Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 88001-23-33-000-2015-00040-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 88001-23-33-000-2015-00040-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 88001-23-33-000-2015-00040-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 88001-23-33-000-2015-00040-01
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: CONCESIÓN AEROPUERTO SAN ANDRÉS Y
PROVIDENCIA S.A. -CASYP- EN LIQUIDACIÓN
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA AL NO
DESVIRTUARSE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, COMOQUIERA QUE NO SE
ADVIERTE INCONGRUENCIA ENTRE LA IMPUTACIÓN EFECTUADA
EN LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y LA
DECISIÓN SANCIONATORIA, PUES ESTA CONSISTIÓ EN LA
VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 155, AL HABER
IMPLEMENTADO UNA PRÁCTICA, PROCEDIMIENTO O SISTEMA
TENDIENTE A LA FIJACIÓN DE UN PRECIO INEQUITATIVO PARA
EL CARGO NO REGULADO DEL FEE DE ACCESO A PISTA PARA
PROVEEDORES DE COMBUSTIBLE EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA DEL ARCHIPIÉLAGO
DE SAN ANDRÉS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la
CONCESIÓN AEROPUERTO SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A.
-CASYP- EN LIQUIDACIÓN1 contra la sentencia de 12 de abril de
2016, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina2, que denegó las pretensiones de la
demanda.
I.- ANTECEDENTES
1
En adelante CASYP.
2
En adelante Tribunal.
2
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Actora: CONCESIÓN AEROPUERTO SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. -CASYP- EN
LIQUIDACIÓN
I.1. CASYP, actuando a través de apoderado, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-,
presentó demanda tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª: Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
a) La Resolución núm. 76724 de 16 de diciembre de 2014,
“Por la cual se impone una sanción”, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual: i)
declaró que CASYP infringió el artículo 1º de la Ley 155 de 24 de
diciembre de 19593; ii) le impuso una multa por valor de
$6.160.000.000; iii) declaró que CASYP no actuó en contravención
de lo dispuesto en los numerales 1 y 7 del artículo 47 del Decreto
2153 de 30 de diciembre 19924; y iv) ordenó el cierre de la
investigación en relación con estos últimos cargos.
b) La Resolución núm. 8896 de 2 de marzo de 2015, “Por la cual
se resuelven unos recursos de reposición”, por medio de la cual se
modificó el artículo primero de la Resolución núm. 76724 de 2014,
3
“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas”.
4
“Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras
disposiciones”.
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3
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en el sentido de disminuir la sanción impuesta a $5.088.160.000 y se
confirmó en lo demás la referida disposición.
2ª: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título del
restablecimiento del derecho, se ordene a la SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO5 la devolución de $ 5.088.160.000,
pagados por CASYP en cumplimiento de las resoluciones demandadas,
con la correspondiente corrección monetaria calculada a la fecha en
que se realice el pago.
3ª: Se condene en costas a la entidad demandada.
I.2.- La actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los
siguientes hechos:
1º: Que el 7 de abril de 2006, mediante la Resolución núm. 01408,
el MINISTERIO DE TRANSPORTE – UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL -
AEROCIVIL-6 ordenó la apertura de la licitación pública núm.
5000103 de 2005, cuyo objeto era encargar a cuenta y riesgo del
concesionario, la administración, operación, explotación comercial,
inversión, modernización y mantenimiento de los aeropuertos
5
En adelante SIC.
6
En adelante AEROCIVIL.
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GUSTAVO ROJAS PINILLA del archipiélago de San Andrés y EL
EMBRUJO del municipio de Providencia y Santa Catalina.
2º: Que por medio de la Resolución núm. 05455 de 18 de diciembre
de 2006 y luego de haberse surtido el procedimiento
correspondiente, la AEROCIVIL adjudicó el contrato a CASYP.
4º: Que, como resultado de lo anterior, suscribió con la
AEROCIVIL, el 10 de enero de 2007, el contrato de concesión
núm. 7000002-OK, cuyo objeto era la administración, operación,
explotación comercial, inversión, modernización y mantenimiento de
cada uno de los aeropuertos GUSTAVO ROJAS PINILLA del
archipiélago de San Andrés y EL EMBRUJO del municipio de
Providencia y Santa Catalina, bajo el control y vigilancia de la
AEROCIVIL.
5º: Que el 1º de julio de 2007 suscribió un contrato de acceso a
pista con CHEVRON PETROLEUM COMPANY, para el aeropuerto
internacional GUSTAVO ROJAS PINILLA, en el que se acordó:
“[…] CLÁUSULA PRIMERA.- ОВЈЕТО: СASYP por el presente
documento otorga a CHEVRON, de forma exclusiva, el acceso a
pista de aviación para la realización del suministro, distribución y
venta de combustibles de aviación JET A-1 y AVGAS 100/130 de
origen nacional y/o internacional en el aeropuerto internacional
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Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, en cumplimiento de la
normatividad y protocolos vigentes que regulen su actividad. […]”7.
6º: Que la SIC mediante la Resolución núm. 44410 de 26 de agosto
de 2011, ordenó la apertura de la investigación en contra de ella y
CHEVRON PETROLEUM COMPANY, por la posible infracción de las
normas de protección de la competencia, en especial, los artículos
1º de la Ley 155 y 47, numerales 1 y 3, del Decreto 2153.
7º: Que a través de la Resolución núm. 76724 de 16 de
diciembre de 2014, la entidad demandada impuso sanción
económica a CASYP y a su representante legal, por valor de
$6.160.000.000 y $61.600.000, respectivamente, fundamentándose
en la infracción de las normas de protección a la competencia, en
especial, de los artículos 1º de la Ley 1558 y 4º, numeral 16, del
Decreto 21539.
Respecto de CHEVRON PETROLEUM COMPANY, declaró que no
actuó en contravención de lo dispuesto en los artículos 1° de la Ley
155 y 47, numerales 1 y 7, del Decreto 2153 y, en consecuencia,
ordenó el cierre de la investigación.
7
Folio 7 del cuaderno físico principal de primera instancia.
8
Frente a CASYP.
9
Para el caso de su representante legal EDUARDO BORDA SOTO.
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3º: Que, contra la mencionada decisión, tanto ella como su
representante legal interpusieron recurso de reposición siendo
resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, que, a
través de la Resolución núm. 8896 de 2 de marzo de 2015,
modificó las sanciones impuestas, entre ellas, reducir la sanción de
CASYP a $5.088.160.000 y confirmó los demás apartes de la
resolución sancionatoria.
I.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los
artículos 34 de la Constitución Política y 137 del CPACA.
En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:
I.3.1. Violación del derecho a la defensa y el principio de
contradicción
Precisó que en la Resolución núm. 44410 de 2011, por medio de la
cual se dio apertura a la investigación en su contra, inicialmente, la
SIC imputó un cargo muy específico pues, según la entidad, el
precio acordado entre ella y CHEVRON PETROLEUM COMPANY a
mediados de 2011 era muy superior al valor que históricamente se
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cobraba por el acceso a pista y, por ende, resultaba presuntamente
inequitativo.
Aclaró que, según lo determinado por la entidad demandada en la
mencionada resolución, las nuevas tarifas que ella cobraba eran
inequitativas si se comparaban con los valores que históricamente
se habían cobrado por ese servicio.
Adujo que en la Resolución núm. 76724 de 2014, acusada, la
SIC la sancionó por violación del artículo 1º de la Ley 155, porque,
a su juicio, el fee de acceso a pista inicialmente pactado a mediados
de 2011 era muy superior a los modelos financieros que sirvieron
de base para el proceso de contratación.
Que, adicionalmente, en dicha Resolución la SIC se abstuvo de
hacer una comparación histórica del fee de acceso a pista, para
determinar si el mismo era equitativo o inequitativo; y que debe
tenerse en cuenta que esa comparación histórica fue, precisamente,
el fundamento de la imputación de cargos dentro del procedimiento
administrativo.
Señaló que la mencionada Superintendencia la sancionó con base
en criterios nuevos, los cuales no fueron discutidos en la resolución
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de apertura de investigación y, por tal razón, no pudieron ser
controvertidos por ella.
Estimó que lo anterior, debió conducir al archivo de la
investigación; sin embargo, en el afán de la SIC por sancionarla,
comparó el fee de acceso a pista, ya no con los valores cobrados
históricamente, sino con los valores proyectados por el
concesionario antes del inicio de la concesión.
Indicó que planteó su defensa con base en la precisa acusación
formulada en la resolución de apertura de investigación, la cual
aseguraba que los precios acordados en 2011 eran inequitativos si
se comparaban con los valores cobrados históricamente por este
concepto; pero luego de haberse agotado todas las etapas del
procedimiento administrativo, la SIC modificó su imputación inicial
y la sancionó por pactar un fee de acceso a pista, que
presuntamente no reflejaba los valores previstos en las
proyecciones financieras de la concesión.
Que lo anterior implica que no pudo defenderse frente a los hechos
por los cuales fue sancionada; y que solo se enteró que la SIC la
había juzgado con base en las proyecciones financieras de la
concesión cuando la decisión sancionatoria ya había sido expedida.
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Agregó que la SIC también la sancionó porque, supuestamente, el
procedimiento de “subasta informal” utilizado para elegir al
contratista que suministraría combustible en el aeropuerto
internacional GUSTAVO ROJAS PINILLA del Archipiélago de San
Andrés, no fue un procedimiento transparente; sin embargo, en la
resolución de apertura de investigación no se hizo referencia alguna
a tal procedimiento utilizado para fijar el fee de acceso a pista
durante el año 2011, ni la relación entre este y la presunta
violación del artículo 1º de la Ley 155.
Expresó que el siguiente cuadro permite ver la absoluta
incongruencia, a su juicio, que se presenta entre la conducta
imputada en la resolución de apertura de investigación y la
conducta efectivamente sancionada por la SIC10:
10
Folios 28 y 29 del cuaderno físico principal de primera instancia.
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Alegó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del
Decreto 2153, los administrados sólo se vinculan al procedimiento
sancionatorio en materia de competencia, con la notificación de la
resolución de apertura de investigación; y que el objetivo de ese
tipo de resolución es que el investigado solicite o aporte las pruebas
que pretenda hacer valer, es decir, que pueda ejercer plenamente
sus derechos de contradicción y defensa.
Que de ahí la importancia de la resolución de apertura de
investigación, pues esta juega un papel fundamental en el
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procedimiento sancionatorio por violación al régimen de
competencia.
Indicó que la SIC violó sus derechos de audiencia y contradicción,
pues le notificó, inicialmente, que la investigaría por una conducta
determinada, pero, posteriormente, la terminó sancionando por
otras, sin antes permitirle pronunciarse o solicitar pruebas que le
permitieran desestimar estas acusaciones; y que el hecho de que
haya podido interponer un recurso de reposición en contra de la
decisión sancionatoria, no es garantía suficiente del debido proceso.
I.3.2. Falta de competencia
Explicó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del
CPACA, los actos administrativos pueden ser nulos, entre otras
cosas, por haber sido expedidos por funcionarios incompetentes.
Manifestó que la SIC decidió fijar, por su cuenta y sin explicar las
razones legales para ello, los parámetros que debía utilizar para
fijar nuevamente el fee de acceso a pista; y que la entidad también
fijó el precio que debía cobrar entre la ejecutoria del acto
sancionatorio y la re-determinación de dicho fee, estableciendo un
precio sin tener competencia alguna para ello.
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Hizo énfasis en que la SIC no tiene facultades regulatorias respecto
del sistema general de concesiones en Colombia, ni para modificar
unilateralmente los términos de un contrato estatal celebrado por
otra Entidad Estatal, como la AEROCIVIL; y que, al establecer
estos criterios, la Entidad violó gravemente el principio de legalidad.
Señaló que con la expedición de la Resolución núm. 76724 de
2014, acusada, la SIC excedió la competencia que le ha asignado
la Ley, toda vez que no existe alguna norma jurídica que faculte al
Superintendente de Industria y Comercio para regular, como lo hizo
en los actos acusados, los criterios que debe tener en cuenta un
concesionario aeroportuario en los casos en los que fija un cargo no
regulado.
Que tampoco existe norma alguna que faculte a dicha entidad para
fijar un precio que, por su naturaleza, debe ser determinado
libremente por los concesionarios; y que el hecho mismo de
tratarse de un cargo no regulado excluye cualquier forma de
intervención en su fijación.
I.3.3. Violación de la Ley
I.3.3.1 La pena es confiscatoria: violación del artículo 34 de la
Constitución Política
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Sostuvo que la sanción impuesta por la SIC es confiscatoria y, en
consecuencia, las resoluciones núms. 76724 de 2014 y 8896 de
2015, acusadas, deben ser anuladas.
Adujo que la SIC le impuso una multa definitiva por valor de
$5.088.160.000, a pesar de que su patrimonio líquido, según sus
estados financieros debidamente auditados con corte al 31 de
diciembre de 2014, es negativo en -$13.755.214.000.
Mencionó que la referida sanción fue arbitraria y desproporcionada.
I.3.3.2. Violación del derecho a la igualdad
Manifestó que la SIC se abstuvo de imputar cargos contra la
AEROCIVIL a pesar de que, como se demostró, a su juicio, varias
veces a lo largo de la actuación administrativa, dicha entidad tenía
funciones de vigilancia y control respecto del contrato de concesión
7000002-OK.
Sostuvo que la SIC ha reconocido que la AEROCIVIL recibió, sin
cuestionamiento alguno, el dinero proveniente del fee de acceso a
pista; y que no haber vinculado a la AEROCIVIL como parte en el
procedimiento administrativo sancionatorio, constituye, a su juicio,
una violación injustificada de su derecho a la igualdad y, por ende,
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una violación de la Ley que amerita la nulidad de los actos
administrativos acusados.
I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SIC, por medio de apoderado, contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones de la misma, en los siguientes términos:
Señaló que no le asiste razón a la demandante al afirmar que violó
el derecho de audiencia y defensa de CASYP, pues el argumento
según el cual existió una falta de congruencia entre la conducta
imputada y sancionada resulta ser un mero sofisma soportado en
un falso raciocinio que no está llamado a prosperar.
Alegó que, en la resolución de apertura de la investigación, le
imputó a CASYP la fijación del fee de acceso a pista sin cumplir con
las condiciones fijadas en el contrato de concesión y la Ley de
protección de la competencia; y que, en el mencionado acto,
expresó que:
"[...] de acuerdo con el numeral 1.7 del Apéndice E del
Contrato de Concesión No. 7000002 celebrado entre CASYP
(sic) y la Aeronáutica Civil, que se refiere a los ingresos no
regulados, tales como "Abastecimiento de Combustible a
Aeronaves", el concesionario podrá fijar la contraprestación
específica para los servicio (s) asociados a los ingresos no
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regulados, pero de acuerdo con las normas de libre mercado
[…]”.
Destacó que, aunado a lo anterior, le subrayó en la trascripción de
la cita del contrato de concesión (i.e. cláusula 1.7 del apéndice E),
lo relativo a la prohibición expresa de no ejecutar actos o acuerdos
contrarios a la libre competencia que prohíbe la Ley 155.
Que, en este sentido, la conducta que se le imputaba a CASYP,
como se lee de la resolución de apertura, se limitó a la fijación del
fee de acceso a pista inobservando las condiciones de mercado y
las normas de protección de la competencia -incluida cualquier
clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a
mantener o determinar precios inequitativos-.
Explicó que la materialización de la fijación de este fee se hizo a
través de la suscripción del Otrosí núm. 3 al contrato de acceso a
pista celebrado entre CASYP y CHEVRON PETROLEUM
COMPANY; y que de una simple revisión de la apertura de la
investigación se puede constatar que se establecieron claramente
los parámetros sobre los que se adelantaría la investigación.
Puntualizó que no puede pasarse por alto que al momento de abrir
una investigación ella no tiene plenamente demostrada la
responsabilidad de las personas jurídicas que se investigan; y que
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ese es el fin mismo que tiene la etapa investigativa en un trámite
por prácticas restrictivas de la competencia, como es el de tener
claridad sobre qué paso en una situación que presuntamente
constituye una violación a las normas de competencia.
Resaltó que aceptar que la SIC ya debe tener absolutamente clara
la ocurrencia de la conducta y todos sus pormenores, haría
innecesaria la investigación misma y obligaría a pretermitir la
oportunidad procesal de los investigados de dar un debate
probatorio frente a lo ocurrido, situación que de acontecer sí sería
violatoria de los derechos de defensa y contradicción.
Mencionó que por el hecho de relacionar unas conductas como
reprochadas en la apertura de la investigación, ello no implica que
en el transcurso de la investigación y de las pruebas válidamente
solicitadas, decretadas y practicadas surjan hechos adicionales que
también formen parte de los planteados inicialmente en la
imputación, pues precisamente la investigación administrativa tiene
como finalidad establecer si se ha incurrido en conductas que
generan prácticas comerciales restrictivas o, para el caso en
concreto, si CASYP actuó en contravención de lo dispuesto en los
artículos 1° de la Ley 155 y 47, numerales 1 y 7, del Decreto 2153.
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Que, en otras palabras, desconocer que en la actuación
administrativa puedan surgir hechos adicionales que también
formaban parte de los planteados inicialmente en la imputación, le
quitaría cualquier facultad de investigación a la entidad con el
pretexto de que por ello se está violando el derecho de defensa y
contradicción de un investigado; y que no se puede olvidar que de
esos elementos de juicio que surjan también se podrá determinar si
no se violó ninguna norma sobre prácticas restrictivas de la
competencia, lo que beneficiaría al investigado, pues ella adelanta
sus actuaciones bajo los principios de imparcialidad y objetividad.
Sostuvo que las pruebas que se practiquen en la investigación
pueden servir no solo para ahondar las razones que motivaron el
inicio de aquella, sino que también pueden evidenciar hechos
nuevos que estén relacionados con las supuestas normas violadas,
según lo señalado en el acto de apertura y que formen parte de la
conducta relacionado con los cargos formulados, sin que en ningún
momento ello implique que se termine sancionando por una
conducta diferente a la imputada inicialmente.
