Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2005-01257-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2005-01257-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2005-01257-02
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
23 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICACIÓN: 25000-2324-000-2005-01257-02
DEMANDANTES: JAVIER ORLANDO D´ACHIARDI NARVÁEZ Y OTROS
DEMANDADO: MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
Tema: CERROS ORIENTALES- SE EJERCE EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS
RESOLUCIONES 463 DE 14 DE ABRIL DE 2005 Y 519 DE 22 DE ABRIL DE 2005.
DERECHOS ADQUIRIDOS RESPECTO DE LOS USOS DEL SUELO.
COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL PARA EXPEDIR LOS ACTOS DEMANDADOS. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL. SE CONFIRMA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte
actora contra la sentencia de 25 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, por medio de la
cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
I.1.1 Las pretensiones de la demanda
1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, los señores
Javier Orlando D'Achiardi Narváez, Melba Azucena Rincón Morales De D'Achiardi,
Jairo Antonio Rincón Morales, Flor Angélica Uribe de Rincón, Angélica María Rincón
Uribe, Guillermo Rincón Morales, Doris Castillo Calderón, Rafael Rincón Morales,
Beatriz Eugenia Orejuela de Rincón, Sociedad PQR y C Ltda., Arias Serna Saravia
S.A., Monteladera Ltda., Arias Calero Ltda., Camilo Otero Maldonado, Catalina
Estrada Mesa y Jairo Ricardo Rincón Uribe, por conducto de un mismo apoderado
judicial instauraron demanda1 y escrito de corrección de la demanda2 con el fin de
cuestionar la legalidad de la Resolución 463 de 14 de abril de 20053 y la Resolución
519 de 22 de abril de 20054. En apoyo de lo anterior elevaron como pretensiones
las siguientes:
1
Folios 1 a 138 del Cuaderno 1.
2
Folios 151 a 155 del Cuaderno 1.
3
“Por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y
reglamentación de usos y se establecen las determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de
Bogotá”.
4
“Por medio de la cual se aclara el artículo primero de la Resolución número 463 del 14 de abril de 2005, expedida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”.
2
Radicación: 25000-2324-000-2005-01257-02
Demandantes: Javier Orlando D´Achiardi Narváez y Otros
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
“PRETENSIONES DECLARATIVAS
1. PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare que la
Resolución No. 0463 del 14 de Abril de 2005 del Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, publicada en el Diario Oficial No. 45.880
del día 15 de Abril de 2005, "por medio de la cual se redelimita la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación
y reglamentación de usos y se establecen las determinantes para el
ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá", es
INAPLICABLE a los demandantes, por ser un acto general que lesiona
derechos particulares.
1.1 PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN
PRIMERA PRINCIPAL: En caso de que la PRETENSIÓN PRIMERA
PRINCIPAL no prospere, subsidiariamente solicito que:
Se declare la nulidad de la totalidad de la Resolución No. 0463 del 14 de
Abril de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial,
publicada en el Diario Oficial No. 45.880 del día 15 de Abril de 2005, "por
medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos y
se establecen las determinantes para el ordenamiento y manejo de los
Cerros Orientales de Bogotá".
2. PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL: Que se declare la que (sic) la
Resolución No. 0519 del 22 de Abril de 2005 del Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la cual se aclaró el Artículo
1 de la Resolución 0463 del 14 de Abril de 2005 expedida por el mismo
Ministerio, es INAPLICABLE a los demandantes, por ser un acto general
que lesiona derechos particulares.
2.2 PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN
SEGUNDA PRINCIPAL DECLARATIVA: En caso de que la
PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL no prospere, subsidiariamente
solicito que:
Se declare la nulidad de la totalidad de la Resolución No. 0519 del 22 de
Abril de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial,
por medio de la cual se aclaró el Artículo 1 de la Resolución 0463 del 14
de Abril de 2005 expedida por el mismo Ministerio.
PRETENSIONES DE CONDENA DE LA (sic) PRETENSIONES
PRINCIPALES DECLARATIVAS
3. PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL: Como consecuencia de la
declaratoria señalada en las pretensiones primera y segunda principal se
condene a la demandada a la REPARACION DE LOS DAÑOS que se le
han ocasionado en sus derechos subjetivos a mis representadas,
permitiendo expresamente el desarrollo urbanístico denominado
Magallanes Alto en las condiciones señaladas por el Decreto Distrital No.
1019 del 22 de Noviembre de 2000 del Alcalde Mayor del Distrito Capital
de Bogotá y la Licencia de Urbanismo contenida en la Resolución CU5 -
0354 del 8 de Noviembre de 2002 de la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá
D.C., para cuyos efectos la vigencia de las licencias y demás derechos
consagrados en los citados actos administrativos será la establecida en el
3
Radicación: 25000-2324-000-2005-01257-02
Demandantes: Javier Orlando D´Achiardi Narváez y Otros
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
Decreto 1600 de 2005, contada a partir de la fecha de la sentencia
ejecutoriada con que culmine la presente acción.
3.1 PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN
TERCERA PRINCIPAL: En caso que la PRETENSIÓN TERCERA
PRINCIPAL no prospere, subsidiariamente solicito que como
consecuencia de la declaratoria de INAPLICACIÓN señalada en las
pretensiones primera y segunda principales, se le reparen los daños a mis
representadas, causados por la resoluciones demandadas, a través del
pago de una indemnización de perjuicios por daño emergente y lucro
cesante por la imposibilidad del ejercicio para mis representadas de los
derechos consagrados en el Decreto Distrital No. 1019 del 22 de
Noviembre de 2000 del Alcalde Mayor del Distrito Capital de Bogotá y la
Licencia de Urbanismo contenida en la Resolución CU5 - 0354 del 8 de
Noviembre de 2002 de la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá D.C., desde
el día 15 de Abril de 2005 y los demás actos administrativos que hubiese
podido obtener en el ejercicio de sus derechos legítimos como licencia de
ejecución de obras de urbanismo de la II Etapa, licencias de construcción
de las unidades de vivienda permitidas por las normas urbanísticas ya
citadas aplicables al desarrollo Magallanes Alto.
4. PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL: Que por virtud de la reparación
del daño señalado en la pretensión tercera principal, se condene a la
demandada al pago de los perjuicios económicos que se prueben dentro
del proceso (daño emergente y lucro cesante), por la imposibilidad del
ejercicio para mis representadas de los derechos consagrados en el
Decreto Distrital No. 1019 del 22 de Noviembre de 2000 del Alcalde Mayor
del Distrito Capital de Bogotá y la Licencia de Urbanismo contenida en la
Resolución CU5 - 0354 del 8 de Noviembre de 2002 de la Curaduría
Urbana No. 5 de Bogotá D.C., y los demás actos administrativos que
hubiese podido obtener en el ejercicio de sus derechos legítimos como
licencia de ejecución de obras de urbanismo de la Il Etapa, licencias de
construcción de las unidades de vivienda permitidas por las normas
urbanísticas ya citadas aplicables al desarrollo Magallanes Alto; entre el
día 15 de Abril de 2005 y la fecha de ejecutoria de la sentencia con que
culmine la presente acción contencioso administrativa.
5. PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL: Se condene a la entidad
demandada al pago de los intereses comerciales y moratorios
establecidos en el Artículo 177 del Código Contencioso Administrativo,
que se causen entre la fecha de ejecutoria de la sentencia y la fecha
efectiva de pago de las condenas indemnizatorias citadas en las
pretensiones de la demanda.
6. PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL: Se condene a la entidad
demandada a las costas y agencias en derecho.
PRETENSIONES DE CONDENA DE LA (SIC) PRETENSIONES
SUBSIDIARIAS DECLARATIVAS
7. PRETENSIÓN DE CONDENA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA
SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA Y SEGUNDAS DECLARATIVAS:
Como consecuencia de la declaratoria señalada en las pretensiones
primera y segunda subsidiarias declarativas, se restablezca en el derecho
a mis representadas, permitiendo expresamente el desarrollo urbanístico
denominado Magallanes Alto en las condiciones señaladas por el Decreto
4
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Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
Distrital No. 1019 del 22 de Noviembre de 2000 del Alcalde Mayor del
Distrito Capital de Bogotá y la Licencia de Urbanismo contenida en la
Resolución CU5 - 0354 del 8 de Noviembre de 2002 de la Curaduría
Urbana No. 5 de Bogotá D.C., para cuyos efectos la vigencia de las
licencias y demás derechos consagrados en los citados actos
administrativos será la establecida en el Decreto 1600 de 2005, contada
a partir de la fecha de la sentencia ejecutoriada con que culmine la
presente acción.
8. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN DE CONDENA
DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA Y
SEGUNDAS DECLARATIVAS: Que por virtud del restablecimiento del
derecho señalado en la pretensión anterior, se condene a la demandada
al pago de los perjuicios económicos que se prueben dentro del proceso
(daño emergente y lucro cesante), por la imposibilidad del ejercicio para
mis representadas de los derechos consagrados en el Decreto Distrital
No. 1019 del 22 de Noviembre de 2000 del Alcalde Mayor del Distrito
Capital de Bogotá y la Licencia de Urbanismo contenida en la Resolución
CU5 - 0354 del 8 de Noviembre de 2002 de la Curaduría Urbana No. 5 de
Bogotá D.C., y los demás actos administrativos que hubiese podido
obtener en el ejercicio de sus derechos legítimos como licencia de
ejecución de obras de urbanismo de la Il Etapa, licencias de construcción
de las unidades de vivienda permitidas por las normas urbanísticas ya
citadas aplicables al desarrollo Magallanes Alto; entre el día 15 de Abril
de 2005 y la fecha de ejecutoria de la sentencia con que culmine la
presente acción contencioso administrativa.
9. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA TOTALIDAD DE LAS
PRETENSIONES PRINCIPALES Y SUBSIDIARIAS ANTES
FORMULADAS:
Se declare que por las causas que resulten probadas en el proceso, a la
demandante le asiste el derecho de que SE LE REPAREN LOS DAÑOS
que se le han ocasionado en sus derechos subjetivos por razón de la
expedición de las Resoluciones 463 de 14 de abril de 2005 y por la
Resolución 519 de 22 de abril de 2005, aclaratoria de la Resoluciones
463, estas dos últimas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial5”. (Negrilla y mayúsculas son originales del texto)
I.1.2. Los hechos
I.1.2.1. Hechos generales
2. Como fundamentos fácticos de la demanda, el apoderado de los actores hizo
referencia a los antecedentes normativos que precedieron la expedición de la
Resolución 463 de 2005, así:
3.Explicó que a través del Decreto – Ley 2811 de 1974, el Presidente de la
República, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 23 de
1973, expidió el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
5
Las pretensiones que se transcriben en este aparte corresponden a las incorporadas como tal en el escrito de corrección a
la demanda visible a folios 151 a 155 del Cuaderno Principal 1.
5
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Protección al Medio Ambiente. El artículo 4 ibidem estableció el reconocimiento de
los derechos adquiridos por los particulares y en su artículo 47 previó el régimen de
las reservas de los recursos naturales.
4. Narró que la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente, INDERENA, mediante el Acuerdo 30 de 1976 declaró
el área de reserva forestal la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá.
5.Expresó que en el artículo 10 idem, la autoridad ambiental fijó los requisitos que
se debían cumplir para la validez del Acuerdo 30 de 1976, en el siguiente sentido:
“Artículo 10: Tal como lo establecen los artículos 38 y 77 del Decreto -
Ley número 133 de 1976, para su validez el presente Acuerdo requiere la
aprobación y autorización del Gobierno Nacional mediante resolución
ejecutiva y, deberá ser publicado en las cabeceras de los Municipios en
cuya jurisdicción están ubicadas las áreas reservadas, en la forma
prevista en el artículo 556 del Código de Régimen Político y Municipal, y
en el Diario Oficial e inscrito en las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá D.E., Facatativá y Zipaquirá, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del Código
Fiscal Nacional”. (Negrilla y subrayado original del demandante).
6. Estimó que la citada orden de inscripción se soportó en unas normas
consagradas en el Código Fiscal Nacional, que solo permiten realizar inscripciones
en las oficinas de registro cuando se trata de la afectación de bienes baldíos que se
destinen a un servicio o uso público, característica de la que carecía el inmueble de
los demandantes por pertenecer o ser propiedad de particulares.
7. Señaló que el artículo 97 del Código Fiscal Nacional, como acto previo, estableció
la necesidad de efectuar el levantamiento del plano correspondiente del bien
inmueble, hecho que jamás sucedió respecto de la Resolución Ejecutiva 076 de
1977, pues no existe plano en la publicación del Diario Oficial ni en los archivos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
8. Sostuvo que por tratarse de un bien privado, ubicado en inmediaciones de los
linderos que se establecieron en el Acuerdo 30 de 1976, el registro se debía hacer
en los términos del primer inciso del artículo 67 del Código de Recursos Renovables,
según el cual: “De oficio o a petición de cualquier particular interesado, se impondrá
limitación de dominio o servidumbres sobre inmueble de propiedad privada, cuando
lo impongan la utilidad pública o el interés social por razón del uso colectivo o
individual de un recurso, previa declaratoria de dicho interés o utilidad efectuada
con arreglo a las leyes”.
6
“ARTÍCULO 55. En cada municipio se publicarán por bando las leyes, a medida que llegaren a conocimiento del alcalde,
bien porque estén en el periódico oficial o porque se le comuniquen oficialmente. Este acto se anotará en su registro especial,
y cada anotación se firmará por el alcalde y su secretario.
La omisión de esta formalidad hace responsables a los que incurran en ella, pero no obsta para la vigencia y observancia de
la ley”.
6
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9. Destacó que tanto es así, que el mismo Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, al dar respuesta a una petición que se le presentó el 13 de
septiembre de 2004, manifestó que el Acuerdo 30 de 1976 no fue inscrito en la
oficina de instrumentos públicos de Bogotá, el cual constituía requisito
indispensable para su validez. Por estos motivos, la declaratoria de la reserva
forestal de los cerros orientales no produjo efectos particulares.
10. Describió que ante la falta de cartografía oficial relacionada del IGAC o de alguna
georreferenciación oficial que señalara con claridad la ubicación de la reserva
forestal no era posible identificar los predios afectados por la declaratoria de la zona
de reserva forestal. Por ello, el Acuerdo 30 de 1976 y la Resolución Ejecutiva 076
de 1977 eran inaplicables.
11. Adujo que a través del Acuerdo 7 de 1979, se definió el Plan General de
Desarrollo Integrado y se adoptaron las políticas y normas sobre el uso de la tierra
en el Distrito Especial de Bogotá.
12. Mencionó que mediante el Acuerdo 6 de 1990 se estableció un parámetro urbano
flexible para el Distrito Capital en donde se permitía la incorporación de suelo urbano
de áreas subrurales o rurales, permitiendo así el desarrollo de usos urbanos en los
mismos.
13. Posteriormente, el día 29 de mayo de 1992, el Alcalde mayor de Bogotá expidió
el Decreto 320 de 1992 “Por el cual se adopta el plan de ordenamiento físico del
Borde Oriental, suroriental, suroccidental y las zonas de Preservación del Cerro de
Suba Norte y Sur, del Cerro de la Conejera, los Sistemas Orográfico e Hídrico de la
ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C.; se establecen las normas para la preservación,
protección y adecuado uso de las áreas que conforman los sistemas y se dictan
otras disposiciones”.
