Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2005-90864-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2005-90864-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2005-90864-02
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
19 de febrero de 2026
1
Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros1
Demandados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros2
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Inexistencia de cosa juzgada
Decisión: Revocar sentencia de primera instancia y devolver expediente
al Tribunal de origen con el fin de que se pronuncie de fondo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 24 de agosto de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró la existencia de cosa
juzgada material.
I. ANTECEDENTES
I.1. Las demandas
I.1.1. Radicado 2005-00864
El 11 de agosto de 2005, Germán Agudelo Rodríguez, Germán Agudelo Jaramillo y Felipe
Agudelo Jaramillo promovieron demanda en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, con fundamento en la presunta omisión atribuida al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al entonces Ministerio de Vivienda,
Ambiente y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible),
consistente en no haber ejecutado de manera oportuna el Acuerdo núm. 30 de 30 de
septiembre de 1976, proferido por el INDERENA, así como la Resolución núm. 076 de
31 de marzo de 1977, actos mediante los cuales se dispuso la declaración de la Reserva
Forestal Protectora de los Cerros Orientales de Bogotá y se ordenó su inscripción en los
inmuebles de propiedad de los demandantes.
Sostuvieron que dichos actos no definieron de manera precisa los linderos de la reserva
forestal, circunstancia que —en su criterio— les ocasionó un daño antijurídico que debía
ser reparado por las entidades demandadas.
1 Germán Agudelo Jaramillo, Felipe Agudelo Jaramillo, Yolima Díaz Claro, Paul Iván Remolina Gómez,
Alexandra Paternina España, Jesús Mariano García Ramírez, Ana María Brunassu Piraquive, Álvaro José
Medina Lozano y Carlos Barbero Munoz.
2 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Superintendencia de Notariado y Registro.
Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Precisaron que en el folio de matrícula inmobiliaria núm. 50C-1520286, en las
anotaciones 3 a 6, se registraron, entre otros, los siguientes actos: (i) la Resolución núm.
076 del 31 de marzo de 1977, mediante la cual se impuso prohibición administrativa por
declaratoria de área de reserva forestal protectora de la zona denominada Bosque
Oriental de Bogotá; (ii) la Resolución núm. 463, que dispuso la redelimitación del área de
reserva forestal; (iii) el oficio RS-0519 del 22 de abril de 2005, por medio del cual se
efectuó aclaración sobre la redelimitación del área de reserva forestal; y (iv) el auto sin
número de 1.º de junio de 2005, proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante el cual se impuso prohibición judicial consistente en abstenerse
de dar trámite a documentos de legalización de construcciones ubicadas en áreas
excluidas de la reserva forestal de los Cerros Orientales de Bogotá.
Manifestaron que los actos acusados vulneraron normas superiores y dieron lugar a la
configuración de un daño antijurídico, en tanto se privilegió la destinación de reserva
forestal en detrimento de sus derechos, razón por la cual solicitaron la correspondiente
reparación patrimonial.
Como pretensiones de la demanda formularon las siguientes:
PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL DECLARATIVA:
Se declare que la Resolución 076 de 1977 que aprueba y en su texto incorpora el
Acuerdo 30 de 30 de septiembre de 1976 del INDERENA, y el propio Acuerdo 30 de
30 de septiembre de 1976 del INDERENA, NO ALINDERAN NI DETERMINAN EN
FORMA CIERTA POR SUS LINDEROS, LIMLIES Y PREDIOS CONTENIDOS, LA
ZONA O ÁREA DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL DE
BOGOTA.
SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL DECLARATIVA:
Se declare que la zona reservada por la Resolución 076 de 1977 que aprueba y en
su texto incorpora el Acuerdo 30 de 30 de septiembre de 1976 de INDERENA, así
como la señalada por propio Acuerdo 30 de 30 de septiembre de 1976 del
INDERENA, NO EXISTE por indeterminación georeferenciada de sus linderos y/o de
los predios afectados por los mismos y/o porque no hay técnicamente posibilidad de
precisarla en un plano y fijar, en consecuencia, catastral y registralmente los predios
afectados y beneficiados por la misma.
PRIMERA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA PRETENSION
PRINCIPAL DECLARATIVA:
En caso de que la SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL DECLARATIVA no
prospere, subsidiariamente solicito que:
Se declare que, para el caso particular del predio propiedad de la parte demandante,
el mismo NO ESTA ESPECIFICAMENTE INCLUIDO EN LA RESERVA de que trata,
para aprobarla, la Resolución 076 de 1977 o la constituida por el Acuerdo 30 de 30
de septiembre de 1976.
SEGUNDA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA PRETENSION
PRINCIPAL DECLARATIVA:
En caso de que la PRIMERA PRETENSION SUBSIDIARIA antes formulada no
prospere, subsidiariamente solicito que:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Se declare que, para el caso particular del demandante, la Resolución 076 de 1977
que aprueba y en su texto incorpora el Acuerdo 30 de 30 de septiembre de 1976 del
INDERENA, así como el mencionado Acuerdo 30 de 1976 del INDERENA,
PERDIERON SU FUERZA EJECUTORIA, conforme resulte probado en el proceso.
TERCERA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA PRETENSION
PRINCIPAL DECLARATIVA:
En caso de que la SEGUNDA PRETENSION SUBSIDIARIA antes formulada no
prospere, subsidiariamente solicito que:
Se declare, conforme lo que resulte probado en el proceso, que la Resolución 076 de
1977 del Ministerio de Agricultura, así como el Acuerdo 30 de 30 de septiembre de
1976 del INDERENA, por ser actos generales que lesiona derechos particulares, es
INAPLICABLE al demandante.
CUARTA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA PRETENSION
PRINCIPAL DECLARATIVA:
En caso de que no prospere la TERCERA PRETENSION SUBSIDIARIA antes
formulada, solicito que:
Se declare, conforme lo que resulte probado, que la Resolución 076 de 1977 proferida
por el Ministerio de Agricultura, así como el Acuerdo 30 de 1976 del INDERENA, es
INOPONIBLE al demandante.
QUINTA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL
DECLARATIVA:
En caso de que no prospere la CUARTA PRETENSION SUBSIDIARIA antes
formulada, solicito que:
Se declare que la Reserva Forestal constituida por el Acuerdo 30 de 30 de septiembre
de 1976 del INDERENA y aprobada mediante la Resolución 076 de 1977 del
Ministerio de Agricultura, ES INEFICAZ por indeterminación de la zona que la
constituye.
TERCERA PRETENSION PRINCIPAL DECLARATIVA:
Se declare que el artículo primero de la Resolución 463 de 14 de abril de 2005 y la
Resolución 519 de 22 de abril de 2005, aclaratoria de la Resolución 463, NO TIENE
COMO OBJETO REALINDERAR el área de Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá, sino CONSTITUIR Y ALINDERAR UNA ZONA DE RESERVA
FORESTAL.
CUARTA PRETENSION PRINCIPAL DECLARATIVA:
Se declare, conforme lo que resulte probado, que la Resoluciones 463 y la Resolución
519 de 22 de abril de 2005, aclaratoria de la Resolución 463 proferidas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial son NULAS por las causas
que resulten probadas en el proceso.
PRIMERA PRETENSION SUBSIDIARIA PRETENSION PRINCIPAL DECLARATIVA
DE LA CUARTA
En caso de que la CUARTA PRETENSION PRINCIPAL DECLARATIVA no prospere,
subsidiariamente solicito que:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Se declare, conforme lo que resulte probado en el proceso, que la Resoluciones 463
y la 519 las dos de abril de 2005 proferidas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial son INAPLICABLES al demandante, por ser actos generales que
lesionan derechos subjetivos de que es titular particular el demandante.
SEGUNDA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA CUARTA PRETENSION
PRINCIPAL DECLARATIVA:
En caso de que la PRIMERA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA CUARTA
PRETENSION PRINCIPAL DECLARATIVA no prospere, subsidiariamente solicito
que:
Se declare que, para el caso particular del demandante, la Resolución 463 de 2005 y
en consecuencia la Resolución 519 de 22 de abril de 2005, aclaratoria de la
Resolución 463, PERDIO SU FUERZA EJECUTIVA, conforme resulte probado en el
proceso.
TERCERA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL
DECLARATIVA:
En caso de que la SEGUNDA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA CUARTA
PRETENSION PRINCIPAL DECLARATIVA no prospere subsidiariamente solicito
que:
Se declare, conforme lo que resulte probado, que la Resoluciones 463 y la Resolución
319 de 22 de abril de 2003, aclaratoria de la Resolución 463 proferidas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial son INOPONIBLES al
demandante.