Adujo que la sanción a CASYP correspondió en todo momento con
la conducta imputada desde la apertura de la investigación, pues
mediante la Resolución núm. 44410 de 2011 abrió investigación y
formuló pliego de cargos para determinar si CASYP actuó en
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contravención de los dispuesto en los artículos 1º de la Ley 155 y
47, numerales 1 y 7, del del Decreto 2153; y que, en congruencia
con lo anterior, mediante la Resolución núm. 76724 de 2014,
acusada, se declaró responsable a CASYP por haber actuado en
contravención del artículo 1º de la Ley 155, al implementar una
práctica, procedimiento o sistema tendiente a la fijación de un
precio inequitativo para el cargo no regulado de fee de acceso a
pista en el aeropuerto internacional GUSTAVO ROJAS PINILLA
del Archipiélago de San Andrés.
Indicó que durante la etapa administrativa encontró que la equidad
del valor del fee no podía medirse con relación a la contraprestación
que generaba, sino que debía satisfacer las necesidades de
inversión de la concesión y el porcentaje de las mismas que se
proyectó que debía soportar; y que fue el propio EDUARDO
BORDA SOTO, representante legal de CASYP, quien afirmó en el
trámite que el acceso a pista no era un servicio sino un simple
derecho de acceso, lo que no elimina la anticompetitividad del
método utilizado para su fijación ni tampoco varía la imputación
realizada.
Puso de presente que tal posición era más beneficiosa para los
investigados, en cuanto les otorgaba mayor margen de justificación
del valor del fee, ya que los ingresos proyectados para soportar las
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inversiones de la concesión son mayores a los escasos costos que
representa el permiso de acceso a pista.
Que la equidad del precio se predica de la relación que este guarda
respecto a los costos y gastos que lo inspiran. Así, de haberse
hecho caso omiso a la naturaleza del sistema administrativo del
Aeropuerto, así como el fin para el cual se estableció este cargo, se
llegaría a que cualquier valor fijado para el fee pudo haber sido
inequitativo en la medida en que los costos y gastos que se
generan por permitir el ingreso del proveedor de combustible a
plataforma son cero ($0), y ya se encuentran cobijados por otros
cargos que se cobran.
Aseguró que fue muy clara en considerar en los actos
administrativos cuestionados que por no tener contraprestación
tangible, el fee de acceso a pista debía observarse desde las
inversiones que debía cubrir bajo el modelo de concesión, teniendo
en cuenta la carga que debía soportar de acuerdo con las
proyecciones con las que accedió el concesionario al contrato,
situación que es mucho más favorable para los administrados en la
medida que un valor alto del fee es más justificable porque debe
soportar las inversiones de la concesión, en su proporción
proyectada, y no simplemente atendiendo al degaste de plataforma
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que genera el ingreso de los vehículos del proveedor de
combustible.
Señaló que al estimar que el fee de acceso a pista no es un servicio
sino un simple derecho de acceso, no tiene por qué verse alterada
la estrategia de defensa de los investigados, pues si ellos hubieran
logrado justificar la equidad del valor del fee con relación a los
costos que generara permitir al proveedor de combustible acceder a
la rampa del aeropuerto -valor muy inferior al de los ingresos
esperados-, estaría plenamente demostrado que el fee atiende a las
inversiones de la concesión, ya que dichas erogaciones son
mayores a los gastos de mantenimiento de plataforma.
Que, por todo lo expuesto, fue que se advirtió que la imputación a
CASYP, por haber establecido un procedimiento tendiente a fijar un
precio inequitativo, fue suficientemente clara para ejercer el
derecho de defensa, y que la fuente de inequidad (desatender
condiciones de mercado para la fijación del fee) fue delineada
desde el principio.
Destacó que existió una oferta de TERPEL, por concepto de fee de
acceso a pista, de $900 pesos por galón; que dicha oferta obra a
folio 122 del cuaderno núm. 1 del expediente administrativo, y en
ella TERPEL propuso a CASYP pagarle "una tarifa por galón
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vendido de $900 por galón con incremento anual al inicio de casa
año del ipc”; oferta esta que fue inicialmente aceptada por CASYP,
pero no pudo concretarse en un contrato de acceso a pista; y que
en el procedimiento administrativo los investigados mostraron
discrepancia en que ella haya usado esa oferta de $900 pesos para
unas proyecciones económicas, cuando en el transcurso de la
negociación de ese contrato con TERPEL se llegó a ofrecer $1.000
pesos por galón, es decir, $100 pesos más del valor inicialmente
aceptado.
Que tal situación no modifica en ninguna medida el uso de los $900
pesos por galón dentro de la proyección económica mencionada, ya
que la misma se realizó para mostrar, con base en los galones
efectivamente vendidos, cuánto dinero adicional recibió CASYP por
concepto del fee de acceso a pista entre 2012 y 2014 respecto a lo
que habría recibido de haber firmado la oferta de $900 pesos
ofertado por TERPEL, no por el hecho de haber sido ese el valor
finalmente ofrecido por ese proveedor, sino porque al haber sido
aceptada esa oferta, permite concluir que ese valor le era suficiente
a CASYP para satisfacer las necesidades de la concesión.
Respecto a lo sostenido por la demandante al señalar que no existe
una norma que imponga a las concesiones aeroportuarias la fijación
de este tipo de cargos, y que por ello no podría exigírsele dicho
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requisito a CASYP, puntualizó que tal posición llevaría al absurdo
de afirmar que: i) la Ley no puede establecer prohibiciones, sino
que tiene que regular todas las conductas que le están permitidas a
un agente del mercado; ii) no es posible sancionar a un agente por
violar una prohibición legal, sino solo por no seguir una conducta
permitida; y iii) en caso de que la ley no establezca un patrón
específico de conducta para determinada situación (es decir, no
diga, en positivo, qué hacer) no sería posible imponer sanciones a
un investigado, a pesar de haber transgredido una prohibición legal.
Que tal interpretación llevaría, además, a la obligación de que la
Ley o reglamento establecieran todos los tipos de acuerdos
comerciales que están permitidos en concreto, de tal forma que, si
la Ley no ha previsto una actuación particular de parte del
investigado ante cierta situación, no será posible imponerle una
sanción, a pesar de que implique una violación a una prohibición.
Llamó la atención del hecho de que en la fijación del fee de acuerdo
con las proyecciones financieras, -debiéndose advertir que las
proyecciones de CORREVAL constituyen el modelo de negocio
propuesto por CASYP para la administración de los aeropuertos de
San Andrés y Providencia-, en ellas se atribuyó a los diferentes
ingresos que podía tener la concesión un valor que refleja la porción
de la operación concesionaria que se esperaba soportar con dicho
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cargo; y que en el caso del fee de acceso a pista, atendiendo a su
naturaleza ampliamente descrita en los actos administrativos
acusados, esa expectativa constituye un importante insumo para
determinar la equidad del precio que se fijó, pues no es posible
relacionarlo a los costos que genera.
Que, en todo caso, la aceptación de la oferta de $900 pesos por
parte de CASYP constituye un indicador de cómo con el ingreso
fijado en dicho tope era posible soportar la operación de la
concesión y sus inversiones respectivas.
Expresó que lo importante frente a las proyecciones financieras de
CORREVAL no era individualmente el precio que esperaban
imponer o la cantidad de galones que esperaban vender, sino el
ingreso que pretendían obtener debido a esas dos variables. En
otras palabras, no le sirve de nada a CASYP fijar el mismo valor del
fee empleado en los modelos de las proyecciones, si el volumen de
galones vendidos no le permite llegar a los ingresos que van a
soportar sus inversiones, ni tampoco vender la misma cantidad de
galones que esperaban vender si se fija un fee por galón menor al
proyectado. El fin de las proyecciones es obtener los ingresos
esperados para que puedan adelantar las inversiones pactadas.
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Que, en ese sentido, no es cierto que CASYP se haya apegado a
sus proyecciones en la fijación del fee de acceso a pista, pues sólo
en los 6 años estudiados en la resolución sancionatoria (2007 a
2012) CASYP recibió un 62,78% más ingresos de los esperados,
porcentaje que representa un mayor valor de ingresos por este
cargo de $4.622.595.000.
Resaltó que justificar la sobre explotación del fee de acceso a pista
y el uso de métodos para fijar precios inequitativos, permitiría el
uso indiscriminado de cargos no regulados en perjuicio de los
consumidores (aerolíneas) y consumidores finales (pasajeros); y
que todo adjudicatario de una concesión aeroportuaria corre riesgos
de tener mayores o menores utilidades y la existencia de cargos no
regulados como este fee no pueden ser utilizados de forma ilegal y
“explotativa” para sanear los menores ingresos.
Solicitó tener en cuenta que la naturaleza del fee de acceso a pista,
en virtud de su vinculación directa con la prestación del servicio
público de transporte aéreo, hace que cualquier práctica o
procedimiento tendiente a fijar un precio inequitativo sea
especialmente preocupante, en la medida que su valor debe
guardar relación con las inversiones que se deben realizar en virtud
del contrato y la utilidad esperada por el cobro del cargo; en otras
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palabras, la equidad del procedimiento y el cargo respecto al
motivo por el que se creó.
Que, frente a la falta de competencia alegada por la actora, la
cuestión jurídica a determinar es si la SIC tiene competencia para
declarar que un procedimiento o sistema para fijar un cargo no
regulado en una concesión aeroportuaria tiende a fijar precios
inequitativos y, por consiguiente, es ilegal. En caso de ser
afirmativa la respuesta, se deberá establecer si al momento de
concluir que dicho procedimiento tiende a fijar un precio
inequitativo, la SIC debe motivar las razones por las cuales se
desconocieron los criterios de mercado disponibles para fijar un
precio no inequitativo, e ilustrar sobre cuáles eran dichos criterios
de mercado.
Señaló que la respuesta a las dos cuestiones jurídicas anteriores es
afirmativa, conclusión obligatoria tanto de la lectura de las normas
de competencia como del contrato de concesión, pues los artículos
2º, numeral 1 del Decreto 2153; 3º, numeral 6, del Decreto 4886,
4º de la Ley 1340 de 24 de julio de 200911; y 1º de la Ley 1555,
disponen que:
11
“Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”
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i) la SIC debe velar por el cumplimiento de las normas sobre
protección de la competencia en Colombia;
ii) las normas sobre protección de la competencia aplican en todos
los mercados nacionales y respecto de todo aquel que desarrolle
una actividad económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo,
independientemente de su forma o naturaleza jurídica, sin que
estén exceptuados de dicha aplicación los consorcios o
concesionarios de aeropuertos; y
iii) dentro de las normas sobre protección de la competencia que le
corresponde aplicar a la SIC se encuentra la Ley 155, que en su
artículo 1o prohíbe toda clase de prácticas, procedimientos o
sistemas tendientes a mantener o determinar precios inequitativos,
sin que estén exceptuados de la aplicación de dicha norma la
fijación de cargos no regulados, ni tampoco los consorcios o
concesionarios aeroportuarios.
Destacó que actuó con plena competencia otorgada constitucional y
legalmente para sancionar la conducta que se le reprochó a CASYP
y realizar las prevenciones y advertencias a que había lugar, por
todas las razones expuestas y otras ampliamente desarrolladas en
los actos administrativos demandados.
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Arguyó que sin importar cuál es la destinación que tienen los
recursos obtenidos por medio de la ejecución de una práctica
restrictiva de la competencia, el origen de su obtención está
afectado por el incumplimiento de las disposiciones legales en
materia de protección de la competencia; y que la reinversión, el
reparto, cobertura de obligaciones, y cualquier otro fin para el cual
se hayan destinado los mayores ingresos percibidos por CASYP de
forma ilegal en razón del fee de acceso a pista, no limita su
capacidad sancionatoria de como autoridad de la libre competencia
en Colombia. En consecuencia, las utilidades consolidadas de la
concesión jamás y nunca pueden ser un límite para para la fijación
de la multa.
Expresó que no puede perderse de vista que los ingresos percibidos
por CASYP por el fee de acceso a pista de $1.200 pesos no tenían
como destino único el cumplimiento de las obligaciones de la
concesión; que fue el propio CASYP quien ofreció reducir el fee de
acceso a pista de $1.200 pesos a $480 pesos, lo cual muestra que
esos $480 pesos eran, como mucho, los necesarios para cumplir las
obligaciones del contrato y remunerar la concesión; y que ello
muestra que una sanción basada en la diferencia entre $480 pesos
por galón cobrado y $1.200 pesos no hubiese sido, de ninguna
manera, confiscatoria.
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Sostuvo que la sanción impuesta tuvo como base la diferencia
existente entre la oferta de $900 pesos que ya había aceptado
CASYP a TERPEL (lo que sugiere que también era suficiente para
cubrir las inversiones y remunerar la concesión), y los $1.200 pesos
efectivamente cobrados, más un incremento en la sanción de
carácter disuasorio, ya que la sanción no puede ser simplemente
retributiva.
Explicó que si bien es cierto que el patrimonio del investigado es un
criterio establecido en la Ley para la fijación de la multa, también lo
es que ello no implica que no pueda imponer multas superiores al
mismo, ya que a pesar de que se trata de un criterio de
dosificación, éste no puede ser una cláusula pétrea para la
autoridad administrativa pues, atendiendo a cada caso particular,
no puede premiarse a quienes aprovechándose de un patrimonio
menor, cometen faltas graves a la libre competencia.
Mencionó que las condiciones particulares entre la AEROCIVIL y
CASYP no soportan si quiera un somero test de igualdad, que
permita concluir que por lo menos debería dárseles un trato
paritario; y que en el caso concreto al no compartir las conductas
de CASYP y AEROCIVIL ningún elemento en común, distinto a la
circunstancia de que esta última recibía un porcentaje de los
ingresos brutos percibidos en virtud del contrato de concesión y que
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ejercía control y vigilancia en su condición de Entidad especializada,
de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte sobre el
mismo, mal puede exigirse bajo dichos supuestos un trato idéntico,
sino todo lo contrario, un trato enteramente diferenciado que
resulta justificado, lo cual es respetuoso del principio de igualdad.
Que, lo anterior, sin dejar de lado el hecho de que fue CASYP la
que implementó una práctica, procedimiento o sistema tendiente a
la fijación de un precio inequitativo para el cargo no regulado de fee
de acceso a pista para proveedores de combustible en
desconocimiento de lo dispuesto en la Ley 155.
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal mediante sentencia de 12 de abril de 2016 denegó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
II.1. Falta de competencia de la SIC
El a quo sostuvo que el artículo 6º de la Ley 1340, prevé que la SIC
es la autoridad nacional de protección de la competencia; y que
dentro de las atribuciones conferidas en los términos del numeral 1,
del artículo 2º, del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo
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3º de la Ley 1340, corresponde a dicha entidad: “[…] velar por la
observancia de las disposiciones sobre protección; atender las
reclamaciones o quejas por hechos que pudieren implicar su
contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para
alcanzar en particular los siguientes propósitos: la libre
participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los
consumidores y la eficiencia económica […]”.
Que el numeral 6 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, señala
que la SIC, tiene entre sus funciones, la de: “[…] vigilar el
cumplimiento de las disposiciones sobre protección de la
competencia desleal en todos los mercados nacionales, respecto de
todo aquel que desarrolle una actividad económica o afecte o pueda
afectar ese desarrollo, independientemente de su forma o
naturaleza jurídica […]”.
Que el artículo 4º de la Ley 1340 prevé que: “[…] la Ley 155 de
1959 del Decreto 2153 de 1992, la presente Ley y las demás
disposiciones que las modifiquen o adicionen, constituyen el
régimen general de la protección de la competencia, aplicables a
todos los sectores y todas las actividades económicas […]”.
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Adujo que con la entrada en vigor de la Ley 1340, la SIC es la única
autoridad de protección de la competencia en Colombia, salvo en
los casos expresamente exceptuados por la misma Ley.
Que, de conformidad con los previsto en los numerales 4 y 6 del
artículo 1° del Decreto 4886, en concordancia con el numeral 11 del
artículo 3º del mismo Decreto y el numeral 15 del artículo 4º del
Decreto 2153, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340, la SIC
está facultada para: i) imponer las sanciones pertinentes por
violación a cualquiera de las disposiciones sobre prácticas
comerciales restrictivas; ii) ordenar a los infractores la modificación
o terminación de las conductas; y iii) sancionar la inobservancia de
las instrucciones que imparta en desarrollo de sus funciones.
Estimó que, teniendo en cuenta las normas citadas en precedencia,
es evidente que la SIC sí era competente para dar inicio a la
investigación sancionatoria por la comisión de prácticas restrictivas
de la competencia y de imponer la correspondiente sanción, por lo
cual el cargo relativo a su incompetencia para expedir los actos
acusados no tenía vocación de prosperidad.
II.2. Violación del derecho de audiencia y de defensa
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Explicó que la posibilidad que tiene el funcionario investigador de
recaudar y analizar pruebas posteriores a la expedición de la
resolución de apertura de investigación lo que busca es esclarecer
las circunstancias de hecho y de derecho necesarias para
determinar si la conducta es contraria a la Ley.
Arguyó que la violación al derecho de defensa se presenta cuando
no se ha dado al investigado la oportunidad para alegar, plantear
sus argumentos frente a los hechos que se le imputan y para
solicitar o aportar las pruebas que pretenda hacer valer con el fin
de controvertir y desvirtuar los cargos formulados.
Estimó que en este caso se garantizó el derecho de audiencia y
contradicción en favor de la demandante, así como el de aportar
pruebas y el de cuestionar el monto inicial de la sanción, como
efectivamente aconteció al lograr su disminución, mediante el
recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución
sancionatoria.
Advirtió que CASYP no logró justificar la equidad del valor del fee
en relación con los costos que generaba permitir al proveedor de
combustible acceder a la rampa del aeropuerto, valor muy inferior
al de los ingresos esperados en el contrato de concesión, con lo que
estaría plenamente demostrado que el fee atiende a las inversiones
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de la concesión, ya que dichas erogaciones son mayores a los
gastos de mantenimiento de plataforma.
