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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01105-00

Fecha
23 de marzo de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01105-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Alfredo Javier Pinedo Campo contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de efectos inter comunis planteada por el señor Alfredo Javier Pinedo Campo en el escrito inicial. TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto a la pretensión aludida por el accionante relacionada con que se modifique la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023. QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01105-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

23 de marzo de 2023

Demandante: Alfredo Javier Pinedo Campo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01105-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01105-00
Demandante: ALFREDO JAVIER PINEDO CAMPO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Tema: Tutela de fondo – derecho fundamental de petición – niega –
derecho fundamental al debido proceso – declara improcedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el señor
Alfredo Javier Pinedo Campo contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El extremo accionante, actuando en nombre propio, interpuso acción de
tutela contra las autoridades referenciadas en procura de la salvaguarda de sus
derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la carrera
administrativa1.

2. En criterio de la parte actora, tales garantías constitucionales resultaron
quebrantadas con ocasión de la falta de respuesta de fondo frente a los
cuestionamientos que presentó en relación con la Resolución CJR22-0351 del 1.º
de septiembre de 2022, por medio del cual se publicaron los resultados de la prueba
de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial – Convocatoria 27 de
2018.

1
El escrito fue radicado el 1.º de marzo de 2023 ante el buzón web de la Secretaría General del
Consejo de Estado.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Alfredo Javier Pinedo Campo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01105-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, el actor solicitó:

PRIMERO: Solicito respetuosamente al juez de tutela, amparar mis derechos
fundamentales de petición, al debido proceso administrativo, derecho de defensa,
confianza legítima, carrera administrativa y acceso a cargos públicos mediante
concurso de méritos; además de aquellos que en su consideración también hayan
sido vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA.

SEGUNDO: En consecuencia, solicito se ordene a las entidades accionadas
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN UNIDAD DE
CARRERA JUDICIAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA a resolver
de fondo las objeciones presentadas a las siguientes preguntas:

• Componente de aptitudes: Preguntas 6, 7, 23, 24, 28, 32, 34, 55
• Componente de conocimientos: Preguntas 55, 59, 63, 65, 69, 78, 84, 97, 101,
103, 114, 116, 126, 130.

Cuyas sustentaciones, se encuentran contenidas en el escrito de ampliación del
recurso de reposición interpuesto en contra de la RESOLUCIÓN No. CJR22-0351
del 1 de septiembre de 2022.

TERCERO: De considerarlo necesario y conforme a la solicitud que hiciere la
directora de la Unidad de Carrera en oficio número CJ023- 332 del 31 de enero de
2023, dirigido al Dr. EDUARDO AGUIRRE DAVILA en su calidad de director de
proyecto del contrato 096 CSJ- UN, el cual como asunto indica: “ausencia de
respuesta frente a interrogantes realizados por aspirantes al cargo de jueces
promiscuos municipales en los recursos de reposición contra los resultados de la
prueba de conocimientos y aptitudes publicados mediante CJR22-0351-
convocatoria 27 el cual adjunto con pantallazos, lo cual ocurrió en todos los
cargos. Solicito otorgar EFECTO INTERCOMUNIS a esta decisión para todos los
participantes de la Convocatoria No. 27 que presentaron la ampliación a los recursos
de reposición contra la prueba de aptitudes y conocimientos para el cargo de Jueces
Promiscuos Municipales en atención a la falta de respuesta sus recursos, y ordenar
nuevo termino para que la Universidad resuelva de fondo los mismos y se suspenda
el cronograma de la convocatoria hasta tanto ello no se realice.

CUARTO: Ordenar en consecuencia que se adicione el acto administrativo
RESOLUCIÓN CJR23-0042 16ENE2023 Y SUS ANEXOS “POR MEDIO DE LOS
CUALES SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO EN
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN CJR220351 Y SU ANEXO” que negó el recurso de
reposición presentado y se ORDENE expedir otro una vez resuelto el recurso de
fondo y en debida forma:

• 580.04 de 700 posibles en la prueba de conocimientos y
• 194.05 de 300 posibles en la prueba de aptitudes y
• Obteniendo una calificación final de 774.09

