Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02278-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02278-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2013-02278-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
4 de junio de 2026
1
Radicado: 25000 23 41 000 2013 02278 01
Demandante: Luz Dary Sanabria García
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-41-000-2013-02278-011
Demandante: Luz Dary Sanabria García
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Actuación administrativa del folio de matrícula
inmobiliaria. No procede registro de un lote con
afectación a vivienda familiar.
Decisión: Fundada objeción por error grave del dictamen pericial.
Confirma sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 6 de agosto de 2015 por la Sub
Sección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), Luz Dary Sanabria García (en adelante la parte
actora), por medio de apoderado judicial, interpuso demanda en contra de la
Superintendencia de Notariado y Registro y la Oficina de Instrumentos Públicos de
Bogotá (zona sur) pretendiendo la nulidad de la Resoluciones 0250 del 06 de junio de
2012, “Por la cual se decide una actuación administrativa del folio de matrícula
inmobiliaria 50S-40388272, EXP. A.A. 141 de 2010”, 0376 del 7 de septiembre de 2012,
“Por la cual se decide un recurso de reposición y se concede el de apelación” y 5415 del
30 de mayo de 2013, “Por la cual se decide un recurso de apelación”.
1 El expediente digital se puede consultar en su integridad en Samai en el índice 48 del proceso de la
referencia.
Radicado: 25000-23-41-000-2013-02278-01
Demandante: LUZ DARY SANABRIA GARCIA
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Pretensiones2
PRIMERA: Se revoque por NULIDAD de la Resolución número 0250, del 06 de junio
de 2012, la resolución No. 0376 de fecha septiembre 7 de 2012, así como la
Resolución No. 5415 de mayor 30 de 2013, mediante la cual se desdice la apelación
y confirma la resolución No.0250/12, emitida por la OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA.
SEGUNDA: Que se ordene a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá Zona Sur, se inscriba debidamente la AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR,
conforme a lo consignado en la Escritura Publica No. 2679 del 14-12-2001, Notaria
14 de Bogotá, dejando sin valor ni efecto el embargo que soporta el predio.
TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores peticiones se declare que la
entidad demandada es responsable de los daños y perjuicios causados a la
propietaria del predio hasta la fecha, y en los perjuicios causados con esta falla
registral.
CUARTA: Que se condene a la entidad demandada a indemnizar los perjuicios
causados a la Sra., LUZ DARY SANABRIA GARCIA, los cuales deben comprender el
daño emergente y que para el efecto estimo en la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE, ($250.000.000), valor actual del
inmueble y el lucro cesante en el eventual caso que la casa llegue a ser REMATADA
por parte del Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá.
QUINTA: Que se condene a la entidad demandada a pagar a mi mandante, además
de las cantidades de dinero por los conceptos antes señalados o costo histórico de la
indemnización, el ajuste o actualización de su valor entre la fecha que se liquide el
crédito y la fecha en que realmente se ejecute el pago, de conformidad con el artículo
178 del Código Contencioso Administrativo.
SEXTA. Que para efectos de ejecución de la sentencia, la entidad demandada dicte
dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la misma, la providencia
necesaria para su cumplimiento, de acuerdo con el artículo 176 del Código
Contencioso Administrativo.
Actos acusados3
Resolución 0250 del 06 de junio de 2012, “Por la cual se decide una actuación
administrativa del folio de matrícula inmobiliaria 50S-40388272, EXP. A.A. 141 de 2010”.
EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, ZONA SUR
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 30
del Decreto 2163 de 2011, el Decreto 01 de 1984 y el Decreto Ley 1250 de 1970 y,
CONSIDERANDO QUE
ANTECEDENTES
2 La transcripción de las pretensiones se presenta con los posibles errores de forma del texto original.
3 La transcripción de los actos demandados se presenta con los posibles errores de forma del texto original.
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Radicado: 25000-23-41-000-2013-02278-01
Demandante: LUZ DARY SANABRIA GARCIA
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Que por oficio No. RDCI-181-10 de fecha 07 de septiembre de 2010, el Registrador
Delegado de esta oficina, remite al área de abogados especializados, el derecho de
petición con radicación 50S-2010ER26573 de fecha 31 de agosto de 2010,
interpuesto por la señora LUZ DARY ZANABRIA (sic) GARCIA, con la nota: “LA NO
INSCRIPCION DE LA AFECCION A VIVIENDA FAMILIAR, CONTENIDA EN LA
ESCRITURA 2679 DE 14-12-2001 NOTARIA 14 DE BOGOTA (ANOTACION 1 DEL
FOLIO DE MATRÍCULA 40388272), PRESUMIBLEMENTE PERMITIO EL
REGISTRO DE LA MEDIDA CAUTELAR ORDENADA, MEDIANTE OFICIO 2077 DE
10-07-2008. FAVOR PROCEDER AL RESPETO”, y consecuentemente se anule o se
deje sin valor y efecto jurídico el embargo registrado con la anotación número 2 por
ser improcedente, solicitud realizada por la peticionaria.
Con fundamento en lo anterior y mediante auto de fecha 02 de mayo de 2011, se
inició la correspondiente Actuación Administrativa, tendiente a definir la real situación
jurídica del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50S-40388272,
citándose a LUZ DARY SANABRIA GARCIA y JOSE VICENTE CORTES, cuya
notificación se surtió en forma personal de conformidad con lo establecido en el
artículo 14 del Código Contencioso Administrativo.
Mediante oficio 50S2010EE43579 de fecha 12-10-2010 y 50S2011EE31003 de fecha
27-09-2011, se ofició al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, exponiendo la
situación expuesta, los cuales fueron constatados con oficio 0760 de fecha 04-03-
2011 y 3582 de fecha 12-12-2011, en el cual informa que no es posible levantar la
medida de embargo, por no encontrar razón legal para tal efecto. Dado que, el error
se produjo en esta oficina, por lo que deberá ser a través de la Actuación
Administrativa, en la que se deberá definirse la situación del inmueble.
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA DE REGISTRO
Se procedió a realizar el correspondiente estudio de la tradición del folio de matrícula
inmobiliaria 50S-40388272, que identifica el inmueble ubicado en la Carrera 88A No.
34A-45 Sur, LOTE 15 DE LA MANZANA 1, con un área de 72.00 M2, el cual adquirió
la señora LUZ DARY SANABRIA GARCIA, según escritura 2679 de 14-12-2001
Notaria 14 de Bogotá, a título de compraventa y autorizado mediante número de
radicación No. 2002-15554 de fecha 04-03-2002, anotación 1 del folio de matrícula
inmobiliaria, de manos del señor FRANCISCO HERNAN MORENO BERNAL.
Luego, en la anotación 2 del folio de matrícula, mediante turno de documento 2002-
15554 de fecha 04-03-2002, se autorizó el registro del oficio No. 2077 de 10-07-2008
del Juzgado Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual se comunica la medida de
Embargo Ejecutivo, dentro del proceso No. 2005-00182 de JOSE VICENTE
CORTES, contra LUZ DARY SANABRIA GARCIA.
Se procedió a revisar el contenido de la Escritura No. 2679 de fecha 14 de diciembre
de 2001 proferido por la Notaria 14 de Bogotá, que se encuentra en el archivo de esta
oficina, y se estableció lo siguiente:
Que la compradora LUZ DARY SANABRIA GARCIA, adquiere un lote de terreno que
se segrega de otro con mayor extensión denominado CAMPO HERMOSO, el cual
para efectos de matrícula inmobiliaria se distingue como: LOTE NUMERO QUINCE
(15) de la manzana 1, del plano de desarrollo “CAMPO HERMOSO”, cuenta con un
área aproximadamente de 72.00 M2
Al comprador LUZ DARY SANABRIA GARCIA, quien bajo la gravedad de juramento
manifestó: mi estado civil es casada con sociedad conyugal vigente. El inmueble
objeto de este acto lo destina a: VIVIENDA FAMILIAR, NO poseo ningún inmueble
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Demandante: LUZ DARY SANABRIA GARCIA
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
afectado a vivienda familiar. El Notario deja constancia que el inmueble objeto de este
acto SI queda afectado a vivienda familiar, por SI reunir los requisitos establecidos en
la Ley.
Ahora bien, según el artículo 1 de la Ley 258 de 1996, establece, “Entiéndase
afectado a vivienda familiar el bien inmueble adquirido en su totalidad por uno o
ambos cónyuges, antes o después de la celebración del matrimonio destinado a la
habitación de la familia” y el artículo 2 de la misma normatividad, “la afectación a
vivienda familiar opera por ministerio de la ley respecto a las viviendas que se
adquieran con posterioridad a la vigencia de la ley”.
Por otra parte, de acuerdo con la Instrucción Administrativa No. 01-46 de fecha 08 de
junio de 2001, de la Superintendencia de Notariado y Registro, no procede la
constitución de Afectación a Vivienda Familiar ni por mandato legal, ni por voluntad
de los cónyuges o compañeros permanentes en los casos: “7. Cuando lo adquirido
sea un lote. Si en él se construye el inmueble destinado a la vivienda familiar, la
afectación deberá constituirse posteriormente mediante escritura pública por ambos
cónyuges y compañeros permanentes”.
De lo anterior se deduce, que el Registro de la Afectación a Vivienda Familiar,
constituido por Escritura Pública No. 2679 de fecha 14 de diciembre de 2001 proferido
por la Notaria 14 de Bogotá, no es procedente su inscripción, ya que la señora LUZ
DARY SANABRIA GARCIA, mediante la misma Escritura, adquirió un Lote de Terreno
con identificación como Lote 15 de la Manzana 1, lo cual es contrario a lo establecido
por el artículo 2 de la Ley 258 de 1996, que opera a vivienda familiar cuando se reúnen
los requisitos previstos en la Ley.
Desde el punto de vista material el proceso de registro es administrativo y dentro de
él hay una decisión que puede ser positiva o negativa. El documento se radica y pasa
a su etapa de calificación y en esta etapa se vuelve a tomar una decisión, se ordena
la inscripción del documento y sigue su trámite o se devuelve el documento.
Del examen previo a que deben ser sometidos los títulos llevados al registro y dadas
las facultades conferidas al calificador, los sistemas que se acogen a este
procedimiento están basados en el principio de legalidad de manera que solo tendrán
acceso al registro los títulos válidos y perfectos.
Atendiendo la normatividad señalada, el Registrador de Instrumentos Públicos, en
desarrollo del principio de legalidad inherente al ejercicio de la función registral, se
abstendrá de inscribir aquellos actos de constitución de afectación a vivienda familiar
que se presenten sin el lleno de los requisitos fijados por la ley, contraviniendo la
normatividad que lo regula.
En consecuencia, la petición incoada por la señora LUZ DARY ZANABRIA GARCIA
(sic) no esta llamada a prosperar; adicionalmente al tenor del artículo 40 del Decreto
1250 de 1970, el Registrador procederá a cancelar un registro o inscripción cuando
se le presente la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, o la orden
judicial en tal sentido, en consecuencia, la cancelación del embargo decretado por el
Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá, inscrito en la anotación 2 del folio de matrícula
inmobiliaria 50S-40388272, no procede de oficio.
Adviértase además que el registro del embargo, al momento en que se presentó la
solicitud de inscripción del proveído que le contenía, estaba amparado por la
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD, por cuanto la situación jurídica del bien reflejaba la
inexistencia de impedimentos de orden legal que ameritaran su negativa en el
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registro, esto es, el inmueble se encontraba saneado, sin afectaciones que lo dejaran
fuera del comercio (artículo 66 del C.C.).
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Deniéguese la petición formulada por la señora LUZ DARY
ZANABRIA (sic) GARCIA, de conformidad con la parte considerativa de esta
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente esta resolución a la señora LUZ
DARY SANABRIA GARCIA y al señor JOSE VICENTE CORTES, en su defecto,
súrtase por edicto según lo establecido en el artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia proceden los recursos de la
Vía Gobernativa (Art. 50 del C.C.A.).
Resolución 0376 del 7 de septiembre de 2012, “Por la cual se decide un recurso de
reposición y se concede el de apelación”.
EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, ZONA SUR
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto
2163 de 2011, el Decreto 01 de 1984 y el Decreto Ley 1250 de 1970 y,
CONSIDERANDO QUE
(…)
LA DECISIÓN Y SUS FUNDAMENTOS
Llegada la oportunidad para ello, se procede por parte del Despacho a emitir el
pronunciamiento adjunto a la competencia de las funciones asignadas a la Oficina en
relación con el Recurso de “Reposición” que ha sido propuesto. Para ese efecto, se
tendrán en cuenta los argumentos presentados para sustentar por parte del
Recurrente y mediará una confrontación de esos argumentos con los fundamentos
del desde administrativo objeto de cuestionamiento y orden jurídico regulador del
tema en cuestión; el que gira en torno del Principio de Especialidad, Tracto sucesivo
y Prioridad o Rango, que gobierna el Registro de la Propiedad Inmueble.
Oportuno es recordar que, los actos de “Registro no son: actos administrativos
constitutivos, sino de simple estancia; en esa etapa, consolidan la tradición como
modo, históricamente una realidad conformada por actos y hechos ajenos a la
actividad administrativa, que son hechos que originan en la voluntad de las personas
como fuente de los negocios privados. De ahí que haya surgido la certificación como
medio de materializar la publicidad que informa al servicio registral constituye
constancia sobre la situación jurídica de los bienes sujetos a registro; y si bien esa
certificación es un documento público, es el título la causa de adquisición del derecho
real, cuyo ingreso al patrimonio se produce por el modo.
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Demandante: LUZ DARY SANABRIA GARCIA
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En este orden de ideas, y tratando de establecer la coherencia que debe concurrir
entre el servicio público del registro de instrumentos públicos, incluido el principio de
legalidad que lo orienta, los efectos del acto registral y su reconocimiento con los
objetos del servicio, se tiene que: El artículo 1 del Decreto 1250/70, define el registro
de instrumentos públicos como “un servicio del Estado, que se prestará por
funcionarios públicos, en la forma aquí establecida, y para los fines y con los efectos
consagrados en las leyes”. Resuena en este texto legal una entidad de carácter
público, del servicio y la sujeción a las formas establecidas en el estatuto tendiente a
lograr los efectos que para el Registro de Instrumentos Públicos consagran las leyes.
En cuanto a el numeral primero del escrito del escrito del recurso, es claro que el
espíritu que animó al legislador a expedir Ley de Afectación Familiar para garantizar
a la familia una vivienda digna, está encaminada a limitar la facultad de disposición
de cónyuge o compañero adquiriente, sujetándola al consentimiento que da el
cónyuge o compañero no adquiriente; por ello la afectación a Vivienda Familiar opera
por ministerio de la ley (Art. 1 Ley 258 de 1996), es decir, es de obligatorio
constitución, cuando se adquiere la totalidad de la propiedad de un inmueble y se
destine a la habitación familiar, por parte del cónyuge con sociedad conyugal vigente,
o del compañero permanente.