14. Reseñó que con fundamento en las atribuciones conferidas en las normas citadas
anteriormente, los alcaldes mayores de la ciudad de Bogotá, en vigencia del
Acuerdo 6 de 1990, expidieron “[…] para varios predios rurales o suburbanos
Decretos de Incorporación al suelo urbano, actos administrativos resultantes del
proceso de concertación señalado en las normas vigentes y con los cuales se les
asignó a dichos predios tratamientos urbanísticos y normas especiales con base en
las cuales los titulares del dominio pueden obtener las respectivas licencias de
urbanismo y/o construcción ante las autoridades competentes”.
15. Dijo que entre los años 2001 al 2003, entidades como la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente,
DAMA y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el apoyo
del Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD, trabajaron
conjuntamente en la recolección de información para la formulación del Plan de
Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales de Bogotá, POMCO y, como
7
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resultado de ello, el 29 de noviembre de 2009 fue presentado el Plan de
Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales.
16. Precisó que a través de la Resolución 463 de 2005, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial redelimitó la Reserva Forestal Protectora del
Bosque Oriental de Bogotá, adoptó su zonificación y reglamentación de los usos y
estableció las determinantes para el ordenamiento y manejo de los cerros orientales
de Bogotá D.C., sobre la base de la Resolución 076 de 1977 y el Acuerdo 30 de
1976. Se trata de un acto administrativo complementario cuya motivación es falsa
puesto que la Resolución 076 de 1977 y el Acuerdo 30 de 1976 resultan
inaplicables.
17. Observó que la Resolución 463 de 2005 desconoce los derechos adquiridos por
virtud de las licencias ambientales de urbanismo otorgadas con anterioridad a su
expedición, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política,
el Decreto – Ley 2811 de 1974 y los Decretos 1052 de 1998 y 1600 de 2005.
Posteriormente, a través de la Resolución 519 de 22 de abril de 2005, el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial aclaró el artículo 1° de la Resolución
463 de 2005.
18. Mencionó que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través
del Decreto 1600 de 2005 estableció que los proyectos urbanísticos y la
reglamentación de las urbanizaciones aprobadas mantendrían su vigencia aun
cuando se modifiquen las normas sobre las cuales se aprobaron (artículo 41
ibidem).
I.1.2.2. Hechos específicos respecto del desarrollo de Magallanes Alto
19. Reseñó que el predio Magallanes Alto ubicado en la Localidad de Usaquén de la
ciudad de Bogotá es el resultado de un englobe del predio Magallanes Alto Original
con dos predios denominados Lote 1 y el Lote 2 de la Agrupación Monteloma,
realizado mediante escritura pública 1839 de 10 de junio de 1994 de la Notaría 32
de Bogotá, al cual le fue asignado el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20187711
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., con un área total
de “[…] trescientos setenta y tres mil trescientos ochenta y seis metros cuadrados
con cincuenta y cuatro decímetros (373.386.54 Mts2)”.
20. Narró que mediante escritura pública 3964 de 1994 de la Notaría 32 de Bogotá
D.C., se realizó el desenglobe del predio Magallanes Alto, acto registrado en el folio
de matrícula inmobiliaria 50N-20187711 del cual surgieron tres lotes: a) el lote “A”,
al cual le fue asignado el folio de matrícula Inmobiliaria 50N-20203040; b) el lote “B”
al cual le fue asignado el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20203041 y; c) el Lote
restante el cual conservó el Folio de Matrícula Inmobiliaria original 50N-20187711.
8
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21. Precisó que en el predio denominado Lote B fueron construidas cinco casas cada
una identificada con su número de matrícula inmobiliaria.
22. Explicó que mediante escritura pública 3341 del 5 de octubre de 1995 otorgada
en la Notaría 32 de Bogotá D.C., la sociedad Montearroyo Ltda. transfirió el derecho
de dominio a título de compraventa en común y proindiviso del predio denominado
Magallanes Alto identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50N - 20187711,
a las siguientes sociedades: a la sociedad Arias Calero Ltda., a la sociedad Arias
Serna y Saravia Ltda., a la sociedad P.Q.R. y C. Ltda., y a la sociedad Altos de
Miravalles S.A.
23. Posteriormente, los señores Javier Orlando D'Achiardi Narváez y Melba Azucena
Rincón Morales de D'Achiardi adquirieron el predio denominado Lote Z, ubicado en
el Lote B, mediante escritura pública 4153 del 6 de diciembre de 1995.
24. Mediante escritura pública 4229 del 12 de diciembre de 1995, los señores Rafael
Rincón Morales y Beatriz Orejuela de Rincón adquirieron el predio denominado Lote
No. 1, ubicado en el Lote B.
25. Así mismo, los señores Guillermo Rincón Morales y Doris Castillo Calderón
adquirieron el predio denominado Lote No. 2, ubicado en el Lote B, por medio de la
escritura pública 4305 del 14 de diciembre de 1995.
26. Mediante Escritura Pública 4420 del 19 de diciembre de 1995, los señores Jairo
Antonio Rincón Morales, Flor Angélica Uribe de Rincón, Jairo Ricardo Rincón Uribe
y Angélica María Rincón Uribe adquirieron el predio restante del Lote B.
27. Igualmente, los señores Camilo Otero Maldonado Maldonado y Catalina Estrada
Mesa adquirieron el predio denominado Lote No. 4, ubicado en el Lote B, por medio
de la escritura pública 2444 del 22 de julio de 1996 y mediante la escritura pública
2632 del 5 de agosto de 1996, la Sociedad Altos de Miravalles S.A., transfirió su
derecho de cuota correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del total del predio
Magallanes Alto, a la Sociedad Sierraverde Ltda.
28. Posteriormente, por conducto de apoderada, los propietarios de los Lotes 1, 2, Y,
Z y el predio restante del Lote B, del Lote A y del predio Magallanes Alto solicitaron
la incorporación del predio mencionado como nueva Área Urbana del Distrito
Capital, en virtud de lo establecido en los capítulos VII y VIII del Título III del Acuerdo
6 de 1990.
29. Sostuvo que el 15 de junio de 2001 y en cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto 1019 de 2000, los propietarios de los Lotes 1, 2, Y, Z y el predio restante
del Lote B, del Lote A y del predio Magallanes Alto por conducto de apoderado
judicial presentaron solicitud ante el Ministerio de Ambiente para el inicio del trámite
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de sustracción del área de reserva forestal correspondiente al predio Magallanes
Alto.
30. Mencionó que en virtud de lo establecido por la Ley 388 de 1997 y en
cumplimiento del procedimiento previsto en el Decreto 1052 de 1998 y en el Decreto
Distrital 1019 de 2000, el Curador Urbano 5 de Bogotá D.C., previa solicitud de los
propietarios del predio, expidió la Resolución CU5 -0354 de 8 de noviembre de
2002, por medio de la cual aprobó el proyecto urbanístico denominado “Magallanes
Alto”, se concedió la licencia, se determinó el plazo para la ejecución de obras de
urbanismo y se fijaron las obligaciones del urbanizador responsable.
31. Tal y como consta en la licencia de urbanismo mencionada en el numeral anterior,
y de acuerdo con el Decreto 1019 de 2000 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá
D.C., los propietarios de los Lotes 1, 2, Y, Z y el predio restante del Lote B, el Lote
A y el predio Magallanes Alto, cedieron gratuitamente al Distrito un área total de
185.895.25 Mts2, correspondientes al 51.489% del área bruta total del predio
Magallanes Alto.
32. Narró que los propietarios del predio Magallanes Alto, por conducto de apoderada
judicial solicitaron la prórroga de la licencia de urbanismo contenida en la Resolución
CU5-0354 de 8 de noviembre de 2002 ante la Curaduría Urbana 5.
33. Indicó que mediante la Resolución RES 05-5-0010 del 7 de febrero de 2005, la
Curaduría Urbana 5 de Bogotá D.C. negó la solicitud de prórroga de la licencia de
urbanismo CU5 - 0354 del 8 de noviembre de 2002, argumentando que no se había
acreditado la sustracción del área de reserva forestal, condición sujeta al desarrollo
de los usos urbanos y, además de ello, esgrimió que la solicitud no cumplía con las
exigencias establecidas para que las obras sean iniciadas.
34. Explicó que la condición prevista en el Decreto 1019 de 2000 era de imposible
cumplimiento porque no se puede sustraer el predio de un área de reserva
inexistente. Ello, porque el Acuerdo 30 de 1976, adoptado a través de la Resolución
76 de 1977, nunca fue inscrito en las oficinas de registro de Bogotá, Facatativá y
Zipaquirá, requisito indispensable para su validez.
35. Dijo que, en contra de esa decisión, los propietarios del predio Magallanes Alto
interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.
36. Posteriormente, explicó que mediante la Resolución 463 del 14 de abril de 2005,
el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial redelimitó la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, adoptó su zonificación y
reglamentación de usos y estableció las determinantes para el ordenamiento y
manejo de los Cerros Orientales de Bogotá D.C. Dicho acto administrativo impidió
el ejercicio de los derechos adquiridos de los propietarios de los cerros orientales
de Bogotá.
10
Radicación: 25000-2324-000-2005-01257-02
Demandantes: Javier Orlando D´Achiardi Narváez y Otros
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
37. Agregó que como resultado de la errada interpretación de la Resolución 453 de
18 de julio de 2005, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, negó el
recurso de apelación interpuesto contra la RES 05 - 5 - 0010 del 7 de febrero de
2005 de la Curaduría Urbana 5 de Bogotá D.C., por las mismas razones esgrimidas
por la Curaduría 5, es decir, “[…] la no sustracción de la zona correspondiente a la
Reserva Forestal”.
38. Finalmente, aclaró que el 13 de agosto de 2005, se radicó una solicitud de
conciliación extrajudicial que se celebró el día 26 de septiembre de 2005, que fue
declarada fallida por falta de ánimo conciliatorio entre las partes.
I.1.3. El concepto de la violación
39. Las normas invocadas como infringidas son: los artículos 58 de la Constitución
Política; los artículos 4, 46, 67 y 206 del Decreto -Ley 2811 de 19747; el artículo 5
del Decreto-Ley 151 de 19988; los artículos 9 y 24 del Decreto 1052 de 19989 y; los
artículos 14, 28 y 41 del Decreto 1600 de 200510, concepto de violación que se
resume en el siguiente sentido:
(i) Violación directa de normas de superior jerarquía
40. Subrayaron que el principal efecto jurídico que generaron las resoluciones
demandadas consistió en la imposibilidad total de desarrollar urbanísticamente los
predios que contaban con los correspondientes actos administrativos expedidos con
anterioridad antes de la entrada en vigencia de la Resolución 463 de 2005,
vulnerando los derechos adquiridos reconocidos en el artículo 58 de la Constitución
Política, el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, cuya importancia ha sido reivindicada
por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en su jurisprudencia.
Enfatizó en lo dicho en sentencia C- 147 de 1997.
41. Consideraron que los derechos adquiridos surgieron por mandato del Decreto –
Ley 2811 de 1974 – Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente-, concretamente, sus artículos 4° y 47.
42. Explicaron que, según las referidas normas, aunque es cierto que se permite la
declaración de reserva de zonas para proteger y conservar los recursos naturales,
se deben respetar los derechos adquiridos por los propietarios de los predios.
43. Estimaronvulnerados el artículo 67 del Código de Recursos Naturales, en
concordancia con el artículo 5° de la Ley 99 de 1993, toda vez que el Ministerio de
7
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.”
8
“Por el cual se dictan reglas relativas a los mecanismos que hacen viable la compensación en tratamiento de conservación
mediante la transferencia de derechos de construcción y desarrollo”.
9
“Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría
urbana, y las sanciones urbanísticas”.
10
“Por el cual se reglamentan las disposiciones sobre licencias urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y legalización
de asentamientos humanos”.
11
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Vivienda y Desarrollo Territorial declaró y alinderó las reservas naturales sin cumplir
con los requisitos de registro previstos en el Código de Recursos Naturales
Renovables.
44. Puntualizaron que el Alcalde Mayor de Bogotá expidió varios decretos de
asignación de tratamientos para predios ubicados en el Distrito Capital, previo
proceso de concertación con los propietarios de los predios en cumplimiento de lo
dispuesto en el Acuerdo 6 de 1990, a través de los cuales incorporó los predios
objeto de concertación como suelo urbano. Por ser normas de orden público y de
obligatorio cumplimiento para los particulares y los funcionarios del Estado, las
licencias de urbanización y construcción y el desarrollo urbanístico de los predios
están sujetas a los decretos en mención y no a las disposiciones posteriores
expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, so pena
de desconocer derechos adquiridos.
45. El artículo 517 del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital adoptado
por el Decreto 619 de 2000 entró en vigencia desde el momento de su publicación,
derogando las disposiciones contrarias, entre ellas el Acuerdo 6 de 1990 (artículo
517 ibidem). Ahora, el referido instrumento previó un régimen de transición dejando
vigentes las normas referentes a usos y tratamientos del Acuerdo 6 de 1990, hasta
tanto no se expidiera la delimitación y reglamentación de las áreas de actividad y
tratamientos.
46. Acotaron que según el numeral 4° del artículo 515 del Decreto 619 de 2000, los
predios ubicados en sectores reglamentados mediante Decretos de Asignación de
Tratamientos cuya acta de concertación hubiese sido suscrita con anterioridad a la
expedición del Decreto 619 de 2000, y que no hubiesen tenido licencia, tenían un
término de un (1) año contado a partir de la entrada en vigencia del respectivo
decreto para solicitar las respectivas licencias de urbanización, y en caso contrario
el desarrollo de los predios debía realizarse bajo las normas del Decreto 619 de
2000.
47. Estimaron que, según lo anterior, era claro que el Plan de Ordenamiento
Territorial adoptado mediante el Decreto 619 de 2000, y su revisión -Decreto 469 de
2003-, reconocieron la existencia de derechos adquiridos, y la vigencia de Decretos
de Asignación de Tratamientos expedidos antes y después a la entrada en vigencia
del POT.
48. Añadieron que el requisito previsto en el Decreto 1019 de 2000 consistente en la
sustracción de la zona de reserva forestal era de imposible cumplimiento.
49. Luego de mencionar cuál era el alcance del “principio de la confianza legítima”,
según la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencias T-617
de 1995, C-478 de 1998, C-355 de 2003 y C-131 de 2004, aseveraron que era
esperable de la administración que adoptara las medidas de transición dirigidas a
12
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lograr el respeto de los derechos adquiridos por parte de los titulares de los
inmuebles. También reprochó que no se fijó un marco para que las Curadurías
Urbanas puedan emitir las licencias de construcción solicitadas por los propietarios
de esa zona.
50. Resaltaron que la CAR y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -
DAMA, con la participación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, desplegaron una acción conjunta para la recolección y generación de la
información necesaria para la formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de
los Cerros Orientales de Bogotá – POMCA.
51. Acotaron que en virtud del acta de concertación suscrita el día 29 de diciembre
de 2003, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se obligó a
expedir “[…] un acto administrativo en el cual se define el reordenamiento de la
reserva forestal protectora “Bosque Oriental de Bogotá” y su reglamentación de los
usos generales del suelo, junto con las determinantes ambientales para las
diferentes zonas de manejo […]”.
