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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01098-01

Fecha
15 de junio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01098-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

15 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01098 01
Demandante: María Noemí Zuluaga Escobar y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial / Contabilización del término de
caducidad del medio de control de reparación directa

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandada contra la sentencia del
30 de marzo de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta, negó el
amparo deprecado.

1. La acción de tutela

Los señores María Noemí Zuluaga Escobar, Lucero Eliana Quintero Zuluaga, Jeiver
Stiven Quintero Zuluaga, Omar Andrey Quintero Zuluaga, María Eva Gil de Quintero,
Luz Mary Quintero Gil, Bairon de Jesús Quintero Gil, Arnobio de Jesús Quintero Gil,
Pablo Elías Quintero Gil, Gloria Emilsen Quintero Gil, Devora Rosa Quintero Gil y
María Eva Quintero Gil a través de apoderado, promueven acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por estimar
vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al
debido proceso, a los principios de justicia material y prevalencia de derecho sustancial
sobre el procedimental.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicitan:

Tutelar los derechos fundamentales al: i) Libre acceso a la administración de justicia y
debido proceso, en cuanto a la supremacía del principio de justicia material y prevalencia
del derecho sustancial sobre el derecho procedimental, que tiene por fundamento el

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Demandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y
otros

derecho a una tutela judicial efectiva y la no denegación de justicia (Artículos 29, 228 y
229 de la Constitución, en concordancia con los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos - Garantías Judiciales-); ii) Supremacía
constitucional sobre leyes y jurisprudencia (Artículo 4 de la Constitución); iii)
Inobservancia del precedente jurisprudencial vertical y horizontal que aplica la excepción
a la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves violaciones
a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Todo lo anterior, en concordancia
con el bloque de constitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución) y la obligación
internacional de los operadores judiciales de actuar ejerciendo un estricto control de
convencionalidad (Artículos 1 y 2 de la Convención Americana); iv) Derecho a la igualdad
de las víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos (Artículo 13 de
la Constitución.); v) Principio de reparación integral a las víctimas en casos de graves
violaciones a los derechos humanos, en especial: Derechos a la vida (Artículo 4 de la
Convención Americana y 11 de la Constitución), e integridad personal (Artículo 5 de la
Convención Americana y 12 y 44 de la Constitución), todo ello en conexidad con la
obligación del Estado Colombiano establecida en el artículo 1.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; declarando que la providencia judicial del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, con
ponencia del Magistrado JOSÉ ELVER MUÑOZ BARRERA, del 31 de agosto de 2022, dentro
del medio de control de reparación directa con Radicado No. 11 001 33 43 063 2022
00059 01, incurrió en defecto material o sustancial, teniendo en cuenta que: I) La ratio
decidendi del H, Tribunal Administrativo de Cundinamarca se muestra injustificadamente
regresiva o contraria a la Constitución; II) La decisión se funda en una interpretación no
sistemática del derecho que vulnera garantías como el ius cogens internacional, III) Se
desconoció el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación y
IV) El juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando
corresponde (T-640/15). (transcripción literal)

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

ii) El 28 de julio de 2002, en la vereda el Molino del mMnicipio de Cocorná-Antioquia
el señor Omar Quintero Gil salió hacia la cabecera Municipal a realizar un mercado y
pasados varios días no volvió a su casa.

iii) Al día siguiente del suceso, los familiares del occiso se trasladaron al Municipio de
Cocorná Antioquia, más específicamente a la morgue, sitio en el que un hermano de
la víctima directa reconoció el cuerpo de Omar Quintero.

iv) Por los hechos anteriormente narrados se adelantó la investigación previa número
3604 por la Unidad Seccional de Fiscalía de El Santuario Antioquia; asimismo, la
Jurisdicción Penal Militar adelantó Indagación Preliminar número 070 por el Juzgado
25 de Instrucción Penal Militar que el día 18 de marzo de 2004, fue archivada.

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otros

v) El 8 de febrero de 2022, la señora María Noemi Zuluaga Escobar y su grupo familiar
a través de apoderado, radicaron el medio de control de reparación directa con el
propósito de que se declarara administrativa y extracontractualmente responsable a la
Nación -Ministerio de Defensa Nacional –Ejercito Nacional y a la Fiscalía General de
la Nación por los perjuicios presuntamente ocasionados como consecuencia de la
desaparición y posterior muerte del señor Omar de Jesús Quintero Gil.

vi) El 16 de febrero de 2022, el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá, rechazó de plano
la demanda por considerar que había operado el fenómeno de la caducidad.

vii) El 31 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, resolvió confirmar parcialmente la providencia proferida por el
juez a quo.

