Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01660-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01660-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01660-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
13 de julio de 2023
Demandante: César Augusto Arango Isaza
Demandados: Consejo de Estado – Sección Primera y Otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01660-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01660-01
Demandante: CÉSAR AUGUSTO ARANGO ISAZA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – revoca la decisión de
primera instancia que negó el amparo solicitado para, en su
lugar, declarar su improcedencia por falta de agotamiento de
los mecanismos judiciales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor César Augusto Arango
Isaza, contra la sentencia de 11 de mayo de 2023 proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo de
la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 31 de marzo de 2023, el señor César Augusto Arango
Isaza, por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C y el
Consejo de Estado, Sección Primera, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la
defensa y de contradicción.
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión
de la sentencia de 1.º de diciembre de 2022, a través de la cual la Sección Primera
del Consejo de Estado revocó el fallo de primer grado de 12 de diciembre de 2014
que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25000-23-24-000-2011-
00170-01, para, en su lugar, determinar que «no prospera el cargo de
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Demandados: Consejo de Estado – Sección Primera y Otro
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desconocimiento de las garantías constitucionales del debido proceso, en
concordancia con el derecho de contradicción y el principio de tipicidad» y, como
consecuencia de lo anterior, dispuso «remitir el expediente al Tribunal de origen
para que se pronuncie respecto de los demás cargos que fueron objeto de
demanda y registre proyecto dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la
recepción del expediente, en los términos del artículo 211 del CCA».1
1.2. Pretensiones
Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:
PRIMERO. Que se DECLARE que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y al acceso a la
administración de justicia del señor CÉSAR AUGUSTO ARANGO ISAZA.
SEGUNDO. Que, en consecuencia, se PROTEJAN los derechos fundamentales al
debido proceso, la defensa y al acceso a la administración de justicia del señor
CÉSAR AUGUSTO ARANGO ISAZA.
TERCERO. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al CONSEJO DE
ESTADO que MODIFIQUE la sentencia del primero (1) de diciembre del año 2022,
proferida por el CONSEJO DE ESTADO -Sección primera y, que en consecuencia,
disponga que el expediente sea devuelto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA para que esta última corporación decida de fondo sobre TODOS
los cargos y argumentos que fueron esbozados por el señor CÉSAR AUGUSTO
ARANGO ISAZA, de manera precisa, concreta e individualizada, lo que debe incluir
el cargo y argumento de la violación a su derecho de defensa (congruencia de los
hechos) plasmado en el escrito de demanda respecto de los hechos imputados a mi
poderdante por la SIC.
CUARTA. Como consecuencia de lo anterior, que se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA acatar la decisión que expida el
CONSEJO DE ESTADO en los términos solicitados en la anterior pretensión, en el
plazo máximo contemplado en el artículo 211 del CCA.
QUINTA. En virtud de la condición de mi mandante de sujeto de especial protección
constitucional, que se les ordene a las autoridades judiciales accionadas que
impriman un trámite preferencial y prioritario al procedimiento contencioso
administrativo de nulidad y restablecimiento, llevado por el señor ARANGO ISAZA
ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. 2
1.3. Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
1 Transcrito del texto original con posibles errores.
2 Transcrito del texto original con posibles errores.
2
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Demandante: César Augusto Arango Isaza
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El 9 de febrero de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de
la Resolución número 6839, le impuso al señor César Augusto Arango Isaza en su
calidad de representante legal de la sociedad Ingenio Risaralda S. A. una multa
equivalente a $154.500.000, al determinar que había tolerado conductas
restrictivas de la competencia entre el mes de mayo de 2005 y febrero de 2007 en
el mercado de compra de caña de azúcar como materia prima. El 13 de agosto de
2010, por Resolución número 42411, esa autoridad confirmó la sanción.
Inconformes, los Ingenios Providencia S. A., Carmelita S. A., Cauca S. A., Pichichí
S. A., Risaralda S. A., Mayaguez S. A., y los señores César Augusto Arango Isaza
y Mauricio Irragorri Rizo, por medio de sus respectivos apoderados judiciales
interpusieron el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
El 12 de diciembre de 2014 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, accedió a las pretensiones de la demanda por considerar
que se configuró el cargo de desconocimiento de las garantías constitucionales del
debido proceso, en concordancia con el derecho de contradicción y el principio de
tipicidad y se abstuvo de realizar el análisis de los demás reparos, en atención a
que acreditado uno de ellos, bastaba para declarar la nulidad de los actos
demandados.