52. A pesar de lo anterior, aseguraron que la cartera ministerial demandada expidió
unilateralmente la Resolución 463 del 14 de abril de 2005, ignorando la concertación
ciudadana y desconociendo los principios de confianza debida, participación,
legalidad y los artículos 14 y 28 del CCA.
(ii) La falsa motivación
53. Adujeron que la Resolución 463 de 14 de abril de 2005, expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial señala, como punto de partida, la
existencia de la reserva forestal de los Cerros Orientales declarada mediante el
Acuerdo 30 de 1976 y la Resolución Ejecutiva 76 del 30 de marzo de 1977.
54. Indicaron que la Resolución Ejecutiva 76 de 1997, en su artículo 10 estableció la
obligación de registrar la afectación de la zona de reserva forestal en los folios de
matrícula correspondiente. Acotaron que la Resolución Ejecutiva 076 de 1977
nunca se registró en los folios de matrículas inmobiliarias y por eso los predios
objeto de las licencias no podían considerarse reserva forestal.
55. Consideraron que la falta de inscripción en dichos folios de matrícula inclusive
fue reconocida por la entidad demandada en respuesta a una petición radicada el
13 de septiembre de 2004 y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
sentencia del 1 de marzo de 2001, por lo que era clara la falsa motivación de la
Resolución 463 del 14 de abril de 2005, toda vez que la reserva forestal que se
pretendía redelimitar carecía de validez.
56. Adicionalmente,
subrayaron que el artículo 10 del Acuerdo 30 de 1979 del
INDERENA ordenó la inscripción del mismo acto en las oficinas de registro de
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instrumentos públicos conforme a los artículos 96 y 97 del Código Fiscal Nacional,
por lo que le otorgó a esos bienes el tratamiento de baldíos, a pesar de que la
inscripción debió surtirse conforme al artículo 67 del Código de Recursos Naturales,
por ser esta la normatividad aplicable a las zonas de reserva.
57. Aseguraron que el artículo 30 del Acuerdo 30 de 1976 del INDERENA y adoptado
por la Resolución Ejecutiva 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura ordenó su
registro en la oficina de registro de instrumentos públicos, que debió efectuarse
según el artículo 66 del CCA, dentro de los cinco años siguientes a su publicación.
Sin embargo, comentó que transcurrieron más de 28 años sin que la cartera del
medio ambiente haya cumplido la obligación de la misma, generando con ello no
solo “[…] la inexistencia de la Reserva Forestal Cerros Orientales por falta de uno
de los requisitos de validez, establecidos en la misma, sino también la pérdida de
fuerza ejecutoria del Acto Administrativo señalado”.
58. Discurrieron en el sentido de señalar que el Acuerdo 30 de 1976, aprobado
mediante la Resolución Ejecutiva 076 de 1977, nunca estuvo delimitado
cartográficamente por el IGAC ni por ningún otro instrumento de georreferenciación.
Por eso, el requisito de validez consistente en la inscripción de la reserva forestal
en cada folio de matrícula inmobiliaria de los predios afectados se tornó de imposible
cumplimiento.
59. Con fundamento en lo anterior, observaron que la Resolución 463 de 14 de abril
de 2005 se encuentra falsamente motivada, al establecer un “realinderamiento” de
una reserva forestal que “[…] como la del Acuerdo 30 de 1976, carecía de validez y
aplicabilidad […]”.
60. Plantearon que la Resolución 463 de 2005 desconoció el “concurso democrático”
de la CAR y la DAMA, de la ciudadanía en general y de los interesados que llegaron
a un acuerdo reconocido en el Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros
Orientales -POMCO-. En particular, explicaron que la autoridad ambiental nunca
convocó a la ciudadanía ni a los interesados afectados, lo que se traduce en un
desconocimiento flagrante a la ley y el debido proceso.
61. Finalmente, estimaron que la Resolución 463 de 2005, en su parte considerativa,
se refiere al Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales – POMCO-
como soporte para su expedición. Sin embargo, en su parte resolutiva se apartó de
dicho instrumento, y extrañamente no adopta las recomendaciones técnicas de ese
plan.
(iii) La falta de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial
62. Señalaron
que la Constitución Política estableció que la función pública del
ordenamiento del territorio se encuentra a cargo de los municipios y distritos, de
14
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conformidad con los artículos 311 y 313 (numeral 7°). En cumplimiento del anterior
mandato constitucional, el numeral 5° del artículo 12 del Decreto – Ley 1421 de
1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de
Bogotá” atribuyó al concejo distrital la facultad de “reglamentación de los usos del
suelo”. Por último, precisaron que el numeral 4° del artículo 38 del referido decreto
le atribuye al Alcalde Mayor la atribución de ejercer la potestad reglamentaria
expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida
ejecución de los acuerdos.
63. Bajo este hilo conductor, consideraron que al concejo distrital le corresponde
ordenar el desarrollo de su territorio y, por lo tanto, definir los usos del suelo.
Especificaron que, para el caso en concreto, dicha facultad se ejerció a través del
Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado mediante el Decreto 619 de 2000,
revisado por el Decreto 469 de 2003 y compilados mediante el Decreto 190 de 2004
y sus decretos reglamentarios, de conformidad con el inciso 3° del artículo 61 de la
Ley 99 de 1993 y; los artículos 5, 7° (numeral 4°) y 8 de la Ley 388 de 1997.
64. Además, reiteraron que el artículo 2° del Decreto – Ley 216 de 2003 no le confió
al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la función para establecer
los usos del suelo para las diferentes zonas de la reserva forestal, por cuanto se
trataba de una función a cargo del distrito capital.
I.2. Los argumentos de defensa de la entidad demandada
65. En el escrito de contestación de la demanda, el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) se
opuso a la prosperidad de las pretensiones11, con fundamento en los siguientes
argumentos que se sintetizan en el mismo orden en que fueron planteados:
66. Luego de hacer referencia a los antecedentes que dieron origen a la expedición
de la Resolución 463 de 14 de abril de 2005, argumentó que esa cartera ministerial
en virtud de lo dispuesto en la Ley 165 de 199412; la Ley 99 de 199313 (artículo 5,
numerales 18 y 19); la Ley 388 de 199714, la Ley 812 de 200315 y el Decreto Ley
216 de 200316, es competente para redelimitar el Área de Reserva Forestal
Protectora del Bosque Oriental de Bogotá declarada mediante la Resolución 076 de
1977 y para adoptar la zonificación interna de la misma con miras a orientar su uso
y funcionamiento. En igual sentido, goza de la atribución para establecer las
determinantes para el ordenamiento y manejo del territorio que orienten al distrito
11
Folios 172 a 188 del Cuaderno Principal 1.
12
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
13
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones.”
14
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
15
"Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario".
16
“Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
y se dictan otras disposiciones”.
15
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capital en la reglamentación de los usos del suelo de las zonas excluidas de la
reserva forestal.
67. Sostuvo que esa cartera ministerial, a través de la Dirección de Ecosistemas y
Desarrollo Territorial elaboró un documento técnico que tomó como base la
información cartográfica entregada por el IGAC y el diagnóstico del Plan de
Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales – POMCO-, el cual recomendó
que era necesario el “realinderamiento” de la reserva forestal, la adopción de una
zonificación y la reglamentación de los usos del suelo al interior de la misma, a fin
de lograr la rehabilitación y recuperación de los ecosistemas ubicados en la zona
de la reserva forestal protectora17.
68. El gabinete ministerial fincado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
indicó que el derecho a la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que
tiene una función social (Sentencia C- 293 de 2002). Puso de presente que esta
Corporación Judicial, de tiempo atrás, ha reconocido que los actos administrativos
que confieren permisos, licencias, autorizaciones y similares son actos
provisionales subordinados al interés general y a los cambios en el ordenamiento
jurídico, de ahí que no generen derechos adquiridos (sentencia de 12 de agosto de
1999, expediente 5500, CP: Juan Alberto Polo Figueroa).
69. Manifestó que el Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia de 30 de
enero de 2004 (CP: Olga Inés Navarrete Barrera) analizó la legalidad de la
Resolución 076 de 31 de marzo de 1977, encontrando que había sido expedida por
“[…] organismo competente, en forma regular, sin que pudiera atribuirse falsa
motivación o desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió”.
70. Precisó que la Resolución 463 de 2005 es un acto administrativo de carácter
general y abstracto, con efectos erga omnes, que no afecta situaciones particulares
y concretas. Luego, no modificó ni revocó las licencias de urbanismo que hayan sido
otorgadas por las autoridades competentes.
71. Resaltó que el respeto a la confianza legítima no impide que el legislador, por
razones ligadas a la defensa del interés general, modifique las regulaciones sobre
un determinado asunto.
17
Describió que este documento técnico concluyó, entre otros aspectos, lo siguiente: (i) que al interior de la Reserva Forestar
Protectora declarada en el año de 1997, aun existían zonas en donde la zona de cobertura vegetal se encontraba en buen
estado lo cual había favorecido la recuperación y rehabilitación de los bosques; (i) que algunos sectores de los Cerros
Orientales habían sufrido procesos de cambio de los usos del suelo que no eran compatibles con los permitidos en el artículo
206 del Código de Recursos Naturales Renovables ya que coexistían diferentes usos de tipo urbanístico, minero,
agropecuario, entre otros y; (iii) que tales procesos de intervención sobre la reserva forestal generaban graves efectos, entre
los cuales enlistó la alteración en las coberturas naturales y estructuras de suelos en áreas de recarga de acuíferos, la invasión
de las zonas de rondas, la inestabilidad de terrenos en zonas de borde urbano, la degradación de coberturas protectoras en
microcuencas y el deterioro de la calidad paisajística.
16
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72. Finalmente, propuso la excepción de falta de integración del litis consorcio
necesario, tras considerar que era necesaria la vinculación de algunas entidades
como el distrito capital y las curadurías urbanas.
I.3. La sentencia de primera instancia
73. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
mediante sentencia de 25 de mayo de 2017, denegó las pretensiones de la
demanda18.
74. Argumentó que la jurisprudencia ha determinado que los Cerros Orientales de
Bogotá son una zona estratégica para la conservación de los recursos hídricos y de
vital importancia para el ecosistema.
75. Explicó que a través de la Resolución 463 de 2005, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial redelimitó la Reserva Forestal Protectora del
Bosque Oriental de Bogotá, adoptando la zonificación y reglamentación y estableció
las determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de
Bogotá, atendiendo los procesos de cambio que no eran compatibles con los usos
permitidos en el artículo 206 del Código de Recursos Naturales en atención a que
en la actualidad coexisten diferentes usos de tipo urbanístico, minero y
agropecuario.
76. Indicó que con según lo consignado por la Sala Plena del Consejo de Estado, en
sentencia de 5 de noviembre de 2013 (radicado: 2005-00662-03) dictada dentro de
la acción popular del caso de los Cerros Orientales era dable considerar lo siguiente:
“I) La zona de reserva forestal de bosque protector de los cerros orientales
de Bogotá tiene una importancia ecológica y ambiental, por ende, su uso
es restringido toda vez que las actividades de explotación y construcción
traen consigo efectos negativos; II) la Resolución 463 de 2005 redelimitó
la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, adoptando la
zonificación y reglamentación de usos, estableciendo las determinantes
para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá; III) Le
corresponde al Distrito Capital de conformidad con el artículo 65 de la Ley
99 de 1993 velar por la protección, control y vigilancia del medio ambiente
y de los recursos naturales y, VI) (sic) se reconocen los derechos
adquiridos de las personas que hayan obtenido la licencia ambiental y
construido en las franjas de adecuación en zona de recuperación
ambiental, antes de que se realizara la anotación de la afectación”.
18
Folios 833 a 871 del Cuaderno 2. La parte resolutiva ordenó: “RESUELVE:
PRIMERO. NIÉGANSE las súplicas de la demanda por los motivos expuestos en esta sentencia.
SEGUNDO. ABSTIÉNESE de emitir pronunciamiento de fondo sobre las objeciones por error grave formuladas por el
apoderado del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo en contra de los dictámenes periciales rendidos en este proceso,
por los motivos expuestos en esta sentencia.
TERCERO. Por Secretaría realícense las gestiones necesarias para la entrega de los títulos correspondientes a los auxiliares
de la justicia.
CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO. ARCHÍVESE, previa ejecutoria […]” (Negrilla original del texto)
17
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77. A partir de lo anterior, el Tribunal a quo consideró que la expedición de la
Resolución 463 de 2005 no fue fortuita, sino que fue el resultado de un proceso
juicioso de concertación, construido entre las autoridades durante un largo período,
tal y como se demuestra en el contenido del documento Plan de Ordenamiento y
Manejo de los Cerros Orientales de Bogotá, POMCO.
78. Sostuvo que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial era
competente para expedir ese acto administrativo, tal y como lo precisó el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia
de 28 de octubre de 2010, MP: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
79. Siguiendo los lineamientos desarrollados en la citada sentencia, el Tribunal de
la primera instancia consideró que los actores no tenían derechos adquiridos pues
“[…]no acreditaron poseer una licencia de urbanismo que fuera anterior a la
expedición de la Resolución 463 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo, ni la inscripción del registro y por el contrario manifestaron que la
Curaduría Urbana No. 5 mediante la Resolución RES- 05-5 (sic) del 7 de febrero
de 2005, negó la solicitud de prórroga de la licencia de urbanismo No. CUS-0354,
por cuanto: (i) no se acreditó la sustracción del área de reserva forestal y, (ii) no
cumplía con los requisitos del artículo 24 del Decreto 1052 de 1998. Motivo por el
cual no puede alegarse el reconocimiento de derechos adquiridos respecto al
proyecto de urbanización Magallanes Alto […]”.
80. De otro lado, argumentó que no podía pretenderse el reconocimiento de
derechos adquiridos por cuenta del Decreto 1019 de 2000, toda vez que el artículo
23 de esa norma señaló que la incorporación para el desarrollo en usos urbanos,
así como la aplicación de las normas establecidas en el mismo, quedarían
condicionadas a la sustracción de la zona de reserva forestal del predio
“Montearroyo”, proyecto Magallanes Alto, lo cual no se consolidó.
81. Para terminar, el tribunal se abstuvo de resolver las objeciones de los dictámenes
periciales rendidos en este proceso, en tanto que dos de las experticias tenían por
objeto determinar el daño emergente y el lucro cesante en el evento de prosperar
la nulidad de los actos demandados. En lo relativo al dictamen técnico ambiental y
financiero practicado en este proceso, sostuvo que dicha experticia no tenía la
identidad suficiente para desvirtuar la legalidad de la Resolución 463 de 2005.
I.4. El recurso de apelación
82. La parte demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia.
(i) El desconocimiento de los derechos adquiridos y violación de la
confianza legítima
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83. En primer lugar, la parte actora adujo que la sentencia de primera instancia
incurrió en un error en la interpretación de la sentencia de 5 de noviembre de 2013,
proferida por la Sala Plena de esta Corporación Judicial. Para ello, puntualizó que
la Resolución 463 de 2005 no propendió por el respeto de los derechos adquiridos
ya que no previó un régimen de transición por el que se reconozcan los derechos
adquiridos legítimamente por los propietarios de los predios involucrados con
arreglo a las leyes civiles, tal y como lo establece el artículo 58 de la Constitución
Política.
