Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02527-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02527-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02527-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
1 de junio de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, primero (1º) de junio de dos mil veintidós (2022)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-02527-00
Demandante: LUZ MERY IDÁRRAGA TOBÓN Y OTROS
Demandado: SALA QUINTA MIXTA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE
ESTADO EN PROVIDENCIAS EN LAS QUE SE
DISCUTE LA CADUCIDAD EN CASOS DE DELITOS
DE LESA HUMANIDAD. DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE. NIEGA PRETENSIONES
Síntesis del caso: los demandantes consideraron que la autoridad judicial
demandada en el marco del proceso de reparación directa vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia con ocasión del auto de 4 de noviembre de 2021 por
cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial. La Sala encontró que la providencia cuestionada aplicó
adecuadamente las consideraciones plasmadas en la sentencia de unificación de
29 de enero de 2020 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado relacionadas con la caducidad del medio de control de reparación directa
en casos de delitos de lesa humanidad.
La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada por los señores Luz Mery
Idárraga Tobón y otros1 en contra de la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo
de Antioquia para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia previstos en los artículos 13, 29 y
229 de la Constitución Política.
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María del Socorro Tobón, María Nubia Salazar López, Blas Emilio Idárraga Tobón, José Rodrigo
Idárraga Tobón, Diana Milena Giraldo Idárraga, Wilder Onalder Giraldo Idárraga, Leidy Yurany
Idárraga Giraldo, Deisy Viviana Idárraga Giraldo, Edison Augusto Idárraga Giraldo, Jefferson Leandro
Giraldo Idárraga, Yenny Juliet Giraldo Idárraga, Dubán Augusto Arias Idárraga, Mónica Yohana Arias
Idárraga, Astrid Natalia Idárraga Giraldo, Danilo Andrés Arias Idárraga, Génesis Dayana Idárraga
Tobón, Anlly Lorena Arias Idárraga y Nayeli Idárraga Giraldo.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02527-00
Actor: Luz Mery Idárraga Tobón y otros
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción ejercida los demandantes señalaron, en
síntesis, lo siguiente:
1) El 18 de junio de 2018 la señora Luz Mery Idárraga Tobón y su grupo familiar
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en
contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional con el fin
de que se le declarara administrativamente responsable del daño sufrido por la
muerte del señor Orlando de Jesús Idárraga Tobón ocurrida el 5 de septiembre de
2002 en la vereda El Libertador, corregimiento de Santa Ana del municipio de
Granada (Antioquia).
2) El asunto correspondió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín, autoridad que en audiencia inicial celebrada el 11 de julio de 2019
declaró no probada la excepción de caducidad propuesta por la autoridad
demandada con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado según la
cual en los casos en que se adviertan posibles delitos de lesa humanidad es posible
aplicar una excepción a dicha figura.
3) La anterior decisión fue apelada por la parte demandada y la Sala Quinta Mixta
del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió un auto el 4 de noviembre de 20212
en el que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la
excepción de caducidad.
2. El fundamento de la vulneración
Los actores señalaron que la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de
Antioquia vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia con ocasión de la providencia de 4 de
noviembre de 2021 por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo
y desconocimiento del precedente jurisprudencial.
2
El auto de segunda instancia fue notificado el 8 de noviembre de 2021.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02527-00
Actor: Luz Mery Idárraga Tobón y otros
Acción de tutela
En cuanto al defecto fáctico indicó que la autoridad demandada no señaló de
manera específica los medios de prueba en que sustentó su decisión y tampoco
expuso un análisis crítico del acervo incorporado al expediente con la demanda.
Para los demandantes el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en un defecto
sustantivo por dar al caso bajo análisis el carácter de mera reclamación de
indemnización con lo que desconoció que la controversia reunió los requisitos para
ser catalogada como crimen de lesa humanidad.
