CONDENA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA
SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DECLARATIVAS: Como
consecuencia de la declaratoria señalada en las pretensiones primera y
segunda subsidiarias declarativas, se restablezca en el derecho a mis
representados, permitiendo expresamente el desarrollo por construcción del
Lote No. 30 A de la Parcelación denominada «La Floresta», en las
condiciones urbanísticas señaladas por el Decreto Distrital 190 de 22 de junio
de 2004 por el cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos
Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 contentivo del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá, que clasifica el predio de mis representados dentro del
suelo urbano en tratamiento de consolidación urbanística y con aplicación del
artículo 478 del mismo Decreto 190 de 2004 del régimen de transición, es

4

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

decir la aplicación de la reglamentación del Acuerdo 6 de 1990 que ubica la
zona en conservación, en virtud del cual se aplica el Decreto Distrital No. 981
del 4 de Diciembre de 1957 del Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá
y el Decreto 320 de 1992 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá para
cuyos efectos la vigencia del Decreto Distrital No. 981 del 4 de Diciembre de
1957 del Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá (Licencia de
Parcelación) y demás derechos consagrados en los citados actos
administrativos será la establecida en el Decreto 1600 de 2005, contada a
partir de la fecha de la sentencia ejecutoriada con que culmine la presente
acción.

8. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN DE CONDENA DE LA
PRIMERA Y SEGUNDA SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA Y SEGUNDAS
DECLARATIVAS: Que por virtud del restablecimiento del derecho señalado
en la pretensión anterior, se condene a la demandada al pago de los
perjuicios económicos que se prueben dentro del proceso (daño emergente y
lucro cesante), por la imposibilidad del ejercicio para mis representados de los
derechos consagrados en el Decreto Distrital 190 de 22 de junio de 2004 por
el cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales
619 de 2000 y 469 de 2003 contentivo del Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogotá, que clasifica el predio de mis representados dentro del suelo
urbano en tratamiento de consolidación urbanística y con aplicación del
artículo 478 del mismo Decreto 190 de 2004 del régimen de transición, es
decir la aplicación de la reglamentación del Acuerdo 6 de 1990 que ubica la
zona en conservación, por cuyos efectos se aplica el Decreto Distrital No. 981
del 4 de Diciembre de 1957 del Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá
y el Decreto 320 de 1992 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá y los
demás actos administrativos que hubiese podido obtener en el ejercicio de
sus derechos legítimos como licencia de construcción de la unidad de
vivienda permitida por las normas urbanísticas ya citadas aplicables a la
construcción de los lotes útiles de la parcelación denominada «La Floresta»,
entre el día 15 de abril de 2005 y la fecha de ejecutoria de la sentencia con
que culmine la presente acción contencioso administrativa.

9. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA TOTALIDAD DE LAS
PRETENSIONES PRINCIPALES Y SUBSIDIARIAS ANTES FORMULADAS:
Se declare que por las causas que resulten probadas en el proceso, a la
demandante le asiste el derecho a que se le Reparen los Daños que se le han
ocasionado en sus derechos subjetivos por razón de la expedición de la
Resolución 463 de 14 de abril de 2005 y por la Resolución 519 de 22 de abril
de 2005, aclaratoria de la Resolución 463 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial»5.

1.1.2 Expediente 2005 00885 – Diana Gómez Koop, Ángela Gómez Koop y
Milena Gómez Koop6

2. Diana Gómez Kopp, Ángela Gómez Kopp y Milena Gómez Kopp presentaron

5
Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo
«10_ED_Cuaderno5Parte2_08Cuaderno5P2Folio203Al528.pdf(.PDF)», páginas 134-138.
6
Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo
«3_ED_CuadernoPpalParte2_02CuadernoPrincipalP2Folio201Al482.pdf(.PDF)», páginas 6-24.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la que elevaron las siguientes
pretensiones7:

«1. PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare que la Resolución
No. 0463 del 14 de Abril de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, publicada en el Diario Oficial No. 45.880 del día 15 de
abril de 2005, «por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y
reglamentación de usos y se establecen las determinantes para el
ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá » es
INAPLICABLE a los demandantes, por ser un acto general que lesiona
derechos particulares.

1.1 PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN PRIMERA
PRINCIPAL: En el evento en que la PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL no
prospere, subsidiariamente solicito que:

Se declare la nulidad de la totalidad de la Resolución 0463 del 14 de Abril de
2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, publicada en
el Diario Oficial No. 45.890 del día 15 de abril de 2005, «por medio de la cual
se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se
adopta su zonificación y reglamentación de usos y se establecen las
determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de
Bogotá».

2. PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL: Que se declare que la Resolución
No. 0519 de 22 de abril de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, publicada en el Diario Oficial No. 45.890 del día 25 de
Abril de 2005, por medio de la cual se aclara el Artículo 1º de la Resolución
0463 del 14 de Abril de 2005 expedida por el Ministerio, es INAPLICABLE a
los demandantes, por ser un acto general que lesiona derechos particulares.

2.2 PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN
SEGUNDA PRINCIPAL DECLARATIVA: En el evento en que la
PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL no prospere, subsidiariamente solicito
que:

Se declare la nulidad de la totalidad de la Resolución No. 0519 de 22 de Abril
de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, publicada
en el Diario Oficial No. 45.890 del día 25 de abril de 2005, por medio de la
cual se aclara el Artículo 1º de la Resolución 0463 de 14 de Abril de 2005
expedida por el mismo Ministerio.

PRETENSIONES DE CONDENA DE LAS PRETENSIONES PRINCIPALES
DECLARATIVAS

3. PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL: Como consecuencia de la
declaratoria señalada en las PRETENSIONES PRIMERA Y SEGUNDA

7
Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo
«4_ED_CuadernoPpalParte2_02CuadernoPrincipalP2Folio201Al482.pdf(.PDF)», páginas 46-50.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

PRINCIPAL se condene a la demandada a la REPARACIÓN DE LOS
DAÑOS que se le han ocasionado a sus derechos subjetivos a mis
representadas, permitiendo expresamente el desarrollo urbanístico de los
predios de su propiedad denominados «Alpes de la Suiza», «Castilla la
Vieja» y «Altos de Belgravia», conforme a las normas urbanísticas
contenidas en el Decreto Distrital 1015 del 22 de noviembre de 2000,
expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá «por el cual se asigna el
Tratamiento Especial de Preservación del Sistema Orográfico y se incorpora
la parte Suburbana de los predios denominados Tequenuza A, La Suiza A y
Palermo A, ubicada en Área Suburbana Preservación del Sistema Orográfico
en la Localidad Número 1 de Usaquén », para cuyos efectos la vigencia de los
derechos consagrados en el citado acto administrativo será la establecida en
el numeral 4º del artículo 515 Decreto Distrital 619 de 2000, contada a partir
de la fecha de la sentencia ejecutoriada con que culmine la presente acción.

3.1 PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN
TERCERA PRINCIPAL: En caso que la PRETENSIÓN TERCERA
PRINCIPAL no prospere, subsidiariamente solicito que como consecuencia
de la declaratoria de INAPLICACIÓN señalada en las PRETENSIONES
PRIMERA Y SEGUNDA PRINCIPALES, se le reparen los daños a mis
representadas, causados por las resoluciones demandadas, a través del pago
de una indemnización de perjuicios por daño emergente y lucro cesante por la
Imposibilidad del ejercicio para mis representadas de los derechos
consagrados en el Decreto Distrital No. 1015 de 2000, desde el día 15 de abril
de 2005 y los demás actos administrativos que hubiese podido obtener en el
ejercicio de sus derechos legítimos tales como licencia de urbanismo y
licencia de construcción de las unidades de vivienda permitidas por las
normas urbanísticas ya citadas, aplicables a los predios propiedad de mis
defendidas.

4. PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL: Que por virtud de la reparación del
daño señalado en la PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL se condene a la
demandada al pago de los perjuicios económicos que se prueben dentro del
proceso (daño emergente y lucro cesante), por la imposibilidad del ejercicio
para mis representadas de los derechos consagrados en el Decreto Distrital
No. 1015 de 2000y el y los demás actos administrativos que hubiese podido
obtener en el ejercicio de sus derechos tales como licencia de urbanismo y
licencia de construcción de las unidades de vivienda permitidas por las
normas urbanísticas ya citadas, aplicables a los predios de propiedad de mis
defendidas, entre el día 15 de Abril de 2005 y la fecha de ejecutoria de la
sentencia con que culmine la presente acción contencioso administrativa.

5. PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL: Se condene a la entidad demandada
al pago de los intereses comerciales y moratorios establecidos en el Artículo
177 del Código Contencioso Administrativo, que se causen entre la fecha de
ejecutoria de la sentencia y la fecha efectiva de pago de las condenas
indemnizatorias citadas en las pretensiones de la demanda.

6. PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL: Se condene a la entidad demandada a
las costas y agencias en derecho.

PRETENSIONES DE CONDENA DE LAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
DECLARATIVAS

7. PRETENSIÓN DE CONDENA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA
SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DECLARATIVAS: Como
consecuencia de la declaratoria señalada en las pretensiones primera y

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

segunda subsidiarias declarativas, se restablezca en el derecho a mis
representadas, permitiendo expresamente el desarrollo urbanístico de los
predios de su propiedad denominados «Alpes de la Suiza», «Castilla la
Vieja» y «Altos de Belgravia», conforme a las normas urbanísticas
contenidas en el Decreto Distrital 1015 del 22 de noviembre de 2000,
expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá «por el cual se asigna el
Tratamiento Especial de Preservación del Sistema Orográfico y se incorpora
la parte Suburbana de los predios denominados Tequenuza A, La Suiza A y
Palermo A, ubicada en Área Suburbana Preservación del Sistema Orográfico
en la Localidad Número 1 de Usaquén, para cuyos efectos la vigencia de los
derechos consagrados en el citado acto administrativo será la establecida en
el numeral 4º del artículo 515 Decreto Distrital 619 de 2000, contada a partir
de la fecha de la sentencia ejecutoriada con que culmine la presente acción.

8. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN DE CONDENA DE LA
PRIMERA Y SEGUNDA SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA Y SEGUNDAS
DECLARATIVAS: Que por virtud del restablecimiento del derecho señalado
en la pretensión anterior, se condene a la demandada al pago de los
perjuicios económicos que se prueben dentro del proceso (daño emergente y
lucro cesante), por la imposibilidad del ejercicio para mis representados de los
derechos consagrados en el Decreto Distrital No. 1015 de 2000 entre el día
15 de abril de 2005 y la fecha de ejecutoria de la sentencia con que culmine
la presente acción contencioso administrativa.

9. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA TOTALIDAD DE LAS
PRETENSIONES PRINCIPALES Y SUBSIDIARIAS ANTES FORMULADAS:
Se declare que por las causas que resulten probadas en el proceso, a la
demandante le asiste el derecho a que se le Reparen los Daños que se le han
ocasionado en sus derechos subjetivos por razón de la expedición de la
Resolución 463 de 14 de abril de 2005 y por la Resolución 519 de 22 de abril
de 2005, aclaratoria de la Resolución 463 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial»8.

1.2 Los actos demandados en los dos expedientes acumulados

3. Las decisiones objeto de impugnación judicial corresponden a los siguientes
actos acusados en los dos procesos acumulados:

A) La Resolución núm. 0463 de 14 de abril de 2005, «Por medio de la cual se
redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá […]»
expedida por la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que señaló:

»RESOLUCION 0463 DE 2005
14 DE ABRIL DE 2005

8
Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo
«4_ED_CuadernoPpalParte2_02CuadernoPrincipalP2Folio201Al482.pdf(.PDF)», páginas 46-50.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos
y se establecen las determinantes para el ordenamiento y manejo de los
Cerros Orientales de Bogotá

LA MINISTRA DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
en uso de sus facultades legales y en especial, las conferidas en los artículos
5º, numerales 18 y 19 y 6º de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 2º del Decreto-
ley 216 de 2003, y

CONSIDERANDO:

(…)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Redelimitar el Área de Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá, declarada mediante el artículo 2º de la Resolución
número 076 de 1977, ubicada en jurisdicción del Distrito Capital, con el fin de
armonizar los elementos de orden ambiental y territorial para su adecuado
manejo y administración, la cual quedará comprendida dentro de los
siguientes límites indicados sobre la cartografía a escala 1:10.000 del IGAC,
Plano número 1 que se incorpora a la presente resolución y descritos de la
siguiente manera:

Vértice 1: Localizado en el punto de intersección entre la divisoria de aguas
del Boquerón de Chipaque y la carretera a Oriente de coordenadas 985.355N,
1.000.033E. De este punto continuando en sentido general Norte por la
divisoria de aguas (límite Oriental del Distrito Capital) hasta el Vértice Nº 2.

Vértice 2: Localizado en el punto coordenadas 987.781N, 1.000.295E. De
este punto continuando por la misma divisoria de aguas en sentido general
Noreste hasta el Vértice Nº 3.

Vértice 3: Localizado en el Alto de Las Mirlas en el punto de coordenadas
990.327N, 1.002.380E. De este punto continuando por la misma divisoria de
aguas pasando por el Alto de La Horqueta; el Alto de La Cruz Verde, el Alto
del Cajón y el Alto del Buitre, hasta el Vértice Nº 4.

Vértice 4: Localizado en El Alto de Plazuelas en el punto de coordenadas
995.805N, 1.005.387E. De este punto continuando en sentido general Este
por la misma divisoria de aguas, pasando por el sur de la Laguna de Verjón,
hasta el Vértice Nº 5.

Vértice 5: Localizado en el Morro de Matarredonda en el punto de
coordenadas 996.073N, 1.007.974E. De este punto continuando en dirección
Norte por la misma divisoria de aguas pasando por el Cerro Alto de La Cruz
hasta el Vértice Nº 6.

Vértice 6: Localizado en el Alto del Sarnoso en el punto de coordenadas
1.003.889N, 1.009.978E. De este punto continuando en dirección Suroeste en
línea recta hasta el Vértice Nº 7.

Vértice 7: Localizado en el nacimiento de la quebrada Turín en el punto de
coordenadas 1.003.713N, 1.009.778E. De este punto se sigue aguas abajo
por la mencionada quebrada hasta el Vértice Nº 8.

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Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

Vértice 8: Localizado en la confluencia de la quebrada Turín con el río
Teusacá, en el punto de coordenadas 1.003.355N, 1.007.500E. De este punto
continuando por el río Teusacá aguas abajo hasta el Vértice Nº 9.

Vértice 9: Localizado en la confluencia de la quebrada El Carrizal con el río
Teusacá, en el punto de coordenadas 1.004.687N, 1.007.541E. De este punto
continuando por la mencionada quebrada aguas arriba hasta el Vértice Nº 10.

Vértice 10: Localizado en el nacimiento de la quebrada El Carrizal en el punto
de coordenadas 1.005.243N, 1.005.326E. De este punto continuando en
dirección Noreste en línea recta hasta el Vértice Nº 11.

Vértice 11: Localizado en el Alto de Piedra Ballena en el punto de
coordenadas 1.005.327N, 1.004.961E. De este punto continuando hacia el
Norte por la divisoria de aguas pasando por el Cerro Moyas hasta el Vértice Nº
12.

Vértice 12: Localizado en el punto de coordenadas 1.007.334N, 1.005.850E.
De este punto continuando en sentido general Este por la divisoria de aguas
hasta el Vértice Nº 13.

Vértice 13: Localizado en el sitio denominado Los Patios (Intersección con la
carretera Bogotá La Calera), en el punto de coordenadas 1.007.491N,
1.007.422E. De este punto continuando en sentido general Norte por la misma
divisoria de aguas hasta el Vértice Nº 14.

Vértice 14: Local izado en el Cerro del Águila en el punto de coordenadas
1.009.639N, 1.007.367E. De este punto continuando en dirección Norte por la
misma divisoria de aguas hasta el Vértice Nº 15.

Vértice 15: Localizado sobre la divisoria de aguas frente al nacimiento de la
quebrada Tequenusa en el punto de coordenadas 1.022.283N, 1.007.152E.
De este punto continuando en dirección Noreste bordeando la divisoria de
aguas de las quebradas El Gallinazo y La Floresta hasta el Vértice Nº 16.

Vértice 16: Localizado en el punto de coordenadas 1.024.423N, 1.008.164E.
De este punto continuando en dirección Oeste por la quebrada Torca en
límites con el municipio de Chía hasta el Vértice Nº 17.

Vértice 17: Localizado en la intersección de la quebrada Torca con la Cota
2650 de coordenadas 1.025.118N, 1.005.482E. De este punto continuando en
dirección Noreste por el límite del municipio de Chía hasta el Vértice Nº 18.

Vértice 18: Localizado en el costado oriental de Carretera Central del Norte
(Carrera Séptima) frente al Cerro de Torca en el punto de coordenadas
1.025.281N, 1.005.098E. De este punto continuando en dirección Sur por el
costado Oriental de la Carretera Central del Norte (Carrera Séptima) hasta
el Vértice Nº 19.

Vértice 19: Localizado en el punto de intersección de la Carrera Séptima y la
Calle 193, con coordenadas 1.019.204N, 1.005.611E. De este punto
continuando en dirección Este por la prolongación del costado Norte de la
Calle 193 hasta el Vértice Nº 20.

Vértice 20: Localizado sobre la cota 2.720 msnm en el punto de coordenadas
1.019.111N, 1.006.068E. De este punto continuando en dirección general Sur
por esta cota hasta el Vértice Nº 21.

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Vértice 21: Localizado sobre la cota 2.720 msnm en el punto de coordenadas
1.017.668N, 1.006.498E. De este punto continuando en línea recta hacia el
Sur hasta Vértice Nº 22.

Vértice 22: Localizado en el punto de intersección de la quebrada Aguanica y
Cota 2.700 msnm, con coordenadas 1.017.593N, 1.006.503E. De este punto
continuando hacia el Sur por esta cota hasta el Vértice Nº 23.

Vértice 23: Localizado en el punto de intersección de la cota 2.700 msnm en
el punto de coordenadas 1.016.882N, 1.006.566E. De este punto continuando
hacia el Suroeste en línea recta hasta el Vértice Nº 24.