84. Anotó que los predios de propiedad de la parte demandante se encuentran
ubicados en la franja de adecuación y en la franja de adecuación y en las zonas de
rehabilitación ecológica y de conservación de la Reserva Forestal Protectora Cerros
Orientales. En esta línea, acotó que la anterior premisa constituía un fundamento
suficiente para “[…] esperar por parte de la administración un reconocimiento claro,
preciso y expreso de los derechos adquiridos por parte de los titulares de los
inmuebles referidos y no un cambio de regulación intempestivo […]”.
85. Hizo referencia al contenido literal de los artículos 4º y 47 del Decreto Ley 2811
de 1974, para destacar que, si bien esas disposiciones permiten la declaratoria de
zonas de reserva para la protección y conservación de los recursos naturales,
también era cierto que debían respetarse los derechos legalmente adquiridos por
los propietarios de los inmuebles que allí existían.
86. Explicó que el artículo 188 del Acuerdo 6 de 1990 estableció la posibilidad de
incorporar determinadas áreas suburbanas como áreas urbanas, a través del
procedimiento de incorporación establecido en la misma normatividad.
87. Reiteró que el Alcalde Mayor de Bogotá, en cumplimiento del proceso de
concertación previsto en el Capítulo VII del Acuerdo 6 de 1990, expidió varios
decretos de asignación de tratamientos para predios ubicados en el Distrito Capital.
Estos decretos de asignación expedidos previo proceso de concertación con los
propietarios son normas de orden público que otorgaron derechos adquiridos a favor
de los mismos y, por ende, no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad.
88. Bajo esta ilación, precisó que las licencias de urbanización y construcción y el
desarrollo urbanístico de los predios están sujetos a los decretos de asignación de
tratamientos y no a las disposiciones posteriores expedidas por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, pues sería contrario a los derechos
adquiridos.
89. Resaltó que el artículo 515 del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito
Capital adoptado mediante el Decreto 619 de 2000 previó un régimen de transición
dejando vigentes todas las normas referentes a usos y tratamientos contenidas en
el Acuerdo 6 de 1990, hasta tanto en desarrollo del mismo no se expida la
delimitación y reglamentación de las áreas de actividad y los tratamientos. Esto
19
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significa que el POT, y su revisión reconocieron la existencia de derechos
adquiridos, así como la vigencia de los decretos de asignación de tratamientos
expedidos con anterioridad a la entrada en vigencia del POT.
90. Al abordar lo relativo al presunto desconocimiento del “principio de la confianza
legítima”, manifestaron que la administración local permitió a través de los decretos
de asignación de tratamiento la incorporación de suelo rural a suelo urbano,
generando en los administrados una expectativa legítima para desarrollar sus
predios con usos urbanos.
(i) La falta de competencia
91. Insistió que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial carecía de
facultades para emitir las resoluciones que se impugnan de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 311 y 313 (numeral 7°) de la Constitución Política,
disposiciones que señalan que corresponde a los municipios y distritos la
determinación de los usos del suelo.
92. Para el caso específico, la parte actora precisó que el numeral 5° del artículo 12
del Decreto – Ley 1421 de 21 de julio de 1993, en consonancia con el inciso 3° del
artículo 61 de la Ley 99 de 1993, facultó al concejo distrital para la reglamentación
de los usos del suelo, razón suficiente para considerar que la cartera ministerial
actuó sin competencia.
I.5. Trámite impartido al proceso en segunda instancia
93. A través de auto de 12 de julio de 2017 19 se concedió, en el efecto suspensivo,
el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera
instancia y, mediante proveído de 31 de enero de 201820 se admitió el recurso de
apelación y se corrió traslado a las partes y al señor agente del Ministerio Público
para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.
94. Surtido
el traslado correspondiente, la parte demandante allegó escrito de
alegaciones finales de forma extemporánea. En esta oportunidad procesal, los
demás sujetos procesales guardaron silencio21.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
95. Esta Sala de decisión, para desatar los argumentos propuestos en el recurso de
apelación abordará lo relativo a: (i) su competencia; (ii) los actos administrativos
demandados; (iii) el planteamiento del problema jurídico y síntesis de las posturas
19
Folio 889 del Cuaderno 1.
20
Folio 3 del Cuaderno 3 del Consejo de Estado.
21
El término para que las partes alegaran de conclusión venció el día 7 de marzo de 2018, según la constancia visible a folio
5 vuelto. El escrito presentado por las partes se allegó el día 8 de marzo, es decir, fue interpuesto de manera extemporánea.
Así lo indicó igualmente la constancia secretarial visible a folio 21 del Cuaderno 3 del Consejo de Estado.
20
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esgrimidas a lo largo del proceso; (iv) antecedentes sobre la declaratoria de la
Reserva Forestal de los Cerros Orientales; (v) el alcance de la Resolución 463 de
2005 y de la Resolución 519 de 2005 y, (vi) análisis de los motivos de alzada.
II.1. La competencia
96. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer de los
recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 129 del CCA22 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación.
II.2. Los actos administrativos acusados
97. En el presente caso, la parte demandante controvierte la legalidad de los
siguientes actos administrativos: (i) La Resolución 463 de 14 de abril de 2005 “Por
medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos y se establecen las
determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá”
y, (ii) La Resolución 519 de 22 de abril de 2005 “Por medio de la cual se aclara el
artículo primero de la Resolución número 463 del 14 de abril de 2005, expedida por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”, actos administrativos
expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que
pueden ser consultados en la página web de esa entidad23.
98. El contenido de la Resolución 463 de 2005 es el siguiente:
“RESOLUCION 0463 DE 2005
(abril 14)
Por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos y se
establecen las determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros
Orientales de Bogotá.
LA MINISTRA DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
en uso de sus facultades legales y en especial, las conferidas en los artículos 5º,
numerales 18 y 19 y 6º de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 2º del Decreto-ley 216
de 2003, y
[…]
RESUELVE:
22
“Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”.
23
https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/resolucion-463-de-
2005/#:~:text=Abril%2015%20de%202005.,los%20Cerros%20Orientales%20de%20Bogot%C3%A1.%C2%BB. Fecha de
consulta: 10 de mayo de 2024.
21
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
Artículo 1º. Redelimitar el Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá, declarada mediante el artículo 2º de la Resolución número 076 de 1977,
ubicada en jurisdicción del Distrito Capital, con el fin de armonizar los elementos de
orden ambiental y territorial para su adecuado manejo y administración, la cual
quedará comprendida dentro de los siguientes límites indicados sobre la cartografía
a escala 1:10.000 del IGAC, Plano número 1 que se incorpora a la presente
resolución y descritos de la siguiente manera:
[…]
Artículo 9º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2005.
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Sandra Suárez Pérez”.
99. Por su parte, el contenido de la Resolución 519 de 2005 es el siguiente:
“RESOLUCION 0519 DE 2005
(abril 22)
Por medio de la cual se aclara el artículo primero de la Resolución
número 463 del 14 de abril de 2005, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en los
artículos 5º numerales 18 y 19 y 6º de la Ley 99 de 1993 y en el
artículo 2º del Decreto-ley 216 de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 0463 del 14 de abril de 2005, se redelimita la
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su
zonificación y reglamentación de usos y se establecen las determinantes
para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá;
Que el artículo primero de la Resolución número 0463 de 2005, establece:
"Redelimitar el Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá, declarada mediante el artículo 2º de la Resolución número 076
de 1977, ubicada en jurisdicción del Distrito Capital, con el fin de
armonizar los elementos de orden ambiental y territorial para su adecuado
manejo y administración, la cual quedará comprendida dentro de los
siguientes límites indicados sobre la cartografía a escala a 1: 10.000 del
IGAG, Plano Número 1 que se incorpora a la presente resolución y
descritos de la siguiente manera:";
Que el artículo primero de la Resolución número 076 de 1977 expedida
por el Ministerio de Agricultura aprueba el Acuerdo 30 de 1976 de la Junta
Directiva del Instituto de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente,
Inderena, el cual en su artículo primero Declara como Área de Reserva
Forestal Protectora a la Zona denominada Bosque Oriental de Bogotá;
22
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Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1º. Aclarar que la redelimitación del Área de Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá a que hace referencia la
Resolución 0463 del 14 de abril de 2005, fue declarada mediante el
artículo primero del Acuerdo 30 de 1976 de la Junta Directiva del Inderena
y aprobada mediante el artículo primero de la Resolución 076 de 1977
proferida por el Ministerio de Agricultura.
Artículo 2º. Aclarar el artículo primero de la Resolución número 0463 del
14 de abril de 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el cual quedará así:
"Redelimitar el Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá declarada mediante el artículo 1º del Acuerdo 30 de 1976 de la
Junta Directiva del Inderena y aprobado en el artículo 1º de la Resolución
076 de 1977, ubicada en jurisdicción del Distrito Capital, con el fin de
armonizar los elementos de orden ambiental y territorial para su adecuado
manejo y administración, la cual quedará comprendida dentro de los
siguientes límites indicados sobre la cartografía a escala 1:10.000 del
IGAG, Plano número 1 que se incorpora a la presente resolución y
descritos de la siguiente manera:".
Artículo 3º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial y aclara en lo pertinente el artículo primero
de la Resolución 0463 del 14 de abril de 2005 expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Artículo 4º. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 0463
del 14 de abril de 2005 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, continúan vigentes en su integridad.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de abril de 2005.
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Sandra Suárez Pérez”.
II.3. El problema jurídico y síntesis de las posturas esgrimidas a lo largo del
proceso
100. Según las prescripciones de los artículos 32024 y 32825 del CGP, aplicables
por remisión del artículo 267 del CCA y atendiendo los argumentos planteados en
el recurso de apelación, la Sala encuentra que el problema jurídico que debe
resolverse se contrae a establecer si las Resoluciones 463 de 14 de abril de 2005 y
24
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
25
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.
23
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519 de 22 de abril de 2005 desconocen los derechos adquiridos de la parte actora
y el principio de confianza legítima y si fueron expedidos con falta de competencia
por parte de la cartera de ambiente, vivienda y desarrollo territorial.
101.El tribunal de primera instancia, mediante sentencia de la sentencia de 25 de
mayo de 2017, denegó las súplicas de la demanda.
102. Para fundamentar su decisión destacó que la Sala Plena del Consejo de
Estado, en sentencia de 5 de noviembre de 2013 (radicado: 2005-00662-03)
reconoció los derechos adquiridos de las personas que hayan obtenido licencia
ambiental y construido en las franjas de adecuación en zona de recuperación
ambiental, antes de que se realizara la anotación de la afectación respectiva.
103. Consideró que en este caso los actores no acreditaron poseer derechos
adquiridos, ya que no acreditaron ser titulares de licencias de urbanismo antes de
la expedición de la Resolución 463 de 2005, pues en el expediente constaba la
negativa de la prórroga a la licencia de urbanismo.
104. Por otro lado, argumentó que no podía pretenderse el reconocimiento de
derechos adquiridos por cuenta del Decreto 1019 de 2000, toda vez que el artículo
23 de esa norma señaló que la incorporación para el desarrollo en usos urbanos,
así como la aplicación de las normas establecidas en el mismo quedarían
condicionadas a la sustracción de la zona de reserva forestal del predio
“Montearroyo”, proyecto Magallanes Alto, lo cual no se consolidó.
105. Finalmente, el Tribunal es de la tesis que el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial sí tenía competencia para expedir los actos demandados.
Para fundamentar su postura, hizo referencia a lo argumentado por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia de
28 de octubre de 2010, MP: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, fallo en el cual se
analizó la misma tacha a la formulada ahora en este proceso.
106. Por su parte, los apelantes consideran que los actos demandados
transgredieron sus derechos adquiridos en contravía del artículo 58 de la
Constitución Política y de los artículos 4 y 47 del Decreto Ley 2811 de 1974 —
Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente—,
el artículo 188 del Acuerdo 6 de 1990 y el Decreto 619 de 2000, mediante el que se
adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial, revisado por el Decreto 469 de 2009.
107. Finalmente, aseguraron que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial carecía de la facultad para establecer las zonas y usos compatibles con
la reserva, pues dicha atribución corresponde a los municipios y a los distritos
conforme lo establecen los artículos 311 y 313 (numeral 7°) de la Carta Política, en
consonancia con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 12 del Decreto Ley 1420
de 1993 y el inciso 3° del artículo 61 de la Ley 99 de 1993.
24
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II.4. Antecedentes sobre la declaratoria de la Reserva Forestal de los Cerros
Orientales
108. El Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente señala que el área de reserva forestal es aquella zona de propiedad
pública o privada destinada exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y
utilización racional de áreas forestales productoras26, protectoras27 o productoras-
protectoras28. Además, indica que el área de reserva forestal sólo podrá destinarse
al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella existan o se
establezcan y, en todo caso, deberá garantizarse la recuperación y supervivencia
de los bosques. Los artículos 206 y 207 del Decreto Ley 2811 de 1974 son del
siguiente tenor:
“ARTÍCULO 206.- Se denomina área de reserva forestal la zona de
propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al
establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales
productoras, protectoras o productoras-protectoras”.
“ARTÍCULO 207.- El área de reserva forestal sólo podrá destinarse al
aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella
existan o se establezcan y, en todo caso, deberá garantizarse la
recuperación y supervivencia de los bosques.
En el caso, previamente determinado, en que no existan condiciones
ecológicas, económicas o sociales que permitan garantizar la
recuperación y supervivencia de los bosques, el concesionario o titular de
permiso pagará la tasa adicional que se exige en los aprovechamientos
forestales únicos”. (Negrilla fuera de texto)
109. La Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables
y del Ambiente – INDERENA, entidad que tenía a su cargo la facultad de “[…]
declarar, alinderar, reservar y administrar las áreas que se consideren necesarias
para la adecuada protección de los recursos naturales renovables y efectuar las
sustracciones a que haya lugar”, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 3°
literal b) del artículo 38 del Decreto Ley 133 de 1976, expidió el Acuerdo 30 de 30
de septiembre de 1976 “Por el cual se declaran y alindan unas áreas de reserva
forestal y se delegan unas funciones”. Los principales móviles que llevaron a la
expedición del referido acuerdo fueron los siguientes:
26
“ARTÍCULO 203.- Es área forestal productora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales
o artificiales para obtener productos forestales para comercialización o consumo.
El área es de producción directa cuando la obtención de productos implique la desaparición temporal del bosque y su posterior
recuperación.
Es área de producción indirecta aquella en que se obtiene frutos o productos secundarios, sin implicar la desaparición del
bosque”.
27
“ARTÍCULO 204.- Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques
naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables.
En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y solo se permitirá la obtención de frutos secundarios del
bosque”.
28
“ARTÍCULO 205.- Se entiende por área forestal protectora-productora la zona que debe ser conservada permanentemente
con bosques naturales o artificiales para proteger los recursos naturales renovables, y que además, puede ser objeto de
actividades de producción sujeta necesariamente al mantenimiento del efecto protector”.
