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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00414-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00414-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de enero de 2015 proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2013-00414-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Federación Nacional de Ganaderos y otro1
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tema: Sancionatorio. Abuso de la posición dominante. Principio de
congruencia entre el auto de apertura y la decisión sancionatoria.
Abuso de posición dominante por aplicación de condiciones
discriminatorias para operaciones equivalentes y por la obstrucción
de terceros en la comercialización de la vacuna contra la fiebre
aftosa

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de 22 de enero de 2015, proferida por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda2

I.1.1. Las pretensiones

1. Los demandantes por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 18 de enero de 20113 instauraron demanda con el propósito de obtener
las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 1.Que se declare la nulidad de las resoluciones No. 40912 del 28 de Junio de
2012 y No. 53309 del 4 de Septiembre de 2012, proferidas por la Superintendencia
de Industria y Comercio en el expediente No. 07-136989.

2. Que como consecuencia de la declaración anterior, y en restablecimiento del
derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la restitución de
las sumas pagadas por FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS –
FEDEGAN por valor de trescientos millones de pesos ($300.000.000,oo) y JOSÉ
FELIX LAFAURIE por valor de treinta millones de pesos ($30.000.000.oo), por
concepto de las sanciones impuestas mediante resolución No. 40912 de 2012 con

1
José Félix Lafaurie Rivera.
2
Cfr. Folios 1 al 30 del Cuaderno principal.
3
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

los intereses comerciales a que haya lugar desde la fecha de la consignación y hasta
la fecha en la que la Superintendencia de (sic) cumplimiento a la sentencia que ponga
fin a este proceso.[…]”.

I.1.2. Hechos

2. La Superintendencia de Industria y Comercio -en adelante SIC-, a través de la
Resolución 56800 del 5 de noviembre de 2009, ordenó abrir investigación en contra
de la Federación Nacional de Ganaderos, en adelante Fedegán y su representante
legal, José Félix Lafaurie Rivera, con fundamento en la queja presentada por
Laverlam S.A. el 28 de diciembre de 2007.

3. La SIC, a través de la Resolución 40912 de 28 de junio de 20124, impuso a
Fedegán una sanción de multa por valor de $300.000.000 por haber infringido el
artículo 1.º de la Ley 155 de 24 de diciembre de 19595, así como los numerales 2.º
y 6.º del artículo 50 del Decreto 2153 de 30 de diciembre de 19926, por la decisión
de no comprar vacuna contra la fiebre aftosa con cepa importada e igualmente
impuso una sanción de multa por valor de $30.000.000 en contra del señor José
Félix Lafaurie Rivera, representante legal de Fedegán, por haber ejecutado las
conductas previstas en el artículo 1.º de la Ley 155 de 19597 e incurrir en la
responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992.

4. Sostuvo que la parte demandante interpuso recurso de reposición en contra de la
anterior decisión, el cual fue resuelto por la SIC mediante Resolución 53309 del 4
de septiembre de 20128, confirmando en su integridad la decisión sancionatoria.

I.1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación

5. La parte demandante invocó como infringidas las siguientes normas: los artículos
29 de la Constitución Política; 3 de la Ley 1340 de 24 de julio de 20099; 57 del
Código Contencioso Administrativo10; 174 y 175 del Código de Procedimiento Civil;
1 de la Ley 155 de 1959 y 50 del Decreto 2153 de 1992.

i) Primer cargo. Violación del debido proceso por falta de correspondencia
entre los hechos que dieron origen a la investigación y la conducta por la que
fue finalmente sancionada y por no haberse practicado las pruebas para
determinar la sustituibilidad de las vacunas

6. Como concepto de violación afirmó que se vulneró el principio de congruencia,
por cuanto la parte actora fue sancionada por no comprar vacuna antiaftosa con
cepa importada, infringiendo con ello los numerales 2°. y 6°. del artículo 50 del

4
“[…] Por la cual se imponen unas sanciones. […]”.
5
“[…] Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas […]”.
6
“[…] Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones […]”.
7
“[…] Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas. […]”.
8
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.
9
“[…] Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia […]”.
10
“[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.

3

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Demandantes: Fedegán y otro

Decreto 2153 de 1992 y el artículo 1.º de la Ley 155 de 1959, sin que este hecho
haya sido señalado en el auto de apertura de la investigación.

7. Además, la parte demandada violó el debido proceso puesto que no practicó las
pruebas necesarias para determinar si las vacunas de los Laboratorios Vecol S.A.,
Laverlam S.A. y Limor S.A. eran sustitutas, lo cual era un requisito esencial para
determinar si se estaba frente a productos equivalentes o no.

ii) Segundo cargo. Inexistencia de las infracciones

8. Sostuvo que no se configuró la infracción prevista en el numeral 2°. del artículo 50
del Decreto 2153 de 1992 puesto que: i) no fue practicado un estudio técnico que
establezca que las vacunas Laverlam, Vecol y Limor eran sustitutas para determinar
la equivalencia de las operaciones; ii) la decisión de Fedegán de no comprar vacuna
con antígeno importado no resultaba discriminatoria, ya que la condición se aplicó
a todos los laboratorios de manera general y; iii) tuvo como propósito minimizar
cualquier riesgo en la aplicación de la vacuna.

9. Agregó que tampoco se configuró la infracción prevista en el numeral 6 del artículo
50 del Decreto 2153 de 1992, puesto que, en un régimen de libre competencia, un
agente con posición de dominio en la compra de un producto puede exigir
especificaciones técnicas adicionales a las establecidas en normas obligatorias y
por ello Fedegán tenía la facultad de señalar los requerimientos técnicos frente a
los productos que se pretendían adquirir.

10. Añadió que la parte demandada efectuó una indebida interpretación del artículo
1.º de la Ley 155 de 1959 el cual contiene dos prohibiciones: i) los acuerdos o
convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción,
abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías
o servicios nacionales y extranjeros y; ii) las prácticas, procedimientos o sistemas
tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios
inequitativos.

11. A partir de esta línea argumentativa, indicó que para que se presente el segundo
supuesto deben confluir de manera coetánea la práctica y el procedimiento que
tenga como finalidad limitar la libre competencia y el mantenimiento o determinación
de precios inequitativos. Mencionó que si no se configuran estos dos distintos tipos
de conductas ello conllevaría a la existencia de una prohibición indeterminada, ya
que la mayoría de los contratos y convenios limitan la libre competencia sin que
impliquen que sean anticompetitivos.

iii) Tercer cargo. Falsa motivación

12. Planteó que los actos demandados son nulos por falsa motivación ya que: i) la
exigencia establecida por Fedegán después del auto de apertura de la investigación
de no comprar vacunas con antígeno importado no pretendía excluir a Laverlam del

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Demandantes: Fedegán y otro

mercado; ii) toda conducta de abuso de posición dominante, para ser
anticompetitiva, debe traducirse en un perjuicio para la competencia y si este no se
presenta la conducta no resulta anticompetitiva y; iii) no se demostró que el
supuesto abuso de la posición dominante hubiera causado un perjuicio económico.

I.2. La contestación de la demanda11

13. La SIC, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda, oponiéndose
a la prosperidad de las pretensiones.

i) Oposición al primer cargo. Violación del debido proceso por falta de
correspondencia entre los hechos que dieron origen a la investigación y la
conducta por la que fue finalmente sancionada y por no haberse practicado
las pruebas para determinar la sustituibilidad de las vacunas

14. Explicó que la actuación administrativa se adelantó al amparo del Decreto 2153
de 1992 y en el curso de esta se otorgó la oportunidad a la parte demandante de
solicitar y aportar las pruebas, así como presentar los argumentos que pretendía
hacer valer.

15. Adujo que la etapa de apertura de la investigación no constituye el escenario para
determinar de manera rígida y exhaustiva todos los hechos que deben ser
analizados por la autoridad administrativa, puesto que, en el curso de la actuación
administrativa pueden aparecer probados hechos nuevos relacionados con las
normas violadas y que forman parte de la conducta relacionada en los cargos
formulados y añadió que se garantizó el derecho de defensa dentro del traslado del
informe motivado, oportunidad en la cual los investigados pudieron presentar sus
argumentos.

ii) Oposición al segundo cargo. Inexistencia de infracciones

16. En cuanto a la infracción prevista en el numeral 2°. del artículo 50 del Decreto
2153 de 1992, indicó que la negativa a la compra de vacunas con cepas importadas
no era cosa distinta que una discriminación aplicada en un eslabón de la cadena de
valor que se encuentra ubicada de forma anterior a la presentación misma de las
ofertas de los laboratorios. En efecto, se trató de la generación de una barrera
artificial de entrada por parte del agente dominante, basada en el origen del
producto y, no como se pretende hacer valer, en sus calidades técnicas.

17. Expuso que sí existió una discriminación injustificada por cuanto el ICA había
determinado que el producto de la sociedad Laverlam S.A. era viable en el país,
para lo cual otorgó autorización respectiva desde el 1.º de noviembre de 2006 y tal
verificación constituía un verdadero análisis técnico que llevó a concluir que era
posible que la vacuna con cepa autorizada pudiera ser utilizada en los bovinos

11
Cfr. Folios 355 a 383 del Cuaderno principal.

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colombianos, en razón a que cumplía con los estándares de seguridad requeridos
por la normativa vigente que regula la materia (artículo 6 del Decreto 4765 de 2008).

18. En cuanto a la infracción del numeral 6 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992,
anotó que, si bien Fedegán afirmó que la decisión de no comprar vacuna antiaftosa
obedeció a la presunta existencia de un riesgo en el producto ofrecido por el
laboratorio Laverlam S.A. para proteger los intereses del sector ganadero, esta
circunstancia nunca se demostró.

19. Resaltó que la parte demandada no desconoció el principio de interpretación
restrictiva del artículo 1.º de la Ley 155 de 1959, puesto que, según esta norma, son
tres las prohibiciones: i) los acuerdos que directa o indirectamente tengan por objeto
limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas,
productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros; ii) las prácticas y
procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y; iii) las
prácticas y procedimientos o sistemas tendientes a mantener o determinar precios
inequitativos.

iii) Oposición al tercer cargo. Falsa motivación

20. En cuanto a la falsa motivación, expresó que la conducta de posición dominante
no exige que se demuestre necesariamente un perjuicio económico para los
consumidores y agregó que en los actos demandados se determinó de manera clara
las conductas por las que fue sancionada Fedegán.

I.3. La sentencia de primera instancia12

21. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 22 de enero de 2015, negó las pretensiones
de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

i) La violación del debido proceso por falta de correspondencia entre los
hechos que dieron origen a la investigación y la conducta por la que fue
finalmente sancionada y por la omisión de haber practicado las pruebas para
determinar la sustituibilidad de las vacunas

22. En cuanto a la violación al debido proceso, explicó que la SIC en el auto de
apertura de investigación sí explicó las conductas objeto de reproche, en particular,
se indicó lo siguiente respecto del ejercicio de una supuesta conducta
discriminatoria: “[…] Además, se debe verificar si las decisiones de compra de
FEDEGÁN, en principio, podrían ser consideradas como discriminatorias. […] A
juicio de la Delegatura existen indicios que conducen a pensar que FEDEGÁN se
ha reservado la facultad de tomar ciertas decisiones fundamentales para el mercado

12
Cfr. Folios 431 a 469 del Cuaderno principal.

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sin tener pleno respaldo para ello, por ejemplo quién debe vender, a dónde se debe
vender y qué cantidad. […]”.

23. Sostuvo que el hecho de que no se indicara de forma expresa, detallada y puntual
cuáles eran las conductas discriminatorias en el auto de apertura de investigación,
ello no implicaba que de las pruebas solicitadas, decretadas y practicadas surgieran
hechos adicionales, como el relacionado con la no compra de la vacuna producida
en el laboratorio Laverlam S.A. por contener una cepa importada y no producida en
el territorio nacional.