Agregaron que el auto cuestionado conllevó un desconocimiento del precedente
vertical del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en el que se determinó
que la caducidad no puede enervar la acción judicial cuando se trate de violaciones
a derechos humanos.
Alegaron que el auto no debió sustentarse en la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020 dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado por no ser el criterio mayoritario de esta Corporación y la Corte
Constitucional para la fecha en que se presentó el medio de control de reparación
directa.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“1. Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia (Artículo 228 CN.); por incurrir en defecto fáctico y material en su
providencia (art. 4 CN.) por la violación de los precedentes
jurisprudenciales en la aplicación del bloque de constitucionalidad y en el
deber y obligación de actuar como jueces de convencionalidad
vulnerándose los precedentes jurisprudenciales en la aplicación del
principio iura novit curia; por violación al derecho fundamental al debido
proceso (art. 29 CN.); por violación al principio de la justicia material y la
prevalencia del derecho sustancial, que tiene por fundamento el derecho
a una tutela judicial efectiva, en aplicación del artículo 228 y 229
constitucional; Por violación del derecho de igualdad de las víctimas (art.
13 CN.); por denegación de justicia en detrimento de los derechos a la
reparación integral de las víctimas a quienes el Estado Colombiano les
vulneró para su familiar: Derecho a la vida e integridad personal en
relación con el artículo 1.1 de la Convención; el Derecho a la integridad
personal (Artículo 5) de la Convención Americana en relación con el
artículo 1 del mismo Tratado; Derecho a las garantías judiciales y la
protección judicial (Artículos 8 y 25 de la Convención Americana en
relación con el artículo 1 y 2 del mismo Tratado) de NESTOR ALIRIO
IDARRAGA SALAZAR (Q.E.P.D. Hijo de la víctima para la sucesión
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02527-00
Actor: Luz Mery Idárraga Tobón y otros
Acción de tutela
representado por la señora MARÍA NUBIA SALAZAR LÓPEZ); MARIA
DEL SOCORRO TOBON, LUZ MERY IDARRAGA TOBON, BLAS
EMILIO IDARRAGA TOBON, MARIA MARLENY IDARRAGA TOBON,
JOSE RODRIGO IDARRAGA TOBON, DIANA MILENA GIRALDO
IDARRAGA, WILDER ONALDER GIRALDO IDARRAGA, LEIDI
YURANY IDARRAGA GIRALDO, DEISY VIVIANA IDARRAGA
GIRALDO, EDISON AUGUSTO IDARRAGA GIRALDO, JEFFERSON
LEANDRO GIRALDO IDARRAGA, YENNY JULIET GIRALDO
IDARRAGA, DUBAN AUGUSTO ARIAS IDARRAGA, MONICA
YOHANA ARIAS IDARRAGA, ASTRID NATALIA IDARRAGA
GIRALDO, DANILO ANDRES ARIAS IDARRAGA, GENESIS DAYANA
IDARRAGA TOBON, ANLLY LORENA ARIAS IDARRAGA y NAYELI
IDARRAGA GIRALDO, todos víctimas indirectas respecto de ORLANDO
DE JESÚS IDARRAGA TOBON, vulnerados por la NACIÓN
COLOMBIANA (Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial -
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA
QUINTA MIXTA).
2. En consecuencia, se le solicita al H. Juez Constitucional, dejar sin
efecto el auto interlocutorio proferido el 4 de noviembre de 2021 por el H.
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA –
SALA QUINTA MIXTA dentro del proceso de Reparación Directa No.
05001333300820180024501.
3. Ordenar al H. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA - SALA QUINTA MIXTA, que en el término que determine
esta instancia constitucional, profiera un NUEVO AUTO
INTERLOCUTORIO en el cual se permita continuar con el trámite
procesal del medio de control de Reparación Directa, por la desaparición
forzada y muerte ORLANDO DE JESUS IDARRAGA TOBON, hasta
determinar con claridad si se está o no ante la ocurrencia de hechos
amparados bajo el corpus Iuris de derechos humanos y la demás
normatividad internacional suscrita y ratificada por Colombia, que debe
ser resuelta aplicando el bloque de constitucionalidad.”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI – negrillas y
mayúsculas del original).