1.3. Fundamentos jurídicos de los accionantes

Los centran en los siguientes defectos:

1.3.1. Desconocimiento del precedente

i) La autoridad judicial accionada, al aplicar la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020, desconoció fallos posteriores del Consejo de Estado en los que se garantizó
el acceso a la administración de justicia en casos de delitos de lesa humanidad y
graves violaciones a los derechos humanos. Citó también la sentencia T-352 de 2016
de la Corte Constitucional según la cual «dar aplicación al artículo 164 del CPACA,
relativo a la caducidad de la acción de reparación directa sin tener en consideración
las circunstancias fácticas que dieron origen a las demandas y, por el contrario, darle
prevalencia a la formalidad procesal, desconoce totalmente lo establecido por los
instrumentos internacionales integrados al ordenamiento interno mediante el bloque
de constitucionalidad a través del artículo 93 Superior, así como los instrumentos
normativos de interpretación de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario, además de los artículos de la Constitución Política de 1991, referentes a
la dignidad humana, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia».

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ii) La sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 fue inaplicada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado al resolver la acción de tutela 2019 04842 01, así
como un auto del 18 de febrero de 2022, frente al cual no indicó el número de radicado.

iii) El auto del 19 de julio de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
a su juicio, expuso que la caducidad es una limitación al derecho de acceso a la
administración de justicia que solo puede ser impuesta por el legislador.

1.3.2. Violación directa de la Constitución

i) A través de sentencia del 31 de julio de 2019, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B,1 máxima corporación de lo contencioso administrativo, estableció que
en casos de graves violaciones a derechos humanos prevalece el acceso a un recurso
judicial fácil y efectivo para reparar a las víctimas, incorporando así la
imprescriptibilidad y no la caducidad de las acciones de reparación contra el Estado,
en cumplimiento de los estándares fijados por los altos tribunales a nivel internacional.

A su vez, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en la providencia
objeto de litis inaplicó los artículos 13, 29 y 228 de la Constitución y, de esta manera,
desconoció el principio de interpretación de las normas legales conforme con los
cánones constitucionales, pues, a su juicio, dicha autoridad procedió a analizar el caso
desde el presupuesto de la caducidad del medio de control de reparación directa, sin
atender el contexto de la época en la que se presentaron los hechos que ocasionaron
el daño antijurídico.

ii) En consecuencia, la autoridad judicial accionada debió aplicar la excepción de
inconstitucionalidad en relación con el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020.

1.3.3. Ausencia de control de convencionalidad

i) Si bien el fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa es
una cuestión que el juez de conocimiento debe resolver mediante su pronunciamiento

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2019, expediente radicado

número 25000 23 36 000 2018 00109 01.

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de fondo en un caso concreto, también lo es que, debió aplicarse el control de
convencionalidad de manera cautelar a fin de proteger el derecho de las víctimas al
acceso a un recurso judicial fácil y efectivo que garantice la protección de sus
derechos, lo que -de haberse cumplido- demostraría que el Estado colombiano habría
cumplido las obligaciones internacionales contraídas sobre la protección de derechos
humanos y el derecho internacional humanitario.

ii) Consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha evolucionado en
el concepto y alcance del control de convencionalidad, propugnando la obligación de
inaplicar las normas internas que no resulten compatibles con las obligaciones
internacionales sobre derechos humanos, propias de la Convención Americana o
Pacto de San José de Costa Rica -Caso Almonacid Arellano y otros v. Chile. Párrafo
124-

iii) Citó la sentencia del 31 de julio de 20193 del Consejo de Estado, para establecer
que el juez de conocimiento no puede desconocer los lineamientos internacionales en
materia de delitos de lesa humanidad.

iv) Citó los casos Órdenes Guerra Vs. Chile, así como el de Familia Julien Grisonas
Vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1.4. Actuación procesal

i) La tutela de la referencia, admitida por auto del 7 de marzo de 2023 de la Sección
Quinta de esta corporación, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C , como demandados
y, como terceros interesados, a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, que conformaron el extremo pasivo y la autoridad judicial de primer grado, en
el medio de control de reparación directa, identificado con el radicado número11001
33 43 063 2022 00059 00 [01].

1.5. Intervenciones

1.5.1. La juez titular del Juzgado 63 Administrativo de Bogotá, Lucelly Rocío Munar
Castellanos, realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de

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otros

reparación directa objeto de esta tutela y concluyó que se tramitó conforme a lo
establecido en la Ley 1437 de 2011.

Afirmó que no fueron vulnerados los derechos fundamentales de la parte actora, por
lo que solicitó negar las pretensiones de la demanda de tutela.