CUARTA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL
DECLARATIVA:
En caso de que la TERCERA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA CUARTA
PRETENSION PRINCIPAL DECLARATIVA no prospere, subsidiariamente solicito
que:
Se declare, conforme lo que resulte probado, que las Resoluciones 463 y la
Resolución 319 de 22 de abril de 2003, aclaratoria de la Resolución 463, proferidas
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial son INEFICACES.
QUINTA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL
DECLARATIVA:
En caso de que la CUARTA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA CUARTA
PRETENSION PRINCIPAL DECLARATIVA no prospere, subsidiariamente solicito
que:
Se declare que por las causas que resulten probadas en el proceso, como efecto de
las pretensiones anteriores, el DEMANDANTE HA SIDO LESIONADO EN
DERECHOS SUBJETIVOS amparados por normas jurídicas, DAÑO QUE DEBE SER
REPARADO POR LA NACION - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y/o al Ministerio de Agricultura o, en su defecto, el ente administrativo que
para el momento de la sentencia lo o los haya sustituido.
QUINTA PRETENSION PRINCIPAL DECLARATIVA:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Se declare la NULIDAD de las inscripciones efectuadas por la Superintendencia de
Notariado y Registro en el folio de matrícula correspondiente al predio La Flor en el
cual se inscribió la Resolución 076 de 1977.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA TOTALIDAD DE LAS PRETENSIONES
PRINCIPALES Y SUBSIDIARIAS ANTES FORMULADAS:
Se declare que por las causas que resulten probadas en el proceso, al demandante
le asiste el derecho de que SE LE REPAREN LOS DAÑOS que se le han ocasionado
en sus derechos subjetivos por razón de los actos administrativos dictados, en su
momento, por la Junta Directiva de INDERENA, Acuerdo 30 de 30 de septiembre de
1976, aprobado por Resolución Ejecutiva 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura,
por la Resolución 463 de 14 de abril de 2005 y por la Resolución 519 de 22 de abril
de 2005, aclaratoria de la Resolución 463, estas dos últimas del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
PRETENSIONES DE CONDENA:
PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL DE CONDENA:
Que en consecuencia de las declaraciones pedidas al Honorable Tribunal, se
CONDENE Y ORDENE PAGAR, A TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, a la Nación -Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y/o
Ministerio de Agricultura o, en su defecto, a el ente administrativo que para el
momento de la sentencia lo o los haya sustituido y a la Superintendencia de Notariado
y Registro, dentro de los términos legales so pena de la moratoria y a favor del
demandante, LA SUMA QUE RESULTE PROBADA COMO MONTO DEL
PERJUICIO ocasionado por los actos administrativos proferidos por la junta directiva
del Inderena, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial así como por la inscripción realizada en los folios de matrícula
de la Resolución 076 y/o el Acuerdo 30 de 1976 del Inderena.
PRIMERA PRETENSION SUBSIDIARIA A LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL
DE CONDENA:
En caso de que la PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL DE CONDENA no prospere,
subsidiariamente solicito que:
Que en consecuencia de las declaraciones pedidas al Honorable Tribunal, se
CONDENE Y ORDENE PAGAR, A TITULO DE REPARACION DEL DAÑO, a la
Nación -Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y/o Ministerio de
Agricultura o, en su defecto, a el ente administrativo que para el momento de la
sentencia lo o los haya sustituido- y a la Superintendencia de Notariado y Registro,
dentro de los términos legales so pena de la moratoria y a favor del demandante, LA
SUMA QUE RESULTE PROBADA COMO MONTO DEL DAÑO OCASIONADO por
los actos administrativos proferidos por la Junta Directiva del INDERENA, el Ministerio
de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como
por la inscripción realizada en los folios de matrícula de la Resolución 076 y/o el
Acuerdo 30 de 1976 del Inderena.
SEGUNDA PRETENSION SUBSIDIARIA A LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL
DE CONDENA:
En caso de que la PRIMERA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA
PRETENSION PRINCIPAL DE CONDENA no prospere, subsidiariamente solicito
que:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Que en consecuencia de las declaraciones que se le piden al Honorable Tribunal,
para efecto de restablecer el derecho particular, se ordene al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial o el ente administrativo que para el momento de la
sentencia lo haya sustituido, que SUSTRAIGA de la Reserva Forestal las zonas que
se demuestren en el proceso que no comportan valores ambientales que en términos
legales permitan considerarlo legalmente como zonas de reserva forestal.
TERCERA PRETENSION SUBSIDIARIA A LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL
DE CONDENA.
En caso de que la SEGUNDA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA
PRETENSION PRINCIPAL DE CONDENA no prospere, subsidiariamente solicito
que:
Para efecto de restablecer el derecho particular, estatuya como disposición nueva, en
reemplazo de las acusadas, que los terrenos propiedad de mi defendido ESTAN
SOMETIDOS A REGIMEN DE AREA DE MANEJO ESPECIAL cuyas determinantes
serán las que resulten probadas en el proceso y se acojan en la sentencia.
CUARTA PRETENSION SUBSIDIARIA A LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL
DE CONDENA.
En caso de que la TERCERA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA
PRETENSION PRINCIPAL DE CONDENA no prospere; subsidiariamente solicito
que:
Para efecto de restablecer el derecho particular, estatuya como disposición nueva en
reemplazo de las acusadas que a los terrenos propiedad de mi defendido están
sometidas a régimen de área de manejo especial conforme a lo que estableció en el
Plan de Ordenamiento para el Manejo de los Cerros Orientales (POMCO).
QUINTA PRETENSION SUBSIDIARIA A LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL
DE CONDENA.
En caso de que la CUARTA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA
PRETENSION PRINCIPAL DE CONDENA no prospere, subsidiariamente solicito
que:
Para efecto de restablecer el derecho particular, se ordene al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, que debe darle al predio propiedad del demandante
tratamiento de área de manejo especial la que deberá ser el producto del análisis
ecológico y económico social y que debe producirse en un término de seis (6) meses
después de presentada la documentación correspondiente por el demandante ante la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca o la entidad que tenga la
competencia para el efecto.
SEXTA PRETENSION SUBSIDIARIA A LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL DE
CONDENA:
En el evento de que no prospere la QUINTA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA
PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL DE CONDENA subsidiariamente solicito que:
Que se ordene a la Nación -Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
o el ente administrativo que para el momento de la sentencia lo haya sustituido-, A
PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS que resulten demostrados en el proceso,
causados al demandante y derivados de la orden de inscripción en la oficina de
registro de instrumentos públicos de la Resolución 463 de 14 de abril de 2005. El
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
pago deberá hacerse dentro de los términos legales so pena de la moratoria y a favor
del demandante, la suma que resulte probada como monto del perjuicio ocasionado
por los actos administrativos proferidos por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
SEPTIMA PRETENSION SUBSIDIARIA A LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL
DE CONDENA:
En el evento de que no prospere la SEXTA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA
PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL DE CONDENA subsidiariamente solicito que:
Se ordene al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y/o al ente
administrativo competente para el efecto, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE
COMPRA DIRECTA del (de los) predio propiedad del demandante, realizando oferta
POR EL VALOR QUE ARROJE EL AVALUO QUE EN EL PRESENTE PROCESO SE
PRACTIQUE.
OCTAVA PRETENSION SUBSIDIARIA A LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL
DE CONDENA:
En el evento de que no prospere la SEPTIMA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA
PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL DE CONDENA, subsidiariamente solicito que:
Se ordene al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y/o al ente
administrativo competente para el efecto, iniciar el PROCEDIMIENTO DE COMPRA
DIRECTA de la totalidad del (de los) predio (s) propiedad del demandante, realizando
oferta por el valor que arroje EL AVALUO COMERCIAL QUE DEBE PRAOPICARSE
AL PREDIO TENIENDO EN CUENTA EL VALOR COMERCIAL DEL MISMO ANTES
DE PRODUCIRSE LA INSCRIPCKDN DE LA RESOLUCION 463 DE 2005,
debidamente actualizado en sus valores conforme el costo de oportunidad del dinero
que se hubiese debido pagar a su propietario.
NOVENA PRETENSION SUBSIDIARIA PRETENSION PRINCIPAL DE CONDENA
DE LA PRIMERA.