Vértice 24: Localizado sobre la cota 2.700 msnm, en el punto de coordenadas
1.016.871N, 1.006.564E. De este punto continuando hacia el sur por la
mencionada cota hasta el Vértice Nº 25.

Vértice 25: Localizado en el punto de intersección de la cota 2.700 msnm y un
drenaje sin nombre con coordenadas 1.016.784N, 1.006.715E. De este punto
continuando aguas arriba por dicho drenaje hasta el Vértice Nº 26.

Vértice 26: Localizado sobre un drenaje sin nombre, en el punto de
coordenadas 1.016.669N, 1.007.075E. De este punto continuando en línea
recta en dirección sur hasta el Vértice Nº 27.

Vértice 27: Localizado sobre la Cota 2.820 msnm, en el punto de
coordenadas 1.016.581N, 1.007.065E. De este punto continuando hacia el Sur
por la mencionada Cota hasta el Vértice Nº 28.

Vértice 28: Localizado en el punto de intersección de la Cota 2.820 msnm y
un drenaje sin nombre, con coordenadas 1.015.583N, 1.007.082E. De este
punto continuando aguas arriba por dicho drenaje hasta el Vértice Nº 29.

Vértice 29: Localizado en el punto de intersección de un drenaje sin nombre y
la cota 2.930 msnm, con coordenadas 1.015.530N, 1.007.367E. De este punto
continuando en dirección general sur por dicha cota hasta el Vértice Nº 30.

Vértice 30: Localizado en el punto de intersección de un drenaje sin nombre y
la cota 2.930 msnm con coordenadas 1.014.623N, 1.006.941E. De este punto
continuando aguas abajo por dicho drenaje hasta el Vértice Nº 31.

Vértice Nº 31: Localizado en el punto de intersección de un drenaje sin
nombre y la cota 2.700 msnm, con coordenadas 1.014.372N, 1.006.445E. De
este punto continuando en dirección general Sur por dicha cota hasta
el Vértice Nº 32.

Vértice Nº 32: Localizado en el punto de intersección de la cota 2.700 msnm y
la quebrada Trujillo, con coordenadas 1.012.088N, 1.006.312E. De este punto
continuando aguas arriba por dicha quebrada hasta el Vértice Nº 33.

Vértice Nº 33: Localizado en el punto de intersección de la quebrada Trujillo y
la cota 2.710 msnm, con coordenadas 1.012.119N, 1.006.324E. De este punto
continuando por esta cota en dirección general sur hasta el Vértice Nº 34.

Vértice Nº 34: Localizado en el punto de intersección de un drenaje sin
nombre y la cota 2.710 msnm, con coordenadas 1.010.837N, 1.006.069E. De
este punto continuando aguas abajo por dicho drenaje hasta el Vértice Nº 35.

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Vértice Nº 35: Localizado en el punto de intersección de un drenaje sin
nombre y la cota 2.700 msnm, con coordenadas 1.010.820N, 1.006.060E. De
este punto continuando en dirección general Sur por dicha cota hasta
el Vértice Nº 36.

Vértice Nº 36: Localizado sobre la cota 2.700 msnm, en el punto de
coordenadas 1.005.913N, 1.003.346E. De este punto continuando en línea
recta en sentido Sureste hasta el Vértice Nº 37.

Vértice Nº 37: Localizado sobre la Cota 2.740 msnm, en el punto de
coordenadas 1.005.788N, 1.003.410E. De este punto continuando en
dirección general Sur por dicha cota hasta el Vértice Nº 38.

Vértice Nº 38: Localizado en el punto de intersección de la quebrada Las
Delicias y la Cota 2.740 msnm, con coordenadas 1.004.514N, 1.002.887E. De
este punto continuando aguas arriba por dicha quebrada hasta el Vértice Nº
39.

Vértice Nº 39: Localizado en el punto de intersección de la quebrada Las
Delicias y la Cota 2.790 msnm, con coordenadas 1.004.448N, 1.002.990E. De
este punto continuando en dirección general Sur por dicha Cota hasta
el Vértice Nº 40.

Vértice Nº 40: Localizado sobre la Cota 2.790 msnm en el punto de
coordenadas 1.003.442N, 1.002.420E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Este hasta el Vértice Nº 41.

Vértice Nº 41: Localizado sobre la cota 2.820 msnm, en el punto de
coordenadas 1.003.418N, 1.002.502E. De este punto continuando en
dirección general Sur por dicha Cota hasta el Vértice Nº 42.

Vértice Nº 42: Localizado sobre la Cota 2.820 msnm, en el punto de
coordenadas 1.003.222N, 1.002.445E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Suroeste hasta el Vértice Nº 43.

Vértice Nº 43: Localizado en el punto de intersección de la quebrada El
Arzobispo con la margen Oriental de la Avenida Circunvalar, con coordenadas
1.003.024N, 1.002.345E. De este punto continuando en dirección general Sur
por el costado oriental de dicha avenida hasta el Vértice Nº 44.

Vértice Nº 44: Localizado sobre el costado Oriental de la Avenida Circunvalar
frente a la Estación del Funicular, en el punto de coordenadas 1.000.775N,
1.001.815E. De este punto continuando hacia el Sur, sobre una línea paralela,
distante 30 metros hacia el Este del costado Oriental de dicha avenida hasta
el Vértice Nº 45.

Vértice Nº 45: Localizado sobre la línea paralela, distante 30 metros hacia el
Este del costado Oriental de la Avenida Circunvalar, al Noroeste del Instituto
Franklin Delano Roosevelt, en el punto de coordenadas 1.000.281N,
1.001.546E. De este punto continuando en línea recta en dirección Sur hasta
el Vértice Nº 46.

Vértice Nº 46: Localizado al Sureste de la Facultad de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de la Universidad Distrital, en el punto de coordenadas
1.000.062N, 1.001.546E. De este punto continuando en línea recta en
dirección Oeste hasta el Vértice Nº 47.

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Vértice Nº 47: Localizado sobre la línea paralela, distante 30 metros hacia el
Este del costado oriental de la Avenida Circunvalar, en el punto de
coordenadas 1.000.062N, 1.001.393E. De este punto continuando en
dirección general Sur por la mencionada línea hasta el Vértice Nº 48.

Vértice Nº 48: Localizado sobre la línea paralela, distante 30 metros hacia el
Este del costado Oriental de la Avenida Circunvalar, frente al Barrio San
Dionisio, en el punto de coordenadas 998.495N, 1.001.255E. De este punto
continuando en línea recta en dirección Sureste hasta el Vértice Nº 49.

Vértice Nº 49: Localizado sobre el costado Oriental de la vía que conduce al
Tanque San Dionisio de la EAAB en el punto de coordenadas 998.346N,
1.001.183E. De este punto continuando por el costado Oriental de la
mencionada vía hasta el Vértice Nº 50.

Vértice Nº 50: Localizado sobre el costado Oriental de la vía que conduce al
Tanque San Dionisio de la EAAB en el punto de coordenadas 998.285N,
1.001.119E. De este punto continuando en línea recta en dirección
Oeste hasta el Vértice Nº 51.

Vértice Nº 51: Localizado sobre el costado Sur de un carreteable en el punto
de coordenadas 998.296N, 1.001.024E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Suroeste hasta el Vértice Nº 52.

Vértice Nº 52: Localizado en el punto de coordenadas 998.184N, 1.000.936E.
De este punto continuando en línea recta con dirección Sureste hasta
el Vértice Nº 53.

Vértice Nº 53: Localizado sobre una línea paralela, distante 30 metros hacia el
Este del costado Oriental de la Avenida Circunvalar, sobre la cota 2.740
msnm, en el punto de coordenadas 997.609N, 1.000.356E. De este punto
continuando en dirección general Sureste por la mencionada Cota hasta
el Vértice Nº 54.

Vértice Nº 54: Localizado en el punto de intersección de la margen izquierda
del río San Cristóbal y la Cota 2.740 msnm, con coordenadas 996.826N,
1.001.139E. De este punto continuando por la margen izquierda, aguas arriba
del mencionado río hasta el Vértice Nº 55.

Vértice Nº 55: Localizado sobre la margen izquierda del río San Cristóbal en
el punto de coordenadas 996.480N, 1.001.310E. De este punto continuando
en línea recta con dirección Suroeste hasta el Vértice Nº 56.

Vértice Nº 56: Localizado sobre la Cota 2.920 msnm, frente al desarrollo
Aguas Claras, en el punto de coordenadas 995.857N, 1.001.153E. De este
punto continuando en dirección general Sur por la mencionada Cota hasta
el Vértice Nº 57.

Vértice Nº 57: Localizado sobre la Cota 2.920 msnm, frente al Tanque Los
Alpes en el punto de coordenadas 995.213N, 997.713E. De este punto
continuando en línea recta con dirección Sureste hasta el Vértice Nº 58.

Vértice Nº 58: Localizado sobre la Cota 3.090 msnm, en el punto de
coordenadas 994.763N, 1.000.232E. De este punto continuando en dirección
general Sur por la mencionada Cota hasta el Vértice Nº 59.

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Vértice Nº 59: Localizado en el punto de intersección de un drenaje sin
nombre y la Cota 3.090 msnm, con coordenadas 992.565N, 999.576E. De
este punto continuando aguas arriba por el mencionado drenaje hasta
el Vértice Nº 60.

Vértice Nº 60: Localizado en el punto de intersección de la cota 3.100 msnm y
un drenaje sin nombre, con coordenadas 992.552N, 999.607E. De este punto
continuando en dirección general Sur por la mencionada Cota hasta el Vértice
Nº 61.

Vértice Nº 61: Localizado en el punto de intersección de la Cota 3.100 msnm
y la Quebrada Chiguaza (Morales), con coordenadas 991.689N, 999.149E. De
este punto continuando por la mencionada quebrada aguas arriba hasta
el Vértice Nº 62.

Vértice Nº 62: Localizado en el punto de intersección de la Cota 3.140 msnm
y la Quebrada Chiguaza (Morales), con coordenadas 991.551N, 999.343E. De
este punto continuando en sentido general Sur por esta Cota hasta el Vértice
Nº 63.

Vértice Nº 63: Localizado en el punto de intersección de la quebrada Carrizal
(Bolonia) y la Cota 3.140 msnm, con coordenadas 990.686N, 999.333E. De
este punto continuando aguas arriba por dicha quebrada hasta el Vértice Nº
64.

Vértice Nº 64: Localizado en el punto de intersección de la quebrada Carrizal
(Bolonia) y la Cota 3.200, con coordenadas 990.520N, 999.463E. De este
punto continuando en sentido general Sur por esta Cota hasta el Vértice Nº
65.

Vértice Nº 65: Localizado en el punto de intersección de un drenaje sin
nombre y la cota 3.200 msnm, con coordenadas 989.487N, 999.910E. De este
punto continuando aguas abajo por este drenaje hasta el Vértice Nº 66.

Vértice Nº 66: Localizado en el punto de intersección de la Cota 3.140 y un
drenaje sin nombre, con coordenadas 989.414N, 999.748E. De este punto
continuando en sentido general Sur por esta Cota hasta el Vértice Nº 67.

Vértice Nº 67: Localizado sobre la cota 3.140 msnm, en el punto de
coordenadas 988.711N, 999.786E. De este punto continuando en línea recta
en dirección Suroeste hasta el Vértice Nº 68.

Vértice Nº 68: Localizado en el punto de intersección de la quebrada Yomasa
y la Cota 3.070 msnm, con coordenadas 988.639N, 999.682E. De este punto
continuando en sentido general Sur por esta Cota hasta el Vértice Nº 69.

Vértice Nº 69: Localizado sobre la Cota 3.070 metros en el punto de
coordenadas 985.826N, 999.249E. De este punto continuando por el divorcio
de aguas del Boquerón de Chipaque en dirección Sureste hasta su
intersección con la Carretera de Oriente, punto de partida Vértice Nº 1.

PARÁGRAFO. Se excluyen de la Reserva Forestal Protectora “Bosque
Oriental de Bogotá”, redelimitada anteriormente, las áreas del Sector San
Luis-La Sureña y Sector Bellavista, descritas de la siguiente manera:

a) Sector San Luis-La Sureña

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Vértice Nº 1: Localizado en la intersección de dos carreteables en el punto de
coordenadas 1.007.508N, 1.006.111E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Este hasta el Vértice Nº 2.

Vértice Nº 2: Localizado en el costado Oriental de un carreteable en el punto
coordenadas 1.007.446N, 1.006.274E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Norte hasta el Vértice Nº 3.

Vértice Nº 3: Localizado en el punto de coordenadas 1.007.526N, 1.006.314E.
De este punto continuando en línea recta en dirección Este hasta el Vértice Nº
4.

Vértice Nº 4: Localizado en la intersección de dos carreteables en el punto de
coordenadas 1.007.516N, 1.006.402E. De este punto continuando por el
costado Oriental de un carreteable en dirección Noreste hasta el Vértice Nº 5.

Vértice Nº 5: Localizado en el punto de coordenadas 1.007.635N, 1.006.743E.
De este punto continuando en línea recta en dirección Este hasta el Vértice Nº
6.

Vértice Nº 6: Localizado en el costado Oriental de una vía en el punto de
coordenadas 1.007.617N, 1.006.789E. De este punto continuando por el
costado oriental de la mencionada vía en dirección Norte hasta el Vértice Nº 7.

Vértice Nº 7: Localizado en el punto de coordenadas 1.007.784N, 1.006.966E.
De este punto continuando en línea recta en dirección Este hasta el Vértice Nº
8.

Vértice Nº 8: Localizado en la intersección de dos vías en el punto de
coordenadas 1.007.757N, 1.007.027E. De este punto continuando por el
costado Sur de una vía en dirección Este hasta el Vértice Nº 9.

Vértice Nº 9: Localizado en el costado Sur de una vía en el punto de
coordenadas 1.007.705N, 1.007.326E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Norte hasta el Vértice Nº 10.

Vértice Nº 10: Localizado sobre la Cota 3.000 metros en el punto de
coordenadas 1.007.726N, 1.007.347E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Noroeste hasta el Vértice Nº 11.

Vértice Nº 11: Localizado sobre la Cota 2.980 metros en el punto de
coordenadas 1.007.852N, 1.007.285E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Noroeste hasta el Vértice Nº 12.

Vértice Nº 12: Localizado en el punto de coordenadas 1.007.924N,
1.007.205E. De este punto continuando en dirección Norte hasta el Vértice Nº
13.

Vértice Nº 13: Localizado en el costado Norte de un carreteable en el punto
de coordenadas 1.008.016N, 1.007.195E. De este punto continuando en línea
recta por el costado Norte del mencionado carreteable en dirección Noroeste
hasta el Vértice Nº 14.

Vértice Nº 14: Localizado en el costado Norte de un carreteable en el punto
de coordenadas 1.008.130N, 1.007.045E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Norte hasta el Vértice Nº 15.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

Vértice Nº 15: Localizado sobre la Cota 2.930 metros en el punto de
coordenadas 1.008.280N, 1.007.111E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Oeste hasta el Vértice Nº 16.

Vértice Nº 16: Localizado sobre el costado Norte de una vía en el punto de
coordenadas 1.008.438N, 1.006.687E. De este punto continuando en por el
costado Norte de la mencionada vía en dirección Oeste hasta el Vértice Nº 17.

Vértice Nº 17: Localizado en la intersección de dos vías en el punto de
coordenadas 1.008.590N, 1.006.304E. De este punto continuando por el
costado Norte de una vía en dirección Oeste hasta el Vértice Nº 18.

Vértice Nº 18: Localizado en el punto de coordenadas 1.008.689N,
1.006.099E. De este punto continuando en línea recta en dirección Oeste
hasta el Vértice Nº 19.

Vértice Nº 19: Localizado sobre la Cota 2.880 metros en el punto de
coordenadas 1.008.694N, 1.006.092E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Norte hasta el Vértice Nº 20.

Vértice Nº 20: Localizado sobre la Cota 2.850 metros en el punto de
coordenadas 1.008.810N, 1.006.118E. De este punto continuando en sentido
general Oeste por esta Cota hasta el Vértice Nº 21.

Vértice Nº 21: Localizado sobre la Cota 2.850 metros en el punto de
coordenadas 1.008.858N, 1.006.061E. De este punto continuando en sentido
general Suroeste por esta Cota hasta el Vértice Nº 22.

Vértice Nº 22: Localizado sobre la Cota 2.850 metros en el punto de
coordenadas 1.008.788N, 1.005.928E. De este punto continuando en línea
recta en d irección Sureste hasta el Vértice Nº 23.

Vértice Nº 23: Localizado sobre la Cota 2.890 metros en el punto de
coordenadas 1.008.701N, 1.006.007E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Suroeste hasta el Vértice Nº 24.

Vértice Nº 24: Localizado en el punto de coordenadas 1.008.642N,
1.005.949E. De este punto continuando en línea recta en dirección Sureste
hasta Vértice Nº 25.

Vértice Nº 25: Localizado sobre la Cota 2.920 metros en el punto de
coordenadas 1.008.526N, 1.006.011E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Suroeste hasta el Vértice Nº 26.

Vértice Nº 26: Localizado sobre la Cota 2.990 metros en el punto de
coordenadas 1.008.314N, 1.005.899E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Oeste hasta el Vértice Nº 27.

Vértice Nº 27: Localizado sobre la Cota 3.00 metros en el punto de
coordenadas 1.008.389N, 1.005.735E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Suroeste hasta el Vértice Nº 28.

Vértice Nº 28: Localizado sobre la Cota 3.110 metros en el punto de
coordenadas 1.008.088N, 1.005.596E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Sureste hasta el Vértice Nº 29.

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Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

Vértice Nº 29: Localizado sobre la Cota 3.120 metros en el punto de
coordenadas 1.007.961N, 1.005.678E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Noreste hasta el Vértice Nº 30.

Vértice Nº 30: Localizado en el punto de coordenadas 1.008.021N,
1.005.749E. De este punto continuando en línea recta en dirección Sureste
hasta el Vértice Nº 31.

Vértice Nº 31: Localizado sobre la Cota 3.100 metros en el punto de
coordenadas 1.007.919N, 1.005.863E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Suroeste hasta el Vértice Nº 32.