El 1° de diciembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Primera revocó la
sentencia proferida por el a quo al concluir como no probado el cargo que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C estimó
acreditado y, como consecuencia de lo anterior, dispuso «[r]emitir el expediente al
Tribunal de origen para que se pronuncie respecto de los demás cargos que
fueron objeto de demanda y registre proyecto dentro de los cuarenta (40) días
siguientes a la recepción del expediente, en los términos del artículo 211 del
CCA».
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora realizó un extenso recuento del proceso administrativo
sancionatorio adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en
particular lo que atañe a las actuaciones adelantadas contra el accionante, y alegó
que la providencia objeto de cuestionamiento incurrió en un defecto sustantivo y
en violación directa de la Constitución.
1.4.1. Respecto del defecto sustantivo alegó que se desconoció lo dispuesto en
los artículos 280 y 281 del CGP y 187 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que no se
estudiaron ni decidieron ninguno de los argumentos expuestos por la defensa del
señor Arango Isaza, ni se tuvieron en cuenta los hechos de la demanda relativos a
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la violación del principio de congruencia y del debido proceso por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio en el acto administrativo sancionatorio.
A su juicio, se omitió analizar: (i) la indebida imputación realizada por la SIC a lo
largo de toda la actuación administrativa; y (ii) que al haber demostrado el Ingenio
de Risaralda S. A. no ser el responsable de las conductas que se le endilgaron, no
resultaba procedente sancionar al accionante por haber presuntamente tolerado
unos acuerdos que nunca se realizaron, por lo que el cambio en la imputación
fáctica realizado por la autoridad en relación con el Ingenio de Risaralda afectó de
manera directa al señor Arango Isaza, en tanto las providencias solo se limitaron a
pronunciarse respecto de los cargos invocados por los demás demandantes del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.4.2. Frente al defecto por violación directa de la Constitución, iteró los
argumentos relativos al desconocimiento del principio de congruencia entre los
hechos imputados y los que sirvieron de fundamento para imponerle la sanción
pecuniaria.
Finalmente, solicitó ordenar a las autoridades judiciales que impriman un trámite
preferencial y prioritario al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
virtud de que el señor César Arango Mejía es un sujeto de especial protección
constitucional, dada su edad de 73 años, y al hecho de que le hallaron hace pocos
años una masa tumoral maligna en el riñón derecho que requiere de controles
urgentes y, por consiguiente, de un amparo apremiante de sus derechos
fundamentales.
1.5. Trámite de la acción en primera instancia
Mediante auto de 14 de abril de 2023, el magistrado ponente de primer grado
admitió la acción de tutela de la referencia y dispuso la vinculación en calidad de
tercero con interés de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Además, comisionó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C para que, notificara del presente trámite constitucional a todas las
personas que intervinieron en el medio de control nulidad y restablecimiento del
derecho que se tramitó con el radicado 25000 23 24 000 2011 00170 00 [01] y
acumulados. Las personas notificadas también fueron vinculadas como terceros.
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1.6. Contestaciones
1.6.1. La Sección Primera del Consejo de Estado.
La autoridad judicial accionada señaló que esa entidad no vulneró o amenazó los
derechos fundamentales del accionante, lo que configura la improcedencia de la
acción de tutela ante la inexistencia de una conducta respecto de la cual se pueda
efectuar el juicio de vulnerabilidad.
Advirtió que la sentencia de segunda instancia concretamente se refirió a los
argumentos del actor en cuanto a la violación a su derecho defensa, por la
pretendida incongruencia entre la resolución de apertura de investigación y la que
le impuso la sanción en lo relacionado con la conducta imputada, razón por la cual
no resulta cierto, como lo aduce en la acción de tutela, que la citada providencia
solo hizo referencia a todos los argumentos de la apelación. Frente a los demás
cargos, indicó que se emitió la orden para que fueran analizados por el juez de
primera instancia.
De conformidad con lo expuesto, solicitó desestimar las pretensiones de la tutela
de la referencia.