1.5.2. El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera. Subsección C,2 José Élver Muñoz Barrera ponente de la decisión objeto de
reparo, solicitó declarar la improcedencia del recurso de amparo de la referencia pues
los accionantes no acreditaron que el asunto tenga evidente relevancia constitucional,
como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela; sin embargo, señaló
que de llegarse a estudiar de fondo la acción de tutela, se negara el amparo deprecado
al no haberse demostrado que esa corporación incurrió en defecto alguno, por lo cual
debe concluirse que no existe vulneración de derechos fundamentales en el caso en
concreto.

1.5.3. La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Fiscalía General de la Nación, Pilar Amparo Romero Guarnizo, consideró que carece
de legitimación en la causa por pasiva para actuar en la presente acción constitucional,
ya que no existe una relación de causalidad entre sus actuaciones u omisiones y la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte tutelante.

Afirmó que la investigación penal adelantada por la justicia penal militar se encuentra
archivada, por lo que no tiene idoneidad para pronunciarse sobre las pretensiones del
proceso constitucional de la referencia.

1.6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta en sentencia del 30 de marzo de 2023, negó el
amparo de los derechos fundamentales invocados por los accionantes.

Advirtió que las inconformidades planteadas por la parte actora estaban dirigidas a
cuestionar la aplicación del criterio unificado de la Sección Tercera del Consejo de

2 Expediente digital de tutela.

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Estado – sentencia del 29 de enero de 2020 -igualmente compartido por la Corte
Constitucional – sentencia SU-312 de 2020 –, ya que a juicio de ella, i) el medio de
control de reparación directa no debe contar con un término de caducidad cuando se
trata de hechos originados en delitos de lesa humanidad, motivo por el cual se debió
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, así como el control de convencionalidad
y ii) existen posiciones anteriores a dichos pronunciamientos de unificación, en los
cuales se planteó una posición distinta a la definida en su caso.

Al efecto, esa Sección analizó en conjunto los defectos alegados, bajo los siguientes
presupuestos:

i) De la revisión de la providencia cuestionada, evidenció que la autoridad judicial
demandada no desconoció que el deceso del señor Quintero Gil ocurriera con ocasión
de un delito de lesa humanidad, cuestión que, como se indicó no implica que las
víctimas puedan demandar en cualquier tiempo, bajo el medio de control de reparación
directa.

ii) Es claro que el Tribunal aplicó las reglas establecidas tanto por la Corte
Constitucional como por el Consejo de Estado, en tanto «aquellas situaciones que se
pretenden proteger con la imprescriptibilidad de la acción penal también están
cubiertas en materia de lo contencioso administrativo, bajo el entendimiento del
conocimiento del hecho dañoso como presupuesto necesario para que empiece a
correr el término correspondiente, siempre que se advierta que el interesado conocía
o podía conocer la injerencia del Estado en el mismo». Aquello significó que, la
demanda se presentó por fuera del término de caducidad, en la medida en que la parte
demandante afirmó, desde el escrito inicial, que conoció del suceso trágico en los días
siguientes al que ocurrió -28 de julio de 2002- y que dicho hecho se atribuía a un
enfrentamiento entre el Ejército Nacional y su familiar.

iii) Desde este panorama la Sala advirtió que no le asistía razón a la parte actora, pues
la providencia objeto de estudio efectuó el control de convencionalidad que echaba de
menos, así como de lo probado en el expediente, además tuvo en cuenta la posición
unificada tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional para resolver
el caso concreto.

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iv) Reiteró que en el sub judice no se discute la caracterización de la muerte, como
tampoco el momento a partir del cual los tutelantes tuvieron conocimiento del hecho ni
la participación del Estado en el mismo, ya que dichos aspectos fueron admitidos por
los demandantes, lo que se cuestiona entonces es la existencia misma del
presupuesto de la caducidad y la forma como esta Corporación, en su Sección Tercera
y el Alto Tribunal de lo Constitucional han determinado que debe contabilizarse el
respectivo término.

1.7. Impugnación

i) Los accionantes reiteraron los argumentos y fundamentos jurisprudenciales
expuestos en la acción de tutela, en particular los dos salvamentos de voto -del
magistrado Alberto Montaña Plata- que guardan consonancia con lo expuesto en la
solicitud de amparo constitucional, suscritos en la sentencia de unificación
jurisprudencial del 29 de enero de 2020 sobre el tema de la caducidad del medio de
control de reparación directa que estableció, luego de un análisis integrado de
preceptos del derecho internacional de los derechos humanos, que frente a los delitos
de lesa humanidad y crímenes de guerra no opera la figura procesal de la caducidad
en el medio de control de reparación directa; y la sentencia con ponencia del mismo
magistrado -expediente radicado 11001 03 15 000 2022 02527 00-, que señala que la
sentencia SU-312-2020 no limita las competencias del juez para llevar a cabo el control
de convencionalidad.