En caso de que la OCTAVA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA
PRETENSION PRINCIPAL DE CONDENA no prospere subsidiariamente solicito que:
Se declare que las obligaciones ambientales de la Reserva Forestal constituida por
los actos administrativos demandados no obligan al demandante a realizar
restauraciones, le permiten conservar el uso y/o aprovechamiento económico
autorizados por el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, que le ha venido dando al bien y,
en las zonas que no tienen valores ambientales que preservar, puede, en igualdad de
condiciones a cualquier propietario, gestionar, obtener y desarrollar proyectos de
urbanismo dentro de los límites y condiciones que le fijen las autoridades respectivas.
SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL DE CONDENA:
Se ordene a la Superintendencia de Notariado y Registro que CANCELE en los folios
de matrícula de la propiedad inmobiliaria de la parte actora las inscripciones y
anotaciones correspondientes a la Resolución 076 de 1977 del Ministerio de
Agricultura y/o al Acuerdo 30 de 30 de septiembre de 1976.
PRIMERA PRETENSION SUBSIDIARIA PRETENSION PRINCIPAL DE CONDENA:
A LA SEGUNDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Se ordene al Ministerio de Agricultura que oficie a la Superintendencia de Notariado
y Registro para que CANCELE en los folios de matrícula de la propiedad inmobiliaria
de la parte actora las inscripciones y anotaciones correspondientes a la Resolución
076 de 1977 del Ministerio de Agricultura y/o al Acuerdo 30 de 30 de septiembre de
1976.
SEGUNDA PRETENSION SUBSIDIARIA PRETENSION PRINCIPAL DE CONDENA:
A LA SEGUNDA
Se ordene al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que oficie a la
Superintendencia de Notariado y Registro para que CANCELE los folios de matrícula
de la propiedad inmobiliaria de la parte actora las inscripciones y anotaciones
correspondientes a la Resolución 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura y/o al
Acuerdo 30 de 30 de septiembre de 1976.
TERCERA PRETENSION PRINCIPAL DE CONDENA:
Se ordene al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que oficie a la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que CANCELE en los folios de
matrícula de la propiedad inmobiliaria de la parte actora las inscripciones y
anotaciones correspondientes a las resoluciones 463 y 519 de 2005 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
PRIMERA PRETENSION SUBSIDIARIA A LA TERCERA PRETENSIONES
PRINCIPAL DE CONDENA:
Se ordene a la Superintendencia de Notariado y Registro que CANCELE en los folios
de matrícula de la propiedad inmobiliaria de la parte actora las inscripciones y
anotaciones correspondientes a las resoluciones 463 y 519 de 2005 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
CUARTA PRETENSION PRINCIPAL DE CONDENA:
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del Código Contencioso
Administrativo solicito que se condene a la entidad demandada en costas habida
cuenta de la conducta observada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
I.1.2. Radicado 2005-00894
El 11 de agosto de 2005, Yolima Díaz Claro, Paul Iván Remolina Gómez, Alexandra
Paternina España, Jesús Mariano García Ramírez, Ana María Brunassu Piraquive y
Álvaro José Medina Lozano, actuando por intermedio del mismo apoderado judicial, se
propusieron las mismas pretensiones, modificando únicamente la quinta pretensión
principal declarativa, en la que se pidió la nulidad de las inscripciones efectuadas por la
Superintendencia de Notariado y Registro en los folios de matrícula inmobiliaria
correspondiente a los predios LOTE EL CHUZQUE 50C-1424615, LOTE EL MIRADOR
50C-1424614, LOTE UNO QH NUEVE 50C-1510659, LOTE DOS QH NUEVE 50C-
1510660, LOTE TRES QH NUEVE 50C-1510661, LOTE CINCO QH DIEZ 50C-1510655,
LOTE SEIS QH DIEZ 50C-1510656, LOTE SIETE QH DIEZ 50C-1510657, LOTE OCHO
QH DIEZ 50C-1510658, LOTE ISABELLA 50C-1512665, LOTE 2B EL PINO.
I.1.3. Radicado 2005-00873
El 11 de agosto de 2005, Carlos Barbero Muñoz propuso idénticas pretensiones,
modificando únicamente la quinta pretensión principal declarativa, en la que se solicitó la
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
nulidad de las inscripciones realizadas por la Superintendencia de Notariado y Registro
en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes a los predios Santa Bárbara y La
Cantera.
I.1.4. Normas violadas y concepto de violación
Indicaron como presuntamente vulneradas las siguientes disposiciones normativas:
i) Preámbulo y artículos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 13, 25, 29, 58, 60, 64, 65, 79, 83, 90, 209,
313 (numerales 7 y 9), 333, 334 y 338 de la Constitución Política de Colombia.
ii) Numerales 3, 6, 7 y 10 del artículo 1; numerales 18 y 31 del artículo 2; numerales
18, 31, 61, 63 y 111 del artículo 5; y artículo 107 de la Ley 99 de 1993.
iii) Decretos Distritales 629 de 2000 y 469 de 2003.
iv) Artículos 2, 4 y 308 del Decreto Ley 2811 de 1974.
v) Ley 9 de 1989.
vi) Ley 388 de 1997.
vii) Decreto 1420 de 1997.
viii) Artículos 3, 14, 28, 35, 44, 46, 66 y 67 del Código Contencioso Administrativo.
Sostuvieron que, mediante la expedición de los actos acusados, se frustró la posibilidad
de desarrollar actividades económicas lícitas en un predio de propiedad privada, lo cual
desconoció los fines superiores del Estado y el compromiso de asegurar un orden justo.
Adicionalmente, afirmaron que se quebrantó el principio de equilibrio en las cargas
públicas, en tanto los propietarios se vieron obligados a soportar una carga en beneficio
de la colectividad sin que mediara compensación alguna.
Indicaron que se vulneró el principio de participación, por cuanto los actos administrativos
demandados fueron el resultado de un ejercicio unilateral de la función administrativa, sin
que se hubiera garantizado la intervención efectiva de los propietarios afectados.
Asimismo, señalaron que se desconoció el principio de solidaridad, dado que en los actos
acusados no se reconoció la afectación concreta a los derechos subjetivos de los
propietarios, ni se establecieron mecanismos para distribuir equitativamente las cargas
derivadas de la declaratoria de reserva.
Adujeron que, a través de los actos cuestionados, la autoridad administrativa desconoció
el derecho de defensa de los propietarios, lesionó el derecho de propiedad y el derecho
al trabajo, y vulneró el debido proceso, en la medida en que se omitió el sistema de
garantías asociado a los principios de publicidad y participación de los interesados en las
decisiones administrativas.
Manifestaron que el Ministerio de Ambiente se habría arrogado competencias propias del
Distrito Capital, particularmente las relativas a la regulación y zonificación del territorio,
desconociendo el orden constitucional de competencias.
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Afirmaron que se privilegió de manera absoluta el derecho al medio ambiente, en
detrimento del derecho de los propietarios a usar y gozar de su derecho de dominio, sin
que se efectuara una ponderación razonable entre los derechos en tensión.
Sugirieron que los propietarios de los inmuebles afectados no fueron compensados por
las limitaciones impuestas a su derecho de propiedad, pese a que dichas restricciones
provenían de una actuación estatal.
Sostuvieron que se desconoció el deber de protección del patrimonio, por cuanto en los
actos acusados no se previó un sistema de compensación frente a las restricciones
impuestas a los propietarios de los inmuebles incorporados a la reserva forestal.
Adujeron que se vulneró el derecho a la igualdad, dado que a los propietarios se les
impusieron limitaciones que les impiden desarrollar actividades permitidas a otros sujetos
en condiciones semejantes, lo cual, a su modo de ver, configura un trato discriminatorio,
aun cuando dichas actividades se encuentren sometidas a la intervención del Estado.
De manera conjunta, invocaron como vulnerados los artículos 25, 58, 333 y 334 de la
Constitución Política; el artículo 4.º del Decreto 2811 de 1974; las Leyes 9 de 1989 y 388
de 1997; y el Decreto 1420 de 1997.
Comentaron que, con la expedición de los actos demandados, se obstaculizó el ejercicio
del derecho de propiedad privada y del trabajo, particularmente el dedicado a la
producción de alimentos, puesto que dentro de la reserva forestal protectora el único
aprovechamiento económico permitido es el del fruto secundario del bosque, lo que
impide el desarrollo de actividades pecuarias y agrarias orientadas a la producción
alimentaria.
Precisaron que la intervención del Estado en la economía, lejos de cumplir su finalidad
constitucional de racionalizar el uso de los recursos, se tradujo en una medida extrema
de protección ambiental, que convirtió el recurso natural en un terreno improductivo,
meramente contemplativo y pasivo dentro de los procesos de generación de riqueza y
empleo.