24. Puntualizó que, según los actos acusados, la vacuna contra la fiebre aftosa
elaborada por los tres laboratorios cumplía con las mismas condiciones de
bioseguridad y habían superado todos los controles y pruebas técnicas para ser
comercializadas. Por lo tanto, no era necesario que se realizaran nuevas pruebas
técnicas para determinar si la vacuna producida por Laverlam S.A. era sustituta o
no de las producidas con antígenos nacionales, en tanto ya se habían elaborado los
estudios pertinentes en los cuales se había determinado que las vacunas eran
equivalentes.

25. Anotó que, según el Informe rendido por el ICA, se precisó que los tres
laboratorios cumplían con todos los requerimientos técnicos establecidos en las
normas nacionales e internacionales para la producción de la vacuna aftosa.

26. Además, señaló que la misma autoridad indicó que autorizó a Laverlam S.A. para
que importara desde Argentina el antígeno para la elaboración en Colombia de la
vacuna y, para ello se comisionó a un grupo de expertos que evaluaron las
condiciones técnicas y de seguridad de la empresa Biogénesis Bagó, laboratorio
encargado de su producción en ese país en el cual se determinó que sí cumplía con
los estándares de seguridad para los bovinos.

27. Expuso que antes de la restricción impuesta referida a que la cepa de la vacuna
fuera producida en Colombia, Laverlam había producido un lote de la vacuna.

ii) Inexistencia de infracciones

28. En cuanto a la infracción prevista en el numeral 2. del artículo 50 del Decreto
2153 de 1992, expuso que Laverlam S.A. quedó en una situación de desventaja
frente a Vecol S.A. y Limor por el hecho de que estos laboratorios producían la
vacuna con antígeno colombiano, sin que Fedegán demostrara con pruebas válidas
las razones y los fundamentos objetivos para imponer tal condición técnica para la
compra de la vacuna, circunstancia que constituye una clara conducta
discriminatoria porque los tres laboratorios realizaban operaciones equivalentes y
debían participar en ese mercado específico bajo las mismas condiciones de
igualdad.

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29. Frente a la infracción del numeral 6 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992,
referente a la conducta anticompetitiva de obstrucción, informó que Fedegán ejerció
una obstrucción en el mercado frente a Laverlam S.A. ya que, con fundamento en
la posición de dominio que aquella agremiación detentaba en el mercado para la
compra de la vacuna contra la fiebre aftosa, impidió u obstaculizó la participación
del laboratorio Laverlam S.A. en la oferta de vacuna, circunstancia que constituyó
una barrera de entrada aplicada por el agente con posición de dominio en el
mercado relevante.

30. Manifestó que la exigencia consistente en que el antígeno de la vacuna debía ser
producido por Colombia, sin ninguna justificación legal, objetiva y técnica para
imponer tal requisito, impidió que Laverlam S.A. participara en el mercado como
oferente del producto, de tal suerte que nunca tuvo la posibilidad de ingresar en el
mercado para competir con las vacunas producidas por los otros dos laboratorios
autorizados para el efecto.

31. En consecuencia, se demostró que Fedegán realizó conductas discriminatorias
y de obstrucción que son constitutivas de abuso de la posición dominante que
ostentaba como único comprador de la vacuna contra la fiebre aftosa, razón por la
cual se infringieron los numerales 2.° y 6.° del Decreto 2153 de 1992.

32. En cuanto al artículo 1.º de la Ley 155 de 1959, consideró que los elementos
aportados al proceso administrativo demostraban que dichas conductas
constituyeron prácticas restrictivas a la libre competencia.

iii) Falsa motivación

33. El Tribunal resaltó que la sanción de multa impuesta a la parte actora tuvo como
fundamento la demostración de las conductas constitutivas de abuso de posición
dominante en el mercado y la realización de prácticas contrarias a la libre
competencia, las cuales se encuentran previstas en los numerales 2.° y 6.° del
artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 y en el artículo 1.º de la Ley 155 de 1959.

34. Añadió que no era necesario que se presentara un perjuicio económico a los
consumidores derivados de las conductas que limitaron la competencia de Laverlam
S.A. por cuanto la erradicación de la aftosa es una política pública implementada
con la Ley 395 de 1997, el Decreto 3044 de 1997 y en la Resolución ICA 1773 de
1998, y tiene como uno de sus propósitos esenciales suministrar a los ganaderos la
vacuna a bajos costos para efectos de que se realice la vacunación de los bovinos
en el país.

35. En síntesis, argumentó que la normatividad que regula la materia no exige como
requisito para que existan prácticas anticompetitivas o que limiten la libertad de la
competencia que se demuestre un perjuicio económico para los consumidores, ya
que resulta suficiente que se materialice la conducta descrita en la norma para que
sea objeto de reproche por parte de la autoridad competente.

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I.4. El recurso de apelación13

36. La parte demandante inconforme con la anterior decisión apeló el fallo de primera
instancia.

i) Violación del debido proceso por falta de correspondencia entre los hechos
que dieron origen a la investigación y la conducta por la que fue finalmente
sancionada y por la no práctica de pruebas para determinar la sustituibilidad
de las vacunas

37. Insistió
en que el principio de congruencia fáctica exige la debida
correspondencia entre los hechos formulados en el pliego de cargos con aquellos
que son objeto de sanción, pues solo así se garantiza a los investigados proponer
las pruebas que consideren pertinentes y evita que sean sancionados por hechos
que no forman parte de la acusación.

38. Afirmó que de acuerdo con la Resolución 56800 de 5 de noviembre de 2009, la
SIC determinó que las siguientes conductas determinaron un supuesto abuso de
posición dominante: i) el hecho de que Fedegán compró un mayor porcentaje de
vacunas contra la fiebre aftosa a la empresa Vecol SA, uno de los tres laboratorios
participantes en el mercado de venta de la vacuna en Colombia podría, a juicio de
la SIC, constituir una aplicación discriminatoria en operaciones equivalentes
(presunta infracción del numeral 2.° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992); ii) el
hecho de que Fedegán fuera el único comprador y vendedor de la vacuna contra la
fiebre aftosa podría, según la SIC, constituir una obstrucción a terceros en el acceso
a los mercados o canales de comercialización del producto (posible infracción del
numeral 6.° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992) y; iii) el hecho de que Fedegán
prestara el servicio de aplicación de la vacuna de fiebre aftosa a los compradores
de la vacuna podría tener por objeto o como efecto la subordinación del suministro
de un producto, como lo es la vacuna contra la fiebre aftosa (eventual infracción del
numeral 3. del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992).

39. Alegó que la SIC sancionó a la parte actora por la decisión adoptada con
posterioridad a la apertura de la investigación de no comprar vacuna con antígeno
importado, apartándose de lo indicado en la resolución de apertura de la
investigación, es decir, no existe congruencia entre el pliego de cargos y la sanción.

40. Manifestó, además, que no era cierto que la decisión de Fedegán de no comprar
vacuna con antígeno importado sea un hecho adicional que formaba parte de los
planteados inicialmente en la queja presentada por Laverlam S.A., pues fue solo
hasta el año 2010, con posterioridad a la formulación de los cargos, que esa
organización gremial adoptó esa decisión.

13
Cfr. Folios 472 a 490 del Cuaderno principal.

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41. Explicó que la determinación acerca de si dos productos son o no sustitutos no
deriva de las pruebas técnicas realizadas por el ICA, pues este estudio no tiene
como propósito examinar la sustituibilidad de las vacunas.

42. Expuso que del estudio técnico para determinar la sustituibilidad de dos
productos debe correrse traslado a los investigados para garantizar el derecho de
defensa y de contradicción y debe responder a herramientas utilizadas por las
autoridades de competencia del mundo, como lo ha reconocido la propia SIC.

43. A partir de la anterior premisa, anotó que el Tribunal se equivocó al señalar que
por el solo hecho de que dos productos sean aprobados por el ICA, son sustitutos.
“[…] Dos productos pueden estar aprobados por una autoridad regulatoria y no
necesariamente ser sustitutos, tal y como ocurre con muchos productos
farmacéuticos que no obstante pasar las pruebas del INVIMA, no son considerados
como sustitutos por las autoridades de competencia después de realizar la prueba
técnica económica para el efecto, a pesar de tener el mismo principio activo y ser
comercializados para el mismo propósito. […]”.

ii) Inexistencia de infracciones

44. En cuanto a la infracción prevista en el numeral 2. del artículo 50 del Decreto
2153 de 1992 señaló que: i) el a quo no se pronunció sobre el argumento referido a
que no existe discriminación pues a todos los laboratorios se les aplicó la misma
condición; ii) la exigencia establecida por Fedegán en el año 2010 de no comprar
vacuna con antígeno importado no dejaba a Laverlam S.A. en una situación
desventajosa frente a Vecol y Limor, pues la primera no estaba produciendo la
vacuna; iii) la tesis del tribunal implicaría anular el derecho de todo empresario de
escoger sus proveedores y decidir los requisitos de los productos que adquiere y;
iv) Fedegán se abstuvo de comprar la vacuna del Laboratorio Laverlam debido a
que representaba un mayor riesgo para la ganadería colombiana por proceder de
un laboratorio en el cual se manipulan cepas aftosas diferentes a las existentes en
el país.

45. Frente a la infracción del numeral 6.° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992,
señaló que se equivocó el Tribunal de Primera instancia al afirmar que la exigencia
de Fedegán de no comprar vacuna con antígeno importado impidió u obstaculizó la
participación del laboratorio Laverlam en la oferta de la vacuna, puesto que en el
2010, año de ocurrencia del hecho que origina la sanción, la quejosa no estaba
produciendo vacunas, entre otras razones, porque la última importación de antígeno
aprobada por el ICA para la elaboración de vacuna antiaftosa ocurrió en el año 2006.
De allí que la exigencia que se impuso en el año 2010 de no comprar vacunas con
antígeno importado fue inocua, lo que deja sin piso la afirmación del tribunal en el
sentido de que se impidió que participara en el mercado como oferente del producto.

46. Igualmente, subrayó que la exigencia impuesta por Fedegán se fundamentó en
que las vacunas con antígeno importado representan un riesgo mayor para la

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ganadería colombiana por proceder de un laboratorio donde se manipulan cepas
aftosas diferentes a las existentes en el país.

47. Expuso que un comprador en cualquier mercado debe tener la posibilidad de
establecer los requisitos técnicos de los productos que adquiere. “[…] Las facultades
de la autoridad de competencia no son para indicarles a los participantes de un
mercado como deben proceder frente a los requisitos técnicos de los productos que
deseen adquirir. […]”.

48. En relación con la infracción del artículo 1.º de la Ley 155 de 1959, reiteró que la
SIC no demostró a través de la prueba jurídico- económica que las vacunas Vecol
y Laverlam fueran productos sustitutos, requisito esencial para establecer si se
estaba frente a productos equivalentes o no.

49. Adujo que no hubo un ejercicio de sustituibilidad por parte de la SIC que
permitiera concluir que se estaba frente a productos con condiciones equivalentes,
lo cual era necesario para determinar que se estaba frente a una conducta
anticompetitiva.

iii) Falsa motivación

50. Refirió que, contrario a lo sostenido por el Tribunal, en los casos de abuso de
posición dominante, la autoridad de la competencia debe demostrar que tenga la
aptitud de producir un perjuicio económico para la competencia y este se presenta
si los efectos de la práctica suponen un perjuicio para los consumidores.

51. Expuso que la principal razón por la cual Fedegán prefirió las vacunas de Vecol
sobre las de Laverlam obedece al hecho de que la primera satisface sus
requerimientos, conducta que, desde ningún punto de vista, es sancionable por el
derecho de la competencia colombiana.