4. Actuación de primer grado
Con auto de 10 de mayo de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Sala Quinta Mixta del
Tribunal Administrativo de Antioquia como autoridad judicial demandada con el fin
de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
5. Actuación de la autoridad judicial demandada
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia afirmó que en la
providencia cuestionada se concluyó que existían elementos para considerar que
las circunstancias fácticas se enmarcaban en un crimen de lesa humanidad por lo
que, de conformidad con la sentencia de unificación proferida el 29 de enero de
2020 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el medio de control de
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02527-00
Actor: Luz Mery Idárraga Tobón y otros
Acción de tutela
reparación directa debió interponerse dentro de los dos años siguientes al
conocimiento de la ocurrencia de los hechos, lo que no sucedió.
Dicha excepción se declaró probada bajo el entendido de que la parte actora tuvo
conocimiento de la ocurrencia de los hechos el 5 de septiembre de 2002 y de la
presunta participación del Estado el 30 de junio de 2010, por lo que, cuando
presentó la demanda el 18 de junio de 2018 ya había operado el fenómeno jurídico
de la caducidad.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. Caso concreto
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02527-00
Actor: Luz Mery Idárraga Tobón y otros
Acción de tutela
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sala Quinta
Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a
la administración de justicia de los actores presuntamente vulnerados con ocasión
del auto proferido el 4 de noviembre de 2021 por cuanto, a su juicio, incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
Si bien en el proceso de acción de tutela se alegaron los defectos fáctico, sustantivo
y desconocimiento del precedente, lo cierto es que, de la lectura integral del escrito
de tutela, se tiene que los reparos efectuados tienen relación directa con la
inaplicabilidad del término de caducidad por tratarse de un delito de lesa humanidad
y la aplicación del precedente contenido en la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020; por consiguiente, se procederá a realizar el análisis frente al
desconocimiento del precedente pues los argumentos relacionados con un presunto
defecto fáctico y un defecto sustantivo en realidad están dirigidos a demostrar que
en este caso debió tenerse por presentada en término la demanda al tratarse de un
delito de lesa humanidad.
No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen
de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por
la jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de
defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se
tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de la providencia atacada3; (iii) el presente caso no se trata de una
irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;
(iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos que se transgredieron, (v) no se ataca una
sentencia de tutela y, finalmente, (vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia
constitucional, por cuanto se alegó la supuesta vulneración de derechos
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El auto de segunda instancia cuestionado fue notificado el 8 de noviembre de 2021 y la acción de
tutela se presentó el 6 de mayo del presente año.
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Actor: Luz Mery Idárraga Tobón y otros
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fundamentales con ocasión de la providencia que declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa y se debate la aplicación de la
jurisprudencia en el tiempo, lo cual tiene una estrecha relación con las garantías del
debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Superado el análisis anterior, pasa la Sala a establecer si la sentencia objeto de
tutela incurrió en el desconocimiento del precedente judicial.
En los términos en que se propuso la controversia la Sala negará las pretensiones
de la demanda por las razones que pasan a exponerse:
1) La parte demandante alegó que el auto no debió sustentarse en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, toda vez que ese no era el criterio mayoritario en esta
Corporación y en la Corte Constitucional para la fecha en que se presentó la
demanda.
2) A juicio del apoderado de los demandantes, debe privilegiarse el derecho de
acceso a la administración de justicia, puesto que en el proceso de reparación
directa se discutió la posible existencia de un crimen de lesa humanidad.