Agregaron que los actos acusados ocasionaron la pérdida del capital invertido en la
construcción de infraestructura destinada al soporte de actividades agrarias y pecuarias,
sin que existiera compensación alguna.
En relación con el debido proceso, afirmaron que este fue vulnerado, en tanto no se
permitió la participación de la comunidad en la expedición de actos administrativos que
afectaron derechos particulares, con lo cual se desconocieron los artículos 14 y 28 del
Código Contencioso Administrativo.
Finalmente, señalaron que se omitió el deber de notificación personal previsto en el
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, dado que los actos acusados
contenían decisiones de carácter general y particular, y estas últimas debieron ser
notificadas individualmente a los propietarios de los inmuebles afectados.
I.1.5. Una vez admitidas las demandas, mediante auto del 29 de enero de 2009 se
resolvió acumular los procesos 250002324000200500873-01 y
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
250002324000200500894–01 al expediente 250002324000200500864-01, en donde el
demandante es German Agudelo Rodríguez3.
Mediante auto del 1° de julio de 2010 se admitió la corrección de la demanda en los
radicados 250002324000200500873-01 y 250002324000200500864-014. Mediante auto
del 10 de marzo de 2011 se abrieron a pruebas estos procesos5.
I.2. Contestaciones
Teniendo en cuenta que las demandas presentadas contienen planteamientos
sustancialmente similares, la Sala realiza un resumen conjunto de las contestaciones
formuladas por las entidades demandadas, en los siguientes términos:
I.2.1. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Solicitó la negativa de todas las pretensiones formuladas. Para tal efecto, se pronunció
sobre cada uno de los pedimentos, en defensa de la legalidad de los actos administrativos
acusados.
En síntesis, sostuvo que las autoridades que expidieron los actos cuestionados sí
contaban con competencia para ello, y precisó, en particular respecto del Acuerdo núm.
30 de 1976, que no era cierto que dicho acto careciera de la definición de los linderos de
la reserva forestal, como lo afirmaban los demandantes.
Finalmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
ineptitud sustantiva de la demanda y las demás que resultaren probadas en el curso del
proceso.
I.2.2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos administrativos
acusados fueron expedidos por funcionarios competentes, con observancia del
procedimiento legal y con fundamento en las normas vigentes aplicables al caso.
En relación con la competencia para la expedición del Acuerdo núm. 30 de 1976, explicó
que este fue proferido por el INDERENA en ejercicio de las atribuciones conferidas por
el Decreto Ley 133 de 1976, particularmente las previstas en sus artículos 38 y 77.
Respecto del trámite de expedición y publicidad del referido acuerdo, señaló que fue
aprobado mediante la Resolución Ejecutiva núm. 076 de 1977, publicada en el Diario
Oficial núm. 34.777 del 3 de mayo de 1977, y que en los municipios en los cuales quedó
delimitada la zona de reserva forestal se efectuó su publicación en el año 2003.
Añadió que la inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria se originó en cumplimiento
de una decisión judicial en el marco de una acción de cumplimiento, mediante la cual se
ordenó realizar el registro de la reserva en los inmuebles ubicados al interior de esta.
En cuanto a la Resolución núm. 0463, indicó que no era cierto que la entidad careciera
de competencia para redefinir los linderos de la reserva, pues al tratarse de una reserva
3 Folio 625 cuaderno Tribunal
4 Folio 656 cuaderno 02 Tribunal.
5 Folio 697 cuaderno 02 Tribunal.
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Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
forestal de carácter nacional, correspondía a dicha autoridad adelantar esa actuación,
razón por la cual no prosperaba el cargo formulado ni la alegada vulneración de los
Decretos Distritales 629 de 2000 y 469 de 2003.
Finalmente, propuso la excepción de indebida acumulación de pretensiones.
I.2.3. Superintendencia de Notariado y Registro
Sostuvo que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos actuó en estricto
cumplimiento del estatuto registral, en la medida en que, una vez recibió la solicitud
formulada por la autoridad administrativa competente, se encontraba legalmente obligada
a proceder con la inscripción en los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria. En
ese orden, afirmó que una eventual responsabilidad solo podría predicarse de la
autoridad que ordenó o solicitó el registro, que en el caso concreto fue el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
I.3. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 24 de agosto de 2017, la Subsección A del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca declaró probada la excepción de cosa juzgada material y, en
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
Antes de abordar el estudio de fondo, el Tribunal reprodujo de manera textual la fijación
del litigio, a partir de la cual delimitó el objeto de su pronunciamiento respecto de los
siguientes actos administrativos, cuestionados en los tres procesos, el principal y los
acumulados con los radicados 2005-00873-01 y 2005-00894-01:
(i) el Acuerdo núm. 30 de 30 de septiembre de 1976, “por el cual se declaran y alindan
unas áreas de reserva forestal y se delegan unas funciones”, expedido por la Junta
Directiva del INDERENA;
(ii) la Resolución núm. 076 de 31 de marzo de 1977, “por la cual se aprueba un
acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente”, expedida por el Ministerio de Agricultura;
(iii) la Resolución núm. 0463 de 14 de abril de 2005, “por medio de la cual se redelimita
la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación
y reglamentación de usos y se establecen las determinantes para el ordenamiento y
manejo de los Cerros Orientales de Bogotá”, expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial;
(iv) la Resolución núm. 0519 de 22 de abril de 2005, “por medio de la cual se aclara
el artículo primero de la Resolución núm. 463 de 14 de abril de 2005”, expedida por
la misma entidad; y
(v) las inscripciones efectuadas por la Superintendencia de Notariado y Registro en
los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes a los siguientes predios: Flor Lote
El Chuzque (50C-1424615), Lote El Mirador (50C-1424614), Lote Uno QH Nueve
(QH9) (50C-1510659), Lote Dos QH Nueve (QH9) (50C-1510660), Lote Tres QH
Nueve (QH9) (50C-1510661), Lote Cinco QH Diez (QH10) (50C-1510655), Lote Seis
QH Diez (QH10) (50C-1510656), Lote Siete QH Diez (QH10) (50C-1510657), Lote
Ocho QH Diez (QH10) (50C-1510658), Lote Isabella (50C-1512665), Lote 2B El Pino
(50C-1489423), predio Santa Bárbara (50C-215782) y predio La Cantera (50C-
1019126).
Para declarar probada la excepción de cosa juzgada material, el Tribunal señaló que el
Consejo de Estado, mediante sentencia proferida en el radicado 2005-00262-01, se había
pronunciado sobre la legalidad de la Resolución núm. 0463 de 2005, en particular
respecto del cargo de falta de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
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Desarrollo Territorial, concluyendo que dicha entidad sí se encontraba habilitada para
expedir ese acto.
Asimismo, destacó que, en sentencia del 6 de noviembre de 2014, dictada dentro del
radicado 2006-00399-00, se examinó la legalidad del Acuerdo núm. 30 de 1976, la
Resolución núm. 076 de 1977 y las Resoluciones 463 y 519 de 2005, en relación con los
cargos de vulneración del debido proceso, infracción de las normas en que debían
fundarse, y la presunta ilegalidad derivada de la falta de asignación presupuestal para la
adquisición de los predios ubicados en la zona de reserva forestal. En dicha oportunidad
se negaron las pretensiones y se declaró la cosa juzgada respecto de los cargos
relacionados con la falta de publicación e inscripción del Acuerdo núm. 30 de 1976, con
fundamento en las sentencias del 30 de enero de 2004 y 5 de noviembre de 2013.
Adicionalmente, argumentó que, en sentencia del 16 de julio de 2015, proferida en el
radicado 2006-00046-00, mediante la cual se pretendía la nulidad de la Resolución núm.
0463 de 2005 por vulneración del debido proceso, del derecho de defensa, abuso de
poder, desconocimiento de los principios de buena fe y confianza legítima, afectación de
derechos adquiridos y falsa motivación, el Consejo de Estado negó igualmente las
pretensiones.
Con fundamento en ese recuento, el Tribunal concluyó que se encontraba plenamente
configurada la cosa juzgada material, razón por la cual resolvió:
(i) declarar la existencia de cosa juzgada material respecto de las pretensiones de
inoponibilidad e ineficacia de la Resolución núm. 076 de 1977 y del Acuerdo núm. 30
de 1976, y, en consecuencia, negar el restablecimiento del derecho; y
(ii) declarar la existencia de cosa juzgada material frente a las pretensiones de
inaplicación de las Resoluciones 0463 y 0519 de 2005, al tratarse de actos de carácter
general, y negar igualmente las pretensiones consecuenciales de restablecimiento
del derecho.
II. RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, el cual sustentó recordando las pretensiones formuladas en las
demandas.
Como punto inicial de inconformidad, sostuvo que la norma procesal aplicable al caso era
el Decreto 01 de 1984, en atención a la fecha de presentación de la demanda. Con base
en ello, destacó la diferencia existente entre lo dispuesto en el artículo 170 del Código
Contencioso Administrativo y el artículo 187 del CPACA, al señalar que la primera de
dichas disposiciones imponía al juez el deber de analizar expresamente los argumentos
de las partes, a diferencia de lo previsto en la normativa posterior.
A partir de lo anterior, cuestionó que el Tribunal hubiera omitido pronunciarse sobre los
conceptos de violación expuestos en las demandas, lo cual —en su criterio— configuró
“una infracción al deber establecido en el artículo 170 del Decreto 01 de 1984”.
Argumentó que dicha omisión resultaba especialmente relevante, en la medida en que la
causa petendi de las demandas acumuladas es distinta de aquella que fue objeto de
análisis por el Consejo de Estado en los procesos previamente decididos. En palabras
del recurrente: “la omisión en el pronunciamiento de los argumentos de quien demanda
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es trascendente pues si hubiese cumplido con el deber legal que le impone el análisis
hubiese llegado a la conclusión que (…) la ‘causa petendi’ juzgada en las sentencias
previas no constituye cosa juzgada respecto del objeto litigioso que aquí se debate”.
Con fundamento en lo anterior, afirmó que la sentencia recurrida vulneró el principio de
congruencia, lo cual —según indicó— comporta una violación del debido proceso y
configura una vía de hecho.
De manera adicional, el recurrente cuestionó que el Tribunal no hubiese diferenciado el
alcance del control judicial propio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
que no se agota en el examen de la legalidad abstracta del acto administrativo, sino que
está orientado a la protección de derechos subjetivos, a diferencia de lo que ocurre en el
control de simple legalidad.
Dada la relevancia de este planteamiento para la resolución del recurso, el apelante
expuso, in extenso, lo siguiente:
Lo primero que esta apelación destaca es que ninguna de las pretensiones
formuladas ataca la legalidad del acto. No hay una pretensión que solicite tal
declaración.
Seguramente el Tribunal desconoce las posibilidades del medio de control de nulidad
y restablecimiento que no están limitadas a que se declare la nulidad un acto general,
que es lo propio del contencioso administrativo, sino que se hagan otro tipo de
declaraciones frente al acto administrativo atendiendo a los derechos subjetivos de
que son titulares los sujetos que pueden ver su situación jurídica alterada por el acto
administrativo.
La demanda parte de que el acto es legal, de allí que no hay ninguna pretensión que
pretenda la declaración de ilegalidad. Así que una cuestión es la juridicidad del acto
administrativo general y otra distinta la afectación a los derechos subjetivos respecto
a los sujetos que demandan las declaraciones que aluden a su condición personal y
concreta respecto de ese acto general.
Tal decisión específica alegada frente al acto administrativo alude, no a la legalidad
del acto administrativo, sino a las condiciones específicas que solo se manifiestan
desde el contencioso subjetivo, encontrándose varias situaciones que son las que las
pretensiones solicitan sean resueltas por el Tribunal y sobre las que se omite
pronunciamiento, faltando al principio de congruencia que exige decisiones precisas
sobre lo solicitado. De esta manera, la parte que represento apela la decisión objeto
de recurso y expone sus motivos de inconformidad de manera puntual frente a cada
una de las omisiones de pronunciamiento que no pueden ser atacadas de otra forma
porque no hay argumentos que permitan una impugnación distinta.
A partir de lo anterior, el recurrente precisó el alcance de cada una de las pretensiones
formuladas en la demanda.
En relación con la primera pretensión declarativa, sostuvo que no se solicitó un
pronunciamiento sobre la validez del acto administrativo, sino sobre su extensión
subjetiva.
La segunda pretensión, afirmó, buscaba que el juez se pronunciara sobre la inexistencia
de la Resolución núm. 076 de 1977 y del Acuerdo núm. 30 de 1976, por la
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indeterminación de sus linderos, reiterando que no se cuestionó su validez, sino su
existencia misma.
Respecto de la tercera pretensión declarativa, indicó que lo pretendido era que el Tribunal
determinara el carácter constitutivo de la Resolución núm. 463 de 14 de abril de 2005,
posteriormente aclarada por la Resolución núm. 519 del mismo año, asunto sobre el cual
—según afirmó— no hubo pronunciamiento alguno.
En cuanto a la cuarta pretensión, sostuvo que esta sí estaba dirigida a la nulidad de la
Resolución núm. 463 de 2005, aclarada por la Resolución núm. 519 de 2005.
En relación con la quinta pretensión, señaló que se solicitó “que se declare la nulidad de
las inscripciones registrales”, aspecto que, a su juicio, tampoco fue objeto de análisis por
el Tribunal.
De otro lado, explicó que no acudió a la reparación directa, por cuanto “median actos
administrativos que son los lesivos y que, si se mantienen en el ordenamiento jurídico
como efecto del examen de las pretensiones previas, causan el daño antijurídico”.
En ese sentido, afirmó: “resulta impensable que una pretensión de restablecimiento de
derechos lesionados por un acto administrativo se responda con cosa juzgada de
legalidad. En este evento, la cosa juzgada de legalidad no excluye el pronunciamiento
sobre restablecimiento del daño del acto imputable a un acto administrativo que se
mantiene en el ordenamiento por el interés general ambiental que representa”.
A continuación, cuestionó la declaratoria de cosa juzgada material por el Tribunal. En
primer lugar, sostuvo que respecto del Acuerdo núm. 30 de 1976 no podía predicarse
dicha excepción, pues en la sentencia proferida dentro del radicado 2005-00262-01 se
examinó exclusivamente la nulidad de la Resolución núm. 463 de 2005 por falta de
competencia.
En igual sentido, señaló que en el radicado 2006-00399-00 se estudió la causal de nulidad
por falta de publicación del Acuerdo núm. 30 de 1976, que no guarda relación con el
cargo planteado en el trámite de la referencia, consistente en la falta de competencia.
Asimismo, cuestionó que se hubiese declarado la cosa juzgada respecto de la Resolución
núm. 463 de 2005, pues, si bien en el proceso 2005-00262-01 se analizó su legalidad por
la causal de falta de competencia, dicho análisis partió del supuesto de que el Acuerdo
núm. 30 de 1976 había sido expedido por autoridad competente, asunto que
precisamente es objeto de cuestionamiento en las demandas acumuladas.
Agregó que no podía declararse cosa juzgada sobre la existencia de la zona de reserva
forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá, dado que en el proceso 2006-00046-00
se abordó únicamente el cargo de falsa motivación de la Resolución núm. 463 de 2005,
sin examinar la Resolución núm. 076 de 1977 ni el Acuerdo 30 de 1976. De igual forma,
sostuvo que no era procedente declarar cosa juzgada respecto del cargo de falsa
motivación de la Resolución núm. 463 de 2005, en tanto que en el proceso 2006-00046-
00 dicho análisis se efectuó a partir de las características de los predios, pero no respecto
de los linderos establecidos en el Acuerdo núm. 30 de 1976.
Finalmente, indicó que tampoco podía declararse cosa juzgada respecto de la nulidad de
las inscripciones registrales, pues ninguna de las decisiones del Consejo de Estado
invocadas por el Tribunal examinó dicha pretensión.
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Concluyó señalando que las sentencias citadas no fueron proferidas por la Sala Plena
del Consejo de Estado, por lo que podían ser consideradas precedentes, mas no
fundamento para declarar probada la excepción de cosa juzgada material.
Trámite en segunda instancia
Mediante auto del 28 de mayo de 2018 se admitió el recurso de apelación y
posteriormente, en providencia del 28 de junio del mismo año se corrió traslado para
alegatos de conclusión.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó que se declarara probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
Las demás partes guardaron silencio y el Ministerio Público no rindió concepto.
III. CONSIDERACIONES
III.1 Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 129 del Código Contencioso
Administrativo y 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 2019 (modificado por el
artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), expedido por la Sala Plena de la Corporación,
la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto.
III.2. Identificación del problema a resolver
Para efectos de resolver el recurso de apelación, la Sala advierte que la controversia se
contrae a establecer si, en el presente asunto, se configura el fenómeno de la cosa
juzgada, en los términos del artículo 175 del CCA.