52. Insistió en que Laverlam para el año de la exigencia, 2010 no estaba produciendo
vacunas, entre otras razones, porque la última importación de antígeno aprobada
por el ICA para la elaboración de la vacuna antiaftosa ocurrió en el año 2006.

1.5. Trámite del proceso en segunda instancia

53. Mediante auto de 26 de febrero de 201514 se concedió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora.

54. A través de auto de 21 de septiembre de 201515 , el magistrado sustanciador de
la Sección Primera del Consejo de Estado admitió el recurso de apelación y en
proveído de 22 de octubre de 201516 se corrió traslado a las partes para que

14
Cfr. Fol. 482 del expediente del Tribunal.
15
Cfr. Folio 4 del Cuaderno del Consejo de Estado.
16
Cfr. Folio 9 del Cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

alegaran de conclusión y el Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente,
rindiera concepto.

55. Laparte demandante y la parte demandada reiteraron los argumentos
presentados a lo largo del proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

56. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) los actos administrativos demandados; iii)
el problema jurídico; iv) las prácticas restrictivas a la libre competencia y de abuso
de posición dominante; v) hechos probados; vi) estudio del problema jurídico y; vii)
pronunciamiento sobre condena en costas.

II.1. Competencia de la Sala

57. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201917, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 202418, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

II.2. Los actos administrativos demandados

58. Lademanda va dirigida a cuestionar los siguientes actos administrativos
expedidos por la SIC dentro de la investigación administrativa adelantada en contra
de Fedegán y su representante legal: i) la Resolución 40912 de 28 de junio de 2012
“[…] Por la cual se imponen unas sanciones […]”; y ii) la Resolución 53309 de 4 de
septiembre de 2012 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.

59. La Resolución 40912 de 28 de junio de 2012, expedida por el Superintendente
de Industria y Comercio en su parte resolutiva indicó:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
GANADEROS -FEDEGAN- contravino lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley 155 de
1959 y los numerales 2, y 6 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer una sanción pecuniaria a la FEDERACION
COLOMBIANA DE GANADEROS -FEDEGAN- por la suma de TRESCIENTOS
MILLONES DE PESOS MCT. ($300.000.000.oo).

• FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS -FEDEGAN- con Nit: 860008068-
7
[…]

17
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
18
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.

12

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

ARTÍCULO TERCERO: Declarar que el señor JOSE FELIX LAFAURIE RIVERA […]
quien se desempeñaba para la época de los hechos como presidente y representante
legal de la FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS -FEDEGAN-, ejecutó
las conductas de que trata el artículo primero, incurriendo en la responsabilidad
prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992.

ARTÍCULO CUARTO: Imponer una sanción pecuniaria a JOSE FELIX LAFAURIE
RIVERA en su calidad de presidente ejecutivo y representante legal de la
FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS -FEDEGAN-, para la época de los
hechos, por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000.oo).
[…]”. (Negrilla del texto).

60. La Resolución 53309 de 4 de septiembre de 2012, por la cual se resolvió un
recurso de reposición en su parte resolutiva dispuso:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No.
40912 del 28 de junio de 2012, mediante la cual se sancionó a la FEDERACION
NACIONAL DE GANADEROS. […]”. (Negrilla del texto).

II.3. El problema jurídico

61. Siguiendo para tal efecto las prescripciones de los artículos 32019 y 32820 de la
Ley 1564 de 12 de julio de 201221 y atendiendo los argumentos planteados en el
recurso de apelación, y por razones metodológicas, el problema jurídico tiene por
objeto establecer si: i) la SIC violó el debido proceso por haber transgredido el
principio de congruencia y de correspondencia que debe existir entre el auto de
apertura de la investigación y la decisión que impuso la sanción y por haber dejado
de practicar las pruebas necesarias para determinar la sustituibilidad de las
vacunas; ii) la parte actora incurrió en las infracciones previstas en los numerales
2.º y 6.º del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 y en el artículo 1.º de la Ley 155
de 1959; y iii) los actos demandados se encuentran falsamente motivados.

62. En este sentido, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera
instancia.

II.4. Las prácticas restrictivas a la libre competencia y de abuso de posición
dominante

63. El artículo 1.º de la Ley 155 de 1959 sobre prácticas restrictivas de la libre
competencia señala:

“[…] ARTÍCULO 1º. Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o
indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o

19
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
20
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.
21
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

13

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o
extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas
tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios
inequitativos. […]”. (Negrilla del texto).

64. El artículo 1.º de la Ley 155 de 1959 prevé tres prohibiciones, a saber: i) los
acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la
producción, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o
servicios nacionales o extranjeros; ii) toda clase de prácticas, procedimientos o
sistemas tendientes a limitar la libre competencia; y iii) toda clase de prácticas,
procedimientos o sistemas tendientes a mantener o determinar precios
inequitativos22.

65. El artículo 44 del Decreto 2153 de 1992 prescribe que la Superintendencia de
Industria y Comercio podrá imponer las medidas correspondientes cuando se
produzcan actos contrarios a la libre competencia o que constituyan abuso de la
posición dominante.

66. El artículo 45 del Decreto 2153 de 1992 define la posición dominante como la
posibilidad de determinar, directa o indirectamente las condiciones de un
mercado.

67. Los numerales 2.° y 6.° del artículo 50 ibidem disponen que constituyen abuso
de posición dominante las siguientes conductas:

“[…] ARTÍCULO 50. ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE. Para el cumplimiento de
las funciones a que refiere el artículo 44 del presente Decreto, se tendrá en cuenta
que, cuando exista posición dominante, constituyen abuso de la misma las
siguientes conductas:
[…]

2. La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que
coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro
consumidor o proveedor de condiciones análogas.

[…].

6. Obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de
comercialización.

[…]”. (Negrilla del texto).

68. La conducta prevista en el numeral 2.° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992
exige que se demuestren los siguientes elementos: i) los proveedores o
consumidores que son discriminados deben ejecutar operaciones equivalentes; ii)
la aplicación de un trato discriminatorio entre los agentes que se encuentran en

22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicado núm.: 11001-0324-000-2019-00001-00.

14

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

condiciones de igualdad y; iii) que la conducta discriminatoria ponga en desventaja
competitiva a los agentes del mercado23.

69. Para que se configure la infracción prevista en el numeral 6.° del artículo 50 del
Decreto 2153 de 1992 es necesario que concurran los siguientes elementos: i) la
ejecución del acto que obstruye el acceso por parte de un agente con posición
dominante en el mercado; ii) que el acto obstructivo se realice en contra de un
tercero y; iii) que con la conducta desplegada se obstruya el acceso a un mercado
o a un canal de comercialización.

II.5. Hechos probados

70. Queja presentada por el Laboratorio Laverlam S.A. en contra de Fedegán por la
presunta infracción del artículo 1.º de la Ley 155 de 1959 y de los numerales 2.°, 3.°
y 6.° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 y en contra del señor José Félix
Lafaurie Rivera, representante legal, por haber incurrido en la responsabilidad
prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 199224.

71. Resolución 56800 de 5 de noviembre de 200925, por medio de la cual se ordenó
la apertura de una investigación administrativa en contra de Fedegán y su
representante legal.

72. Escrito radicado 07-1366989-00077-0001 de 12 de octubre de 200926, mediante
el cual Fedegán y su representante legal descorrieron traslado de la resolución
anterior, pronunciándose sobre los cargos propuestos por la SIC y solicitando la
práctica de unas pruebas documentales, testimoniales, al igual que la realización de
una visita administrativa en las instalaciones de la organización gremial con el
propósito de establecer, entre otros motivos, las condiciones comerciales y si los
laboratorios se encuentran en condiciones de equivalencia.

73. Comunicación de 3 de enero de 201027, mediante la cual el ICA informó:

“[…] en la actualidad, dos de los laboratorios de producción de vacuna cumplen con
las condiciones de un laboratorio con Nivel de Seguridad Biológica-NSB 3 A (VECOL
S.A. y LIMOR S.A.). El tercer laboratorio importa desde Argentina los antígenos
inactivados y formula la vacuna en Colombia (LAVERLAM S.A.). Los tres
laboratorios cumplen con todos los requerimientos establecidos en las normas
nacionales e internacionales para la producción de vacuna contra la fiebre
aftosa […]”. (Negrilla fuera del texto).

74. LaResolución 29921 de 20 de junio de 201028, mediante la cual el
Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia admitió como

23
Tratado General de Libre Competencia. Análisis Jurídico. José Miguel de la Calle, Bogotá D.C., 2022, editorial Tirant Lo
Blanch.
24
Cuaderno 1.
25
Cuaderno 6. Folios 929 a 949.
26
Cuaderno 6. Folios 951 a 967.
27
Cuaderno 8. Folios 1220 a 1221.
28
Cuaderno 8. Folios 1349 a 1356.

15

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

tercero interesado dentro de la investigación administrativa al Laboratorio Laverlam
S.A.

75. La Resolución 34598 de 30 de junio de 201029, mediante la cual se ordenó el
decreto y práctica de unas pruebas solicitadas por la parte actora y la tercera
interesada, entre las cuales se destacan las siguientes:

i) Testimonios rendidos por la señora Myriam Luz Gallego, en su calidad de
coordinadora del Grupo de Control y Erradicación de Riesgos Zoosanitarios del ICA;
la señora Deyanita Barrero, Subgerente de Protección Animal del ICA y el señor
Augusto Marariegos Godoy, representante legal de Laverlam S.A.

ii) Actas de reuniones para la Erradicación de la Fiebre Aftosa, entre las cuales se
destaca la celebrada el 21 de diciembre de 200630 en la cual se discutió acerca de
la autorización otorgada a Laverlam S.A. y la posibilidad de aceptar vacunas con
antígeno inactivo importado.

76. Informe Motivado de 12 de septiembre de 2011, radicado 07-13698931, mediante
el cual la Delegatura de la Promoción de la Competencia presentó un informe
motivado ante el Superintendente de Industria y Comercio, en el cual explicó las
razones por las cuales la parte actora habría incurrido en prácticas anticompetitivas
y de abuso de posición dominante.

77. Escrito de observaciones presentados por la parte demandante32 y el Laboratorio
Laverlam S.A33. al informe motivado supra.

78. La Resolución 4091 de 28 de junio de 201234, mediante la cual se impuso una
sanción de multa en contra de Fedegán por valor de $300.000.000 y el señor José
Félix Lafaurie Rivera por la suma de $30.000.000.

79. La parte actora presentó recurso de reposición35.

80. La Resolución 53309 de 4 de septiembre de 201236, mediante la cual se resolvió
el recurso de reposición, confirmando la sanción impuesta en contra de la parte
demandante.

29
Cuaderno 8. Folios 1357 a 1375.
30
Cuaderno 13. Folios 3477 a 3482.
31
Cuaderno 15. Folios 3875 a 3963.
32
Cuaderno 15. Folios 4068 a 4100.
33
Cuaderno 15. Folios 4101 a 4155.
34
Cuaderno 18. Folios 4179 a 4220.
35
Cuaderno 18. Folios 4221 a 4241.
36
Cuaderno 18. Folios 4246 a 4258.

16

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

II.6. Estudio del problema jurídico

II.6.1. Violación del principio de congruencia por falta de correspondencia
entre el auto de apertura y la decisión sancionatoria y por la no práctica de
pruebas para determinar la sustituibilidad de las vacunas

81. Le corresponde a la Sala analizar si la SIC en la actuación administrativa violó el
principio de congruencia para lo cual debe establecerse si entre el auto de apertura
y la resolución que impuso la sanción existió o no correspondencia entre los hechos
constitutivos de infracción y si transgredió el debido proceso por no haber practicado
las pruebas para determinar la sustituibilidad de las vacunas.