En aplicación de la Ley 258, artículo 6°, inciso 2°, el Notario investigará al compañero
del inmueble destinado a vivienda si tiene sociedad conyugal vigente, matrimonio o
unión marital de hecho y posee otro inmueble afectado a vivienda familiar. En caso
de no existir ningún bien inmueble ya afectado a vivienda familiar, el Notario dejará
constancia expresa de la constitución de la afectación por ministerio de la ley. Con
todo, los cónyuges de común acuerdo pueden declarar que no someten el inmueble
a la afectación de vivienda familiar.
De otra parte, se debe tener en cuenta el artículo quinto (5) de la ley 258 de 1996,
establece que la afectación a vivienda familiar solo será oponible frente a terceros, a
partir de la anotación ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos y en el
correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, en concordancia con el artículo 44 del
Decreto 1250 de 1970, así las cosas al momento de la inscripción de la medida de
embargo, el folio de matrícula inmobiliaria, no publicitaba la inscripción de dicha
afectación a vivienda familiar.
En cuanto al numeral segundo, al revisar el contenido de la Escritura 2679 de fecha
14 de diciembre de 2001 de la Notaría 14 de Bogotá, es claro que el objeto del
contrato de Compraventa que contiene, es un lote de terreno, que se segrega del de
mayor extensión denominada "CAMPO-HERMOSO", situado en la zona de Kennedy
de Bogotá, que para efectos de matrícula inmobiliaria se distingue como: LOTE
NÚMERO QUINCE (15) DE LA MANZANA I, en ninguna parte de la mencionada
Escritura hace referencia sobre la construcción o mejoras en el contenido, lo cual es
contrario al artículo 2 de la Ley 258 de 1996, ya que esta hace referencia a las
viviendas que se adquieren con posterioridad a su vigencia, por lo anterior, de
acuerdo con la instrucción administrativa No. 01-46 proferida por la Superintendencia
de Notariado y Registro, que unifica los criterios de la aplicación de la mencionada
Ley, en cuyo numeral VI, establece cuando es improcedente la afectación a vivienda
familiar, y en su numeral 7, "Cuando lo adquirido sea un lote" y se agrega "Si en él se
construye el inmueble destinado a vivienda familiar, la afectación deberá hacerse
posteriormente mediante escritura pública por ambos cónyuges o compañeros
permanentes".
A efectos de analizar la naturaleza jurídica de las órdenes administrativas tales como
circulares e instrucciones, tenemos que se tratan de actos administrativos de
contenido especial pero que se diferencian de los demás actos de igual índole en
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aspectos como supremacía, la imperatividad y la subordinación. Estas se emiten en
ejercicio de la potestad reglamentaria de mando de los funcionarios públicos que
ocupan los cargos de superior jerarquía; son medidas internas que se toman para
desarrollar correctamente la función administrativa.
Las instrucciones y circulares son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios
inferiores jerárquicamente, debido a la subordinación existente en la organización de
la administración.
En consecuencia, el consiguiente ante la vigencia de la Instrucción No. 01-46 de 2001
de la Superintendencia de Notariado y Registro y su carácter obligatorio, el
Registrador de Instrumentos Públicos, en desarrollo del principio de legalidad
inherente al ejercicio de la función registral, se abstendrá de inscribir aquellos actos
de disposición que contravengan lo dispuesto en las Instrucciones Administrativas.
En cuanto al numeral tercero, la existencia del inmueble, según la certificación
Catastral Válida conforme a la ley 527 de 1999 y 962 de 2005, las cuales definen y
reglamentan el acceso y uso de los mensajes de datos, y la racionalización de
trámites y procedimientos administrativos de los órganos y Entidades del Estado y de
las Personas que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos, las cuales
son objeto de la Resolución No. 070 de 2011 del IGAC, la inscripción en Catastro no
constituye título de dominio, ni sanea los vicios que tenga una titulación o una
posesión.
Para que proceda la Declaración de la Construcción, esta deberá celebrarse por
escritura pública, según el artículo 12 del Decreto 960 de 1970, en concordancia con
el artículo segundo de Decreto Ley 1250 de 1970, previo el lleno de los requisitos
exigidos por la ley para dicho trámite.
Igualmente corresponde la misma suerte, las declaraciones extraprocesales, que
anexan como prueba de la construcción realizada sobre el inmueble.
Ya que de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del Decreto Ley 1250 de 1970
ningún título o instrumento sujeto a registro, surtirá efectos frente a terceros, sino
desde la fecha de aquel.
Si bien es cierto que la compraventa contenida en la Escritura 2679 del 14-12-2001,
se hizo como un cuerpo cierto, el artículo 1889 del Código Civil establece, en su inciso
segundo, “si se vende con señalamiento de linderos, estará obligado el vendedor a
entregar todo lo comprendido en ellos”, de otra parte el numeral quinto de la
mencionada Escritura, establece que el vendedor hace la entrega real y material del
inmueble al comprador a partir del día de hoy, y el comprador acepta la presente
Escritura y la venta que por medio de ella se hace por estar conforme a lo pactado y
encontrarse en posesión del inmueble que adquiere.
Por lo anteriormente esbozado, el hecho de que la Escritura de Compraventa se halla
realizado como un cuerpo cierto, no prueba la existencia de la construcción contenida,
puesto que el objeto del contrato claramente especifica que es un lote de terreno.
En cuanto al numeral cuarto, como bien lo señala el recurrente, el inmueble objeto del
negocio jurídico, proviene del inmueble de mayor extensión identificado con el número
de matrícula inmobiliaria No. 050-469489, del cual se segrego la matrícula inmobiliaria
del inmueble objeto de la presente, puesto que la Compraventa recayó sobre una
parte del inmueble de mayor extensión sobre un área de 72.00 m2, ya que el
Vendedor es el dueño del predio de mayor extensión y puede realizar Compraventas
Parciales, siempre y cuando el inmueble sea divisible.
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En cuanto al numeral quinto, perjuicios causados por la negligencia de la oficina de
registro al no registrar y/o informar sobre el no registro de la afectación por más de
diez años, al respecto le informo que el Registro de la Escritura Pública No. 2679 de
fecha 14 de diciembre de 2001 de la Notaria 14 de Bogotá, es considerado como un
Acto administrativo, con ocasión de la expedición decreto 01 de 1984 (Código
Contencioso Administrativo), el cual en el inciso cuarto de su artículo 44, establece la
forma de notificar dichos actos al decir “los actos de inscripción realizados por las
entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día
en que se efectúe la correspondiente anotación”. “Al hacer la notificación personal se
entregará al notificado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si esta es
escrita”.
Por lo que al momento de reclamar la Escritura Pública, se entiende notificado del
Acto Administrativo, del cual se le hizo entrega junto con la Escritura, como lo es el
formulario de calificación, constancia de Inscripción, impreso el 6 de marzo de 2002,
para el Turno de documento No. 2002-15554, en el cual consta que únicamente se
registró el acto jurídico de compraventa en los folios de matrícula inmobiliaria No.
469489 (anotación No. 620) y el 40388272 (anotación 01), en el cual se informa
además que el interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el
registro de los documentos, el cual se encuentra anexado en la primera copia de la
Escritura 2679 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la Notaría 14 de Bogotá, que
adjunta como prueba al presente recurso.
Por lo cual y de acuerdo con el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo,
debe interponerse los recursos correspondientes, en los términos establecidos, de lo
cual no se aporta prueba alguna a la presente Actuación Administrativa, hasta la fecha
después de haber transcurrido más diez años.
De otra parte, según RE: CTL matrícula 40388272, expedido por la coordinadora del
Centro de cómputo de esta oficina, se han expedido a la fecha un total de 27,
Certificados de Tradición y Libertad, del folio de matrícula inmobiliaria 50S-40388272.
Así las cosas, el acto Administrativo de Inscripción de la Escritura Pública en mención,
queda notificado y en ningún momento se ha violado los derechos de la propietaria,
al debido proceso y mucho menos el derecho de defensa, de su representada.
Por las circunstancias descritas anteriormente se torna inconsciente el argumento del
recurso, lo que no permite considerarlo.
El sentido de los recursos de la vía gubernativa radica en el restablecimiento del
imperio jurídico agraviado; pero para proceder a reconocer los menesteres que ejerce
el derecho de contradicción se ajusta a los parámetros establecidos para su ejercicio.
Entre esos presupuestos se encuentra, obviamente, aquel relacionado con la
expresión concreta de los motivos de inconformidad y que éstos tengan la capacidad
suficiente para justificar los fundamentos del administrativo que se controvierte.
Y esos Recursos forman parte del nominado Procedimiento Gubernativo, dentro del
cual, ellos configuran una institución complementaria, sin la cual el Derecho
Sustantivo carecería de una debida protección. No se concibe, ni sería posible
hacerlo, la integridad de la vida del Derecho, si las decisiones con las cuales se
finiquita una controversia jurídica no pudieran sujetarse al estudio o la revisión de
entidades o funcionarios de rango superior dentro de la jerarquía administrativa o
gubernativa.
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Estas causales no concurren en el evento que ha sido expuesto a la controversia,
circunstancia que induce a declarar la ausencia de mérito para acceder a las
pretensiones del impugnante. En ese sentido será la decisión a adoptarse en la
presente providencia.
Se procederá, pues, de conformidad.
En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: No revocar la Resolución número 0250, expedida por la
Oficina el día 6 de junio del año 2012, para decidir la Actuación Administrativa
emprendida mediante auto de fecha 2 de mayo de 2011 bajo Expediente número
0141 del año 2010, por las razones consignadas en la parte motiva de esta
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Concédase en el efecto suspensivo y para ante la Dirección
de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, el Recurso de Apelación
interpuesto subsidiariamente por el señor FRANCISCO MORENO OCHOA,
Apoderado de la señora LUZ DARY SANABRIA GARCIA, contra la Resolución
número 0250, expedida por la Oficina el día 6 de junio de 2012.
Remítase a esa dependencia copia de esta providencia, junto con el expediente
respectivo.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la decisión objeto de esta providencia al señor
FRANCISCO MORENO OCHOA y a la señora LUZ DARY SANABRIA GARCIA.
Subsidiariamente, procédase a la notificación ordenada anteriormente, mediante
edicto que se fijará en un lugar de esta Oficina por un término de diez (10) días
hábiles.
ARTICULO CUARTO: Envíese copia de la presente providencia al Juzgado 2 Civil del
Circuito de Bogotá para lo pertinente, dentro del proceso Ejecutivo No. 2005-00182
de J. Vicente Cortes contra Luz Dary Sanabria García.
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Resolución 5415 del 30 de mayo de 2013, “Por la cual se decide un recurso de apelación”.
EL DIRECTOR DE REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO
En ejercicio de las facultades legales establecidas en los artículos 24, numeral 2, del
Decreto 2163 del 17 de junio de 2011; 50 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la
Resolución No. 250 de fecha 6 de junio de 2012, que involucró el folio de matrícula
inmobiliaria No. 50S-40388272, perteneciente a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá- Zona Sur.
(…)
CONSIDERACIONES DE LA SEGUNDA INSTANCIA
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Demandante: LUZ DARY SANABRIA GARCIA
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Efectuado el análisis de los antecedentes, las pruebas, los argumentos del recurrente
y de la decisión de primera instancia, la Dirección de Registro entrará a resolver si la
decisión tomada es o no ajustada a Derecho, se resolverá teniendo en cuenta las
disposiciones contenidas en el Decreto 1250 de 1970 y 01 de 1984, comoquiera que
eran las normas vigentes en el momento en que inició la actuación administrativa.
(…)
Revisada la Escritura No. 2679 de fecha 14-12-2001, encontramos que el inmueble
objeto de la venta es un Lote de terreno identificado como No. 15 de la Manzana I
carrera 100 A No. 34-4-21 Sur de Bogotá D.C., el cual se segrega de otro con mayor
extensión denominado "CAMPO HERMOSO". Está claro entonces que este lote de
conformidad con la Instrucción Administrativa no puede afectarse a Vivienda Familiar;
lo señalado en la escritura es claro, lo adquirido fue un lote de terreno, el título no se
refiere a nada más. Por lo anterior se tiene que la no inscripción en la Oficina de
Registros de la Afectación a Vivienda familiar contenida en la escritura está conforme
a Derecho.
El recurrente solicita se deje sin efecto la anotación No. 2 (Embargo) del folio de
matrícula atrás señalado, y con su defecto se registre la Afectación a Vivienda
Familiar. Sobre el particular la ley señala que dicha inscripción esta conforme a la ley,
ya que para ese efecto el registro de la situación jurídica del bien refleja la inexistencia
de impedimentos de orden legal que ameritaran la negativa de dicho registro, esto es,
el inmueble se encontraba saneado, sin afectaciones que lo dejen fuera del comercio,
por lo tanto, la medida de embargo legalmente es registrable.
Con respecto al caso que nos ocupa y para un caso similar, la Oficina Jurídica de esta
Superintendencia mediante oficio No. 90134 del 10 de enero de 1997 (…)
El concepto anterior se refiere a un patrimonio de familia que se omitió inscribir en su
oportunidad, el cual se pretendía incluir en el folio de matrícula inmobiliaria pese a
que el predio había sido embargado, caso que es similar al que nos ocupa, salvo que
el acto jurídico omitido es una afectación a vivienda familiar y el acto que se registró
un embargo, por lo tanto es procedente seguir los lineamientos del concepto emitido
por la oficina jurídica de esta Superintendencia, por lo que se tiene que le asiste razón
a la Oficina de registro.
En mérito de lo expuesto, y en ejercicio de sus atribuciones legales, el Director de
Registro,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión asumida por Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá-Zona Sur, contenida en la Resolución No. 250 de
fecha 6 de junio de 2012, por las razones expuestas en la parte considerativa de este
proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente esta resolución al doctor Francisco
Moreno Ochoa, identificado con C.C. No. 19.231.921 expedida en Bogotá, y T.P. No.
25024 del C.S. de la señora LUZ DARY SANABRIA GARCÍA, conforme lo señala el
artículo 44 del decreto 01 de 1984, para lo cual se encomienda a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Bogotá-Zona Sur. De no ser posible la notificación
personal, esta se surtirá conforme a lo establecido en el Art. 45 ibidem.
ARTÍCULO TERCERO: Una vez notificada la presente resolución, enviar copia de la
misma junto con el expediente a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá-Zona Sur, para su archivo.
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Demandante: LUZ DARY SANABRIA GARCIA
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta Resolución no procede recurso alguno.
Hechos expuestos en la demanda
La señora Luz Dary Sanabria García adquirió, mediante Escritura Pública No. 2679 del
14 de diciembre de 2001, otorgada en la Notaría 14 del Círculo de Bogotá, el inmueble
ubicado en la Carrera 88 A No. 34 A-45 Sur, Lote 15 de la Manzana I, con un área de 72
m², por compraventa celebrada con el señor Francisco Hernán Moreno Bernal.