QUINTO: DE CONSIDERARLO EVIDENTE se ordene MODIFICAR la Resolución
CJR22-0351 del 01 de septiembre de 2022 y su respectivo anexo, por medio de la
cual se expide el listado de los resultados de la prueba de conocimientos, donde se
me asignó una calificación de 580.04 en la prueba de conocimientos ( sobre

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700 posibles) y 194.05 en la prueba de aptitudes (de 300 posibles) para un
resultado total de 774.09 el cual fue notificado mediante la RESOLUCIÓN No.
CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022, para el cargo de jueces promiscuos
municipales Y EN SU LUGAR SE REPONGA DICHA DECISIÓN ASIGNANDO el
puntaje aprobatorio superior a 800 puntos acorde a los argumentos expuestos en las
objeciones a algunas preguntas que tienen doble respuesta válida, claves de
respuesta o enunciados inexequibles, errores de redacción, errores en los
razonamientos matemáticos y lógicos o inconsistencias consignados en la
ampliación del recurso.
(Sic a toda la cita)”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la presente sentencia2:

4. El 24 de julio de 2022 el accionante presentó la prueba de aptitudes y
conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la conformación del
Registro Nacional de Elegibles en relación con los cargos de funcionarios de la
Rama Judicial, convocado mediante el Acuerdo PCSJA18- 11077 de 2018.
Específicamente, para el cargo de juez promiscuo municipal.

5. El 1°. de septiembre de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Administración de Carrera Judicial expidió la Resolución CJR22-0351 mediante
la cual publicó los resultados de la prueba en mención, los cuales resultaron
desfavorables para el señor Alfredo Javier Pinedo Campo, pues obtuvo un puntaje
de 774.09 puntos.

6. Contra el acto administrativo en mención, el actor interpuso recurso de
reposición el 21 de septiembre de 2022, que adicionó el 15 de noviembre del mismo
año. Ello, con el propósito de que se le otorgara una puntuación mayor a la
inicialmente obtenida, pues desde su punto de vista, se cometieron errores
evidentes al momento de validar las respuestas de las preguntas que conllevaron a
que la calificación por él obtenida no superara los 800 puntos.

7. En criterio del accionante, las preguntas elaboradas por la Universidad
Nacional presentaban falencias en su estructura, tales como, doble respuesta valida
que coincide con la marcada por aquel; otras presentan inconsistencias o no son de
competencia del cargo al que aspiró; y los enunciados de las preguntas contenían
expresiones declaradas inexequibles. De esta manera, solicitó que fueran tenidas
como inválidas y que se procediera a aumentar el puntaje otorgado3.

8. El 16 de enero de 2023, mediante Resolución CJR23-0042, el Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial resolvió los

2
Este apartado se desarrolla a partir de lo expuesto en el escrito de tutela y los elementos de
convicción que obran en el expediente.
3
En concretó presentó objeciones a las preguntas 6, 7, 23, 24, 28, 32, 34, 55, 59, 63, 65, 69, 78, 84,
97, 101, 103, 114, 116, 126 y 130.

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recursos de reposición interpuestos contra la Resolución CJR22-0351 del 1º de
septiembre de 2022 correspondientes a la provisión del cargo de juez promiscuo
municipal de la Rama Judicial, entre los que se encontraba el del señor Pinedo
Campo. En esta decisión se confirmó lo contenido en el acto cuestionado y, por
ende, se mantuvieron los puntajes obtenidos por los recurrentes.

9. Posterior a ello, el 31 de enero de 2023, la Unidad de Administración de
Carrera Judicial mediante oficio CJO23-332, le solicitó al director del proyecto a
cargo de la convocatoria 27 de la Universidad Nacional, ser más diligente y tener
más cuidado en las respuestas brindadas a las objeciones presentadas contra la
Resolución CJR22-0351 del 1º de septiembre de 2022.

10. El 1º de febrero de 2023, la Universidad Nacional dio contestación a la
petición CJO23-332 en el sentido de indicar que las respuestas «entregadas y dadas
ya a conocer al público contienen los elementos necesarios para la defensa contundente
de las pruebas aplicadas, pues de su lectura se extraen justificaciones de la pertinencia
para el cargo sobre aspectos fundamentales y transversales a las áreas del conocimiento
previamente indicadas».