82. El artículo 29 de la Constitución Política señala que el debido proceso se aplica
a actuaciones judiciales y administrativas, mandato según el cual nadie puede ser
juzgado, sino según las leyes preexistentes del acto imputado, ante el juez
competente y observando las ritualidades propias de cada juicio.

83. La Corte Constitucional37 ha señalado que forman parte de las garantías del
debido proceso las siguientes:

(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario
acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas,
a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento
de lo decidido en el fallo;

ii) El derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del
trabajo establecida por la Constitución y la ley;

iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos
y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen
parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la
defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la
igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás
personas que intervienen en el proceso;

iv) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo
cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;

v) El derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y;

37
Corte Constitucional, sentencia C- 341 de 2014, MP: Mauricio González Cuervo.

17

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

v) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos
del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas38.

84. El principio de congruencia adquiere relevancia como elemento transversal del
debido proceso en el ámbito sancionatorio. A la luz de esta garantía, debe existir
correspondencia entre el pliego de cargos y la sanción que se impone al investigado.
Por ello, el titular de la potestad sancionatoria debe enunciar de manera clara,
precisa y sin ambigüedades los cargos que se formulan en contra del investigado,
en cuanto estos delimitan el radio de acción a partir del cual puede ejercer su
derecho de defensa y de contradicción.

85. Esta Corporación Judicial39, sobre la correspondencia que debe existir entre el
pliego de cargos y la sanción ha señalado que “[…] El pliego de cargos es un acto
previo a la sanción. Su finalidad es la de que el administrado conozca la presunta
infracción que se le imputa y, como garantía del debido proceso, pueda ejercer su
derecho de defensa. Por ello, al formular el pliego de cargos, la administración
debe imputar al administrado, de manera precisa, las presuntas infracciones
e indicarle las sanciones que corresponden. Además, si se le imputa una
infracción en el pliego de cargos y respecto de dicha infracción es que el
administrado se defiende, la sanción debe imponerse con base en dicha infracción,
esto es, debe existir correspondencia entre el pliego de cargos y el acto
sancionatorio […]”. (Negrilla fuera de texto).

86. El artículo 52 del del Decreto 2153 de 1992, vigente para el momento en que se
adelantó la investigación, establecía el siguiente procedimiento para adelantar la
investigación administrativa por infracción a las normas a la competencia y prácticas
restrictivas, así:

“[…] ARTÍCULO 5240. Para determinar si existe una infracción a las normas de
promoción a la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que se refiere este
decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá iniciar actuación de
oficio o por su solicitud de un tercero y adelantar una averiguación preliminar, cuyo
resultado determinará la necesidad de realizar una investigación.

Cuando se ordene abrir una investigación, se notificará personalmente al
investigado para que solicite o aporte las pruebas que pretenda hacer valer. Durante
la investigación se practicarán las pruebas solicitadas y las que el funcionario
competente considere procedentes.

Instruida la investigación se presentará al Superintendente un informe motivado
respecto de si ha habido una infracción. De dicho informe se correrá traslado al
investigado y a los terceros interesados, en caso de haberlos41.

38
Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
39
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de febrero de 2020. Radicado
núm.: 25000-23-37-000-2016-01106-01 (24541). MP: Milton Chaves García.
40
Esta norma fue modificada por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012. Sin embargo, no se encontraba vigente al momento
en que se adelantó la investigación administrativa.
41
Inciso modificado por el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1340 de 2009.

18

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

Durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y Comercio
podrá ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio el presunto infractor
brinde garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual
se le investiga.

En lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO 142. Para que una investigación por violación a las normas sobre
prácticas comerciales restrictivas pueda terminarse anticipadamente por
otorgamiento de garantías, se requerirá que el investigado presente su ofrecimiento
antes del vencimiento del término concedido por la Superintendencia de Industria y
Comercio para solicitar o aportar pruebas. Si se aceptaren las garantías, en el
mismo acto administrativo por el que se ordene la clausura de la investigación la
Superintendencia de Industria y Comercio señalará las condiciones en que verificará
la continuidad del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los investigados.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aceptación de las garantías
de que trata este artículo se considera una infracción a las normas de protección de
la competencia y dará lugar a las sanciones previstas en la ley previa solicitud de
las explicaciones requeridas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

PARÁGRAFO43. La autoridad de competencia expedirá las guías en que se
establezcan los criterios con base en los cuales analizará la suficiencia de las
obligaciones que adquirirían los investigados, así como la forma en que estas
pueden ser garantizadas. […]”.

87. De acuerdo con lo anterior, el procedimiento administrativo tendiente a
determinar si se presentó una infracción a las normas de la competencia y prácticas
restrictivas se encuentra integrado por las siguientes etapas: i) la averiguación
preliminar, cuyo resultado determinará si hay lugar o no a realizar una investigación;
ii) el auto de apertura de la investigación, el cual se debe notificar personalmente al
investigado para que solicite o aporte las pruebas que pretenda hacer valer y
durante su desarrollo se deben practicar las pruebas solicitadas y las que el
funcionario competente considere procedentes; iii) instruida la investigación, el
Superintendente Delegado presentará un informe motivado respecto de si ha habido
una infracción del cual se debe correr traslado al investigado y a los terceros
interesados, en caso de haberlos y; iv) durante el curso de la investigación, el
Superintendente de Industria y Comercio podrá ordenar la clausura de la
investigación cuando a su juicio el presunto infractor brinde garantías suficientes de
que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le investiga44.

88. En el sub examine, la Sala considera pertinente efectuar un cotejo entre la
imputación contenida en el auto de apertura con la sanción para así poder identificar
si es cierto que se violó el principio de congruencia:

42
Parágrafo adicionado por el artículo 16 de la Ley 1340 de 2009.
43
Parágrafo adicionado por el artículo 16 de la Ley 1340 de 2009.
44
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. CP: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia
de 28 de octubre de 2021. Radicación núm.: 15001-23-33-000-2013-00759-01

19

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

La infracción del numeral 2.° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 consistente en la
aplicación de condiciones discriminatorias a operaciones equivalentes que coloquen a un
consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor
de condiciones análogas
Resolución 56800 de 5 de noviembre de Resolución 40912 de 28 de junio de 2012
2009 “[…] Por la cual se abre una “[…] Por la cual se impone unas sanciones
investigación […]” […]”

“[…] En la queja se afirma que FEDEGAN ha “[…] A pesar de lo anterior, FEDEGAN decidió
decidido de forma caprichosa la cantidad de que no compraría vacunas cuyo antígeno fuera
dosis que compra a cada laboratorio importado, prefiriendo las vacunas 100%
estableciendo que la mayoría debe ser nacionales, con lo que se aplicó una condición
comprada a VECOL. Esto implicaría que la discriminatoria para con LAVERLAM al
política de compras es discriminatoria respecto negarse a comprar sus vacunas sin una
de los otros productores de la vacuna; a saber, razón objetiva y comprobada. Esto, teniendo
LAVERLAM y LIMOR. en cuenta que, como ya se explicó, LAVERLAM
se encontraba ejerciendo una operación
Frente a esta afirmación es necesario equivalente a la de los demás laboratorios que
determinar si FEDEGAN tiene la facultad para el caso específico la ubicaba además en
legal de determinar las cantidades que una condición análoga frente a los mismos.
puede vender cada laboratorio. Además, se
debe verificar si las decisiones de compra […]
de FEDEGAN, en principio, podrían ser
consideradas como discriminatorias. Considera suficientes este Despacho los
anteriores elementos probatorios para
[…] determinar que la investigada decidió no
comprar las vacunas de LAVERLAM en
En un mercado en el que las condiciones de razón al origen del antígeno a partir del cual
venta son aparentemente homogéneas, al igual se producían. […] Las circunstancias descritas
que el producto vendido, la Delegatura muestran la forma como la quejosa se vio en
considera que la diferencia en la participación una situación de desventaja en la competencia
de los diferentes laboratorios puede estar por la venta de vacunas para la fiebre aftosa, lo
explicada por una discriminación injustificada que complete la estructura de la conducta de
del comprador. Sobre el particular llama la discriminación investigada. […]”. (Negrilla fuera
atención el hecho de que FEDEGAN haya del texto).
decidido comprar una mayor cantidad de
producto a la empresa en la que su
presidente hace parte de la junta directiva y
en la que distintas asociaciones de
ganaderos, que también hacen parte de
FEDEGAN, cuentan con participación
accionaria. […]”. (Negrilla fuera del texto).

Infracción del numeral 6.° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 consistente en obstruir
o impedir a terceros el acceso a mercados o a los canales de comercialización

Resolución 56800 de 5 de noviembre de 2009 Resolución 40912 de 28 de junio de 2012
“[…] Por la cual se abre una investigación “[…] Por la cual se impone unas
[…]” sanciones […]”
“[…] La Delegatura considera que, dado que “[…] La exigencia de requisitos técnicos no
aparentemente FEDEGAN es el único comprador impuestos por las autoridades regulatorias
y vendedor de la vacuna45, en principio tiene la del sector, a partir de los cuales la quejosa
posibilidad de limitar el acceso de los laboratorios no tuvo oportunidad de participar en la venta
al mercado de venta de producto. Al respecto, es de vacunas, se constituye como una barrera

45
Para ilustrar lo anterior, se puede citar la comunicación de FEDEGAN de 15 de noviembre de 2007, dirigida a Herney
Gómez Martínez, Gerente de la División de Sanidad Animal de LAVERLAM, en la cual se afirma que:

20

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

pertinente citar el testimonio del señor Luís artificial de entrada aplicada por el agente
Fernando Salcedo, director técnico de FEDEGAN, dominante. Asimismo, es claro que la
en el que se aclaró lo siguiente: barrera se aplicó de manera directa en
contra de uno de los oferentes del producto
[…] y tuvo como consecuencia que éste no
volviera a venderlo en el mercado, con lo
En consecuencia, aparentemente los laboratorios cual se recorre la definición de la conducta
no pueden acceder a los consumidores que estudiada.
deseen ni tampoco a las zonas del territorio
nacional que estimen convenientes. Si bien una discriminación de este tipo no
necesariamente conlleva a una obstrucción,
Según aparece en la información recaudada en el presente caso existen suficientes
durante la averiguación preliminar, esta dificultad elementos para determinar que las políticas
para que los productores accedieran con libertad aplicadas por la investigada crearon la ya
al mercado nacional del antígeno ya había sido mencionada barrera artificial de entrada al
mencionada en el marco de la decimoséptima mercado, pues con las características
reunión de la Comisión Nacional para la propias del mismo, LAVERLAM no tenía
Erradicación de la Fiebre Aftosa celebrada el 21 de otra opción que la de dejar de vender su
diciembre de 2006, en la que el Viceministro de vacuna. Es por esto, que los elementos
Agricultura y Desarrollo Rural aclaró que “(...) el probatorios que en principio sustentaban la
Gobierno Nacional no puede trabajar en función de conducta de obstrucción a los ojos de la
favorecer el monopolio de VECOL, sino buscar la DELEGATURA, son los que demuestran
transparencia. además en opinión de este Despacho la de
discriminación. Lo expuesto debe ser
Aunque el Ministerio posea un alto porcentaje de interpretado como el reconocimiento de que
las acciones de VECOL, es su deber respetar el una misma acción puede generar diferentes
derecho de los ciudadanos de ejercer la libre efectos que en su contexto encuadran en
empresa y el libre mercado46”. distintas conductas sancionables. […]”.