En dicha escritura se dejó expresamente consignado que el inmueble quedaba afectado
a vivienda familiar, conforme a lo dispuesto en la Ley 258 de 1996.
El título fue presentado para su registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Bogotá – Zona Sur, bajo el turno No. 2002-15554 del 4 de marzo de 2002.
Mediante la anotación No. 1 del folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, la oficina
registró la compraventa; sin embargo, omitió inscribir la afectación a vivienda familiar,
pese a que esta constaba expresamente en la escritura pública y se habían cancelado
los derechos correspondientes.
Posteriormente, mediante la anotación No. 2 del mismo folio, la Oficina de Registro
inscribió un embargo judicial comunicado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Bogotá, dentro del proceso ejecutivo promovido contra la demandante, sin advertir que
el inmueble se encontraba afectado a vivienda familiar, circunstancia que, de haber sido
oportunamente registrada, habría impedido la inscripción de dicha medida.
La demandante sostuvo que la Oficina de Registro nunca le informó la omisión en la
inscripción de la afectación ni devolvió el título para su corrección, de modo que solo tuvo
conocimiento de dicha situación cuando su vivienda se encontraba en riesgo de ser
rematada.
Ante esta situación, la interesada elevó solicitud para que se corrigiera el registro y se
inscribiera la afectación a vivienda familiar. Como resultado de dicha actuación, la Oficina
de Registro profirió la Resolución 0250 del 6 de junio de 2012, mediante la cual negó la
corrección solicitada, con el argumento de que la afectación a vivienda familiar no
procedía respecto de lotes. Contra esta decisión se interpusieron los recursos de
reposición y apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente.
Normas violadas y concepto de violación
Primer cargo: vulneración de normas constitucionales
La demandante alegó la vulneración de los artículos 2, 6, 58, 90 y 209 de la Constitución
Política, al considerar que la omisión de la Oficina de Registro en inscribir la afectación a
vivienda familiar constituyó la causa directa y eficiente del daño sufrido, consistente en el
riesgo real de pérdida de su vivienda como consecuencia del embargo judicial.
Sostuvo que, de haberse cumplido oportunamente la función registral en el año 2001, el
embargo no habría podido inscribirse, por tratarse de un inmueble afectado a vivienda
familiar. Afirmó, además, que la entidad incurrió en falsa motivación al negar
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Demandante: LUZ DARY SANABRIA GARCIA
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posteriormente la corrección del registro, bajo el argumento de que se trataba de un lote,
desconociendo la realidad material del inmueble y la práctica registral reiterada frente a
predios construidos que figuran formalmente como lotes.
Por resultar necesaria, se presenta la transcripción de un aparte del presente cargo de la
demanda:
Evidencia es la relación de causa entre la falla y el daño causado, como se probará
fehacientemente, dado que si bien ahora mediante las resoluciones en mención, y
mediante FALSA MOTIVACIÓN NIEGA, la solicitud impetrada y cubre su falla,
aduciendo que de todas formas no debió efectuarse el registro de la afectación, pues
en la Escritura Pública (…) quedó anotado que se trata de un LOTE, y no de una
casa, o residencia, desconociendo que la costumbre en Colombia, es formalmente
anotar en tales documentos que se trata de un lote, pero en realidad se trata de
inmuebles construidos, debido a que no todos los ciudadanos declaran las mejoras ni
las construcciones sobre tales predios levantadas, pero eso no quiere decir que real
y materialmente no haya en tales predios una casa o construcción. (Negrilla del texto
original).
Segundo cargo: responsabilidad del Estado por la prestación irregular del servicio público
registral
La actora afirmó que la entidad demandada incurrió en una doble falla del servicio, al
omitir la inscripción de la afectación a vivienda familiar y, adicionalmente, al no informar
ni devolver el título para su corrección, impidiéndole adoptar medidas oportunas para
proteger su derecho.
Indicó que esta conducta desconoció los deberes funcionales propios del servicio público
registral y dio lugar a un daño antijurídico, consistente en la amenaza cierta de pérdida
de su vivienda familiar, lo cual comprometía la responsabilidad patrimonial del Estado por
prestación irregular del servicio.
Tercer cargo: violación del Decreto 1250 de 1970 y de la Ley 258 de 1996
La demandante sostuvo que la Oficina de Registro desconoció las normas que regulan
el procedimiento registral, en particular las relativas a la inscripción de afectaciones al
dominio y a la obligación de calificar e inscribir los títulos presentados en el orden de su
recibo. Para tal efecto trajo a colación los artículos 1, 2, 4, 7, 11, 22, 24, 25, 26, 29, 30,
32, 33, 35, 39, 45 y 46 del Decreto 1250 de 1970.
Afirmó que, si la entidad consideraba improcedente la inscripción de la afectación, debió
rechazar el registro y comunicar oportunamente las razones de dicha decisión, lo cual no
ocurrió. Por el contrario, recibió el título, cobró los derechos de registro y omitió la
inscripción, permitiendo luego la inscripción de un embargo que resultaba incompatible
con la afectación a vivienda familiar.
Agregó que con la posterior expedición de los actos cuestionados la entidad demandada
incurrió en falsa motivación, al desconocer el error previamente admitido por la propia
entidad y justificar la omisión registral.
En este punto los argumentos de la demanda se precisaron en los párrafos que se
exponen a continuación:
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Flagrantemente se omitió lo ordenado en este artículo [22 del Decreto 1250 de 1970],
habida cuenta que se recibió la Escritura Pública (…) se exigió el pago por la
inscripción de la afectación, pero no se efectuó la CALIFICACIÓN ni mucho menos
la inscripción de la AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR. No es cierto que la
inscripción no se haya realizado por cuanto en el instrumento público se expresara
que se tratara de un lote. Si esto hubiese sido así, lo que debió hacer registro era
devolver la escritura con la anotación correspondiente anunciándole al usuario que
debía hacer la corrección o la aclaración como en toda escritura que no es aceptada
por registro, entonces hubo una doble falla en el servicio, pues ni registró ni tampoco
devolvió el trámite, y de allí se desprende la FALSA MOTIVACIÓN de las
resoluciones materia de impugnación.
(…)
Pero sumado a lo anterior, habiendo emitido dos oficios con destino al Juzgado 2 Civil
del Circuito, en los que expresamente reconoció su ERROR, y expresa que procederá
a corregirlos, pero contradictoriamente y motivándolas FALSAMENTE expide las
resoluciones (…) en las que da un giro de 180 grados, y mediante FALSA
MOTIVACIÓN manifiesta que no existió error, sino que no es procedente la
afectación, y que es legal el embargo, pues en la Escritura quedó consignado que la
venta se hizo sobre un LOTE, desconociendo sendas pruebas allí aportadas con las
cuales se demostró que no fue un lote, sino que se trata de una VIVIENDA. (Negrilla
del texto original).
Cuarto cargo: vulneración de derechos constitucionales derivados de la protección de la
vivienda familiar
Finalmente, la actora alegó la vulneración de los artículos 5, 13, 42, 44, 51 y 93 de la
Constitución Política, así como de instrumentos internacionales de derechos humanos,
al desconocerse la finalidad protectora de la institución de la vivienda familiar, cuya
consecuencia principal es la inembargabilidad del inmueble.
Sostuvo que la decisión de negar la inscripción de la afectación, bajo un criterio formalista
y desproporcionado, sacrificó la protección constitucional de la familia y de la vivienda
digna, dejando a su núcleo familiar expuesto a la pérdida de su único bien inmueble, en
contravía de los principios de justicia material y prevalencia del derecho sustancial.
I.2. La contestación
Mediante apoderado judicial, la Superintendencia de Notariado y Registro contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, al considerar que no existió falla en
el servicio registral, toda vez que, al momento de la inscripción de la escritura pública
mediante la cual se formalizó la compraventa del inmueble de propiedad de la
demandante, no procedía la inscripción de la afectación a vivienda familiar.
Sostuvo la entidad que el negocio jurídico documentado en la Escritura Pública No. 2679
del 14 de diciembre de 2001 tuvo por objeto la adquisición de un lote de terreno,
circunstancia que impedía la constitución e inscripción de la afectación a vivienda familiar,
conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 258 de 1996.
Explicó que dicha interpretación se encontraba respaldada por la Instrucción
Administrativa No. 01-46 del 8 de junio de 2001, expedida por la Superintendencia de
Notariado y Registro, la cual estableció que no procede la constitución de la afectación a
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vivienda familiar, ni por mandato legal ni por voluntad de los cónyuges o compañeros
permanentes, cuando lo adquirido sea un lote de terreno, precisando que, si con
posterioridad se construye el inmueble destinado a vivienda familiar, la afectación deberá
constituirse mediante escritura pública otorgada por ambos cónyuges o compañeros
permanentes.
A partir de lo anterior, la entidad concluyó que la afectación a vivienda familiar consignada
en la referida escritura pública no podría inscribirse, dado que el inmueble adquirido fue
identificado expresamente como un lote, lo cual resultaba incompatible con lo previsto en
el artículo 2 de la Ley 258 de 1996, norma que circunscribe la afectación a inmuebles
destinados a vivienda.
Desde el punto de vista del procedimiento registral, la demandada señaló que el proceso
de registro tiene naturaleza administrativa y comprende una etapa de calificación, en la
cual el registrador decide si el título presentado es susceptible de inscripción o si debe
ser devuelto. Indicó que dicho procedimiento se rige por el principio de legalidad, de modo
que solo acceden al registro los títulos válidos y conformes con el ordenamiento jurídico.
En ese contexto, resaltó que del contenido expreso de la Escritura Pública No. 2679 de
2001 se desprendía que el bien objeto del acto fue descrito como “lote de terreno”, tanto
en la identificación del inmueble como en la cláusula primera del instrumento, en la cual
se precisaron sus características físicas y su origen como segregación de un predio de
mayor extensión.
La entidad demandada añadió que la finalidad de la afectación a vivienda familiar es
garantizar la morada de la familia y proteger especialmente a los hijos menores, razón
por la cual solo procede respecto de inmuebles destinados efectivamente a habitación.
En consecuencia, afirmó que, si el inmueble adquirido no tenía como destino servir de
vivienda familiar al momento de la adquisición, no era jurídicamente viable la inscripción
de dicha afectación.
Por último, en relación con la solicitud de cancelación del embargo inscrito en la anotación
No. 2 del folio de matrícula inmobiliaria, la Superintendencia sostuvo que, conforme al
artículo 40 del Decreto 1250 de 1970, el registrador únicamente puede cancelar una
inscripción cuando se le presenta la prueba de la cancelación del respectivo título o una
orden judicial en tal sentido, por lo que no procedía la cancelación de oficio del embargo
decretado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá.
I.3. Audiencia inicial y fijación de litigio
En la audiencia inicial celebrada el 22 de julio de 2014 se fijó como litigio el siguiente:
El problema jurídico dentro de la presente acción se contrae a determinar si con la
expedición de los actos administrativos contenidos en: a) Resolución No. 0250 de 6 de junio
del 2012, b) Resolución No. 0376 de 7 de septiembre del 2012 y C) Resolución 5415 de 30
de mayo de 2013, expedidas por la Superintendencia de Notariado y Registro - Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, la citada entidad incurrió en falla registral y
falsa motivación, desconociendo las disposiciones de los artículos 2°, 6°, 42, 44, 51, 58, 9
0 y 209 de la Constitución Política, artículos 2º y 44 del Decreto 1250 de 1970 por el cual
se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y la Ley 258 de 1996. En los
anteriores términos ha sido fijado el litigio. Concedida la palabra a los apoderados de las
partes, se encuentran de acuerdo con la fijación del litigio. Las partes quedan notificadas
en estrados conforme al artículo 202 del CPACA.
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I.4. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia proferida el 6 de agosto de 2015, la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda, al concluir que los cargos de nulidad formulados contra los actos cuestionados
no estaban llamados a prosperar.
Consideraciones respecto del primer y segundo cargo
El Tribunal examinó de manera conjunta el primer y segundo cargo de nulidad, al advertir
que ambos se encontraban estrechamente relacionados, en cuanto pretendían que se
declarara la responsabilidad del Estado por una supuesta falla en el servicio público
registral, derivada de la omisión en la inscripción de la afectación a vivienda familiar
contenida en la Escritura Pública No. 2679 de 2001, y del daño que, según la
demandante, se materializó con la posterior inscripción del embargo sobre el inmueble.
Al respecto, el juez de primera instancia precisó, en primer lugar, que tales reproches no
se dirigían propiamente a cuestionar la legalidad de los actos demandados, sino que
buscaban la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y la consecuente
indemnización de perjuicios, finalidad que debía perseguirse a través del medio de control
de reparación directa, y no mediante nulidad y restablecimiento del derecho. En
consecuencia, se abstuvo de pronunciarse sobre la supuesta falla del servicio y delimitó
su análisis únicamente al cargo de falsa motivación, en tanto este sí atacaba la legalidad
de las resoluciones controvertidas.
Sin perjuicio de lo anterior, el a quo indicó que, aun si se admitiera en gracia de discusión
que la omisión registral constituía un cargo de nulidad, la inconformidad de la demandante
se dirigía en realidad contra la Anotación No. 1 del folio de matrícula inmobiliaria,
correspondiente al registro de la compraventa efectuado en el año 2002, anotación que
no fue demandada y que, por tanto, no podía ser objeto de control judicial en el proceso
de la referencia.
En cuanto al cargo de falsa motivación, al examinar las resoluciones demandadas,
constató que estas se fundamentaron en un hecho cierto, la adquisición de un lote de
terreno mediante la Escritura Pública No. 2679 de 2001, lo cual implicaba, en aplicación
de la Ley 258 de 1996 y de la Instrucción Administrativa No. 01-46 de 2001, la
improcedencia de la afectación a vivienda familiar respecto de lotes.
En ese orden, destacó que conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley 258 de 1996, la
afectación a vivienda familiar solo procede respecto de inmuebles destinados a vivienda,
y que dicha interpretación fue reiterada por la Instrucción Administrativa No. 01-46 de
2001, de obligatorio acatamiento para los registradores. Así, como el contenido de la
escritura pública daba cuenta que el inmueble objeto del negocio jurídico fue descrito de
manera expresa como un lote de terreno, sin referencia alguna a construcciones o
mejoras, concluyó que la afectación consignada en el instrumento no cumplía los
presupuestos legales para su inscripción.
Frente al argumento de la demandante relativo a la existencia de una supuesta costumbre
consistente en registrar como lotes inmuebles que en realidad se encontraban
construidos, el Tribunal indicó que dicha costumbre no fue probada en el expediente y
que, en todo caso, una práctica contraria a la ley no podía generar derechos, máxime
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cuando la normativa regulaba de manera expresa la procedencia de la afectación a
vivienda familiar.
Estudio del tercer cargo
En relación con el tercer cargo, el Tribunal advirtió que la demandante pretendía
controvertir nuevamente la Anotación No. 1 del folio de matrícula inmobiliaria,
correspondiente al registro de la compraventa, alegando la violación del Decreto 1250 de
1970 y de la Ley 258 de 1996 por no haberse inscrito la afectación ni devuelto la escritura
para su corrección.