Vértice Nº 32: Localizado en el costado occidental de una vía el punto de
coordenadas 1.007.832N, 1.005.767E. De este punto continuando por el
costado Occidental de la mencionada vía en dirección Sur hasta el Vértice Nº
33.

Vértice Nº 33: Localizado sobre el costado Occidental de un vía en el punto
de coordenadas 1.007.497N, 1.005.800E. De este punto continuando por el
costado Sur de una vía en dirección Este, hasta el punto de partida Vértice Nº
1;

b) Sector Bellavista

Vértice Nº 1: Localizado sobre la Cota 2.870 metros en el punto de
coordenadas 1.008.577N, 1.005.211E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Noreste hasta el Vértice Nº 2.

Vértice Nº 2: Localizado sobre la Cota 2.870 metros en el punto de
coordenadas 1.008.583N, 1.005.220E. De este punto continuando en sentido
general Sureste por esta Cota hasta el Vértice Nº 3.

Vértice Nº 3: Localizado sobre la Cota 2.870 metros en el punto de
coordenadas 1.008.555N, 1.005.264E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Noreste hasta el Vértice Nº 4.

Vértice Nº 4: Localizado sobre la Cota 2.870 metros en el punto de
coordenadas 1.008.559N, 1.005.274E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Noreste hasta el Vértice Nº 5.

Vértice Nº 5: Localizado en el margen Sur de un carreteable en el punto de
coordenadas 1.008.650N, 1.005.305E. De este punto continuando por el
margen Sur del mencionado carreteable en dirección Noreste hasta el Vértice
Nº 6.

Vértice Nº 6: Localizado sobre el margen Sur de un carreteable en el punto de
coordenadas 1.008.683N, 1.005.460E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Noreste hasta el Vértice Nº 7.

Vértice Nº 7: Localizado en el punto de coordenadas 1.008.757N, 1.005.487E.
De este punto continuando en línea recta en dirección Oeste hasta el Vértice
Nº 8.

Vértice Nº 8: Localizado sobre el margen Este de un carreteable en el punto
de coordenadas 1.008.793N, 1.005.222E. De este punto continuando por el
margen Este del mencionado carreteable en Norte hasta el Vértice Nº 9.

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Vértice Nº 9: Localizado en el margen Este de un carreteable en el punto de
coordenadas 1.008.829N, 1.005.198E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Este hasta el Vértice Nº 10.

Vértice Nº 10: Localizado sobre la Cota 2.820 metros en el punto de
coordenadas 1.008.819N, 1.005.123E. De este punto continuando en sentido
general Sur por esta Cota hasta el Vértice Nº 11.

Vértice Nº 11: Localizado sobre la Cota 2.820 metros en el punto de
coordenadas 1.008.746N, 1.005.159E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Sur hasta el Vértice Nº 12.

Vértice Nº 12: Localizado sobre la Cota 2.840 metros en el punto de
coordenadas 1.008.692N, 1.005.153E. De este punto continuando en
dirección Este por esta Cota hasta el Vértice Nº 13.

Vértice Nº 13: Localizado sobre la Cota 2.840 metros en el punto de
coordenadas 1.008.668N, 1.005.201E. De este punto continuando en línea
recta en dirección Sur, hasta el punto de partida Vértice Nº 1.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Son Objetivos de la Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá los siguientes:

1. Proteger los ecosistemas altoandinos, subpáramos y páramos, con su
fauna y flora características y con algunos elementos endémicos.
2. Conservar y restaurar las funciones, los valores y los servicios
ambientales que los Cerros Orientales prestan a los habitantes urbanos
y rural de Bogotá y de sus municipios aledaños.
3. Propender por la regulación de los intercambios biológicos y
energéticos necesarios para mantener o restaurar la estructura
ecológica principal funcional.
4. Conservar el papel de los ecosistemas como regulador hidrológico en
la circulación regional del agua, asegurando su calidad, cantidad y
regularidad, no solamente para la ciudad de Bogotá, sino también para
las poblaciones humanas circundantes.
5. Conservar los bosques como barrera natural de control de procesos
de geoinestabilización.
6. Fomentar el valor escénico, paisajístico y de identidad cultural r elativo
a la importancia que representa el transfondo natural de la ciudad para
sus habitantes, visitantes y transeúntes.
7. Brindar espacios de recreación pasiva y esparcimiento para la
contemplación del paisaje de la sabana y de ambientes naturales.
8. Fomentar la investigación y educación en áreas intervenidas o
alteradas, para de este modo ayudar a generar conocimiento del entorno
natural y de alternativas de restauración de ecosistemas altoandinos,
altamente intervenidos.
9. Recuperar las zonas degradadas, restaurar las condiciones del suelo
y prevenir fenómenos que causen alteraciones significativas al ambiente.
10. Ordenar y orientar el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la protección de los valores geomorfológicos, hidrológicos,
biológicos, ecológicos y paisajísticos presentes en los Cerros Orientales
para que puedan ser apropiados y disfrutados en forma sostenible.

ARTÍCULO TERCERO.- Adoptar la siguiente zonificación interna de la
Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá” redelimitada en el
artículo 1º de la presente resolución y espacializada en el Plano Nº 2,
elaborado sobre la base cartográfica del IGAC, escala 1:10.000, que se anexa

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a la presente resolución. Esta zonificación corresponde a una subdivisión con
fines de manejo de las diferentes áreas que la integran, que se planifica y
determina de acuerdo con las características naturales de cada una de ellas
para su adecuada administración.

La zonificación que a continuación se define no implica diferentes grados de
protección sino medidas de manejo especial a fin de garantizar su manejo
integral, considerando las situaciones particulares del área en términos de sus
potencialidades, restricciones, alteraciones, degradaciones y presiones de
ocupación:

1. ZONA DE CONSERVACIÓN. Zona destinada al mantenimiento
permanente de la vegetación nativa de los Cerros Orientales en sus diferentes
estados sucesionales.

Esta zona comprende espacios con vegetación natural en diferentes grados
de sucesión natural e intervención antrópica que deben ser objeto de medidas
de protección especial, dada su condición relictual e importancia para
conservar la biodiversidad, así como la integralidad de los servicios
ambientales que se derivan de la reserva forestal.

El tratamiento de conservación se define bajo los siguientes parámetros:

a) Las acciones de manejo deberán estar dirigidas a la conservación de los
remanentes de vegetación nativa que se encuentran al interior de la reserva
forestal en sus diferentes estados de sucesión natural;

b) De acuerdo con el grado de intervención, conservación y/o degradación
de la vegetación natural, algunas áreas pueden ser sometidas a tratamiento
de regeneración natural asistida, bajo parámetros técnicos y metodológicos de
restauración de ecosistemas previamente avalados por la autoridad ambiental
competente;

c) El uso principal de estas zonas corresponde al forestal protector y sus
usos complementarios relacionados con la oferta escénica, educativa,
investigativa, de recreación pasiva y de infraestructura de servicios y
seguridad se podrán desarrollar siempre y cuando, la ejecución de obras y el
des arrollo de tales actividades asociadas a estos usos, no pongan en riesgo
la función protectora de la reserva, la conservación de los recursos naturales
renovables y la condición natural de los ecosistemas presentes en esta zona.

2. ZONA DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA. Zona destinada a la
rehabilitación de la vegetación natural en áreas con potencial de restauración
ecológica.

Esta zona comprende espacios con plantaciones forestales de especies
exóticas y/o áreas que vienen siendo objeto de deterioro por el desarrollo de
actividades pecuarias y agrícolas, cuyos suelos permiten emprender acciones
de restauración para inducir y conformar vegetación nativa, la recuperación de
suelos y de microcuencas para ser incorporadas al suelo de conservación.

El tratamiento de rehabilitación ecológica se define bajo los siguientes
parámetros:

a) Para el caso de las áreas degradadas por efectos del desarrollo de
actividades agrícolas y pecuarias, se deberán establecer acciones de
restauración que garanticen la recuperación del suelo, de las microcuencas y

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la regeneración natural asistida a través del establecimiento de plantaciones
forestales con especies nativas, tomando en consideración parámetros
técnicos y metodológicos de restauración de ecosistemas previamente
avalados por la autoridad ambiental competente;

b) Para el caso de las plantaciones forestales protectoras con especies
exóticas se podrá emprender acciones para sustituir paulatinamente dicha
vegetación a través de la inducción de vegetación natural, tomando en
consideración parámetros técnicos y metodológicos de restauración de
ecosistemas previamente avalados por la autoridad ambiental competente.

Para la ejecución de este tratamiento se requerirá el respectivo plan de
manejo que debe ser aprobado previamente por la autoridad ambiental
competente y en el que se definirán los mecanismos para el aprovechamiento,
transporte, disposición y destino de la biomasa que será extraída de dichas
plantaciones;

c) El uso principal de estas zonas corresponde al forestal protector y sus
usos complementarios relacionados con la oferta escénica, educativa,
investigativa, de recreación pasiva y el desarrollo de infraestructura de
servicios y seguridad, se podrán adelantar siempre y cuando la ejecución de
obras y el desarrollo de tales actividades asociadas a estos usos, no pongan
en riesgo la función protectora de la reserva y la conservación de los recursos
naturales renovables de la misma y por el contrario potencien acciones de
restauración asistida en dichas zonas.

3. ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA. Zonas destinadas a la
recuperación y mantenimiento de suelos de protección dentro de áreas que
han sido objeto de deterioro ambiental por el desarrollo de actividades mineras
y asentamientos humanos en áreas de alta sensibilidad ambiental.

Esta zona comprende espacios deteriorados por el desarrollo de actividades
mineras que para su recuperación deben ser sometidos a tratamientos de
readecuación geomorfológica y reconstrucción paisajística, así como espacios
ocupados con asentamientos humanos en áreas de alta fragilidad ambiental
y/o que están fragmentando los ecosistemas y que una vez recuperados
deberán ser incorporados al suelo de conservación.

El tratamiento de Recuperación Paisajística se define bajo los siguientes
parámetros:

a) Para el caso de las áreas afectadas por explotación minera se deberán
iniciar procesos orientados a la suspensión de tales actividades y aplicar el
plan de manejo, recuperación y restauración ambiental en las áreas afectadas,
con el fin de adecuar estos espacios como suelos de protección.

En la aplicación del plan de manejo, recuperación y restauración ambiental, se
deberán considerar parámetros técnicos y metodológicos de restauración de
ecosistemas previamente avalados por la autoridad ambiental competente

b) Para el caso de las áreas afectadas por asentamientos humanos en áreas
de alta sensibilidad ambiental, se deberán iniciar procesos orientados a la
implementación de un plan de reubicación de la población ocupante y
emprender las medidas necesarias para recuperar estas, tomando en
consideración parámetros técnicos y metodológicos de restauración de
ecosistemas previamente avalados por la autoridad ambiental competente;

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c) El uso principal de estas zonas corresponde al forestal protector. Sus usos
complementarios, relacionados con la oferta escénica, educativa,
investigativa, de recreación pasiva y el desarrollo de infraestructura de
servicios y seguridad, se podrán adelantar siempre y cuando la ejecución de
obras y el desarrollo de tales actividades asociadas a estos usos, no pongan
en riesgo la función protectora de la reserva y la conservación de los recursos
naturales renovables de la misma y por el contrario potencien acciones de
restauración asistida en dichas zonas.

4. ZONA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL. Zonas destinadas a la
recuperación y mantenimiento del efecto protector de la reserva forestal dentro
de áreas que han sido alteradas por el desarrollo de viviendas rurales
semiconcentradas y/o dispersas o de edificaciones de uso dotacional,
generando procesos de fragmentación y deterioro de coberturas naturales.
Dichas áreas deben ser sometidas a tratamientos de recuperación ambiental
para garantizar que las infraestructuras allí presentes no pongan en riesgo el
efecto protector de los suelos y el funcionamiento integral de la reserva
forestal protectora.

Los límites de las zonas de recuperación ambiental, establecidas en el Plano
Nº 2, podrán ser objeto de precisiones cartográficas en el marco del Plan de
Manejo de la Reserva Forestal "Bosque Oriental de Bogotá". Tales precisiones
se adelantarán con base en estudios de detalle que demuestren la pertinencia
de dichos ajustes.

El tratamiento de recuperación ambiental se define bajo los siguientes
parámetros:

a) No permitir la implantación de nuevas unidades de vivienda rural
semiconcentrada y/o dispersa y nuevas unidades de carácter dotacional, así
como tampoco la ampliación de las infraestructuras suburbanas preexistentes
en estas zonas. Igualmente se deberán ordenar adecuadamente los conjuntos
de vivienda dispersa existentes actualmente; emprender acciones de
recuperación de las zonas libres dispuestas al interior de los mismos y
propender porque las infraestructuras viales y de servicios públicos no pongan
en riesgo la función protectora de la reserva y la conservación de los recursos
naturales renovables de la misma;

b) Para el desarrollo de las acciones de recuperación ambiental, este
tratamiento debe buscar una armonización de esta zona y configuración
equilibrada de las construcciones existentes, donde la cobertura forestal
protectora con especies nativas, como uso principal debe cubrir la mayor parte
del área. No obstante, la asignación de parámetros y especificaciones que se
determinen en el Plan de Manejo de la Reserva Forestal deberán considerar la
situación actual y particular de dichas construcciones y las necesidades que
se derivan para su funcionamiento;

c) El Plan de Manejo de la Reserva Forestal deberá especificar las medidas
de prevención, mitigación, corrección y compensación a que están obligados
los propietarios de las edificaciones contenidas en estas zonas, así como los
demás parámetros para su correcta armonización y funcionamiento;

d) Para la normalización de las construcciones preexistentes en estas zonas
de vivienda dispersa y dotacionales, las normas y demás regulaciones se
establecerán mediante la figura de "Planes de Manejo Ambiental" que deberán
formular e implementar los interesados en los plazos que establezca el Plan

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de Manejo de la Reserva Forestal, y que serán objeto de aprobación por parte
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR.

Para efectos de regular y utilizar correctamente las compensaciones a que
están obligados los propietarios de viviendas localizadas al interior de estas
zonas, la CAR establecerá los mecanismos para el cobro, administración y
gestión de recursos provenientes de las mismas. Estos recursos se destinarán
de manera exclusiva para el desarrollo de los programas y proyectos
formulados en el Plan de Manejo;

e) Los mecanismos indicados anteriormente, sólo se aplicarán para las
construcciones preexistentes. Sin excepción, las construcciones ilegales
desarrolladas con posterioridad a la expedición de esta resolución, no podrán
ser normalizadas al interior de la reserva forestal y deberán ser objeto de las
medidas policivas, judiciales y administrativas conducentes a la aplicación de
las sanciones, la demolición de lo construido y la restauración de las
condiciones ambientales preexistentes, conforme a las normas vigentes.

PARÁGRAFO. Las actividades que se pretenda desarrollar al interior de la
reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá, por razones de utilidad
pública o interés social deberán ceñirse a lo dispuesto en el Decreto-ley 2811
de 1974.

ARTÍCULO CUARTO. De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de
1993, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, será la
encargada de administrar la Reserva Forestal Protectora delimitada en la
presente resolución, para lo cual formulará y adoptará, dentro de los doce (12)
meses siguientes a la entrada en vigencia de este acto administrativo, el Plan
de Manejo para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,
que deberá contener los programas, proyectos y acciones estratégicas
necesarias para conservar preservar, rehabilitar y recuperar los ecosistemas
que hacen parte de la reserva forestal, así como para su ordenamiento,
manejo integral y administración. Dicho plan deberá formularse e
implementarse respetando la zonificación definida en la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO. Las áreas que con fundamento en la Resolución 076 de
1977 hacían parte de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá y que quedan excluidas de la misma de acuerdo con la redelimitación
planteada en el artículo 1º de la presente resolución, se sujetarán a las
siguientes determinantes de ordenamiento y manejo ambiental, que serán
desarrolladas e incorporadas al POT de Bogotá:

a) El Departamento Administrativo de Planeación Distrital deberá precisar los
límites del perímetro urbano en los límites con la reserva forestal, tomando
como base la redelimitación de la Reserva Forestal determinada en el artículo
1º de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo
117 del Decreto 469 de 2003. En todo caso el perímetro urbano no podrá
exceder el límite de la reserva forestal protectora “Bosque Oriental de Bogotá”;

b) Las áreas que se excluyen de la reserva deberán conformar a corto,
mediano y largo plazo una Franja de Adecuación entre la ciudad y la Reserva
Forestal. Esta franja tiene como objetivo constituir un espacio de consolidación
de la estructura urbana y una zona de amortiguación y contención definitiva de
los procesos de urbanización de los cerros orientales.

Esta Franja estará compuesta por dos tipos de áreas a su interior: (i) Un Área
de Ocupación Pública Prioritaria, adyacente al límite occidental de la Reserva;

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y (ii) Un área de Consolidación del Borde Urbano. A Las áreas excluidas de la
reserva se les aplicarán los instrumentos previstos en la normatividad vigente
con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en el
artículo 2º de la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997).

Para garantizar la consolidación de la Franja de Adecuación, el Distrito Capital
deberá formular y adoptar el plan o los planes zonales y los planes parciales
correspondientes, para las áreas excluidas de la reserva forestal, que deberán
tener en cuenta en su formulación las siguientes determinantes:

a) No permitir construcciones en áreas con pendientes superiores a 45
grados, en zonas de ronda de quebradas y drenajes, relictos de vegetación
nativa y zonas de recarga de acuíferos;

b) Promover y proyectar la consolidación de un Área de Ocupación Pública
Prioritaria en contacto con el límite occidental de la reserva, a través del
establecimiento de parques urbanos, corredores ecológicos viales, corredores
ecológicos de ronda y de borde, integrando en lo posible las áreas verdes que
quedan excluidas en la redelimitación de la reserva forestal, de tal forma que
se constituya en espacio público de transición entre la Reserva Forestal y el
desarrollo y/o edificación, que permita la promoción y desarrollo de actividades
de recreación pasiva y de goce y disfrute del espacio público;

c) Promover y proyectar que todo proceso de desarrollo y/o edificación que
se adelante en el área de Adecuación del Borde Urbano contenga, cierre y
formalice estructural, espacial y legalmente el desarrollo urbano de la ciudad
en contacto con la reserva forestal;

d) En todos los procesos de desarrollo urbanístico dentro del Área de
Adecuación del Borde Urbano, se deberá propender por el objetivo general de
conservación y manejo de la Reserva Forestal. Por ello, la dimensión y forma
de las estructuras viales y demás infraestructura de servicios de nuevos
desarrollos que se proyecten de manera planificada, deberán ser
consecuentes y concordantes con el carácter ambiental de la reserva forestal
y promover que dichas estructuras representen el cierre del crecimiento
urbano y la generación de espacios públicos lineales dispuestos en el Área de
Ocupación Pública Prioritaria;

e) El Distrito Capital desarrollará acciones de divulgación y capacitación
sobre prevención y atención de desastres para las comunidades asentadas en
la Franja de Adecuación, así como un control estricto sobre el cumplimiento de
las regulaciones establecidas para los procesos de urbanización que se
desarrollen en la misma.