3) La Sala observa que en la providencia cuestionada la Sala Quinta Mixta del
Tribunal Administrativo de Antioquia advirtió que para resolver si la demanda había
sido presentada de manera oportuna debía cumplir lo dispuesto en la sentencia de
unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de esa Corporación el
29 de enero de 2020 en la que se expresó:
“La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se
unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes
de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes
premisas: i) en tales eventos resulta exigible el término para demandar
establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa
desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad
de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se
aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley.”.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02527-00
Actor: Luz Mery Idárraga Tobón y otros
Acción de tutela
4) En lo que interesa, la providencia cuestionada señaló lo siguiente:
“Ahora, dada la naturaleza de las pretensiones de la demanda y en
consideración al cambio jurisprudencial que en relación con el tema de la
caducidad se ha presentado en los casos que se alega la existencia de
delitos de lesa humanidad, la Sala considera necesario hacer las
siguientes precisiones.
En relación con este aspecto, en las últimas providencias dictadas por
esta Sala de decisión se venía adoptando los lineamientos dispuestos por
la jurisprudencia del H. Consejo de Estado en la que se decía que debía
darse aplicación a los principios pro damato y pro actione y postergar el
análisis, tanto de la existencia o no de una conducta ocurrida en el marco
de un delito de lesa humanidad, como del fenómeno de la caducidad, al
momento de dictarse la sentencia, pues, es en dicho momento donde se
tienen suficientes elementos probatorios para esclarecer dichos aspectos
(...)
No obstante, en sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, el H.
Consejo de Estado estableció las reglas para el computo de la caducidad
en los casos donde las pretensiones se sustenten en la presunta
existencia de un delito de lesa humanidad, para tal efecto, indicó que en
estos casos no se exceptúa la aplicación del término de caducidad de dos
(2) años y que el cómputo de dicho término debe iniciar a partir del
momento en que los demandantes conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad
de imputarle responsabilidad patrimonial al Estado.
La anterior decisión fue adoptada por el H. Consejo de Estado, mediante
una sentencia de unificación jurisprudencial, por lo tanto, su contenido ata
al juez al momento de resolver casos similares que, por ende, deben
resolverse conforme a los lineamientos plasmados en dicha sentencia de
unificación.
Así conforme a lo consignado en la providencia de unificación, el conteo
de la caducidad no implica necesariamente que este inicie a partir de que
se profiera una sanción penal contra el agente del Estado que ocasionó
el daño, por el contrario, basta con conocer que el perjuicio que se causó
le es imputable al Estado por acción y omisión de uno de sus agentes.
En suma, si el interesado estaba en condiciones de inferir tal situación y,
pese a ello no acudió a esta jurisdicción, el juez de lo contencioso
administrativo debe declarar que el derecho de acción no se ejerció en
tiempo, a menos que se acredite que la no comparecencia ante la
administración fue justificada por razones materiales. (...)
Además, el H. Consejo de Estado concluyó que las situaciones que se
pretendan salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en
los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran
previstas en materia de lo contencioso administrativo al amparo de la
hipótesis del conocimiento del hecho dañoso. Por ello, el término de
caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se
advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el
Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser
demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. (...)
En el caso en cuestión, el a quo consideró que se trataba de un presunto
supuesto de un delito de lesa humanidad, por lo cual no era posible
declarar el fenómeno de la caducidad. Para ello argumentó, entre otras
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02527-00
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cosas, que existían disposiciones de orden internacional que prohibían
anteponer obstáculos o requisitos procesales frente a derechos que
repercutían a la humanidad.
Ahora bien, a la Sala no le corresponde determinar si, en efecto, se trató
de una ejecución extrajudicial, pero debe concluir que existen elementos
suficientes que permiten suponer o considerar que se trata de un crimen
de lesa humanidad, en la medida en que se observan circunstancias
fácticas que bien pueden ser enmarcadas en acciones que comprometen
intereses y valores vinculados a la humanidad misma.