Al respecto, reiteró que los actos de registro constituyen actos administrativos definitivos
y demandables, y que, en el caso concreto, la demandante no incluyó dicha anotación
dentro de los actos acusados, limitando la demanda a las resoluciones sobre las que
recaen las pretensiones.
De otra parte, en cuanto a la alegada falta de valoración de pruebas que demostrarían
que el inmueble era una vivienda y no un lote, el juez de primera instancia constató que,
si bien la demandante aportó certificados catastrales, registros civiles y declaraciones
extraprocesales, tales documentos no constituían títulos sujetos a registro, ni podían
modificar el contenido de la escritura pública presentada para inscripción. Precisó que el
registro debía efectuarse con base en el contenido de la escritura pública y que, si esta
no cumplía los requisitos legales, lo procedente era su corrección, mas no la inscripción
con fundamento en documentos ajenos al acto registral.
Respecto del cuarto cargo
Frente al cuarto cargo, mediante el cual la demandante solicitó dejar sin efectos el
embargo inscrito sobre el inmueble, señaló que dicha pretensión implicaba cuestionar la
Anotación No. 2 del folio de matrícula inmobiliaria, acto que tampoco fue demandado
expresamente y que, por ende, no podía ser objeto de control en el proceso.
Adicionalmente, sostuvo que, conforme a la Ley 258 de 1996, la inembargabilidad
derivada de la afectación a vivienda familiar solo produce efectos frente a terceros a partir
de su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria. En consecuencia, mientras la
afectación no figurara como registrada, el inmueble puede ser válidamente objeto de
embargos u otras limitaciones al dominio.
II. RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora presentó recurso de apelación, en el que comenzó por reiterar los hechos
narrados en la demanda.
Como eje central de la alzada, sostuvo que la administración vulneró diversas normas de
rango constitucional con ocasión de la omisión en el registro de la afectación a vivienda
familiar, lo cual —en su criterio— desprotegió el bien de su propiedad. En este sentido,
invocó la transgresión de los artículos 2, 6, 58, 90 y 209 de la Constitución Política.
En desarrollo de lo anterior, afirmó que dicha omisión sustentaba el cargo de falsa
motivación formulado contra los actos acusados, en tanto la entidad demandada
pretendió encubrir su falla señalando que, en todo caso, no procedía el registro de la
afectación, por cuanto en la escritura pública se consignó que el negocio recaía sobre un
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lote y no sobre una casa o residencia. Al respecto, adujo que esa justificación desconoció
una práctica común en el país, consistente en que en los instrumentos públicos se utilice
formalmente la denominación de “lote”, aun cuando en la realidad material se trate de
inmuebles construidos, circunstancia que —según indicó— obedece a que no todos los
ciudadanos declaran las mejoras o edificaciones existentes. Añadió que, incluso, un
porcentaje significativo de los predios de la ciudad de Bogotá figuran registrados como
lotes, pese a encontrarse edificados.
Desde esa perspectiva, insistió en que la omisión referida también quebrantó los artículos
44 y 51 de la Constitución Política. Señaló que no resultaba razonable que la Oficina de
Registro fundamentara su decisión en una lectura estrictamente literal de la escritura
pública para concluir que no procedía la afectación a vivienda familiar por tratarse,
formalmente, de un lote. Indicó que, aun aceptando que esa denominación fue empleada
en el instrumento, la entidad omitió considerar —en contravía de la Constitución, la ley y
el acervo probatorio recaudado en la actuación administrativa— que el predio
correspondía materialmente a una vivienda, esto es, a una casa destinada a habitación
familiar. Agregó que, al momento de la adquisición, el inmueble ya presentaba una parte
construida, lo que reforzaba su destinación.
En ese contexto, sostuvo que, bajo el pretexto de justificar una equivocación y eludir sus
consecuencias, la autoridad registral adoptó una decisión irrazonable y
desproporcionada, que desconoció los derechos a la igualdad y a la vivienda digna, así
como las garantías constitucionales asociadas a la protección del patrimonio familiar
inembargable. Reiteró que dicha determinación se apoyó en una falsa motivación y que,
por un exceso de formalismo, sacrificó la justicia material, dejando al núcleo familiar en
riesgo de perder su único patrimonio.
Por tales razones, solicitó que se declarara la nulidad de las resoluciones demandadas y
que, en su lugar, se ordenara a la entidad inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria la
afectación a vivienda familiar, con la correspondiente anotación, y que, como
consecuencia, se dejara sin efectos el embargo vigente sobre el predio.
De manera adicional, cuestionó que, en la notaría donde se protocolizó la venta, se
hubiera consignado que el negocio recaía sobre un lote de terreno y no sobre una
vivienda, situación que —según sostuvo— debió ser corregida por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos al momento de efectuar la calificación registral, lo cual tampoco
ocurrió.
En el plano estrictamente probatorio, la recurrente afirmó que el Tribunal incurrió en un
grave error de valoración, al desconocer la prueba pericial y los documentos aportados
con la demanda, con los cuales —a su modo de ver— quedó acreditado que el inmueble
objeto de controversia correspondía a una vivienda de tres pisos y no a un lote de terreno,
como erradamente se consignó en la escritura pública.
Precisó que el dictamen pericial concluyó que la antigüedad de la construcción superaba
los 15 años, lo que permitía inferir que, para la fecha de otorgamiento de la escritura
pública (14 de diciembre de 2001), el inmueble ya tenía naturaleza de casa. Indicó que
dicha experticia fue debidamente sustentada en audiencia y corroborada con
certificaciones catastrales, documentos de catastro, servicios públicos y demás pruebas
documentales, las cuales demostraban la existencia de área construida y, por ende, la
condición de vivienda.
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De ese modo, sostuvo que el fallo del a quo desconoció las reglas de la sana crítica, al
efectuar una interpretación aislada del instrumento público, sin realizar una valoración
integral del conjunto probatorio, en particular de la prueba pericial. Añadió que el error
consignado en la escritura obedeció a una actuación ligera del funcionario notarial, quien
reprodujo información de un instrumento anterior, sin reflejar la realidad física del
inmueble ni la verdadera voluntad de la adquirente.
Asimismo, sostuvo que dicha irregularidad debió ser advertida por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos al momento de la calificación registral, pues, de estimar
improcedente la inscripción de la afectación a vivienda familiar, debía haber emitido la
correspondiente nota devolutiva, lo cual no ocurrió. En tal sentido, alegó que no podía
reprocharse la falta de demanda de actos cuya acción se encontraba caducada, habida
cuenta del tiempo transcurrido entre la inscripción inicial y la expedición de las
resoluciones demandadas.
Agregó que el Tribunal omitió analizar la falla del servicio registral derivada del
incumplimiento de los deberes de publicidad y comunicación previstos en el Decreto 1250
de 1970, en la medida en que la entidad no informó oportunamente a la interesada las
razones para abstenerse de registrar la afectación a vivienda familiar, lo que le generó
una confianza legítima sobre el trámite adelantado.
Igualmente, reprochó que no se hubieran valorado los oficios remitidos por la propia
Oficina de Registro a la jurisdicción civil en los años 2010 y 2011, mediante los cuales se
solicitó el levantamiento del embargo y en los que la entidad reconoció expresamente
que su inscripción había sido irregular, así como el error consistente en no haber inscrito
la afectación a vivienda familiar. Precisó que, en dichos pronunciamientos, la autoridad
registral nunca invocó como fundamento la supuesta naturaleza de lote del inmueble,
razón por la cual resultaba contradictorio que, años después, en las resoluciones
demandadas, negara la existencia del error. Esa variación injustificada del criterio
administrativo evidenciaba una falsa motivación de los actos cuestionados, orientada a
encubrir los errores cometidos por la entidad registral.
Finalmente, afirmó que aun si se aceptara, en gracia de discusión, la condición del
inmueble como un lote, la entidad no podía esperar cerca de 10 años para pronunciarse,
cuando el daño ya se había materializado con la inscripción del embargo. En su criterio,
las resoluciones demandadas se profirieron de manera tardía y con una motivación
aparente, con el propósito de justificar una falla evidente del servicio, cuyos efectos
debían ser imputados al Estado.
II.2. Trámite en segunda instancia
Mediante auto del 23 de noviembre de 2015 se admitió el recurso de apelación y una vez
surtido el traslado para los alegatos de conclusión, por medio de providencia del 22 de
mayo de 2018, sólo la parte demandante presentó intervención para insistir en la falla en
el servicio registral al momento de la inscripción de la escritura de compraventa de donde
se originó la falsa motivación de los actos acusados.
El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.
Con auto del 30 de julio de 2018, el Despacho del Consejero de Estado, doctor Hernando
Sánchez Sánchez, remitió el proceso de la referencia, en cumplimiento de la medida de
compensación aprobada por la Sala Plena del Consejo de Estado mediante el Acuerdo
094 del 16 de mayo de 2018.
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III. CONSIDERACIONES
III.1 Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
así como de lo expuesto en el artículo 150 del CPACA y del artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024) expedido por la
Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.
III. 2. Cuestión previa
La Sala advierte que en la sentencia de primera instancia no se efectuó pronunciamiento
alguno acerca de la objeción que por error grave formuló la entidad demandada contra el
dictamen pericial decretado y practicado dentro del expediente. Por esa razón, es
necesario, como en otras oportunidades4 lo ha efectuado la Corporación al proferir la
sentencia de segunda instancia, proceder al análisis previo de dicha objeción, con el fin
de determinar si la experticia puede tenerse dentro del acervo probatorio que será
valorado en la presente decisión, máxime cuando en el recurso de apelación se alegó
que el a quo no valoró su contenido.
Conviene precisar que la situación descrita no se subsume en ninguna de las causales
de nulidad previstas en el artículo 133 del CGP, ni impide al juez de segunda instancia
pronunciarse oficiosamente sobre la objeción no resuelta, con el fin de definir el valor
probatorio del dictamen pericial. Ello resulta acorde con lo dispuesto en el numeral 5 del
artículo 42 ibidem, que faculta al juez para adoptar las medidas necesarias para sanear
los vicios de procedimiento y efectuar el análisis probatorio integral que permita decidir
de fondo el asunto, respetando los principios de congruencia y contradicción.
Ahora bien, del repaso del trámite judicial se observa que, en la audiencia inicial del 22
de julio de 2014, el Despacho ponente en el Tribunal decretó la prueba pericial solicitada
por la parte actora con el escrito de la demanda5 y, para tal efecto, designó los peritos de
la lista oficial de auxiliares de la justicia.
Posteriormente, el 12 de mayo de 2015, en la continuación de la audiencia de pruebas,
el Despacho ponente en el Tribunal dejó constancia que en el expediente se encontraba,
en los folios 468 a 486 del cuaderno principal, la experticia rendida el 18 de febrero de
2015 por el señor Carlos Andrés Forero Hernández. En esa misma diligencia puso en
conocimiento de las partes el contenido del dictamen pericial, y concedió el uso de la
palabra al auxiliar de la justicia para que efectuara la exposición de las razones y
conclusiones de la prueba.
4 Sección Tercera. Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia del 2 de mayo de 2007.
Radicación número: 85001-23-31-000-1997-00339-01(15599). Sección Tercera. Consejero ponente (E):
Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia del 4 de febrero de 2010. Radicación número: 25000-23-26-000-1996-
07474-01(16816).
5 En la demanda se solicitó: “Se sirva designar un perito, de la lista de auxiliares de la justicia, a fin de que
proceda a avaluar comercialmente el predio ubicado en la Carrera 100 A No. 34 A 21-45 Sur, Barrio Patio
Bonito (Bosa), objeto de esta demanda, y su valor comercial. Esta prueba es procedente de cara a
establecer los eventuales daños y perjuicios que deberá pagar la entidad demandada en caso de que el
predio efectivamente sea rematado por parte del Juzgado 2 Civil del Circuito”.
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Una vez rendido el informe, por solicitud del apoderado de la entidad demandada, que
solicitó claridad sobre la especificación del bien inmueble objeto del avalúo, el perito
realizó aclaración y complementación del dictamen pericial.
En este contexto, el Despacho ponente en el Tribunal requirió al experto en el siguiente
sentido:
Magistrado: El Despacho quiere hacer dos preguntas con respecto al avalúo
realizado por el señor perito, la primera de ellas es que la prueba pericial fue
decretada para avaluar comercialmente el predio ubicado en la siguiente dirección:
Carrera 100 A No. 34 A 21-45 Sur, Barrio Patio Bonito (Bosa), usted me está dando
otra dirección, podría indicarme por qué esa diferencia en cuanto a las direcciones.
Perito: Acá no tengo el soporte, me parece que esa dirección cambió, no sé si esa
es la nueva, la dirección cambió. Al momento de dirigirme al inmueble esa es la
dirección que aparece en la placa, creo que cambió, esa era la antigua, si no estoy
mal. Magistrado: Pero si se le encomendó realizar el peritaje sobre una dirección,
como verificó usted que esa correspondía con la otra dirección que nos está dando.
Perito: Eso fue al momento de contactarme con los demandantes, que me
expresaron que había cambiado. La verdad no corroboré de otra forma.
Inmediatamente, el apoderado judicial de la Superintendencia de Notariado y Registro
presentó objeción por error grave en los siguientes términos:
Yo quiero objetar de manera íntegra el dictamen pericial por cuanto a los ojos y el
entendimiento de esta defensa nos estamos refiriendo a dos inmuebles totalmente
diferentes. Para mi no es de buen recibo que usted manifieste que quien le señaló
que ese inmueble era el que tenía que avaluar fue la parte demandante. Usted como
perito debe contar con todas las herramientas suficientes, necesarias e idóneas para
especificar y particularizar muy bien un bien inmueble, máxime si sobre este va a
realizar un peritaje. Porque de resultas, de los datos y la información obrante en el
proceso, yo no puedo confundir un bien de 74 m2 con uno de 7.84 hectáreas o 12.259
fanegadas, que ese es el bien inmueble que ha suscitado todo el inconveniente
jurídico. En razón a que para la defensa no nos estamos refiriendo al mismo inmueble
y que el perito no ha dado, en mi concepto, satisfactoriamente la razón por la cual
estableció y determinó que la dirección que él está ofreciendo no corresponde con la
nuestra. Si hubo otra nomenclatura, existe en Bogotá en la Secretaría de Planeación,
en el IGAC, los elementos para determinar cuál es, pero en ninguna circunstancia yo
le acepto, discúlpeme que le diga, que el inmueble lo estableció porque así se lo dijo
el demandante en este proceso.