1.6.2. Superintendencia de Industria y Comercio
Se opuso a las pretensiones de la acción de tutela con fundamento en que la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante
no se presentó, habida cuenta de que sí existió congruencia entre la resolución de
apertura y la resolución sancionatoria, ya que ambos actos administrativos
coincidieron al establecer la conducta investigada y sancionada, esto es, celebrar
un acuerdo para la fijación de precios pagados por la caña de azúcar, destinada
tanto a la producción de azúcar, como de alcohol carburante.
Reiteró que los derechos fundamentales del accionante fueron respetados en el
curso del proceso judicial, dado que los jueces de primera y segunda instancia
resolvieron de fondo, de manera juiciosa y exhaustiva, todos los argumentos
propuestos por este y los demás demandantes.
Aclaró que el 30 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, dio cumplimiento a las órdenes dadas en la
sentencia proferida el 1. ° de diciembre de 2022 por el Consejo de Estado,
Sección Primera, y estudió los demás cargos no abordados en su momento
relativos a la caducidad, a la desviación de poder, a la falta de competencia,
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violación al debido proceso y, como resultado de su análisis negó las pretensiones
de la demanda.
En virtud de lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la solicitud de amparo.
1.7. Fallo impugnado3
Mediante providencia de 11 de mayo de 2023, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo por considerar que la
autoridad accionada no incurrió en los defectos alegados.
En ese sentido, aseguró que la providencia judicial sometida a estudio no incurrió
en defecto sustantivo pues la Sección Primera de esta corporación, luego de
analizar en la sentencia cada uno de los cargos expuestos por los seis ingenieros
demandantes, en particular, el denominado «Responsabilidad del Doctor César
Augusto Arango», especificó que sí existió plena correspondencia y congruencia
entre los cargos formulados por la superintendencia en la resolución de apertura
de investigación y los fundamentos mediante los cuales le impuso la sanción
pecuniaria en atención a la conducta imputada al accionante en su condición de
representante legal del Ingenio Risaralda S. A., en tanto ambos actos
administrativos coincidieron en establecer que la conducta investigada consistió en
que los ingenios incurrieron en un acuerdo para la fijación de los precios pagados
por la caña de azúcar destinada tanto a la producción de azúcar como de alcohol
carburante, razón por la cual consideró que habían infringido la prohibición general
prevista en el artículo 1. º de la Ley 155 de 1959 y el numeral 1. º del artículo 47
del Decreto 2153 de 1992.
De otra parte, respecto de la presunta violación directa de la Constitución
consideró que la providencia proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado no desconoció precepto alguno, ni realizó una interpretación de la
normatividad contraria a Carta, y tampoco dejó de aplicar una disposición legal
desconociendo el precedente constitucional; por el contrario, atendió el deber que
le asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del artículo
4.° superior.
Ahora bien, respecto a la solicitud consistente en que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C imprima un trámite preferencial y
prioritario a la sentencia complementaria, el a quo advirtió que el 30 de marzo de
2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
obedeció lo dispuesto por la Sección Primera de esta corporación y resolvió negar
3 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 26 de mayo de 2023.
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las pretensiones de la demanda una vez analizó los cargos relacionados con
caducidad, desviación de poder, falsa motivación, infracción de las normas en que
debía fundarse, violación al debido proceso y falta de competencia, razón por la
cual se abstuvo de emitir órdenes en tal sentido.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado oportunamente el 31 de mayo de 2023, la parte actora,
impugnó la decisión de primer grado en el sentido de aclarar que la presente
acción de tutela se instauró contra la sentencia del 12 de diciembre del año 2014
expedida por la Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a pesar de que accedió a las pretensiones de la demanda, toda
vez que en esa providencia no se consideró, resolvió, ni se tuvo en cuenta los
argumentos formulados por el señor César Augusto Arango Isaza relativos a la
incongruencia de los hechos imputados, sino que consideró aquellos esgrimidos
por los otros demandantes, esto es, la modificación de la imputación jurídica.
Además, la acción de tutela también se presentó contra la sentencia del 1 ° de
diciembre del año 2022 expedida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
por cuanto, al decidir el recurso de alzada, esa corporación revocó la providencia
del tribunal y ordenó devolver el expediente para que, este último, procediera a
estudiar y a pronunciarse sobre los demás cargos de las demandas, distintos a los
relacionados con la violación del principio de congruencia en los hechos
imputados.