Sin embargo, con fundamento en la providencia del Consejo de Estado,
el medio de control de reparación directa no fue interpuesto dentro de los
dos (2) años siguientes al conocimiento de la ocurrencia de los hechos. Si
se asumiera que el término comenzaría a contarse desde el 5 de
septiembre de 2002 –fecha en la que ocurrieron los hechos– la parte
actora hubiera tenido hasta el 6 de septiembre de 2004 para presentar la
demanda; igualmente, si se asumiera que el daño se concretó con la
sentencia condenatoria penal, el conteo iniciaría desde el 30 de junio de
2010 –fecha en la cual el Tribunal Superior de Antioquia confirmó la
sentencia emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito del
Santuario–, por lo que la parte actora hubiera tenido hasta el 1 de julio de
2012 para presentar la demanda
De esta forma, se declarará probada la excepción de caducidad del medio
de control de reparación directa, bajo el entendido de que la parte actora
tuvo conocimiento de la ocurrencia de los hechos el 5 de septiembre de
2002 y de la presunta participación del Estado el 30 de junio de 2010, por
lo que cuando radicó la demanda de reparación directa por estos hechos,
esto es, el 18 de junio de 2018, había operado el fenómeno jurídico de la
caducidad (...)”.
5) Así pues, a partir de los hechos y documentos aportados al proceso, la autoridad
judicial accionada consideró que el momento en el que los demandantes advirtieron
la posibilidad de imputar la responsabilidad al Estado por la muerte del señor
Orlando de Jesús Idárraga Tobón fue el 5 de septiembre de 2004 - fecha de
ocurrencia de los hechos- o incluso desde el 1º de julio de 2012 -si se contara el
término desde el momento en que el Tribunal Superior de Antioquia profirió
sentencia condenatoria penal-, por lo que, para la fecha en que se radicó el medio
de control de reparación directa (18 de junio de 2018) ya había operado el fenómeno
jurídico de la caducidad.
6. Una vez examinado lo anterior, esta Sala evidencia que la decisión adoptada por
la Sala Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia se ajustó a los parámetros
definidos en la sentencia de Sala Plena del 29 de enero de 2020, pues se encuentra
probado en el expediente que desde el 5 de septiembre de 2002 los demandantes
conocieron el hecho y tuvieron la posibilidad de imputar la responsabilidad al Estado
y acudir a la administración de justicia para efecto de ejercer el medio de control de
reparación directa.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02527-00
Actor: Luz Mery Idárraga Tobón y otros
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7. La autoridad judicial demandada no podía desconocer la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020, toda vez que se trata de la interpretación vigente y
vinculante para cuando fue dictado el auto cuestionado (4 de noviembre de 2021),
por ende, el juez de la reparación estaba obligado a acatar el fallo de unificación
que lo vinculaba.
8. Se recuerda que precisamente ante la disparidad de criterios que existían para la
época entre las diferentes Salas de Subsección en dicha sentencia de unificación la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su postura en
relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro
asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al
Estado.
9. Asimismo, si bien es cierto que en este caso la demanda fue presentada antes
de que se profiriera la sentencia de unificación previamente referida, la aplicación
de esa providencia es inmediata y las reglas jurisprudenciales allí establecidas
aplican al presente caso porque se trataba de una situación jurídica no consolidada
y en la medida en que la sentencia desarrolló e interpretó una disposición legal que
resulta de imperioso cumplimiento para todos los jueces de la República.
10. Por consiguiente, la Sala advierte que en la providencia acusada el juez de
segunda instancia efectuó un estudio del caso puesto a su consideración supeditado
a la normatividad y la jurisprudencia aplicables y en esa medida no existió la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por los actores, pues la Sala
Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia inició el conteo de la
caducidad del medio de control de reparación directa conforme con los parámetros
establecidos en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, de lo cual es
posible concluir que no se encuentra configurado el defecto alegado.
11. De acuerdo con lo expuesto esta Sala negará las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02527-00
Actor: Luz Mery Idárraga Tobón y otros
Acción de tutela
FALLA
1º) Deniégase la acción de tutela presentada por los señores Luz Mery Idárraga
Tobón y otros de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Salva voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta.
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