Acto seguido, el conductor de la audiencia dio traslado al perito y al apoderado de la parte
actora e indicó a las partes que la objeción por error grave se resolvería en la sentencia
que decidiera sobre el fondo del asunto. El perito manifestó:
Al momento de dirigirme al inmueble el primer día, me puse en contacto con la parte
demandante que en este momento viven en el inmueble, porque tengo que hacerlo
para hacer la inspección. Al comunicarme con ellos vía telefónica me expresan que
la dirección no es la misma. Lógicamente esto yo lo corroboro con los documentos
catastrales, con el documento del impuesto predial y lo corroboro con el documento
cuando hago las características generales del sector, en el mapa de localización,
donde especifica el inmueble, es un mapa de localización satelital que muestra una
foto donde la placa actual es la que aparece ahí, de acuerdo con esto fue que se
cambió la dirección, que se partió que era el mismo inmueble que estábamos
hablando.
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Para finalizar, el Despacho ponente en el Tribunal fijó los honorarios del perito y consideró
innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual corrió
traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión.
Con base en lo anterior, la Sala analizará la objeción por error grave propuesta por la
entidad demandada, con el fin de determinar si prospera.
Sobre el particular, la jurisprudencia pacífica de esta Corporación ha sostenido que la
objeción del dictamen pericial por error grave procede únicamente en aquellos eventos
en los que el peritaje se edifica sobre premisas equivocadas de tal entidad que vician de
manera sustancial sus resultados y conducen, por ende, a conclusiones igualmente
erróneas. Ello acontece, por ejemplo, cuando la experticia recae sobre materias, objetos
o situaciones distintas de aquellas que debían ser examinadas, o cuando se alteran las
características esenciales del objeto de análisis. En ese sentido, la objeción por error
grave se predica del objeto mismo del peritaje y no de las conclusiones alcanzadas por
el perito.
Al respecto, se ha señalado6:
Para que prospere la objeción del dictamen pericial por error grave se requiere la
existencia de una equivocación de tal gravedad o una falla que tenga entidad de
conducir a conclusiones igualmente equivocadas. Así mismo, se ha dicho que éste
se contrapone a la verdad, es decir, cuando se presenta una inexactitud de identidad
entre la realidad del objeto sobre el que se rinda el dictamen y la representación
mental que de él haga el perito. Sin embargo, se aclara que no constituirán error grave
en estos términos, las conclusiones o inferencias a que lleguen los peritos, que bien
pueden adolecer de otros defectos. En otros términos, la objeción por error grave
debe referirse al objeto de la peritación, y no a la conclusión de los peritos. […]
La Sala precisa que el error grave procede, entonces, en aquellos eventos en
los cuales el dictamen incurra en ostensibles yerros entre lo que era su objeto
y lo realmente estudiado, de lo que se sigue que el perito ha ido en contra de la
naturaleza o la esencia del objeto de prueba, contraponiéndolo con la realidad.
Por lo tanto, el error debe presentarse en el proceso de elaboración de la prueba y no
en las conclusiones de esta, pues estas últimas son resultado del proceso de
confección de la experticia, por lo cual es la alteración de la realidad en el mismo lo
que conduce a una equivocación que devenga en conclusiones equivocadas.
(Negrillas fuera del texto original).
En el caso bajo estudio, el error imputado como grave al dictamen pericial consiste en
que la prueba se habría elaborado sobre un bien inmueble distinto de aquel que debía
ser objeto de la experticia, al punto de que existiría una confusión sustancial en la
identificación del inmueble, evidenciada en la discrepancia radical entre sus
características físicas y jurídicas.
En criterio del apoderado de la entidad demandada, el perito no verificó ni individualizó
adecuadamente la dirección del inmueble objeto del dictamen con base en fuentes
técnicas e institucionales oficiales (Secretaría Distrital de Planeación e IGAC), sino que
fundamentó la identificación del inmueble exclusivamente en la información suministrada
por la parte demandante, sin justificar la falta de correspondencia entre la dirección
indicada por el Despacho ponente del Tribunal y el bien inmueble que resultó objeto de
avalúo.
6 Sentencia del 17 de mayo de 2018. Radicado: 15001-23-31-000-2006-01363-01. Consejera ponente:
Rocío Araujo Oñate (Descongestión Acuerdo 357/2017).
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De la lectura del dictamen y de la presentación realizada por el perito en la audiencia de
pruebas, la Sala evidencia que el avalúo comercial se adelantó sobre el predio ubicado
en la Carrera 88ª No. 34ª – 45 Sur, Barrio Campo Hermoso – Patio Bonito, Localidad de
Kenedy en la ciudad de Bogotá D.C., dirección que no coincide con aquella precisada en
la demanda y en el decreto de la prueba, esto es, la Carrera 100ª No. 34ª 21-45 Sur,
Barrio Patio Bonito (Bosa).
(…)
Cabe resaltar que, al dar respuesta a los interrogantes formulados por el Magistrado
Ponente del Tribunal, el perito manifestó que “le parecía” que la dirección había cambiado
y que no corroboró dicha circunstancia por otros medios distintos a la información
suministrada por la parte demandante. Si bien a continuación afirmó haber acudido a
documentos catastrales, al impuesto predial y a un mapa de localización satelital, lo cierto
es que en la experticia no se incorporan soportes técnicos u oficiales que acrediten de
manera objetiva la modificación de la nomenclatura ni que permitan establecer, sin lugar
a duda, que el inmueble objeto del dictamen correspondía exactamente al señalado en
la demanda y el decreto de la prueba.
En efecto, el mapa de localización incorporado en el dictamen se limita a describir las
características generales del sector y a delimitar el barrio, sin ofrecer elementos
suficientes que permitan identificar de manera precisa el inmueble objeto del avalúo ni
explicar la discrepancia entre las direcciones referidas. Además, en el cuerpo del
dictamen no se expone explicación técnica alguna sobre las razones del supuesto cambio
de dirección ni se allegan certificaciones oficiales que respalden dicha afirmación.
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En consecuencia, la Sala concluye que la objeción por error grave formulada por la
entidad demandada está llamada a prosperar, en la medida en que se acreditó que el
dictamen pericial fue elaborado sobre un inmueble cuya identificación no fue verificada ni
individualizada de manera técnica, objetiva y concordante con el objeto preciso de la
prueba decretada, lo cual configura un yerro sustancial en el objeto de la experticia.
Por tal razón, el dictamen pericial no será tenido en cuenta como elemento probatorio
para efectos de la valoración probatoria en la presente sentencia.
De contera, comoquiera que los reparos de la alzada relacionados con la falta de
valoración del dictamen pericial pierden su fundamento, no serán analizados.
III. 3. Hechos probados
• Mediante Escritura Pública nro. 2679 del 14 de diciembre 2001, Luz Dary Sanabria
adquirió a título de compraventa el lote de terreno Nro. 15, manzana 1, con un área
de 72 metros cuadrados, ubicado en la carrera 100ª No. 34ª - 21 sur en la ciudad
de Bogotá.
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• En este mismo documento se consignó que la señora Sanabria destinaría el
inmueble a vivienda familiar y por lo tanto lo afectaba como tal:
• El 4 de marzo de 2002 se realiza la inscripción de la escritura de compraventa, en
donde se puede leer que el negocio jurídico recayó sobre un lote de terreno y
únicamente se registró la compraventa, así se puede leer en el certificado de
tradición y libertad:
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• Este acto igualmente quedó reflejado en el predio de mayor extensión, donde se
puede leer que se realizó una venta parcial del lote 15:
• En el año 2008, contra la señora Sanabria se inició un proceso ejecutivo en el cual
se ordenó el embargo del inmueble, acto que se registró en la Anotación No. 2 del
respectivo folio de matrícula inmobiliaria y que finaliza con orden de remate del
inmueble.
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• Las dos anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40388272
quedaron así:
Anotación No. 1: Fecha 04-03-2002. Radicación 2002-15554
Documento: Escritura 2679 del 14-12-2001 Notaría 14 de Bogotá
Especificación: 0125 Compraventa (Modo de adquisición)
Personas que intervienen en el acto:
De: Moreno Bernal Francisco Hernán
A: Sanabria García Luz Dary
Anotación No. 2: Fecha 17-07-2008, Radicación 2008-67742
Documento: Oficio 2077 del 10-07-2008 Juzgado 2º Civil del Circuito
Especificación: 0427 Embargo ejecutivo con acción personal 2005-00182 (Medida
Cautelar)
Personas que intervienen en el acto:
De: Cortes José Vicente
A: Sanabria García Luz Dary
• El 31 de agosto de 2010, mediante derecho de petición dirigido a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur de Bogotá, la parte actora solicitó la
cancelación de la anotación nro. 2 y la inscripción de la afectación a vivienda
familiar.
• Por Auto del 2 de mayo de 2010, el Registrador de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos - Zona Sur inició actuación administrativa (No. AA 141 de
2010), tendiente a definir la real situación jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria
No. 50S-40388272.
• Mediante Resolución 0250 del 6 de junio de 2012, la Superintendencia de
Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos - Zona Sur
decidió la actuación administrativa A.A. 141 de 2010, negando la petición
formulada por la señora Luz Dary Sanabria García, por considerar que no
resultaba procedente la inscripción de la escritura pública con afectación a
vivienda familiar dado que adquirió un lote de terreno.
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• La parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la
Resolución 0250 del 6 de junio de 2012.
• Por medio de la Resolución 0376 del 7 de septiembre de 2012, la Superintendencia
de Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos - Zona Sur
resolvió el recurso de reposición en el sentido de no reponer la resolución
recurrida.
• A través de la Resolución 5415 del 30 de mayo de 2013, el Director de Registro
de la Superintendencia de Notariado y Registro resolvió el recurso de apelación
con la orden de confirmar la Resolución 0250 del 6 de junio de 2012.
• En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Luz
Dary Sanabria García, por medio de apoderado judicial, interpuso demanda contra
la Superintendencia de Notariado y Registro y la Oficina de Instrumentos Públicos
de Bogotá (zona sur) pretendiendo la nulidad de las resoluciones 0250 y 0376 de
2012, así como de la 5415 de 2013.
• El trámite correspondió a la Sub-Sección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Según el acta de la audiencia inicial del 22 de
julio de 2014, en el proceso de la referencia el juez de primera instancia decretó
las siguientes pruebas:
A. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE ACTORA
Con el valor que en derecho corresponda, TÉNGANSE como pruebas los
documentos allegados con el escrito de la demanda:
1.- DOCUMENTALES
a. Copia del auto de fecha 2 de mayo de 2011, mediante el cual se dio
apertura al trámite administrativo en registro.
b. Copia de la Resolución 0250, del 06 de junio de 2012, proveída por la
oficina de Registro y que es materia de la demanda.
c. Copia de la Resolución 0376 de fecha septiembre 7 de 2012, por la cual
decide el recurso de REPOSICIÓN.
d. Copia de la Resolución 5415 de mayo 30 de 2013, mediante la cual se
resuelve apelación y confirma la Resolución 0250 de 2012, emitida por la
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA.
e. Copia auténtica da la Escritura Pública No. 2679 del 14-12-2001, Notaria
14 de Bogotá, la cual contiene la AFECCIÓN A VIVIENDA FAMILIAR,
conforme a lo consignado en la ley, así como el recibo de pago de la
afectación.
f. Certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con la
matricula inmobiliaria No. 50S. 40388272, en el cual aparece registrado EL
EMBARGO ordenado por el Juzgado 2 Civil del Circuito, pero no aparece
el registro de la afectación a vivienda familiar.
g. Copia del oficio 50S2010EE34859, emitido por la Oficina de Registro,
Registrador Principal, AURA ESPINOSA SANABRIA en el cual se
comunica al Juzgado que la inscripción del EMBARGO fue irregular pues
reconoce el error de la no inscripción de la AFECTACIÓN A VIVIENDA
FAMILIAR. Y solicita que se levante el embargo.
h. Copia del oficio 50S2010EE343579, emitido por la Oficina de Registro,
Registrador Principal, OMAR GARCES FERNANDEZ, en el cual se
comunica al Juzgado que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos,
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omitió en su momento la inscripción de la Afectación a Vivienda Familiar, el
cual procederá a incluirla de acuerdo con el artículo 35 del Decreto 1250 de
1970, lo que llevará a la improcedencia del embargo por usted emitido de
conformidad con la Ley 258 de 1996.
i. Copia del auto del 26 de noviembre de 2011 emitido por el Juzgado 2 Civil
del Circuito, en el que responde a registro y dice que no es posible levantar
la medida de embargo que pesas sobre el inmueble dado que el error se
produjo en dicha oficina.
j. Copia del oficio 3582 de fecha 12 de diciembre de 2011 emitido por el
Juzgado 2 Civil del Circuito, dirigido a registro, en el cual le comunica que
no es posible levantar la medida de embargo que pesa sobre el inmueble
por no encontrar razón legal para el efecto. Dado que el error se produjo en
dicha oficina, por lo que deberá ser a través de actuación administrativa AA
141 de 2010, en la que deberá definirse la situación del inmueble.
k. Copia del Aviso de la INSPECCIÓN DE POLICIA colocado en la CASA
de la afectada, cuando se practicó el SECUESTRO de la residencia.
l. Copia de la diligencia de SECUESTRO del predio realizada por la
Inspección 8 de Kennedy el día 25 de noviembre de 2008, acta con la cual
se prueba que el predio embargado y que soporta la afectación es
efectivamente una CASA de habitación y no un lote como falsamente lo
motiva registro.
m. Copias de 7 formularios de IMPUESTO PREDIAL del predio objeto de
la AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR, de los años 1997, 2001, 2002,
2003, 2004, 2007, 2009, con el cual se establece que desde 1997, incluso
cuando estaba construido y tenía mejoras y no se trataba exclusivamente
de un LOTE, como falsamente lo motiva registro en las resoluciones objeto
de nulidad y suspensión provisional.
n. Certificación Catastral del predio objeto de la demanda, en el cual
aparece que el área del terreno es 72.00 mts2, y que su área construida
son 223Mts2, y se prueba que no es un LOTE, como falsamente lo motiva
registro.
ñ. Copias de 3 recibos de servicios públicos del predio, con lo que se
establece que se trata de una vivienda.
o. Diez fotografías del predio en el cual se aprecia que efectivamente se
trata de una VIVIENDA, de tres pisos.
p. Copia del ACTA DE CONCILIACION ante la Procuraduría celebrada el
día 9 de agosto de 2013, en la cual la PROCURADORA DELEGADA solicita
a registro RECONSIDERAR su posición de no conciliar, pues observa que
si era procedente la solicitud ante el inminente error de registro.
Por Secretaría OFICÍESE a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona
Sur, para que en el término de cinco (5) días contados a partir del recibo de la
correspondiente comunicación allegue con destino al presente proceso copia del
expediente No. AA 141 de 2010 que dio lugar a los actos administrativos que se
demandan.
Por Secretaría OFICÍESE a la Oficina de Catastro Distrital, para que en el término
de cinco (5) días contados a partir del recibo de la correspondiente comunicación
allegue con destino al presente proceso certificación al proceso de la referencia en
la que conste si en sus archivos ha figurado y desde qué fecha, mejoras y
construcciones en el inmueble identificado con la Cédula Catastral No. 35CS 100
A 15.