ii) Hizo alusión nuevamente al caso Órdenes Guerra vs Chile y al pronunciamiento del
23 de septiembre de 2021, caso Familia Julien Grisonas vs Argentina, por medio de
los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció según su parecer,
sin vacilaciones, la imprescriptibilidad de las acciones judiciales emprendidas para
obtener una reparación por graves violaciones a los derechos humanos, como criterio
reiterado y construido a partir de la interpretación de los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.

iii) En su criterio, la interpretación restrictiva del artículo 164, numeral 2.° literal. i.) del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, establecida en la
Sentencia de Unificación -expediente radicado número 61.033 del 29 de enero de

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2020-, es una violación directa a la Convención Americana de Derechos Humanos,
que generaría responsabilidad internacional del Estado colombiano. En ese sentido,
señaló que afirmar que el juez de la causa, en ejercicio de su autonomía e
independencia, está facultado para decidir los asuntos sometidos a su arbitrio
aplicando la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020,
«se convierte en la práctica en un respaldo de la conducta omisiva de los jueces de la
República, consistente en la inaplicación y desconocimiento del control de
convencionalidad en desmedro de los derechos de las víctimas de graves violaciones
a los derechos humanos».

iv) Recordó que esta corporación actuando como guarda de la Constitución, debe
aplicar las normas que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad strictu sensu, tal
como las normas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos en
desarrollo del artículo 93 de la Constitución.

v) Concluyó que debía haberse efectuado un profundo examen de convencionalidad
respecto al tema de la caducidad de la acción de reparación directa con ocasión de las
graves violaciones a los derechos humanos del señor Omar de Jesús Quintero Gil y
su grupo familiar, para definitivamente inaplicar los efectos de la sentencia de
unificación del 29 de enero del 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado con
radicado 61.033.

vi) Finalmente, se pronunció respecto de los elementos fácticos constitutivos del
deceso del señor Quintero Gil por parte del Ejército Nacional, esto es: i) Oficio número
5251 ESOC, con fecha del 28 de julio de 2002, suscrito por el comandante de la estación
de policía de Cocorná, TE. Dickson Carrillo Delgado, dirigido a la Fiscalía Seccional,
donde informó sobre la muerte del señor Omar de Jesús Quintero Gil, ii) Oficio con
fecha del 29 de julio de 2002, suscrito por el Teniente Álvaro Calvache López -
Comandante del Escuadrón Dardo-, dirigido al Teniente Coronel Comandante del
Batallón Juan del Corral, en el cual presentó informe de los hechos que llevaron a la
muerte del señor Quintero Gil, iii) acta de levantamiento de cadáver número 000012,
iv) protocolo de necropsia número 056, v) Oficio número 734 del 2 de octubre de 2002,
suscrito por el Juez 25 de Instrucción Penal Militar, vi) hoja de radicación de

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investigación previa número 3604, de la Unidad Seccional de Fiscalía de El Santuario,
vii) solicitud de destrucción de material explosivo dirigida al Fiscal Seccional 059 de
Santuario, por parte del Teniente Coronel Humberto Sánchez Rey.

2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra
el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Quinta, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del
Acuerdo 80 de 2019,3 según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por
igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le
haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, quebrantó los derechos fundamentales invocados por los accionantes
al proferir la providencia del 31 de agosto de 2022 -dictada dentro del medio de control
de reparación directa 11001 33 43 063 2022 00059 01, que revocó parcialmente el
auto proferido el 16 de febrero de igual anualidad por el Juzgado 63 Administrativo de
Bogotá y resolvió que no había lugar a continuar con el proceso de referencia, en lo
que respecta a las pretensiones contra el Ejército Nacional, por haber operado la
caducidad de la acción, y ordenó al juez a quo, en relación con la Fiscalía General de
la Nación, ante la ausencia de pruebas que impedían corroborar que se había
consolidado dicho fenómeno, resolver lo pertinente, para lo cual debía disponer las
medidas probatorias conducentes que permitan superar el vacío identificado.

3 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado

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2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir
la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas
por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de
manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción
de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones
de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda
causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede
hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la
sentencia C-590 de 2005,4 en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la

4 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la
procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012,5 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 2014,6 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

5Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente

radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Demandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y
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2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

El caso objeto de estudio reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a los principios de justicia
material y prevalencia del derechos sustancial sobre el procedimental, pues según la
accionante, el debate planteado en sede contencioso administrativa fue resuelto sin
inaplicar los efectos de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, así como sin tener en cuenta la obligación de
cumplir los criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
respecto de la imprescriptibilidad de las acciones emprendidas por las víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos, tales como las ejecuciones sumarias,
extralegales o arbitrarias.