1.4. Fundamentos de la solicitud

11. El señor Alfredo Javier Pinedo Campo advierte que el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional
de Colombia vulneraron sus derechos fundamentales, con ocasión de la falta de
respuesta de fondo en el acto administrativo del 16 de enero de 2023, frente a los
cuestionamientos que presentó en relación con la Resolución CJR22-0351 del 1.º
de septiembre de 2022, por medio de la cual se publicaron los resultados de las
pruebas de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para
la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

12. Lo anterior, porque, pese a que se expidió la Resolución CJR23-0042 del 16
de enero de 2023, por medio de la cual se resolvieron los recursos de reposición
contra el acto administrativo que dio lugar a los resultados de las pruebas, su
solicitud no fue resuelta de fondo, clara y congruente de cara a las objeciones que
presentó frente a las preguntas 6, 7, 23, 24, 28, 32, 34, 55, 59, 63, 65, 69, 78, 84,
97, 101, 103, 114, 116, 126 y 130, pues respecto de aquellas la accionada en el
acto en mención, se limitó a enunciar justificaciones que no guardan relación con lo
pretendido en el recurso, sin mayor análisis jurídico.

13. Por otro lado, el peticionario requirió que se ordenara como medida
provisional la suspensión de las demás etapas de la convocatoria 27 hasta tanto se
resolviera la presente solicitud de amparo.

1.5. Trámite de la acción de tutela

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14. Mediante auto del 3 de marzo de 2023, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar a la parte accionante,
así como al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia, como entidades
accionadas.

15. Asimismo, con el fin de que todos los sujetos a quienes les asiste interés en
el proceso se enteraran del mismo, se le ordenó a la Universidad Nacional de
Colombia que informara, a quienes participaron en el concurso de méritos para la
provisión de los cargos de los funcionarios de la Rama Judicial sobre la existencia
de esta acción de tutela, para que si lo consideraban pertinente intervinieran o
aportaran las pruebas o los documentos que pretendieran hacer valer.

16. Finalmente, en la providencia de la referencia, se negó la solicitud de medida
provisional de la referencia.

1.6. Intervenciones

17. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron los siguientes
informes:

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial

18. Por intermedio de la directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, se opuso al amparo invocado por el señor Alfredo Javier Pinedo Campo.

19. Concretamente, afirmó que las objeciones contenidas en el recurso de
reposición respecto de las preguntas 6, 7, 23, 24, 28, 32, 34, 55, 59, 63, 65, 69, 78,
84, 97, 101, 103, 114, 116, 126 y 130 fueron atendidas de manera clara, completa
y de fondo en la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023. Específicamente
en los puntos 13, 17, 18 y 35 del acto administrativo en cita.

20. En consideración a lo expuesto, consideró que se le dio una respuesta clara,
completa y de fondo a las objeciones presentadas por el accionante. Por esto, no
se vulneraron los derechos fundamentales del peticionario y había lugar a declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado en el presente trámite.

21. Por otro lado, frente a la solicitud del tutelante de otorgar efecto inter comunis
al oficio CJR023-332 del 31 de enero de 2023, precisó que solicitó la información a
la Universidad Nacional respecto de todos los participantes y en ese sentido se dio
la respuesta por parte de la institución educativa.

1.6.2. Universidad Nacional de Colombia

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22. Solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado por
cuanto lo pretendido por el accionante fue resuelto a través de la Resolución CJR23-
0046 de 16 de enero de 2023.

23. En ese sentido, mencionó que en el acto administrativo en cita y sus
respectivos anexos se resolvió de manera particular, las solicitudes y reparos del
accionante expresando la justificación técnica en los diferentes ítems de la prueba
en sus 2 componentes, su vigencia y su pertinencia de cara a los planteamientos
expuestos por el accionante con relación al cargo aplicado y la justificación técnico-
jurídica de cada opción de respuesta establecida como correcta o incorrecta para
efectos del cálculo del puntaje obtenido.

24. Concretamente, indicó que en el anexo 2 del precitado acto administrativo se
expresó con detalle la justificación de cada opción de respuesta frente a todas las
preguntas objetadas por el tutelante. Esto con miras a destacar las consideradas
como correctas para el cómputo del puntaje de cada aspirante; opciones de
respuesta y justificaciones que atendieron a estándares técnicos internacionalmente
aceptados como los parámetros para pruebas educativas y psicológicas.