25
Radicación: 25000-2324-000-2005-01257-02
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“Que la vegetación de las montañas situadas alrededor de la Sabana de
Bogotá debe ser protegida para conservar su efecto regulador de la
cantidad y calidad de las aguas que son utilizadas por los habitantes de
ella;
Que el paisaje constituido por dichas montañas merece protección por su
contribución al bienestar físico y espiritual de los habitantes del Distrito
Especial de Bogotá y Municipios aledaños;
Que de conformidad con el artículo 38, literal b) del Decreto - Ley 133 de
1976, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente -INDERENA-, tiene entre sus funciones la de declarar, reservar
y administrar las áreas que se consideren necesarias para la adecuada
protección de los recursos naturales renovables;
Que el artículo 206 del Decreto - Ley 2811 de 1974 denomina área de
reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para
destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización
racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras y
protectoras;
Que el Decreto 877 de 1976 establece que áreas se consideran como
forestales protectoras, protectoras productoras y productoras;
Que los Estatutos del INDERENA, aprobados por el Decreto 842 de 1969,
establecen que la Junta Directiva del Instituto podrá, con el voto favorable
de su Presidente, delegar algunas de sus funciones en las Corporaciones
Regionales de Desarrollo u otras entidades o establecimientos públicos
(artículo 6); además el artículo 77 del Decreto - Ley número 133 de 1976
establece que tal delegación requiere autorización del Gobierno
Nacional”.
110. El artículo 1º del Acuerdo 30 “[…] declaró como Área de Reserva Forestal
Protectora a la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá, ubicada en
jurisdicción del Distrito Especial de Bogotá […]”, conforme a los linderos allí
indicados29.
29
“[…] Por el Oriente: Partiendo del Boquerón de Chipaque en la intersección con la Carretera del Oriente; continúa en línea
recta hasta el punto geodésico Cax 352, y siguiendo en dirección noreste por la divisoria de aguas hasta el Alto de las Mirlas;
de allí por la Cuchilla hasta el Alto de la Horqueta; siguiendo la misma divisoria en dirección noreste, pasando por el Alto de
la Cruz Verde, Alto del Buitre, el Cerro de Plazuelas y el Alto de los Tunjos. Siguiendo la misma divisoria al Sur de la Laguna
de Vergón, en dirección Oriente, hasta el Morro de Matarredonda; de allí, siguiendo en dirección Norte, por la divisoria de
aguas a través del Alto de la Bolsa, Alto del Rejo, Alto de la Cruz, hasta el Alto de Sarnoso. Desde este punto, en dirección
Occidente, en línea recta hasta el nacimiento de la Quebrada Turín, y por ésta aguas abajo hasta la confluencia de la
Quebrada Carrizal, siguiendo ésta aguas arriba hasta su nacimiento, de donde se sigue en línea recta, en dirección noreste,
hasta el Alto de Piedra Ballena; siguiendo la divisoria hacia el Norte, hasta el punto geodésico ‘Piedras’, y de allí por la misma
divisoria hasta el nacimiento de la Quebrada El Chicó, luego a la cumbre del Cerro La Moya, y en línea recta hasta el sitio Los
Patios (intersección con la carretera Bogotá - La Calera); luego sigue por la misma divisoria de aguas, en dirección Norte;
hasta la Estación La Cuchilla, del cable aéreo de Cemento Samper, de allí se sigue al Norte hasta el Alto de Serrezuela,
continuando a los Cerros de Cañada, Moreno, los Cerros de La Cumbre, y siguiendo hacia el Norte por la divisoria hasta el
Alto de Pan de Azúcar en el punto geodésico ‘Pan’. Por el Norte: Partiendo del punto geodésico ‘Pan’, tomando en dirección
noreste, hacia la cima de la Lomita de Torca, hasta interceptar la Carretera Central del Norte (Alto de Torca). || Por el
Occidente: Partiendo del punto Alto de Torca, en la Carretera Central del Norte, se continúa por esta vía hacia el Sur, hasta
la calle 193, se sigue por la prolongación de esta calle en dirección Este hasta encontrar el perímetro sanitario en la cota
2.700 metros se continúa por esta cota en dirección general Sur hasta el límite Norte del Barrio El Paraíso (corresponde a los
planos 223/4-1 y 223/4-2, regularizado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital), bordeando este Barrio por
el Oriente; se continúa por la misma curva de nivel (2.700 metros) hasta encontrar el Paseo Bolívar (Carretera de
Circunvalación ); se sigue por dicho Paseo en dirección Este hasta encontrar la calle 9 Sur; por esta vía se continúa hasta la
curva de nivel 2.750 metros; se sigue por esta cota, en dirección Sur, hasta la calle 15 Sur, por esta vía hacia el sureste, hasta
encontrar la curva de nivel 2.850; se sigue por esta cota hasta encontrar la Quebrada Ramajal; por esta Quebrada, aguas
arriba, hasta encontrar la curva de nivel 2.920 metros en el Barrio Los Alpes, se continúa por esta curva hasta encontrar el
lindero Norte de la propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en dicho Barrio; por este lindero hasta donde la
26
Radicación: 25000-2324-000-2005-01257-02
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
111. Además de ello, el artículo 2° ejusdem dispuso “[…] Declarar como Área de
Reserva Forestal Protectora - Productora la Cuenca Alta del Río Bogotá, aguas
arriba de la cota superior del Salto de Tequendama, con excepción de las tierras
que están por debajo de la cota 2.650 y tengan una pendiente inferior al 100%, y de
las definidas por el artículo 1 de este Acuerdo y por el perímetro urbano y sanitario
de la ciudad de Bogotá”.
112. El artículo 3 ibidem condicionó la realización de actividades económicas dentro
de las áreas de reserva alinderadas a la expedición de licencia previa que “[…] sólo
se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las obras y el ejercicio
de las actividades no atentan contra la conservación de los recursos naturales
renovables y no desfiguran los paisajes de dichas áreas. El titular de la licencia
deberá adoptar, a su costa, las medidas de protección adecuadas”.
113. Sobre la importancia del Área de Reserva Forestal Protectora de la zona
denominada Bosque Oriental de Bogotá, la Sala Plena del Consejo de Estado, en
sentencia de 5 de noviembre de 201330 señaló que son un área rica en valores
ecológicos y paisajísticos, pues allí existe una alta presencia de alta diversidad de
flora y fauna que consolidan los distintos ecosistemas:
“Los cerros orientales de Bogotá, a voces de lo dispuesto en la Resolución
463 de 2005 (14 de abril), son un territorio rico en valores ecológicos y
paisajísticos, bajo condiciones biofísicas y socioeconómicas complejas,
que poseen diversidad de especies de flora y fauna, que soportan la
consolidación de distintos ecosistemas, como son páramos, subpáramos
y bosques altoandinos.
De hecho, se advierte que los cerros orientales constituyen un importante
territorio que aporta servicios ambientales estratégicos para la ciudad, la
Sabana de Bogotá y la región, entre los cuales se pueden destacar: su
contribución como el principal regulador acuífero de la Sabana de Bogotá
asegurando su calidad, cantidad y disponibilidad; su contribución a la
regulación del clima, a la depuración del aire del oriente de la ciudad, a la
protección de los suelos y a la estabilización de diferentes geoformas.
Igualmente, la reserva forestal protectora es el principal referente
paisajístico de la capital, por su calidad escénica, dominancia visual y por
los valores intrínsecos (naturales) y los adquiridos (históricos y culturales),
así como la oferta ambiental para la recreación y la educación.31”
114. Por su parte, el artículo 10 del referido Acuerdo 30 de 1976 previó como
requisito de validez su aprobación y autorización por parte del Gobierno Nacional
mediante la expedición de una Resolución Ejecutiva y ordenó su publicación en la
forma prevista en el artículo 55 del Régimen Político y en el Diario Oficial, así como
curva de nivel 2.900 metros la corta; se sigue en línea recta hasta el punto de intersección de la curva de nivel 3.100 metros
con la prolongación del lindero Sur de la mencionada propiedad (Tanque de Los Alpes); se continúa por dicha curva de nivel
hacia el Sur hasta encontrar el divorcio de aguas del Boquerón de Chipaque, se sigue por esta divisoria de aguas, en dirección
Oeste, hasta su intersección con la Carretera de Oriente, punto de partida […]”.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de noviembre de 2013, número de
radicación 25000-23-25-000-2005-00662-03. CP: María Claudia Rojas Lasso.
31
Cfr., entre otros: Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría Distrital de Ambiente. Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino
Mutis” Centro de Investigación y Desarrollo Científico. “La importancia de los Cerros Orientales para Bogotá D.C., y la Región.”
Bogotá D.C., mayo de 2007. Personería de Bogotá. “Cerros Orientales: Desafío Institucional.”
27
Radicación: 25000-2324-000-2005-01257-02
Demandantes: Javier Orlando D´Achiardi Narváez y Otros
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
su inscripción en las oficinas de registro de instrumentos públicos de Bogotá,
Facatativá y Zipaquirá:
“Artículo 10º. Tal como lo establecen los artículos 38 y 77 del Decreto Ley
No. 133 de 197632, para su validez, el presente Acuerdo requiere la
aprobación y autorización del Gobierno Nacional mediante
Resolución Ejecutiva y deberá ser publicado en las cabeceras de los
Municipios en cuya jurisdicción están ubicadas las áreas
reservadas, en la forma prevista en el artículo 55 del Régimen
Político y Municipal, y en el Diario Oficial e inscrito en las Oficinas
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C. Facatativá y
Zipaquirá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del
Código Fiscal Nacional33.” (Destacado fuera de texto)
115. En cumplimiento de ese requisito de validez, el presidente de la República
expidió la Resolución Ejecutiva 76 de 1977 a través de la cual aprobó el Acuerdo 30
de 1976, acto administrativo que fue publicado el 3 de mayo de 1977 en el Diario
Oficial 34777.
116. El incumplimiento de la obligación de inscripción de la Resolución 76 de 1977
(31 de marzo) en las oficinas de registro de instrumentos públicos motivó a que el
ciudadano Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez instaurara una acción de cumplimiento
contra el Ministerio del Medio Ambiente.
117. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en sentencia de 1° de marzo de 2001, resolvió lo siguiente:
“Primero. Ordenar al señor Ministro del Medio Ambiente que cumpla lo
dispuesto en el artículo 10º de la Resolución 76 de 31 de marzo de 1977
y, en consecuencia, adelante todas las actuaciones tendientes a obtener
la inscripción del citado acto administrativo en las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá, Zipaquirá y Facatativa, así como su
publicación por el medio más idóneo en las cabeceras de los siguientes
municipios: Villapinzón, Chocontá, Sesquilé, Suesca, Guatavita, Guasca,
Gachancipá, Nemocón, Sopó, Cogua, Zipaquirá, Cajicá, Chía, La Calera,
Cota, Tabio, Tenjo, Subachoque, Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza,
Soacha, Sibaté y el Distrito Capital, actuación que deberá implementar en
el término de quince (15) días contados a partir del día siguiente a la
notificación de esta providencia.
32
Decreto Ley 133 de 1976. “Artículo 38. El Instituto (INDERENA) tendrá las siguientes funciones: (…) b. Declarar, alinderar,
reservar y administrar las áreas que se consideren necesarias para la adecuada protección de los recursos naturales
renovables y efectuar las sustracciones a que haya lugar.”
“Artículo 77. Los establecimientos públicos, previa autorización del Gobierno Nacional, podrán delegar en otras entidades de
derecho público o algunas de las funciones que de conformidad con el presente Decreto y el orgánico del HIMAT le
corresponden.”
33
Ley 110 de 1912. “Artículo 96. Siempre que se destine un baldío para un servicio o un uso público, por disposición de una
ley o por decreto ejecutivo, se debe proceder al levantamiento de un plano y al pronunciamiento de un plano y al
pronunciamiento de una resolución ministerial, en que se exprese el nombre del terreno, si lo tiene, su situación, sus
colindantes y sus linderos, resolución que se publica en el Diario Oficial y se registra en la oficina respectiva de la ubicación
del baldío para que éste deje de tener tal carácter.
“Artículo 97. Cuando una ley destine un baldío para un objeto determinado, se debe dictar, por el Ministerio respectivo, previo
el levantamiento del plano, una resolución semejante, la que ha de publicarse y registrarse en los términos expresados en el
Artículo anterior.
28
Radicación: 25000-2324-000-2005-01257-02
Demandantes: Javier Orlando D´Achiardi Narváez y Otros
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
Segundo. Efectuadas las actuaciones pertinentes, el Ministerio del Medio
Ambiente, deberá remitir copia de los actos que demuestren el
cumplimiento de la orden judicial.”
118. La Sala Plena de esta Corporación, en sentencia citada de 5 de noviembre de
2013, proferida dentro de la acción popular identificada con el radicado: 25000-23-
25-000-2005-00662-03(AP) reconoció que, en efecto, dicha orden se cumplió hasta
el 26 de abril de 2005 “bajo la denominación: “afectación por causa de categorías
ambientales área de reserva forestal protectora a la zona denominada bosque
oriental de Bogotá. (Limitación al Dominio)”. Así se desprende de los siguientes
apartes:
“i. Registro del Acuerdo 30 de 1976 (30 de septiembre), por medio del
cual el INDERENA declaró “Área de Reserva Forestal Protectora” “la
zona denominada Bosque Oriental de Bogotá”, y de la Resolución 76
de 1977 (31 de marzo), por medio de la cual el Presidente de la
República lo aprobó
“[…]
Tras advertir que pasados más de 20 años no se había inscrito la
Resolución 76 de 1977 (31 de marzo) en las oficinas de registro de
instrumentos públicos, el ciudadano Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, en
nombre propio, presentó una demanda, en ejercicio de la acción de
cumplimiento (2001 – 0033), con el propósito de que se ordenara al
Ministerio del Medio Ambiente el cumplimiento de dicha obligación.
[…]
Además de lo anterior, obra en el expediente otra prueba acerca del
incumplimiento de la obligación de inscribir en el registro inmobiliario la
afectación, consistente en la información remitida por la Superintendencia
de Notariado y Registro de los folios de matrícula inmobiliaria de los
predios ubicados en la zona de reserva forestal34, en los cuales se
evidencia que sólo se procedió a la inscripción de la Resolución 76 de
1977 (31 de marzo) hasta el 26 de abril del 2005, bajo la denominación:
“afectación por causa de categorías ambientales área de reserva forestal
protectora a la zona denominada bosque oriental de Bogotá. (Limitación
al Dominio)”.
Así las cosas, es evidente que durante más de 20 años se omitió inscribir
en la oficina de registro instrumentos públicos la Resolución 76 de 1977
(31 de marzo), por medio de la cual el Presidente de la República aprobó
el Acuerdo 30 de 1976 (30 de septiembre) que declaró y alindó como área
de reserva forestal protectora a la zona denominada “Bosque Oriental de
Bogotá”. (Negrilla y cursivas originales del texto y subrayado propio)
119. Ahora, si bien es cierto que el artículo 10 del Acuerdo 30 de 1976 ordenó que
la afectación de la reserva forestal protectora fuera inscrita en el registro
inmobiliario, y ello únicamente aconteció en esa fecha – 26 de abril del 2005- la
jurisprudencia de esta Corporación al igual que de la Corte Constitucional han
34
Folios 1 a 974, Tomo 11
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Radicación: 25000-2324-000-2005-01257-02
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Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
señalado que se trata de un requisito que afecta la oponibilidad del acto, pero no su
validez.