Con fundamento en estas razones, la Delegatura
estima que existen méritos para abrir una
investigación con el objetivo de determinar si las
acciones que FEDEGAN desarrolló, al menos
hasta el segundo ciclo de vacunación de 2008
efectivamente constituyeron y son una obstrucción
o impedimento para que los laboratorios
accedieran al mercado nacional de vacuna contra
la fiebre aftosa. […]”.

Infracción del numeral 3.° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 consistente en aquellas
conductas que tengan por objeto o como efecto subordinar el suministro de un producto
a la aceptación de obligaciones adicionales que, por su naturaleza, no constituían el
objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones

Resolución 56800 de 5 de noviembre de 2009 Resolución 40912 de 28 de junio de 2012
“[…] Por la cual se abre una investigación “[…] Por la cual se impone unas
[…]” sanciones[…] ”

“[…] Al parecer, FEDEGAN también es el “[…] Lo expuesto anteriormente, permite
encargado de coordinar el proceso de aplicación concluir que no se encuentra probado que

Dada la gran responsabilidad que significa el desarrollo y ejecución de los ciclos de / vacunación, en especial lo relacionado
con la disponibilidad del biológico, me permito informarle que FEDEGAN, quien a partir del presente año tiene a su cargo lo
correspondiente a la compra del biológico para los ciclos de vacunación, definió con anticipación, como es apenas obvio, las
compras correspondientes para este ciclo”.

Esta cita indica que FEDEGAN es el encargado de definir la forma en que se venden la vacuna producida por cada laboratorio.
Adicionalmente, se puede citar la circular de FEDEGAN No. 00210 de octubre de 2006, dirigida a los laboratorios productores
de vacuna para la erradicación de la fiebre aftosa y brucelosis bovina, se aclara que “[llos pedidos serán efectuados por la
Gerencia Administrativa y Financiera de FEDEGAN - F.N.G., de acuerdo con los requerimientos de la Gerencia Técnica, el
día lunes de cada semana durante el ciclo”. Cuaderno 1, folios 112-113.

Finalmente, en el disco compacto que aparece en el expediente en el cuaderno 4, folio 663 existen dos archivos que contienen
información sobre los pedidos que le ha hecho FEDEGAN a cada laboratorio y sobre el sitio en que debían ser entregados.
46
Cuaderno 1, Folio 104.

21

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

de la vacuna. Para desarrollar esta tarea, al menos exista demanda diferenciada para la vacuna
hasta el segundo ciclo de vacunación de 2008, y para la aplicación de la misma, que lleve a
FEDEGAN contrató a los vacunadores por pensar en la presencia de dos mercados de
intermedio de una organización de trabajo producto diferentes, razón por la cual, difiere
asociado y transfirió los costos de aplicación a los este Despacho de lo indicado por la
ganaderos. Los ganaderos pagaron el precio de la DELEGATURA sobre la singularización del
vacuna en el que se incluye el servicio de producto vinculado y vinculante.
aplicación. Esto podría sugerir que los
compradores deben contratar la aplicación si Frente al factor de coerción, el Despacho
quieren adquirir la vacuna. considera que al no ser la compra de la
vacuna por parte de los ganaderos y su
A juicio de la Delegatura, el hecho de que aplicación mercados distintos, no es
FEDEGAN sea la entidad encargada de expedir el necesario verificar la existencia del mismo
certificado de vacunación, no explica para determinar si efectivamente existió la
suficientemente que se haya convertido en el único venta atada. Lo anterior, toda vez que para
agente que oferta el servicio de aplicación de la que exista un factor de coerción se debe
vacuna atado a la venta de la misma. estar ante la presencia de dos productos, el
vinculado y el vinculante, lo cual no sucede
Desde esta perspectiva, la Delegatura estima que en el presente caso. […]”.
existe mérito para abrir una investigación con el
objetivo de determinar si efectivamente FEDEGAN
ha subordinado la venta de vacuna a la
“aceptación de obligaciones adicionales, que por
su naturaleza no constituían el objeto del negocio,
sin perjuicio de lo establecido por otras
disposiciones”. […]”.

Infracción del artículo 1.º de la Ley 155 de 1959
Resolución 56800 de 5 de noviembre de 2009 Resolución 40912 de 28 de junio de 2012
“[…] Por la cual se abre una investigación “[…] Por la cual se impone unas
[…]” sanciones […] ”
“[…] Respecto del primer punto es importante “[…] Ley 155 de 1959, por medio de la cual
anotar que la evidencia anteriormente citada da se dictaron algunas disposiciones sobre
cuenta de que FEDEGAN es el único comprador prácticas comerciales restrictivas, en su
de la vacuna y que determina la cantidad y el artículo 1º (modificado por el artículo 1 del
precio al que cada laboratorio vende el Decreto 3307 de 1963) establece que:
antígeno, así como la zona en que se debe
distribuir. Esto podría sugerir que la dinámica […]
competitiva del mercado se ha visto limitada ya
que FEDEGAN toma las decisiones que en La norma, contrario a la posición del
principio les corresponden a los diferentes agentes Apoderado de la investigada, reprocha tres
participantes. Es decir, ahora las decisiones tipos de conductas. En primer lugar, prohíbe
descentralizadas de los agentes al parecer han los acuerdos o convenios que directa o
sido reemplazadas por las estipulaciones de indirectamente tengan por objeto limitar la
FEDEGAN. Luego, los recursos que se transan en producción, abastecimiento, distribución o
el mercado de 'compra y venta de la vacuna contra consumo de materias primas, productos,
la fiebre aftosa al parecer no son asignados en un mercancías o servicios nacionales o
mercado en competencia. extranjeros. En segundo lugar y en
consonancia con la prohibición anterior,
A juicio de la Delegatura existen indicios que prohíbe en general, toda clase de prácticas
conducen a pensar que FEDEGAN se ha y procedimientos o sistemas tendientes a
reservado la facultad de tomar ciertas limitar la libre competencia y aquellas
decisiones fundamentales para el mercado sin prácticas, procedimientos o sistemas
tener pleno respaldo para ello, como por tendientes a mantener o determinar precios
ejemplo quién debe vender, en dónde se debe inequitativos.
vender y (qué cantidad). Además, parece que
FEDEGAN ha determinado el proceso de […] Se comparten plenamente las
formación de precios. En comunicación radica el 6 consideraciones de la DELEGATURA
de octubre de 2008 con número 07-136989-00040, cuando manifiesta que. "Tales
FEDEGAN informó sobre los precios vigentes para condicionamientos y apreciaciones son
los años 2005 a 2008. Los precios eran idénticos manifiestamente contrarios a la autorización
para todos los oferentes de la vacuna; de la misma de importación del antígeno otorgada por el

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Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

forma, se determinaban los factores que ICA” LAVERLAM y con el hecho de que este
conformaban el precio de venta del producto, a laboratorio al igual que LIMOR y VECOL,
saber: costo, contraprestación y margen. Lo cumple con todos los requerimientos
anterior sugiere que el precio del producto no se establecidos en las normas nacionales e
formaba libremente según la dinámica del internacionales para la producción de
mercado sino que FEDEGAN lo determinó al vacuna contra la fiebre aftosa'' Tal como ya
menos hasta el 2008. Esta conclusión también se ha sido establecido en este informe, la
encuentra sustentada por el testimonio Alfredo autorización de importación del antígeno
Sánchez Prada, gerente comercial de VECOL, en inactivado A24 Cruzeiro, O, Campos desde
el que se afirma que el precio de compra era fijado la empresa BIOGENESIS - BAGO, fue
y por el testimonio de Luis Augusto Mazariegos otorgada mediante comunicación del ICA de
Godoy, representante legal de LAVERLAM, en el fecha 1 de noviembre de 2006 dirigida al
que se afirma que FEDEGAN determina el precio señor Luis A. Mazariegos, representante
al que le compran a los laboratorios. […]”. (Negrilla legal de LAVERLAM (...)”
fuera del texto).
Es clara la infracción realizada por parte de
la investigada y al igual que en el caso de la
obstrucción, son los mismos elementos
probatorios relacionados con la
discriminación los que sirven de sustento
para determinar la afectación a la libre
competencia en el mercado especifico. […]”.

DECISIÓN SANCIONATORIA: “[…] ARTÍCULO PRIMERO. Declarar que la
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS -FEDEGAN- contravino lo dispuesto
en el artículo 1.º de la Ley 155 de 1959 y los numerales 2, y 6 del artículo 50 del Decreto
2153 de 1992.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer una sanción pecuniaria a la FEDERACION
COLOMBIANA DE GANADEROS -FEDEGAN- por la suma de TRESCIENTOS
MILLONES DE PESOS MCT. ($300.000.000.oo). […] ARTÍCULO TERCERO: Declarar
que el señor JOSE FELIX LAFAURIE RIVERA […] quien se desempeñaba para la época
de los hechos como presidente y representante legal de la FEDERACION
COLOMBIANA DE GANADEROS […]”. (Negrilla del texto).

89. De la comparación de los apartes transcritos, se advierte que no se desconoció
el principio de congruencia puesto que: i) las conductas por las cuales se adelantó
la investigación en contra de la parte demandante son las mismas por las que fue
sancionada y; ii) las normas presuntamente vulneradas son las mismas.

90. Asimismo, se advierte que desde el auto de apertura de la investigación la
autoridad administrativa sí especificó de manera clara que la conducta atribuida a
la parte actora estaba relacionada con unas decisiones de compra las cuales
podrían ser discriminatorias.

91. En efecto, conforme se indicó supra, desde el auto de apertura de la
investigación, la autoridad de la competencia identificó de manera clara que era
procedente adelantar una investigación para determinar si “[…] FEDEGAN tiene la
facultad legal de determinar las cantidades que puede vender cada laboratorio.
Además, se debe verificar si las decisiones de compra de FEDEGAN, en principio,
podrían ser consideradas como discriminatorias […]” y llamó la atención sobre el
hecho de que Fedegán haya decidido comprar una mayor cantidad de producto a la
empresa en la que su presidente hacía parte de la junta directiva y en la que distintas

23

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

asociaciones de ganaderos contaban con participación accionaria. En suma,
existían indicios que conducían a establecer que Fedegán se había reservado la
facultad de tomar ciertas decisiones fundamentales para el mercado sin tener pleno
respaldo para ello, como por ejemplo quién debe vender, en dónde se debe vender
y qué cantidad vender.

92. Se debe resaltar que la imputación que hace la Superintendencia de Industria y
Comercio en el auto de apertura tiene sustento en unos hechos, pero nada obsta
para que en el curso de la investigación esta entidad pueda aclarar, adicionar o
ajustar los hechos que resulten probados en el desarrollo de esta. Esto es así
porque para el momento en que se profiere el auto de apertura de la investigación
aún no se ha otorgado la oportunidad al investigado de ejercer su derecho de
defensa y de contradicción y tampoco se ha logrado recaudar todas las pruebas que
lleven a la certeza acerca de la comisión de la infracción.

93. En este orden de ideas, en el sub examine, la parte demandada, una vez agotada
la etapa probatoria podía hacer referencia a nuevos hechos probados que guardan
relación con la imputación inicial, sin que ello implique una violación del principio de
congruencia y coherencia que debe existir entre el auto de apertura y la sanción47.

94. En consecuencia, la SIC no vulneró el debido proceso de la parte demandante,
puesto que existe coherencia y plena correspondencia entre los cargos imputados
y los fundamentos fácticos y jurídicos que sirvieron de sustento para la imposición
de la sanción.

95. Por otro lado, la parte recurrente insiste en que la SIC no demostró que las
vacunas de Vecol y Laverlam fueran productos sustitutos, requisito esencial para
establecer que se estaba frente a productos equivalentes dentro de un mismo
mercado relevante y para ello era necesario que se practicara un estudio técnico
económico, del cual debía correrse traslado a las partes para ejercer el derecho de
defensa y de contradicción.