25. Finalmente, señaló que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
controlar eventuales irregularidades por parte de la administración, puesto que el
aspirante debe acudir a los medios jurídicos propios dispuestos para dicho fin al
interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y no se advierte un
perjuicio irremediable para el accionante que lo habilite a desplazar los mecanismos
ordinarios.

26. Por último, consideró que no se dio cumplimiento al requisito general de
inmediatez. Esto, porque «la presente acción de tutela fue interpuesta un mes y tres
semanas después de la publicación del acto administrativo cuestionado por la parte
accionante y el cual, en su sentir, se le vulneran sus derechos; espacio de tiempo que
rebasa el término prudente y razonable si se considera la existencia de una presunta
violación de derechos por parte de las accionadas».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

27. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por el señor Alfredo Javier Pinedo Campo. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

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28. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
29. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
tutelante es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración
a que fue quien presentó el recurso de reposición y su adición contra la Resolución
CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022 y respecto del cual considera que no le
han dado una respuesta de fondo, clara y precisa con relación a las objeciones allí
realizadas contra unas determinadas preguntas.

30. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia se
encuentran legitimadas en la causa por pasiva en atención a que de ellas se predica
la falta de respuesta a la petición realizada por el señor Alfredo Javier Pinedo
Campo.

2.3. Previo a señalar el problema jurídico, la Sala en uso de las facultades
interpretativas considera pertinente aclarar que el cuestionamiento del actor está
encaminado a discutir que se trasgredió el núcleo esencial del derecho de petición,
al no resolverse de forma clara y de fondo las objeciones presentadas en el recurso
de reposición contra las preguntas 6, 7, 23, 24, 28, 32, 34, 55, 59, 63, 65, 69, 78,
84, 97, 101, 103, 114, 116, 126 y 130, pues respecto de aquellas la accionada en
la Resolución No. CJR23-0042 del 16 de enero de 2023, se limitó a enunciar
justificaciones sin un mayor análisis jurídico.

2.4. Problema jurídico

31. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia vulneraron el
derecho fundamental de petición del señor Alfredo Javier Pinedo
Campo al no resolver de fondo en la Resolución No. CJR23-0042 del
16 de enero de 2023, cada uno de los cuestionamientos que presentó
contra el Acto Administrativo del 1.º de septiembre de 2022?

32. Con el fin de decidir sobre tal interrogante, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la naturaleza de la acción de tutela; ii) el contenido y alcance
del derecho de petición; para posteriormente iii) respecto a la procedibilidad de esta
acción de tutela; y iv) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias de
procedibilidad.

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2.5. Naturaleza de la acción de tutela

33. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

34. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.6. Del derecho de petición

35. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
“presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución”4. El mismo artículo superior precisa que
el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.

36. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: “El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”5.

37. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación
de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala quince (15) días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y
ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.

4
Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
5
Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.

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38. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada
al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración
plena de la respuesta dada”6.

39. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante”7.

40. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando
consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En palabras
de la Corte Constitucional:

(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones
dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión
a la entidad encargada8.

41. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición
la Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros
derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a
la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la
posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la
respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico;
c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la
materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera
completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la
respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo9.

42. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden
a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además

6
Sentencia T-149 de 2013.
7
Ibídem.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

43. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota
en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento
o no del derecho subjetivo.

2.7. Análisis de la procedibilidad de la acción de tutela
44. El punto de discusión de la presente acción constitucional gira en torno a la
supuesta vulneración del derecho de petición del actor con ocasión de la falta de
respuesta de fondo, clara y congruente de cara a las objeciones que presentó frente
a las preguntas 6, 7, 23, 24, 28, 32, 34, 55, 59, 63, 65, 69, 78, 84, 97, 101, 103, 114,
116, 126 y 130 en el recurso de reposición que promovió contra la Resolución
CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022.