La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad,
debido a que se dirige contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que resolvió la apelación propuesta
contra la decisión adoptada en providencia del 16 de febrero de igual anualidad por el
Juzgado 63 Administrativo de Bogotá, de modo que la parte accionante agotó todos
los medios ordinarios de defensa, es decir, acudió al juez constitucional de forma
subsidiaria.

De otra parte, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, en cuanto la
providencia acusada fue dictada el 31 de agosto de 2022 y notificada el 7 de
septiembre de igual anualidad, mientras que la acción de tutela de la referencia fue
radicada el 1.° de marzo de 2023,7 es decir, dentro de los 6 meses siguientes, término
que ha sido acogido por esta corporación como prudencial para acudir al medio de
amparo constitucional.

La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con
fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en
la sentencia enjuiciada.

7https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002023010980

01100103

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El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión que se
cuestiona se profirió dentro del trámite del medio de control de reparación directa.

2.4. Hechos probados

De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 8 de febrero de 2022, los señores María Noemí Zuluaga Escobar (cónyuge),
Lucero Eliana Quintero Zuluaga (hija), Jeiver Stiven y Omar Andrey Quintero Zuluaga
(hijos), María Eva Gil de Quintero (madre), Devora Rosa, Luz Mary, Gloria Emilsen y
María Eva Quintero Gil (hermanas), y Bianor de Jesús, Arnobio de Jesús y Pablo Elías
Quintero Gil (hermanos), actuando por medio de apoderado judicial, interpusieron
demanda de reparación directa contra la Nación –Ministerio de Defensa –Ejército
Nacional y la Fiscalía General de la Nación para que sean declaradas
administrativamente responsables de la ejecución extrajudicial del señor Omar de
Jesús Quintero Gil y de la impunidad que se cierne sobre los hechos; así como para
que se reconozcan y paguen los perjuicios materiales e inmateriales que
presuntamente les fueron ocasionados.

2.4.2. El 16 de febrero de 2022, el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá, rechazó la
demanda por haber operado el fenómeno de caducidad del medio de control de
reparación directa. Sobre el particular, señaló:

Por lo tanto, bajo los parámetros dispuestos por el H. Consejo de Estado en la sentencia
de unificación antes citada, se tiene que sobre el asunto objeto de estudio, operó el
fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de reparación directa incoado,
por cuanto los demandantes conocieron su condición de víctimas por el deceso del señor
Omar de Jesús Quintero Gil el día 28 de julio de 2002.

Sin embargo, de acuerdo con el material probatorio aportado y los hechos narrados en
la demanda, teniendo en cuenta que se encuentra demostrado que se iniciaron
investigaciones disciplinarias y penales por los hechos acontecidos bajo la investigación
preliminar No 070 del Juzgado 25 de Instrucción Penal Militar y se tiene aportado oficio
de 14 de septiembre de 2015, en donde se le informa a la señora María Nohemí Zuluaga
imposibilidad de acceso a copias por archivo de las diligencias por auto inhibitorio de 18
de marzo de 2004, por lo tanto con el fin de garantizar el acceso a la administración de
justicia, el despacho contabilizará la caducidad desde dicha fecha, al no acreditarse
imposibilidad para ejercer su derecho de acción y tener conocimiento del proceso penal.

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En atención a lo anterior, el despacho procederá a realizar el estudio del caso teniendo
en cuenta los aspectos relacionados a continuación:

Fecha de ocurrencia del hecho 28 de julio de 2002
dañoso
Fecha de conocimiento del hecho 14 de septiembre de 2015
dañoso
Fecha de iniciación del término de la 15 de septiembre de 2015
caducidad
Fecha de vencimiento del término de 15 de septiembre de 2017
caducidad, dos (2) años contados a
partir del día siguiente a la ocurrencia
del hecho
Fecha de presentación de la solicitud 2 de septiembre de 2021
de conciliación extrajudicial ante el
Ministerio Público
Fecha de entrega de la constancia de 11 de noviembre de 2021
conciliación por parte del Ministerio
Público
Fecha de presentación de la demanda 8 de febrero de 2022

[…]
Conforme a lo anterior, observa el despacho que el término de caducidad del medio de
control de reparación directa incoado transcurrió entre 15 de septiembre de 2015 y el 15
de septiembre de 2017 y que el mismo no fue suspendido con la presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, puesto que ésta
solamente fue radicada hasta el día 2 de septiembre de 2021. Es así que pasaron
alrededor de cinco (5) años aproximadamente, desde que los demandantes tenían pleno
conocimiento del daño, de acuerdo con el material probatorio aportado y los hechos
narrados en la demanda, razón por la cual se configura la caducidad del presente medio
de control