PARÁGRAFO: Hasta tanto el Distrito Capital de Bogotá, establezca la
reglamentación urbanística con base en las determinantes de ordenamiento y
manejo consagradas en la presente resolución no se permite ningún
desarrollo urbanístico ni se podrán expedir licencias de urbanismo y
construcción por parte de las Curadurías Urbanas.

ARTÍCULO SEXTO. Cualquier modificación a los criterios, determinantes
ambientales o parámetros establecidos en la presente resolución, requerirá
aprobación previa por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, mediante acto administrativo debidamente motivado.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Ordenar la publicación de la presente resolución en
el Diario Oficial y comunicar la misma a la Alcaldía Distrital, Corporación

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Departamento Administrativo del
Medio Ambiente de Bogotá, DAMA, y a la Procuraduría Judicial, Agraria y
Ambiental.

ARTÍCULO OCTAVO. Registrar la presente resolución en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Bogotá.

ARTÍCULO NOVENO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2005.
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Sandra Suárez Pérez».

B) La Resolución núm. 0519 del 22 de abril de 2005, «por medio de la cual se
aclara el artículo primero de la Resolución número 463 […]» expedida por la
ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial:

«RESOLUCIÓN 0519 DE 2005
(22 DE ABRIL DE 2005)

por medio de la cual se aclara el artículo primero de la Resolución
número 463 del 14 de abril de 2005, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en uso de sus
facultades legales y en especial las conferidas en los artículo 5º
numerales 18 y 19 y 6º de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 2º del
Decreto-ley 216 de 2003, y

CONSIDERANDO:

(…)
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Aclarar que la redelimitación del Área de Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá a que hace referencia la
Resolución 0463 del 14 de abril de 2005, fue declarada mediante el artículo
primero del Acuerdo 30 de 1976 de la Junta Directiva del INDERENA y
aprobada mediante el artículo primero de la Resolución 076 de 1977 proferida
por el Ministerio de Agricultura.

ARTÍCULO SEGUNDO. Aclarar el artículo primero de la Resolución número
0463 del 14 de abril de 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, el cual quedará así:

“Redelimitar el Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá declarada mediante el artículo 1º del Acuerdo 30 de 1976 de la
Junta Directiva del INDERENA y aprobado en el artículo 1º de la
Resolución 076 de 1977, ubicada en jurisdicción del Distrito Capital, con
el fin de armonizar los elementos de orden ambiental y territorial para su
adecuado manejo y administración, la cual quedará comprendida dentro
de los siguientes límites indicados sobre la cartografía a escala 1:10.000

24

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

del IGAC, Plano número 1 que se incorpora a la presente resolución y
descritos de la siguiente manera:”.

ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial y aclara en lo pertinente el artículo primero de
la Resolución 0463 del 14 de abril de 2005 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTÍCULO CUARTO. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución
0463 del 14 de abril de 2005 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, continúan vigentes en su integridad.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de abril de 2005.
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Sandra Suárez Pérez».

1.3 Presupuestos fácticos

1.3.1 Expediente 2005-00890 – Jorge Alberto Uribe Bernate y Heike
Munchmeyer Shaller 910

1. Sostuvieron que los actos demandados infringieron los artículos 58 de la
Constitución Política, 4, 46, 67 y 206 del Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente codificado en el Decreto 2811 de
1974, 5 del Decreto Ley 151 de 1998, 9 y 24 del Decreto 1052 de 1998, 5 y
parágrafo 3 y los artículos 7, 14 y 28 del Decreto 1600 de 2005 y el principio de
confianza legítima.

2. En el acápite de «hechos fundamentales de la acción»11 indicaron que
mediante el Decreto Distrital 981 del 4 de diciembre de 1957, el Alcalde Mayor de
Bogotá otorgó una licencia de urbanismo para la ejecución del proyecto
denominado Parcelación La Floresta. Señalaron que, en ejercicio de los derechos
conferidos por dicho acto, los predios allí ubicados adquirieron la facultad de
obtener licencias de construcción conforme a las condiciones y reglamentación
establecidas en esa disposición.

9
Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo
«9_ED_Cuaderno5Parte1_07Cuaderno5P1Folio1Al201.pdf(.PDF)», páginas 6-24.
10
Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo
«9_ED_Cuaderno5Parte1_07Cuaderno5P1Folio1Al201.pdf(.PDF)», páginas 6-24.
11
Visible a folio 13 ibídem.

25

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Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

3. Sin embargo, resaltaron que no le fue posible obtener una licencia de esa
naturaleza como consecuencia de la emisión de la Resolución 0463 de 2005, por
parte del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que
redelimitó la reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá, se adoptó su
zonificación y se reglamentaron sus usos y se establecieron las determinantes
ambientales en esa zona.

4. En el cargo denominado «violación de las normas en que debería
fundarse»12, resaltaron que con la expedición de la Resolución 0463 de 2005, por
parte de la autoridad demandada, se los privó de desarrollar urbanísticamente su
inmueble a pesar de que con anterioridad a la vigencia de ese acto sí estaba
autorizada la realización de obras de infraestructura en ese sector gracias a la
habilitación dispuesta el Acuerdo 6 de 1990 y los Decretos Distritales 981 de 1957,
320 de 1999, 619 de 2000, 469 de 2003 y 190 de 2004 y el Decreto Nacional 1052
de 1998.

5. Expusieron que en el artículo 517 del Plan de Ordenamiento Territorial del
Distrito Capital adoptado en el Decreto 619 del 28 de julio de 2000, se clasificó la
urbanización Floresta de la Sabana dentro del suelo urbano. Asimismo,
aseveraron que el artículo 478 ibídem, estableció como régimen de transición que
las normas sobre usos de suelo contenidas en el Acuerdo 6 de 1990 y sus
decretos reglamentarios, continuarían vigentes hasta que se regule dicho plan, por
lo que en su criterio, para el momento de emisión de los actos demandados, eran
aplicables a su caso en concreto los Decretos 320 de 1992, 981 de 1957 y el
artículo 369 del Decreto 190 de 2004, que determinaban que su inmueble estaba
en un suelo de consolidación urbana.

6. Alegaron que los artículos 58 Superior y 28 de la Ley 153 de 1887 protegen
los derechos adquiridos de los particulares y que, en similar sentido, lo han hecho
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 12 de diciembre de
1974, cuyo radicado no identificó y la Corte Constitucional en fallo C-147 de 1997.

12
Visible a folio 68 ibídem

26

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Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

7. Mencionaron que para determinar la existencia de un derecho adquirido se
debe tener en cuenta: (i) la situación jurídica individual, (ii) que la misma esté
definida y consolidada, (iii) bajo el imperio de la Ley y (iv) se incorpore válida y
definitivamente al patrimonio de una persona. Destacaron que en el presente
asunto se reúnen dichos elementos, pero que en la Resolución 0463 de 2003, el
Ministerio de Ambiente Ciudad y Territorio no reconoció los derechos adquiridos
de las personas que compraron inmuebles en la Parcelación La Floresta.

8. Trajeron a colación el contenido literal de los artículos 4º y 47 del Decreto Ley
2811 de 1974, para señalar que, si bien esas disposiciones permiten la
declaratoria de zonas reserva para la protección y conservación de los recursos
naturales, también era cierto que debían respetarse los derechos legalmente
adquiridos por los propietarios de los inmuebles que allí existían. Anotaron que
contrario a ello, a través de la Resolución Ejecutiva No. 076 de 1977, el entonces
INDERENA declaró área de reserva forestal la zona denominada Bosque Oriental
de Bogotá, omitiendo la habilitación de urbanización dispuesta en el Decreto
Distrital 981 del 4 de diciembre de 1957.

9. Afirmaron que, de acuerdo con el artículo 67 del mencionado Código de
Recursos Naturales Renovables, las limitaciones sobre el dominio que se
impongan sobre inmuebles deben inscribirse en las oficinas de instrumentos
públicos. No obstante, señalaron que esto no ocurrió en el presente asunto, pues
cuando el INDERENA inscribió la aludida Resolución Ejecutiva No. 076 de 1977,
lo hizo invocando los artículos 96 y 97 del Código Fiscal, por lo que otorgó a esos
bienes un tratamiento de baldíos. Alegaron que esto ignoró la realidad de la zona,
ya que alrededor de la capital de la República la mayoría de las tierras tienen
títulos de propiedad anteriores a 1821. Expusieron que esta situación condujo a la
vulneración de los derechos al debido proceso y a la Ley agraria, ya que se pasó
por alto el procedimiento para la clarificación de la naturaleza de esos inmuebles
antes de asumir que eran baldíos y convertirlos en bienes públicos

10. Sostuvieron que posteriormente en el artículo 8º de la Resolución 463 de
2005, proferida por el MADS se ordenó registrar la limitación al derecho de
dominio previsto en dicho acto en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos

27

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

de Circulo de Bogotá. Sin embargo, alegaron que el alcance de ese mandato no
tenía correspondencia en la parte motiva de ese acto, por lo que no era clara la
forma en la que se debía cumplir el mismo.

11. Resaltaron que al parecer, dicha orden también encontraba sustento legal en
lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del Código Fiscal Nacional, circunstancia que,
a su juicio, se traduciría nuevamente en el desconocimiento del artículo 67 del
Decreto Ley 2811 de 1974 en concordancia con el parágrafo 6º del artículo 5 de la
Ley 99 de 1993 y el Decreto 981 de 1957.

12. Adujeron que el MADS debió por lo menos, emitir un régimen de transición en
los actos enjuiciados, en el que se indicara que las parcelaciones desarrolladas
mantenían los derechos otorgados por las normas que les dieron origen.

13. Tras referirse al artículo 28 del Decreto 1600 de 2005, el parágrafo 3 del
artículo 7 del Decreto 1600 de 2005 y el literal a) del artículo 5 del Decreto Ley 151
de 1998, resaltaron que gozan de un derecho intangible sobre su patrimonio que
no puede ser vulnerado por la entidad demandada. En ese sentido, manifestaron
que de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 9 del Decreto 1052 de 1998 y del
artículo 14 del Decreto 1600 del 20 de mayo de 2005, las licencias de construcción
deben ser expedidas con fundamento en las normas vigentes al momento de la
correspondiente solicitud.

14. Sobre el desconocimiento al «principio de la confianza legítima»13, luego de
mencionar cuál era el alcance del mismo en la doctrina y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional en sentencias T-617 de 1995, C-478 de 1998, C-355 de 2003
y C-131 de 2004, aseveraron que lo mínimo que se esperaba de la Administración
es que cuando realice un cambio brusco e intempestivo de regulación adopte las
medidas de transición dirigidas a lograr el respeto de los derecho adquiridos de los
habitantes de los cerros orientales, sin que así se hiciera. Asimismo, reprocharon
que no se fijó un marco para que las Curadurías Urbanas puedan emitir las

13
Visible a folio 82 del Cuaderno del Tribunal.

28

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

correspondientes licencias de construcción que fueron solicitadas por los
propietarios de esa zona.

15. Frente al «al desconocimiento del Plan de Ordenamiento y Manejo de los
Cerros Orientas (Sic) (POMCO)»14, afirmaron que la CAR y el Departamento
Administrativo del Medio Ambiente -DAMA, con la participación del MADS,
desarrollaron una acción conjunta para la recolección y generación de la
información necesaria para la formulación del POMCO. Señalaron que una vez
agotado dicho procedimiento se emitiría el correspondiente acto de
reordenamiento de esa reserva, con sus determinantes ambientales para las
diferentes zonas de manejo. No obstante, alegaron que pese a ello, la cartera
ministerial demandada expidió de manera unilateral la Resolución 0463 del 14 de
abril de 2005, ignorando la concertación ciudadana del citado POMCA y
desconociendo los principios de confianza debida, participación, legalidad y los
artículos 14 y 28 del CCA.

16. Respecto del cargo de falsa motivación, expusieron que la Resolución 0463
de 2005, demandada, se basa en la existencia de la Reserva Forestal Cerros
Orientales declarada en la Resolución Ejecutiva 076 de 1977. No obstante,
alegaron que éste último acto, en su artículo 10º estableció como requisito para su
validez que se registrara la afectación producto de dicha declaratoria en los
respectivos folios de matrícula inmobiliaria de los predios en esa zona, sin que ello
hubiera ocurrido. En consecuencia, sostuvieron que los inmuebles de los cerros no
podrían ser considerados como integrantes de esa área de reserva, pues no se
cumplió con el anotado requisito esencial para ese fin.

17. Expusieron que la falta de inscripción en dichos folios de matrícula inclusive
fue reconocida por la entidad demandada en respuesta a un derecho de petición
con radicado el 13 de septiembre de 2004 y por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia del 1 de marzo de 2001, por lo que era clara la falsa
motivación de la Resolución 0463 del 14 de abril de 2005, toda vez que la reserva
forestal que se pretendía redelimitar carecía de validez.

14
Visible a folio 89 del Cuaderno del Tribunal.

29

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

18. Sobre la «pérdida de ejecutoria de la Resolución Ejecutiva 076 del 30 de
marzo de 1977»15, mencionaron que de acuerdo con el artículo 66 del CCA los
actos administrativos pierden dicha fuerza cuando pasan más de cinco años (5) de
estar en firme y la Administración no ha realizado los actos que le correspondan
para ejecutarlos, circunstancia que aconteció en este asunto toda vez que, a la
fecha de interposición de la demanda, el Acuerdo 30 de 1976 adoptado mediante
la Resolución Ejecutiva 076 de 1977 no se registró en la Oficina de Registros
Públicos.

19. En cuanto a la «inaplicabilidad del Acuerdo 30 de 1976 del INDERENA y de la
Resolución Ejecutiva 076 del 30 de marzo de 1977», aseveraron que la aludida
reserva nunca estuvo delimitada cartográficamente, de modo que era de imposible
cumplimiento el requisito de validez concerniente a la inscripción de la limitación
de dominio de los predios que se ubicaban en la misma. Dicha circunstancia
probaba la falsa motivación de la Resolución 0463 de 2005, pues allí se ordenó
realinderar una reserva que carecía de aplicabilidad.

20. De la «falta de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial»16, anotaron que en la Resolución 0463 de 2005 se establecieron las
zonas en las que estaba dividida la zona de reserva y sus usos de suelo. No
obstante, advirtieron que dicha facultad correspondía a los municipios y distritos
conforme a los artículos 311 y 313 numeral 7 de la Carta Política.

21. Expresaron que, para el caso del Distrito Capital, en el numeral 5 del artículo
12 del Decreto Ley 1421 de 1993, se facultó al Concejo Distrital para la
reglamentación de los usos de suelo y que en el numeral 4 del artículo 38 ibidem
se le otorga al Alcalde Mayor la atribución de ejercer la potestad reglamentaria.
Por ende, aludieron a que era al Concejo de Bogotá a quien le correspondía definir
los usos en el área correspondiente a la reserva forestal de los cerros orientales.

15
Visible a folio 95 del Cuaderno del Tribunal
16
Visible a folio 102 del Cuaderno del Tribunal

30

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Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

1.3.2 Expediente 2005 00885 – Diana Gómez Koop, Ángela Gómez Koop y
Milena Gómez Koop17

22. Los demandantes señalaron que los actos demandados desconocen los
artículos 58 de la Constitución Política, 4, 46, 67 y 206 del Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente codificado en
el Decreto 2811 de 1974, 5 del Decreto Ley 151 de 1998, 9 y 24 del Decreto 1052
de 1998, 5 y parágrafo 3 y los artículos 7, 14 y 28 del Decreto 1600 de 2005 y al
principio de confianza legítima.

23. En el acápite de «Hechos respecto de los predios»18 refirieron que el 24 de
diciembre de 1994, adquirieron los inmuebles denominados como Alpes de la
Suiza y Castilla la Vieja. Expresaron que, en el Decreto Distrital 1015 del 22 de
noviembre de 2000, el Alcalde de Bogotá asignó un tratamiento urbanístico
especial a la zona en la que dicho inmueble se encontraba y se establecieron las
normas conforme a las cuales se podía obtener una licencia construcción, siempre
que se sustrajera esa área de la reserva forestal de los cerros orientales.

24. Alegaron que la Resolución 076 de 1977 era inaplicable, toda vez que no
fueron cumplidos los requisitos fijados para su validez, esto, la inscripción de la
limitación de dominio en los respectivos folios de matrícula. Anotó que el requisito
dispuesto para esos efectos en el artículo 23 Decreto Distrital 1015 de 2000 era
«absurdo»19 pues no era posible sustraer una reserva que no había surtido
efectos.

25. Precisaron que con la emisión de la Resolución No. 0463 del 14 de 2015, se
atentó contra su patrimonio económico toda vez que se les imposibilitó el
desarrollo urbano en su predio, en una clara infracción del Decreto Distrital 1015
de 2000.