Así, en la referida sentencia la Sección Primera del Consejo de Estado no tuvo en
cuenta la existencia de los argumentos que, particularmente, formuló el señor
Arango Isaza contra de los actos acusados, ya que, a su juicio, de haberlo hecho,
habría ordenado al a quo que también decidiera los reparos relacionados con la
falta de congruencia en los hechos imputados a este, los cuales no fueron objeto
de pronunciamiento por ninguno de los jueces de instancia.
En ese orden, manifestó que es evidente que, con la presentación de la tutela, no
se buscaba atacar la decisión de fondo adoptada por la Sección Primera del
Consejo de Estado en la sentencia del 1° de diciembre del año 2022, sino
cuestionar la orden que el Consejo de Estado impartió al tribunal, toda vez que allí
se omitió prescribir al órgano judicial que tuviera en cuenta los argumentos
específicos que el actor puso de presente en la demanda. En su criterio, lo anterior
debía incluir los reparos relacionados con el principio de congruencia entre los
hechos imputados y aquellos por los cuales finalmente fue sancionado.
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En síntesis, señaló que sus argumentos no fueron tenidos en cuenta por ninguna
autoridad judicial, lo que implica una clara denegación de justicia y una violación
del debido proceso y del principio de congruencia.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 11 de mayo de 2023, proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo de
conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 20214, así como el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar,
modificar o revocar la decisión de 11 de mayo de 2023 proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual negó la
acción de tutela promovida contra la Sección Primera de esta corporación y otro.
Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse superados;
(iii) el análisis del caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.
4 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017.
5
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
estos y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia9.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
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Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Frente al agotamiento de los medios de defensa judicial, en
consonancia con la postura de la Sala10, se advierte que esta exigencia no se
cumple en el asunto de la referencia, en atención a que, como la parte actora lo
indica en su impugnación, la presente acción de tutela se instauró contra la
sentencia de 12 de diciembre del año 2014 expedida por la Sección Primera,
Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a pesar de que
accedió a las pretensiones de la demanda, toda vez que a su juicio, en esa
providencia el tribunal no consideró, ni resolvió, ni tuvo en cuenta los argumentos
formulados por el señor César Augusto Arango Isaza, (incongruencia de los
hechos imputados), pues se limitó a pronunciarse sobre los cargos esgrimidos por
los otros demandantes (modificación de la imputación jurídica).
Al respecto, conviene resaltar que, contra esta providencia, más allá de resultarle
favorable, si la parte actora advirtió que no resolvió sus argumentos y que ello
vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, podía acudir al mecanismo de defensa que el
ordenamiento jurídico ofrece en estas situaciones para conjurar la vulneración de
los referidos derechos fundamentales, como lo es la adición de la sentencia.
Para esta Sala, no es de recibo que la parte actora alegue que la sentencia de
primera instancia dejó de pronunciarse sobre sus planteamientos y que no la
recurrió por cuanto le fue favorable. Es decir, lo que se evidencia es que la
omisión de ejercer los medios judiciales ante su clara concepción respecto a la
vulneración de sus derechos es relativa, puesto que ante un fallo próspero no vio
necesaria su protección, empero, hoy sí resulta indispensable el estudio de sus
argumentos.
Ahora bien, en igual sentido, respecto de la sentencia de segunda instancia,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, la Sala advierte que,
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
10 Entre otras, ver: (i) sentencia de 18 de julio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2019-00467-
01, M.P. Rocío Araújo Oñate; (ii) sentencia de 3 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-
2017-01702-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; y (iii) sentencia de 1° de septiembre de 2016,
expediente 11001-03-15-000-2016-00820-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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comoquiera que su reparo se encamina a señalar que esta providencia «no tuvo
en cuenta la existencia de los argumentos que, en particular, formuló el señor
Arango en contra de los actos acusados, ya que, de haberlo hecho, habría
ordenado al Tribunal que también decidiera los reparos relacionados con la falta
de congruencia en los hechos imputados a este, los cuales no fueron objeto de
pronunciamiento por ninguno de los jueces de instancia», para ello también
contaba con la solicitud de adición para ponerle de presente tal omisión sobre uno
de los aspectos de la litis que considera se quedó sin analizar.
En punto de esta última providencia, se subraya que para el actor, la Sección
Primera omitió ordenar al tribunal de primera instancia que se pronunciara sobre
sus argumentos específicos, que a su juicio, estaban sin resolver, lo que sin duda
hacía procedente la solicitud de adición.