Expresó que la imputación efectuada a CASYP, por medio de la
resolución de apertura de investigación, en el sentido haber
establecido un procedimiento tendiente a fijar un precio
inequitativo, fue suficientemente clara para ejercer su derecho de
defensa; y que la fuente de inequidad (desatender condiciones de
mercado para la fijación del fee) fue delineada desde el principio.
Por lo anterior, declaró el cargo infundado.
II.3. Violación de la Ley
Precisó que, si bien es cierto que la contraprestación de los ingresos
percibidos por el “cargo no regulado” es completar las inversiones y
obras prometidas en el contrato de concesión, también lo es que
ello no puede convertirse en una autorización para que, por medio
de conductas restrictivas de la competencia, los concesionarios
aeroportuarios obtengan los recursos necesarios para cumplir con
los compromisos a los que se obligaron en el contrato de concesión.
Resaltó que independientemente de que los ingresos por concepto
de fee de acceso a pista se destinen a la financiación de la
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concesión, la sanción se debió a la obtención de sus mayores
ingresos en desarrollo de una práctica restrictiva de la
competencia; y que las utilidades consolidadas de la concesión
jamás y nunca pueden ser un límite para la fijación de la multa.
Agregó que, en consonancia con lo manifestado por la SIC en la
contestación de la demanda, se observa que los ingresos percibidos
por CASYP por el fee de acceso a pista de $1.200 pesos no tenían
como destino único el cumplimiento de las obligaciones de la
concesión; y que fue el propio CASYP quien ofreció reducir el fee
de acceso a pista de $1.200 pesos a $480 pesos, lo cual muestra
que esos $480 pesos eran los necesarios para cumplir las
obligaciones del contrato y remunerar la concesión.
Indicó que una sanción basada en la diferencia entre $480 pesos
por galón cobrado no hubiese sido de ninguna manera
confiscatoria; y que mucho menos lo puede ser una sanción que
tuvo como base la diferencia existente entre la oferta de $900
pesos que ya había aceptado CASYP a TERPEL (lo que sugiere que
también era suficiente para cubrir las inversiones y remunerar la
concesión), y los $1.200 pesos efectivamente cobrados, más un
incremento de carácter disuasorio, ya que la sanción no puede ser
simplemente retributiva.
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Que lo anterior demuestra que la multa fue proporcionada y
fundamentada probatoriamente y en nada se ve en ella una sanción
confiscatoria, a pesar de que sea alta frente al patrimonio de la
concesión; y que, por consiguiente, el monto fijado como multa no
es excesivo.
En relación con la presunta violación del principio de igualdad
alegado por la demandante, según el cual la SIC se abstuvo de
imputar cargos contra la AEROCIVIL a pesar de que dicha entidad
tenía funciones de vigilancia y control respecto del Contrato de
Concesión, sostuvo que si bien es cierto que la AEROCIVIL, según
el contrato de concesión, tenía la obligación de ejercer vigilancia y
control respecto del mismo, también lo es que tal circunstancia no
habilitaba a CASYP para actuar en contravención de lo dispuesto
en el artículo 1 de la Ley 155, en cuanto implementó una práctica,
procedimiento o sistema tendiente a la fijación de un precio
inequitativo para el cargo no regulado del fee de acceso a pista
para proveedores de combustibles en el aeropuerto internacional
GUSTAVO ROJAS PINILLA del Archipiélago de San Andrés.
Argumentó que, tal y como lo expuso la SIC en su contestación, no
existe la figura del tercero obligatorio; y que de conformidad con el
artículo 19 de la Ley 1340, modificado por el artículo 157 del
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Decreto 19 de 10 de enero de 201212, se publicó en la página web
de la entidad demandada un aviso para que las personas que
acreditaran un interés directo se hicieron parte en el procedimiento
administrativo.
Que, asimismo se citó a la AEROCIVIL para que se hiciera parte
dentro del trámite como tercero interesado. Sin embargo, la
AEROCIVIL, mediante comunicación con radicado núm. 11-
063694-131 de 22 de mayo de 2012, manifestó no tener ningún
interés directo en la investigación y, por consiguiente, la SIC no
consideró razonable su vinculación en calidad de tercero interesado.
Que el referido cargo tampoco tenía vocación de prosperidad.
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
La actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, acceder a las pretensiones contenidas en la demanda.
Para el efecto, fincó su inconformidad, en esencia, así:
III.1. Violación del derecho al debido proceso
12
“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.”
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Manifestó que el Tribunal no resolvió de fondo el cargo planteado
tanto en la demanda como en los alegatos de conclusión, en los que
puso de presente que los actos acusados fueron expedidos sin
garantizar sus derechos al debido proceso y a la defensa.
Señaló que el cargo que debía resolver el a quo consistió en que la
conducta imputada a ella no fue la misma por la cual fue
sancionada; y que esa incongruencia implicaba una violación al
debido proceso.
Expresó que en la demanda delimitó cuidadosamente ese cargo e
incluso presentó una tabla comparativa entre la imputación inicial y
la sanción impuesta por la SIC; y que el a quo no resolvió dicho
cargo en los términos planteados por ella.
Arguyó que nunca ha controvertido que con una investigación “[…]
lo que se busca es esclarecer las circunstancias de hecho y de
derecho necesarias para determinar si la conducta es contraria a la
Ley […]”, sino que lo que reprocha es que cuando la SIC advirtió
que la conducta imputada no era contraria a la Ley, decidió
sancionarlo por una conducta distinta, la cual no fue discutida a lo
largo de la investigación.
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LIQUIDACIÓN
Resaltó que, en la sentencia apelada, el a quo no se pronunció
frente a lo expuesto en la demanda relacionado con la diferencia
entre la imputación inicial y la sanción, específicamente, respecto
de la distinción entre la comparación histórica que justificó la
imputación de cargos y la comparación financiera que sirvió de
fundamento para la sanción.
Puso de presente que el Tribunal no hizo alusión a sus argumentos
relacionados con el procedimiento de “subasta informal”, la cual ni
siquiera fue mencionada en la resolución de apertura de
investigación por parte de la entidad demandada.
III.2. Falta de competencia
Adujo que el Tribunal no se pronunció frente al cargo de falta de
competencia formulado, pues a su juicio, no resolvió su argumento
relativo a que no existe una norma que faculte a la SIC para fijar
unilateralmente el precio que un concesionario debe cobrar por un
ingreso no regulado.
Destacó que no ha negado que la SIC sea la autoridad nacional en
materia de protección de la competencia ni tampoco ha cuestionado
el hecho de que la entidad demandada sea competente para
investigar y sancionar las prácticas restrictivas de la competencia.
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El reproche que se hizo en la demanda consistió en que, a pesar de
ser competente para investigar y sancionar a quienes incurran en
prácticas restrictivas, no existe una norma jurídica que faculte a la
SIC para determinar el monto que debe cobrarse en un contrato de
concesión por concepto de un ingreso no regulado.
Precisó que, a su juicio, para desestimar este cargo, el Tribunal
debió citar una norma jurídica que expresamente autorice a la SIC
para interferir en contratos estatales válidamente celebrados por
otras entidades.
III.3. La pena es confiscatoria: violación del artículo 34 de la
Constitución Política.
Alegó que sí demostró que la sanción impuesta en los actos
acusados resultaba confiscatoria e ilegal, toda vez que era muy
superior a su patrimonio líquido; y que en la sentencia de primer
grado el Tribunal no resolvió la controversia propuesta en relación
con ese carácter confiscatorio de la multa.
Insistió en que una sanción es confiscatoria cuando por medio de la
misma el Estado se apropia de todo o de una parte sustancial del
patrimonio de un particular; y que nada tiene que ver el hecho de
que la referida sanción pueda estar justificada en uno u otro
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razonamiento numérico y, mucho menos, cuando proviene de
comparar la tarifa ofrecida como garantía para el cierre de la
investigación, que fue determinada sobre las bases económicas que
suponían que la AEROCIVIL le garantizara al concesionario
condiciones equitativas para continuar con la ejecución del
contrato.
Señaló que el Tribunal le atribuyó al concepto de confiscación un
significado diferente al que legalmente corresponde, con lo cual le
negó el derecho del acceso a la justicia.
III.4. Violación al principio de igualdad
Sostuvo que el a quo no resolvió el cargo relacionado con que no
existía justificación para que la SIC la haya investigado y
sancionado sin haber vinculado a la AEROCIVIL; y que no refutó
los argumentos planteados por ella en la demanda.
Que, para negar la prosperidad de este cargo, el Tribunal debió
señalar las razones por las cuales este trato discriminatorio estaría
justificado; y que al no hacerlo la sentencia de primera instancia
dejó de resolver sobre este extremo de la litis y, en consecuencia,
debe ser revocada.
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IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1. En esta etapa procesal, la actora en su escrito de alegatos
insistió en los argumentos expuestos en el recurso de apelación, en
el sentido de que se revoque en la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, dado que
el Tribunal se abstuvo de pronunciarse de fondo respecto de la
totalidad de los cargos planteados en contra de las resoluciones
acusadas.
IV.2. La SIC adujo que los argumentos planteados por la actora en
su recurso de apelación deben ser despachados desfavorablemente.
En efecto, mencionó que la normatividad vigente establece límites a
la libertad económica del concesionario para la fijación del fee de
acceso a pista como cargo no regulado, prohibiendo el
establecimiento de sistemas o procedimientos tendientes a fijar un
precio inequitativo.
Que el hecho de que no exista regulación contractual para la
definición del valor del fee, no implica que la Ley no se aplique al
concesionario, de tal forma que tenga libertad absoluta para
determinar el monto de este tipo de cargos no regulados que
afectan la prestación del servicio.
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Resaltó que el hecho de que exista una cláusula general que
prohíbe las prácticas restrictivas de la competencia y la utilización
de mecanismos tendientes a fijar precios inequitativos, no implica
que cuando la autoridad encuentra que un actor en el mercado
incurrió en dicha violación esté estableciendo un nuevo tipo
sancionatorio o regulando una conducta no prohibida, bajo el
argumento de que la cláusula general no establece específicamente
la conducta contraria a la libre competencia. Tal interpretación
equivaldría a decir que no existe la cláusula general de competencia
que prohíbe las prácticas comerciales restrictivas y que la
prohibición prevista en el artículo 1o de la ley 155 es inexistente o
no rige, por el hecho de no especificar exactamente todos los casos
en los que dichas prácticas se pueden presentar.
IV.3. En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público guardó
silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 76724 de 16 de diciembre de 2014 y
8896 de 2 de marzo de 2015, expedidas por el Superintendente
de Industria y Comercio, por medio de las cuales se impuso a
CASYP una multa por valor de $6.160.000.000, la cual fue
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posteriormente modificada a $5.088.160.000, por infringir el artículo
1º de la Ley 155.
La anterior sanción pecuniaria fue impuesta como resultado de la
investigación administrativa adelantada contra la actora, su
representante legal y CHEVRON PETROLEUM COMPANY, al
comprobar que CASYP implementó una práctica, procedimiento o
sistema tendiente a la fijación de un precio inequitativo para el
cargo no regulado de fee de acceso a pista para proveedores de
combustible en el aeropuerto internacional GUSTAVO ROJAS
PINILLA del Archipiélago de San Andrés.
El Tribunal de primera instancia, en la sentencia apelada, denegó las
pretensiones de la demanda, al estimar que la imputación efectuada
a CASYP, por medio de la resolución de apertura de investigación,
en el sentido haber establecido un procedimiento tendiente a fijar
un precio inequitativo, fue suficientemente clara para ejercer su
derecho de defensa; y que la fuente de inequidad (desatender
condiciones de mercado para la fijación del fee) fue delineada
desde el principio.
Advirtió que CASYP no logró justificar la equidad del valor del fee
en relación con los costos que generaba permitir al proveedor de
combustible acceder a la rampa del aeropuerto, valor muy inferior
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al de los ingresos esperados en el contrato de concesión, con lo que
estaría plenamente demostrado que el fee atiende a las inversiones
de la concesión, ya que dichas erogaciones son mayores a los
gastos de mantenimiento de plataforma.
Estimó que en este caso se garantizó el derecho de audiencia y
contradicción en favor de la demandante, así como el de aportar
pruebas y el de cuestionar el monto inicial de la sanción, como
efectivamente aconteció al lograr su disminución, mediante el
recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución
sancionatoria.
Expresó que la SIC sí era competente para dar inicio a la
investigación sancionatoria por la comisión de prácticas restrictivas
de la competencia y de imponer la correspondiente sanción.
Indicó que una sanción basada en la diferencia entre $480 pesos
por galón cobrado no fue de ninguna manera confiscatoria; y que
mucho menos lo puede ser una sanción que tuvo como base la
diferencia existente entre la oferta de $900 pesos que ya había
aceptado CASYP a TERPEL (lo que sugiere que también era
suficiente para cubrir las inversiones y remunerar la concesión), y
los $1.200 pesos efectivamente cobrados, más un incremento de
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carácter disuasorio, ya que la sanción no puede ser simplemente
retributiva.
Por su parte, la actora, en su recurso de apelación, adujo que el a
quo no se pronunció frente a los cargos propuestos por ella en la
demanda y en sus alegatos de conclusión.
En efecto, sostuvo que no se resolvió lo argumentado con relación a
la diferencia existente entre la imputación inicial y la sanción,
específicamente, respecto de la distinción entre la comparación
histórica que justificó la imputación de cargos y la comparación
financiera que sirvió de fundamento para la multa impuesta.
Puso de presente que el Tribunal no hizo alusión a sus argumentos
relacionados con el procedimiento de “subasta informal”, la cual ni
siquiera fue mencionada en la resolución de apertura de
investigación y, por lo tanto, nunca tuvo la posibilidad de
defenderse frente a esa acusación.
Adujo que el a quo no se pronunció frente al cargo de falta de
competencia formulado, pues a su juicio, no consideró respecto de
su argumento relativo a que no existe una norma que faculte a la
SIC para fijar unilateralmente el precio que un concesionario debe
cobrar por un ingreso no regulado.
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Precisó que, a su juicio, para desestimar este cargo, el Tribunal
debió citar una norma jurídica que expresamente autorice a la SIC
para interferir en contratos estatales válidamente celebrados por
otras entidades.
Alegó que sí demostró que la sanción impuesta en los actos
acusados resultaba confiscatoria e ilegal, toda vez que era muy
superior a su patrimonio líquido; y que en la sentencia de primer
grado el Tribunal no resolvió la controversia propuesta en relación
con ese carácter confiscatorio de la multa.
Señaló que el Tribunal le atribuyó al concepto de confiscación un
significado diferente al que legalmente corresponde, con lo cual le
negó el derecho del acceso a la justicia.
Sostuvo que el a quo no resolvió el cargo relacionado con que no
existía justificación para que la SIC la haya investigado y
sancionado sin haber vinculado a la AEROCIVIL; y que no refutó
los argumentos planteados por ella en la demanda.
V.1.- Actos demandados
En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:
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.- Resolución núm. 76724 de 16 de diciembre de 2014,
expedida por el Superintendente de Industria y Comercio “Por la
cual se impone una sanción”13, en la que se resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: que la CONCESIÓN
AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. -
CASYP-, identificada con NIT. 900.127.236-2, violó la libre
competencia por haber actuado en contravención de lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, al
implementar una práctica, procedimiento o sistema tendiente a
la fijación de un precio inequitativo para el cargo no regulado
de fee de acceso a pista para proveedores de combustible en el
Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés,
en los términos establecidos en la parte considerativa de la
presente Resolución.
En consecuencia, IMPONER una multa a la CONCESIÓN
AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. -
CASYP-, identificada con NIT. 900.127.236-2, de DIEZ MIL
SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
(10.000 SMMLV), equivalentes a SEIS MIL CIENTO
SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($6.160.000.000.oo m/cte.).
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta
resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en
cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente
No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria
y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de
referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el
número del expediente y el número de la presente resolución.
El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta
Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta
resolución.
Vencido el término de pago aquí establecido se causarán
intereses moratorios a la tasa del 12% anual, liquidados por
días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su
contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la
Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se
efectúe dicha liquidación.
13
Folios 1 a 100 del cuaderno de pruebas núm. 1 del expediente de primera instancia.
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LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR que la CONCESIÓN
AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. -
CASYP-, identificada con NIT. 900.127.236-2, no actuó en
contravención de lo dispuesto en los numerales 1 y 7 del
artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, y como consecuencia
ORDENAR el cierre de la investigación en relación con estos
cargos.
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR que EDUARDO BORDA
SOTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.227.164,
actuó en contravención de lo dispuesto en el numeral 16 del
artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo
26 de la Ley 1340 de 2009 con relación de lo dispuesto en el
artículo 1 de la Ley 155 de 1959, al tolerar una práctica,
procedimiento o sistema tendiente a la fijación de un precio
inequitativo para el cargo no regulado de fee de acceso a pista
para proveedores de combustible en el Aeropuerto
Internacional Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, y ejecutar la
fijación de un precio inequitativo por el mismo concepto, en los
términos establecidos en la parte considerativa de la presente
Resolución.
En consecuencia, IMPONER una multa a EDUARDO BORDA
SOTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.227.164,
por valor de CIEN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES (100 SMMLV), equivalentes a
SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
MONEDA CORRIENTE ($61.600.000.00 m/cte).
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta
resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en
cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente
No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria
y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de
referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el
número del expediente y el número de la presente resolución.
El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta
Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta
resolución.
Vencido el término de pago aquí establecido se causarán
intereses moratorios a la tasa del 12% anual, liquidados por
días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su
contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la
Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se
efectúe dicha liquidación.
ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR que EDUARDO BORDA
SOTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.227.164, no
actuó en contravención de lo dispuesto en el numeral 16 del
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LIQUIDACIÓN
artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo
26 de la Ley 1340 de 2009 con relación de lo dispuesto en los
numerales 1 y 7 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992,
como consecuencia ORDENAR el cierre de la investigación en
relación a estos cargos que se le imputaron.
ARTÍCULO QUINTO: DECLARAR que CHEVRON PETROLEUM
COMPANY-CHEVRON-, identificada con NIT. 860.005.223-9, no
actuó en contravención de lo dispuesto en los numerales 1 y 7
del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 ni en el artículo 1 de
la Ley 155 de 1959, y como consecuencia ORDENAR el cierre
de la investigación en relación con todos los cargos que se le
imputaron.