45. Al respecto, la Sala comienza por destacar en cuanto al cumplimiento del
requisito de subsidiariedad que si bien es cierto la entidad accionada expidió la
Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 para resolver el recurso de
reposición promovido por el accionante, esta Sección considera que en esta ocasión
el cuestionamiento del actor está encaminado a discutir que se violó el núcleo
esencial del derecho de petición al no resolver de forma clara y de fondo su recurso
de reposición.

46. En ese orden de ideas, la Sala considera que encuentra acreditado el
requisito de procedibilidad de subsidiariedad de la acción de tutela. Además, se
encuentra que la solicitud de amparo fue promovida dentro de un término razonable.

47. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sección analizará si se violó o no el
núcleo esencial del derecho fundamental de petición, con ocasión de una supuesta
falta de respuesta de fondo a los cuestionamientos planteados respecto de las
preguntas 6, 7, 23, 24, 28, 32, 34, 55, 59, 63, 65, 69, 78, 84, 97, 101, 103, 114, 116,
126 y 130 planteadas en el recurso de reposición promovido por el actor en contra
de la Resolución en mención.

2.8. Análisis de la posible vulneración del derecho fundamental de petición
en relación con las preguntas 6, 7, 23, 24, 28, 32, 34, 55, 59, 63, 65, 69, 78, 84,
97, 101, 103, 114, 116, 126 y 130

48. Al efecto, la Sala encuentra acreditado que el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial expidió la Resolución
CJR23-0042 del 12 de enero de 2023, mediante la cual se resolvieron los recursos
de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351 del 1.º de septiembre
de 2022, entre ellos, el del señor Alfredo Javier Pinedo Campo.

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Demandante: Alfredo Javier Pinedo Campo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01105-00

49. En razón de lo anterior, el accionante advierte que el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional
de Colombia vulneraron su derecho de petición, porque pese a que se expidió el
acto administrativo que resolvió el recurso de reposición que presentó contra la
Resolución CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022, su solicitud no fue resuelta
de cara a los cuestionamientos que presentó frente a las preguntas 6, 7, 23, 24, 28,
32, 34, 55, 59, 63, 65, 69, 78, 84, 97, 101, 103, 114, 116, 126 y 130.

50. Así las cosas, la Sala constatará si las entidades demandadas omitieron dar
respuesta a la petición realizada por el señor Alfredo Javier Pinedo Campo. Para
efectos prácticos, se procederá a analizar cada una de las preguntas de cara a la
respuesta dada en la Resolución del 16 de enero de 2023 y sus anexos, las cuales,
por razones metodológicas, se agruparán en razón de los motivos objeto de
reproche en el siguiente gráfico:

Preguntas Objeción Respuesta
La forma en que está redactada la Señala los motivos por los que la
pregunta admite 2 repuestas o opción dada por la Universidad era la
claves válidas. correcta; y porque las demás no
resuelven de manera adecuada el
7, 63, 65,
enunciado10.
78, 97, 114
y 116
También se advierte que para el
cargo de juez promiscuo municipal no
hay preguntas con varias opciones de
respuesta11.
Error en la redacción, estructura y En cuanto al diseño, elaboración,
enunciación de las preguntas. ensamblaje, diagramación de la
23 y 32
prueba escrita se ajustaron a los
requerimientos requeridos12.
Los puntos del examen presentan Señala los motivos por los que la
6, 24, 28,
errores en sus claves. opción dada por la Universidad era la
34, 55, 59,
correcta; y porque las demás no
69, 84 y
resuelven de manera adecuada el
126
enunciado13.
Se señala la pertinencia de la
pregunta para cualquier operador
jurídico y en especial para los jueces
Las preguntas no son de
101, 103 y y magistrados.
competencia de los jueces
130
promiscuo municipales.
Además, señala los motivos por los
que la opción dada por la Universidad
era la correcta; y porque las demás no

10
Ver páginas 5, 34, 36, 49, 65, 81 y 83 del anexo 2 de la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero
de 2023 cargado a SAMAI.
11
Ver punto 18 de la Resolución Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 cargado a SAMAI.
12
Ver punto 17 de la Resolución Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 cargado a SAMAI.
También ver páginas 12 y 18 del anexo 2 de la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023
cargado a SAMAI.
13
Ver páginas 4, 13, 15, 19, 27, 29, 40, 41, 53, 90 y 91 del anexo 2 de la Resolución CJR23-0042
del 16 de enero de 2023 cargado a SAMAI.