En efecto, la parte actora sostiene que las providencias invocadas por el Tribunal como
fundamento de la excepción no satisfacen los presupuestos exigidos por la citada norma,
en particular, la coincidencia del objeto del litigio y de la causa petendi, y que, por ende,
no era procedente negar las pretensiones, sino que correspondía abordar el estudio de
fondo de los cargos propuestos en las demandas acumuladas, así como de las
pretensiones de restablecimiento e indemnización planteadas.
Por su parte, el Tribunal concluyó que sí se encontraba acreditada la cosa juzgada, al
estimar que los actos administrativos aquí demandados ya habían sido objeto de control
judicial por el Consejo de Estado, y que en dichos procesos se resolvieron controversias
relacionadas con su validez, razón por la cual consideró improcedente emitir un nuevo
pronunciamiento sobre el mismo asunto.
En ese contexto, corresponde a la Sala determinar si las decisiones judiciales previas
citadas por el a quo tienen la entidad suficiente para producir cosa juzgada frente a las
pretensiones formuladas en este proceso, atendiendo a: (i) el tipo de pronunciamiento
adoptado en tales sentencias; (ii) la congruencia entre los cargos analizados entonces y
los reproches que ahora se proponen frente a los actos administrativos demandados; y
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(iii) el alcance de tales fallos en relación con las pretensiones de carácter subjetivo
planteadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
III.3. Análisis de la Sala
III.3.1. De la cosa juzgada
Para comenzar, se debe traer a colación el artículo 175 del CCA, que establece lo
siguiente:
ARTÍCULO 175.La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá
fuerza de cosa juzgada erga omnes.
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en
relación con la causa petendi juzgada.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y
cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto
y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de
partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien
hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un
acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán
sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios.
Sobre el particular, en sentencia del 11 de junio de 2020, esta Sección precisó lo que
sigue:
Esta Corporación6 ha explicado, acerca de la declaratoria de cosa juzgada en el
marco de una acción de nulidad simple, lo siguiente:
“(…) El fenómeno de la cosa juzgada se encontraba regulado en los artículos 332 del
Código de Procedimiento Civil y el artículo 175 del Código Contencioso
Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:
(…) De conformidad con la norma transcrita, la sentencia que decrete la nulidad de
un acto administrativo tiene efectos erga omnes de manera plena, por lo que respecto
de dicho acto no resulta posible adelantar un nuevo proceso en el que se solicite su
anulación. Sin embargo, cuando se trate de sentencias en las que se denieguen
la nulidad, los efectos de cosa juzgada solo recaen sobre la causa petendi,
razón por la cual es posible que respecto de los actos que son objeto de la
decisión se puedan tramitar nuevos procesos, los cuales deben tener por
fundamento una causa distinta a la resuelta en la sentencia que negó la
pretensión nugatoria (…)”(Destacado fuera de texto).
La Sala reitera, de conformidad con la normativa y jurisprudencia citada supra, que
en los procesos de nulidad, si la sentencia accede a las pretensiones de la demanda,
producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, “(…) lo cual significa que la decisión
judicial en firme que haya declarado la nulidad de un acto administrativo, se hace
extensiva a aquellos procesos en los cuales el acto demandado sea exactamente el
mismo, independientemente de cuál sea la causa invocada para sustentar la nulidad
6 Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, número único de radicación 05001-23-33-000-
2015-02253-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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deprecada (…)7”; es decir, que la sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes, para todo el mundo y sin
importar la causa petendi o los argumentos alegados, situación que impide que pueda
presentarse un nuevo pronunciamiento en relación con el acto acusado.
Por el contrario, si se trata de una sentencia desestimatoria de las pretensiones, esta
producirá efectos de cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa
petendi que, entendida como la razón o los motivos por los cuales se demanda, está
contenida en los cargos esgrimidos o en el concepto de la violación que se invoca
como sustento de la solicitud de nulidad; de ello se infiere que la sentencia
desestimatoria de las pretensiones de una acción de nulidad hace tránsito a cosa
juzgada erga omnes, solo respecto de los cargos que dan lugar a su interposición” .
(Paréntesis y negrillas dentro del texto, subrayas de la Sala).
Así las cosas, en tratándose de procesos de nulidad una decisión previa que haya
controlado las disposiciones que se ventilan en un juicio actual tiene efectos erga omnes,
es decir, afectan incluso a sujetos que no hayan intervenido en el proceso inicial. No
obstante, dependiendo del sentido de la decisión adoptada en la sentencia se definirá si
existe o no cosa juzgada absoluta o relativa.
En ese orden, si la sentencia frente a la cual se pretende efectuar el análisis de la
excepción fue estimatoria, el efecto de la cosa juzgada será absoluto respecto de las
disposiciones cuya ilegalidad fue declarada y, en esa medida, es claro que resultaría
improcedente efectuar posteriores análisis de validez de esas mismas normas, en tanto
resultaron expulsadas del orden jurídico al ser contrarias a éste.
Cuestión distinta acontece en el evento de que la decisión fuese desestimatoria de los
cargos de nulidad, pues en ese caso el efecto de la cosa juzgada es relativo, lo que
significa que se predicará únicamente de los cargos en ella analizados y respecto de las
disposiciones acusadas, por lo que la delimitación del objeto y la causa petendi en esa
hipótesis resulta necesaria y por ello el estudio de la figura deberá circunscribirse a los
elementos previstos en el artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable en virtud
de la remisión normativa del artículo 267 del CCA, esto es: i) que el nuevo proceso verse
sobre el mismo objeto; ii) que se funde en la misma causa anterior, y iii) que en los
procesos haya identidad jurídica de parte.
Requisito, este último, del que debe aclararse que no es aplicable en procesos de nulidad,
ya que en éstos la parte actora no promueve la acción en interés particular, sino todo lo
contrario, en interés del orden jurídico8. Mientras que sí lo es en las acciones de nulidad
y restablecimiento del derecho, debido a que en esa clase de providencias las decisiones
definitivas tienen efectos inter partes, de modo que solo afectan a quienes participen de
la actuación judicial como partes o litisconsortes necesarios.
Pues bien, como se vio en lo antecedentes, el Tribunal encontró probado el fenómeno de
cosa juzgada respecto de las siguientes sentencias:
(i) del 28 de octubre de 2010, proferida dentro del expediente con radicado
11001 03 24 000 2005 00262 01;
7 Sección Primera, sentencia de 21 de octubre de 2010, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número
único de radicación 11001 03 25 000 2006 00388 00.
8 En ese mismo sentido se pronunció esta Sección en audiencia inicial celebrada el 25 de enero de 2021,
dentro del proceso identificado con número de radicación 11001 03 25 000 2015 00190 00.
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(ii) del 6 de noviembre de 2014, proferida en el proceso con radicado 11001
03 24 000 2006 00399 00; y
(iii) del 16 de julio de 2015, proferida en el trámite identificado con radicado
11001 03 24 000 2006 00046 00.
Además, la Sala encuentra que la legalidad de los actos demandados fue estudiada en
los siguientes fallos:
(iv) del 1 de noviembre de 2012, emitido en el proceso 11001 03 24 000
2005-00246 01;
(v) del 30 de mayo de 2019, dictado en el proceso 11001 03 24 000 2005-
00312 00;
(vi) del 23 de mayo de 2024, proferido en el proceso 25000-2324-000-2005-
01257-02;
(vii) del 8 de mayo de 2025, proferido en el proceso 25000 23 24 000 2005
00891 01; y
(viii) del 11 de diciembre de 2025, proferido en el proceso 25000 23 24 000
2005 00890 02.
En consecuencia, el análisis del citado fenómeno incluirá las providencias identificadas
por el Tribunal y de oficio la Sala abordará dicho estudio frente a los demás
pronunciamientos de la Corporación.
Así pues, debe señalarse que esta Sección desestimó las pretensiones de nulidad en
contra de los actos aquí demandados, circunstancia que nos ubica en la segunda
hipótesis anteriormente explicada.
Por ende, en aras de determinar si en el caso bajo estudio se configura o no el fenómeno
de la cosa juzgada, resulta indispensable examinar si en los procesos de nulidad el objeto
y la causa de la demanda incoada coinciden total o parcialmente con las ventiladas en
los procesos que culminaron con las mencionadas sentencias. Asimismo, deberá
verificarse si en los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, además de dichos
requisitos, existe identidad de partes.
III.3.2. Caso concreto
Al examinar las pretensiones declarativas formuladas en las demandas de los procesos
acumulados, la Sala advierte que estas pueden agruparse, en lo pertinente, de la
siguiente manera.