[…]
ARTÍCULO SÉPTIMO: EXHORTAR a la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- para que
teniendo en cuenta la parte motiva de la presente Resolución,
explore la posibilidad de regular todos los cargos asociados
directamente a la prestación del servicio público de transporte
aéreo, incluidos los correspondientes al abastecimiento de
combustible, en todas las concesiones que celebre, modifique o
negocie a partir de la remisión de la presente Resolución.
ARTÍCULO OCTAVO: ORDENAR a la CONCESIÓN
AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. -
CASYP-, identificada con NIT. 900.127.236-2, la re-
determinación de su fee de acceso a pista siguiendo las
consideraciones señaladas en la parte motiva de esta
Resolución, una vez la misma se encuentre en firme. En el
interregno entre la firmeza de la presente Resolución y el
establecimiento del nuevo fee de acceso a pista, el
concesionario deberá cobrar el fee que se encontraba en
operación con anterioridad a la configuración de la conducta
anticompetitiva, es decir, el vigente con anterioridad al Otrosí
No. 3 al contrato de acceso a pista suscrito el 24 de diciembre
de 2010, esto es, el equivalente al uno por ciento (1%) de las
ventas mensuales de combustible de aviación en el Aeropuerto
Internacional Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés.
ARTÍCULO NOVENO: REMITIR copia de la presente
Resolución a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AERONÁUTICA CIVIL y a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA (ANI). […]”.
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.- Resolución núm. 8896 de 2 de marzo de 2015, expedida por
el Superintendente de Industria y Comercio, “Por la cual se deciden
unos recursos de reposición”, en la que se dispuso lo siguiente14:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: TENER como pruebas los
documentos aportados por EDUARDO BORDA SOTO en su
recurso de reposición contra la Resolución No. 76724 del 16 de
diciembre de 2014.
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el ARTÍCULO
PRIMERO de la Resolución No. 76724 del 16 de diciembre de
2014, en los siguientes términos:
"ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR que la CONCESIÓN
AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. -
CASYP-, identificada con NIT. 900.127.236- 2, violó la libre
competencia por haber actuado en contravención de lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, al
implementar una práctica, procedimiento о sistema tendiente a
la fijación de un precio inequitativo para el cargo no regulado
de fee de acceso a pista para proveedores de combustible en el
Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés,
en los términos establecidos en la parte considerativa de la
presente Resolución.
En consecuencia, IMPONER una multa a la CONCESIÓN
AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. -
CASYP-, identificada con NIT. 900.127.236-2. de ОСНО MIL
DOSCIENTOS SESENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES A 2014 (8.260 SMMLV de 2014),
equivalentes a CINCO MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES
CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($5.088'160.000.oo m/cte).
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta
resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en
cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente
No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria
y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de
referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el
número del expediente y el número de la presente resolución.
El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta
Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta
resolución.
14
Folios 101 a 121 del cuaderno de pruebas núm. 1 de primer instancia.
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LIQUIDACIÓN
Vencido el término de pago aquí establecido se causarán
intereses moratorios a la tasa del 12% anual, liquidados por
días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su
contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la
Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se
efectúe dicha liquidación.".
[…]
ARTÍCULO CUARTO: CONFIRMAR en todas las partes no
modificadas por los artículos precedentes, preceptuado la
Resolución No. 76724 del 16 de diciembre de 2014, atendiendo
a lo en la parte motiva de la presente Resolución. […]”.
V.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos planteados por la actora en su
recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si el
Tribunal abordó o no el análisis de los cargos de la demanda, en los
términos en que fueron formulados, esto es, si los actos acusados
se encontraban incursos en vicios relacionados con: i) la violación
del derecho al debido proceso; ii) la falta de competencia de la SIC;
iii) si la sanción impuesta resulta confiscatoria; y iv) si se violó el
principio de igualdad.
El alcance de la apelación y de los límites del
pronunciamiento de la Sala.
Previo a abordar el estudio de fondo de los cargos de apelación, la
Sala estima necesario precisar el alcance de la competencia
funcional del juez de segunda instancia.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 328 del Código
General del Proceso, aplicable a esta jurisdicción por remisión
expresa del artículo 306 del CPACA, la competencia del juez de
segunda instancia se encuentra delimitada por los reparos
concretos formulados por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio en los casos previstos por la
ley, lo cual, según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación,
garantiza los derechos de contradicción y defensa de las partes,
concreta el principio de congruencia y delimita el ámbito material
de la decisión del superior, de manera que este no puede extender
su examen a aspectos ajenos a la alzada ni desbordar el marco
fijado por los argumentos de inconformidad propuestos por la parte
recurrente.
Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver los cargos
formulados por la parte actora.
PRIMER CARGO: VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO.
Según la recurrente, el Tribunal no resolvió de fondo el cargo
planteado tanto en la demanda como en los alegatos de conclusión,
en los que puso de presente que los actos acusados fueron
expedidos sin garantizar sus derechos al debido proceso y a la
defensa.
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LIQUIDACIÓN
Señaló que el cargo que debía resolver el a quo consistió en que la
conducta imputada a ella no fue la misma por la cual fue
sancionada; y que esa incongruencia implicaba una violación al
debido proceso.
Expresó que en la demanda delimitó cuidadosamente ese cargo e
incluso presentó una tabla comparativa entre la imputación inicial y
la sanción impuesta por la SIC; y que el a quo no resolvió dicho
cargo en los términos planteados por ella.
Al respecto, cabe señalar en la providencia apelada el Tribunal, al
resolver el cargo planteado por la actora, relacionado con la falta de
congruencia entre la resolución de apertura de investigación y la
decisión sancionatoria, sostuvo lo siguiente15:
“[…] No comparte esta Sala la posición planteada por el
accionante, pues se debe tener en cuenta que con la
posibilidad que tiene el funcionario investigador de
recaudar y analizar pruebas posteriores a la apertura
de la investigación lo que se busca es esclarecer las
circunstancias de hecho y de derecho necesarias para
determinar si la conducta es contraria a la ley.
Es posible determinar que la SIC, al momento de la
apertura de una investigación pretenda establecer si
se ha incurrido en conductas que generen prácticas
comerciales restrictivas, en este caso si se actuó
contrario a la Ley 155 de 1959 la que en su artículo 1
establece:
[…]
15
Folios 225 y 226 del cuaderno físico de primera instancia.
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No se debe olvidar que la violación al derecho de defensa se
presenta cuando no se ha dado al investigado la oportunidad
para alegar, plantear sus argumentos frente a los hechos
que se le imputan, y para solicitar o aportar las pruebas que
pretenda hacer valer con el fin de controvertir y desvirtuar
los cargos formulados.
En este caso, las oportunidades se garantizaron y no
fueron vulnerados sus derechos, ya que las
actuaciones acusadas han mantenido desde el inicio
del proceso sancionatorio hasta la culminación de este
las garantías de audiencia y contradicción, así como el
respeto a el desarrollo probatorio requerido por la
parte demandante a punto que los recursos en sede
administrativa se han cumplido y también
reconsiderado el monto inicialmente impuesto a la
sanción objeto de reproche en sede judicial.
Finalmente encuentra la Sala como bien lo afirma la
SIC que CASYP no logró justificar la equidad del valor
del fee con relación a los costos que generaba permitir
al proveedor de combustible acceder a la rampa del
Aeropuerto, valor muy inferior al de los ingresos
esperados en el contrato de concesión, con lo que
estaría plenamente demostrado que el fee atiende a
las inversiones de la concesión, ya que dichas
erogaciones son mayores a los gastos de
mantenimiento de plataforma, igualmente se
consideró la imputación a CASYP por haber
establecido un procedimiento tendiente a fijar un
precio inequitativo, fue suficientemente clara para
ejercer el derecho de defensa, y que la fuente de
inequidad (desatender condiciones de mercado para la
fijación del fee) fue delineada desde el principio.
Por todo lo anterior el cargo formulado en este
acápite se declarará infundado al tratar de desdibujar
la existencia de un hilo conductor durante toda la
actuación llevada a cabo por la SIC. […]”. (Destacado
fuera de texto).
De la anterior transcripción, la Sala considera que el a quo sí
resolvió de fondo el cargo planteado por la actora en su escrito de
la demanda, en el que puso de presente que no existió vulneración
alguna a sus derechos, comoquiera que la imputación a CASYP por
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haber establecido un procedimiento tendiente a fijar un precio
inequitativo, fue suficientemente clara para ejercer el derecho de
defensa, y que la fuente de inequidad (desatender condiciones de
mercado para la fijación del fee) fue delineada desde el principio,
esto es, desde la resolución de la apertura de investigación.
Además, precisó que la posibilidad que tiene el funcionario
investigador de recaudar y analizar pruebas posteriores a la
apertura de la investigación lo que busca es esclarecer las
circunstancias de hecho y de derecho necesarias para determinar si
la conducta es contraria a la ley.
Sobre el particular, cabe señalar que, frente al principio de
congruencia en las actuaciones administrativas, esta Sección16 ha
señalado lo siguiente:
“[…] En primera medida, habrá de señalarse que el principio
congruencia se define como aquel que exige que la autoridad
que decida deberá hacerlo en consonancia con los hechos y las
pretensiones de la demanda. Por lo tanto, se vulnera cuando
los falladores ordenan por un objeto distinto al pretendido o
por una causa diferente a la invocada por los actores.
Frente a dicho principio, sentencia la Sala prohíja lo
manifestado en sentencia de 5 de diciembre de 2019, en la que
se señaló:
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de julio
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-2012-
00662-01.
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[...] [en la sentencia] (iii) el fallador no puede desbordar el
marco predeterminado por el contenido y las pretensiones a
partir de lo cual se fija el litigio.
Tales limitaciones encuentran fundamento, tanto en la referida
disposición constitucional como en la garantía de los derechos
constitucionales a la contradicción y a la defensa, en razón a
que las partes no pueden verse sorprendidas y perjudicadas
por la definición de asuntos que no hacen parte del objeto
sometido a la decisión del juez […]
De acuerdo con lo citado, el principio de congruencia busca
delimitar la competencia del fallador en aras de evitar que las
partes en un proceso sean sorprendidas con argumentos,
hechos o pruebas que no hubieran podido ser controvertidas
por ellas. En esa medida, el principio de congruencia busca
evitar la vulneración proceso.
En las actuaciones administrativas deberá también respetarse
el principio de congruencia, que para los procesos
sancionatorios deberá verse reflejado en una correspondencia
entre: i) los cargos imputados y el acto administrativo que
impone la sanción; y, ii) la sanción y los elementos fácticos y
jurídicos que la sustentan [...]”. (Subrayado fuera de texto).
De la revisión de la Resolución núm. 44410 de 26 de agosto de
2011 “por la cual se abre una investigación”, expedida por el
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, se
tiene que en la misma se estableció la imputación en los siguientes
términos17:
“[…] 8.1. La conducta que genera la inconformidad de los
denunciantes.
Tal como lo narran representantes de algunas aerolíneas que
en Colombia prestan sus servicios para atender las rutas-
destino islas de San Andrés y Providencia, el hecho que los
llevó a radicar sus quejas ante esta Superintendencia, fue la
decisión adoptada y puesta en marcha por Casyp y Chevron de
modificar el cargo de "acceso a pista" en porcentajes
17 Folios 465 a del cuaderno de pruebas núm. 2 de primera instancia.
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denominados por ellos "exorbitantes" o "desproporcionados", al
pasar de un valor de $59 pesos que se pagaba hasta el mes de
diciembre de 2010 a $1.200 pesos que rigen desde el 1° de
mayo de 2011.
El mencionado cargo de "acceso a pista o fee de acceso a
rampa", se cobra a las aerolíneas por cada galón de
combustible tanqueado en sus aeronaves que aterrizan o
levantan vuelo en la isla de San Andrés.
8.2. Actividades desarrolladas por CASYP y CHEVRON
En la medida que las denuncias se referían a conductas
adoptadas por estos dos agentes, resultó prioritario indagar
acerca del rol desempeñado por cada una de estas empresas
dentro del aeropuerto de San Andrés Islas, determinándose lo
siguiente:
CASYP.- o sociedad CONCESIÓN AEROPUERTO SAN ANDRÉS Y
PROVIDENCIA, es el concesionario para la administración,
operación, explotación comercial, inversión, modernización y
mantenimiento del aeropuerto internacional Gustavo Rojas
Pinilla de San Andrés y El Embrujo de Providencia.
CHEVRON- CHEVRON PETROLEUM COMPANY es la empresa de
distribución mayorista de combustibles que suministra los
combustibles de aviación (JET A-1 y lo AVGAS 100/130) en el
aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. Dichos
combustibles son requeridos por las aeronaves que cubren
rutas destino San Andrés y Providencia Islas.
[…]
c. Prohibición general
Conforme lo establecido en el artículo 1° de la Ley 155 de
1959: "[q]uedan prohibidos los acuerdos o convenios que
directa o indirectamente tengan por objeto limitar la
producción, abastecimiento, distribución o consumo de
materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales
o extranjeros, y en general, toda clase de prácticas,
procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre
competencia y a mantener o determinar precios
inequitativos". (Negrilla y subrayado fuera del texto).
En términos generales, se espera que los precios se definan en
el mercado en condiciones de libre competencia. No obstante,
existen situaciones que impiden que la libre interacción entre
oferentes y demandantes logren asignaciones eficientes en
términos económicos. Dichas situaciones pueden originarse por
la existencia de fallas de mercado.
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[…]
En el presente caso, una de las conductas que originaron la
investigación fue presunta determinación de precios
inequitativos por parte de CASYP S A por el servicio de acceso
a pista ofrecido al distribuidor mayorista de combustible del
aeropuerto de San Andrés Gustavo Rojas Pinilla. Si bien para
que se tipifique determinación de precios inequitativos, la ley
no exige la existencia de posición de dominio de la empresa o
empresas investigadas es importante señalar que, como se
indicó en el numeral 8 de la presente Resolución, la empresa
CASYP S.A. ostentaría posición dominante en los servicios
aeroportuarios de las islas de San Andrés y Providencia, pues
al ser el único concesionario de los aeropuertos de estas islas,
posee un poder de mercado que le da la posibilidad de
determinar, directa indirectamente, las condiciones del
mercado de los servicios que constituyen ingresos no
regulados; poder que se traduce en la capacidad de definir
cantidades, calidades y precios.
Adicionalmente, existen barreras a la entrada legales, dadas
por la duración del contrato de concesión cue le da al
Concesionario- CASYP S.A. el derecho de explotación exclusiva
por el termino de veinte años, y barreras a la entrada
económicas, tales como los costos nundidos (sic) y el
monopolio natural que surge sobre la infraestructura
aeroportuaria que impiden la entrada de otro competidor. La
presencia de las anteriores condiciones, permitirá
también analizar este caso, bajo la óptica de una
presunta determinación de precios inequitativos.
De acuerdo con el numeral 1.7 del Apéndice E del Contrato de
Concesión No. 7000002 celebrado entre CASYP y a Aeronáutica
Civil, que se refiere a los Ingresos No Regulados. tales como
"Abastecimiento de Combustible a Aeronaves" el concesionario
podrá fijar la contraprestación específica para los servicio(s)
asociados a los ingresos no regulados, pero de acuerdo con las
normas de libre mercado:
[…]
A pesar de los límites advertidos por la Entidad
concedente, el Concesionario CASYP al parecer decidió
omitir tal instrucción y negociar la tarifa para el caso del
"fea de acceso a pista" atendiendo supuestamente a
intereses particulares, y según se desprende de los
términos del Otrosí No. 3 al contrato celebrado con
Chevron, porque dicha negociación les favorecería a
ambos.
[…]
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Por lo anterior, en la presente actuación esta Delegatura
cuenta con elementos de juicio que sugieren la
determinación de precios inequitativos en el cargo de
acceso a pista en el aeropuerto de San Andrés, por la
empresa CASYP S.A. […]”. (Destacado fuera de texto).
Ahora bien, en la Resolución núm. 76724 de 16 de diciembre
de 2014, acusada, mediante la cual se impuso la sanción
administrativa, a CASYP, en su parte motiva se precisaron las
normas transgredidas por esta y asimismo realizó un análisis de la
responsabilidad, de la siguiente manera:
“[…] 13.10. Análisis de las conductas imputadas en la
Resolución de Apertura de Investigación
[…]
13.10.3. Presunta práctica, procedimiento o sistema
tendiente a fijar precios inequitativos
13.10.3.1. Consideraciones generales sobre el artículo 1
de la Ley 155 de 1959
[…]
Tal y como lo ha sostenido la SIC en varias oportunidades, el
artículo 1 de la Ley 155 de 1959 reprocha tres tipos de
conducta:
(i) los acuerdos o convenios que directa o indirectamente
tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento,
distribución o consumo de materias primas, productos,
mercancías o servicios nacionales o extranjeros;
(ii) toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas
tendientes a limitar la libre competencia; y
(iii) toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas
tendientes a mantener o determinar precios
inequitativos.
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En el presente caso, fue esta última conducta la que se
les imputó a los investigados en la apertura de
investigación y pliego de cargos.
[…]
Para esta Superintendencia, un concesionario aeroportuario
incurre en prácticas, procedimientos o sistemas
tendientes a fijar precios inequitativos cuando no
atiende a criterios económicos o financieros que
justifiquen el monto del cargo de cara a las inversiones
que requiere la concesión y a la remuneración esperada
del contrato. Es decir, el concesionario puede fijar el
precio de los cargos que no son servicios ni tampoco
tienen una contraprestación tangible para quien debe
soportarlos, pero deberá tener en cuenta para ello las
condiciones de libre mercado, tal y como se establece en
el contrato de concesión firmado por CASYP.
[…]
En este orden de ideas, cuando el concesionario
establece el precio que va a cobrar por un cargo no
regulado que no retribuye un servicio pero sí afecta
directamente la operación del transporte aéreo, y lo
hace sin sustento económico, desatendiendo el esquema
financiero de la concesión, superando con creces las
proyecciones económicas y financieras sobre el ingreso
no regulado que él mismo presentó ante las autoridades
públicas, e ignorando los ingresos que pretendía
recolectar por cada cargo, es claro que estará utilizando
prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a fijar
precios inequitativos, que es precisamente lo que
reprocha el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.