Por Secretaría OFICÍSE al Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá, para que en el
término de cinco (5) días contados a partir del recibo de la correspondiente
comunicación allegue con destino al presente proceso copias auténticas de la
totalidad del expediente No. 2005-182, del proceso ejecutivo adelantado por José
Vicente Cortés en contra de Luz Dary Sanabria García, con el fin de que certifique
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el estado actual del proceso y si el predio objeto de este se encuentra en trámite
de remate judicial.
DECRÉTASE la prueba pericial solicitada por la parte demandante en el acápite
de pruebas de la demanda visible a folios 28 y 29 del cuaderno principal del
expediente.
III. 4. Identificación de los problemas a resolver
A partir del contenido de la sentencia de primera instancia, del recurso de apelación y la
decisión de declarar fundada la objeción por error grave respecto del dictamen pericial
que obra en el proceso, la Sala advierte que el debate se centra en
El medio de control judicial
El Tribunal consideró que los dos primeros cargos formulados en la demanda no se
dirigían propiamente a cuestionar la legalidad de los actos demandados, sino que
pretendían obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por una
presunta falla en el servicio público registral y la consecuente indemnización de
perjuicios. En ese entendido, sostuvo que tales reproches debían ventilarse a través del
medio de control de reparación directa y no mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Por tal razón, delimitó su análisis exclusivamente al cargo
de falsa motivación, en cuanto este sí se encaminaba a controvertir la legalidad de las
resoluciones acusadas.
La parte actora controvirtió dicha delimitación, al sostener que la omisión en el registro
de la afectación a vivienda familiar no solo configuró una falla del servicio, sino que incidió
directamente en la legalidad de las resoluciones cuestionadas, las cuales —en su
criterio— se encontraban viciadas de falsa motivación. De ese modo, afirmó que su
pretensión no se agotaba en la reparación de un daño, sino que se dirigía a obtener la
nulidad de las resoluciones que negaron la afectación, por desconocer la realidad
material del inmueble y los derechos constitucionales involucrados.
Las anotaciones y el trámite registral
El a quo argumentó que la inconformidad de la demandante se dirigía, en realidad, contra
las anotaciones efectuadas en el folio de matrícula inmobiliaria, particularmente la
Anotación No. 1 correspondiente al registro de la compraventa y la Anotación No. 2
relativa al embargo. Sin embargo, advirtió que dichos actos no fueron demandados
expresamente, por lo que no podían ser objeto de control judicial en el proceso. En
consecuencia, concluyó que no era posible examinar la legalidad de actuaciones
registrales distintas de las resoluciones acusadas.
El recurrente discrepó de esa conclusión y afirmó que no podía exigírsele demandar
anotaciones inexistentes o de actos cuya acción se encontraba caducada. Sostuvo que
el error radicó precisamente en la omisión de la autoridad registral de emitir la
correspondiente nota devolutiva o de adoptar oportunamente una decisión expresa frente
a la inscripción de la afectación a vivienda familiar, lo que impidió controvertir dichos actos
en su momento. En tal sentido, consideró que la discusión debía centrarse en la legalidad
de las resoluciones demandadas, mediante las cuales la entidad justificó tardíamente su
actuación.
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La presunta falsa motivación
Sobre este particular el Tribunal expuso que las resoluciones demandadas se
encontraban fundadas en un hecho cierto, consistente en que la Escritura Pública No.
2679 de 2001 describía el inmueble objeto del negocio jurídico como un lote de terreno.
Con base en ello, consideró que, conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley 258 de 1996 y
a la Instrucción Administrativa No. 01-46 de 2001, resultaba improcedente la inscripción
de la afectación a vivienda familiar respecto de lotes, razón por la cual descartó el cargo
de nulidad.
Por el contrario, la parte actora alegó que la motivación de los actos acusados era falsa,
en la medida en que la autoridad registral se apoyó exclusivamente en la denominación
formal contenida en la escritura, desconociendo la realidad material del inmueble, el
acervo probatorio obrante en el expediente y la propia actuación previa de la entidad.
Añadió que la justificación basada en la condición de lote fue adoptada de manera tardía
y contradictoria, con el propósito de encubrir la omisión inicial en el registro de la
afectación a vivienda familiar.
La valoración probatoria
El Tribunal consideró que los documentos aportados por la demandante —certificaciones
catastrales, registros civiles y declaraciones extraprocesales— no constituían títulos
sujetos a registro ni podían modificar el contenido de la escritura pública presentada para
inscripción. En ese sentido, precisó que la función registral debía ejercerse con base en
el contenido del instrumento público y que, si este no cumplía los requisitos legales, lo
procedente era su corrección, mas no la inscripción de la afectación con fundamento en
pruebas ajenas al acto registral.
El recurrente afirmó que el juez de primera instancia incurrió en un grave error de
valoración probatoria, al desconocer la prueba pericial y los documentos aportados, los
cuales —a su modo de ver— demostraban que el inmueble correspondía materialmente
a una vivienda desde antes del otorgamiento de la escritura. Señaló que el dictamen
pericial acreditó la antigüedad de la construcción y que dicha prueba fue corroborada con
otros elementos documentales, por lo que el fallo del desconoció las reglas de la sana
crítica al privilegiar una interpretación literal y aislada del instrumento público.
El reconocimiento de la omisión e incumplimiento de la autoridad registral
El Tribunal sustentó que, conforme a la Ley 258 de 1996, la inembargabilidad derivada
de la afectación a vivienda familiar solo producía efectos frente a terceros a partir de su
inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria. En consecuencia, mientras la afectación
no figurara registrada, el inmueble podía ser válidamente objeto de embargo. Añadió que
la pretensión de dejar sin efectos la medida cautelar implicaba cuestionar una anotación
no demandada, lo cual resultaba improcedente.
La parte actora replicó que el embargo fue consecuencia directa de la omisión registral y
de la posterior actuación contradictoria de la entidad, la cual incluso reconoció en oficios
dirigidos a la jurisdicción civil. Afirmó que la autoridad registral incumplió sus deberes de
publicidad y comunicación, generando una confianza legítima en la corrección del trámite,
y que la negativa tardía de la afectación, sustentada en falsa motivación, no podía
trasladar sus efectos perjudiciales a la demandante.
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III.5. Análisis de la Sala
III.5.1. Precisión preliminar
El Tribunal, al estudiar de manera conjunta los dos primeros cargos, concluyó que los
reproches de la demanda se orientaban, en esencia, a obtener la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado por una presunta falla del servicio registral y la
consecuente indemnización de perjuicios, motivo por el cual esos reparos debían
ventilarse a través del medio de control de reparación directa. Por ello, restringió su
examen al cargo de falsa motivación, por estimar que era el único que controvertía la
legalidad de los actos demandados.
Ahora bien, revisadas las pretensiones y el concepto de violación del escrito inicial, la
Sala encuentra que la parte actora dirigió expresamente su demanda contra las
Resoluciones números 0250 de 2012, 0376 de 2012 y 5415 de 2013, y solicitó su nulidad,
esto es, formuló un debate propio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
En esa dirección, aunque la demanda aludió a daños derivados de la actuación registral
e incluyó pretensiones indemnizatorias, lo cierto es que el eje de la controversia se
estructuró alrededor de la presunta ilegalidad de las resoluciones que decidieron la
actuación administrativa del folio de matrícula inmobiliaria por falsa motivación, que en
criterio de la parte actora se configuró, toda vez que la demandada habría pretendido
justificar o “encubrir” la omisión inicial de la inscripción con la anotación de la afectación
a vivienda familiar del inmueble en cuestión.
Por lo anterior, existe correspondencia entre: (i) el objeto del proceso, esto es, la nulidad
de las resoluciones demandadas, y (ii) el concepto de violación, que se funda en la falsa
motivación, de modo que resulta procedente el estudio de fondo en bajo el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En ese contexto, se debe precisar que en el presente asunto no se formuló una pretensión
dirigida a obtener la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado en los
términos propios del medio de control de reparación directa, ni se estructuró el concepto
de violación orientado a la imputación de un daño antijurídico derivado de una actuación
administrativa desligada del examen de legalidad de los actos acusados.
Por el contrario, del contenido integral de la demanda se evidencia que los argumentos
relacionados con la supuesta falla en el servicio registral fueron planteados por la parte
actora como fundamento del cargo de falsa motivación formulado contra las resoluciones
demandadas, bajo la tesis según la cual la administración habría pretendido justificar
posteriormente, mediante los actos administrativos acusados, la omisión inicial
consistente en no registrar la afectación a vivienda familiar.
Así, la alegada “falla registral” no fue presentada como una fuente de responsabilidad
estatal separada del control de legalidad de los actos administrativos, sino como uno de
los supuestos fácticos que, en criterio de la demandante, demostraban la configuración
de la falsa motivación de las resoluciones cuestionadas.
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Bajo ese entendido, la Sala no advierte la existencia de un escenario procesal a partir del
cual pudiera derivarse la eventual procedencia del medio de control de reparación directa.
El hecho de que la demanda incorpore pretensiones indemnizatorias no desnaturaliza el
medio de control ejercido ni transforma la controversia en un litigio de la reparación
directa, particularmente cuando, como ocurre en el presente evento, el núcleo del debate
judicial continúa recayendo sobre la legalidad de las resoluciones demandadas y sobre
la presunta falsa motivación que la parte actora les atribuye.
En este punto, la Sala precisa que, aunque se solicitó “dejar sin valor ni efecto el
embargo”, la demanda no formuló de manera directa pretensión de nulidad contra la
Anotación núm. 2 del folio de matrícula inmobiliaria, ni estructuró un concepto de violación
específico frente a ese acto de registro; de ahí que el estudio de legalidad debe
circunscribirse a las resoluciones acusadas.
Al respecto, en reciente pronunciamiento la Sala consideró que cuando en nulidad y
restablecimiento del derecho se formulan “pretensiones [que] no se orientan a cuestionar
la validez jurídica de los actos administrativos demandados, ni persiguen su expulsión del
ordenamiento jurídico, sino que procuran obtener declaraciones atípicas relativas a su
alcance material, a su supuesta inexistencia o a la finalidad real de su expedición (…)
dichas pretensiones no son susceptibles de pronunciamiento en el marco de un proceso
de esta naturaleza, al exceder los contornos del control judicial”7.
Por ello, el estudio de legalidad que corresponde efectuar a la Sala debe circunscribirse
exclusivamente a las resoluciones acusadas, sin que resulte procedente proferir
pronunciamiento alguno respecto de la petición orientada a dejar sin efectos el embargo.
En otras palabras, se advierte que, de la lectura integral de las pretensiones de la
demanda, así como del concepto de violación desarrollado por la parte actora, se
desprende con claridad que los actos administrativos expresamente demandados
corresponden exclusivamente a las resoluciones mediante las cuales la autoridad
registral negó la solicitud de corrección del folio y confirmó dicha determinación en sede
administrativa. Las pretensiones son del siguiente tenor literal:
PRIMERA: Se revoque por NULIDAD de la Resolución número 0250, del 06 de junio
de 2012, la resolución No. 0376 de fecha septiembre 7 de 2012, así como la
Resolución No. 5415 de mayor 30 de 2013, mediante la cual se desdice la apelación
y confirma la resolución No.0250/12, emitida por la OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA.
SEGUNDA: Que se ordene a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá Zona Sur, se inscriba debidamente la AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR,
conforme a lo consignado en la Escritura Publica No. 2679 del 14-12-2001, Notaria
14 de Bogotá, dejando sin valor ni efecto el embargo que soporta el predio.
7 En aquella ocasión los demandantes persiguieron: “En la primera pretensión principal, los demandantes
solicitan que se declare que la Resolución (…) “no alinderan ni determinan en forma cierta”, por sus
linderos, límites y predios contenidos, la zona o área de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá. Como consecuencia de dicha afirmación —y a la vez formulada como segunda pretensión
principal— se solicita que se declare que la Resolución (…) “no existe”, por la indeterminación de tales
linderos. A su turno, en la tercera pretensión principal, se pretende que se declare que el artículo primero
de la Resolución (…) “no tienen como objeto realinderar” el área de reserva forestal”. Consejero Ponente:
Carlos Fernando Mantilla Navarro. Sentencia del 19 de febrero de 2026. Radicado: 25000 23 24 000 2005
90864 02 (2005-00873 y 2005-00894). Demandante: Germán Agudelo Rodríguez y otros.
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TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores peticiones se declare que la
entidad demandada es responsable de los daños y perjuicios causados a la
propietaria del predio hasta la fecha, y en los perjuicios causados con esta falla
registral.
CUARTA: Que se condene a la entidad demandada a indemnizar los perjuicios
causados a la Sra., LUZ DARY SANABRIA GARCIA, los cuales deben comprender el
daño emergente y que para el efecto estimo en la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE, ($250.000.000), valor actual del
inmueble y el lucro cesante en el eventual caso que la casa llegue a ser REMATADA
por parte del Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá.
QUINTA: Que se condene a la entidad demandada a pagar a mi mandante, además
de las cantidades de dinero por los conceptos antes señalados o costo histórico de la
indemnización, el ajuste o actualización de su valor entre la fecha que se liquide el
crédito y la fecha en que realmente se ejecute el pago, de conformidad con el artículo
178 del Código Contencioso Administrativo.
SEXTA. Que para efectos de ejecución de la sentencia, la entidad demandada dicte
dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la misma, la providencia
necesaria para su cumplimiento, de acuerdo con el artículo 176 del Código
Contencioso Administrativo.
En efecto, la pretensión primera de la demanda se dirigió concretamente a obtener la
declaratoria de nulidad de las resoluciones, mientras que las restantes pretensiones se
formularon como consecuencias derivadas de la eventual nulidad de tales actos
administrativos. En contraste, la demanda no incluyó de manera expresa ni formal la
anotación número 2 del folio de matrícula inmobiliaria dentro de los actos acusados.
Esta comprensión del litigio quedó, además, definitivamente consolidada en la audiencia
inicial celebrada el 22 de julio de 2014, oportunidad procesal en la cual el tribunal fijó
expresamente el problema jurídico en los siguientes términos:
determinar si con la expedición de los actos administrativos contenidos en: a)
Resolución No. 0250 de 6 de junio del 2012, b) Resolución No. 0376 de 7 de
septiembre del 2012 y c) Resolución 5415 de 30 de mayo de 2013 […] la citada
entidad incurrió en falla registral y falsa motivación.
Así las cosas, desde la fijación del litigio quedó claramente delimitado que el objeto del
debate judicial recaía sobre la legalidad de las resoluciones antes mencionadas y no
sobre las anotaciones registrales individualmente consideradas, delimitación procesal
frente a la cual las partes manifestaron expresamente su conformidad, sin formular reparo
u objeción alguna.