120. Merece la pena traer a colación lo dicho por la Sección Primera del Consejo
de Estado, en sentencia de 30 de enero de 200435, oportunidad en la cual se dijo:
“Es necesario precisar que el artículo décimo a que se refiere el demandante
solo consagra como requisito de validez del Acuerdo, la aprobación y
autorización del Gobierno Nacional mediante Resolución Ejecutiva, requisito
que se cumplió con la expedición de la Resolución 76 de 1977, expedida por
el Presidente de la República y el Ministro de Agricultura “por la cual se
aprueba un Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente - INDERENA - El mismo
artículo señala de modo imperativo que, además de esta aprobación por
parte del Gobierno Nacional el Acuerdo debía ser publicado en las
cabeceras de los Municipios en cuya jurisdicción estuvieren ubicadas las
áreas reservadas y en el Diario Oficial e inscrito en las Oficinas de Registro
de Instrumentos Públicos de Bogotá, Facatativa y Zipaquirá. Estos últimos
requisitos no están relacionados con la validez del acto. El requisito de
validez relacionado con la aprobación por parte del Gobierno Nacional se
cumplió debidamente con la expedición de la Resolución 76 de 1977.
[…]
En el caso del Acuerdo 30 de 1976 cuya nulidad se solicita, no se presenta
ninguno de los presupuestos de la norma anterior puesto que las normas en
que debía fundarse eran las correctas, fue expedido por el organismo
competente en forma regular, sin que pudiera atribuirse falsa motivación o
desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió. La falta de
publicación en las cabeceras de los municipios o de registro en las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que debía realizar el
INDERENA no tienen que ver con la validez del acto, sino con su
eficacia. Este requisito fue cumplido años después en virtud de un fallo
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha 1 de
marzo de 2001, dentro de un proceso de acción de cumplimiento”.
121. Igualmente, la Corte Constitucional, en sentencia T- 774 de 200436 fijó los
siguientes parámetros que deben valorarse sobre los efectos que se derivan de la
inoponibilidad de dicho registro, en el siguiente sentido:
“6.1.4. En síntesis. El argumento fundado en la imposibilidad de proteger
los Cerros Orientales de Bogotá porque la Resolución 76 de 1977 es
inválida, inaplicable o inoponible, no es suficiente para fundar válidamente
la sentencia acusada. Varias razones llevan a esta conclusión.
(1) La protección de los Cerros Orientales no depende de esta
Resolución. Considerar que ello es así, conlleva inaplicar las
disposiciones Constitucionales y legales, de orden público, sobre la
materia.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Olga Ines Navarrete Barrero, sentencia
de 30 de enero de 2004, radicado: 11001-03-24-000-2001-00170-01(7079), actor: Ricardo Vanegas Sierra, demandado:
Ministerio De Agricultura y otro
36
Corte Constitucional, sentencia T- 774 de 2004, MP: Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
30
Radicación: 25000-2324-000-2005-01257-02
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(2) El argumento de la sentencia toma el registro de la Resolución como
requisito para su validez, cuando solo se trata de una forma de darle
publicidad;
(3) Por considerar que el problema era de validez y no de oponibilidad del
acto, no se valoraron elementos de juicio como, por ejemplo, principios y
valores constitucionales relevantes al caso: el principio de la
instrumentalidad de las formas y la prevalencia del derecho sustancial, en
especial las normas ambientales constitucionales y legales”. (Negrilla
fuera de texto)
II.5. Los derechos adquiridos por los particulares sobre los usos del suelo
122. En el contexto del nuevo derecho que funda su prevalencia en el interés
general, se ha considerado que el derecho a la propiedad no es absoluto sino
relativo, el cual puede ser limitado para dar paso a valores constitucionales de
carácter axiológico que adquieren una especial importancia y relevancia
constitucional como la primacía del interés general frente al particular.
123. Así las cosas, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que del
artículo 58 de la Constitución Política se derivan los siguientes contenidos:
“(…) En primer lugar (i) garantiza la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Con fundamento en
ello (ii) fija una regla de irretroactividad de la ley prescribiendo que tales
derechos no podrán ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Adicionalmente (iii) establece un mandato de prevalencia conforme al cual
cuando exista un conflicto entre la utilidad pública y el interés social y los
derechos de los particulares, estos últimos deberán ceder. También (iv)
define a la propiedad como una función social que implica obligaciones y,
por ello, le adscribe una función ecológica. En estrecha conexión con la
regla de prevalencia, (v) autoriza la expropiación judicial y administrativa,
previa indemnización, cuando quiera que ella esté justificada por motivos
de utilidad pública o interés social definidos por el legislador37”.
124. Los derechos adquiridos hacen referencia a “[…] aquél derecho que ha
entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de él, y que
por lo mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció
legítimamente. Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja
o el beneficio cuya conservación o integridad, está garantizada, en favor del titular
del derecho, por una acción o por una excepción […]38”. Por su parte, las meras
expectativas se diferencian de los derechos adquiridos pues “[…] son apenas
aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un
derecho; en consecuencia, pueden ser modificadas discrecionalmente por el
legislador […]”39.
37
Corte Constitucional, sentencia C- 192 de 2016, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
38
C- 168 de 1995.
39
Ibidem.
31
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125. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 5 de noviembre de
201340, dictada dentro de la acción popular conocida como los Cerros Orientales,
en relación con la protección de los derechos adquiridos reconoció que:
“El concepto de derecho adquirido para efectos de este fallo hace relación
a las licencias de construcción válidamente expedidas al amparo de
la normatividad vigente, o a las construcciones levantadas en virtud
de esas licencias, cumpliendo todos los requisitos de ley”.
[…]
En efecto, respecto de la garantía constitucional de los derechos
adquiridos, en sentencia C - 488 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) la
Corte Constitucional consignó un concienzudo y detallado estudio sobre
el particular, desde la perspectiva histórica, a partir de su consagración en
la Carta Política de 1886 y sus posteriores reformas hasta llegar a la
Constitución de 1991, como también reseñó sus desarrollos más
importantes en la jurisprudencia constitucional. Al prohijarlo, la Sala
relieva la trascendental importancia de la garantía constitucional de los
derechos adquiridos y su proyección en los principios de seguridad
confianza legítima y buena fe que, en el Estado social de Derecho, el
ordenamiento jurídico debe infundir a la actividad económica, en general,
y a los individuos, en particular”. (Negrilla fuera de texto)
126. A partir de lo anterior, este Máximo Tribunal reconoció que debían respetarse
los derechos adquiridos a favor de “[…] quienes obtuvieron licencias de
construcción y/o construyeron legalmente en la franja de adecuación y en la “zona
de recuperación ambiental, ubicada dentro de la reserva forestal protectora, antes
de la anotación registral de la afectación a la reserva del predio respectivo”.
Además, consagró la siguiente regla:
“No obstante lo anterior, no se reconocerán derechos adquiridos si se
demuestra que, a pesar de no existir una anotación registral dentro
de la historia traditicia del inmueble que lo afectara a la reserva
forestal protectora, por actuaciones se deduzca inequívocamente
que el propietario, poseedor o tenedor del inmueble conocía la
afectación que pesaba sobre el inmueble en cuanto a la existencia
de la reserva”. ((Negrilla fuera de texto)
127. Ahora bien, el referido fallo adoptó las siguientes medidas:
“[…] En síntesis, se advierte que existen derechos adquiridos que la Sala
debe proteger en la parte resolutiva de esta sentencia. No obstante lo
anterior, se ordenará a las entidades demandadas que adopten las
medidas pertinentes para que las urbanizaciones y/o construcciones
levantadas legítimamente en la “zona de recuperación ambiental”, porque
a sus propietarios se les reconocen derechos adquiridos, de conformidad
con lo expuesto anteriormente, se ajusten a la normatividad ambiental,
dando aplicación inmediata a las tasas compensatorias, por las
consecuencias nocivas a que hace referencia el artículo 42 de la Ley 99
de 1993, por el aprovechamiento de la reserva y/o para compensar los
40
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP: Maria Claudia Rojas Lasso, sentencia de 5 de
noviembre de 2013, radicado: 25000-23-25-000-2005-00662-03(AP), actor: Sonia Andrea Ramírez Lamy.
32
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gastos de mantenimiento, reposición y operación del programa que
permita y garantice la renovabilidad de los recursos naturales renovables
[…]”.
128. Finalmente, ordenó que las licencias de construcción legalmente obtenidas en
la zona de reserva forestal propiamente tal –no en la franja de adecuación– que no
se han materializado en una construcción, ya no se podrían realizar “[…]puesto que
a partir de este fallo no se podrá levantar ninguna construcción o tipo de vivienda en
la zona de reserva forestal”.
129. Fue así como en la parte resolutiva, el referido fallo ordenó:
“[…] 2.2. Respetar los derechos adquiridos, en la forma como ha quedado
definido en la parte considerativa, a quienes obtuvieron licencias de
construcción y/o construyeron legalmente en la franja de adecuación
y en la “zona de recuperación ambiental”, ubicada dentro de la
reserva forestal protectora, antes de la anotación registral de la
afectación a la reserva del predio respectivo.
No obstante lo anterior, no se reconocerán los derechos adquiridos si se
demuestra que, a pesar de no existir una anotación registral dentro de la
historia traditicia del inmueble que lo afectara a la reserva forestal
protectora, por actuaciones se deduzca inequívocamente que el
propietario, poseedor o tenedor del inmueble conocía la afectación que
pesaba sobre el inmueble en cuanto a la existencia de la reserva.
Igualmente, se advierte que lo dicho no excluye la posibilidad de que
puedan negociarse directamente o, en su lugar, expropiarse predios
ubicados dentro de la zona de reserva forestal protectora – no en la franja
de adecuación -, que revistan especial importancia ecológica que amerite
que su propiedad sea Estatal […]”. (Negrilla fuera de texto)
130. Resulta oportuno precisar que, posteriormente, mediante auto de 11 de
octubre de 201441, la Sala Plena del Consejo de Estado, aclaró el alcance de la
referida orden en el siguiente sentido:
“[…] 2. PRECISAR el numeral 2.2. de la sentencia proferida el 5 de
noviembre de 2013, el cual quedará así:
“2.2. Respetar los derechos adquiridos, en la forma como ha quedado
definido en la parte considerativa, a quienes obtuvieron licencias de
urbanismo, construcción y/o construyeron legalmente en la franja de
adecuación y en la “zona de recuperación ambiental”, ubicada dentro de
la reserva forestal protectora, antes de la anotación registral de la
afectación a la reserva del predio respectivo.
No obstante lo anterior, no se reconocerán los derechos adquiridos si se
demuestra que, a pesar de no existir una anotación registral dentro de la
historia traditicia del inmueble que lo afectara a la reserva forestal
41
Auto emitido con ocasión de las solicitudes de aclaración y adición presentadas por Rosales S.A., Helm Trust S.A., la CAR,
el Distrito Capital, la Parcelación Floresta de la Sabana, Camacol, la Fundación Cerros de Bogotá, Gonzalo Rodríguez Barco,
Claudino Bautista Varela y Eliseo Bautista Varela, para que se aclare y adicione parcialmente la sentencia proferida por ésta
Sala el 5 de noviembre de 2013.
33
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protectora, por actuaciones se deduzca inequívocamente que el
propietario, poseedor o tenedor del inmueble conocía la afectación que
pesaba sobre el inmueble en cuanto a la existencia de la reserva.
Igualmente, se advierte que lo dicho no excluye la posibilidad de que
puedan negociarse directamente o, en su lugar, expropiarse predios
ubicados dentro de la zona de reserva forestal protectora – no en la franja
de adecuación -, que revistan especial importancia ecológica que amerite
que su propiedad sea Estatal. […]” (Subrayado es original del auto).
II.6. El alcance de la Resolución 463 de 2005 y de la Resolución 519 de 22 de
abril de 2005
131. Se debe señalar que la Resolución 463 de 14 de abril de 2005, fue expedida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con el objeto de
redelimitar el Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,
declarada a su vez declarada mediante el artículo 1º del Acuerdo 30 de 1976,
adoptar su zonificación y reglamentar sus usos. Igualmente, en virtud del referido
acto se establecieron las determinantes para el ordenamiento y manejo de los
cerros orientales de Bogotá. En efecto, el referido acto administrativo fue expedido
con el propósito de lograr los siguientes objetivos:
“Que dentro de las 14.170 hectáreas que aproximadamente conforman
los Cerros Orientales de Bogotá, D. C., existe cobertura vegetal que
ameritó ser protegida para conservar el efecto regulador de la cantidad y
la calidad de las aguas y por ello, el Instituto de Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente, Inderena, por medio del Acuerdo número 30
de septiembre 30 de 1976, las declaró y alinderó como Área de Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el cual fue aprobado por
la Resolución número 076 de marzo 31 de 1977 del Ministerio de
Agricultura;
[…]
Que la naturaleza de los suelos existente en los Cerros Orientales motivó
al Inderena al establecimiento de la Reserva Forestal Protectora, la cual
según el artículo 206 del Decreto-ley 2811 de 1974, las define como las
áreas de propiedad pública o privada que se reservan para destinarlas
exclusivamente a la conservación permanente con bosques naturales o
artificiales, con la finalidad de proteger los mismos bosques u otros
recursos naturales existentes en la zona;
Que en el Área de Reserva Forestal Protectora debe prevalecer el efecto
protector del bosque y sólo se permitirá la obtención de productos
secundarios del mismo;
Que con la Declaratoria del Área de Reserva Forestal Protectora se han
logrado proteger ecosistemas con valores biológicos importantes para el
patrimonio natural de Bogotá y la región. Su estructura ecológica ha
podido configurar un encadenamiento vertical de páramo, subpáramo y
distintas franjas de bosque alto andino, preservándose algunos
remanentes de bosque altoandino (11.7 % del área total) y un extenso
cordón de páramo (18.3% del área total);
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[…]
Que sin embargo, los Cerros Orientales han sufrido en algunos sectores
procesos de cambio de los usos del suelo, que no son compatibles con
los permitidos en el artículo 206 del Código de los Recursos Naturales
Renovables y del Medio Ambiente, para las zonas de reserva forestal
protectora, ya que en la actualidad coexisten diferentes usos, de tipo
urbanístico en su zona de borde, uso minero y agropecuario, con
relevantes impactos y efectos ambientales sobre los ecosistemas y sobre
los servicios ambientales que prestan a comunidades locales que se
benefician de ella, por lo que se requiere contar con un instrumento de
planificación, ordenamiento y manejo para restaurar, recuperar y
armonizar las condiciones sociales, económicas y ambientales del área;
Que dichos efectos se ven representados sobre la transformación de
ecosistemas en alrededor de 519 hectáreas (3.7% de la Reserva) por el
desarrollo de asentamientos humanos de manera concentrada de todos
los estratos, muchos de ellos en zonas de alto riesgo y sobre zonas de
preservación ambiental. Igualmente se han generado efectos de
degradación de ecosistemas por el desarrollo de minería de origen ilegal
de manera dispersa (62 canteras al interior y 43 más cerca del borde
urbano) con impactos en el paisaje y en la regulación hídrica, en alrededor
de 120 hectáreas (0.85% de la Reserva), así como otras áreas más
extensas afectadas por el desarrollo de ganadería y agricultura asociada
a viviendas campesinas, campestres y fincas de recreo;
[…]
Que el Decreto 619 de 2000, por medio del cual se adopta el Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C., declaró los Cerros Orientales
como parte de su estructura ecológica principal para garantizar los
procesos ecológicos del Distrito y de la región, así como una provisión
segura, equitativa y diversa de los servicios ambientales a la población y
en su artículo 389 estableció que: "Las actividades de las distintas
entidades y los particulares dentro de los Cerros Orientales (Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, Resolución 076 de 1977
del Ministerio de Agricultura) se sujetarán a la zonificación y
reglamentación del Plan de Manejo que elabore la Corporación Autónoma
Regional (CAR) para esta área, en concertación con el Ministerio del
Medio Ambiente y el Distrito Capital...";
Que para facilitar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 389 del
Decreto 619 de 2000, se suscribió el Convenio de Cooperación número
12 de junio de 2001, entre el hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, la CAR y el DAMA por delegación del Distrito
Capital, con el objeto de formular estrategias de acción conjunta y
proponer políticas para el manejo del área; adicionalmente en el marco de
dicho convenio se creó una Comisión Conjunta, con fundamento en el
artículo 33 de la Ley 99 de 1993, para viabilizar el objeto del mismo;
Que posteriormente, la CAR y el DAMA elaboraron diversos estudios
biofísicos y socioeconómicos de la zona, con el fin de obtener un
diagnóstico de la situación actual de uso y estado de conservación de la
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá en el marco de la
formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales,
Pomco;
35
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
[…]
Que como resultado de lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, teniendo como sustento las discusiones sostenidas
al interior de la Comisión Conjunta, así como el análisis físico, funcional,
normativo y fáctico de los asentamientos dispuestos a lo largo del costado
occidental de la reserva, entrará a revisar en la presente Resolución las
siguientes alternativas desde el punto de vista técnico y jurídico:
a) Redelimitar la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,
adoptando la zonificación y reglamentación de usos correspondiente;
b) Establecer para las áreas excluidas de la Reserva, medidas generales
de ordenamiento y manejo que sean compatibles con los objetivos del
Área de Reserva Forestal Protectora y cuya competencia según la Ley
388 de 1997 corresponde al Distrito Capital;
c) Establecer las determinantes de ordenamiento y manejo para la
consolidación del límite urbano en el costado occidental de la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, de tal manera que se
mitigue la presión de intervenciones en el área, las cuales deberán ser
incorporadas por el Distrito Capital en el Plan de Ordenamiento Territorial
y en su reglamentación de usos del suelo”.