[…]
13.10.3.2. Análisis de las presuntas prácticas,
procedimientos o sistemas tendientes a fijar precios
inequitativos por parte de las investigadas
[…]
Ahora bien, de conformidad con la Apertura de Investigación,
la Delegatura imputó a CASYP y CHEVRON la determinación de
precios inequitativos en el cargo de acceso a pista, teniendo en
cuenta la posición de dominio de CASYP y el beneplácito de
CHEVRON. Adicionalmente, la Delegatura afirmó que el
concesionario omitió acatar en debida forma lo expresado en el
numeral 1.7 del Apéndice E del contrato de concesión, al fijar
el fee de acceso a pista sin seguir las normas de libre mercado.
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[…]
Teniendo en cuenta lo anterior, y las observaciones
presentadas por los investigados y terceros interesados sobre
la presunta violación del artículo 1 de la Ley 155 de 1959, este
Despacho plantea las siguientes preguntas tendientes a
resolver el problema jurídico planteado: puede un
concesionario utilizar cualquier mecanismo para fijar un cargo
no regulado que no retribuye un servicio pero sí afecta
directamente la operación del transporte aéreo (i.e. fee de
acceso a pista)? ¿Tiene límites el concesionario al fijar el precio
cobrado por un cargo no regulado? ¿La capacidad de fijar el
precio por un cargo no regulado no tiene ni siquiera en las
normas de libre competencia, un límite o un marco razonable
que controle el ejercicio de un poder unilateral de fijación
desmesurado?
[…]
Para la SIC, un concesionario no puede desatender las normas
de mercado y, por consiguiente, las proyecciones económicas y
financieras que rodean el contrato de concesión, al fijar el
precio que se debe pagar por el fee de acceso a pista, por las
siguientes razones:
Si bien el fee de acceso a pista es un cargo no regulado por el
contrato de concesión, su fijación atiende a una serie de
mandatos generales establecidos tanto en el contrato como en
las normas sobre protección de la libre competencia. Como
sustento de lo anterior, y teniendo en cuenta lo expuesto en la
presente resolución, el numeral 1.7 del Apéndice E del contrato
de concesión dispone que: "el Concesionario podrá fijarla [la
contraprestación] de acuerdo a las normas de libre comercio".
A párrafo siguiente continúa el contrato estableciendo que:
"[en todo caso el Concesionario no ejecutará ni permitirá que
se ejecuten por parte de los proveedores de los Servicios
Asociados a los Ingresos no Regulados prácticas, actos o
acuerdos que sean considerados restrictivos a la libre
competencia por la Ley 155 de 1959...]".
Por lo manifestado, si bien CASYP puede fijar directamente las
tarifas asociadas a ingresos no regulados, esta capacidad no es
arbitraria ni puede ser caprichosa, pues CASYP enfrenta
límites, tanto en el contrato de concesión como en las normas
de protección de la competencia que vinculan a todos los
agentes del mercado en Colombia.
[…]
Por lo anterior, la obligación de CASYP al fijar el fee de acceso
a pista comprendía un requisito principal: fijar los precios de tal
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forma que guarden relación con los costos que los inspiran, y
con las proyecciones financieras realizadas por el concesionario
respecto de la concesión y del cargo no regulado.
En el presente caso, dicho requisito se incumplió debido a que
CASYP: (i) no tuvo en cuenta factores comerciales o financieros
de la concesión para fijar el fee de acceso a pista; y (ii) no
utilizó un método transparente para fijar el fee de acceso a
pista, sino que implementó un esquema que, por su
naturaleza, derivaría en un alza injustificada del fee.
[…]
De los hechos que fueron probados durante la actuación
administrativa es claro que si bien CASYP tenía todo el derecho
de aumentar el fee de acceso a pista para cubrir sus
inversiones y hacer viable la concesión, el monto del
incremento fue absolutamente arbitrario, no tuvo ningún
sustento económico, desatendió toda proyección financiera que
respecto del cargo realizó el propio concesionario y,
adicionalmente desatendió ofertas ya aceptadas por él que
demostraban que el fee ofrecido era suficiente para operar las
concesión, remunerarla y realizar las inversiones necesarias.
En ningún momento del trámite CASYP presentó el sustento
económico y financiero que tuvo en cuenta para aumentar el
fee de acceso a pista y para fijarlo en $1.200 pesos por galón
vendido, cuestión que muestra la arbitrariedad del cargo
cobrado y la falta de un procedimiento que no fuera tendiente
a determinar precios inequitativos. Por el contrario, lo que
muestran las cifras que obran en el expediente, y basadas en
proyecciones financieras y económicas de CASYP, es que el
cobro del fee de acceso a pista de $1.200 pesos por galón es
absolutamente desproporcionado frente a lo que se esperaba
percibir con él.
[…]
13.10.4. Conclusión sobre las conductas
anticompetitivas
Teniendo en cuenta los motivos expuestos en numerales
anteriores, esta Superintendencia archivará la investigación
respecto a la existencia de acuerdos restrictivos de la
competencia para todos los investigados, y sancionará a
CASYP respecto al cargo formulado por el
establecimiento de un procedimiento tendiente a fijar
precios inequitativos para el fee de acceso a pista en el
Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla en la Isla
de San Andrés, archivando la investigación que sobre el
particular se abrió en contra de CHEVRON.
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13.11.1. Responsabilidad de CASYP
Teniendo en cuenta las consideraciones de hecho y de derecho
presentadas por esta Entidad, CASYP es responsable de
haber incurrido en la conducta descrita en el artículo 1o
de la Ley 155 de 1959, en los términos ya definidos en la
presente Resolución.
Como quedó demostrado a lo largo de la presente
investigación, al fijar el fee de acceso a pista, CASYP no
tuvo en cuenta las condiciones de mercado de la
concesión, en especial las proyecciones económicas y
financieras del cargo no regulado de fee de acceso a
pista y su participación dentro de todos los ingresos
regulados y no regulados de la concesión. Tan no tuvo
en cuenta el concesionario las condiciones económicas y
financieras de la concesión, que en un principio aceptó la
oferta presentada por TERPEL en $900 - aceptación que
por supuesto debía cubrir la remuneración de la
concesión y las inversiones, y después aumentó el fee a
$1.200 pesos por galón, sin consideración económica o
financiera alguna.
Así mismo, al fijar el fee de acceso diseñó un esquema
que además de no estar relacionado con condiciones
económicas o financieras, generaba incentivos
indiscriminados al alza, en la medida en que al ser dicho
fee por naturaleza trasladable al consumidor (en este
caso a las aerolíneas), los oferentes de la subasta
informal estarían dispuestos a incrementar sus precios
para obtener el derecho de suministrar combustible
hasta tanto se les indicara o se les diera a entender.
Debió ser el concesionario quien, de acuerdo con las
condiciones económicas y financieras de la concesión, y
utilizando criterios objetivos, fijara el fee de acceso a
pista que finalmente se debería pagar.
El no haber tenido en cuenta condiciones de mercado y,
por el contrario, haber utilizado sistemas arbitrarios
tendientes a fijar el precio del fee de acceso a pista,
hace que CASYP haya ejecutado prácticas,
procedimientos o sistemas tendientes a fijar precios
inequitativos en violación de lo dispuesto en el artículo 1
de la Ley 155 de 1959. […]”. (Destacado fuera de texto).
De lo señalado previamente, se evidencia que la SIC inició
investigación administrativa al estimar, entre otras, que la sociedad
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investigada habría participado en un sistema orientado a fijar
precios inequitativos por parte de CASYP por el servicio de acceso
a pista en el aeropuerto internacional GUSTAVO ROJAS PINILLA
del Archipiélago de San Andrés, circunstancia que llevó a la SIC a
concluir que la parte demandante pudo haber actuado en
contravención de lo previsto en el artículo 1º de la Ley 155.
En este contexto, las actuaciones atribuidas fueron consideradas
por la SIC como conductas susceptibles de investigación y sanción,
al quedar claramente delimitado desde el pliego de cargos y
posteriormente reproducido en la resolución sancionatoria, que
tales comportamientos se subsumían en la prohibición prevista en
el artículo 1º de la Ley 155, relativa a la prohibición de prácticas,
procedimientos o sistemas encaminados a restringir la libre
competencia o a mantener o determinar precios inequitativos.
De esta manera, el incumplimiento de la norma citada fue
entendido por la SIC como una infracción debidamente tipificada,
de modo que la imputación contenida en el pliego de cargos,
contrario a lo expuesto por el recurrente, sí guardó correspondencia
con la decisión sancionatoria adoptada sin que se evidencie la
vulneración de los derechos al debido proceso, de defensa y
contradicción, alegados por el recurrente.
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LIQUIDACIÓN
No obstante lo anterior, es del caso recordar que con posterioridad
a la apertura de investigación es posible que surjan pruebas o
elementos probatorios que permitan precisar las circunstancias de
hecho y de derecho de la conducta imputada, toda vez que en el
auto de apertura de investigación la conducta se imputa de manera
provisional y supeditada al material probatorio que se recaude
durante dicha etapa. Y solo es hasta el acto que resuelve la
actuación administrativa, -Fallo sancionatorio-, luego de practicadas
las pruebas, cuando la SIC determina o establece en forma precisa
la existencia de la conducta imputada, las circunstancias de hecho y
de derecho en que se realizó esa conducta, así como la
responsabilidad de los investigados.
Así lo sostuvo la Sección en la sentencia de 1º de diciembre de
202218, cuando al efecto, expresó:
“[…] no puede perderse de vista que con posterioridad a la
apertura de investigación es posible que surjan pruebas o
elementos probatorios que permitan precisar las
circunstancias de hecho y de derecho de la conducta
imputada, toda vez que en el auto de apertura de
investigación la conducta se imputa de manera provisional y
supeditada al material probatorio que se recaude durante
dicha etapa.
Ciertamente, en la Apertura de Investigación, la
Administración tiene por objeto esclarecer si la conducta
18Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1o. de
diciembre de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000-23-24-000-
2011-00170-01 (Acumulados). Reiterado en sentencia de 21 de mayo de 2026. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1o. de diciembre de 2022, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000-23-41-000-2018-00871-01.
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LIQUIDACIÓN
tuvo lugar, las circunstancias de hecho y de derecho en que
se dio la misma, quiénes son responsables de tal
comportamiento y recaudar las pruebas o la evidencia,
relacionada con los cargos o conducta imputada, que le
permita tener elementos de juicio para determinar la
existencia o no de ella y, por ende, para decidir imponer o
no la sanción, y solo es hasta el acto que resuelve la
actuación administrativa, -Fallo sancionatorio-, luego de
practicadas las pruebas, cuando la Superintendencia de
Industria y Comercio determina o establece en forma
precisa la existencia de la conducta imputada, las
circunstancias de hecho y de derecho en que se realizó esa
conducta, así como la responsabilidad de los investigados.
A este respecto, es del caso reiterar lo señalado por esta
Sección en la citada sentencia de 3 de diciembre de 2020,
en la que se puntualizó lo siguiente:
“[…] Dicha apertura, sin embargo, no es el escenario para
establecer de manera rígida y exhaustiva todos los hechos
que deban ser analizados por la entidad para determinar la
existencia de una conducta anticompetitiva. Serán los
elementos recaudados durante la investigación los
que permitan a la entidad establecer los hechos que
deban ser analizados para determinar la existencia o
no de la conducta. […]” (Destacado fuera de texto). […]”.
Ahora, cabe señalar que los argumentos del apelante, según los
cuales: i) en el acto sancionatorio comparó el fee de acceso a pista,
ya no con los valores cobrados históricamente, como lo hizo en la
resolución de apertura de investigación, sino con los valores
proyectados por el concesionario antes del inicio de la concesión; y
ii) que no se hizo referencia al procedimiento de “subasta informal”
en la apertura de la investigación, no tienen vocación de
prosperidad, por cuanto, se insiste, los actos de apertura no
constituyen un marco inmodificable o exhaustivo de la
investigación, sino que delimitan la conducta objeto de indagación,
dentro de la cual la administración puede precisar sus contornos a
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Actora: CONCESIÓN AEROPUERTO SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. -CASYP- EN
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partir del acervo probatorio recaudado, siempre que se mantenga la
identidad sustancial de la imputación.
Ciertamente, la Sala considera que en la apertura de investigación,
la administración tiene por objeto esclarecer si la conducta tuvo
lugar, las circunstancias de hecho y de derecho en que se dio la
misma, quiénes son responsables de tal comportamiento y recaudar
las pruebas o la evidencia, relacionada con los cargos o conducta
imputada, que le permita tener elementos de juicio para determinar
la existencia o no de ella y, por ende, para decidir imponer o no la
sanción, y solo es hasta el acto que resuelve la actuación
administrativa, -Fallo sancionatorio-, luego de practicadas las
pruebas, cuando la SIC determina o establece en forma precisa la
existencia de la conducta imputada, las circunstancias de hecho y
de derecho en que se realizó esa conducta, así como la
responsabilidad de los investigados19.
En ese sentido, las precisiones efectuadas en la resolución
sancionatoria, en cuanto a los valores a comparar del fee de acceso
a pista y el procedimiento de “subasta informal” utilizado para
elegir al contratista que suministraría combustible en el aeropuerto
19
Ver sentencias de y 1o de diciembre de 2022 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación
20110017001) y 3 de julio de 2026 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro, núm. único de radicación 2011-00203-01).
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internacional GUSTAVO ROJAS PINILLA del Archipiélago de San
Andrés, no implicaron la introducción de unos hechos nuevos, sino
que correspondieron al desarrollo y concreción de la conducta
inicialmente investigada, referida en todo caso a implementar una
práctica, procedimiento o sistema tendiente a la fijación de un
precio inequitativo para el cargo no regulado del fee de acceso a
pista para proveedores de combustible en el aeropuerto
internacional GUSTAVO ROJAS PINILLA del Archipiélago de San
Andrés.
Al respecto, resulta conveniente traer a colación la sentencia de 3
de julio de 202620, en la que la Sala al resolver un cargo similar al
aquí planteado, en cuanto a la presunta incongruencia que se
presenta entre la resolución de apertura de investigación y la
decisión sancionatoria, consideró lo siguiente:
“[…] Bajo esa perspectiva, tampoco es de recibo el
argumento de la demandante según el cual existió una
modificación sustancial de la imputación por el solo hecho de
que en la resolución de apertura se hiciera referencia a un
pago fijo equivalente a 58 kilos de azúcar por tonelada de
caña, mientras que en la decisión sancionatoria se precisara
que el acuerdo comprendía la fijación de un valor máximo de
58 kilos o del 50% del rendimiento en los contratos de
compraventa, así como un límite de 25 kilos en los contratos
de cuentas en participación. Ello por cuanto los actos de
apertura no constituyen un marco inmodificable o
exhaustivo de la investigación, sino que delimitan la
conducta objeto de indagación, dentro de la cual la
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Carlos Fernardo
Mantilla Navarro, núm. único de radicación 2011-00203-01.
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administración puede precisar sus contornos a partir
del acervo probatorio recaudado, siempre que se
mantenga la identidad sustancial de la imputación.
En ese sentido, la precisión efectuada en la resolución
sancionatoria, en cuanto a las modalidades concretas
del esquema de remuneración concertado, no implicó
la introducción de un hecho nuevo, sino el desarrollo y
concreción de la conducta inicialmente investigada,
referida en todo caso a la existencia de un acuerdo de
precios en el mercado de adquisición de caña. […]”.
(Destacado fuera de texto).
En sentido similar, recientemente esta Sección precisó que21:
“[…] Bajo esa perspectiva, tampoco es de recibo el
argumento de la demandante según el cual existió una
modificación sustancial de la imputación por el solo hecho de
que en la resolución de apertura se hiciera referencia a un
pago fijo equivalente a 58 kilos de azúcar por tonelada de
caña, mientras que en la decisión sancionatoria se precisara
que el acuerdo comprendía la fijación de un valor máximo de
58 kilos o del 50% del rendimiento en los contratos de
compraventa, así como un límite de 25 kilos en los contratos
de cuentas en participación. Ello por cuanto los actos de
apertura no constituyen un marco inmodificable o
exhaustivo de la investigación, sino que delimitan la
conducta objeto de indagación, dentro de la cual la
administración puede precisar sus contornos a partir
del acervo probatorio recaudado, siempre que se
mantenga la identidad sustancial de la imputación.
En ese sentido, la precisión efectuada en la resolución
sancionatoria, en cuanto a las modalidades concretas
del esquema de remuneración concertado, no implicó
la introducción de un hecho nuevo, sino el desarrollo y
concreción de la conducta inicialmente investigada,
referida en todo caso a la existencia de un acuerdo de
precios en el mercado de adquisición de caña. […]”.
(Destacado fuera de texto).
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de
febrero de 2026, C.P.: Pablo Andrés Córdoba Acosta, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2012
00763 02.
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Y dicha postura fue reiterada por la Sala, cuando señaló: “[…] una
vez agotada la etapa probatoria [la autoridad demandada] podía
hacer referencia a nuevos hechos probados que guardan relación
con la imputación inicial, sin que ello implique una violación del
principio de congruencia y coherencia que debe existir entre el auto
de apertura y la sanción […]22”.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala considera que existió
plena correspondencia o congruencia entre los cargos formulados
en la Resolución núm. 44410 de 26 de agosto de 2011, “Por la cual
se abre una investigación”, y la conducta objeto de la Resolución
núm. 76724 de 16 de diciembre de 2014, acusada, “Por la cual
se impone una sanción”, tal y como lo concluyó el a quo en la
sentencia de primer grado.
De acuerdo con lo antes expresado, este motivo de apelación no
está llamado a prosperar.
SEGUNDO CARGO: FALTA DE COMPETENCIA.
La apelante afirmó que el Tribunal no se pronunció frente al cargo
de falta de competencia formulado, pues, a su juicio, no resolvió su
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2026, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación: 25000-23-41-000-
2013-00414-01.