17
Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo
«3_ED_CuadernoPpalParte2_02CuadernoPrincipalP2Folio201Al482.pdf(.PDF)», páginas 6-24.
18
Visible a folio 13 ibídem.
19
Visible a folio 14 ibídem

31

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Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

26. De otro lado, esgrimieron idénticos argumentos a los expuestos en la
demanda con radicado 2005 00890. Agregaron que la Alcaldía de Bogotá emitió
varios de Decretos de Asignación y Tratamiento para predios ubicados en esa
ciudad, dentro de los cuales se encuentra el Decreto Distrital 1015 del 22 de
noviembre de 2000. Manifestaron que como en esa norma se estableció la
posibilidad de desarrollar los usos urbanos teniendo en cuenta las restricciones allí
señaladas, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, había
desconocido su derecho adquirido de construir en esa zona.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

27. El MADS, contestó la demanda en el proceso 2005-00891, con fundamento
en las siguientes consideraciones:

28. Luego de referirse a la Constitución Política, a la Ley 99 de 1993, a la Ley 388
de 1997 y al Decreto 2811 de 1974, indicó que mediante el Acuerdo 30 de 1976 se
declaró el Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Alegó
que en el artículo 30 de dicho Acuerdo se dispuso que las obras y edificaciones
requerían licencia previa conforme con la normativa distrital vigente. Expuso que
este acto fue aprobado por el Gobierno Nacional mediante la Resolución Ejecutiva
No. 076 de 1977, publicada en el Diario Oficial No. 3477 del 3 de mayo del mismo
año y divulgada en los municipios con jurisdicción en el área de reserva en el año
2003, aclarando que tal circunstancia no afecta su validez ni su oponibilidad.

29. Añadió que se ordenó el registro de la afectación de los inmuebles existentes
con fundamento en los artículos 96 y 97 del Código Fiscal Nacional, cuyo
propósito era destinar los baldíos objeto de reserva al servicio público nacional.

30. Afirmó que el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, adoptado mediante
el Decreto 619 de 2000, incorporó los Cerros Orientales dentro de la estructura
ecológica principal del Distrito y de la región.

31. Expuso que mediante sentencia del 1 de marzo de 2001, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro de una acción de cumplimiento, ordenó al
Ministerio adelantar las gestiones necesarias para inscribir la Resolución Ejecutiva

32

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No. 076 de 1977 en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Indicó
también que en dicho fallo se dispuso su publicación en los municipios de
Villapinzón, Chocontá, Sesquilé, Guasca, Gachancipá, Sopó, Cogua, Zipaquirá,
Cajicá, Chía, La Calera, Cota, Sibaté y Bogotá.

32. Sostuvo que, para dar cumplimiento a esa providencia, ordenó la publicación
señalada y, respecto del registro, ante la ausencia de información catastral
suficiente, suscribió un contrato interadministrativo con el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi para generar, organizar y sistematizar la información básica y
temática del área; dicho contrato produjo la cartografía base de la reserva y el
levantamiento de la cobertura y uso del suelo. Agregó que, con esa información,
en el Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales –POMCO– se
decidió mantener la figura jurídica de Reserva Forestal Protectora y proceder a su
realinderación

33. Manifestó que en sentencia del 30 de enero de 2004, la Sección Primera del
Consejo de Estado precisó que la Resolución Ejecutiva No. 076 del 31 de marzo
de 1977 no estaba viciada de ilegalidad por no haberse publicado en las
cabeceras urbanas de los municipios ni por la ausencia de registro en las Oficinas
de Registro de Instrumentos Públicos.

34. Refirió que el Ministerio sí era competente para redefinir los linderos del Área
de Reserva Forestal declarada en la Resolución No. 076 de 1977 y para adoptar
su zonificación interna, en virtud del artículo 8º de la Ley 165 de 1994, los
numerales 18 y 19 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y el numeral 10 del artículo
6 del Decreto Ley 213 de 2003.

35. Posteriormente, explicó los criterios técnicos considerados para expedir la
Resolución No. 0463 de 2005, basados fundamentalmente en la información
cartográfica producida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sostuvo que
dicha información evidenció que en la Reserva subsisten áreas con cobertura
vegetal en buen estado que requieren protección. Añadió que allí se desarrollaban
actividades incompatibles con los usos previstos en el artículo 206 del Decreto Ley
2811 de 1974, lo que hacía necesario implementar un instrumento de
planificación, ordenamiento y manejo para restaurar y recuperar el área.

33

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Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

36. Respecto del presunto desconocimiento del artículo 58 de la Constitución, citó
la sentencia C-293 de la Corte Constitucional y una providencia del Consejo de
Estado del 12 de agosto de 1999 dentro del expediente 5500, para sostener que
no se vulneró ningún derecho adquirido. Señaló que cuando estos se enfrentan
con un derecho de carácter colectivo, como el goce de un ambiente sano, debe
prevalecer este último.

37. Sostuvo que la Resolución No. 0463 de 2005 es un acto de carácter general y
abstracto, por lo que no revocó ni modificó licencia de construcción o urbanismo
alguna. En ese sentido, afirmó que no se infringieron los artículos 5 del Decreto
Ley 151 de 1998, 9 y 24 del Decreto 1052 de 1998, parágrafo 3 del 17, 14 y 28
del Decreto 1600 de 2005.

38. El MADS contestó la demanda en el proceso 2005-00885, en similares
términos a los expuestos en el proceso en el proceso 2005-00890

39. Mediante sentencia calendada el 26 de mayo de 2015, la Subsección C en
Descongestión de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, declaró probada la excepción de inepta demanda y se inhibió de
pronunciarse de fondo sobre las pretensiones del libelo introductorio.

40. Inconformes con ello los demandantes de los procesos acumulados,
actuando de forma conjunta con el mismo apoderado, interpusieron recurso de
apelación solicitando que fuera revocada.

41. En fallo del 26 de julio de 2018, la Sala de Decisión de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, revocó la providencia apelada y ordenó devolver el expediente
al Tribunal para que se pronunciara de fondo sobre los cargos de los libelos
introductorios.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

42. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 25 de junio de 2020, resolvió:

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

«TERCERO.- NIÉGANSE las pretensiones de las demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuestas por los señores Jorge Alberto Uribe
Bernate y Heike Munchmeyer Shaller, de una parte; y por la otra, Diana
Gómez Koop, Ángela Gómez Koop y Milena Gómez Koop»

43. El Tribunal analizó de manera conjunta los cargos relacionados con la
presunta violación de las normas superiores en que debía fundarse el acto, la falsa
motivación y la pérdida de fuerza ejecutoria. Señaló que tras la revisión del
expediente se evidenció que, conforme a la información suministrada por el
Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Bogotá, el predio
denominado La Floresta se encontraba ubicado en una zona suburbana de
preservación, clasificada dentro de la zona de manejo No. 1. Del mismo modo,
según la Escritura Pública núm. 2171 del 24 de diciembre de 1990, los predios
denominados Altos de Belgravia, Castilla la Vieja y Alpes de Suiza son resultado
de la segregación de un inmueble de mayor extensión conocido como Suiza A, el
cual se encontraba incluido en el área de reserva forestal desde el año 1976.

44. Argumentó que los demandantes buscaban que el Distrito autorizara la
incorporación de los predios como un nuevo desarrollo urbano, con el fin de que
se les asignara un tratamiento especial de conservación, objetivo que fue
alcanzado mediante la expedición del Decreto 1015 de 2000. No obstante, dicho
decreto fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
mediante sentencia del 30 de octubre de 2008, dentro del expediente 25000 23 24
000 2003 00947 00, decisión que posteriormente fue confirmada en segunda
instancia por esta Corporación mediante fallo del 11 de octubre de 2013.

45. Consideró que la norma que fundamentó los actos demandados, esto es, el
Acuerdo 030 de 1976 del INDERENA, cumplía con los requisitos de validez,
aprobación y publicidad exigidos para su vigencia. En efecto, explicó que dicho
Acuerdo fue debidamente aprobado por el Gobierno Nacional mediante la
Resolución Ejecutiva 076 de 1977, expedida por el Presidente de la República y
publicada en el Diario Oficial No. 34777 del 3 de mayo de 1977. En relación con el
requisito de publicidad del Acuerdo 030 de 1976 en las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., Facatativá y Zipaquirá, señaló que,
conforme lo sostuvo el apoderado de la entidad demandada y en virtud de lo
ordenado por esta Sección en sentencia del 30 de enero de 2004, con ponencia

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

de la consejera Olga Inés Navarrete Barrero, dicho acto fue efectivamente
publicado en cumplimiento de una sentencia de acción de cumplimiento. En
consecuencia, el anotado acto produjo efectos jurídicos y era plenamente oponible
a los propietarios de los predios involucrados.

46. Frente al cargo de pérdida de fuerza ejecutoria del Acuerdo 030 de 1976,
señaló que su publicación en las cabeceras municipales y su inscripción en las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos se realizaron 25 años después de
su expedición, en cumplimiento de una sentencia de acción de cumplimiento
proferida en 2001. No obstante, precisó que tal circunstancia únicamente incide en
los efectos jurídicos del Acuerdo mientras no se hubiese surtido su publicidad,
pero no compromete su validez. En esa medida, no es jurídicamente sostenible
afirmar que el retraso en su publicación produjo la pérdida de fuerza ejecutoria del
acto, ni que ello de lugar a la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 463 del
14 de abril de 2005 y 519 del 22 de abril de 2005.

47. En cuanto al cargo por falta de competencia, indicó que los actos
demandados no guardaban una relación directa con la regulación del uso del
suelo en el Distrito Capital. Si bien el artículo 313 de la Constitución Política y el
Decreto Distrital 190 de 2004 hacen referencia a dicha materia, tales disposiciones
no resultaban aplicables para desvirtuar la competencia del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial respecto de la redelimitación de la
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Precisó que dicha
facultad se encuentra expresamente atribuida al Ministerio en el numeral 28 del
artículo 5 de la Ley 99 de 1993.

47. Agregó que, tratándose de la protección ambiental de la Sabana de Bogotá,
sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos,
existe una restricción a la competencia de las autoridades distritales en materia de
uso del suelo, en la medida en que sus decisiones deben supeditarse a las
normas que, a nivel nacional, expida el MADS. En esa medida, las resoluciones
cuestionadas en este proceso, mediante las cuales se redelimitó la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, constituyen el ejercicio legítimo de
dicha competencia. Precisó que en virtud de la protección de las zonas de reserva,
correspondía al Ministerio alinderar las áreas sujetas a conservación, tal como lo

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

hizo mediante la Resolución 463 del 14 de abril de 2005, modificada por la
Resolución 519 del 22 de abril de 2005.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

48. Los accionantes interpusieron y sustentaron oportunamente el recurso de
apelación20 contra la sentencia proferida en primera instancia el 25 de junio de
2020, actuando de forma conjunta bajo un mismo apoderado. Los argumentos en
contra de esa decisión se sintetizan a continuación:

4.1. «Falsa motivación: La Resolución 0463 de 2005 fundamenta su
expedición en un acto administrativo ineficaz para el momento de su
expedición»21

49. Al respecto señalaron que la anotada disposición demandada se fundamentó
en la declaratoria de la Reserva Forestal de los Cerros Orientales, efectuada
mediante la Resolución Ejecutiva No. 076 de 1977, por la cual se aprobó el
Acuerdo No. 30 de 1976. Asimismo, indicó que dicha resolución, en su artículo
final, estableció que para la eficacia de esa decisión era necesario registrar la
afectación en los respectivos folios de matrícula, en cumplimiento del Decreto Ley
133 de 1976. En consecuencia, para que dicho acto fuera oponible, era
indispensable la realización de los registros correspondientes.

50. En ese sentido indicaron que para el momento de la expedición de la
Resolución No. 463 de 2005, no se había cumplido el requisito de inscripción en
los folios de matrícula inmobiliaria, de modo que no se había satisfecho uno de los
requisitos necesarios para la eficacia del acto administrativo que la declaró.

51. Sostuvieron que tratándose de bienes privados ubicados dentro de los
linderos fijados por el Acuerdo 30 de 1976, el registro exigible no era el previsto en
los artículos 96 y 97 del Código Fiscal Nacional. En su criterio, la inscripción debía

20
Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivos:
«7_ED_Cuaderno5Parte1_07Cuaderno5P1Folio1Al201.pdf(.PDF)», páginas 252-265.
21
Visible a folio 217 del Cuaderno del Tribunal.

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

realizarse conforme al procedimiento establecido en el artículo 67 del Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables, aplicable a las afectaciones
ambientales sobre predios de propiedad particular.

52. Discreparon del Tribunal al considerar que aun cuando la publicación y el
registro del Acuerdo 30 de 1976 constituyan requisitos de eficacia y no de validez,
lo cierto es que la Resolución 0463 de 2005 se sustentó en un acto administrativo
que, para ese momento, carecía de efectos jurídicos.

4.2. «Desconocimiento de los argumentos planteados en la demanda: el fallo
proferido no se pronunció sobre la totalidad del cargo de infracción a norma
de superior jerarquía en las que debieron fundarse los actos cuestionados»

53. Alegaron que el Tribunal no se pronunció de manera íntegra sobre el cargo
relativo a la infracción de las normas en que debieron fundarse los actos
demandados, pues no analizó de fondo la presunta vulneración de las
disposiciones mencionadas en la demanda con ocasión de la expedición de la
Resolución 0463 de 2005, particularmente las relacionadas con el
desconocimiento de los derechos adquiridos. Sostuvieron que el a quo se limitó a
afirmar que el Decreto 1015 de 2000 había perdido vigencia, sin examinar el
contenido normativo cuya infracción se alegaba.

54. Añadieron que las consideraciones del Tribunal relativas a la validez del
Decreto 1015 de 2000 desconocieron que, al momento de interponerse la
demanda, dicho decreto se encontraba vigente, por lo que su contenido debió ser
valorado para efectos del cargo de desconocimiento de derechos adquiridos. En
ese sentido, reiteraron que con la expedición de la Resolución 0463 de 2005 se
desconocieron el artículo 58 de la Constitución Política y los artículos 4 y 47 del
Decreto 2811 de 1974, en la medida en que no se respetaron los derechos
adquiridos de los particulares. Afirmaron que frente a un cambio regulatorio, lo
mínimo exigible a la Administración era la adopción de un régimen de transición
que garantizara la continuidad y estabilidad de las situaciones consolidadas.
Agregó que también se vulneró el principio de confianza legítima, toda vez que los
ciudadanos participaron en la formulación del POMCO, pero sus aportes no fueron
considerados al momento de expedir el acto acusado.

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
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4.3. «Falta de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial»22

55. Insistieron en que la entidad demandada carecía de competencia para
determinar y reglamentar los usos del suelo, como ocurrió con la realinderación de
la Reserva Forestal, por cuanto dicha facultad ha sido asignada de manera
exclusiva y excluyente a los municipios y distritos. Afirmaron que corresponde a
estas entidades la reglamentación de los usos del suelo, conforme lo disponen los
artículos 311 y 313, numeral 7, de la Constitución Política; el numeral 5 del artículo
12 del Decreto Ley 1421 de 1993; el inciso 3º del artículo 61 de la Ley 99 de 1993;
y los artículos 5º y 8º de la Ley 388 de 1997.

56. Indicaron que si bien el artículo 5, numeral 28, de la Ley 99 de 1993 confiere a
la anotada cartera ministerial la facultad de reservar, alinderar y sustraer las áreas
que integran el Sistema de Parques Naturales y las reservas forestales
nacionales, y reglamentar su uso y funcionamiento, dicha atribución no comprende
la determinación de los usos del suelo al interior de la reserva. Precisaron que
esta potestad permanece radicada de manera exclusiva en los entes territoriales,
por lo que no podía ser ejercida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

V. ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

56. El Despacho Sustanciador mediante auto de 22 de septiembre de 202123,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida en primera instancia el 25 de junio de 2020, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

57. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación, el Despacho
Sustanciador, mediante auto proferido el 3 de noviembre de 202124, corrió traslado

22
Visible en el índice 222 del Cuaderno del Tribunal.
23
Cfr. índice núm. 5 del expediente digital de Samai.
24
Cfr. índice 10 del expediente digital de Samai.

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Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
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a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que emitiera el concepto.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

58. Los accionantes en los procesos acumulados reiteraron los argumentos
del escrito de alzada25.

59. La parte demandada no se pronunció en esta oportunidad procesal.

VII. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

60. El Agente del Ministerio Público no emitió ningún pronunciamiento26.

VIII. CONSIDERACIONES

8.1. Competencia

61. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política, lo ordenado en los artículos 129 y 132 (numeral 3) del CCA y en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 201927, la Sección Primera del Consejo de Estado
es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

8.2. De la controversia sobre el análisis de los cargos planteados en el
libelo introductorio

62. Se estudiará si es cierto que el Tribunal en la sentencia recurrida no analizó
los cargos de vulneración de normas superiores expuestos en los libelos
introductorios, particularmente, los relacionados con el desconocimiento de los
derechos adquiridos.

25
Cfr. índice 14 del expediente digital de Samai.
26
Cfr. índice 16 del expediente digital de Samai.
27
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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63. Con miras a analizar dicho reproche, es menester traer a colación lo expuesto
en la sentencia recurrida sobre particular:

« 6.1 Violación de las normas de superior jerarquía en las que debieron.
fundarse los actos cuestionados En relación con este cargo la parte actora
manifestó que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
infringió los artículos 58 de la Constitución Política; 4, 46, 67 y 206 del Decreto
2811 de 1974; 5 del Decreto 151 de 1998; 9 y 24 del Decreto 1052 de 1998 y,
5, 7 (parágrafo 3), 14 y 28 del Decreto 1600 de 2005.

(…)

Sobre los derechos adquiridos, de manera previa, con respecto a los los
predios objeto de las demandas

La parte actora señala que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente, INDERENA, mediante el Acuerdo 30 de 1976,
creó la Reserva Forestal Protectora "Bosque Oriental de Bogotá".

Una vez revisado el expediente para el caso del predio denominado "La
Floresta", se observa que el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital de Bogotá informó que este se encontraba "en una zona suburbana
de preservación, ubicada en la zona de manejo No. 1 (cota 2700-2800)-Usos
principales Forestal recreativo pasivo" (Fl. 171 с.5).