96. Como se observa, la transgresión del debido proceso se fundamenta en que la
autoridad de la competencia no practicó y decretó un estudio técnico económico
para determinar si se estaba frente a productos sustitutos y, por ende, no basó su
decisión en pruebas suficientes para arribar a la conclusión de la sustituibilidad de
las vacunas.

97. Al respecto, la Sala evidencia que, en la investigación adelantada en contra de
la parte actora, la SIC agotó oportunamente las etapas del procedimiento
administrativo sancionador, incluida la etapa del decreto, práctica y contradicción de
las pruebas. Asimismo, en el desarrollo de esta, la parte demandante contó con la

47
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2026. Radicación
núm.: 25000 23 24 000 2012 00763 02. M.P.: Pablo Andrés Córdoba Acosta.

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Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

oportunidad de solicitar el decreto de aquellas pruebas que considerara útiles,
pertinentes y conducentes para el análisis de sustituibilidad.

98. Por otro lado, el hecho de que la autoridad de la competencia haya considerado
que los biológicos autorizados por el ICA eran ofrecidos por laboratorios sustitutos,
de esta circunstancia no se sigue la violación del debido proceso, máxime si se tiene
en cuenta que la SIC cuenta con diferentes herramientas para analizar si dos
productos son o no sustitutos; de ahí que el estudio de esta variable no está
condicionada a una solemnidad probatoria o tarifa legal.

99. Ahora, en la actuación administrativa la SIC sí efectuó un análisis de
sustituibilidad al concluir que los productos ofrecidos por los laboratorios Vecol,
Laverlam y Limor tenían las mismas características, usos y precios. Así quedó
consignado en el informe motivado:

“[…] En Colombia hay tres (3) laboratorios que tradicionalmente han producido la
vacuna antiaftosa, VECOL S.A., LIMOR S.A. y LAVERLAM S.A. vacunas se utilizan
de forma sustituta, teniendo todas las mismas características técnicas, usos y
precios, de conformidad con las autorizaciones del ICA, y lo afirmado y establecido
durante la presente actuación. VECOL produce la vacuna AFTOGAN 2ML. LIMOR
produce la vacuna AFTOLIMOR y AFTOSA MK y LAVERLAM produce la vacuna
AFTOVAC AP -. Todas son vacunas oleosas inyectables, en dosis de 2ml que
contienen los virus A24 Cruzeiro y 01 Campos con coadyuvante oleosos.[…]”.

100. Con fundamento en este análisis, la autoridad de la competencia en la
resolución sancionatoria arribó a la siguiente conclusión:

“[…] En efecto, en cuanto a las características de los productos, se determina si las
materias primas o insumos utilizados en la producción de los bienes son
equivalentes, de tal forma que las propiedades físicas, técnicas y características
generales que definen los productos los hace sustituibles para el consumidor. En el
presente caso, tanto en el Informe Motivado como en la Resolución recurrida se
presentaron las características de las vacunas que se muestran en la tabla 1 y se
concluyó que a pesar de que las características y calidad de los insumos utilizados
para producir la vacuna anti-aftosa pueden diferir de un laboratorio a otro, estas
diferencias no afectan la autorización del ICA para su venta y no son percibidas por
el consumidor final ni tienen un impacto en el precio del producto.

25

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

Así las cosas, y teniendo en cuenta que tal y como se indicó anteriormente, el ICA,
entidad encargada de controlar la calidad del biológico para la erradicación de la
enfermedad, determinó, con base en los estudios realizados, que las vacunas
elaboradas por LAVERLAM con cepas extranjeras, cumplían con los estándares
técnicos exigidos por dicha entidad para ser comercializadas, es necesario concluir
que las características de los productos son similares.

Ahora bien, respecto de los análisis de usos y precios, es claro, según la
información obrante en el expediente, a la que se hizo referencia en la Decisión
recurrida, que las vacunas elaboradas por VECOL, LAVERLAM y LIMOR tienen
el mismo uso y son ofrecidas a FEDEGÁN al mismo precio. Así, esta
Superintendencia considera, con base en las características, usos y precios
de las vacunas anti-aftosa, que los biológicos autorizados por el ICA ofrecidos
por los laboratorios son sustitutos, como se indicó tanto en el Informe
Motivado como en la Decisión de sanción.

No se trata por lo tanto de una posición caprichosa de este Despacho como lo
pretende hacer ver el Apoderado, sino de una realidad en el mercado que incluso
encuentra sustento en las mismas actuaciones de FEDEGAN dentro del mercado.

[…]”. (Negrilla fuera del texto).

101. En este orden de ideas, la parte demandada, acudió a las características de los
productos, los usos y los precios, de conformidad con las autorizaciones del ICA,
para establecer la sustituibilidad de estos. Nótese que el ICA, de conformidad con
el numeral 3 del artículo 6 del Decreto 4765 de 2008 tiene a su cargo la función de
ejercer el control técnico sobre las importaciones de insumos destinados a la
actividad agropecuaria, así como de animales, vegetales y productos de origen
animal y vegetal, a fin de prevenir la introducción de enfermedades y plagas que
puedan afectar la agricultura y la ganadería del país, y certificar la calidad sanitaria
y fitosanitaria de las exportaciones, cuando así lo exija el país importador.

102. En línea con lo expuesto, la parte demandante no solicitó ni aportó pruebas con
el propósito de desvirtuar el análisis cualitativo efectuado por la parte demandada y
las conclusiones consignadas en los actos enjuiciados en cuanto señalaron que los

26

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

productos ofrecidos por los tres laboratorios eran sustitutos, de allí que este
reproche formulado por la parte actora tampoco está llamado a prosperar.

II.6.2. Inexistencia de las infracciones y falsa motivación

103. La Sala abordará de manera conjunta los motivos de alzada que se relacionan
con la inexistencia de las infracciones y la falsa motivación por cuanto estos motivos
están relacionados entre sí y guardan unidad temática.

104. LaSala ha señalado lo siguiente frente a la motivación de los actos
administrativos48:

“[…] 4.2 De otro lado, es sabido que la validez del acto administrativo también
depende de que los motivos por los cuales se expide sean ciertos, pertinentes y
tengan el mérito suficiente para justificar la decisión que mediante el mismo se
haya tomado. Es decir, que correspondan a los supuestos de hecho y de derecho
jurídicamente necesarios para la expedición del acto administrativo de que se trate,
y que se den en condiciones tales que hagan que deba preferirse la decisión
tomada y no otra.

Se trata de un requisito material, en cuanto depende de la correspondencia de lo
que se aduzca en el acto administrativo como motivo o causa del mismo, con la
realidad jurídica y/o fáctica del caso.

El vicio de falsa motivación se presenta cuando la sustentación fáctica del acto
carece de veracidad, es decir, no hay correspondencia entre lo que se afirma en
las razones de hecho o de derecho que se aducen para proferir el acto y la realidad
fáctica y/o jurídica del respectivo asunto. […]”.

105. La falsa motivación como vicio de nulidad del acto se produce cuando “[…] i) se
presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación
de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en
el acto son contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o
simuladas; iii) porque el autor del acto les ha dado a los motivos de hecho o de
derecho un alcance que no tienen; y iv) porque los motivos que sirven de
fundamento al acto no justifiquen la decisión […]”49.

106. A través de los actos demandados, la SIC impuso una sanción de multa en
contra de Fedegán por valor de $300.000.000 por haber infringido el artículo 1.º de
la Ley 155 de 1959, así como los numerales 2.º y 6.º del artículo 50 del Decreto
2153 de 1992 y en contra de su representante legal, José Félix Lafaurie Rivera, por
haber ejecutado las conductas previstas en el artículo 1.º de la Ley 155 de 1959,
incurriendo así en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4.º del
Decreto 2153 de 1992, motivo por el cual, la Sala entrará a analizar si de

48
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de junio de 2012. MP: Marco
Antonio Velilla. Radicado núm.: 11001-0324-000-2006-00348-00.
49
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 16 de abril de 2021. Radicado:
15001-23-33-000-2015-00489-01 (5110-16). MP: César Palomino Cortés.

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Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

conformidad con las pruebas aportadas al expediente la parte actora incurrió en
estas infracciones.

i) Estudio de la conducta prevista en el numeral 2.° del artículo 50 del Decreto
2153 de 1992

107. Según se indicó, la conducta prevista en el numeral 2.° del artículo 50 del
Decreto 2153 de 1992 exige que se demuestren los siguientes elementos: i) los
proveedores o consumidores que son discriminados deben ejecutar operaciones
equivalentes; ii) la aplicación de un trato discriminatorio entre los agentes que se
encuentran en condiciones de igualdad y; iii) que la conducta discriminatoria ponga
en desventaja competitiva a los agentes del mercado.

108. En el sub examine, la SIC encontró probados los anteriores elementos, en el
siguiente sentido:

a) La equivalencia de operaciones:

109. La SIC en los actos demandados señaló que Fedegán tenía una posición de
dominio en los siguientes mercados:

“[…] i) El mercado de producción de vacuna anti-aftosa en el cual es el único
comprador y ha determinado algunas condiciones del mercado y donde la presencia
de barreras a la entrada le permiten reforzar su posición.

(ii) El mercado de comercialización de la vacuna anti-aftosa, donde es el único
distribuidor del biológico a las OGG y organizaciones del sector autorizadas,
determina el valor de la intermediación y los precios de venta de la vacuna al
ganadero y en el que la presencia de barreras a la entrada también le permiten
reforzar la posición que tiene en este mercado. […]50”.

110. Igualmente, La SIC sostuvo que los laboratorios Vecol, Laverlam y Limor como
proveedores realizaban operaciones equivalentes toda vez que los tres laboratorios
cumplían con los requerimientos técnicos establecidos por las normas para la
producción de la vacuna contra la fiebre aftosa, así:

“[…] A pesar de que el antígeno utilizado por parte de la quejosa era de procedencia
foránea, la importación del mismo había sido autorizada por la entidad
correspondiente, la cual también hace parte del programa para la erradicación de la
fiebre aftosa. Esto conlleva a concluir que a pesar de las estrategias utilizadas por
cada uno de los laboratorios participantes en el mercado de producción y venta de
las vacunas, lo cierto es que las operaciones realizadas por unos y otros eran
equivalentes. De tal suerte, bajo el análisis de acceso y participación al mercado
arriba explicado, VECOL, LAVERLAM y LIMOR se encontraban como proveedores
en condiciones análogas frente a FEDEGAN. […]”.

50
Resolución 40912 de 2012, hoja 44.

28

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

b) La aplicación de condiciones discriminatorias por parte de Fedegán

111. La SIC en los actos demandados estableció que Fedegán abusó de su posición
de dominio en el mercado de compra de vacuna aftosa, al haber discriminado al
laboratorio Laverlam S.A., por el solo hecho de contener cepas importadas de un
laboratorio de Argentina, sin contar con una razón objetiva y comprobada, pues este
laboratorio contaba con la autorización y requisitos necesarios para fabricar las
vacunas:

“[…] En el presente caso, FEDEGAN tomó la decisión de dejar de comprar las
vacunas ofrecidas por la quejosa por el hecho de contener una cepa importada de
un laboratorio en Argentina.

Por esta razón, la cuestión a resolver es si dicha exclusión estuvo justificada o
simplemente se trató de la extralimitación de las posibilidades para determinar un
mercado que ejerce un agente dominante.

[…]

A pesar de lo anterior, FEDEGAN decidió que no compraría vacunas cuyo antígeno
fuera importado, prefiriendo las vacunas 100% nacionales, con lo que se aplicó una
condición discriminatoria para con LAVERLAM al negarse a comprar sus vacunas
sin una razón objetiva y comprobada. Esto, teniendo en cuenta que, como ya se
explicó, LAVERLAM se encontraba ejerciendo una operación equivalente a la de los
demás laboratorios que para el caso específico la ubicaba además en una condición
análoga frente a los mismos.