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argumento relativo a que no existe una norma que faculte a la SIC
para fijar unilateralmente el precio que un concesionario debe
cobrar por un ingreso no regulado.
Destacó que no ha negado que la SIC sea la autoridad nacional en
materia de protección de la competencia ni tampoco ha cuestionado
el hecho de que la entidad demandada sea competente para
investigar y sancionar las prácticas restrictivas de la competencia.
El reproche que se hizo en la demanda consistió en que, a pesar de
ser competente para investigar y sancionar a quienes incurran en
prácticas restrictivas, no existe una norma jurídica que faculte a la
SIC para determinar el monto que debe cobrarse en un contrato de
concesión por concepto de un ingreso no regulado.
Precisó que, a su juicio, para desestimar este cargo, el Tribunal
debió citar una norma jurídica que expresamente autorice a la SIC
para interferir en contratos estatales válidamente celebrados por
otras entidades.
Sobre este particular, el a quo en la sentencia recurrida, estimó lo
siguiente:
“[…] De acuerdo con lo anterior, es claro que a partir de
la entrada en vigencia de la Ley 1340 de 2009, la SIC
es la autoridad única de protección de la competencia
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en Colombia, salvo en los casos expresamente exceptuados
por la misma Ley.
De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 6
del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, en concordancia
con el numeral 11 del artículo 3 del mismo Decreto, y el
numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992,
modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, la SIC
está facultada para imponer las sanciones pertinentes por
violación a cualquiera de las disposiciones sobre prácticas
comerciales restrictivas; ordenar a los infractores la
modificación o terminación de las conductas; y
sancionar la inobservancia de las instrucciones que imparta
en desarrollo de sus funciones.
Teniendo en cuenta las normas previamente descritas, para
la Sala es claro que la SIC es competente para dar inicio a la
investigación y su posterior sanción, por lo cual, el
señalamiento tendiente a desvirtuar la competencia de la
SIC para la expedición de los actos aquí demandados, no
tiene vocación de prosperidad […]”. (Destacado fuera de
texto).
De lo expuesto en precedencia, la Sala destaca que, contrario a lo
afirmado por la actora, el a quo sí resolvió el cargo relativo a la
presunta falta de competencia de la SIC, por las razones que se
pasan a explicar:
El Tribunal al abordar el estudio del cargo de falta de competencia,
examinó el marco constitucional y legal de las atribuciones con que
cuenta la SIC, para lo cual trajo a colación las siguientes normas:
i) El artículo 6º de la Ley 1340, el cual prevé que la
Superintendencia es la autoridad Nacional de Protección de la
Competencia:
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“[…] ARTÍCULO 6°. Autoridad Nacional de Protección
de la Competencia. La Superintendencia de Industria y
Comercio conocerá en forma privativa de las investigaciones
administrativas, impondrá las multas y adoptará las demás
decisiones administrativas por infracción a las disposiciones
sobre protección de la competencia, así como en relación
con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las
disposiciones sobre competencia desleal. […]”.
ii) El artículo 2º, el numeral 1, del Decreto 2153, que señala las
funciones a ella conferidas por la Ley, entre otras, la de velar por la
observancia de las disposiciones sobre protección de la
competencia:
“[…] ARTÍCULO 2º. FUNCIONES. La Superintendencia de
Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:
[…]
2. Imponer las sanciones pertinentes por violación de las
normas sobre prácticas comerciales restrictivas y promoción
de la competencia, así como por la inobservancia de las
instrucciones que, en desarrollo de sus funciones imparta la
Superintendencia. […]”.
iii) El artículo 3º, numeral 6, del Decreto 4886 de 23 de diciembre
de 201123, que dispone las atribuciones del Superintendente de
Industria y Comercio, entre las cuales se encuentra la de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones sobre protección de la
competencia y competencia desleal en todos los mercados
nacionales, respecto de todo aquel que desarrolle una actividad
23
“Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se
determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.”
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económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo,
independientemente de su forma o naturaleza jurídica:
“[…] ARTÍCULO 3°. Funciones del Despacho del
Superintendente de Industria y Comercio. Son
funciones del Despacho del Superintendente de Industria y
Comercio:
[…]
6. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre
protección de la competencia y competencia desleal en todos
los mercados nacionales, respecto de todo aquel que
desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar
ese desarrollo, independientemente de su forma o
naturaleza jurídica. […]”.
iv) El artículo 4º de la Ley 1340, que prevé que la Ley 155, el
Decreto 2153 y las demás normas que las modifiquen o adicionen,
constituyen el régimen general de protección de la competencia,
aplicables a todos los sectores y todas las actividades económicas.
“[…] ARTÍCULO 4°. Normatividad aplicable. La Ley 155
de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la presente ley y las
demás disposiciones que las modifiquen o adicionen,
constituyen el régimen general de protección de la
competencia, aplicables a todos los sectores y todas las
actividades económicas. En caso que existan normas
particulares para algunos sectores o actividades, estas
prevalecerán exclusivamente en el tema específico. […]”.
Según lo determinó el a quo, a partir de la entrada en vigor de la
Ley 1340, la SIC es la autoridad única de protección de la
competencia en Colombia.
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También resaltó que, de conformidad con lo establecido las normas
anteriormente transcritas, la SIC sí está facultada para imponer las
sanciones pertinentes por violación a cualquiera de las disposiciones
sobre prácticas comerciales restrictivas; ordenar a los infractores
la modificación o terminación de las conductas; y sancionar la
inobservancia de las instrucciones que imparta en desarrollo de sus
funciones.
Sobre este particular, la Sala destaca que si bien es cierto que el a
quo no explicó específicamente por qué la entidad demandada
estaba facultada para haber expedido la orden prevista en el
artículo octavo de la decisión sancionatoria, también lo es que lo allí
ordenado configuraba el desarrollo de esa función de poder dar
órdenes para modificar o terminar la conducta anticompetitiva,
objeto de sanción y, en ese sentido, retrotraer la conducta al
momento anterior a la infracción.
En efecto, la orden prevista en el artículo octavo de la Resolución
núm. 76724 de 2014, acusada, consistió en:
“[…] ORDENAR a la CONCESIÓN AEROPUERTO DE SAN
ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. -CASYP-, identificada con
NIT. 900.127.236-2, la re-determinación de su fee de acceso
a pista siguiendo las consideraciones señaladas en la parte
motiva de esta Resolución, una vez la misma se encuentre
en firme. En el interregno entre la firmeza de la presente
Resolución y el establecimiento del nuevo fee de acceso a
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pista, el concesionario deberá cobrar el fee que se
encontraba en operación con anterioridad a la configuración
de la conducta anticompetitiva, es decir, el vigente con
anterioridad al Otrosí No. 3 al contrato de acceso a pista
suscrito el 24 de diciembre de 2010, esto es, el equivalente
al uno por ciento (1%) de las ventas mensuales de
combustible de aviación en el Aeropuerto Internacional
Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. […]”.
Por consiguiente, teniendo en cuenta que lo ordenado en el artículo
octavo de la decisión sancionatoria no se refiere a nada distinto a
una orden para la cesación de la conducta anticompetitiva, esta es
un desarrollo de esa facultad que habilita a la SIC para ordenar la
modificación o terminación de las conductas consideradas
violatorias de las disposiciones sobre prácticas comerciales
restrictivas.
Así las cosas y contrario a lo afirmado por la recurrente, la Sala
considera que el artículo octavo de la parte resolutiva de la
Resolución núm. 76724 de 2014, acusada, de la SIC no fijó de
forma unilateral, el precio que un concesionario debe cobrar por un
ingreso no regulado, pues como lo alegó acertadamente la
demandada en la contestación de la demanda, simplemente
representa el cumplimiento del deber legal de ordenar al infractor la
remoción de los efectos causados con su conducta anticompetitiva,
lo cual es una consecuencia natural de haber declarado la
configuración de una práctica restrictiva de la competencia pues,
mal haría la entidad demandada en señalar que un precio se fijó de
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manera inequitativa y no ordenar a las partes retrotraer su
conducta al momento anterior a la infracción e inclusive la
redefinición del precio utilizando los mecanismos previstos para
ello.
En otras palabras, la Sala considera que la SIC sí está facultada24
para ordenar el cese de los efectos causados con la conducta
anticompetitiva, su modificación o terminación e impartir las
instrucciones que deban tenerse en cuenta al momento de fijar el
cobro por un ingreso no regulado.
Lo anterior, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 1º,
numerales 6 y 16, del Decreto 4886, que dispone lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 1°. FUNCIONES GENERALES. La
Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las
funciones establecidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto
3307 de 1963, el Decreto 1302 de 1964, los Decretos
3466 y 3467 de 1982, el Decreto 2876 de 1984, el
Decreto 2153 de 1992, el Decreto 2269 de 1993, la Ley
256 de 1996, la Ley 446 de 1998, la Ley 527 de 1999, el
Decreto 1130 de 1999, el Decreto 1747 de 2000, la Ley
643 de 2001, el Decreto 3081 de 2005, el Decreto 3144
de 2008, la Ley 1266 de 2008, las Leyes 1335,1340 y
1341 de 2009, la Ley 1369 de 2009, el Decreto 4130 de
2011, y el Decreto 4176 de 2011, y aquellas que
modifiquen o adicionen las anteriores, las demás que le
señalen las normas vigentes y las que le delegue el
Presidente de República.
24
De conformidad con lo previsto en los numerales 4 y 6 del artículo 1° del Decreto 4886 de 2011, en
concordancia con el numeral 11 del artículo 3o del mismo Decreto, y el numeral 15 del artículo 4º del
Decreto 2153, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340.
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La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las
siguientes funciones:
[…]
6. Ordenar a los infractores la modificación o
terminación de las conductas que sean contrarias a
las disposiciones sobre protección de la
competencia y competencia desleal.
[…]
16. Decidir las investigaciones administrativas por
violación a las normas de protección de la
competencia y competencia desleal que afecten el
interés general y adoptar las sanciones, medidas u
órdenes a que haya lugar de acuerdo con la ley. […]”
(Destacado fuera de texto).
De conformidad con lo previsto en la citada disposición, la Sala
considera que la orden dictada por la entidad demandada, en el
artículo octavo de la decisión sancionatoria, relacionada con la re
determinación del fee de acceso a pista corresponde, justamente, a
esa facultad que tiene la entidad demandada de ordenar la
modificación o terminación de la conducta que encontró que
resultaba anticompetitiva, tal y como ocurrió en el caso sub
examine.
Ahora, en cuanto al argumento de la actora relativo a que para
desestimar este cargo, el Tribunal debió citar una norma jurídica
que expresamente autorice a la SIC para interferir en contratos
estatales válidamente celebrados por otras entidades, la Sala
considera que no le asiste razón, comoquiera que en el presente
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asunto la entidad demandada no está haciendo interferencia en un
contrato, sino que está ordenando la cesación de una conducta
anticompetitiva, como lo fue la endilgada a la actora, por haber
infringido lo previsto en el artículo 1º de la Ley 155, al implementar
una práctica, procedimiento o sistema tendiente a la fijación de un
precio inequitativo para el cargo no regulado del fee de acceso a
pista para proveedores de combustible en el aeropuerto
internacional GUSTAVO ROJAS PINILLA del Archipiélago de San
Andrés.
Precisamente, como ya se dijo, son los artículos 4º y 6º de la Ley
1340; 2º, numeral 1, del Decreto 2153; 3º, numeral 6, del Decreto
4886 que facultan a la SIC para ordenar la modificación o
terminación de las conductas consideradas violatorias de las
disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas, conforme lo
puso de presente el a quo en la providencia apelada.
Lo anterior, sin perder de vista, que la SIC tiene como función la de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre protección de la
competencia y competencia desleal en todos los mercados
nacionales, respecto de todo aquel que desarrolle una actividad
económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo.
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Conforme a lo expresado, este cargo tampoco está llamada a
prosperar.
TERCER CARGO: La pena es confiscatoria: violación del
artículo 34 de Constitución Política.
Según la recurrente, sí demostró que la sanción impuesta en los
actos acusados resultaba confiscatoria e ilegal, toda vez que era
muy superior a su patrimonio líquido; y que en la sentencia de
primer grado el Tribunal no resolvió la controversia propuesta en
relación con ese carácter confiscatorio de la multa.
Insistió en que una sanción es confiscatoria cuando por medio de la
misma el Estado se apropia de todo o de una parte sustancial del
patrimonio de un particular; y que nada tiene que ver el hecho de
que la referida sanción pueda estar justificada en uno u otro
razonamiento numérico y, mucho menos, cuando proviene de
comparar la tarifa ofrecida como garantía para el cierre de la
investigación, que fue determinada sobre las bases económicas que
suponían que la AEROCIVIL le garantizara al concesionario
condiciones equitativas para continuar con la ejecución del
contrato.
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Señaló que el Tribunal le atribuyó al concepto de confiscación un
significado diferente al que legalmente corresponde, con lo cual le
negó el derecho del acceso a la justicia.
Para resolver, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia
C-818 de 200525 en la que, en relación con la potestad
sancionatoria del Estado, la Corte Constitucional manifestó lo
siguiente:
“[…] Esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que
el derecho sancionador del Estado en ejercicio del ius
puniendi, es una disciplina compleja que envuelve, como
género, al menos cuatro especies, a saber: el derecho penal
delictivo, el derecho contravencional, el derecho
disciplinario y el derecho correccional. Salvo la primera de
ellas, las demás especies del derecho punitivo del Estado,
corresponden al denominado derecho administrativo
sancionador.
El derecho administrativo sancionador, en términos de la
doctrina y la jurisprudencia constitucional, supone una
ruptura del principio clásico de la tridivisión de poderes, en
la medida en que la represión de los ilícitos ya no
corresponde de manera exclusiva al poder judicial, y más
concretamente a la justicia penal. En efecto, el modelo
absoluto de separación de funciones del poder público, se
reveló como insuficiente ante el incremento de deberes y
obligaciones de los particulares, como de funciones públicas
de los servidores del Estado, que ante su incumplimiento
merecían la imposición de una sanción. Sin embargo, no
todas las infracciones eran susceptibles del mismo
tratamiento, pues en atención a los intereses que se
pretendían proteger con cada una las disciplinas del derecho
punitivo del Estado, se distinguieron aquellas que serían
objeto de sanción directa por la Administración, y aquellas
otras que se reservarían para la justicia penal.
25
Corte Constitucional, sentencia C-818 de 9 de agosto de 2005. Magistrado ponente, doctor Rodrigo
Escobar Gil.
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En la actualidad, es innegable que a través del derecho
administrativo sancionador se pretende garantizar la
preservación y restauración del ordenamiento jurídico,
mediante la imposición de una sanción que no sólo
repruebe, sino que también prevenga la realización de
todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se
trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por
las autoridades administrativas que opera ante el
incumplimiento de los distintos mandatos que las
normas jurídicas imponen a los administrados y aún a
las mismas autoridades públicas.
Es entonces en la existencia de una pena o castigo, en
donde se distinguen el derecho administrativo sancionador
de otras instituciones que se proponen defender y amparar
el mantenimiento del orden jurídico, como lo son, por
ejemplo, las acciones públicas en defensa de la Constitución,
frente a las cuales las órdenes de protección pueden
limitarse a la simple exigencia de una acción u omisión de
determinados actos (C.P. arts. 86 y 88).
La doctrina ius publicista reconoce que la potestad
sancionadora de la Administración forma parte de las
competencias de gestión que constitucionalmente se le
atribuyen, pues es indudable que si un órgano tiene la
facultad jurídica para imponer una obligación o para regular
una conducta con miras a lograr la realización del interés
general, el incumplimiento de ese mandato correlativamente
debe implicar la asignación de atribuciones sancionatorias
bien sea al mismo órgano que impuso la obligación o a otro
distinto, con el propósito de asegurar la vigencia del orden
jurídico mediante la imposición de los castigos
correspondientes. Sobre la materia, esta Corporación ha
establecido que:
“[La] potestad sancionadora como potestad propia de la
administración es necesaria para el adecuado cumplimiento
de sus funciones y la realización de sus fines, pues (...)
permite realizar los valores del orden jurídico institucional,
mediante la asignación de competencias a la administración
que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a
los particulares el acatamiento, inclusive por medios
punitivos, de una disciplina cuya observancia propende
indudablemente a la realización de sus cometidos (...)”.
De otro lado, la facultad sancionadora de la Administración
ha sido objeto de comparación y distinción con los conceptos
de poder de policía y función de policía, en los siguientes
términos:
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• Por una parte, se distingue del poder de policía, en cuanto
éste lejos de pretender preservar la vigencia del orden
jurídico mediante la represión o sanción de comportamientos
contrarios al mismo, se limita a regular el alcance de la
libertad ciudadana mediante normas generales e
impersonales, a fin de asegurar la estabilidad del orden
público conforme a los parámetros de la salubridad,
moralidad, seguridad y tranquilidad pública.
[…]
En consecuencia, a juicio de esta Corporación, la potestad
sancionadora de la Administración permite asegurar la
realización de los fines del Estado, al otorgarle a las
autoridades administrativas la facultad de imponer
una sanción o castigo ante el incumplimiento de las
normas jurídicas que exigen un determinado
comportamiento a los particulares o a los servidores
públicos, a fin de preservar el mantenimiento del
orden jurídico como principio fundante de la
organización estatal (C.P. arts. 1°, 2°, 4° y 16) […]”.
(Destacado fuera de texto).
Para la Sala resulta pertinente destacar que la SIC, al momento de
imponer la sanción a CASYP, tuvo en cuenta lo previsto en el
artículo 25 de la Ley 1340, el cual prevé:
“[…] Artículo 25º-. Monto de las Multas a Personas
Jurídicas. El numeral 15 del artículo 4º del Decreto 2153 de
1992 quedará así:
Por violación de cualquiera de las disposiciones sobre
protección de la competencia, incluidas la omisión en acatar
en debida forma las solicitudes de información, órdenes e
instrucciones que imparta, la obstrucción de las
investigaciones, el incumplimiento de las obligaciones de
informar una operación de integración empresarial o las
derivadas de su aprobación bajo condiciones o de la
terminación de una investigación por aceptación de
garantías, imponer, por cada violación ya cada infractor,
multas a favor de la Superintendencia de Industria y
Comercio hasta por la suma de 100.000 salarios mínimos
mensuales vigentes o, si resulta ser mayor, hasta por el 150
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LIQUIDACIÓN
% de la utilidad derivada de la conducta por parte del
infractor.
Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
1. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado;
2. la dimensión del mercado afectado;
3. El beneficio obtenido por el infractor con la conducta;
4. El grado de participación del implicado;
5. La conducta procesal de los investigados;
6. La cuota de mercado de la empresa infractora, así como
la parte de sus activos y/o de sus ventas involucrados en la
infracción.
7. El Patrimonio del infractor.
PARÁGRAFO. Serán circunstancias de agravación para
efectos de la graduación de la sanción: La persistencia en la
conducta infractora; la existencia de antecedentes en
relación con infracciones al régimen de protección de la
competencia o con incumplimiento de compromisos
adquiridos o de órdenes de las autoridades de competencia;
el haber actuado como líder, instigador o en cualquier forma
promotor de la conducta. La colaboración con las
autoridades en el conocimiento o en la investigación de la
conducta será circunstancia de atenuación de la sanción
[…]”.
De conformidad con el artículo transcrito, la Sala encuentra que los
topes sancionatorios de hasta 100.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes o, si esta cuantía resultare inferior, hasta por el
150% de la utilidad obtenida por el infractor con ocasión de la
conducta, así como los siete (7) criterios de graduación previstos en
el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, integran un mismo régimen
sancionatorio y, por tanto, no pueden ser entendidos ni aplicados
de manera aislada. En efecto, la disposición que incorporó los
criterios de dosificación de las multas fue la misma que modificó
sustancialmente el marco de las sanciones económicas, al facultar a
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la SIC para imponer multas hasta por las cuantías allí previstas. Se
trata, entonces, de elementos normativos que responden a una
misma lógica regulatoria y que deben ser interpretados y aplicados
de manera integral26.
En consideración a lo anterior, la Sala observa que los argumentos
de la apelante no tienen vocación de prosperidad debido a que
parten de una interpretación del artículo 25 de la Ley 1340,
conforme al cual la autoridad administrativa estaba obligada a sólo
tener en cuenta el patrimonio del investigado y dejar de lado los
demás criterios allí previstos, independientemente de su
configuración e incidencia en el caso concreto.
Tal entendimiento no se desprende del contenido de la disposición
invocada, pues los parámetros establecidos por el legislador tienen
por objeto orientar la graduación de la sanción de acuerdo con las
circunstancias acreditadas en cada actuación, de manera que su
valoración presupone la verificación del supuesto fáctico que les
sirve de fundamento27 y no exige que la autoridad sustente la
decisión sancionatoria solo en un criterio que resulte aplicable al
caso concreto.
26
Ver sentencia de 3 de julio de 2026 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro, núm. único de radicación 2011-00203-01).
27
Ver sentencia de 16 de julio de 2026, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2017-01799-01.
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LIQUIDACIÓN
Una interpretación distinta conduciría a atribuir a dicho parámetro
una mayor importancia o que sea este el único a tener en cuenta
respecto de los demás requisitos para la imposición de la sanción,
conclusión que carece de respaldo normativo y desconoce la
finalidad de la disposición, pues supondría dejar de lado las demás
circunstancias que, por su propia naturaleza, pueden presentarse
en el caso sometido al ejercicio de la potestad sancionatoria.
Por tal razón, para la Sala no puede, como lo pretende la actora,
únicamente tener en cuenta uno de los criterios previstos por el
artículo 25 de la Ley 1340, esto es, el patrimonio del investigado,
cuando la totalidad de los criterios allí previstos deben ser
interpretados de manera integral y no aislada.
En efecto, para imponer la sanción, la entidad demandada,
inicialmente, en la Resolución núm. 76724 de 2014, acusada,
tuvo en cuenta los siguientes parámetros:
“[…] Que el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009 señala
que la SIC impondrá multas de hasta cien mil salarios
mínimos mensuales legales vigentes (100.000) por la
violación de cualquiera de las disposiciones sobre
protección de la competencia, incluida la omisión de
acatar en debida forma las órdenes e instrucciones que se
impartan por parte de esta Entidad y obstruir una
investigación.
Bajo el anterior precepto y con el fin de determinar el monto
de la sanción a imponer CASYP, es necesario realizar las
siguientes consideraciones:
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Una vez definidas las responsabilidades de las
investigadas, este Despacho procede a dosificar la
multa a imponer a CASYP por establecer un
procedimiento tendiente a fijar precios inequitativos
para la determinación del fee de acceso a pista, con
base a los principios de proporcionalidad y los
criterios establecidos en el artículo 25 de la Ley 1340
de 2009, a saber:
El impacto que la conducta tenga sobre el mercado:
está demostrado en el expediente que el incremento del fee
de acceso a pista fue trasladado a los clientes de CHEVRON
como costo de este proveedor. Por lo anterior, el mayor
precio que se fijó como resultado del esquema diseñado por
CASYP impactó a los consumidores de CHEVRON, que
debieron pagar mayor un precio por cada galón de
combustible que adquirieron en el Aeropuerto Internacional
Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés.
En la investigación se pudo establecer que de haberse
cobrado el fee de acceso propuesto por TERPEL ($900 pesos
por galón) entre 2012 y mediados de 2014, y que ya había
sido aceptado por CASYP (lo cual indica, nuevamente, que
era suficiente para su operación e ingreso), CASYP hubiese
obtenido ingresos por este concepto en una suma de
$12.658.577.025 (se reitera, a $900 pesos por galón) en
vez de $16.878.102.900 (a $1.200 pesos por galón), es
decir, hubiera percibido $4.219.525.875 pesos menos por
dicho cobro, lo que obviamente impide imponer una sanción
menor a esta.
La dimensión del mercado afectado: teniendo en cuenta
que CHEVRON es el único proveedor de combustible para
aeronaves en el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas
Pinilla de San Andrés, que la entrada de nuevos proveedores
está limitada por la intervención de una autoridad y que
cualquier nuevo proveedor tendría las mismas condiciones
de CHEVRON, la afectación de la conducta se da sobre la
totalidad del mercado de abastecimiento de combustible
para aeronaves en el Aeropuerto Internacional Gustavo
Rojas Pinilla de San Andrés.
El beneficio obtenido por el infractor con la conducta:
como se pudo anotar anteriormente, la fijación del nuevo
valor del fee de acceso a pista le permitió a CASYP obtener
unos recursos superiores a los que en proyecciones del
mismo concesionario esperaba obtener por este concepto.
En efecto, CASYP logró obtener, hasta julio de 2014,
ingresos aproximados de $22.260.788.362, valor que se
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encuentra 126,5% por encima de los proyectados en su
estructuración financiera del fee de acceso a pista.
Pese a lo anterior, no se pudo concluir que esos ingresos
adicionales representaran una utilidad superavitaria de
CASYP hasta mediados de 2014, pues las utilidades de la
concesión están, en concepto del perito contratado, por
debajo de las esperadas. No obstante lo anterior, este
análisis no tiene en cuenta que la concesión estaba
proyectada para durar hasta 2027, y que si bien en este
momento los ingresos de la concesión estaban por debajo de
lo proyectado, no se puede afirmar lo mismo de los ingresos
que con un fee de $1.200 pesos por galón habría obtenido
CASYP hasta el año 2027.
El grado de participación del implicado: Como ya se
afirmó, la responsabilidad de la conducta reprochada recae
exclusivamente en cabeza de CASYP, pues su conducta fue
unilateral y no se vislumbró coautoría alguna en CHEVRON u
otro agente del mercado.
La cuota de mercado de la empresa infractora, así
como la parte de sus activos y/o de sus ventas
involucrados en la infracción: Es evidente la existencia de
un monopolio en cabeza de CASYP, por lo que su cuota de
mercado compone el ciento por ciento (100%) del servicio
de abastecimiento de combustible para aeronaves en el
Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de San
Andrés.
En cuanto a las ventas involucradas en la infracción,
se deben tener en cuenta los ingresos que CASYP
percibió por concepto del fee de acceso a pista desde
el establecimiento de la nueva tarifa de $1.200 pesos
por galón. Aunado a lo anterior, y como último de los
criterios contenidos en el artículo 25 de la Ley 1340 de
2009 para el establecimiento de la sanción, este
Despacho tendrá en cuenta el patrimonio y las
utilidades de CASYP registrados en los estados
financieros que obran en el expediente.
Así las cosas, al hacer un análisis de los factores de
dosificación referidos, así como los criterios de
proporcionalidad que cobijan las decisiones de esta Entidad,
este Despacho determina que la CONCESIÓN
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CASYP-, identificada con NIT. 900.127.236, será multada
con DIEZ MIL SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES (10.000 SMMLV), equivalentes a
SEIS MIL CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS
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MONEDA CORRIENTE ($6.160.000.000). […]”. (Destacado
fuera de texto).
Posteriormente, a través de la Resolución núm. 8896 de 2015,
acusada, disminuyó el valor de la sanción a imponer a
$5.088.160.000, con base en las siguientes consideraciones:
“[…] No comparte este Despacho las apreciaciones de CASYP
referente a que los ingresos que percibió por concepto del
fee de acceso a pista no pueden ser motivo de una sanción
de la Superintendencia porque no le pertenecen a él sino a la
concesión. Esta teoría, basada en el hecho de que la
contraprestación de esos ingresos percibidos es completar
las inversiones y obras prometidas en el contrato de
concesión, no puede convertirse en una autorización para
que por medio de conductas restrictivas de la competencia
los concesionarios aeroportuarios obtengan los recursos
necesarios para cumplir con los compromisos a los que se
obligaron en el contrato de concesión.
No puede olvidarse, como ya se ha mencionado
anteriormente, que una de las falencias de CASYP a la
hora de fijar el fee de acceso a pista fue precisamente
no atender a sus proyecciones financieras, pues de
ellas se puede desprender la correlación de equidad
entre el valor determinado y la financiación de la
concesión. En este sentido, independientemente de
que los ingresos por concepto de fee de acceso a pista
se destinen a la financiación de la concesión, la
sanción se dirige a la obtención de esos mayores
valores en desarrollo de una práctica restrictiva de la
competencia.
Sin importar cuál es la destinación que tienen los
recursos obtenidos por medio de la ejecución de una
práctica restrictiva de la competencia, el origen de su
obtención está afectado por el incumplimiento de las
disposiciones legales en materia de protección de la
competencia. La reinversión, el reparto, cobertura de
obligaciones, y cualquier otro fin para el cual se hayan
destinado los mayores ingresos percibidos por CASYP de
forma ilegal en razón del fee de acceso a pista, no limita la
capacidad sancionatoria de esta Entidad como autoridad de
la libre competencia en Colombia. En consecuencia, las
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utilidades consolidadas de la concesión no pueden ser un
límite para para la fijación de la multa.
Por otra parte, para este Despacho considera que no es
cierta la afirmación según la cual los ingresos percibidos por
CASYP por el fee de acceso a pista de $1.200 pesos tenían
como destino único el cumplimiento de las obligaciones de la
concesión. Se reitera que fue propio CASYP quien ofreció
reducir el fee de acceso a pista de $1.200 pesos a $480
pesos, lo cual muestra que esos $480 pesos eran, como
mucho, los necesarios para cumplir las obligaciones del
contrato y remunerar la concesión. Esto muestra que una
sanción basada en la diferencia entre $480 pesos por
galón cobrado y $1.200 pesos no hubiese sido, de
ninguna manera, confiscatoria. Mucho menos lo puede
ser una sanción que, como la impuesta en la Resolución
recurrida, tuvo como base en la diferencia existente entre la
oferta de $900 pesos que ya había aceptado CASYP a
TERPEL (lo que sugiere que también era suficiente para
cubrir las inversiones y remunerar la concesión), y los
$1.200 pesos efectivamente cobrados, más un incremento
en la sanción de carácter disuasorio, ya que la sanción no
puede ser simplemente retributiva.
De la mano con lo mencionado sobre riesgos comerciales del
concesionario, el hecho de que CASYP haya usado los
ingresos percibidos con un método ilegal para cubrir los
menores ingresos que obtuvo por otros conceptos, es clara
muestra de que el concesionario solventó su riesgo
comercial de percibir menores ingresos por otros conceptos
a través de una conducta ilegal, eliminando así el riesgo que
debía asumir en virtud del contrato. Esto es precisamente lo
que la SIC pretende evitar, que el concesionario aeronáutico
acuda a estos cargos no regulados (i.e. fee de acceso a
pista) cuya demanda es inelástica por su vinculación con la
normal prestación del servició público de transporte aéreo,
para aprovecharse incrementarlos de forma desmedida y
poner en riesgo el desarrollo de la operación aérea.
Ahora bien, caso distinto se presenta respecto del
patrimonio, el cual si bien es un criterio establecido en
la ley para la fijación de la multa, no implica que la
SIC no pueda imponer multas superiores al mismo. Si
bien se trata de un criterio de dosificación, éste no puede ser
una cláusula pétrea para la Autoridad Administrativa en
cuanto, atendiendo a cada caso particular, no puede
premiarse a quienes aprovechándose de un patrimonio
menor, cometen faltas graves a la libre competencia. Esta
Entidad reitera que del contexto del presente caso, en el cual
CASYP no solo ofreció como garantía para terminar la
investigación reducir el fee de acceso a pista de $1.200
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pesos a $480 pesos, -lo que en sí mismo muestra que la
diferencia entre dichas sumas no estaba destinada a cumplir
el contrato o realizar inversiones sino a aumentar los
ingresos injustificadamente-, sino que además aceptó la
oferta de TERPEL de $900 pesos, aceptación que se
entiende también suficiente para operar la concesión.
Dichas conductas muestran que la multa fue todo
menos confiscatoria, a pesar de que sea alta frente al
patrimonio de la concesión.
Debe reiterarse que el patrimonio es tan solo uno de
los criterios a tener en cuenta al imponer sanciones de
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009.
También se debe tener en cuenta la participación en el
mercado de la empresa infractora (que en este caso es
monopolista), su participación en la conducta (que fue
total), el beneficio obtenido por el infractor (que con
base en las cifras anteriores fue bastante alto), la
dimensión del mercado afectado (el transporte aéreo
a la Isla de San Andrés), entre otros.
No obstante lo anterior, este Despacho observa que es
procedente la reducción de la multa en el presente caso, ya
que le asiste razón a CASYP cuando afirma que la SIC no
tuvo en cuenta en la dosificación de la sanción que el
novecientos noventa y seis por ciento (sic) (20.996%) de los
ingresos brutos percibidos por él debían pasar a manos de la
AERONÁUTICA CIVIL en virtud del contrato de concesión.
Teniendo en cuenta lo anterior, la SIC tendrá en cuenta este
porcentaje transferible a la AERONÁUTICA CIVIL para reducir
la sanción impuesta en un porcentaje igual.
[…]
En cuanto a CASYP, teniendo en cuenta lo expuesto en
numerales anteriores, este Despacho redosificará su
sanción teniendo en cuenta que el veinte punto
novecientos noventa y seis por ciento (20.996%) de
los ingresos que percibió por concepto del fee debían
trasladarse a la AERONÁUTICA CIVIL.
En consecuencia, la multa impuesta a CASYP, por
haber violado la libre competencia al haber actuado en
contravención de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley
155 de 1959, en cuanto implementó una práctica,
procedimiento o sistema tendiente a la fijación de un
precio inequitativo para el cargo no regulado de fee de
acceso a pista para proveedores de combustible en el
Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de San
Andrés, se reducirá a OСHO MIL DOSCIENTOS
SESENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES
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LIQUIDACIÓN
VIGENTES A 201422 (8.260 SMMLV de 2014),
equivalentes a CINCO MIL OCHENTA Y OСHО
МMILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA
CORRIENTЕ ($5.088'160.000). […]”. (Destacado fuera
de texto).
Ahora, sobre este asunto, debe destacarse que, respecto a la
dosificación de sanciones administrativas, la Sección Primera ha
sostenido que la dosificación de la sanción no implica que en el acto
administrativo se deba hacer un racionamiento expreso y especial
para sustentar el quantum de la sanción, sino que ello puede estar
dado en la valoración de la gravedad de los hechos, de la siguiente
manera:
“[…] la dosificación no implica que en el acto
administrativo se deba hacer un racionamiento
expreso y especial para sustentar el quantum de la
sanción, sino que ello puede estar dado en la
valoración de la gravedad de los hechos, como en
efecto se hace en la decisión aquí enjuiciada, de suerte que
realizada esa ponderación se entiende que la Administración
ha estimado que la sanción aplicada es la que ameritan los
hechos, y pasa a ser de cargo del administrado demostrar
que no lo es, es decir, que es desproporcionada a los
mismos […]”.28 (Destacado fuera de texto).
Revisado el plenario, para la Sala los actos demandados cumplieron
con los parámetros antes analizados, pues a partir de una lectura
de los mismos, es posible colegir que la SIC sí tuvo en cuenta el
artículo 25 de la Ley 1340, así como lo criterios para graduar la
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
octubre de 2005, C.P. Rafeal E. Ostau de Lafont Pianeta.
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sanción señalados en dichas disposiciones, a saber: i) la dimensión
del mercado afectado; ii) el grado de participación del investigado;
iii) la conducta procesal del investigado; iv) su patrimonio; y v) la
persistencia en la conducta infractora.
Por consiguiente, la sanción cuestionada se encuentra acorde con
los criterios de graduación previstos en el mencionado artículo, lo
que demuestra que la misma fue proporcionada y debidamente
fundamentada, sin que pueda ser calificada como confiscatoria por
el hecho de superar el monto del patrimonio de la concesión
demandante, pues este únicamente alude a uno de los criterios a
tener en cuenta para efectos de la graduación de la multa.
Adicionalmente, la Sala observa que la sanción impuesta no supera
el tope fijado por la norma, esto es, el de 100.000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes guarda correspondencia con la
gravedad de la conducta acreditada y con los fines preventivos y
correctivos o disuasorios que orientan el ejercicio de la potestad
sancionadora de la administración.