En consecuencia, la Sala reitera que el examen de legalidad que corresponde efectuar
en esta instancia se circunscribe a establecer si las resoluciones demandadas incurrieron
o no en los vicios alegados por la parte actora, sin que resulte jurídicamente viable
extender el control judicial a actos registrales que no fueron objeto de demanda expresa
ni incorporados al litigio fijado en la audiencia inicial.
Proposición jurídica completa
Aclarado lo anterior, es necesario descartar que en el presente asunto se configure
alguno de los supuestos de proposición jurídica incompleta, figura que, conforme a la
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jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado8, se presenta en tres
escenarios claramente delimitados.
En primer lugar, la proposición jurídica es incompleta cuando se controvierte un acto que
carece de autonomía decisoria y cuya validez depende de manera inescindible de otros
actos que no fueron demandados, como ocurre, por ejemplo, cuando se cuestionan
exclusivamente los actos que resuelven los recursos en sede administrativa, sin
demandar el acto definitivo.
Este supuesto no se configura en el caso concreto, por cuanto las resoluciones
demandadas constituyen actos autónomos y definitivos, mediante los cuales la
demandada decidió una actuación administrativa sobre la procedencia de la inscripción
solicitada y, en esa medida, el estado jurídico del folio. En consecuencia, no existe una
ruptura entre las pretensiones y los actos enjuiciados que impida a la Sala proferir un
pronunciamiento de fondo.
En segundo término, la proposición jurídica resulta incompleta cuando existe una
ausencia absoluta de argumentación respecto de los motivos por los cuales se
consideran vulneradas las normas invocadas como infringidas, o cuando no se establece
conexión alguna entre las pretensiones y el concepto de violación, de tal manera que no
sea posible identificar el marco fáctico y jurídico de la controversia.
Tampoco se presenta esta hipótesis, en la medida en que la demanda expone de manera
clara y reiterada que la causal de nulidad atribuida a los actos cuestionados: la falsa
motivación. De esta forma, existe una relación lógica y comprensible entre las
pretensiones de nulidad y el concepto de violación propuesto.
En tercer y último lugar, la proposición jurídica incompleta se configura cuando no es
posible identificar los elementos estructurales del medio de control ejercido, por ejemplo,
cuando el legislador exige la acreditación de un interés particular y de la demanda no se
desprende dicho interés, generándose un rompimiento entre la pretensión y el
mecanismo procesal utilizado. Este último evento, de forma clara, tampoco se presenta
en el caso concreto.
En consecuencia, la Sala concluye que no se configura en el presente asunto una
proposición jurídica incompleta, por lo que no existe obstáculo procesal para abordar el
estudio de fondo de la demanda.
III.5.2. Sobre las anotaciones y el trámite registral
El Tribunal sostuvo que la inconformidad de la demandante recaía sobre las anotaciones
del folio de matrícula inmobiliaria —en particular la Anotación No. 1 (inscripción de la
compraventa)— y que, al no haber sido demandadas, no era viable extender el control
judicial más allá de las resoluciones acusadas.
La Sala comparte que el objeto del proceso no es el control de legalidad de las
anotaciones, en la medida en que no fueron incorporadas expresa y directamente a las
pretensiones, ni se estructuraron cargos autónomos orientados a desvirtuar su validez.
8 Entre otros pronunciamientos ver: Auto del 14 de marzo de 2024. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo
López. Radicación número: 05001 23 33 000 2017 01132 02. Actor: Corporación de Carniceros y
Ganaderos de Jericó, Pueblorrico y Tarso.
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También es claro que la controversia propuesta por la parte actora no consiste en discutir
la validez de la Anotación No. 1 en sí misma, sino en cuestionar: (i) la omisión de inscribir,
en su oportunidad, la afectación a vivienda familiar que —según afirma— estaba llamada
a reflejarse en el folio al momento de calificar el título (Escritura Pública No. 2679 de
2001), y (ii) la forma como, años después, la administración resolvió esa discusión
mediante las resoluciones demandadas.
Desde esa perspectiva, conviene precisar que el procedimiento registral se estructura
sobre una etapa de calificación, al término de la cual la oficina adopta una decisión:
ordena la inscripción o niega el registro del título, debiendo en tal caso dejar constancia
de la inadmisión y devolver el documento al interesado.
En el artículo 22 de la Ley 1579 de 20129, “Por la cual se expide el estatuto de registro
de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones”, se encuentra dispuesto
expresamente que, si en la calificación “no se dan los presupuestos legales para ordenar
su inscripción”, procede inadmitir el título mediante nota devolutiva, con indicación clara
de fundamentos y recursos, dejando copia en el archivo.
Bajo el Decreto 1250 de 1970, que en su artículo 39 estableció: “Si la inscripción del título
no fuera legalmente admisible, así se indicará en la columna sexta del Libro radicador,
se dejará copia del título en el archivo de la oficina y el ejemplar correspondiente se
devolverá al interesado bajo recibo”.
A partir de lo anterior, la Sala advierte que, si bien del expediente se desprenden
reproches sobre la falta de una determinación oportuna que informara a la parte actora
las razones para abstenerse de inscribir la afectación, dicha circunstancia no conduce
automáticamente a la prosperidad del cargo de falsa motivación formulado contra las
resoluciones, por dos razones principales:
Por la estructura de la causal de nulidad invocada. La falsa motivación exige que el acto
demandado se soporte en supuestos fácticos o jurídicos contrarios a la realidad,
inexistentes u ostensiblemente equivocados. En ese sentido, la eventual ausencia de
nota devolutiva puede integrar un cuestionamiento relativo al funcionamiento del servicio
o a la manera como se tramitó la calificación en 2002, pero no equivale, por sí sola, a
demostrar que las resoluciones demandadas se apoyaron en una motivación falsa.
Por el objeto temporal y material del control. La omisión que se atribuye al trámite inicial
no se produjo dentro de la actuación administrativa A.A. 141 de 2010 que culminó con
las resoluciones demandadas. Por tanto, el juicio de legalidad en esta instancia debe
recaer en las razones efectivamente expresadas por la administración en 2012 y 2013
para negar la inscripción solicitada y para confirmar esa negativa en sede de recursos.
Ahora bien, la Sala considera necesario resaltar que la improcedencia de la afectación a
vivienda familiar respecto de lotes de terreno no surge únicamente de una interpretación
aislada efectuada por la autoridad registral en los actos demandados, sino que se
encuentra expresamente prevista en la Instrucción Administrativa No. 01-46 del 8 de junio
9 Artículo 22. Inadmisibilidad del registro. Si en la calificación del título o documento no se dan los
presupuestos legales para ordenar su inscripción, se procederá a inadmitirlo, elaborando una nota
devolutiva que señalará claramente los hechos y fundamentos de derecho que dieron origen a la
devolución, informando los recursos que proceden conforme al Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique. Se dejará copia del título
devuelto junto con copia de la nota devolutiva con la constancia de notificación, con destino al archivo de
la Oficina de Registro.
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de 2001 expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, vigente para la época
de los hechos y de obligatorio acatamiento para los registradores de instrumentos
públicos en ejercicio del principio de legalidad que gobierna la función registral.
En efecto, dicha instrucción administrativa estableció de manera clara y expresa que no
procede la constitución de afectación a vivienda familiar:
7. Cuando lo adquirido sea un lote. Si en él se construye el inmueble destinado a la
vivienda familiar, la afectación deberá constituirse posteriormente mediante escritura
pública. (Énfasis fuera del texto original).
La indicación transcrita reviste especial relevancia para la resolución del asunto bajo
examen, en la medida en que evidencia que se distinguía claramente entre la adquisición
de un lote y la adquisición de un inmueble destinado materialmente a vivienda familiar.
Así, la instrucción no solo excluyó expresamente la procedencia de la afectación respecto
de lotes, sino que además determinó que con posterioridad sobre el terreno sí puede
llegar a existir una construcción destinada a habitación familiar, pero para que tal
edificación haga procedente la afectación debe constituirse por medio de escritura
pública.
Por consiguiente, aun admitiendo hipotéticamente que sobre el lote adquirido existiera
alguna edificación o construcción material, ello no desvirtuaba el contenido formal y
jurídico del título presentado a registro ni habilitaba automáticamente la inscripción de la
afectación inicialmente pretendida, pues el propio marco normativo exigía que, una vez
consolidada la construcción destinada a vivienda, la afectación se constituyera
posteriormente mediante un nuevo instrumento público.
En suma, el cargo de falsa motivación debe resolverse confrontando la motivación de las
resoluciones acusadas con el expediente y el marco normativo aplicable.
III.5.3. Sobre la presunta falsa motivación
En lo que se refiere al alcance de la causal de nulidad por falsa motivación, la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado: “i) se presenta ante la inexistencia de
fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración
Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien
por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a
los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que
sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión10”.
Con ese marco, el examen debe concentrarse en determinar si, en las resoluciones
demandadas: (a) faltan motivos fácticos o jurídicos, (b) se afirmaron hechos contrarios a
la realidad, (c) se amplió indebidamente el alcance de los motivos invocados, o (d) las
razones expresadas no justifican la decisión adoptada.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de abril
de 2016, número de radicado: 25000 2324 000 2008 00265 01, actor: Judith Amparo Sierra de Chávez y
María T. González de Zamora, demandado: Municipio de la Vega, C.P. María Claudia Rojas Lasso.
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III.5.3.1. Para ello, se debe comenzar por presentar de forma breve los referentes legales
sobre la materia: la Ley 258 de 1996 y el Decreto 1250 de 1970.
La afectación a vivienda familiar, prevista en la Ley 258 de 1996, se concibe como un
instrumento de protección del inmueble destinado a la habitación de la familia. Sus reglas
parten de dos premisas relevantes para el caso: (i) la institución recae sobre un bien
inmueble destinado a vivienda, y (ii) su oponibilidad frente a terceros se supedita a la
anotación en el folio de matrícula inmobiliaria ante la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, como presupuesto de publicidad y eficacia erga omnes.
El procedimiento administrativo de registro de instrumentos públicos se encontraba
regulado de manera integral por el Decreto 1250 de 1970, el cual concebía el registro
inmobiliario como un trámite reglado, secuencial y con efectos jurídicos precisos,
orientado a garantizar la publicidad, seguridad y oponibilidad de los derechos reales
sobre bienes inmuebles.
En particular, como se vio en el análisis previo, el artículo 22 del citado decreto establecía
que el proceso de registro de un título o documento se componía de cuatro etapas
claramente diferenciadas: (i) la radicación, (ii) la calificación, (iii) la inscripción y (iv) la
constancia de haberse ejecutado esta.
Esta disposición revela que el registro no era concebido como un acto automático o
puramente mecánico, sino como un verdadero procedimiento administrativo, en el que
cada fase cumplía una función específica y necesaria para la producción de los efectos
legales del registro.
Superada la calificación, el título debía pasar a la sección de inscripción, de conformidad
con el artículo 26, para que se practicara el registro conforme a la orden impartida por la
sección jurídica.
Ahora bien, el Decreto también regulaba expresamente los eventos en los cuales el título
no resultaba legalmente admisible para su inscripción. El artículo 39, comentado de forma
previa, determinaba que, en tal caso, debía indicarse dicha circunstancia en la columna
sexta del libro, dejarse copia del título en el archivo de la oficina y devolverse el ejemplar
correspondiente al interesado bajo recibo. Esta disposición resulta particularmente
relevante, pues demuestra que la no inscripción del título no constituía un silencio
administrativo ni una omisión carente de efectos, sino la consecuencia de una decisión
jurídica negativa adoptada en la etapa de calificación, que debía quedar registrada
formalmente y ser conocida por el interesado.
Finalmente, los artículos 36 y 37 regulaban la corrección y rectificación de las
inscripciones. Mientras los errores meramente instrumentales podían ser corregidos por
el registrador bajo su responsabilidad, las correcciones que implicaran alteración de la
sustancia del registro solo podían realizarse con el consentimiento de todos los
interesados o por mandato judicial. Esta distinción resulta relevante para descartar la
posibilidad de modificar sustancialmente el contenido del registro o del título por vía
administrativa posterior, sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos.
A partir de este marco normativo, resulta relevante precisar el alcance y los límites de la
función calificadora del registrador. El Decreto 1250 de 1970 concibió el procedimiento
registral como un trámite jurídico reglado, en el cual la calificación no habilita al
funcionario para alterar el contenido formal del título presentado, sino para verificar su
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admisibilidad a partir de lo que el propio instrumento público declara. En ese sentido, la
valoración jurídica que corresponde a la Oficina de Registro se encuentra
necesariamente condicionada por el contenido del acto sometido a inscripción, de modo
que el registrador no puede desconocer, sustituir o corregir el contenido de la escritura
pública, salvo en los eventos expresamente previstos en la ley.
Esta limitación se refuerza si se atiende a la regulación de la afectación a vivienda
familiar. En efecto, los artículos 1 y 2 de la Ley 258 de 1996 circunscriben dicha institución
a bienes inmuebles destinados a la habitación de la familia, presupuesto que no se
presume ni se construye oficiosamente por la autoridad registral, sino que debe
desprenderse del título que accede al registro o del procedimiento legalmente establecido
para su constitución.
De manera concordante, la Instrucción Administrativa No. 01-46 de 2001, dirigida a
notarios y registradores, precisó que no procede la afectación a vivienda familiar cuando
lo adquirido sea un lote. Así, cuando el instrumento público describe el bien como un lote
de terreno, sin referencia a edificación o destino habitacional, el registrador no puede
desatender esa caracterización formal y practicar una inscripción que el propio
ordenamiento considera improcedente.
En este contexto, la función calificadora no puede entenderse como una potestad para
suplir deficiencias del título o corregir su contenido sustancial, sino como un juicio jurídico
ceñido al acto presentado, a su contenido expreso y a las normas que gobiernan su
acceso al registro. De ahí que la negativa de inscripción o la improcedencia de una
anotación solicitada no constituya una actuación arbitraria o formalista, sino la
consecuencia del diseño legal del procedimiento registral y de los límites que el mismo
impone a la actuación del registrador.
Sobre el particular, en anterior oportunidad la Sección indicó:
Del contenido de las normas de registro, antes transcritas, se deduce que para que
el registro refleje la verdadera situación jurídica del inmueble, el Registrador puede
hacer las correcciones en cualquier momento; y (…) el estudio que corresponde
efectuar a las Oficinas de Registro, en modo alguno significa que su actividad sea
meramente mecánica o automática, despojada de toda valoración jurídica respecto
del acto a registrar sino que, por el contrario, ellas están habilitadas por la ley para
efectuar una valoración jurídica previa a la anotación respectiva, con miras a
determinar precisamente “Si la inscripción del título” es “legalmente admisible”, según
preceptúa el artículo 37 del Decreto Ley 1250 de 1.970, así como determinar la
naturaleza jurídica del acto con miras a su ubicación en la clasificación y columnas
pertinentes (artículo 25 ibidem) y, si procede su registro, según los términos del
artículo 52 ibidem, de modo que la anotación se debe hacer según los resultados de
dicha valoración, que se supone tiene lugar en la etapa de “calificación”, que es una
de las cuatro etapas del procedimiento de inscripción descritas en el artículo 22,
ibidem.11
En síntesis, el Decreto 1250 de 1970 configuró el registro inmobiliario como un
procedimiento administrativo formal, secuencial y jurídicamente estructurado, en el que
la calificación del título ocupaba un lugar central y determinante. La inscripción —o su
negativa— era el resultado de una decisión jurídica fundada en el contenido del
instrumento presentado y en las reglas legales vigentes, lo cual permite comprender que,
11 Sentencia del 31 de 2011. Consejera ponente: María Elizabeth García González. Radicación número:
27001-23-31-000-2003-00457-02.