Por su parte, para los predios denominados "Altos de Belgravia", "Castilla la
Vieja" y "Alpes de Suiza", revisada la Escritura Pública No. 2171 del 24 de
diciembre de 1990, se aprecia que los mismos son producto de la segregación
de un inmueble de mayor extensión conocido como la "Suiza A", el cual se
encontraba ubicado en la zona de reserva forestal, desde 1976 (Fls. 123 a 142
с.1).

En la demanda, el apoderado de las actoras afirmó que con la expedición de
la Resolución 463 de 2005, se vulneraron derechos adquiridos por estas,
mediante el Decreto 1015 del 22 de noviembre de 2000, el cual señaló:

(…)

Precisado lo anterior, se advierte que las demandantes pretendieron, a través
de la petición, que la Alcaldía Mayor de Bogotá, aprobara la incorporación de
los predios, como un área nueva urbana, para que se les asignara un
tratamiento especial de conservación, toda vez que hacían parte de la
Reserva Forestal Protectora-Bosque Oriental de Bogotá, como el mismo
Decreto lo señala, en virtud de la Resolución 76 de 1977, incorporación que se
logró, en efecto, mediante el Decreto 1015 de 2000.

Sin embargo, tales derechos adquiridos como los denomina el apoderado de
la parte demandante, no se encuentran vigentes, pues como se señaló en el
acápite de hechos probados, mediante sentencia del 30 de octubre de 2008,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
con ponencia del Magistrado William Giraldo Giraldo, dentro del medio de
control de simple nulidad, radicado con el número 250002324000200300947,
declaró la nulidad del Decreto 1015 de 2000, por considerar lo siguiente:

(…)

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Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

La decisión anterior fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, Consejera ponente María Claudia Rojas Lasso, mediante decisión
del 11 de octubre de 2013, según la cual el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.
tenía vedado otorgar a esos predios un uso diferente de los suelos, pues para
ello, y solamente por razones de utilidad pública o interés social, requería de
un pronunciamiento previo y favorable del Ministerio del Medio Ambiente (para
la época), sobre su sustracción del área de Reserva Forestal fijada en la
Resolución 76 de 1977, expedida por el Presidente de la República.

Así las cosas, no hay duda que con respecto al predio denominado "La
Floresta", desde antes de que se profiriera la Resolución 463 de abril de 2005,
hacía parte de la Reserva Forestal determinada desde 1976 a través del
Acuerdo 030 de 1976; de otra parte, con respecto a los predios "Alpes de
Suiza", "Castilla la Vieja" y "Altos de Belgravia", segregados de "La Suiza A",
se observa que estos integran la Reserva Forestal Protectora del Bosque
Oriental de Bogotá, condición adquirida, al igual que el predio señalado
previamente, desde el Acuerdo 30 de 1976 del INDERENA, sin que para el
caso sea aplicable la determinación tomada en el Decreto 1015 de 2000, pues
como se señaló previamente dicha norma fue declarada nula y, por lo tanto,
no tiene efectos jurídicos sobre los últimos tres predios señalados.

En conclusión, la Sala desestimará el argumento del apoderado de la parte
actora en cuanto señaló que los demandantes, habían adquirido derechos
sobre el suelo (urbanizable) de sus predios, que habían sido vulnerados con la
expedición de la Resolución 463 de 2005, pues como se señaló en el párrafo
anterior, desde 1976 tales predios hacen parte de la Reserva Forestal
Protectora del Bosque Oriental de Bogotá.

Sobre los requisitos de validez del Acuerdo 030 de 1976, expedido por el
INDERENA

El apoderado de los demandantes, considera que los actos demandados,
adolecen de falsa motivación toda vez que la Resolución 463 de 2005 tuvo
como punto de partida la existencia de la Reserva forestal de los Cerros
Orientales de Bogotá, prevista en el Acuerdo 30 de 1976 del INDERENA Y
aprobada a través de la Resolución Ejecutiva 76 de 1977, expedida por el
Presidente de la República, normas de carácter ambiental sujetas, para su
validez, al cumplimiento de unos requisitos, entre ellos, la inscripción del acto
en las oficinas de registro de instrumentos públicos de Bogotá, Facatativá y
Zipaquirá, sin el cual la presunta afectación de la zona no producía efectos.

En consecuencia, considera la parte actora que el Acuerdo 30 de 1976 del
INDERENA perdió fuerza ejecutoria porque transcurridos cinco (5) años desde
de su expedición (numeral 3 del artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo), la administración no procedió al registro correspondiente.

Para resolver, se considera lo siguiente.

El artículo 10 del Acuerdo 030 de 1976, expedido por el INDERENA, dispone:

(…)

De acuerdo a la norma transcrita, era requisito de validez de mencionado
Acuerdo, su aprobación y autorización por parte del Gobierno Nacional y su
publicación en las cabeceras de los municipios, así como su inscripción en las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., Facatativá y
Zipaquirá.

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El primero de los requisitos se cumplió mediante la expedición de la
Resolución Ejecutiva 076 de 1977 (transcrita anteriormente), expedida por el
Presidente de la República, la cual se publicó en el Diario Oficial No. 34777
del 3 de mayo de 1977.

Con respecto al segundo requisito, esto es, la publicidad del Acuerdo 30 de
1976, proferido por el INDERENA, se trae a colación lo señalado por el
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejera ponente Olga Inés Navarrete
Barrero, en sentencia del 30 de enero de 2004, dentro del medio de control de
nulidad.

(…)

De lo anterior se desprende que el Acuerdo 30 de 1976, expedido por el
INDERENA, sí fue publicado dando ejecución a una sentencia de acción de
cumplimiento, tal y como lo señaló el apoderado de la parte demandada en su
contestación de la demanda y, por lo tanto, es un acto que produjo efectos y
que fue conocido, pues como consecuencia de ello, se solicitó su estudio de
legalidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
providencia previamente relacionada, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

En relación con la vigencia de los actos administrativos, la Corte
Constitucional en sentencia C-597 de 1999 MP Tafur Galvis, señaló.

(…)

De acuerdo con lo anterior, el cargo de falsa motivación no prospera, toda vez
que contrario a lo afirmado por el apoderado de la parte demandante, el
Acuerdo 30 de 1976, proferido por el INDERENA, norma que motivó la
expedición de la Resolución 463 de 14 de abril de 2005, cumplió con el
correspondiente requisito de validez

De otro lado en lo que hace a la pérdida de fuerza ejecutoria del Acuerdo 030
de 1976, expedido por el INDERENA y de la Resolución 076 de 1977,
proferida por el Presidente de la República, el artículo 66 del CCA dispuso:

(…)

Aduce el apoderado de la demandante, que al momento de presentar la
demanda, habían transcurrido 28 años, sin que el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial cumpliera con la obligación allí establecida,
generando no solo la inexistencia de la Reserva Forestal de los Cerros
Orientales por falta de uno de sus requisitos de validez, establecido en la
misma, sino también la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo
respectivo.

La Sala precisa sobre el particular, en primer orden, que de acuerdo con lo
expuesto en precedencia, como la publicación del Acuerdo 030 de 1976 no es
un requisito de validez, no afecta en absoluto la existencia de la Reserva
Forestal de los Cerros Orientales.

Ahora bien, frente al tiempo que transcurrió entre la firmeza del Acuerdo 030
de 1976 y su publicación, esto es, año 2001, la Sala debe precisar, como se
señaló en párrafos anteriores, que tal situación corresponde a un tema de

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eficacia del acto administrativo; y, en tal sentido, dicho aspecto no determina
la legalidad o no del acto.

En otras palabras, la validez de un acto administrativo no está condicionada
por su eficacia, esto es, con la producción de sus efectos (eficacia jurídica);
sino que la legalidad está vinculada al momento de su nacimiento a la vida
jurídica.

En este sentido, el Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia del 28
de junio de 1996, sobre el decaimiento de los Actos Administrativos, precisó:
"Por tanto, cuando, por el paso de tiempo, el acto demandado perdió su
eficacia en la vida jurídica por alguna de las causas que originan la pérdida de
fuerza ejecutoria (CCA, art.66), salvo las relativas a declaración judicial,
significa que el acto dejó de producir efectos hacia el futuro, más ese tipo de
pérdida de eficacia que se genera hacia el futuro, de una parte, no toca el acto
hacia el pasado ni, de otra, determina su legalidad para la época del
nacimiento."

Así las cosas, para el caso bajo estudio, se observa que la publicación en las
cabeceras de los municipios o la falta de registro en las oficinas de registro de
instrumentos públicos del Acuerdo 030 de 1976, expedido por el INDERENA,
vino a efectuarse 25 años después, en ejecución de una sentencia de acción
de cumplimiento del año 2001, dictada por este Tribunal.

Sin embargo, tal circunstancia solo generó consecuencias en cuanto a los
efectos jurídicos producidos del Acuerdo 030 de 1976, mas no puede
concluirse que por el retraso en su publicación, el mismo deje de gozar de
validez y que, como consecuencia de ello, deba disponerse la inaplicacion o
declararse la nulidad (falsa motivación) de las resoluciones 463 del 14 de abril
de 2005 y 519 del 22 de abril de 2005.

En conclusión y por las consideraciones efectuadas a lo largo de este acápite,
los cargos denominados violación de normas de superior jerarquía, falsa
motivación y pérdida de fuerza de ejecutoria, no tienen vocación de
prosperidad.» (Subrayas de la Sala).

64. En ese orden, es claro para la Sala que en la sentencia impugnada sí se
efectuó un estudio de fondo sobre los cargos relativos a la presunta infracción de
normas superiores. En efecto, desestimó los reproches relacionados con el
desconocimiento de derechos adquiridos, al establecer que los predios
involucrados hacían parte de la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental
de Bogotá desde 1976 y que, por tanto, no existían derechos adquiridos
urbanísticos susceptibles de protección, máxime cuando el Decreto 1015 de 2000
había sido declarado nulo y carecía de efectos jurídicos. Igualmente, afirmó que el
Acuerdo 30 de 1976, que sirvió de fundamento a la Resolución 463 de 2005,
cumplió los requisitos de validez y publicidad previstos en el ordenamiento, de
modo que no era procedente alegar su pérdida de fuerza ejecutoria o la
configuración de una falsa motivación.

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Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

65. Así, lo que se evidencia es que los accionantes en realidad discrepan de la
valoración efectuada por el a quo; lo cual no implica en manera alguna que no
exista una manifestación respecto de los cargos de vulneración de normas
superiores.

8.3. De los reproches relacionados con el desconocimiento de los derechos
adquiridos de los accionantes

66. Deberá absolverse si es nulo por infracción de normas superiores, el acto
administrativo por medio del cual se redelimita una zona de reserva forestal, se
adopta su zonificación y la reglamentación de usos, si se alega que desconoció el
derecho de los demandantes, quienes afirman que tenían un derecho adquirido
para urbanizar sus inmuebles.

67. Con miras a resolver ese interrogante es pertinente aludir a los siguientes
elementos materiales probatorios relevantes que obran en el plenario:

68. Respecto de la Parcelación La Floresta:

A) Se observa que a través del Decreto 981 de 1957, el Distrito de Bogotá
otorgó licencia de urbanismo para la construcción de la mencionada parcelación.

B) En oficio del 2 de junio de 1994, el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital, indicó que los siguientes eran los usos de suelo de la anotada
parcelación:

«Según el decreto 320 de 1992, por el cual se adopta el plan de ordenamiento
físico del borde oriental de Santafé de Bogotá (Cerros Orientales), la
urbanización tiene la siguiente zonificación:

1. Área Suburbana de preservación, ubicada en la zona de manejo No. 1
(cota 2700- 2800).
Usos principales. Forestal recreativo pasivo 2. Área Suburbana de transición,
ubicada en la zona de manejo No. 1 (Cra. 7ª hasta la cota 2700).
Usos principales Institucional Recreativo pasivo
• Residencial Especial

Densidad -4 viviendas/hectárea neta
• Índice de ocupación con edificación = 0.06 área útil : Usos
Complementarios
• Comercio Clase I
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• Comercio Clase 1 Institucional Clase I
• Índice de ocupación con edificación y áreas duras = 20% del área útil

Altura

• Vivienda = 2 pisos
• Comercio = 2 pisos
• Institucional = 4 pisos
3. Área Rural. No se permiten usos urbanos»28.

C) Ahora, atendiendo a la posibilidad de obtener una licencia de construcción en
dicha parcelación, los demandantes en el proceso 2005 00890, adquirieron un
predio con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 50N-388969 a través de la
Escritura Pública 1120 del 18 de marzo de 2005 otorgada en la Notaría 24 de
Bogotá D.C.

D) En oficio del 4 de septiembre de 2005, con radicado 2004-025290, la
Secretaría de Planeación Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, indicó lo que
sigue respecto de las normas de uso de suelo aplicables a la Parcelación de La
Floresta:

«En consulta realizada en el archivo de este Departamento se encontró el
Decreto Nº 981 del 4 de diciembre de 1957 por el cual se reglamentan las
edificaciones en la Parcelación "La. Floresta". Según plano Nº U 2/2.

De la misma manera en el Decreto 190 de Junio 22 de 2004 por el cual se
compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000
y 469 de 2003, en su Artículo 478. Régimen de Transición. (artículo 515 del
Decreto 619 de 2000) numeral 9 se menciona lo siguiente:

“las normas consignadas en el presente Plan se aplicarán teniendo en cuenta
las disposiciones contenidas en este artículo:

9. Normas sobre usos y tratamientos. Las normas sobre usos y tratamientos,
contenidas en el Acuerdo 6 de 1990 y sus decretos reglamentarios, se
continuarán aplicando hasta tanto se expida la reglamentación del presente
Plan."

Por lo que se concluye que la norma que se debe aplicar en la mencionada
parcelación es la descrita en su Decreto reglamentario.

La normativa citada puede consultarse en la planoteca de este Departamento,
ubicado en el SUPERCADE (Carrera 30 No. 24-90) Modulo E, en horario de
7:00 a.m. a 4:00 p.m.

28
Visible a folio 171 del Cuaderno del Tribunal.

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Igualmente se precisa que la competencia frente a la tramitación y expedición
de las licencias, tanto de Construcción como de Urbanismo, corresponde a las
Curadurías Urbanas de Bogotá, D.C., de conformidad con lo estipulado en los
Decretos 1052/98, 2150/95 y demás normas vigentes que regulan la materia.

No obstante, la parcelación y el predio en consulta, cuenta con la siguiente
zonificación de conformidad con las normas vigentes:

Respecto a su localización dentro de los cerros orientales nos permitimos
transcribir del Decreto 190 de Junio 22 de 2004 por el cual se compilan las
disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de
2003, el Articulo 399. Ordenamiento de los Cerros Orientales (artículo 389 del
Decreto 619 de 2000).

"Las actividades de las distintas entidades y los particulares dentro de los
Cerros Orientales (Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,
Resolución 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura) se sujetarán a la
zonificación y reglamentación del Plan de Manejo que elabore la Corporación
Autónoma Regional (CAR; para esta área, en concertación con el Ministerio
del Medio Ambiente y el Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 17 de este Plan"29 (Subrayas y negrillas de la Sala).

69. De los inmuebles Alpes de la Suiza y Castilla la Vieja

E) Decreto 1015 del 22 de noviembre de 2000, «Por el cual se asigna el
tratamiento especial de preservación del sistema orográfico y se incorpora a la
parte suburbana de los predios denominados Tequenuza A, la Suiza A y Palermo
A, ubicada en el área subsurbana de preservación del sistema orográfico de la
Localidad Numero 01 de Usaquén»30. Particularmente en el artículo 1 de ese acto
indicó:

«Artículo 1.- Asignación de tratamiento y reglamentación del proceso de
desarrollo: Asignar el Tratamiento Especial de Preservación del Sistema
Orográfico e incorporar la parte suburbana de los predios denominados:
Tequenuza A, La Suiza A y Palermo A, a que se refiere la parte motiva del

29
Visible a folios 174 a 175 del Cuaderno del Tribunal.
30
Visible a folio 246 del Cuaderno del Tribunal.

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presente Decreto, ubicada en la zona de reglamentación número 10 del
Acuerdo 31 de 1.996.

Parágrafo: El desarrollo por urbanización y construcción de los citados
predios se sujetará a las disposiciones del presente Decreto» (Subrayas de la
Sala).

Mientras que, el artículo 23 de ese acto se destacó:

«Artículo 23.- Incorporación para el desarrollo de usos urbanos: La
incorporación para el desarrollo en usos urbanos contemplada en el presente
decreto, así, como la aplicación de las normas establecidas en el mismo,
quedan condicionadas a la sustracción de la zona de reserva forestal, por la
autoridad competente». (Subrayas de la Sala).

F) Escritura pública del 24 de diciembre de 1990, en la que los ciudadanos
Diana Gómez Koop, Ángela Gómez Koop y Milena Gómez Koop adquirieron los
predios objeto de análisis.

70. En ese orden, resulta claro para la Sala que, al momento de la expedición de
los actos administrativos censurados, los demandantes en el proceso 2005 00890
no contaban con una licencia de construcción para el predio ubicado en la
Parcelación La Floresta. Por el contrario, adquirieron dicho inmueble con la
expectativa de obtenerla en el futuro.

71. Ahora, no se pasa por alto que, si bien en el Decreto 981 de 1957, se habilitó
la urbanización de la aludida parcelación, lo cierto es que dicha disposición debe
interpretarse a la luz del Decreto 619 de 2000, mediante el cual se adoptó el Plan
de Ordenamiento Territorial de Bogotá, en el que se estableció que las actividades
a desarrollar en los cerros orientales estarían sujetas a la zonificación y a la
reglamentación que expidiera la autoridad competente. Esta condición fue la que
precisamente se materializó con la expedición de los actos administrativos
enjuiciados.

72. Además, el artículo 117 del Decreto 469 de 2003, por el cual se revisó el POT
de Bogotá, señaló:

«Artículo 117. El Artículo 91 del Decreto 619 de 2000, quedará así:

"Perímetros.

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Los perímetros del suelo urbano, de expansión urbana y rural se encuentran
definidos en los planos denominados "Clasificación Suelo: Distrito Capital" y
"Clasificación del Suelo", que hacen parte integral del presente Plan.