De esta forma, atendiendo el reciente pronunciamiento de la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado citado con antelación y las particularidades del presente
caso el despacho aplicó los términos de caducidad como lo señala la norma, esto es,
dos (2) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos o conocido por la parte
demandante, puesto que no se acreditó la imposibilidad para ejercer su derecho de
acción.
Al respecto, es importante resaltar que la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, en
especial las sentencias de unificación, constituye una fuente formal del derecho y
complementaria de las demás fuentes, con fuerza vinculante y efectos para la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

2.4.3. El 31 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, resolvió:

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el auto del 16 de febrero de 2022 proferido por el
Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, únicamente en el sentido de
rechazar la demanda de referencia frente a las pretensiones formuladas contra el Ejército
Nacional, por haber operado la caducidad del medio de control.

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SEGUNDO: En consecuencia, REVOCAR PARCIALMENTE el auto del del 16 de febrero de
2022 proferido por el Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en lo
que respecta a las pretensiones formuladas contra la Fiscalía General de la Nación,
conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

2.5.2. Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020

En la sentencia del 29 de enero de 2020,8 la Sección Tercera del Consejo de Estado
unificó la jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria
de responsabilidad patrimonial al Estado.

Así, la Sala de decisión procedió a determinar si los fundamentos de la
imprescriptibilidad que opera en materia penal frente a los delitos de lesa humanidad
y crímenes de guerra tenían aplicación al computar el término de caducidad para
demandar en ejercicio del medio de reparación directa, con ocasión de la
comprobación de las conductas.

De este modo, luego de traer a colación la legislación y jurisprudencia interna en
materia de imprescriptibilidad penal y de la caducidad en los procesos de reparación
directa, la Sala advirtió que la imprescriptibilidad penal opera mientras no haya sujetos
individualizados y se mantiene hasta que se les identifique y se les vincule a las
diligencias, y que en materia de reparación directa, el término de caducidad no corre
hasta tanto se cuente con elementos suficientes para deducir la participación del
Estado en los hechos y se advierta la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial a la administración.

Por tanto, concluyó que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad de la acción penal en caso de acreditarse la comisión de delitos de
lesa humanidad y crímenes de guerra por funcionarios estatales, en materia de lo
contencioso administrativo ellas son susceptibles de análisis y decisión al amparo de
la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso, en virtud de lo cual el término de
caducidad deberá operar en estos eventos, con la advertencia que lo será a partir del

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, consejera ponente Martha

Nubia Velásquez Rico. Expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033).

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momento en que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado
produjo o tuvo alguna injerencia en la producción del daño y este era susceptible de
ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

De esta forma, señaló la corporación i) que en lo referente a los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar
la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado resulta aplicable el término
para demandar establecido por el legislador; ii) que el plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; y iii) que
el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley.

2.5.3. Caso concreto

La señora María Noemí Zuluaga Escobar y su grupo familiar solicitaron la protección
de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, los cuales consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. En concreto, señaló que dicha
autoridad con la expedición del auto del 31 de agosto de 2022, que revocó
parcialmente la providencia proferida el 16 de febrero de igual anualidad por el Juzgado
63 Administrativo de Bogotá, al resolver que no había lugar a continuar con el proceso
de referencia, en lo que respecta a las pretensiones contra el Ejército Nacional, por
haber operado la caducidad de la demanda; y en relación con la Fiscalía General de
la Nación ante la ausencia de pruebas que le impedían corroborar que se había
consolidado dicho fenómeno, ordenó al juez a quo resolver lo pertinente, para lo cual
debía adoptar las medidas probatorias que permitan superar el vacío identificado.

En el presente asunto consideraron que la providencia objeto de litis al aplicar la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 desconoció fallos posteriores del
Consejo de Estado, en los que se garantizó el acceso a la administración de justicia
en casos de delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos,

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por lo que consideró que había operado el fenómeno de la caducidad del medio de
control de reparación directa respecto de las dos imputaciones formuladas en la
demanda contra el Estado.

Además, adujeron que no fue tenida en cuenta la obligación de cumplir los criterios
fijados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos respecto de la
imprescriptibilidad de las acciones emprendidas por las víctimas de graves violaciones
a los derechos humanos, tales como las ejecuciones sumarias, extralegales o
arbitrarias.