Sobre este mecanismo, es importante precisar que debía radicarse dentro del
término de ejecutoria del fallo, tal como lo establece el artículo 287 del Código
General del Proceso.
La norma en cita expresamente consagra:
«ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de
los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley
debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada
en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre
que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la
demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el
expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a
solicitud de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal.»
La Sala considera que los cuestionamientos que trajo la parte actora en el escrito
de tutela debían ser elevados a través de una solicitud de adición, luego entonces,
el interesado debió utilizar todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios a su alcance para garantizar la protección de su derecho
fundamental al debido proceso y, en ese escenario, la acción de tutela no es un
mecanismo previsto para corregir esa omisión.
Por esta razón, este trámite constitucional no puede ser utilizado como una
alternativa para desplazar, suplantar o sustituir los medios judiciales comunes con
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Demandados: Consejo de Estado – Sección Primera y Otro
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los que cuentan los ciudadanos por disposición de la ley, máxime cuando estos
son idóneos y eficaces.
En conclusión, la solicitud de amparo no constituye un mecanismo alternativo a los
recursos de defensa consagrados en las normas, ni puede convertirse en una
tercera instancia a la que se pueda recurrir con el fin de controvertir unos
argumentos que debieron ser materia de estudio por el juez natural, pues permitir
tal posibilidad desconocería que la acción de tutela es un instrumento de carácter
residual y subsidiario para la protección de los derechos fundamentales.
Ahora bien, la Sala no pierde de vista que el actor solicitó ordenar a las
autoridades judiciales que impriman un trámite preferencial y prioritario al proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, en virtud de que el señor César Arango
Mejía es un sujeto de especial protección constitucional, dada su edad de 73 años,
y al hecho de que padece de una grave enfermedad que requiere de controles
urgentes y, por consiguiente, de un amparo urgente de sus derechos
fundamentales.
No obstante, tal situación de vulnerabilidad no permite enervar la improcedencia
de esta instancia constitucional en el caso concreto, en atención a que, ello podría
ser relevante si actualmente contara con un medio de defensa a su alcance, pero
que por su condición no resultara idóneo y tornara procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio, sin embargo, el caso sub lite es distinto por cuanto el
señor Arango Isaza sugiere justificar su inacción respecto del mecanismo que tuvo
a su alcance, por contar con esa condición especial.
En otras palabras, de manera excepcional, la acción de tutela puede usarse
preferentemente a pesar de contar con otros mecanismos de defensa judicial,
cunado estos no resulten idóneos y se pueda ocasionar un perjuicio irremediable
si no interviene el juez constitucional, lo cual no sucede en esta oportunidad, en
atención a que la condición de salud del demandante no justifica el hecho de no
haber agotado los mecanismos a su alcance.
En cualquier caso, se resalta que lo pretendido por la parte accionante,
consistente en que el fallo complementario se emitiera con celeridad, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en atención a su condición de
salud, ya acaeció dado que el 30 de marzo de 2023 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, obedeció lo dispuesto por la
Sección Primera de esta corporación y resolvió negar las pretensiones de la
demanda una vez analizó los cargos relacionados con caducidad, desviación de
poder, falsa motivación, infracción de las normas en que debía fundarse, violación
al debido proceso y falta de competencia.
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En atención a los argumentos expuestos, resulta evidente que en el asunto
analizado no es procedente, por tanto, habrá de revocarse la sentencia de primera
instancia para, en su lugar, declarar la improcedencia del trámite de la referencia
por no cumplir con el requisito del agotamiento de todos los medios judiciales.
2.6. Conclusión
La Sala revocará la sentencia de primera instancia dictada por la Sección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, el 11 de mayo de 2023, que negó la
solicitud de amparo promovida por el señor César Augusto Arango Isaza contra
contra el Consejo de Estado, Sección Primera y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, para, en su lugar, declarar que es
improcedente por no satisfacer el requisito concerniente al deber de agotar todos
los recursos ordinarios que la parte actora tenía a su alcance.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia dictada el 11 de mayo de
2023 proferida por la Sección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que negó la solicitud de amparo, para, en su lugar, DECLARAR la improcedencia
de la acción de tutela.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
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Demandante: César Augusto Arango Isaza
Demandados: Consejo de Estado – Sección Primera y Otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01660-01
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.
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