132. Igualmente, la Resolución 463 de 2005 estableció su zonificación precisando
que esta implica medidas de manejo especial a fin de garantizar su manejo integral,
considerando las situaciones particulares del área en términos de sus
potencialidades, restricciones, alteraciones, degradaciones y presiones de
ocupación. La referida resolución creó 4 zonas en la reserva forestal:
• Zona de Conservación
• Zona de Rehabilitación Ecológica
• Zona de Recuperación Paisajística
• Zona de Recuperación Ambiental.
133. El artículo 5° ibidem señala que las áreas que con fundamento en la
Resolución 76 de 1977 hacían parte de la Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá, y que quedan excluidas de la misma según la redelimitación
planteada, se debían sujetar a las siguientes determinantes de ordenamiento y
manejo ambiental que serán desarrolladas e incorporadas al POT de Bogotá:
“Artículo 5º. Las áreas que con fundamento en la Resolución 076 de 1977
hacían parte de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá
y que quedan excluidas de la misma de acuerdo con la redelimitación
planteada en el artículo 1º de la presente resolución, se sujetarán a las
siguientes determinantes de ordenamiento y manejo ambiental, que serán
desarrolladas e incorporadas al POT de Bogotá:
a) El Departamento Administrativo de Planeación Distrital deberá precisar
los límites del perímetro urbano en los límites con la reserva forestal,
tomando como base la redelimitación de la Reserva Forestal determinada
en el artículo 1º de la presente resolución, de conformidad con lo
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Radicación: 25000-2324-000-2005-01257-02
Demandantes: Javier Orlando D´Achiardi Narváez y Otros
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
establecido en el artículo 117 del Decreto 469 de 2003. En todo caso el
perímetro urbano no podrá exceder el límite de la reserva forestal
protectora "Bosque Oriental de Bogotá";
b) Las áreas que se excluyen de la reserva deberán conformar a corto,
mediano y largo plazo una Franja de Adecuación entre la ciudad y la
Reserva Forestal. Esta franja tiene como objetivo constituir un espacio de
consolidación de la estructura urbana y una zona de amortiguación y
contención definitiva de los procesos de urbanización de los cerros
orientales.
Esta Franja estará compuesta por dos tipos de áreas a su interior: (i) Un
Área de Ocupación Pública Prioritaria, adyacente al límite occidental de la
Reserva; y (ii) Un área de Consolidación del Borde Urbano. A Las áreas
excluidas de la reserva se les aplicarán los instrumentos previstos en la
normatividad vigente con el fin de garantizar el cumplimiento de los
principios establecidos en el artículo 2º de la Ley de Desarrollo Territorial
(Ley 388 de 1997).
Para garantizar la consolidación de la Franja de Adecuación, el Distrito
Capital deberá formular y adoptar el plan o los planes zonales y los planes
parciales correspondientes, para las áreas excluidas de la reserva
forestal, que deberán tener en cuenta en su formulación las siguientes
determinantes:
a) No permitir construcciones en áreas con pendientes superiores a 45
grados, en zonas de ronda de quebradas y drenajes, relictos de
vegetación nativa y zonas de recarga de acuíferos;
b) Promover y proyectar la consolidación de un Área de Ocupación
Pública Prioritaria en contacto con el límite occidental de la reserva, a
través del establecimiento de parques urbanos, corredores ecológicos
viales, corredores ecológicos de ronda y de borde, integrando en lo
posible las áreas verdes que quedan excluidas en la redelimitación de la
reserva forestal, de tal forma que se constituya en espacio público de
transición entre la Reserva Forestal y el desarrollo y/o edificación, que
permita la promoción y desarrollo de actividades de recreación pasiva y
de goce y disfrute del espacio público;
c) Promover y proyectar que todo proceso de desarrollo y/o edificación
que se adelante en el área de Adecuación del Borde Urbano contenga,
cierre y formalice estructural, espacial y legalmente el desarrollo urbano
de la ciudad en contacto con la reserva forestal;
d) En todos los procesos de desarrollo urbanístico dentro del Área de
Adecuación del Borde Urbano, se deberá propender por el objetivo
general de conservación y manejo de la Reserva Forestal. Por ello, la
dimensión y forma de las estructuras viales y demás infraestructura de
servicios de nuevos desarrollos que se proyecten de manera planificada,
deberán ser consecuentes y concordantes con el carácter ambiental de la
reserva forestal y promover que dichas estructuras representen el cierre
del crecimiento urbano y la generación de espacios públicos lineales
dispuestos en el Área de Ocupación Pública Prioritaria;
e) El Distrito Capital desarrollará acciones de divulgación y capacitación
sobre prevención y atención de desastres para las comunidades
37
Radicación: 25000-2324-000-2005-01257-02
Demandantes: Javier Orlando D´Achiardi Narváez y Otros
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
asentadas en la Franja de Adecuación, así como un control estricto sobre
el cumplimiento de las regulaciones establecidas para los procesos de
urbanización que se desarrollen en la misma.
Parágrafo. Hasta tanto el Distrito Capital de Bogotá, establezca la
reglamentación urbanística con base en las determinantes de
ordenamiento y manejo consagradas en la presente resolución no se
permite ningún desarrollo urbanístico ni se podrán expedir licencias de
urbanismo y construcción por parte de las Curadurías Urbanas”.
134. En lo que tiene que ver con las razones que motivaron la expedición de la
Resolución 463 de 2005, la Sala Plena de esta Corporación Judicial, en la referida
sentencia de 5 de noviembre de 2013 concluyó que el referido acto estuvo motivado
en un proceso juicioso de concertación, construido entre las autoridades durante un
largo período, como se documenta en el contenido del documento POMCO.
135. En este orden de ideas, como lo sostuvo el referido fallo “[…] la expedición de
la Resolución 463 de 2005 (14 de abril) no fue fortuita, pues estuvo motivada en un
proceso juicioso de concertación, construido entre las autoridades durante un largo
período, como se documenta en el contenido del documento POMCO […]”.
136. Y los antecedentes del referido acto “[…] dan cuenta de una intensa gestión
democrática comunitaria adelantada para la elaboración del POT de la ciudad de
Bogotá, que por supuesto incluyó la evaluación de los temas ambientales como el
de los cerros orientales y la definición del lindero entre lo rural y lo urbano, seguido
ello por toda la gestión técnica del importante documento del P.O.M.C.O. (Plan de
Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales) en el que la ponderación técnica
se hizo de la mano de la comunidad […]”.
137. Finalmente, a través de la Resolución 519 de 22 de abril de 2005 se aclaró el
artículo 1° de la Resolución 463 del 14 de abril de 2005, en el sentido de precisar
que la redelimitación del Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá a que hace referencia la Resolución 463 del 14 de abril de 2005, fue
declarada mediante el artículo primero del Acuerdo 30 de 1976 de la Junta Directiva
del Inderena y aprobada mediante el artículo primero de la Resolución 076 de 1977
proferida por el Ministerio de Agricultura – y no a través del artículo 2º de la
Resolución número 076 de 1977, como inicialmente se había indicado.
II.7. Análisis de los motivos de alzada
II.7.1. Del desconocimiento de los derechos adquiridos y la confianza legítima
138. En el presente caso, en consonancia con las pretensiones de la demanda, los
actores solicitan la inaplicabilidad, o en su defecto, que se declare la nulidad de la
Resolución 463 del 14 de abril de 2005 y de la Resolución 519 del 22 de abril de
2005, ambas expedidas por la cartera de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
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Radicación: 25000-2324-000-2005-01257-02
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A título de restablecimiento del derecho, solicitan que se reparen los daños
ocasionados en sus derechos subjetivos, permitiendo expresamente el desarrollo
urbanístico denominado Magallanes Alto en las condiciones señaladas por el
Decreto Distrital 1019 del 22 de noviembre de 2000 del Alcalde Mayor del Distrito
Capital de Bogotá D.C. y la Licencia de Urbanismo contenida en la Resolución CU5
• 0354 del 8 de noviembre de 2002 de la Curaduría Urbana 5 de Bogotá D.C.
139. En relación con este asunto debe señalarse, inicialmente, que las normas
sobre los usos del suelo no otorgan derechos adquiridos ni situaciones jurídicas
consolidadas, más aún cuando se está en presencia de reservas naturales
reconocidas y declaradas como tales por las autoridades competentes42.
140. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado han reconocido que las normas sobre usos del suelo son de orden público,
de aplicación inmediata y de obligatorio cumplimiento. Además, no resulta posible
predicar un derecho consolidado e intangible en relación con las normas que definen
los usos de suelo. Así lo señaló la Corte Constitucional, en sentencia C-192 del 20
de abril de 201643, consideraciones que se transcriben in extenso:
“[…] 8.10. La Corte reitera que no existe un derecho a la intangibilidad
de las reglas que definen el uso del suelo en los POTD, ni aun cuando
ello afecte el alcance de licencias otorgadas o la destinación de
edificaciones efectuadas conforme a estas licencias, en tanto, la
modificación de las mismas se funda en el interés social y, como lo
ha destacado este Tribunal, “la legislación urbana constituye una
fuente legítima de relativización del contenido del derecho de
propiedad sobre los inmuebles.” Conforme a ello “la correcta
ordenación y el desarrollo equilibrado de las ciudades, particularmente en
lo que respecta a los usos del suelo, incesantemente introduce exigencias
de orden social que gravitan sobre las titularidades privadas, lo que no
puede considerarse excepcional y externo al derecho de propiedad sino
por el contrario connatural a éste e incorporado a su núcleo esencial.
[…]” (Negrilla original del texto)
141. Por otro lado, en sentencia del 12 de agosto de 1999 (expediente 5500, CP:
Juan Alberto Polo Figueroa) esta Corporación indicó que los actos administrativos
que otorgan licencias, permisos, autorizaciones y similares no son definitivos ni
absolutos y, por ende, no generan derechos adquiridos:
“[…] Los actos administrativos que confieren permisos, licencias,
autorizaciones y similares, son actos provisionales, subordinados al interés
público y, por lo tanto, a los cambios que se presenten en el ordenamiento
jurídico respectivo, cuyas disposiciones, por ser de índole policiva, revisten
el mismo carácter, como ocurre con las normas pertinentes al caso, esto es,
las relativas al uso del suelo y desarrollo urbanístico. Quiere decir ello que
los derechos o situaciones jurídicas particulares nacidos de la aplicación del
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, CP: Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia
de 15 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-24-000-2006-00178-02, actor: Margarita Castaño Bohórquez.
43
Corte Constitucional, sentencia C- 192 de 2016, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
39
Radicación: 25000-2324-000-2005-01257-02
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derecho policivo, no son definitivos y mucho menos absolutos, de allí que
como lo ha sostenido la Sala, no generen derechos adquiridos […]”.
142. A juicio de la Sala, ante la existencia del interés nacional que comprende la
declaratoria de la “Reserva Protectora de Bosque Oriental de Bogotá” realizada a
través del Acuerdo 30 de 1976 y aprobada por el Ministerio de Agricultura mediante
Resolución 076 de 1977, los actores no pueden derivar la existencia de un derecho
adquirido en virtud de lo previsto en el Decreto 1019 de 2000 “Por el cual se asigna
el Tratamiento especial de Preservación del Sistema Orográfico y se incorpora la
parte Suburbana del predio denominado Montearroyo (Magallanes Alto), ubicada en
Área Suburbana de Preservación del Sistema Orográfico en la Localidad Número
01 de Usaquén”.
143. En estas condiciones, si bien el predio denominado “Montearroyo” fue
incorporado como área urbana de la ciudad de Bogotá D.C. en virtud de lo previsto
en el Decreto 1019 de 2000, los actores no pueden pretender derivar la existencia
de un derecho a la intangibilidad de las normas sobre los usos del suelo y, con ello,
oponerse a las regulaciones que adopten las autoridades competentes, en ejercicio
de las facultades previstas por el ordenamiento jurídico, particularmente, con el fin
de proteger, conservar, restaurar, recuperar y prevenir el deterioro de los Cerros
Orientales, como en efecto ocurrió al expedirse la Resolución 463 de 2005.
144. De otro lado, en el caso de marras, se encuentra probado que el Curador
Urbano 5 de Bogotá D.C., expidió el día 8 de noviembre de 2002, la Resolución
CU5-0354, por medio de la cual aprobó el proyecto urbanístico denominado
“Magallanes Alto”, se concedió licencia de urbanismo para el desarrollo residencial
denominado “Magallanes Alto I Etapa”, se determinó un plazo para la ejecución de
obras de urbanismo por el término de 24 meses, prorrogables por un período
adicional a 12 meses y se fijaron las obligaciones del urbanizador responsable.