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para la época de los hechos, la procedencia de figuras como la afectación a vivienda
familiar debía resolverse primordialmente a partir del título calificado y no de la sola
alegación de una realidad material distinta.
III.5.3.2. El Tribunal concluyó que las resoluciones demandadas se sustentaron en un
dato verificable: que la Escritura Pública 2679 de 2001 describía el bien como “lote de
terreno”, sin referencia a construcción o mejoras, y que, con base en ello, la afectación a
vivienda familiar no era procedente para su inscripción en los términos en que fue
solicitada. La apelación controvierte ese razonamiento, afirmando, en esencia, que: (i) la
administración se “aferró” a una lectura literal del instrumento; (ii) desconoció la realidad
material del inmueble; (iii) omitió o desestimó elementos probatorios; y (iv) incurrió en
contradicción frente a los oficios de 2010 y 2011 dirigidos al juez civil.
Pues bien, frente al primer argumento, se advierte que tal premisa desconoce el marco
normativo de la función registral. En efecto, el análisis efectuado por la Oficina de Registro
no consistió en una adhesión irreflexiva al texto de la escritura, sino en el cumplimiento
del deber legal de calificar el título conforme a su contenido formal. Pretender que el
registrador prescinda de la descripción consignada en el instrumento equivaldría a
exigirle una actuación que el ordenamiento no solo no autoriza, sino que expresamente
prohíbe. Así, la referencia al contenido de la escritura no constituye un formalismo, sino
el documento pertinente para evaluar la procedencia de la afectación solicitada. Por ello,
el registrador se mantuvo dentro del ámbito propio de la calificación registral, que no
permite al funcionario redefinir el objeto del derecho real ni imponer una afectación que
la ley considera improcedente cuando el bien ha sido adquirido y descrito como lote de
terreno.
Descartado lo anterior, debe considerarse que las resoluciones demandadas expresan
de manera clara la premisa fáctica sobre la cual soportan la decisión, esto es, que el título
presentado para calificación describía el inmueble como “lote de terreno”, sin mención de
construcciones o mejoras, y enlazan dicho presupuesto con razones jurídicas relativas a
la procedencia registral de la afectación a vivienda familiar y a su acceso al folio para
efectos de publicidad y oponibilidad. En consecuencia, no se advierte carencia de
motivación fáctica ni ausencia de fundamento jurídico.
Ahora bien, el soporte de hecho invocado por la administración no es una inferencia:
corresponde a un elemento constatable en el propio instrumento público que dio origen a
la solicitud. En ese sentido, aun si la actora sostiene que la caracterización contenida en
la escritura no reflejaba la realidad física del inmueble, tal discrepancia no permite
concluir, por sí sola, que la administración haya afirmado un hecho inexistente o
tergiversado, pues lo que las resoluciones afirman —la descripción formal consignada en
la escritura— se verifica en el título.
En cuanto a la prueba técnica, la Sala recuerda que, conforme a la cuestión previa ya
resuelta, el dictamen pericial fue excluido del expediente al prosperar la objeción por error
grave. Por ende, los reproches de la alzada ligados a la falta de valoración de esa
experticia carecen de soporte probatorio en esta instancia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera pertinente precisar que, aun en el evento
hipotético de que el dictamen pericial pudiera ser valorado dentro del proceso, sus
conclusiones no tendrían la entidad suficiente para desvirtuar el contenido de la escritura
pública, ni para infirmar los fundamentos normativos en los que se sustentaron los actos
demandados.
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La experticia allegada al expediente corresponde esencialmente a un avalúo comercial
del inmueble y a una apreciación técnica sobre sus características físicas actuales,
aspectos que, por sí solos, no modifican la naturaleza jurídica del bien consignada en el
instrumento público objeto de registro ni sustituyen las solemnidades exigidas por el
ordenamiento jurídico para la constitución e inscripción de derechos reales o afectaciones
al dominio. Además, que no permiten precisar la fecha de la edificación de la vivienda
sobre el lote del que se viene tratando el presente caso.
Debe recordarse que, conforme al régimen registral contenido en el Decreto 1250 de
1970, el registrador califica el título con fundamento en el contenido formal del
instrumento presentado a inscripción y no a partir de situaciones materiales,
apreciaciones posteriores o pruebas externas ajenas al acto jurídico sometido a registro.
En ese contexto, ni el dictamen pericial, ni los certificados catastrales, ni las declaraciones
extraprocesales, ni los oficios remitidos por funcionarios de la entidad demandada al
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá tienen la virtualidad jurídica de desvirtuar
el contenido expreso de la escritura pública, en la cual el inmueble fue identificado y
descrito inequívocamente como un lote de terreno.
De igual manera, tales elementos probatorios tampoco desvirtúan la aplicación de la Ley
258 de 1996, del Decreto 1250 de 1970 y de la Instrucción Administrativa No. 01-46 de
2001, normas en las que se fundamentó la decisión administrativa cuestionada.
Particularmente, los oficios mediante los cuales algunos funcionarios de la Oficina de
Registro hicieron referencia a un posible error en el trámite registral no constituyen actos
administrativos definitorios de la situación jurídica del inmueble, ni tienen la capacidad
jurídica de modificar el contenido del título inscrito o de sustituir el procedimiento
legalmente previsto para la constitución e inscripción de la afectación a vivienda familiar.
Respecto de los demás documentos (catastro, impuestos, servicios públicos, fotografías,
declaraciones), la Sala no desconoce que pueden ilustrar condiciones fácticas del bien;
con todo, para efectos del cargo de falsa motivación el punto decisivo es otro: tales
elementos no desvirtúan que las resoluciones se apoyaron en un dato cierto del título ni
acreditan que la administración hubiese faltado a la verdad al afirmar cuál fue la
descripción formal consignada en la escritura.
En efecto, en las resoluciones demandadas se aprecia que la Oficina de Registro sí tuvo
en cuenta los documentos allegados por la actora para sustentar la supuesta realidad
física del inmueble, tales como certificaciones catastrales, recibos de impuestos,
documentos de servicios públicos, material fotográfico y declaraciones. No obstante, tras
su valoración, concluyó que dichos elementos carecían de idoneidad jurídica para
modificar el contenido del título sometido a calificación registral, en la medida en que
ninguno de ellos brindaba la posibilidad legal de alterar la descripción formal consignada
en la escritura pública presentada para registro.
De ello se desprende que la decisión administrativa no desconoció las pruebas
aportadas, simplemente en ejercicio de la función registral asignó prevalencia al
contenido del instrumento público. En ese sentido, las pruebas invocadas por la actora
no desvirtúan la real y adecuada motivación de los actos acusados, pues, aun cuando
puedan ilustrar una situación material distinta, no constituyen el fundamento
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jurídicamente relevante para definir la procedencia de la afectación a vivienda familiar en
sede registral.
Así, es evidente que la administración no afirmó que la realidad material del inmueble
fuera necesariamente la de un “lote” en sentido físico; su razonamiento se circunscribe a
la procedencia registral de la inscripción solicitada a partir del título presentado y del juicio
de calificación, actuación que, conforme al diseño normativo del trámite registral, no es
puramente mecánica y sí comporta una valoración jurídica previa.
Asimismo, la alegación de la recurrente relativa a una supuesta “costumbre” de
denominar “lote” a inmuebles edificados no acredita que el acto haya otorgado a sus
motivos un alcance que no tienen. Ese planteamiento pretende explicar por qué el título
pudo no reflejar la realidad material; pero, aun aceptándolo, no transforma en falsa la
motivación administrativa asentada en el contenido del instrumento público aportado, ni
desplaza el deber de calificación conforme a los requisitos de acceso registral.
Conviene en este punto señalar que, tratándose de la acreditación de una costumbre
mercantil, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos específicos para su demostración,
entre ellos la certificación expedida por la correspondiente cámara de comercio, medio
de prueba legalmente reconocido para acreditar su existencia, vigencia y alcance.
No obstante, en el presente asunto la parte actora no aportó certificación alguna emitida
por autoridad competente que permitiera acreditar la existencia de la alegada práctica
mercantil, ni mucho menos demostrar que esta tuviera la virtualidad de modificar o
desplazar las exigencias expresas previstas en la Ley 258 de 1996 y en el régimen
registral aplicable.
Aunado a ello, la Sala reitera que una práctica social o comercial, incluso de existir, no
podría prevalecer sobre las formalidades y requisitos establecidos expresamente por el
legislador para la constitución e inscripción de la afectación a vivienda familiar, institución
sometida a un régimen jurídico especial y de interpretación restrictiva en atención a los
efectos que produce frente a terceros y respecto del tráfico jurídico inmobiliario.
Por lo dicho, las razones expresadas por la administración guardan relación directa con
el objeto decidido (la inscripción solicitada) y con el insumo evaluado (el título presentado
y el marco normativo aplicable). Por ende, no se trata de motivos ajenos o impertinentes,
sino de una motivación que, aunque discutida por la actora, sí resulta apta para explicar
y soportar la decisión adoptada, sin que el cargo de falsa motivación permita convertir
este control en un juicio de corrección material del contenido del título o de reconstrucción
probatoria de circunstancias físicas no incorporadas válidamente al expediente.
En relación con los oficios remitidos dentro del proceso ejecutivo, a partir de los cuales la
parte actora sostiene que la Oficina de Registro habría “reconocido” un error u omisión,
la Sala insiste en que tales comunicaciones no desvirtúan el núcleo de la motivación de
los actos administrativos acusados.
En efecto, la causal de nulidad por falsa motivación se predica del contenido y de las
razones determinantes del acto demandado, de manera que el examen judicial debe
circunscribirse a establecer si las resoluciones se fundaron en hechos inexistentes, en
supuestos fácticos contrarios a la realidad documental del expediente, o en
consideraciones ostensiblemente ajenas al caso concreto.
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Desde esta perspectiva, las manifestaciones efectuadas por la administración en los
oficios aludidos carecen de eficacia determinante para enervar la legalidad de las
decisiones registrales cuestionadas, pues no alteran el presupuesto fáctico ni el
razonamiento jurídico que las sustentó.
Ello es así, en la medida en que, como se explicó previamente, la actuación del
registrador se encuentra legalmente condicionada por el contenido del título presentado
y por las reglas del procedimiento registral, en particular las previstas en el Decreto 1250
de 1970, la Ley 258 de 1996, así como en las indicaciones de la Instrucción Administrativa
No. 01-46 de 2001.
En consecuencia, tales comunicaciones no tienen la virtualidad de desvirtuar la
motivación de los actos demandados ni de convertirla en falsa, en tanto no modifican los
elementos normativos y fácticos que resultaban jurídicamente relevantes para la decisión
administrativa adoptada.
Por lo anterior, la Sala concluye que el cargo de falsa motivación no prospera, pues no
se acredita: (i) ausencia de fundamentos, (ii) afirmación de supuestos fácticos contrarios
a la realidad documental del expediente administrativo, (iii) ampliación indebida del
alcance de los motivos, ni (iv) insuficiencia de razones para justificar la decisión
administrativa.
III.5.4. Sobre la valoración probatoria
El Tribunal estimó que los documentos aportados por la demandante (certificaciones
catastrales, registros civiles, declaraciones extraprocesales) no constituían títulos sujetos
a registro ni podían modificar el contenido de la escritura.
En esta instancia, una vez excluido el dictamen pericial por prosperar la objeción por error
grave, la Sala considera que no se configura el yerro probatorio alegado por la apelante.
Lo anterior, porque el debate no versó sobre la existencia histórica de construcción, sino
sobre la legalidad de las resoluciones que negaron la inscripción/corrección solicitada, y
esas resoluciones se respaldaron sobre la descripción del título y la procedencia legal de
la afectación.
Así, aun asumiendo que existan indicios de habitación o de edificación, la Sala no observa
que el Tribunal hubiese incurrido en una valoración probatoria contraria a la sana crítica
por privilegiar el análisis del título, cuando por ley es el soporte estructural de la decisión
administrativa.
III.5.5. Sobre el embargo y la eficacia de la afectación frente a terceros
El Tribunal advirtió que la inembargabilidad derivada de la afectación a vivienda familiar
produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción. La Sala comparte esa premisa
en cuanto al plano de publicidad y oponibilidad, pues el diseño de la institución, como
mecanismo de protección del inmueble destinado a vivienda, se articula con el sistema
registral para que su eficacia frente a terceros dependa de su incorporación al folio de
matrícula inmobiliaria. En esa medida, el debate sobre la inembargabilidad no se agota
en verificar si existía, en la realidad, una destinación habitacional del inmueble, sino que
exige considerar el presupuesto de publicidad registral exigible para predicar su
oponibilidad respecto de medidas como el embargo.
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Sin embargo, lo decisivo en esta instancia no es determinar si el embargo podía o no
practicarse, sino delimitar el objeto del control judicial: la demanda se dirige contra las
Resoluciones 0250 de 2012, 0376 de 2012 y 5415 de 2013, y el cargo central que se
propone respecto de ellas es la falsa motivación. En contraste, la demanda no incorporó
pretensión de nulidad contra la Anotación No. 2 del folio de matrícula inmobiliaria, ni
formuló un concepto de violación autónomo orientado a desvirtuar su validez. Lo anterior
implica que la solicitud de “dejar sin valor ni efecto el embargo” solo podía examinarse en
este proceso, eventualmente, como una consecuencia de la nulidad de las resoluciones
demandadas. Pero al haberse concluido que no se configura la causal de falsa motivación
en los actos acusados, no existe presupuesto que habilite un pronunciamiento sobre el
embargo.
En resumen, por dos razones concurrentes — (i) la falta de pretensión y cargos contra la
Anotación No. 2 y (ii) la negativa del cargo de falsa motivación respecto de las
resoluciones demandadas —, la Sala se abstiene de fijar consideración alguna sobre este
particular.
III.3. Condena en costas
La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni
probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en
concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del
artículo 306 de la mencionada ley.
En conclusión, la Sala confirmará la decisión de primera instancia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR FUNDADA la objeción por error grave presentada por la entidad
demandada contra el dictamen pericial decretado y practicado en el proceso, por las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
SEGUNDO. CONFIRMAR la decisión de primera instancia, pero por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
TERCERO. Sin condena en costas.
CUARTO. Ejecutoriada esta providencia por Secretaría DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 4 de
junio de 2026.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Salva voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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