En efecto, la restricción técnica impuesta de manera unilateral por parte de la
investigada desconoció la posición oficial de la autoridad competente para autorizar
la actividad pretendida por la quejosa estructurando de manera artificial una barrera
de entrada al mercado. Debe recordarse en este punto que la discriminación de la
forma como es analizada en el caso específico, parte de la existencia de una
posición de dominio ejercida por FEDEGAN en el mercado de la producción y venta
de las vacunas que en caso de no existir, seguramente desdibujaría la esencia
misma de la conducta. […]”.

112. La SIC en los actos demandados indicó que la negativa a la compra de vacunas
con cepas importadas generó una barrera de entrada artificial por parte del agente
dominante, basada en el origen del producto, sin contar con una justificación legal
y técnica.

113. En efecto, obra la comunicación de 3 de enero de 201051, mediante la cual el
ICA informó que las vacunas de los laboratorios Vecol, Limor y Laverlam “[…]
cumplen con todos los requerimientos establecidos en las normas nacionales e
internacionales para la producción de vacuna contra la fiebre aftosa […]” y la señora
Myriam Luz Gallego, coordinadora del Grupo de Control y Erradicación de Riesgos
Sanitarios quien explicó que a todos los lotes de vacuna se les aplica el mismo
proceso de control y calidad ante el ICA.

51
Cuaderno 8. Folios 1220 a 1221.

29

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

114. Además, para la fecha en que Fedegán adoptó la decisión era conocido que el
único laboratorio que utilizaba cepas importadas era Laverlam, tal y como lo
demuestran las actas y reuniones obrantes en el expediente administrativo52. Por
ende, no es de recibo el argumento consistente en que la restricción fue aplicada a
todos los laboratorios y no a uno en particular, pues se demostró que el único
laboratorio que usaba cepas importadas era Laverlam.

c) Que la discriminación coloque en situación desventajosa a consumidores o
proveedores en condiciones análogas

115. La autoridad de la competencia consideró que el laboratorio Laverlam se ubicó
en una situación de desventaja en el mercado, a tal punto que su participación en
este se vio disminuida pues a la fecha en que se impuso la sanción no tenía ventas
registradas. Ello generó, a juicio de la parte demandada, una modificación de la
estructura del mercado:

“[…] En relación con la conducta de discriminación es importante señalar que resulta
suficiente demostrar que un agente dominante discrimine y ponga en una situación
desventajosa a un consumidor o proveedor de condiciones análogas, sin que se
exija la efectiva salida del mercado. Lo anterior sin perjuicio, como se expone más
adelante, que en criterio de este Despacho también se presentó la conducta de
obstrucción.

En el presente caso, debido a la política impuesta por la investigada, LAVERLAM
se ubicó en una posición de desventaja frente a sus competidores directos al punto
de que a pesar de haber vendido un lote de sus vacunas, su participación se vio
disminuida sustancialmente entre los años 2007 y 2008, hasta el punto que en la
actualidad no tiene ventas registradas como se observa en la Gráfica 1 presentada
en el numeral 8.3.5 de la presente Resolución.

Dicha modificación en la estructura del mercado no se debió a un ejercicio de
competencia entre los oferentes, sino a la decisión injustificada de no compra por
parte del monopsonista (sic). Además, no puede perderse de vista que para cumplir
con el requerimiento impuesto por FEDEGAN y construir una planta para la
producción de cepa nacional, era necesario invertir aproximadamente 10 millones
de dólares. Al no dársele siquiera la oportunidad de ofertar su producto, dicha
empresa se encontró en un escenario en donde incluso tuvo que incinerar un lote
de dos millones de dosis como lo manifestó Luis Augusto Mazariegos, representante
legal de LAVERLAM:

“(...) nos vimos obligados a importar el antígeno en vez de eso, para lo cual el ICA
nos dio el permiso correspondiente y logramos traer después de cumplir con
alrededor de 36 diferentes condiciones que nos impusieron para poder autorizar la
importación logramos traer un solo lote de dos millones de dosis, entonces, el pueblo
nos demandó, llamo al pueblo a una demanda que instauraron aquí personas de
cierta manera desconocidas, pero yo creo, eran influenciadas para que no nos
permitieran a nosotros seguir operando con el antígeno. Logramos sacar un solo
lote que se vendió y lo compró integro la Federación Nacional de Ganaderos, ¿Por
qué?, porque no tenía una vacuna que valiera la pena en esa época, posteriormente
logramos traer otro lote de dos millones de dosis y aquí estoy hablando de
recientemente, porque lo tuvimos que quemar porque la Federación de Ganaderos

52
Acta Junta Directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN Acta 336 del 25 de marzo de 2009.

30

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00414-01
Demandantes: Fedegán y otro

no nos lo quiso comprar, entonces ordenaron la incineración de dos millones de
dosis adicionales y eso nos llevó a la situación actual de la compañía en que
estamos absolutamente en manos de la ley 1116.”

Las circunstancias descritas muestran la forma como la quejosa se vio en una
situación de desventaja en la competencia por la venta de vacunas para la fiebre
aftosa, lo que completa la estructura de la conducta de discriminación investigada.

Ahora bien, en relación con los demás laboratorios, en especial de Limor, dado que
en su contra no se impuso ninguna condición que resultara claramente injustificada
como lo es el origen de la cepa, este Despacho no considera que pueda
establecerse la existencia de una infracción contraria a las normas de competencia.
Tampoco existen pruebas en el expediente que demuestren algún tipo de conducta
discriminatoria en los términos ya vistos, en la forma como se trataron por parte de
FEDEGAN las ofertas de LIMOR y VECOL, luego de la exclusión de LAVERLAM.
Además, comparte este Despacho la existencia de elementos diferenciales entre
ellas que impiden afirmar la existencia de condiciones análogas y refuerzan la
inexistencia de políticas o condiciones injustificadas. […]”.

116. A partir de lo expuesto, Laverlam S.A. quedó en una situación de desventaja
frente a Vecol S.A. y Limor por el hecho de que estos laboratorios producían la
vacuna con antígeno colombiano, sin que Fedegán demostrara con pruebas válidas
las razones y los fundamentos objetivos para imponer tal condición técnica para la
compra de la vacuna, circunstancia que constituye una clara conducta
discriminatoria porque los tres laboratorios realizaban operaciones equivalentes y
debían participar en ese mercado específico bajo las mismas condiciones de
igualdad.

117. La parte demandante en el recurso de alzada señaló que: i) la exigencia
establecida por Fedegán en el año 2010 de no comprar vacuna con antígeno
importado no colocó a Laverlam en una situación desventajosa frente a Vecol y
Limor, pues el laboratorio Laverlam no estaba produciendo la vacuna; ii) la tesis de
la SIC, avalada por el a quo anula el derecho de todo empresario de escoger sus
proveedores y decidir los requisitos de los productos que adquiere y; iii) la decisión
de Fedegán de abstenerse de comprar las vacunas del laboratorio Laverlam se
justificó en el hecho de que el antígeno importado tenía un mayor riesgo para la
ganadería colombiana por proceder de un laboratorio donde se manipulan cepas
aftosas diferentes a las existentes en el país.

118. Respecto de los anteriores aspectos, la Sala considera que, a diferencia de lo
sostenido por la parte actora, el laboratorio Laverlam sí estaba produciendo vacunas
por lo que era un potencial competidor dentro del mercado de las vacunas contra la
fiebre aftosa.

119. Sobre el particular, el Informe Motivado de la SIC refleja que, si bien este
laboratorio participó en el mercado en el año 2006, retomó su participación en el
año 2008 con ocasión de la compra de unos lotes de vacuna formulados en

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Demandantes: Fedegán y otro

Colombia con antígeno importado de Argentina por parte de Fedegán, en los
siguientes términos53:

“[…] Como se aprecia en el anterior gráfico, VECOL ha contado históricamente con
una participación predominante en el mercado, que ha oscilado generalmente en
cifras superiores al 60%. Durante el período 1998 - 2006 antes de la exigencia del
NSB3A en las plantas de los laboratorios, su participación promedio fue de 63,2%;
después de la salida del mercado de LAVERLAM en 2008 y para el periodo 2008 -
2010, su participación promedio alcanzó el 78,6%.

Por su parte, para el período 1998-2006 LIMOR tuvo una participación promedio de
16,01%; una vez sale LAVERLAM del mercado, su participación promedio para el
periodo 2008 - 2010 alcanzó el 19,5%. LAVERLAM por su parte, participó en el
mercado de producción de la vacuna antiaftosa hasta el año 2006 antes de la
entrada en vigencia del requisito de NSB3A. Durante el periodo 1998 - 2006, su
participación promedio en el mercado de venta de la vacuna antiaftosa fue del
20,8%. LAVERLAM tuvo nuevamente una participación en el mercado en el año
2008 por la compra de unos lotes de vacuna formulados en Colombia con
antígeno importado de Argentina por parte de FEDEGAN, que correspondió al
5,5% del mercado frente al 21,4% de LIMOR y al 73,1% de VECOL. […]”. (Negrilla
fuera del texto).

120. Por otro lado, se debe señalar que la libertad de empresa o conocida libertad
económica ha sido definida como “[…] aquella libertad que se reconoce a los
ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de
capital) para la realización de actividades económicas para la producción e
intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización
típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un
beneficio o ganancia. El término empresa en este contexto parece por lo tanto cubrir
dos aspectos, el inicial - la iniciativa o empresa como manifestación de la capacidad
de emprender y acometer- y el instrumental -a través de una organización
económica típica-, con abstracción de la forma jurídica (individual o societaria) y del
estatuto jurídico patrimonial y laboral […]54”.

53
07-136989 C15. Cfr. Folio 3901. página 30.
54
Corte Constitucional, sentencia C- 228 de 2010, MP: Luis Ernesto Vargas Silva.

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Demandantes: Fedegán y otro

121. Sin embargo, en palabras de la Corte Constitucional, la libertad de empresa
tiene límites relacionados, por un lado, en la responsabilidad social y, el segundo
con la protección de la competencia que apareja la necesidad de regular las
disconformidades del mercado que restringen la posibilidad de acceso equitativo a
los distintos agentes económicos55.

122. Por lo tanto, en el presente caso si bien resulta cierto que, al amparo del principio
de libertad de empresa, todo agente del mercado tiene el derecho a elegir a sus
proveedores que mejor cumplen con sus necesidades, el ejercicio de esa libertad
debe realizarse en un marco de respeto por la libre competencia lo que trae consigo
la responsabilidad que se deriva por adoptar decisiones con abuso de posición
dominante.

123. Por otro lado, en la investigación administrativa se determinó que la decisión de
no comprar antígenos importados generó una barrera de entrada por parte del
agente dominante, basada en el origen del producto, sin haber acudido a una razón
objetiva o razonable, máxime si se tenía en cuenta que el laboratorio Laverlam
estaba ejerciendo una operación equivalente que la ubicaba en una condición
análoga frente a los demás laboratorios.

124. Fue así como en el curso de la actuación administrativa se practicaron unas
pruebas que demostraban que la cepa importada no representaba ningún riesgo
para la ganadería de Colombia.

125. En este sentido, en la Decimoséptima Reunión de la Comisión Nacional para la
Erradicación de la Fiebre Aftosa del 21 de diciembre de 200656, el señor Edilberto
Brito, en su calidad de Coordinador del Grupo de Riesgos y Asuntos Internacionales
indicó que el riesgo de la cepa procedente de Argentina era insignificante, al señalar:

“[…]el resultado final del análisis de riesgo dio como resultado que la importación de
antigenos inactivados de Fiebre Aftosa '(A24 Cruzeiro, O, Campos) procedentes del
Laboratorio Biogénesis - BAGO Argentina, representa un riesgo insignificante. […]”.
(subrayado fuera del texto).