Ahora bien, al respecto resulta preciso señalar que esta Subsección en anteriores
pronunciamientos amparó los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, atendiendo que las pretensiones se relacionaban con la
reparación de los perjuicios por el desplazamiento forzado del que habrían sido
víctimas los accionantes y sus familiares; ahora bien, dicha postura tenía en cuenta el
momento en el cual procedía accionar contra el Estado con el fin de obtener la
reparación por responsabilidad patrimonial de la administración, esto es, con
anterioridad a la entrada en vigencia de la sentencia de unificación del 29 de enero de
20209 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Ahora bien, con el caso objeto de litis la señora María Noemí Zuluaga Escobar y su
grupo familiar radicaron el medio de control de reparación directa el 8 de febrero de
2020, esto es, en vigencia de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020; el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, tomó de
referente dicha providencia de unificación, interpretación que en su criterio encontró
ajustada a la Carta y que estaba la obligada de acoger, dado el carácter vinculante de
las sentencias proferidas por esta corporación.

Sobre el particular, el Tribunal discurrió:

Debe advertirse que, al momento de presentación de la demanda, esto es el 8 de febrero
de 2022 (anexo 2, ib.), ya existía una postura jurídica unificada y consolidada de la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo en torno a la aplicación del término de

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, consejera ponente Martha

Nubia Velásquez Rico. Expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033).

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caducidad en casos en los que se estudien demandas de reparación directa originadas
en la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, se trata de la postura
desarrollada en la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

[…]

Dicho todo lo anterior, y dado que el término de caducidad empezó a correr en vigencia
del CCA, la regla legal a aplicar en el caso en concreto es el numeral 8º del artículo 136
de dicha codificación.

Establecido el régimen jurídico aplicable, la Sala encuentra necesario poner de presente
que, dentro del proceso de referencia se encuentra acreditado el deceso del señor
Quintero Gil en Cocorná el 28 de julio de 2002.

Asimismo, se tiene que los demandantes conocieron del suceso trágico en los días
siguientes al que ocurrió. También supieron que, en su momento, se atribuyó la muerte
de su familiar al combate que se presentó entre él y el Ejército Nacional, tal y como se
expuso en el escrito de la demanda.

Adicionalmente, se demostró que, por los hechos descritos, el Juzgado 25 de Instrucción
Penal Militar inició indagación preliminar No. 070, cuya existencia era conocida por la
parte actora desde, por lo menos, el 14 de septiembre de 2015, fecha en la que la
autoridad competente respondió a la señora Zuluaga Escobar, esposa del occiso, sobre
el estado del proceso y la posibilidad de acceder a las copias del expediente. En dicha
oportunidad, se indicó que ya la indagación preliminar estaba archivada por virtud del
auto inhibitorio del 18 de marzo de 2004, información que la interesada ya tenía desde,
por lo menos, agosto de 2015 (fls. 130 y 131, ib.).

Habiendo precisado los anteriores supuestos fácticos, se tiene que el daño antijurídico
alegado en la demanda de referencia, puntualmente en las pretensiones dirigidas contra
el Ejército Nacional, se constituye a partir de la ejecución extrajudicial del señor Quintero
Gil atribuida a la institución castrense.

Siendo así, el término de dos (2) años para demandar empezó a correr en 2002 porque:
i) el hecho dañoso ocurrió el 28 de julio de ese año y ii) los actores conocieron que la
producción del daño era atribuible al Ejército Nacional en los días siguientes al suceso,
pues así se les informó en la morgue de Cocorná, cuando les aseguraron que la muerte
de su familiar se produjo en combate.

Luego, conociendo la intervención del Estado por vía de acción en la producción del
daño, es claro que los demandantes también podían advertir la posibilidad de imputarle
responsabilidad en sede judicial, razón por la que les era exigible incoar el medio de
control en término.

[…]

La Subsección concluye que el término para demandar, de acuerdo con el plazo
señalado por el legislador, corrió entre 2002 y 2004; entonces, al haber formulado
solicitud de conciliación extrajudicial el 2 de septiembre de 2021 (fl. 190, ib.) y haber
incoado el medio de control el 8 de febrero de 2022, los accionantes actuaron de forma
extemporánea.

En consecuencia, no hay lugar a continuar con el proceso de referencia, en lo que

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respecta a las pretensiones contra el Ejército Nacional, por haber operado el fenómeno
jurídico de caducidad del medio de control. Siendo así, considerando que el a quo arribó
a la misma conclusión, esta Sala de decisión procederá a confirmar parcialmente el auto
proferido por el Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el pasado 16
de febrero de 2020, de acuerdo con los argumentos ya expuestos.