Ahora bien, la Sala debe insistir en que tal y como lo precisó la SIC
en la Resolución núm. 8896 de 2015, acusada, el patrimonio es
tan solo uno de los criterios a tener en cuenta al momento de
imponer sanciones, de conformidad con el artículo 25 de la Ley
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LIQUIDACIÓN
1340; y que no es el único a tener en consideración, como pretende
la recurrente. Por el contrario, también se deben considerar
aspectos tales como la participación en el mercado de la empresa
infractora (que en este caso es monopolista), su participación en la
conducta (que fue total), el beneficio obtenido por el infractor (que
fue bastante alto), la dimensión del mercado afectado (el
transporte aéreo a la Isla de San Andrés), entre otros.
En este punto, es importante destacar que para llegar al monto de
la sanción la SIC tuvo como base la diferencia existente entre la
oferta de $900 pesos que ya había aceptado CASYP a TERPEL y
los $1.200 pesos efectivamente cobrados, más un incremento en la
sanción de carácter disuasorio, ya que la sanción no podía ser
simplemente retributiva. Dicho valor ascendió, finalmente, a 8.000
smlmv equivalentes a $5.088.160.000.
Lo anterior, teniendo en cuenta que durante la etapa
administrativa, la SIC estableció que de haberse cobrado el fee de
acceso propuesto por TERPEL ($900 pesos por galón), entre 2012
y mediados de 2014, oferta esta que ya había sido aceptada por
CASYP (lo cual indica, que era suficiente para su operación e
ingreso), la mencionada actora habría obtenido ingresos por dicho
concepto por valor de $12.658.577.025 (cobrando $900 pesos por
galón) en vez de $16.878.102.900 ( correspondiente a los $1.200
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pesos por galón efectivamente cobrados), es decir, habría percibido
$4.219.525.875 pesos menos por dicho cobro, lo que sumado al
incremento correspondiente a la medida disuasoria, por la gravedad
de la conducta, daba lugar a la sanción finalmente impuesta.
De ahí que la Sala no advierta que el argumento propuesto por la
actora en su recurso de apelación, relacionado con que la sanción
haya sido elaborada efectuando una comparación con la tarifa
ofrecida como garantía para el cierre de la investigación, tenga
vocación de prosperidad pues, como quedó visto en el párrafo
anterior, la configuración de dicha sanción obedeció a las utilidades
adicionales que percibió CASYP al cometer la conducta
anticompetitiva, junto con el incremento correspondiente a la
medida disuasoria, en el entendido de que las sanciones no pueden
ser únicamente retributivas.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala no encuentra elemento
alguno que le permita concluir que no existe una relación de
adecuación entre medios y fines, es decir, entre la falta en la que
incurrió la sociedad demandante, la multa cuestionada y los
objetivos perseguidos con esta, de manera que no resultan de
recibo los argumentos según los cuales la imposición de la sanción
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resulta confiscatoria29, por tratarse de una parte sustancial del
patrimonio de la actora.
Ahora, en cuanto al argumento de CASYP de que, en todo caso, el
Tribunal no resolvió el referido cargo, la Sala no lo observa, toda
vez que en la providencia de primer grado, respecto a la
confiscatoriedad de la multa, argumentó lo siguiente:
“[…] Si bien es cierto que la contraprestación de los ingresos
percibidos por el cargo no regulado es completar las
inversiones y obras prometidas en el contrato de concesión,
no menos cierto es que ello no puede convertirse en
una autorización para que por medio de conductas
restrictivas de la competencia los concesionarios
aeroportuarios obtengan los recursos necesarios para
cumplir con los compromisos a los que se obligaron en
el contrato de concesión. Independientemente de que los
ingresos por concepto de fee de acceso a pista se destinen a
la financiación de la concesión, la sanción se dirige a la
obtención de esos mayores valores en desarrollo de
una práctica restrictiva de competencia; las utilidades
consolidadas de la concesión jamás y nunca pueden ser un
límite para para la fijación de la multa.
En consonancia con lo manifestado por la SIC observa
la Sala que los ingresos percibidos por CASYP por el
fee de acceso a pista de $1.200 pesos no tenían como
destino único el cumplimiento de las obligaciones de
la concesión. Se pone de presente que fue el propio
CASYP quien ofreció reducir el fee de acceso pista de
$1.200 pesos a $480 pesos, lo cual muestra que esos
$480 pesos eran los necesarios para cumplir las
obligaciones del contrato y remunerar la concesión.
Lo anterior muestra como bien lo argumenta la SIC
que una sanción basada en la diferencia entre $480
29
Ver sentencia de 29 de abril de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000232400020080049002.
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pesos por galón cobrado y $1.200 pesos no hubiese
sido de ninguna manera, confiscatoria.
Mucho menos lo puede ser una sanción que, como la
impuesta en la Resolución Sanción bajo estudio tuvo como
base la diferencia existente entre la oferta de $900 pesos
que ya había aceptado CASYP a TERPEL (lo que sugiere que
también era suficiente para cubrir las inversiones y
remunerar la concesión), y los $1.200 pesos efectivamente
cobrados, más un incremento en la sanción de carácter
disuasorio, ya que la sanción no puede ser simplemente
retributiva.
Dichas conductas muestran que la multa fue proporcionada y
fundamentada probatoriamente y en nada se ve en ella una
sanción confiscatoria, a pesar de que sea alta frente al
patrimonio de la concesión. En conclusión, es claro que el
monto fijado como multa no es excesivo. […]”.
(Destacado fuera de texto).
Y con base en la transcripción anteriormente efectuada, tampoco se
observa que el a quo le haya atribuido al concepto de confiscación
un significado diferente al que legalmente corresponde, porque,
como quedó visto, la sanción impuesta resulta proporcional a los
hechos que le sirvieron de fundamento, teniendo en consideración,
la SIC, la naturaleza de la conducta, las circunstancias en las que
esta se desarrolló y la importancia de los bienes jurídicos
protegidos por el régimen de libre competencia económica.
CUARTO CARGO: VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
A juicio de la apelante, el a quo no resolvió el cargo relacionado con
que no existía justificación para que la SIC la haya investigado y
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LIQUIDACIÓN
sancionado sin haber vinculado a la AEROCIVIL; y que no refutó
los argumentos planteados por ella en la demanda.
Que, para negar la prosperidad de este cargo, el Tribunal debió
señalar las razones por las cuales este trato discriminatorio estaría
justificado; y que al no hacerlo la sentencia de primera instancia
dejó de resolver sobre este extremo de la litis, por lo que, en
consecuencia, debe ser revocada.
En relación con el principio de igualdad la Sala de Consulta y
Servicio Civil de esta Corporación, en concepto de 20 de marzo de
201830, expresó que:
“[…] El principio de la igualdad es una de las garantías más
importantes para todas las personas, pues impone al Estado
y sus autoridades el deber de otorgarles el mismo trato y
protección y, a su vez, les reconoce el goce de los mismos
derechos, libertades y oportunidades, eliminando cualquier
forma de discriminación. En desarrollo del mismo, el Estado
debe promover las condiciones para que dicho derecho sea
real y efectivo y, además, adoptar medidas en favor de
grupos objeto de discriminación o marginamiento. Por su
parte, la jurisprudencia ha aclarado el alcance del
principio de la igualdad para destacar que es objetivo
y solo es predicable de la identidad entre iguales, pues
se desvirtuaría si se aplicara entre desiguales. (…) En virtud
de lo anterior, el principio de la igualdad implica que no se
consagren en favor de algunas personas privilegios que no
se conceden a otros que se encuentran en idénticas
circunstancias. […]. (Destacado fuera de texto).
30
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Álvaro Namén Vargas, núm. único de
radicación 11001-03-06-000-2017-00196-00 (2362),
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Actora: CONCESIÓN AEROPUERTO SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. -CASYP- EN
LIQUIDACIÓN
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia C-410 de 199431, en
relación con la igualdad formal, indicó que:
“[…] La igualdad formal no es ajena al establecimiento de
diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes
que imponen la necesidad de distinguir situaciones para
otorgarles tratamientos distintos, hipótesis, esta última, que
expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a
los iguales de modo igual y a los desiguales en forma
desigual. Cabe precisar que inicialmente la igualdad formal
se cifraba tan sólo en los efectos de la ley, con absoluta
prescindencia de los contenidos normativos, tendencia que
fue dando paso a una interpretación que, conforme a los
postulados del Estado Social de Derecho, prohíja la igualdad
en el contenido de la ley, posibilitando de paso el control de
constitucionalidad orientado a examinar la correspondencia
de la actividad legislativa con la Constitución, referente
superior que hace de la ley el medio normativo apropiado
para la realización de los fines del Estado. […]”. (Destacado
fuera de texto).
De conformidad con los apartes jurisprudenciales citados, para la
Sala no es posible predicar la violación del citado principio de
igualdad, entre la AEROCIVIL y CASYP, en la medida en que estas
no gozan de idénticas condiciones materiales, ni se encuentran en
la misma posición, además, de que se hallan en extremos opuestos
en la relación contractual.
En efecto, debe resaltarse que el contrato de concesión 7000002-
ОK para la administración, operación, explotación comercial,
inversión, modernización y mantenimiento del aeropuerto
internacional GUSTAVO ROJAS PINILLA del Archipiélago de San
31
M.P. Carlos Gaviria Díaz
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LIQUIDACIÓN
Andrés y del aeropuerto EL EMBRUJO del municipio de
Providencia, suscrito entre la AEROCIVIL y CASYP, esta última,
en su condición de concesionaria, se pactaron para cada una de las
partes unos derechos y obligaciones específicos32.
Ciertamente, en el capítulo 2, cláusula 13, del mencionado
contrato, se fijaron los derechos de CASYP, así:
“[…] 7. El derecho a realizar los actos de explotación
económica de los Aeropuertos de San Andrés y
Providencia, entendidos como aquellos que, por su
naturaleza, se encuentren dirigidos a la generación de
recursos a partir de la venta de servicios o bienes en
cada uno de ellos. El siguiente es un listado
enunciativo de estos actos:
[…]
e. La prestación de servicios asociados a Ingresos
Regulados o No Regulados a título oneroso a los
usuarios de los Aeropuertos.
f. En general, cualquier actividad que suponga la venta de
bienes o prestación de servicios asociados a Ingresos
Regulados o No Regulados, y genere algún tipo de
remuneración a favor del Concesionario. […]”. (Destacado
fuera de texto).
Y respecto de las obligaciones de CASYP, en el mismo capítulo, en
la cláusula 15 se acordó:
“[…] CLAUSULA 15- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO El
Concesionario será responsable de la ejecución completa y
oportuna del Contrato, de conformidad con lo previsto en
32
Folios 1 a 78 del cuaderno de pruebas núm. 2 de primera instancia.
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LIQUIDACIÓN
este documento, en sus Apéndices y en los demás
documentos que lo integran. Para tales efectos, el
Concesionario deberá realizar todas las acciones, a su
costa y riesgo, tendientes al cabal cumplimiento de
este Contrato y tendrá a su cargo incluyendo, pero sin
Imitarse, las siguientes obligaciones, además de las
contenidas en las normas constitucionales, legales o
reglamentarias aplicables, en otras cláusulas del presente
Contrato o en los documentos que lo integrar, y las que se
desprendan de su naturaleza. […]” (Destacado fuera de
texto).
A su turno, para la AEROCIVIL, en las cláusulas 14 y 16 del
capítulo 2 del contrato de concesión, se pactaron los siguientes
derechos y obligaciones:
“[…] CLAUSULA 14- DERECHOS DE LA AEROCIVIL La
concesión que se otorga por medio del presente Contrato,
implica para la AEROCIVIL, los derechos que le corresponden
conforme a la ley, entre los que se encuentran, sin limitarse
a ellos, los siguientes:
1. El derecho a recibir una Contraprestación por la concesión
que le otorga Concesionario, conforme a lo previsto en el
presente Contrato con cargo a los recursos obtenidos por
éste.
2. El derecho a realizar las funciones de control y
vigilancia del tráfico aéreo en ruta, el control y
seguridad aéreos mediante la Operación y
mantenimiento de ayudas a la navegación y radio-
ayudas aéreas.
[…]
4. El derecho a ejercer las funciones de supervisión, sin
perjuicio de la Interventoría contratada para el efecto.
CLAUSULA 16- OBLIGACIONES DE LA AEROCIVIL Además de
las previstas en otras cláusulas del presente Contrato o en
los documentos que lo integran, serán obligaciones de la
AEROCIVIL:
[…]
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3. Ceder al Concesionario los Ingresos Regulados y los
Ingresos No Regulados en las condiciones y durante
los términos establecidos en el presente Contrato. […]”
(Destacado fuera de texto).
De lo anterior, la Sala observa que dichas entidades no comparten
ningún elemento en común, distinto a la circunstancia de que la
AEROCIVIL recibía un porcentaje de los ingresos brutos en
cumplimiento del contrato de concesión, por lo que no podía
exigirse un trato idéntico sino, todo lo contrario, uno diferenciado,
que resulta justificado de acuerdo con el principio de igualdad.
Por consiguiente, se considera que, tal y como lo anotó el Tribunal,
si bien es cierto que la AEROCIVIL según el contrato de concesión
núm. 7000002-OK tenía la obligación de ejercer vigilancia y control
respecto del mismo, tal circunstancia, en modo alguno, habilitaba a
CASYP para actuar en contravención de lo previsto en el artículo 1°
de la Ley 155, esto es, para implementar una práctica,
procedimiento o sistema tendiente a la fijación de un precio
inequitativo para el cargo no regulado de fee de acceso a la pista
para proveedores de combustible en el aeropuerto internacional
GUSTAVO ROJAS PINILLA del Archipiélago de San Andrés.
Ciertamente, se advierte que no puede realizarse una comparación
frente a entidades que, derivada de su relación contractual, ejercen
funciones disímiles derivadas de sus derechos y obligaciones
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Actora: CONCESIÓN AEROPUERTO SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. -CASYP- EN
LIQUIDACIÓN
respecto de las cuales la actora pretende hacer un juicio de
comparación, sin que se haya aportado los elementos para hacer
dicho estudio.
En todo caso, debe destacarse que durante la etapa administrativa
se constató que, por medio de la Resolución núm. 28835 de 3 de
mayo de 201233, la SIC citó a la AEROCIVIL para que se hiciera
parte dentro del trámite como tercero interesado, en los términos
del artículo 13 de la Ley 1340, modificado por el artículo 157 del
Decreto 19. Sin embargo, mediante comunicación con radicado
núm. 11-063694-131 de 22 de mayo de 201234, manifestó no tener
ningún interés directo en la investigación y, por consiguiente, la SIC
no estimó viable su vinculación en calidad de tercero interesado.
Ahora, la Sala tampoco encuentra que el Tribunal haya dejado de
resolver la presunta violación al derecho a la igualdad. Por el
contrario, en la sentencia apelada, señaló que:
“[…] Sobre la supuesta violación del principio de igualdad
señala el demandante que la SIC se abstuvo de imputar
cargos contra la AEROCIVIL a pesar de que esta Entidad
tenía funciones de vigilancia y control respecto del Contrato
de Concesión y además de que recibió, sin cuestionamiento,
el dinero proveniente del fee de acceso a pista.
33
Índice 31 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.
34
Índice 31 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.
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Actora: CONCESIÓN AEROPUERTO SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. -CASYP- EN
LIQUIDACIÓN
Lo primero que debe anotarse es, que si bien es cierto, la
AEROCIVIL según el contrato de concesión No. 7000002-OK,
tenía la obligación de ejercer vigilancia y control respecto del
mismo, no es una justificación para que CASYP actuara en
contravención de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155
de 1959, en cuanto implementó una práctica, procedimiento
o sistema tendiente a la fijación de un precio inequitativo
para el cargo no regulado de fee de acceso a pista para
proveedores de combustible en el Aeropuerto Internacional
Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés.
Así mismo, respecto de la AEROCIVIL mediante la Resolución
No. 28835 del 3 de mayo de 2012, la SIC la citó para que se
hiciera parte dentro del trámite administrativo como tercero
interesado, en los términos de la normativa ibídem. Sin
embargo, en respuesta a la citación, la AEROCIVIL,
mediante comunicación radicada con el No. 11-063694-131
del 22 de mayo de 2012, manifestó no tener ningún interés
directo en la investigación y por consiguiente, no se
consideró por la SIC razonable su vinculación en calidad de
tercero interesado.
Lo anterior lleva a la Sala a concluir que tampoco ha de
tener vocación de prosperidad el cargo pretendido de
violación de la ley. […]”.
De ahí que no se advierta, como lo aduce la actora, que el Tribunal
haya tenido que señalar las razones por las cuales el trato
discriminatorio estaría justificado, comoquiera que, como quedó
visto, CASYP y la AEROCIVIL no comparten ningún elemento en
común y, en ese sentido, no es cierto que deban tratarse como
iguales.
Así las cosas, el cargo relacionado con la presunta violación del
principio de la igualdad no tiene vocación de prosperidad.
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LIQUIDACIÓN
De lo precedente, la Sala estima que ninguno de los cargos
planteados por la parte demandante en el recurso de apelación
tiene la entidad necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad
que ampara a los actos administrativos acusados.
En consecuencia, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia apelada y así
se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
COSTAS PROCESALES EN SEGUNDA INSTANCIA
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso
del proceso35 y por las agencias en derecho36“.
De conformidad con lo previsto en el artículo 18837 del CPACA en
armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP38, esto es, en
aplicación de un criterio objetivo valorativo39, corresponde a la
35
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
36
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
37
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
38
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “[…] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
39
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
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LIQUIDACIÓN
Sala examinar si hay lugar a condenar en costas a la parte a la que
se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, en los
términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 440 del artículo 365 ibidem,
habida cuenta de la decisión que aquí se profiere.
Al respecto se tiene que, en esta instancia, y según las reglas
previstas en el artículo 365 del CGP la Sala no condenará en
costas procesales en el componente de agencias en derecho ni
expensas por no encontrarse probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
40
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.
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SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de agosto de
2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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