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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
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Preguntas Objeción Respuesta
resuelven de manera adecuada el
enunciado14.

51. En ese orden de ideas, la Sala considera que las respuestas consignadas
por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial en la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023, como lo señalado
en el anexo 2 «respuesta a objeciones» cumplen con los criterios para satisfacer el
derecho de petición.

52. Así, desde esta perspectiva esta Sección considera que los argumentos que
fundamentan la presente acción de amparo carecen de vocación de prosperidad
porque, en efecto, las entidades si dieron una respuesta de fondo y concreta al
accionante, a través del anexo 2 mediante el cual se relacionan «una a una las
preguntas que fueron objetadas por los recurrentes para el cargo de juez promiscuo
municipal, indicando su pertinencia, la justificación de la clave asignada, así como
la razón de las opciones de respuestas no válidas, las cuales son el producto de la
estructura y elaboración de las preguntas».

53. En este punto, es importante señalar que la Sala no desconoce que el hoy
actor planteó en su recurso de reposición los motivos por los que consideraba que
había dos respuestas a una misma pregunta. Sin embargo, lo cierto es que la
respuesta suministrada a su escrito de reposición contiene una explicación de la
entidad accionada que, aunque es, breve, ciertamente expone los motivos por los
que no era válida la opción marcada por el accionante15.

54. Hasta aquí, es pertinente resaltar que la Resolución CJR23-0042 del 16 de
enero de 2023 y sus anexos fueron publicados y notificados a través de la página
web de la Rama Judicial16.

55. Por lo anterior, respecto a las preguntas 6, 7, 23, 24, 28, 32, 34, 55, 59, 63,
65, 69, 78, 84, 97, 101, 103, 114, 116, 126 y 130, la Sala negará las pretensiones
de la presente acción de amparo, por no encontrarse vulnerado el derecho de
petición. Esto, porque sobre esas preguntas el actor obtuvo una respuesta clara y
de fondo de las entidades accionadas.

56. Por lo anterior, la Sala negará la solicitud del accionante consistente en que
se otorgue efecto inter comunis al oficio CJR023-332 del 31 de enero de 2023 por
medio del cual la Unidad de Carrera Judicial le solicitó la información a la
Universidad Nacional respecto a la respuesta brindada a todos los participantes de

14
Ver páginas 70, 71 y 94 del anexo 2 de la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023
cargado a SAMAI.
15
En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera. Sentencia del 23 de febrero de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-00316-00.
16
Ver: https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-
pruebadeconocimientosyaptitudes

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Rad: 11001-03-15-000-2023-01105-00

sus objeciones. Esto, porque está demostrado que el claustro universitario en oficio
del 3 de febrero de 2023 le dio la respuesta en el sentido de indicar que las
respuestas dadas contienen los elementos necesarios para dar respuesta a los
requerimientos presentados por los participantes de la convocatoria 27.

57. Por último, la Sala declarará improcedente la acción de tutela respecto a la
pretensión aludida por el accionante relacionada con que se modifique la Resolución
CJR23-0042 del 16 de enero de 2023. Esto, porque el peticionario cuenta con el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir aquel
acto administrativo en caso de que alegue un vicio de legalidad en su contra.

58. La Sala procederá a negar las pretensiones de la acción de tutela relación
con las preguntas 6, 7, 23, 24, 28, 32, 34, 55, 59, 63, 65, 69, 78, 84, 97, 101, 103,
114, 116, 126 y 130; así como la solicitud de efectos inter comunis planteada por el
señor Alfredo Javier Pinedo Campo en el escrito inicial; y a declarar improcedente
la acción de tutela respecto a la pretensión aludida por el accionante relacionada
con que se modifique la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Alfredo Javier Pinedo Campo contra el Consejo Superior de la Judicatura y la
Universidad Nacional de Colombia, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de efectos inter comunis planteada por el señor
Alfredo Javier Pinedo Campo en el escrito inicial.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto a la
pretensión aludida por el accionante relacionada con que se modifique la Resolución
CJR23-0042 del 16 de enero de 2023.

QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salvamento de voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364

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