En la primera pretensión principal, los demandantes solicitan que se declare que la
Resolución núm. 076 de 1977, mediante la cual se aprobó y se incorporó el Acuerdo núm.
30 de 30 de septiembre de 1976 del INDERENA, “no alinderan ni determinan en forma
cierta”, por sus linderos, límites y predios contenidos, la zona o área de la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.
Como consecuencia de dicha afirmación —y a la vez formulada como segunda
pretensión principal— se solicita que se declare que la Resolución núm. 076 de 1977 “no
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
existe”, por la indeterminación de tales linderos. A su turno, en la tercera pretensión
principal, se pretende que se declare que el artículo primero de la Resolución núm. 463
de 14 de abril de 2005, así como la Resolución núm. 519 de 22 de abril de 2005,
aclaratoria de aquella, “no tienen como objeto realinderar” el área de reserva forestal.
Como puede observarse, estas tres pretensiones no se orientan a cuestionar la validez
jurídica de los actos administrativos demandados, ni persiguen su expulsión del
ordenamiento jurídico, sino que procuran obtener declaraciones atípicas relativas a su
alcance material, a su supuesta inexistencia o a la finalidad real de su expedición. En tal
medida, no corresponden al objeto propio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, el cual se encuentra dirigido, de manera principal, a la declaratoria de nulidad
de actos administrativos y al restablecimiento de derechos subjetivos lesionados. Por ello,
dichas pretensiones no son susceptibles de pronunciamiento en el marco de un proceso
de esta naturaleza, al exceder los contornos del control judicial.
Distinta consideración merece lo relativo a las pretensiones cuarta y quinta principales,
las cuales sí se enmarcan formalmente en solicitudes de nulidad. En efecto, mediante la
cuarta pretensión principal se solicita que “se declare, conforme a lo que resulte probado
en el proceso, que las Resoluciones núm. 463 de 2005 y núm. 519 de 22 de abril de 2005,
aclaratoria de la anterior, proferidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, son nulas por las causas que resulten probadas”.
Por su parte, en la quinta pretensión principal se pretende que “se declare la nulidad de
las inscripciones efectuadas por la Superintendencia de Notariado y Registro en el folio
de matrícula inmobiliaria correspondiente al predio La Flor, en el cual se inscribió la
Resolución núm. 076 de 1977”.
De lo anterior se sigue que el objeto del litigio en el presente asunto, en lo que resulta
jurídicamente relevante para efectos del análisis de la cosa juzgada, se circunscribe a
determinar la legalidad de: (i) las Resoluciones núm. 463 y 519 de 2005; y (ii) las
inscripciones registrales practicadas con fundamento en la Resolución núm. 076 de 1977
en los folios de matrícula inmobiliaria relacionados en el acápite de antecedentes de esta
providencia.
III.3.2.1. Ahora bien, debe indicarse que los siguientes procesos fueron tramitados bajo
la acción de nulidad simple: 11001 03 24 000 2005 00262 01 y 11001 03 24 000 2006
00399 00. En consecuencia, el requisito que se debe cumplir para poder declarar la
excepción de cosa juzgada es la identidad en el objeto y causa, lo cual impone determinar
si el Consejo de Estado se pronunció sobre la legalidad de los actos cuestionados por los
mismos cargos.
En tal sentido, la Sala estima indispensable efectuar un ejercicio comparativo entre los
procesos de simple nulidad previamente decididos por esta Corporación y los procesos
acumulados que ahora se examinan, con el fin de verificar si efectivamente se configura
dicha identidad.
2005-00262 2006-00399 2005-00873 2005-00894 2005-00864
Objeto Resolución 0463 de 2005 Resoluciones Resoluciones Resoluciones 463 Resoluciones
0463 y 0519 de 463 y 519 de y 519 de 2005. 463 y 519 de
2005 2005. Inscripciones de 2005.
Inscripciones la Resolución 076 Inscripciones
de la de 1977 en los de la
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
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Resolución folios de matrícula Resolución
076 de 1977 inmobiliaria Nros. 076 de 1977
en los folios de LOTE EL en el folio de
matrícula CHUZQUE 50C- matrícula
inmobiliaria 1424615, LOTE inmobiliaria
Nros. 50C- EL MIRADOR Nro. 50C-
215782 y 50C- 50C-1424614, 1495466.
1019126. LOTE UNO QH
NUEVE 50C-
1510659, LOTE
DOS QH NUEVE
50C-1510660,
LOTE TRES QH
NUEVE 50C-
1510661, LOTE
CINCO QH DIEZ
50C-1510655,
LOTE SEIS QH
DIEZ 50C-
1510656, LOTE
SIETE QH DIEZ
50C-1510657,
LOTE OCHO QH
DIEZ 50C-
1510658, LOTE
ISABELLA 50C-
1512665, LOTE
2B EL PINO.
Causa (i) Desconocer el artículo Acto expedido sin Vulneración de Igual al radicado Igual al
61 de la Ley 99 de 1993 y competencia por normas 2005-00873-01. radicado
el debido proceso, pues se el Ministerio de superior. 2005-00873-
cambiaron los usos de Ambiente, Constitución 01.
suelo agropecuarios y Vivienda y Política:
forestal al de explotación Desarrollo preámbulo,
minera en la reserva Territorial, ya que artículos 1°, 2°,
forestal, (ii) se desconoció esa entidad redujo 4°, 5°, 6°, 8°,
el fallo del 1 de marzo de el área protegida 13°, 25, 29, 58,
2001 emitido por el de la reserva 60, 64, 65, 79,
Tribunal Administrativo de forestal 90, 209, 333,
Cundinamarca, (iii) no señalando que 334, 338, entre
existía una asignación esas zonas ya otras normas
presupuestal para la habían sido de rango legal
compra de los predios urbanizadas. Esa y distrital, tales
ubicados en la zona de circunstancia, como
protección de la reserva, y vulneraba los Ley 99,
(iv) se reprochó que en la artículos 79 y 80 artículo 1°
Resolución 0519 de 2005 de la Constitución Decretos
no se hizo una simple Política, artículo distritales 629
aclaración de la 1º, los numerales de 2000 y 469
Resolución 0463 de ese 3, 16 y 18 del de 2003.
año, sino que en realidad artículo 31,
esta última fue artículos 55 y 56
completamente de la Ley 99 de
modificada. 1993, 204 del
Decreto 2811 de
1974, el Acuerdo
número 30 del 30
de septiembre de
1976 y los
artículos 6, 16, 28
y 117 del Decreto
469 de 2003.
Del análisis del proceso 2005-00262-01, se observa que el control judicial se circunscribió
exclusivamente a la Resolución núm. 0463 de 2005, y que los cargos formulados se
estructuraron en torno a: (i) el presunto desconocimiento del artículo 61 de la Ley 99 de
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
1993 y del debido proceso, por el cambio de usos del suelo dentro de la reserva forestal;
(ii) la supuesta contradicción con el fallo del 1.º de marzo de 2001 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; (iii) la inexistencia de asignación presupuestal para la
adquisición de los predios ubicados en la zona de protección; y (iv) la alegada
modificación sustancial introducida mediante la Resolución núm. 0519 de 2005.
Por su parte, en el proceso 2006-00399-00, el juicio de legalidad recayó sobre las
Resoluciones núm. 0463 y 0519 de 2005, y el cargo central estuvo dirigido a cuestionar
la competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, bajo el
argumento de que dicha entidad habría reducido el área protegida de la reserva forestal,
permitiendo procesos de urbanización, con vulneración de normas constitucionales,
legales y distritales asociadas a la protección ambiental y al ordenamiento territorial.
En contraste, en el caso que ocupa actualmente la atención de la Sala, esto es, en los
procesos acumulados números 2005-00864, 2005-00873 y 2005-00894, el objeto del
litigio no se limita a la legalidad de las Resoluciones núm. 463 y 519 de 2005, sino que
incluye adicionalmente la nulidad de las inscripciones registrales practicadas en los folios
de matrícula inmobiliaria con fundamento en la Resolución núm. 076 de 1977, aspecto
que no fue objeto de control judicial en ninguno de los procesos de simple nulidad
anteriormente referidos.
De igual forma, la causa petendi difiere de manera sustancial. Mientras que en los
procesos de simple nulidad los cargos se concentraron en asuntos relativos a la
destinación del suelo, la reducción del área protegida, la asignación presupuestal y el
alcance aclaratorio o modificatorio de la Resolución núm. 519 de 2005, en los procesos
que ahora se examinan se invoca un bloque normativo significativamente más amplio,
integrado por disposiciones constitucionales (entre ellas, los artículos 1.º, 2.º, 4.º, 5.º, 6.º,
8.º, 13, 29, 58, 79, 90, 209, 333 y 334), normas legales y decretos distritales, con
reproches orientados a la afectación de derechos subjetivos, la ruptura del equilibrio de
las cargas públicas, la ausencia de compensación, la indeterminación de los linderos de
la reserva y la ilegalidad de los actos registrales.