El perímetro urbano en los límites con las reservas forestales coincide con los
límites establecidos para dichas reservas por la Resolución 76 de 1977 del
Ministerio de Agricultura/INDERENA. El Departamento Administrativo de
Planeación Distrital podrá precisar este límite con base en las decisiones del
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cuando expida
los respectivos actos administrativos" (Subrayas de la Sala).

73. En otras palabras, la posibilidad de otorgar licencias de construcción en dicha
zona estuvo supeditada a la reglamentación ambiental que definiera la autoridad
competente y a los usos vigentes para el momento en que se concediera la
respectiva autorización.

74. Ahora, en cuanto a los predios Alpes de la Suiza y Castilla la Vieja, advierte la
Sala el Decreto 1015 de 2000 no había sido declarado nulo al momento de la
expedición de los actos enjuiciados. En esa medida, el estudio de validez de las
decisiones censuradas debía realizarse a la luz del ordenamiento jurídico vigente
para la época de su emisión, lo que implica considerar los efectos que entonces
producía el referido decreto. En ese orden, lo que se evidencia es que, aunque el
Decreto 1015 de 2000, habilitó la urbanización de los predios allí descritos, dicha
opción fue condicionada expresamente a que los titulares gestionaran y obtuvieran
la sustracción del área correspondiente de la reserva forestal, trámite que debía
ser autorizado por la autoridad ambiental competente. Por tanto, la viabilidad
urbanística estaba supeditada al cumplimiento de este requisito previo.

75. Sin embargo, de la revisión de los elementos materiales probatorios obrantes
en el plenario, no se evidencia que los demandantes en el proceso 2005 00885,
hubieren obtenido dicha autorización.

76. En ese orden de ideas, es menester señalar que esta Sección ha precisado
que, tratándose del área de reserva forestal de los Cerros Orientales de Bogotá,
no es posible derivar la existencia de derechos adquiridos, toda vez que las
normas sobre el uso del suelo en dichas áreas de protección tienen carácter de
orden público y son de aplicación inmediata.

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77. Sobre el particular, en sentencia del 23 de mayo de 2024, esta Sala resaltó,
en un asunto similar al que es objeto de controversia, lo que sigue a continuación:

«En el presente caso, en consonancia con las pretensiones de la demanda,
los actores solicitan la inaplicabilidad, o en su defecto, que se declare la
nulidad de la Resolución 463 del 14 de abril de 2005 y de la Resolución 519
del 22 de abril de 2005, ambas expedidas por la cartera de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

A título de restablecimiento del derecho, solicitan que se reparen los daños
ocasionados en sus derechos subjetivos, permitiendo expresamente el
desarrollo urbanístico denominado Magallanes Alto en las condiciones
señaladas por el Decreto Distrital 1019 del 22 de noviembre de 2000 del
Alcalde Mayor del Distrito Capital de Bogotá D.C. y la Licencia de Urbanismo
contenida en la Resolución CU5 - 0354 del 8 de noviembre de 2002 de la
Curaduría Urbana 5 de Bogotá D.C.

En relación con este asunto debe señalarse, inicialmente, que las normas
sobre los usos del suelo no otorgan derechos adquiridos ni situaciones
jurídicas consolidadas, más aún cuando se está en presencia de reservas
naturales reconocidas y declaradas como tales por las autoridades
competentes31.

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado han reconocido que las normas sobre usos del suelo son de orden
público, de aplicación inmediata y de obligatorio cumplimiento. Además, no
resulta posible predicar un derecho consolidado e intangible en relación con
las normas que definen los usos de suelo. Así lo señaló la Corte
Constitucional, en sentencia C-192 del 20 de abril de 201632, consideraciones
que se transcriben in extenso:

“[…] 8.10. La Corte reitera que no existe un derecho a la intangibilidad
de las reglas que definen el uso del suelo en los POTD, ni aun cuando
ello afecte el alcance de licencias otorgadas o la destinación de
edificaciones efectuadas conforme a estas licencias, en tanto, la
modificación de las mismas se funda en el interés social y, como lo ha
destacado este Tribunal, “la legislación urbana constituye una fuente
legítima de relativización del contenido del derecho de propiedad
sobre los inmuebles.” Conforme a ello “la correcta ordenación y el
desarrollo equilibrado de las ciudades, particularmente en lo que
respecta a los usos del suelo, incesantemente introduce exigencias de
orden social que gravitan sobre las titularidades privadas, lo que no
puede considerarse excepcional y externo al derecho de propiedad sino
por el contrario connatural a éste e incorporado a su núcleo
esencial. […]” (Negrilla original del texto)

Por otro lado, en sentencia del 12 de agosto de 1999 (expediente 5500, CP:
Juan Alberto Polo Figueroa) esta Corporación indicó que los actos

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, CP: Carlos Enrique
Moreno Rubio, sentencia de 15 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-24-000-2006-00178-02,
actor: Margarita Castaño Bohórquez
32
Corte Constitucional, sentencia C- 192 de 2016, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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administrativos que otorgan licencias, permisos, autorizaciones y similares no
son definitivos ni absolutos y, por ende, no generan derechos adquiridos:

“[…] Los actos administrativos que confieren permisos, licencias,
autorizaciones y similares, son actos provisionales, subordinados al
interés público y, por lo tanto, a los cambios que se presenten en el
ordenamiento jurídico respectivo, cuyas disposiciones, por ser de índole
policiva, revisten el mismo carácter, como ocurre con las normas
pertinentes al caso, esto es, las relativas al uso del suelo y desarrollo
urbanístico. Quiere decir ello que los derechos o situaciones jurídicas
particulares nacidos de la aplicación del derecho policivo, no son
definitivos y mucho menos absolutos, de allí que como lo ha sostenido la
Sala, no generen derechos adquiridos […]”.

A juicio de la Sala, ante la existencia del interés nacional que comprende la
declaratoria de la “Reserva Protectora de Bosque Oriental de Bogotá”
realizada a través del Acuerdo 30 de 1976 y aprobada por el Ministerio de
Agricultura mediante Resolución 076 de 1977, los actores no pueden derivar
la existencia de un derecho adquirido en virtud de lo previsto en el Decreto
1019 de 2000 “Por el cual se asigna el Tratamiento especial de Preservación
del Sistema Orográfico y se incorpora la parte Suburbana del predio
denominado Montearroyo (Magallanes Alto), ubicada en Área Suburbana de
Preservación del Sistema Orográfico en la Localidad Número 01 de
Usaquén»”33 (Subrayas de la Sala).

78. En suma, el cargo no prospera.

8.4. Del cargo de falsa motivación

79. La Sala verificará si es nulo por falsa motivación el acto administrativo por el
cual se redelimitó una zona de reserva forestal, se adoptó su zonificación y se
estableció la reglamentación de usos, si se alega que esa decisión se sustentó en
el acto que declaró la existencia de la respectiva reserva, el cual no era oponible a
los propietarios afectados, en la medida en que no se habían inscrito las
correspondientes afectaciones en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios
ubicados dentro del área objeto de regulación.

80. Para desatar esa controversia es preciso aludir al citado vicio de nulidad,
entendido desde tres (3) enfoques distintos, a saber: la falsa motivación de hecho,
la falsa motivación en derecho y la indebida motivación, aspectos estos que
imponen ser analizados siempre desde el contenido mismo del acto censurado, es

33
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 23
de mayo de 2024. Proceso radicado número: 25000 23 24 000 2005 01257 02. Consejero Ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

51

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decir, atendiendo su alcance interno, lo que conduce a que el estudio haga
referencia a lo que expone el acto administrativo en la parte motiva y en la
resolutiva.

81. Pues bien, el primero supone un juicio de certeza, es decir, el
cuestionamiento acerca de si son ciertos los hechos que se esgrimen como
fundamento para expedir la decisión que se cuestiona. Así, de advertir que son
falsos, el Juez no tiene opción diferente que acoger la pretensión de nulidad que
se funda en la mencionada argumentación, si ellos son determinantes para la
decisión que el acto toma.

82. Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado a
atacar los supuestos jurídicos empleados en la parte motiva y que sustentan la
expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que la normativa que
invoca la Administración no tiene el alcance para definir la situación jurídica en el
acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad será la de desaparecer del orden
jurídico por ilegal.

83. Finalmente, la indebida motivación surge del análisis de la congruencia que
debe existir entre la parte motiva y la parte resolutiva del acto, de tal manera que
ésta debe ser la consecuencia lógica de aquélla.

84. En ese orden de ideas, se advierte que los cuestionamientos formulados por
la parte actora se enmarcan en la indebida motivación, ya que considera que los
fundamentos jurídicos invocados para sustentar la expedición de los actos
administrativos demandados, en particular, el Acuerdo mediante el cual se declaró
el área de reserva forestal de los Cerros Orientales de Bogotá, no eran aplicables
al caso concreto, por carecer de oponibilidad frente a los propietarios de los
predios involucrados.

85. En tal contexto, es pertinente indicar que de la lectura de los considerandos
de la Resolución No. 463 del 14 de abril de 2005, es posible extraer que, en
efecto, dicha decisión se fundamentó entre otras, en lo resuelto en el Acuerdo 30
de 1976, por medio del cual, se declaró y alinderó el Área de Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

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86. Así, la Sala destaca que en el artículo 10 del anotado Acuerdo se estableció:

«Artículo 10: Tal como lo establecen los artículos 38 y 77 del Decreto - Ley
número 133 de 1976, para su validez el presente Acuerdo requiere la
aprobación y autorización del Gobierno Nacional mediante resolución
ejecutiva y, deberá ser publicado en las cabeceras de los Municipios en cuya
jurisdicción están ubicadas las áreas reservadas, en la forma prevista en el
artículo 55 del Código de Régimen Político y Municipal, y en el Diario Oficial e
inscrito en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.E.,
Facatativá y Zipaquirá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 y
97 del Código Fiscal Nacional» (Subrayas de la Sala).

87. Al respecto del cumplimiento de esa obligación, esta Sección en sentencia del
6 de noviembre de 2014, indicó:

«Tal y como se afirmó en el numeral anterior en el que se puso de presente,
respecto del Acuerdo 030 de 1976, que a pesar de no haber sido publicado
como tal en el Diario Oficial, no quedó desvirtuada su presunción de legalidad
por cuanto tal omisión no constituye un vicio que ataque la existencia en la
formación del acto sino en su eficacia - oponibilidad frente a terceros, igual
predicamento se debe hacer al cargo de reproche del actor relativo a la falta
de inscripción del registro que contenía las afectaciones de los predios
ubicados en la reserva forestal protectora, por cuanto tal omisión tampoco
tiene la entidad de enervar la nulidad del acto.

Dada la ilustración que aporta al caso en estudio, se transcribe el siguiente
aparte jurisprudencial contenido en la sentencia del 8 de agosto de 2012
proferida por la Sala Sección Tercera Subsección C radicado número: 54001-
23-31-000-1999-00111-01(23358) M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa,
en la que se refirió a la diferencia entre los presupuestos de existencia y los de
validez de los actos administrativos:

(…)

Así que entonces, como puede observarse, la publicidad de los actos
administrativos no es un requisito para su existencia ni para su validez sino
para que ellos puedan producir los efectos a que están destinados.

Con otras palabras, los vicios en la publicidad de los actos administrativos, por
no generarse en su producción sino en su comunicación, sólo impactan en su
eficacia final y por ello tales hechos jamás pueden aducirse como
circunstancias de inexistencia del acto o como causal de invalidez del mismo.

(…)

De acuerdo con las anteriores consideraciones, ni la falta de publicación, ni la
falta de inscripción en el respectivo registro, constituyen causales de nulidad
del Acuerdo 030 de 1976 ni de la Resolución 076 de 1977 que aprobó el acto
inicial, como lo depreca el demandante.

Igual predicamento se presenta con la censura contenida en el numeral 5.2.4.,
en la que se observa que el actor lo que hace es atacar y cuestionar el fallo
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proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 1º de marzo de
2001 al calificarlo de contener una pretensión con “falta de naturaleza
jurídica”, incluso también plantea cuestionamientos respecto del fallo del 30 de
enero de 2001 de esta Sala comentado con anterioridad.

Como se dijo, estos cargos no enervan la legalidad del Acuerdo 30 ni de la
Resolución 76, por cuanto el actor tal y como se advirtió al comienzo del
desarrollo de estas consideraciones, dejó planteado el tema pero no concretó
el ataque como tal mediante una fundamentada razón de reproche. Además
que pierde de presente que la acción de nulidad interpuesta, no es la vía
judicial idónea para esgrimir reproches contra sentencias judiciales.

En todo caso, se observa que varios de los reparos esgrimidos por el actor,
fueron objeto de pronunciamiento por la Sala Plena de esta Corporación,
mediante sentencia del 5 de noviembre de 2013 conocida como el fallo de los
cerros orientales, al decidir la Acción Popular dentro del radicado 25000-23-
25-000-2005-00662-03.

Es preciso destacar que esta sentencia reconoce que efectivamente la
autoridad ambiental incumplió la obligación de inscribir en el registro
inmobiliario durante más de 20 años, la afectación de reserva forestal
protectora, pero al mismo tiempo indicó que no era procedente ordenar tal
inscripción como quiera que tal requisito se cumplió cuatro años después de
impartida la orden en la sentencia de 2001 sobre la acción de cumplimiento,
es decir, a partir del 26 de abril de 2005, al señalar lo siguiente:

“5.2. El Registro del Acuerdo 30 de 1976 (30 de septiembre) y de la
Resolución 76 de 1977 (31 de marzo) en las oficinas de registro de
instrumentos públicos

Por lo anterior, debe la Sala examinar si la Resolución 76 de 1977 (31
de marzo), por medio de la cual el Presidente de la República aprobó el
Acuerdo 30 de 1976 (30 de septiembre), mediante el cual el INDERENA
declaró “Área de Reserva Forestal Protectora” “la zona denominada
Bosque Oriental de Bogotá”, debe registrarse en la oficina de registro de
instrumentos públicos.

i. Registro del Acuerdo 30 de 1976 (30 de septiembre), por medio
del cual el INDERENA declaró “Área de Reserva Forestal
Protectora” “la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá”, y de
la Resolución 76 de 1977 (31 de marzo), por medio de la cual el
Presidente de la República lo aprobó

Tras advertir que pasados más de 20 años no se había inscrito la
Resolución 76 de 1977 (31 de marzo) en las oficinas de registro de
instrumentos públicos, el ciudadano Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, en
nombre propio, presentó una demanda, en ejercicio de la acción de
cumplimiento (2001 – 0033), con el propósito de que se ordenara al
Ministerio del Medio Ambiente el cumplimiento de dicha obligación.

Luego de examinar el acervo probatorio allegado al proceso el Tribunal
concluyó que la entidad demandada no tenía certeza sobre el
cumplimiento de la obligación legal impuesta por el artículo 10° del
Acuerdo 30 de 1976 (30 de septiembre). Con base en lo anterior, en la
parte resolutiva de la sentencia del 1 de marzo de 2001 dispuso:

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

“Primero. Ordenar al señor Ministro del Medio Ambiente que cumpla lo
dispuesto en el artículo 10º de la Resolución 76 de 31 de marzo de 1977
y, en consecuencia, adelante todas las actuaciones tendientes a obtener
la inscripción del citado acto administrativo en las Oficinas de Registro
de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zipaquirá y Facatativá, así como su
publicación por el medio más idóneo en las cabeceras de los siguientes
municipios: Villapinzón, Chocontá, Sesquilé, Suesca, Guatavita, Guasca,
Gachancipá, Nemocón, Sopó, Cogua, Zipaquirá, Cajicá, Chía, La
Calera, Cota, Tabio, Tenjo, Subachoque, Facatativá, Madrid, Mosquera,
Funza, Soacha, Sibaté y el Distrito Capital, actuación que deberá
implementar en el término de quince (15) días contados a partir del día
siguiente a la notificación de esta providencia.

Segundo. Efectuadas las actuaciones pertinentes, el Ministerio del
Medio Ambiente, deberá remitir copia de los actos que demuestren el
cumplimiento de la orden judicial.”

(…)
De hecho, en la Resolución 463 de 2005 (14 de abril) el Ministerio de
Ambiente reconoce el efecto de la sentencia referida y la falta de registro
inmobiliario de la afectación de reserva forestal protectora, al poner de
presente:

(…)
Además de lo anterior, obra en el expediente otra prueba acerca del
incumplimiento de la obligación de inscribir en el registro inmobiliario la
afectación, consistente en la información remitida por la
Superintendencia de Notariado y Registro de los folios de matrícula
inmobiliaria de los predios ubicados en la zona de reserva forestal 34, en
los cuales se evidencia que sólo se procedió a la inscripción de la
Resolución 76 de 1977 (31 de marzo) hasta el 26 de abril del 2005, bajo
la denominación: “afectación por causa de categorías ambientales área
de reserva forestal protectora a la zona denominada bosque oriental de
Bogotá. (Limitación al Dominio)”.
(…)
Así las cosas, es evidente que durante más de 20 años se omitió
inscribir en la oficina de registro instrumentos públicos la Resolución 76
de 1977 (31 de marzo), por medio de la cual el Presidente de la
República aprobó el Acuerdo 30 de 1976 (30 de septiembre) que declaró
y alindó como área de reserva forestal protectora a la zona denominada
“Bosque Oriental de Bogotá”.

i. Obligación de registrar la Resolución 76 de 1977 (31 de marzo) en
los folios de matrícula inmobiliaria de los predios que comprenden
el área de reserva forestal protectora, a cargo del Ministerio de
Ambiente y de la CAR

Además, aun cuando el Ministerio de Ambiente existe sólo desde el año
1993 y la obligación de inscribir la Resolución 76 debió ser cumplida a
partir de 1977, lo cierto es que ello no lo eximía de cumplir en un tiempo
prudencial dicha obligación, luego de que la Ley 99 de 1993 lo creó,
máxime cuando el artículo 5° numeral 18 ibídem dispone que le

34
Folios 1 a 974, Tomo 11

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

corresponde “reservar, alinderar y sustraer las áreas que integran… las
reservas forestales nacionales, y reglamentar su uso y funcionamiento.”.