145. El artículo décimo tercero del referido acto dispuso en lo pertinente lo
siguiente:
“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Las demás normas, obligaciones y
derechos del urbanizador responsable son los establecidos en el
Decreto 1019 de 2000”. (Negrilla fuera de texto)
146. Igualmente, consta que mediante la Resolución RES 05-5-0010 del 7 de
febrero de 2005, la Curaduría Urbana 5 de Bogotá D.C. negó la solicitud de prórroga
de la Licencia de Urbanismo CU5 - 0354 del 8 de noviembre de 2002. Para ello, la
referida autoridad consideró que la aplicación, incorporación y el desarrollo de los
usos urbanos del predio denominado Magallanes Alto estaba condicionada a la
sustracción de la zona de reserva forestal por parte de la autoridad competente,
condición que no fue cumplida.
40
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147. En efecto, el Decreto 1019 de 200044 “Por el cual se asigna el Tratamiento
especial de Preservación del Sistema Orográfico y se incorpora la parte Suburbana
del predio denominado Montearroyo (Magallanes Alto), ubicada en Área Suburbana
de Preservación del Sistema Orográfico en la Localidad Número 01 de Usaquén”
condicionó la aplicación, incorporación y el desarrollo de los suelos urbanos del
predio denominado Montearroyo a la sustracción de la reserva forestal por parte de
la autoridad competente, en el siguiente sentido:
“[…] ARTÍCULO 7.- ASIGNACIÓN DE USOS: Los usos urbanos
permitidos en la zona de reglamentación establecida en el artículo anterior
son los siguientes:
Zona de Reglamentación Número 02, código P-ZR-R-O1:
PRINCIPAL: Forestal y Recreativo Pasivo.
COMPLEMENTARIO: Vivienda del celador o del propietario.
COMPATIBLE: Vivienda, en desarrollo urbanístico residencial por el
sistema de agrupación.
El desarrollo de los usos urbanos permitidos en el predio queda
supeditado a la obtención, por parte del propietario o urbanizador
responsable, de la sustracción de la Reserva Ambiental emitida por la
autoridad correspondiente”. (Negrilla fuera de texto)
“ARTICULO 23.- INCORPORACION PARA EL DESARROLLO DE
USOS URBANOS. La incorporación para el desarrollo en usos urbanos
contemplada en el presente Decreto, así, como la aplicación de las
normas establecidas en el mismo, quedan condicionadas a la
sustracción de la zona de reserva forestal, por la autoridad
competente.
El funcionamiento de tales usos quedaré condicionado a la certificación
de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, según Decreto
657 del 25 de octubre de 1994, en donde es entidad conceptúe
44
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante fallo 943 de 2007 declaró la nulidad del Decreto 1019 de 2000 “Por
el cual se asigna el Tratamiento especial de Preservación del Sistema Orográfico y se incorpora la parte Suburbana del
predio denominado Montearroyo (Magallanes Alto), ubicada en Área Suburbana de Preservación del Sistema Orográfico en
la Localidad Número 01 de Usaquén”. Las razones esgrimidas fueron las siguientes: “En efecto, el artículo 188 titulado "Áreas
Suburbanas de Expansión", las define como aquellos terrenos rústicos que no tienen o que han perdido su vocación agrícola,
sobre los que existe gran presión para su utilización en usos urbanos determinada por la paulatina mejora de las condiciones
de accesibilidad, que requieren de un proceso inmediato ordenado de incorporación como áreas urbanas, y establece que
algunos terrenos situados dentro de estas áreas suburbanas de expansión no pueden o no deben llegar a ser aptos para su
definición en usos urbanos, tales como aquellos que constituyan RESERVAS FORESTALES, ambientales, ecológicas o
paisajísticas y los que presentan graves riesgos para la vida y la salud para los habitantes, por topografía escarpada.
A su turno. el artículo 193 ibidem titulado "Sectores del Territorio Situado dentro de las Áreas Suburbanas que no son
susceptibles de ser incorporadas a Áreas Urbanas" dispone que no podrá definirse el desarrollo en usos urbanos de aquellos
sectores de las áreas suburbanas en donde estén prohibidos los usos urbanos por la Ley o por los Acuerdos Distritales, o en
donde por excepción estén permitidos solo los usos agrícolas de la tierra, los usos mineros o la industria extractiva.
Ahora bien, se explica en el Decreto Distrital 1019 que la incorporación del predio Montearroyo (Magallanes Alto) como nueva
área urbana de la ciudad, otorgándole el desarrollo por urbanización y construcción, tuvo origen en un proceso de
concertación, en los términos establecidos en el Libro 3 Capítulos 7 y 8 del Acuerdo 6 de 1990, que culminó con el acta final
suscrita el 13 de junio de 2000 entre la Subdirectora de Expansión y Ordenamiento Regional del D.A.P.D y la apoderada de
los interesados.[…]En el anterior orden de ideas, no obstante que el Decreto Distrital censurado establezca que para su
aplicación, en cuanto a la posibilidad de desarrollo por urbanización y construcción del Predio Montearroyo (Magallanes Alto),
se hace necesaria su previa sustracción de la zona de reserva forestal, lo cierto es que esta exclusión debió preceder a tal
autorización vía la reglamentación de incorporación a nueva área urbana, puesto que de lo contrario, ello legalmente es
improcedente.[…]”.
41
Radicación: 25000-2324-000-2005-01257-02
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favorablemente para la ejecución de las obras previstas en los oficios
mencionados en el Artículo 4º, relacionados con las empresas de
servicios públicos y las que se deriven de las licencias de urbanismo que
se expidan.
Entretanto, sólo se autorizan los usos agrícolas del terreno, según el
artículo 185 del Acuerdo 6 de 1990”. (Negrilla fuera de texto)
148. A su vez, los propietarios del predio Magallanes interpusieron recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la resolución anterior;
impugnaciones que fueron desatadas oportunamente por la Curaduría Urbana 5 de
Bogotá, a través de la Resolución 05-5-0059 de 6 de mayo de 200545 y,
posteriormente, por el Subdirector Jurídico del Departamento Administrativo de
Planeación Distrital mediante la Resolución 0453 del 18 de julio de 200546, en el
sentido de confirmar la decisión recurrida.
149. Así las cosas, el supuesto que tuvo en cuenta la Sala Plena Contenciosa para
garantizar derechos adquiridos en la zona de reserva forestal fue el de la existencia
de licencias de construcción – o urbanismo- “válidamente expedidas al amparo de
la normatividad vigente”, o de “construcciones levantadas en virtud de dichas
licencias”, hipótesis que no se cumple en el presente caso, en tanto que en la misma
línea argumentativa del a quo, a través de la Resolución RES 05-5-0010 del 7 de
febrero de 2005, la Curaduría Urbana 5 de Bogotá D.C., negó la solicitud de
prórroga de la Licencia de Urbanismo CU5 - 0354 del 8 de noviembre de 2002, por
no haber cumplido el requisito relativo a la sustracción de la zona de la reserva
forestal, obligación que fue impuesta incluso desde la expedición del acto inicial que
otorgó la licencia de urbanismo.
150. Además de lo anterior, en el presente caso, se puede deducir que los actores
conocían que su predio se encontraba afectado por la declaratoria de la reserva
forestal realizada mediante el Acuerdo 30 de 1976.
151. Tan cierto es lo anterior, que los actores, por conducto de apoderado judicial
presentaron solicitud ante el Ministerio de Ambiente para el inicio del trámite de
sustracción del área de reserva forestal correspondiente al predio Magallanes Alto47.
152. Así las cosas, los actores no pueden alegar un derecho adquirido frente a la
Licencia de Urbanismo contenida en la Resolución CU5 - 0354 del 8 de noviembre
de 2002 de la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá D.C., máxime si se tiene en cuenta
que los actos administrativos que confieren permisos, licencias, autorizaciones y
similares como actos provisionales se encuentran subordinados al interés público y,
por lo tanto, a los cambios que se presenten en el ordenamiento jurídico respectivo
45
“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución E-05-5-10 del 7 de febrero de 2005
expedida por la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá D.C.” Anexos de la demanda.
46
“Por la cual se resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución E-05-5-10 del 7 de febrero de 2005
expedida por la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá D.C.”. Anexos de la demanda.
47
Folio 95 del cuaderno de anexos de la demanda.
42
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
como ocurre cuando se expiden nuevas regulaciones que modifican los usos del
suelo y que refieren al desarrollo urbanístico.
153. Por ende y por las razones expuestas, el motivo de alzada no prospera.
II.7.2. Falta de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial para expedir los actos demandados
154. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la cartera
ministerial de Ambiente, Vivienda y Desarrollo era competente para expedir ese acto
administrativo, conforme lo dispuso el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de 2010, MP: Rafael
E. Ostau de Lafont Pianeta.
155. Por su parte, los apelantes consideran que al concejo distrital le corresponde
ordenar el desarrollo de su territorio y, por lo tanto, definir los usos del suelo.
Especificaron que, para el caso en concreto, dicha facultad se ejerció a través del
Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado mediante el Decreto 619 de 2000,
revisado por el Decreto 469 de 2003 y compilados mediante el Decreto 190 de 2004
y sus decretos reglamentarios, de conformidad con el inciso 3° del artículo 61 de la
Ley 99 de 1993 y; los artículos 5, 7° (numeral 4°) y 8 de la Ley 388 de 1997.
156. En relación con el referido reproche que justifica la alzada, se debe señalar
que esta Sección, en sentencia de 28 de octubre de 201048, tuvo la oportunidad de
analizar idéntico argumento al aquí planteado, esto es, el relativo a definir si el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial tenía competencia para
expedir los actos acusados, encontrando que era “[…] clara, expresa e indiscutible
la competencia de esa cartera ministerial [Ministerio de Ambiente] para redelimitar
la Zona de Reserva Forestal Protectora, conocida como Bosque Oriental de Bogotá,
adoptar su zonificación, reglamentar los usos allí permitidos y establecer los
determinantes para su ordenamiento y administración”.
157. En este sentido, el referido fallo, luego de fincar su análisis en las disposiciones
que regulan la materia, en especial, el artículo 5 de la Ley 99 de 1993 – sobre las
funciones del Ministerio-, el artículo 2° del Decreto Ley 216 de 2003 49, la Ley 388
de 1997 y la Ley 812 de 200350, consideró lo siguiente:
“[…] Tal como se expresó en páginas anteriores, el cargo que formula el
actor contra el Decreto demandado se circunscribe a la presunta falta de
competencia del Ministerio del Medio Ambiente para proferir el acto
acusado.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta,
sentencia de 28 de octubre de 2010, radicado: 11001-03-24-000-2005-00262-01, actor: Wilson Alfonso Borja Diaz,
demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
49
“Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
y se dictan otras disposiciones”.
50
“Por la cual se estableció el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, "Hacia un Estado Comunitario”.
43
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
La Sala estima que dicho cargo no puede ser acogido, pues tal como lo
veremos enseguida, es clara, expresa e indiscutible la competencia de
esa cartera ministerial para redelimitar la Zona de Reserva Forestal
Protectora conocida como Bosque Oriental de Bogotá, adoptar su
zonificación, reglamentar los usos allí permitidos y establecer los
determinantes para su ordenamiento y administración.
[…] Aparte de lo anterior, la circunstancia de que el artículo 61 de la Ley
99 de 1993, haya declarado que los Cerros Orientales son de interés
ecológico nacional, permite inferir que las medidas relativas a su
zonificación o alinderación no pueden entenderse radicadas en
autoridades distintas de las del orden nacional y más concretamente en
el Ministerio del ramo, como autoridad jerárquica superior del Sistema
Nacional Ambiental.
Por contera y para confirmar el acierto de las conclusiones que anteceden,
resulta imperativo tener en cuenta que la Honorable Corte Constitucional,
en su sentencia C-649 del 3 de diciembre de 1997, antes mencionada,
dejó en claro que “…las zonas de reservas forestales que no formen
parte del sistema de parques naturales, sí pueden ser objeto de
sustracción por el Ministerio del Medio Ambiente.” afirmación que
viene a desvirtuar de manera rotunda las apreciaciones de la parte actora
[…]”. (Negrilla original y subrayado fuera de texto)
158. Por otro lado, esta Sección, en sentencia de 6 de noviembre de 2014 51, al
estudiar lo relativo a la competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial discurrió en el siguiente sentido:
“ […] No obstante la anterior motivación, el actor pierde de presente que
ésta no fue la única ni que por ella fue que la Administración expidió la
Resolución 0463 , sino que la expedición de este acto, tal y como lo
indicó la sentencia de los Cerros Orientales, fue producto de un
juicioso estudio en el que precisamente y consciente de la realidad
del uso que se le venía dando a la reserva forestal protectora, las
entidades ambientales observaron que se había cambiado el uso
inicialmente previsto debido al desarrollo de otras actividades
incluso ilegales como la minera, resultando ser imperiosa su
regulación.
Con fundamento en las anteriores consideraciones se tiene que se
equivoca el demandante al considerar que la Resolución 0463 de 2005,
permitió el cambio en la destinación del uso del suelo en la reserva forestal
protectora Bosque Oriental de Bogotá, por cuanto, al contrario, lo que
procuró fue frenar las inadecuadas destinaciones que se venían allí
haciendo, entre ellas la minería ilegal
[…] La Sala no acoge tampoco la anterior tacha de censura, pues la
legalidad de la Resolución 0463 de 2005 no se puede analizar
ligeramente desde la óptica de la expresión “redelimitar” como lo
hace el actor, sino que tiene que mirarse como la manifestación de
la preocupación de las autoridades ambientales de la época frente al
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Maria Claudia Rojas Lasso, sentencia de
6 de noviembre de 2014, radicación número: 11001-03-24-000-2006-00399-00.
44
Radicación: 25000-2324-000-2005-01257-02
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Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
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uso que se le estaba dando a la reserva forestal protectora, con el fin
plantear tres alternativas que el mismo acto señaló en su parte
considerativa a saber:
a. Redelimitar la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,
adoptando la zonificación y reglamentación de usos correspondiente.
b. Establecer para las áreas excluidas de la Reserva, medidas generales
de ordenamiento y manejo que sean compatibles con los objetivos del
Área de Reserva Forestal Protectora y cuya competencia según la Ley
388 de 1997 corresponde al Distrito Capital.
c. Establecer las determinantes de ordenamiento y manejo para la
consolidación del límite urbano en el costado occidental de la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, de tal manera que se
mitigue la presión de intervenciones en el área, las cuales deberán ser
incorporadas por el Distrito Capital en el Plan de Ordenamiento Territorial
y en su reglamentación de usos del suelo. […]” (Negrilla fuera de texto)
159. En tales condiciones, acertó el Tribunal al señalar que el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible) se encontraba facultado para redelimitar el Área de Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá declarada mediante la Resolución
076 de 1977 y adoptar la zonificación interna de la misma con miras a orientar su
uso y funcionamiento. Asimismo, es competente para establecer determinantes
para el ordenamiento y manejo del territorio que orientan al Distrito Capital y para la
reglamentación de los usos del suelo de las zonas excluidas de la reserva forestal.
160. Por las razones antes precitadas, el motivo de alzada no prospera.
161. Finalmente, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte vencida en
segunda instancia, pues su conducta no estuvo precedida de mala fe ni de la
intención de entorpecer el proceso y se enmarcó en los principios y obligaciones
que gobiernan la actividad judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de mayo de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, por
medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
45
Radicación: 25000-2324-000-2005-01257-02
Demandantes: Javier Orlando D´Achiardi Narváez y Otros
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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