Así las cosas, no se configura identidad ni en el objeto ni en la causa, razón por la cual
las sentencias proferidas en los procesos de simple nulidad no producen efectos de cosa
juzgada respecto de las controversias planteadas en los procesos acumulados bajo
examen.
III.3.2.2. De otra parte, la Sala advierte que esta Corporación ha decidido con anterioridad
diversos procesos tramitados en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, en los cuales se cuestionaron actos administrativos relacionados con la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Veamos:
2006-00046 2005-00246 2005-00312 2005-01257 2005-00890 2005-00891 Presente
proceso
Partes Carlos Ulpiano y Fiduciaria Javier Jorge Gimena Germán
Salomón Armando Tequendama Orlando Alberto Uribe Patricia Agudelo
Nader Lloreda S.A. D'Achiardi Bernate, Lemaitre Rodríguez,
Simmonds, Zamorano y Narváez, Heike Soleimán, Germán
Carlos Arturo Sandra Melba Munchmeyer Juan Darío Agudelo
García Gómez de Azucena Shaller, Velásquez Jaramillo,
Camargo, Lloreda Rincón Diana Cruz y las Felipe
Camilo Morales De Gómez sociedades Agudelo
Alberto D'Achiardi, Kopp, Easton S.A., Jaramillo,
González Ángela Yolima
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Serrano y Jairo Gómez Kopp Bleeker S.A. Díaz
Eduardo Antonio y Milena y Encellinal Claro, Paul
Calle Rincón Gómez Kopp Iván
Rodríguez Morales, Remolina
Flor Gómez,
Angélica Alexandra
Uribe de Paternina
Rincón, España,
Angélica Jesús
María Mariano
Rincón García
Uribe, Ramírez,
Guillermo Ana María
Rincón Brunassu
Morales, Piraquive,
Doris Álvaro
Castillo José
Calderón, Medina
Rafael Lozano y
Rincón Carlos
Morales, Barbero
Beatriz Muñoz.
Eugenia
Orejuela de
Rincón,
Sociedad
PQR y C
Ltda., Arias
Serna
Saravia
S.A.,
Monteladera
Ltda., Arias
Calero
Ltda.,
Camilo
Otero
Maldonado,
Catalina
Estrada
Mesa y Jairo
Ricardo
Rincón
Uribe
Al confrontar los procesos decididos con anterioridad por esta Sección —radicados
números 2006-00046-00, 2005-00246-01, 2005-00312-00, 2005-01257-02, 2005-00890-
02 y 2005-00891-01— la Sala evidencia que los demandantes en dichas actuaciones son
personas naturales y jurídicas distintas a las que integran la parte actora en los procesos
acumulados 2005-00864, 2005-00873 y 2005-00894.
En efecto, mientras que en los procesos anteriormente decididos intervinieron, entre
otros, Carlos Salomón Nader Simmonds, Fiduciaria Tequendama S.A., Ulpiano y
Armando Lloreda Zamorano, Javier Orlando D’Achiardi Narváez, Gimena Patricia
Lemaitre Soleimán y diversas sociedades mercantiles, en la presente controversia actúan
como demandantes Germán Agudelo Rodríguez, Germán Agudelo Jaramillo, Felipe
Agudelo Jaramillo, Yolima Díaz Claro, Paul Iván Remolina Gómez, entre otros, sin que
exista coincidencia subjetiva entre unos y otros.
Dado que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho las decisiones judiciales
producen efectos inter partes, la ausencia de identidad jurídica de partes impide, por sí
sola, la configuración del fenómeno de la cosa juzgada.
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
En consecuencia, y conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Corporación 9, la Sala
se releva del estudio de los demás requisitos, pues la falta de este presupuesto resulta
suficiente para descartar la configuración de la excepción de cosa juzgada, declarada de
oficio por el juez de primera instancia.
III.4.2.3. Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentran reunidos los
presupuestos legales para declarar probada la excepción de cosa juzgada en el presente
asunto. En efecto, frente a los procesos tramitados bajo la acción de nulidad simple no
existe identidad de objeto ni de causa, y respecto de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho previamente decididos no se cumple el requisito de
identidad de partes.
Esta conclusión resulta coherente con la posición fijada por la Sección en la sentencia
proferida el 15 de diciembre de 2023, dentro del radicado 2005-00891-0110, en la que se
advirtió que la declaratoria infundada de cosa juzgada conduce, en realidad, a una
inhibición injustificada del juez de primera instancia frente al análisis de los cargos
debidamente formulados, con desconocimiento del derecho fundamental al debido
proceso.
8.4.7. Bajo tal contexto, a juicio de la Sala, con la declaratoria de la excepción de cosa
juzgada en la sentencia recurrida sin que se hubieran reunido los requisitos fijados en
el ordenamiento jurídico para esos efectos, lo que hizo en realidad el Tribunal fue
inhibirse del análisis de los cargos debidamente formulados por los accionantes en
desconocimiento del derecho constitucional al debido proceso.
Ello es así, pues dicha autoridad judicial omitió su deber de resolver de fondo la
totalidad de reproches enrostrados frente a los actos que se cuestionan sin tener
ninguna justificación para ello; por el contrario, se limitó a señalar que “carecía de
competencia” para absolver la litis debido a que existían pronunciamientos de esta
Corporación Judicial que declararon la legalidad de los actos demandados, pero sin
detenerse a comprobar si efectivamente esas providencias reunían los
requerimientos que ha previsto el orden jurídico para que opere una figura como la
de cosa juzgada.
Aceptar lo contrario, esto es, que esta Corporación debe acometer el estudio de los
cargos que pasó por alto el a quo, iría en detrimento del derecho al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia de las partes, quienes no podrían controvertir
los argumentos expuestos en esta sede para desatar dichos cargos, lo que implicaría
un desconocimiento de su derecho de defensa y por supuesto a la doble instancia.
En ese orden, al haber declarado la excepción sin verificar el cumplimiento estricto de los
requisitos previstos en el ordenamiento jurídico, el Tribunal omitió pronunciarse de fondo
sobre los reproches planteados por los demandantes. Aceptar que esta Corporación
supla en segunda instancia el análisis omitido por el a quo implicaría afectar los derechos
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, de defensa y la garantía de
9 Radicado núm. 25000 23 24 000 2005 00891 01 (acumulado con el proceso 25000 23 24 000 2005 00886
01). Actor: Gimena Patricia Lemaitre Soleimán, Juan Darío Velásquez Cruz y Easton S.A., Bleeker S.A. y
Encellinal. Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible. Consejero Ponente:
Oswaldo Giraldo López.
10 Ibidem.
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Radicado: 25000 23 24 000 2005 90864 02 (2005-00873 y 2005-00894)
Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
la doble instancia, en la medida en que las partes no podrían controvertir un
pronunciamiento inicial sobre el fondo del asunto.
Por lo anterior, tal y como se ha decidido en otras oportunidades11, la Sala ordenará la
devolución del expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que, dentro
del término de cuarenta (40) días contados a partir del ingreso del proceso al despacho
correspondiente, emita pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones de
nulidad.
Adicionalmente, se reconocerá al abogado Gilberto Augusto Blanco Zuñiga como
apoderado judicial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los términos y para
los efectos del poder conferido, que obra en el expediente de la referencia en el índice
32 de SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 24 de agosto de 2017, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
medio de la cual declaró la existencia de cosa juzgada material y negó las pretensiones
de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen con el fin de que se
pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de la demanda. La decisión de fondo
deberá proferirse, en conjunto con el auto de obedecimiento, dentro de los cuarenta (40)
días siguientes a la fecha que el expediente ingrese al despacho para tal fin.
TERCERO. RECONOCER a Gilberto Augusto Blanco Zuñiga como apoderado judicial
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los términos y para los efectos del
poder conferido, que obra en el expediente de la referencia en el índice 32 de SAMAI, de
conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
19 de febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
11 Entre otras, ver la sentencia de 26 de abril de 2013 (Expediente núm. 50001-2331-000-2006-01004-01),
C.P. María Elizabeth García González. Este criterio fue reiterado en sentencia de 24 de mayo de 2018
(Expediente núm. 25000-23-24-000-2004-00684-01), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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