126. En esa misma reunión y en idéntico sentido se pronunció el presidente de
Asoganorte, representante de las asociaciones ganaderas, quien señaló que el
riesgo para el sector ganadero era insignificante, lo que a su juicio implicaba que el
riesgo era cero.

127. Por otro lado, los testimonios de la señora Myriam Luz Gallego, coordinadora
del Grupo de Control y Erradicación de Riesgos Zoosanitarios y de la señora
Deyanira Barrero, Subgerente de Protección Animal del ICA fueron coincidentes en
señalar que en términos técnicos no existían diferencias entre las vacunas
antiaftosa que producían los tres laboratorios.

55
Ibidem.
56
Cfr. Cuaderno 13. Folios 3477 a 3482 del Cuaderno 13 del Expediente.

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128. La primera de estas testigos señaló57:

“[…] Pregunta: ¿Doctora Gallego en términos técnicos existen las vacunas
antiaftosa que producen los laboratorios?

Respuesta: Puedo opinar por la legislación colombiana y que quiero decir, que
cuando hay un laboratorio que tiene un registro es porque cumple con las normas
que están requeridas para un laboratorio por la legislación colombiana ante el ICA,
cuando hay un producto que recibe un registro ese producto cumple con las normas
establecidas por las normas colombianas. Cuando un lote de vacuna es
presentado y es sometido a pruebas de control de calidad, a todos los lotes
de vacuna sin diferenciación de empresa productora se les realiza el mismo
proceso de control de calidad y las mismas pruebas. Sin un lote de vacuna
pasa las pruebas de control de calidad ante el ICA, el ICA autoriza su uso y
aplicación en Colombia de acuerdo a los estándares colombianos y en ese
sentido técnicamente no hay diferencia entre la vacuna que produce un
laboratorio o el otro, está tan aprobada la una como la otra sin importar la
marca […]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

129. Por su parte, la señora Deyanira Barrero, Subgerente de Protección Animal del
ICA afirmó58:

“[…] Testimonio de Deyanira Barrero Subgerente de Protección Animal - ICA (5 de
octubre de 2010). Pregunta: ¿Existe alguna diferencia entre los tres productos, ellos
dicen que cumplen con los estándares de calidad, existe alguna diferencia para que
el consumidor diga que tal vacuna es mejor que la otra aparte del tema de calidad?

Respuesta: Para nosotros como autoridad oficial no, porque las tres vacunas de
los tres laboratorios si salen a ser comercializadas es porque han cumplido
con el estándar que nosotros exigimos en términos del control de calidad de
la vacuna, las vacunas cumplen los requisitos para ser comercializadas […]”.
(Negrilla y subrayado fuera del texto).

130. Así las cosas, como lo indicó el a quo, en el expediente no reposan elementos
de prueba que demuestren que la decisión adoptada por Fedegán de no comprar
las vacunas del Laboratorio Laverlam haya obedecido a un criterio objetivo y
razonable basado en el riesgo y, por el contrario, se demostró que el ICA había
otorgado autorización para la importación del antígeno dado que cumplía con las
condiciones técnicas y de bioseguridad exigidas por la normatividad.

131. Por las razones expuestas, la Sala considera que la parte actora incurrió en la
infracción prevista en el numeral 2.° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992
consistente en la aplicación de condiciones discriminatorias a operaciones
equivalentes que coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa
frente a otro consumidor o proveedor en condiciones análogas.

57
Cfr. Resolución 53309 de 2012. Hoja 9,
58
Cfr. Resolución 53309 de 2012. Hoja 10.

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ii) Estudio de la conducta prevista en el numeral 6.° del artículo 50 del Decreto
2153 de 1992

132. Conforme con lo expuesto, para que se configure la infracción prevista en el
numeral 6.° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 es necesario que concurran
los siguientes elementos: i) la ejecución del acto que obstruye el acceso por parte
de un agente con posición dominante en el mercado; ii) que el acto obstructivo se
realice en contra de un tercero y; iii) que con la conducta desplegada se obstruya el
acceso a un mercado o a un canal de comercialización.

133. En el sub examine, la SIC en los actos demandados determinó que la parte
demandante abusó de su posición dominante en el mercado de compra de la
vacuna contra la fiebre aftosa puesto que le impuso al laboratorio Laverlam
requisitos técnicos que no eran exigidos por autoridades regulatorias del sector, en
el siguiente sentido:

“[…] La exigencia de requisitos técnicos no impuestos por las autoridades
regulatorias del sector, a partir de los cuales la quejosa no tuvo oportunidad de
participar en la venta de vacunas, se constituye como una barrera artificial de
entrada aplicada por el agente dominante. Asimismo, es claro que la barrera se aplicó
de manera directa en contra de uno de los oferentes del producto y tuvo como
consecuencia que éste no volviera a venderlo en el mercado, con lo cual se recorre
la definición de la conducta estudiada.

Si bien una discriminación de este tipo no necesariamente conlleva a una obstrucción,
en el presente caso existen suficientes elementos para determinar que las políticas
aplicadas por la investigada crearon la ya mencionada barrera artificial de entrada al
mercado, pues con las características propias del mismo, LAVERLAM no tenía otra
opción que la de dejar de vender su vacuna. Es por esto, que los elementos
probatorios que en principio sustentaban la conducta de obstrucción a los ojos de la
DELEGATURA, son los que demuestran además en opinión de este Despacho la de
discriminación. Lo expuesto debe ser interpretado como el reconocimiento de que una
misma acción puede generar diferentes efectos que en su contexto encuadran en
distintas conductas sancionables. […]”. (Negrilla fuera del texto).

134. La SIC consideró, igualmente, que si bien en este tipo de conductas no resulta
indispensable la prueba de un interés económico específico para que se produzca
la obstrucción, aclaró que Fedegán tenía participación accionaria en Vecol y hacía
parte de su junta directiva, al señalar:

“[…] A pesar de que este Despacho no encuentra como indispensable la prueba de
un interés económico específico para que se configure la conducta de obstrucción, no
puede dejarse de lado que como se reconoce en el mismo Informe, de manera
conjunta FEDEGAN tiene una participación accionaria del 2,06% en VECOL, además
de hacer parte de su Junta Directiva. Adicionalmente, los Comités Ganaderos - que a
su vez se encuentran afiliados a FEDEGAN y hacen parte de la red de
comercialización de la vacuna - también tienen una participación accionaria que
asciende al 15,65%. El interés económico no puede estar definido como la posibilidad
de controlar una empresa, como ocurre en este caso, entre mayor participación pueda
tener VECOL en el mercado, las ganancias para FEDEGAN, independientemente de
si son distribuidas o no, serán mayores. […]”.

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135. La parte actora manifestó su desacuerdo con lo decidido por el tribunal, por
cuanto señaló que: i) para el 2010, año de ocurrencia del hecho que origina la
sanción, la quejosa no estaba produciendo vacunas, entre otras razones, porque la
última importación de antígeno aprobada por el ICA para la elaboración de vacuna
antiaftosa ocurrió en el año 2006, de allí que la exigencia de Fedegán en el año
2010 de no comprar vacunas con antígeno importado fue inocua, lo que deja sin
piso la afirmación del tribunal en el sentido de que se impidió que participara en el
mercado como oferente del producto y; ii) sí contó con una justificación legal,
objetiva y técnica que no era otra diferente que la de evitar un riesgo para la
ganadería colombiana por proceder de un laboratorio donde se manipulan cepas
aftosas diferentes a las existentes en el país.

136. Respecto del primer punto, la Sala se remite a las consideraciones expuestas
con anterioridad. En efecto, a pesar de que la última autorización que se le otorgó
al laboratorio Laverlam se dio el 1.º de noviembre de 2006, no es menos cierto que
el laboratorio sí continuaba comercializando el producto, en especial a partir del año
2008 y por ende era un competidor potencial en el mercado.

137. Así, de acuerdo con el Informe Motivado, en el mercado de producción de la
vacuna antiaftosa existían tres laboratorios que estaban ofreciendo la vacuna, tal y
como quedó reflejado en la siguiente gráfica:

138. Así mismo, según se indicó con anterioridad, no se demostró que la decisión
adoptada por Fedegán haya obedecido a una justificación objetiva y técnica. Ahora,
no existen evidencias científicas que demuestren que las vacunas con antígeno
importado representaban, para la época de los hechos juzgados, un mayor riesgo
para la ganadería colombiana, y por el contrario, según quedó probado con el
estudio de las pruebas documentales y testimoniales antes referidas el riesgo de la
cepa importada era inexistente.

139. En consecuencia, la Sala considera que la parte actora incurrió en la conducta
prevista en el numeral 6.° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 consistente en

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obstruir o impedir a terceros el acceso a mercados o a los canales de
comercialización.

iii) Análisis de la infracción prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959

140. Conforme se indicó con anterioridad, el artículo 1.º de la Ley 155 de 1959 prevé
tres prohibiciones, a saber: i) los acuerdos o convenios que directa o indirectamente
tengan por objeto limitar la producción, distribución o consumo de materias primas,
productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros; ii) toda clase de
prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y; iii)
toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a mantener o
determinar precios inequitativos.

141. La SIC en los actos demandados determinó con sustento en los elementos de
prueba que la parte demandante incurrió en prácticas restrictivas de la libre
competencia y de abuso de posición dominante.

142. La parte apelante argumentó que la autoridad de la competencia no demostró
mediante una prueba jurídico- económica que las vacunas Vecol y Laverlam fueran
productos sustitutos, requisito que era esencial para establecer si se estaba frente
a productos equivalentes o no e insistió en que no efectuó un ejercicio de
sustituibilidad para concluir que se estaba frente a productos con condiciones
equivalentes, lo cual era necesario para determinar que se estaba frente a una
conducta prohibida.

143. Conforme se indicó con anterioridad, la SIC sí efectuó el estudio de
sustituibilidad para lo cual realizó un análisis de las características de los productos,
los usos y precios, a partir de la información allegada al expediente administrativo
la cual no fue tachada de falsa y el hecho de que no se haya practicado el estudio
técnico que echa de menos la actora no resta validez las conclusiones adoptadas
por la autoridad de la competencia.

144. Así las cosas, en los mismos términos del a quo, los hechos y fundamentos
jurídicos que fundamentaron la decisión adoptada por la parte demandada se
ajustan a la realidad, puesto que se demostró que la parte actora sí incurrió en las
infracciones previstas en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y en los numerales 2.º
y 6.º del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 relativas a prácticas restrictivas de la
libre competencia y abuso de posición dominante y, por lo tanto, no hubo falsa
motivación.

145. Finalmente, tampoco se comparte el argumento según el cual la autoridad de la
competencia debe demostrar que la conducta infringida produjo un perjuicio
económico para los consumidores. En efecto, las normas que regulan la materia no
prevén como requisito para que existan prácticas restrictivas o que limiten la libertad
de la competencia que de ellas se derive un perjuicio económico para los
consumidores, pues resulta suficiente con que se configure la conducta descrita.

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146. Por todo lo expuesto, los argumentos planteados en el recurso de apelación no
cuentan con la aptitud suficiente para que se revoque la sentencia de primera
instancia.

II.7. Condena en costas en segunda instancia

147. De acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en
concordancia con el artículo 361 y los numerales 1.° y 8.° del artículo 365 de la Ley
1564 y atendiendo al criterio objetivo – valorativo, la Sala no condenará en costas
a la parte demandante, por cuanto no se encuentran probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de enero de 2015 proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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