Para finalizar, debe aclararse que no hay lugar a considerar que el derecho de
postulación constituye un impedimento para haber acudido de forma oportuna a la
administración de justicia, cuando lo cierto es que en ningún momento se acreditaron
circunstancias que hubiesen imposibilitado materialmente a los demandantes a buscar
asesoría jurídica. En línea con lo señalado, no le asiste razón al apoderado judicial al
concluir que tal circunstancia fue prevista por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado como un obstáculo material para el ejercicio del derecho de acción,
pues solamente sería posible arribar a dicha comprensión a partir de la lectura
descontextualizada de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, en la que el
Alto Tribunal fue claro en señalar que debe analizarse la existencia de supuestos
objetivos, como secuestros, enfermedades u otras condiciones, que hubiesen impedido
que los afectados agotaran las actuaciones necesarias para presentar la demanda, como
ocurre con la constitución de un apoderado.

Al efecto, el Tribunal: i) no desconoció que el deceso del señor Quintero Gil ocurriera
presuntamente con ocasión de un delito de lesa humanidad, ii) aplicó las reglas
establecidas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, iii)
determinó que el medio de control había sido presentado por fuera del término de
caducidad, en la medida en que la parte demandante afirmó, desde el escrito inicial,
que conoció del suceso trágico en los días siguientes al que ocurrió y, en
consecuencia, estaban en condiciones de advertir la posibilidad de imputar
responsabilidad administrativa, y iv) los accionantes no acreditaron circunstancias
excepcionales que les hubiese impedido ejercer en término su derecho de acción.

Así las cosas, el Tribunal fundamentó su decisión en las reglas fijadas en la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020, con radicado 2014 00144 01 (61.033), en la
que la Sección Tercera del Consejo de Estado armonizó la tesis sobre el inicio del
término de caducidad del medio de control de reparación directa, cuando se pretende
lograr una indemnización por daños causados por el Estado, con ocasión de los delitos
de lesa humanidad. Por lo tanto, esta Sala considera que no se incurrió en un
desconocimiento del precedente judicial, sino que, por el contrario, se aplicó el vigente
al momento de la interposición del medio de control la posición, que es el actual y de
obligatorio acatamiento.

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Finalmente, respecto del reparo de los tutelantes relacionado con que el Tribunal debió
tener en cuenta la obligación de cumplir los criterios fijados por la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos respecto de la imprescriptibilidad de las acciones
emprendidas por las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, tales
como las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias. Esta Sala, contrario a lo
sostenido por la señora Zuluaga Escobar, a lo largo de toda la providencia el Tribunal
de manera pormenorizada tuvo en cuenta: i) el artículo 7 del Estatuto de Roma, ii) la
Resolución 2391 del 26 de noviembre de 1968 adoptó la Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, iii) el artículo 5 del Estatuto de
Roma, iv) los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José), así como las sentencia v) del 14 de marzo de 2001, caso Barrios
Altos vs. Perú del 14 de marzo de 2001, vi) del 26 de septiembre de 2006, caso
Almonacid Arellano y otros vs. Chile, vii) del 1.° de septiembre de 2020, caso Ibsen
Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, viii) del 29 de noviembre de 2018, caso Órdenes
de guerra y otros vs. Chile.

Por todo lo anterior, esta Sala de Subsección considera que la providencia
controvertida, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, está suficientemente argumentada en cuanto a las
prestaciones de los accionantes, aplicó la normativa vigente a la consolidación de su
derecho y la sentencia de unificación vinculante al momento de dictar sentencia, sin
que, de otra parte, se hubiera acreditado un trato discriminatorio ni el desconocimiento
de sus derechos fundamentales, lo que descarta la vulneración alegada.

En esa medida, forzoso es concluir que el Tribunal accionado no transgredió los
derechos fundamentales de la parte accionante, al aplicar las reglas jurisprudenciales
contenidas en la sentencia de unificación precitada al ser radicado el medio de control
de reparación directa en su vigencia. Así las cosas, en la sentencia controvertida
mediante esta acción de tutela no se estructuraron los defectos invocados y, por ende,
no es viable acceder a la salvaguarda deprecada.

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3. Conclusión

La Sala concluye que el auto del 31 de agosto de 2022 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, no desconoció los
derechos fundamentales invocados por los accionantes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia del 30 de marzo de 2023 dictada por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, mediante la cual negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados por los señores María Noemí Zuluaga Escobar, Lucero
Eliana Quintero Zuluaga, Jeiver Stiven Quintero Zuluaga, Omar Andrey Quintero
Zuluaga, María Eva Gil de Quintero, Luz Mary Quintero Gil, Bairon de Jesús Quintero
Gil, Arnobio de Jesús Quintero Gil, Pablo Elías Quintero Gil, Gloria Emilsen Quintero
Gil, Devora Rosa Quintero Gil y María Eva Quintero Gil, conforme a la parte
considerativa que antecede.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente En comisión
CRG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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