Igualmente, debe señalarse con respecto a esta entidad, que a pesar de
que la sentencia de 1 de marzo de 2001, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, le ordenó que hiciera la inscripción
dentro de los 15 días siguientes a su ejecutoria; lo cierto es que de
conformidad con lo que se observa en los folios de matrícula aportados
al proceso, dicha inscripción sólo se realizó el 26 de abril de 200535,
es decir, 4 años después de recibida la orden judicial.

Si bien es dable asumir que una orden de tal envergadura demandaba
de un tiempo prudencial para su cumplimiento; definitivamente, en
cualquier escenario, se tiene que la entidad excedió los límites de lo
razonable para inscribir la afectación.

Asimismo, la Sala advierte que la CAR, en condición de administradora
de la reserva forestal protectora, ha debido cumplir desde 1977 con sus
obligaciones respecto del registro inmobiliario de la reserva forestal
protectora.

Se tiene que la calidad de administradora le fue delegada a la CAR por
el INDERENA en la misma Resolución 76 de 1977 (31 de marzo) y fue
asumida como una función propia de la entidad, sin necesidad de
delegación, desde 197836, tal y como lo afirma dicha entidad dentro de
los actos de sustracción de áreas de la reserva: Resolución 2337 de
1985 (6 de agosto), Resolución 2413 de 1993 (17 de junio), Acuerdo 17
de 1990 (5 de junio) y Acuerdo 18 de 1990 (15 de junio).

En la actualidad, en observancia de lo señalado en el artículo 31
numerales 2 y 16 de la Ley 99 de 1993, la entidad estaba obligada a
proceder con el registro de la afectación correspondiente. En efecto, los
referidos numerales establecen:

(…)
En suma, se observa que no es dable ordenar el registro de la
Resolución 76 de 1977 en las oficinas de registro de instrumentos
públicos, pues a la fecha se advierte que dicha obligación ya se
cumplió”.

De acuerdo con las consideraciones transcritas, se observa que la falta de
inscripción en el registro inmobiliario, ataca la eficacia de los actos acusados
pero no su legalidad, motivo por el cual no se configura causal de nulidad.

Al respecto el citado fallo de noviembre de 2013, determinó lo siguiente:

35
Tomo 11
36
El artículo 37 de Decreto Ley 133 de 1976 señala las funciones del INDERENA, dentro de las
cuales se encuentras las referidas a las reservas forestales, no obstante lo cual la Ley 2ª de 1978,
en el artículo que a continuación se transcribe determinó que la CAR era competente en las áreas
de su jurisdicción: “Artículo 1. Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto Ley 133 de
1976, a las Corporaciones Regionales de Desarrollo existentes, las cuales conservarán las
funciones que en materia de administración, conservación y manejo de los recursos naturales
renovables dentro de los territorios de sus respectivas jurisdicciones, les fueron atribuidas por las
leyes que las crearon y por las leyes y decretos reglamentarios correspondientes.”

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

“i.ii. Oponibilidad y Validez del Acuerdo 30 de 1976 (30 de septiembre),
por medio del cual el INDERENA declaró “Área de Reserva Forestal
Protectora” “la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá”, y de la
Resolución 76 de 1977 (31 de marzo), mediante la cual el Presidente de
la República lo aprobó

El registro “… es una institución en virtud de la cual se toma nota, en la
forma legal, de determinados actos o hechos jurídicos fundamentales de
las relaciones de sociedad”37.

El registro inmobiliario se encuentra regulado por el Decreto Ley 1250 de
197038, norma que a propósito de la obligatoriedad del mismo y de los
efectos que ocasiona su falta señala:

“Artículo 2°. Están sujetos a registro:
1. Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que
implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación,
modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o
extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre
bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario.
(…)
Artículo 44.- Por regla general ningún título o instrumento sujeto a
registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino
desde la fecha de aquel.” (Se resalta)

Si bien el artículo 10°39 del Acuerdo 30 de 1976 (30 de septiembre),
aprobado mediante la Resolución 76 de 1977 (31 de marzo), ordenó que
la afectación de reserva forestal protectora fuera inscrita en el registro
inmobiliario, y ello únicamente se realizó en abril del 2005, según consta
en los documentos allegados al proceso; lo cierto es que ello no afecta la
validez de la resolución, pero naturalmente determina que la limitación,
carga o gravamen de reserva forestal no resulte oponible a terceros,
quienes en el caso bajo estudio son los propietarios de los bienes
inmuebles ubicados en la zona»40 (Subrayas y negrillas de la Sala).

88. En ese orden, la Sala advierte que, aunque la obligación establecida en el
numeral 10 del Acuerdo 30 de 1976, no se cumplió de manera oportuna pues su
ejecución se dio más de 20 años después de su expedición, ello no compromete la
legalidad de los actos enjuiciados.

37
J.J. GÓMEZ, Bienes, Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 1981, p. 280
38
Por el cual se expide el Estatuto del Registro de Instrumentos Públicos.
39
Acuerdo 30 de 1976. “Artículo 10º. Tal como lo establecen los artículos 38 y 77 del Decreto Ley
No. 133 de 1976, para su validez, el presente Acuerdo requiere la aprobación y autorización del
Gobierno Nacional mediante Resolución Ejecutiva y deberá ser publicado en las cabeceras de los
Municipios en cuya jurisdicción están ubicadas las áreas reservadas, en la forma prevista en el
artículo 55 del Régimen Político y Municipal, y en el Diario Oficial e inscrito en las
40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 6 de
noviembre de 2014. Proceso radicado: 11001 03 24 000 2006 00399 00. Consejera Ponente: María
Claudia Rojas Lasso.

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

89. En efecto, aunque la Resolución No. 463 del 14 de abril de 2005, se
fundamentó en el Acuerdo 30 de 1976, como norma constitutiva del área de
reserva forestal, debe aclararse que la omisión en el cumplimiento del registro
previsto en dicha disposición no comprometía la validez de ésta última decisión, ya
que tal inscripción constituía un requisito para la eficacia del acto frente a terceros,
pero no para su legalidad. Por lo tanto, aun cuando la reserva no hubiera sido
oponible a los propietarios que desconocían dicho acto, esta sí tenía plena
existencia en el mundo jurídico.

90. Con todo, es pertinente señalar que, en cualquier caso, mediante la
Resolución No. 463 del 14 de abril de 2005, se llevaron a cabo los estudios
técnicos necesarios para dar cumplimiento a la obligación de registrar las
afectaciones en los folios de matrícula inmobiliaria, así como para realizar una
redelimitación efectiva del área de reserva forestal. En efecto, en la parte motiva
de dicha resolución se indicó que, en cumplimiento de lo ordenado por la
sentencia del 1° de marzo de 2001, se ordenó la inscripción del área de reserva en
las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, el MADS y el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC elaboraron la cartografía base de la reserva a
escala 1:10.000. Esta cartografía permitió materializar la inscripción de la
afectación en los folios de matrícula respectivos, lo que evidencia que dicho
registro se hizo efectivo con la expedición de los actos administrativos objeto de
controversia.

91. Sobre el particular en los considerandos del acto enjuiciado se expresó:

«Que por su parte el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
con el apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, generaron la
cartografía base de la reserva a escala 1:10.000 conjuntamente con los
estudios catastrales y de coberturas y uso del suelo de la reserva forestal
protectora “Bosque Oriental de Bogotá”, como parte de las acciones
necesarias para cumplir el registro de la misma ante las Oficinas de Registro
de Instrumentos Públicos, según acción de cumplimiento definida a través de
Sentencia del 1º de marzo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca»1 (Subrayas de la Sala).

92. Asimismo, se señaló que esa cartografía también fue usada para la
redelimitación del área protegida, como puede evidenciarse a continuación:

58

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

«Redelimitación del área protegida Bosque Oriental de Bogotá, con la
finalidad de:

a) Mantener una estructura ecológica funcional que reconozca y potencie la
integralidad y conectividad de los ecosistemas que hacen parte de la reserva
forestal, y al mismo tiempo configure un ordenamiento armónico y normalizado
de los bordes urbanos de la ciudad de Bogotá que limitan con el área
protegida;

b) Consolidar el área protegida como elemento fundamental de la estructura
ecológica, ambiental, funcional y espacial de la ciudad de Bogotá y su relación
con los municipios aledaños, fijando determinantes ambientales y de
ordenamiento;

c) Establecer una franja de adecuación entre la reserva forestal protectora y
el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, que actúe como espacio de
consolidación de la estructura urbana y como zona de amortiguación y de
contención definitiva de los procesos de urbanización de los Cerros
Orientales;

d) Evitar nuevos procesos de urbanización ilegal en áreas libres que son
objeto de fuerte presión urbanística, mediante la promoción de un desarrollo
legal bajo los diferentes instrumentos de planeamiento que favorezcan y
garanticen la armonía de los usos del suelo con la reserva forestal;

e) Establecer un realinderamiento geográfico de la reserva forestal
siguiendo en lo posible límites arcifinios a través de vías, ríos, divisorias de
aguas, quebradas y/o drenajes, de tal manera que facilite a las autoridades
ambientales y distritales la adecuada gestión administrativa, de acuerdo con el
ámbito de sus competencias, tanto en el área protegida como en los bordes
urbanos que colindan con ella.

Dicho alinderamiento se establece sobre cartografía oficial del IGAC a escala
1:10.000 producida en el año 2003. De manera particular, el límite occidental
de la reserva se describe utilizando en lo posible corredores viales y curvas de
nivel, acompañados con algunos referentes sobre ejes de ríos, quebradas y
escorrentías, establecidos en la misma cartografía, buscando la aplicación de
los criterios anteriormente mencionados;

f) Armonizar el límite occidental de la reserva forestal con el perímetro
urbano en este sector de manera consecuente con lo establecido en el artículo
117 del Decreto 469 de 2003 (Revisión POT de Bogotá);

g) Sobre los espacios urbanos que resulten de la armonización de los bordes
urbanos con la Reserva Forestal, establecer determinantes que orienten y
garanticen el equilibrio entre la estructura y dinámica urbana y los propósitos y
objetivos del ordenamiento y manejo de la Reserva Forestal;

h) Armonizar sus límites con las condiciones reales de los asentamientos
urbanos dispuestos en su borde y que están funcionalmente articulados con la
ciudad y con aquellos localizados a lo largo del corredor de La Calera»41
(Subrayas de la Sala).

41
Visible en el índice 46 del sistema SAMAI en el proceso con radicado: 25000 23 24 000 2005
00891 01

59

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

93. De este modo, es claro que el acto enjuiciado no adolece de falsa motivación,
toda vez que su expedición estuvo fundamentada en el acto que creó la reserva
objeto de controversia y su emisión precedida de estudios técnicos que
sustentaron la redelimitación de la zona y permitieron el correspondiente registro
de la afectación en los folios de matrícula inmobiliaria, de modo que el cargo no
prospera.

8.5. Del cargo de falta de competencia

94. Tendrá que absolverse si es nulo por falta de competencia el acto
administrativo por el cual, el MADS se redelimitó una zona de reserva forestal, se
adoptó su zonificación y se estableció la reglamentación de usos, si se alega que
esa potestad era del resorte de los entes territoriales.

95. Al respecto, la Sala observa que, en sentencia del 23 de mayo de 2024, se
resolvió un reparo idéntico al que es objeto de controversia en esta sede, de modo
que se prohijará lo allí resuelto:

«II.7.2. Falta de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial para expedir los actos demandados

154. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la cartera
ministerial de Ambiente, Vivienda y Desarrollo era competente para expedir
ese acto administrativo, conforme lo dispuso el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de
2010, MP: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

155. Por su parte, los apelantes consideran que al concejo distrital le
corresponde ordenar el desarrollo de su territorio y, por lo tanto, definir los
usos del suelo. Especificaron que, para el caso en concreto, dicha facultad se
ejerció a través del Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado mediante el
Decreto 619 de 2000, revisado por el Decreto 469 de 2003 y compilados
mediante el Decreto 190 de 2004 y sus decretos reglamentarios, de
conformidad con el inciso 3° del artículo 61 de la Ley 99 de 1993 y; los
artículos 5, 7° (numeral 4°) y 8 de la Ley 388 de 1997.

156. En relación con el referido reproche que justifica la alzada, se debe
señalar que esta Sección, en sentencia de 28 de octubre de 2010 42, tuvo la

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta, sentencia de 28 de octubre de 2010, radicado: 11001-03-24-000-2005-

60

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Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

oportunidad de analizar idéntico argumento al aquí planteado, esto es, el
relativo a definir si el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
tenía competencia para expedir los actos acusados, encontrando que era “[…]
clara, expresa e indiscutible la competencia de esa cartera ministerial
[Ministerio de Ambiente] para redelimitar la Zona de Reserva Forestal
Protectora, conocida como Bosque Oriental de Bogotá, adoptar su
zonificación, reglamentar los usos allí permitidos y establecer los
determinantes para su ordenamiento y administración”.

157. En este sentido, el referido fallo, luego de fincar su análisis en las
disposiciones que regulan la materia, en especial, el artículo 5 de la Ley 99 de
1993 – sobre las funciones del Ministerio-, el artículo 2° del Decreto Ley 216
de 200343, la Ley 388 de 1997 y la Ley 812 de 200344, consideró lo siguiente:

“[…] Tal como se expresó en páginas anteriores, el cargo que formula el actor
contra el Decreto demandado se circunscribe a la presunta falta de
competencia del Ministerio del Medio Ambiente para proferir el acto acusado.

La Sala estima que dicho cargo no puede ser acogido, pues tal como lo
veremos enseguida, es clara, expresa e indiscutible la competencia de esa
cartera ministerial para redelimitar la Zona de Reserva Forestal Protectora
conocida como Bosque Oriental de Bogotá, adoptar su zonificación,
reglamentar los usos allí permitidos y establecer los determinantes para su
ordenamiento y administración.

[…] Aparte de lo anterior, la circunstancia de que el artículo 61 de la Ley 99 de
1993, haya declarado que los Cerros Orientales son de interés ecológico
nacional, permite inferir que las medidas relativas a su zonificación o
alinderación no pueden entenderse radicadas en autoridades distintas de las
del orden nacional y más concretamente en el Ministerio del ramo, como
autoridad jerárquica superior del Sistema Nacional Ambiental.

Por contera y para confirmar el acierto de las conclusiones que anteceden,
resulta imperativo tener en cuenta que la Honorable Corte Constitucional, en
su sentencia C-649 del 3 de diciembre de 1997, antes mencionada, dejó en
claro que “…las zonas de reservas forestales que no formen parte del
sistema de parques naturales, sí pueden ser objeto de sustracción por el
Ministerio del Medio Ambiente.” afirmación que viene a desvirtuar de
manera rotunda las apreciaciones de la parte actora […]”. (Negrilla original y
subrayado fuera de texto).

158. Por otro lado, esta Sección, en sentencia de 6 de noviembre de 2014, al
estudiar lo relativo a la competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial discurrió en el siguiente sentido:

“ […] No obstante la anterior motivación, el actor pierde de presente que ésta
no fue la única ni que por ella fue que la Administración expidió la Resolución
0463 , sino que la expedición de este acto, tal y como lo indicó la

00262-01, actor: Wilson Alfonso Borja Diaz, demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
43
“Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones”.
44
“Por la cual se estableció el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, "Hacia un Estado
Comunitario”

61

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sentencia de los Cerros Orientales, fue producto de un juicioso estudio
en el que precisamente y consciente de la realidad del uso que se le
venía dando a la reserva forestal protectora, las entidades ambientales
observaron que se había cambiado el uso inicialmente previsto debido al
desarrollo de otras actividades incluso ilegales como la minera,
resultando ser imperiosa su regulación.

Con fundamento en las anteriores consideraciones se tiene que se equivoca el
demandante al considerar que la Resolución 0463 de 2005, permitió el cambio
en la destinación del uso del suelo en la reserva forestal protectora Bosque
Oriental de Bogotá, por cuanto, al contrario, lo que procuró fue frenar las
inadecuadas destinaciones que se venían allí haciendo, entre ellas la minería
ilegal

[…] La Sala no acoge tampoco la anterior tacha de censura, pues la legalidad
de la Resolución 0463 de 2005 no se puede analizar ligeramente desde la
óptica de la expresión “redelimitar” como lo hace el actor, sino que tiene
que mirarse como la manifestación de la preocupación de las
autoridades ambientales de la época frente al uso que se le estaba dando
a la reserva forestal protectora, con el fin plantear tres alternativas que el
mismo acto señaló en su parte considerativa a saber:

a. Redelimitar la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,
adoptando la zonificación y reglamentación de usos correspondiente.

b. Establecer para las áreas excluidas de la Reserva, medidas generales de
ordenamiento y manejo que sean compatibles con los objetivos del Área de
Reserva Forestal Protectora y cuya competencia según la Ley 388 de 1997
corresponde al Distrito Capital.

c. Establecer las determinantes de ordenamiento y manejo para la
consolidación del límite urbano en el costado occidental de la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, de tal manera que se mitigue
la presión de intervenciones en el área, las cuales deberán ser incorporadas
por el Distrito Capital en el Plan de Ordenamiento Territorial y en su
reglamentación de usos del suelo. […]” (Negrilla fuera de texto).

159. En tales condiciones, acertó el Tribunal al señalar que el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible) se encontraba facultado para redelimitar el Área de
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá declarada mediante la
Resolución 076 de 1977 y adoptar la zonificación interna de la misma con
miras a orientar su uso y funcionamiento. Asimismo, es competente para
establecer determinantes para el ordenamiento y manejo del territorio que
orientan al Distrito Capital y para la reglamentación de los usos del suelo de
las zonas excluidas de la reserva forestal.

96. Por las razones antes precitadas, el motivo de alzada no prospera»45.

8.6. Condena en costas

45
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Fallo del 23 de
mayo de 2024. Proceso radicado número: 25000 23 24 000 2005 01257 02. Magistrado Ponente:
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

62

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00890 02
Acumulado con el expediente 25000 23 24 000 2005 00885 01
Demandantes: Jorge Alberto Uribe Bernate y otros

97. En atención a lo dispuesto por el artículo 171 del CCA, sobre condena en
costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no
se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de
condenar en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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